José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, ha señalado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que había información “suficiente y precisa” para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que el Consell “de los mejores no supo interpretarla”.

Núñez ha contrapuesto el papel del Gobierno de la Generalitat aquella jornada con el de universidades, ayuntamientos o pequeñas escuelas infantiles que sí suspendieron actividades tras interpretar correctamente los avisos.

La Comisión ha retomado este lunes sus sesiones por primera vez desde el 23 de marzo. La semana pasada, sin embargo, tres asociaciones de víctimas de la dana acudieron al Congreso para exigir justicia, pedir políticas adaptadas al cambio climático y recordar que las alertas “se tienen que lanzar en tiempo y forma”.

El diputado popular César Sánchez, último en interpelar al compareciente, ha tenido que abandonar la sala tras ser llamado al orden tres veces por la presidenta de la comisión debido a sus interrupciones.

Núñez ha dicho que la gestión de la dana fue “catastrófica” y que la población sigue “teniendo miedo cuando llueve”.

Ha indicado asimismo que en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 hubo temor a “tomar decisiones que parecían muy agresivas”, como confinar, pero que “habrían salvado vidas”.

“Hay dos formas de gestionar una emergencia, bien o mal, de forma preventiva o de forma reactiva. Hacerlo de forma reactiva cuando el agua ya está en los barrancos es como intentar curar un cáncer cuando ya hay metástasis”, ha expresado el jefe de Climatología.

“Hay que empezar a tomar medidas antes de que empiece a llover, porque el tiempo de respuesta en los barrancos es muy pequeño”, ha insistido al hablar del episodio que causó 230 muertos en Valencia.

“Todos los catedráticos que han pasado por el juzgado han dicho que la información fue suficiente y precisa”, ha dicho tras detallar las notas, avisos especiales y otras comunicaciones emitidas por la Aemet con motivo de la dana.

“Llegó un momento en que no hacía falta aviso, solo había que encender la televisión, era una situación excepcional y se veía así desde el mediodía. Nosotros no tenemos una televisión pública, no tenemos el teléfono de los alcaldes, no tenemos la competencia de alertar... Hicimos todo lo que teníamos que hacer”, ha continuado.

“Desde 2003 siempre se habían gestionado las emergencias de manera preventiva y se habían convocado los Cecopis” con antelación, ha afirmado.

“Son reuniones en las que se dan informaciones muy importantes. Normalmente el meteorólogo habla primero sobre los posibles escenarios”, ha relatado. En cambio, en el Cecopi del 29 de octubre le dieron paso “el último” porque “a la hora que empezó ya no había un problema meteorológico, sino hidrológico”.

“Todas las veces que me dieron paso hablé de las lluvias torrenciales, pero creo que nadie me escuchó”, ha apuntado.

Núñez ha comentado su asombro porque “nadie haya explicado” por qué la reunión se cortó de 18 a 19 horas. Según sus cálculos, en el Cecopi que empezó sobre las cinco de la tarde y concluyó sobre las 12.30 de la noche “hubo parones por un periodo de cuatro horas”.

Los grupos políticos ha mostrado su apoyo y su agradecimiento a la labor de la Aemet y del propio Nuñez con la excepción de Vox y Grupo Popular, que le han acusado de “no ser fiel a la verdad” y de “mentir”, respectivamente.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha indicado que los grupos mayoritarios habían convocado a Núñez “para hacer política” y ha afirmado que este ejerce “una especie de portavocía oficiosa” del Gobierno.

“Usted no ha sido fiel a la verdad” sobre el ámbito geográfico de los avisos, le ha dicho, y se ha remitido al informe de la Guardia Civil que señala que la Aemet no emitió avisos en tiempo real. Un informe que, según Núñez, “está equivocado”.

El popular César Sánchez ha dicho que el jefe de Climatología “falló” en las predicciones de litros caídos, que propició un vacío informativo durante horas y que comparecía ante la comisión “con un sesgo”.

Su debate con el compareciente, con interrupciones continuas, motivó que la presidenta de la comisión le llamase al orden por tercera vez, por lo que tuvo que abandonar la sala. Sus compañeros de grupo se marcharon igualmente.

Núñez ha opinado que en el futuro se necesitan “sistemas de emergencias mas cohesionados y más robustos, mejor con una oficina única en la que todos los organismos puedan trabajar de forma permanente”.

“Es evidente que el negacionaismo y los recortes en ciencia cuestan vidas”, ha indicado también.

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Presidencia “sectaria”

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado popular, que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar “de manera discrecional y sectaria” con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que “nadie cuestiona el Reglamento” y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

“Le están intentando poner nervioso”

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo. Cuando Martínez le ha advertido de que si le volvía a llamar al orden tendría que abandonar la sala, Sánchez le ha respondido: “¿Le parece que quiero estar aquí?”

Ante el caso omiso del parlamentario popular, le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.

La dana de Valencia de octubre de 2024 dejó inutilizables 7.530 ascensores de viviendas y, un año y medio después, aún quedan por reparar o sustituir 471, de los que 46 calificados como prioritarios se encuentran en proceso de reparación.

Según los últimos datos de finales de marzo facilitados a EFE por la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval), de los 7.530 equipos afectados se han reparado o sustituido un total de 7.059.

En los últimos meses, la evolución de estos trabajos refleja un avance significativo gracias al esfuerzo del sector y desde septiembre se ha dado solución a cerca de 320 ascensores de los 780 que permanecían pendientes, lo que supone un 38 %, en su mayoría los calificados como muy graves (217 equipos).

Ascencoval indica que se ha alcanzado una media de 20 ascensores reparados al día desde la catástrofe, una cifra que representa más del triple de la media de reparación anual del sector, que se sitúa en seis ascensores diarios.

El presidente de la patronal de ascensores, Emilio Carbonell, asegura que estos datos reflejan “el enorme esfuerzo” que las empresas han acometido durante los últimos 17 meses, “trabajando muy por encima” de su capacidad habitual para responder a una situación excepcional “y priorizando las reparaciones más urgentes para garantizar la accesibilidad de las personas”.

471 ascensores pendientes: más de 200 tienen daños muy graves

A finales de marzo seguían pendientes de reparación 471 ascensores. De ellos, 262 presentan daños muy graves, 38 graves y 171 leves.

Muchos de los ascensores que siguen inutilizados tienen bloqueada o paralizada su ejecución debido a la dificultad que afrontan las comunidades de vecinos a la hora de tomar decisiones, ya que, en muchos casos, se enfrentan a presupuestos elevados para acometer la reposición de todos los desperfectos ocasionados por la riada, lo que retrasa las reparaciones.

Además, muchas de las intervenciones pendientes requieren modificaciones de gran envergadura que llevan de media unos seis meses, como reemplazos completos de las cabinas, cambios electrónicos y/o solicitud de piezas a medida y materiales que, en muchos casos, son componentes personalizados para cada instalación, lo que prolonga los tiempos.

A las dificultades técnicas se añade la complejidad administrativa y la patronal, junto a la federación en la que está integrada, FEMEVAL, está realizando “un trabajo ingente para tratar de recabar y actualizar” la información relativa al registro de empresas mantenedoras de ascensores, teniendo en cuenta los frecuentes cambios de titularidad de empresa responsable o de comunidad de vecinos, según ha explicado.

En algunos casos, el trabajo se complica por falta de información ya que son los titulares de las fincas los que deben notificar los cambios de mantenedora a la Conselleria de Industria, y no siempre se trasladan.

Este seguimiento es clave para colaborar con la Administración en la identificación tanto de las empresas asociadas como de las no asociadas responsables de cada ascensor afectado, ya que permite detectar con mayor precisión los problemas concretos a los que dar solución y establecer prioridades de actuación.

Al médico y a la peluquería

Francisco Peidró, de 89 años, vive en el Parque Alcosa, un barrio de Alfafar, y desde la tragedia solo ha bajado de su casa, en un cuarto piso, “cinco veces contadas” para ir al médico y a la peluquería, según relata a EFE su hija, María José.

Precisamente este miércoles su madre la llamó para decirle que el ascensor ya funcionaba. “¡Que ya funciona, ya funciona!”, le dijo y le contó que lo habían probado y el matrimonio, juntos, había bajado a la calle.

María José, que vive en Reus (Tarragona), se llevó a sus padres durante dos meses a su casa y en cuanto pudieron volver por la mejora de la situación tras el paso de la dana, lo hicieron. Ella ha estado viajando todos los fines de semana que podía a Alfafar para hacer la compra a sus padres y ayudarles en lo que necesitaran.

Mientras tanto, la ayuda del entorno ha sido fundamental pues la esposa de Francisco bajaba a hacer la compra, las tiendas se la guardaban y al cerrar se la llevaban a casa.

Ascensores prioritarios

Se identificaron 326 ascensores prioritarios por parte de los servicios sociales de las poblaciones de Albal, Aldaia, Benetússer, Castellar-l’Oliveral, Catarroja, el Forn d’Alcedo, la Torre, Massanassa y Picanya.

De estos, se han reparado 176 y otros 46 se encuentran en proceso, en tanto que, de los 104 restantes, en 55 casos no se dispone de información suficiente para determinar su estado actual, según Ascencoval.

Falta de mano de obra

El incremento extraordinario de la actividad tras la dana del 29 de octubre de 2024 ha multiplicado por siete el volumen de trabajo habitual y también ha puesto de manifiesto la falta de mano de obra cualificada al sector.

Según Carbonell, “uno de los grandes retos que ha evidenciado esta situación es la necesidad urgente de incorporar mano de obra cualificada al sector. Sin profesionales formados es imposible dar respuesta con la rapidez que la ciudadanía necesita”.

En respuesta, FEMEVAL y ASCENCOVAL, en colaboración con Cruz Roja, han impulsado programas de formación específicos, como los Certificados Profesionales para la instalación y mantenimiento de ascensores con el objetivo de incorporar nuevos técnicos al sector.

Ayudas de la Generalitat

La Generalitat sacó una convocatoria de ayudas directas de entre 1.000 y 50.000 euros para reparar o sustituir ascensores dañados por la dana dirigidas a comunidades de propietarios en edificios plurifamiliares con residentes con dependencia (Grado II/III) o discapacidad de movilidad.

El objetivo era facilitar la reparación o sustitución de ascensores en edificios con personas con movilidad reducida, para agilizar y facilitar el cambio y la accesibilidad de estas personas. A partir de un estudio realizado por la Generalitat y el Cermi (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana), se estimó unos 300 ascensores afectados y se calculó un presupuesto de 10 millones de euros.

Una vez cerrado el plazo de solicitud de ayudas, el pasado 20 de febrero, se presentaron alrededor de 320 solicitudes, tanto de reparación como de sustitución.

Según ha informado a EFE la Conselleria que dirige la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, se están evaluando los expedientes, tras solicitar información al Consorcio de Seguros sobre la cobertura dada a estos edificios, y, una vez recibida esta información, iniciará la resolución y concesión de ayudas en las próximas semanas.

La exdirectora de la residencia Savia de Paiporta, Inés Talaya, ha dicho este lunes que ese centro no recibió “ninguna comunicación directa” de la administración alertando sobre la dana y ha recalcado que su “único objetivo” fue “proteger, cuidar y tratar de salvar la vida” de los mayores a su cargo.

Talaya trabajaba como psicóloga en esa residencia donde fallecieron seis personas a consecuencia de la riada del 29 de octubre de 2024 y este lunes ha comparecido ante la comisión investigadora de la tragedia en el Congreso de los Diputados.

Allí, los grupos parlamentarios han querido saber, entre otras cuestiones, si los empleados siguieron algún protocolo de emergencia o si les llegó algún aviso alertando de lo que se venía.

La psicóloga, reconocida por la Generalitat Valenciana por su actuación al haber regresado a evacuar a los residentes tras haber terminado su turno, ha destacado la “heroicidad” de sus compañeros, “fundamental” para socorrer a los residentes.

Talaya ha hablado sobre el “profundo impacto personal y emocional” dejado por la catástrofe, una “situación extrema e inesperada” y en la que perdieron la vida 230 personas, y ha asegurado que todas las decisiones adoptadas estuvieron “guiadas por un único objetivo: proteger la vida y el bienestar de los mayores” a su cargo, en ese momento, 119.

Los catorce profesionales que entonces se encontraban en el centro “no dudaron ni un instante en proteger a los mayores” que estaban allí, algunos con problemas de movilidad. “Su valentía, entrega y compromiso ejemplares fueron fundamentales en una noche que desafió los límites de lo imaginable”, ha remachado.

Durante esa jornada, todo transcurrió, hasta las 19.30 horas de la tarde, “con normalidad en el centro, y no llovió durante todo el día”.

“Había una normalidad absoluta, se reciben visitas hasta las 19.00 horas de la tarde, como consta en los registros”, ha dicho.

 A las 19.30 de ese 29 de octubre, ella y una compañera se dispusieron a abandonar el centro al finalizar su turno. Fue entonces cuando, según ha contado este lunes, vio a lo lejos “como un mar en calma” aunque lo siguiente que recuerda es subir a su vehículo y bajarse por la ventanilla al estar “inundada de agua”.

“Entro al centro por una ventana, diciendo que todo el mundo subiese arriba, todos los que pudiesen caminar subiesen porque entró un tsunami. Hay un gran estruendo, el provocado por los coches impactando contra la puerta (...)”, ha contado.

Su única preocupación y la de sus compañeros fue “poner a todos a salvo”. Lo primero que hicieron al subirles a la planta de arriba fue cambiarles de ropa para que estuvieran secos.

Preguntas de los diputados

La diputada Teresa Jordá, del Grupo Republicano, ha querido saber si hubiera podido actuar “de forma distinta, proteger aún mejor a los abuelos de la residencia si hubiera recibido un aviso claro con horas de antelación”.

Talaya ha respondido que “durante el día no se recibió comunicación directa por parte de ninguna administración u organismo” alertando de lo que iba a suceder.

“Sobre las 3.30 horas de la madrugada acuden caminando tres personas de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ver cómo está el centro”, ha indicado.

Ha recordado además que anteriormente a la llegada de esos operativos la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, llamó “personalmente para preguntar cómo está la situación y se interesa por cómo estamos y qué estamos haciendo”.

Al cierre de su intervención, la compareciente ha dejado claro que “incluso ante las circunstancias más adversas y un contexto límite”, la prioridad de su equipo “fue siempre la misma: proteger, cuidar y tratar de salvar la vida de las personas usuarias del centro”.

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Hasta una decena de temporales han azotado la península durante mes y medio, dejando municipios anegados, desalojos, daños materiales y algunas víctimas. Un nuevo informe del Comité Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático urge a la Unión Europea a “reforzar su marco político para una adaptación eficaz y coherente”, unos deberes que se han ido aplazando durante demasiado tiempo. En el primer análisis integral de nuestro país que identifica los riesgos asociados al clima (la ERICC, publicada el año pasado) ya se señalaba que España se sitúa “entre las regiones europeas con mayor exposición y sensibilidad climática” y que “las ciudades se enfrentan a un conjunto diverso de peligros que varían según su ubicación geográfica y características”. 

Episodios como el tren de borrascas que hemos sufrido lo reafirman, pues ha dejado a su paso decenas de miles de personas evacuadas; al menos una víctima mortal (15 en Portugal); viviendas y redes viarias y ferroviarias dañadas; hectáreas y hectáreas de cultivos anegados; un récord histórico de precipitaciones en localidades como Grazalema (Cádiz); y un desembolso de 1.780 millones de fondos públicos en ayudas para la reconstrucción.

No se puede afirmar que el número de borrascas vaya a aumentar en términos globales, pero las lluvias asociadas a ellas sí podrían ser cada vez más intensas

Rubén del Campo — Portavoz de la AEMET

No obstante, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), explica que de momento “no se puede afirmar que el número de borrascas vaya a aumentar en términos globales” a partir de ahora (aunque sí, quizás, ocurra en las latitudes más altas). “Lo que sí que está más claro es que las lluvias asociadas a ellas podrían ser cada vez más intensas”. En cuanto a si se espera que las ráfagas de viento puedan ser también cada vez más fuertes durante estos fenómenos, afirma que hay mucha incertidumbre y que de momento “no está nada claro”. 

Lo que sí lo está es que la nueva realidad climática del país —que lleva ya años manifestándose— está sirviendo de espejo para nuestros municipios. En este sentido, los expertos apuntan a que hay varios elementos que pueden ayudarnos a hacernos una idea del nivel de vulnerabilidad o resiliencia de nuestra localidad.

Diagnóstico de riesgos y planificación urbana

“Para empezar, habría que revisar si la provincia o comunidad autónoma en la que estamos ubicados tiene elaborado algún diagnóstico exhaustivo y actualizado de riesgos del cambio climático”, explica Efrén Feliu, gerente de Adaptación al Cambio Climático en el área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de Tecnalia y uno de los coordinadores de la ERICC. 

Es crucial entender si tu municipio tiene una mayor o menor vulnerabilidad y en qué zonas

Efrén Feliu — Coordinador de la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España

Destaca como ejemplos de referencia los diagnósticos realizados por el País Vasco y Navarra. “Tienen un diagnóstico cuantitativo, con cartografía, que compara los niveles de vulnerabilidad y riesgo de cada uno de sus municipios”. En el portal AdapteCCa es posible acceder a este tipo de información sobre cualquier comunidad autónoma seleccionándola y consultando la sección “evaluación de riesgos y prioridades de adaptación”. También se puede revisar si nuestro territorio tiene (o no) algún Plan de Adaptación regional o local ante la emergencia climática —actualizado—. 

Subraya la importancia de la existencia de este tipo de información (que no todas las comunidades ofrecen) para la ciudadanía. “Es crucial entender si tu municipio tiene una mayor o menor vulnerabilidad y en qué zonas”. En este sentido, consultar los visores de inundabilidad de cada territorio —como el facilitado por este diario— también es muy recomendable. “Habrá menos vulnerabilidad cuanto menos ocupación urbana haya en las manchas de inundación”, apunta. 

En esta línea, ojear el Plan de Acción Territorial de nuestra localidad o comunidad autónoma es también algo que podemos hacer, pues hay gobiernos autonómicos y ayuntamientos que, pese a los avisos de la ciencia, planean seguir construyendo en terreno inundable. “Aplicar y hacer cumplir normativas de construcción realistas y que cumplan con los riesgos” es esencial, advierte una guía de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Gobernanza, inclusión social, y fondos de contingencia

Pablo Herreros, investigador de resiliencia contra eventos climatológicos extremos en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) asegura, por otro lado, que un municipio resiliente (o con potencial de serlo) es aquel que atiende, además de a la ciencia y a la investigación, a las necesidades específicas de sus ciudadanos con relación a la vulnerabilidad percibida por los mismos, ya que “son las personas que más conocimiento y experiencia tienen de sus propias vidas”.

“Esto requiere de un compromiso por parte de las autoridades con escuchar y con reconocer que la vulnerabilidad se presenta de muchas maneras y la capacidad de un ciudadano de adaptarse también”, profundiza. “Idealmente, esa interacción debería ser de doble sentido. Los ciudadanos reciben información y recursos, pero también deben formar parte de la gestión y del aprendizaje”, puntualiza.

Destaca la ciudad de Nueva York como un ejemplo inspirador. En ella, todos los departamentos del Ayuntamiento, además de sus obligaciones particulares, tienen la tarea de digerir y absorber el conocimiento que se genera sobre vulnerabilidad a escala local en su ámbito e incorporarlo a las políticas de su propia oficina, transversalizando así la gestión de riesgos de la ciudad. Copenhague y Barcelona también son buenos referentes, indican los expertos.

Requiere de un compromiso por parte de las autoridades con escuchar y con reconocer que la vulnerabilidad se presenta de muchas maneras y la capacidad de un ciudadano de adaptarse también

Pablo Herreros — Investigador de resiliencia contra eventos climatológicos extremos en el Centro Vasco para el Cambio Climático

Pero los municipios no pueden prepararse solos, destaca Marta Olazabal, jefa del Grupo de Investigación en Adaptación al Cambio Climático del BC3. Una coordinación multinivel es clave. Valora que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, de ser aprobado, podría ser muy útil para ello.

Destaca que una ciudad también ha de ser “resiliente” a los colores políticos: “El problema es que hay muchas veces que damos pasos para adelante en materia de resiliencia y luego, con los cambios políticos, de repente damos pasos gigantes para atrás. La salud de la población tiene que estar en el centro de la política urbana, independientemente del color de quien gobierne. De eso es de lo que va la adaptación al cambio climático”.

Otro de los aspectos del pacto que van en sintonía con las recomendaciones de los expertos es la propuesta de comprender el impacto económico de los desastres y desarrollar mecanismos financieros para fortalecer las oportunidades de respuesta y recuperación.

Infraestructura resiliente y capacidad de recuperación

Otro de los “esenciales” para las Naciones Unidas en materia de resiliencia climática es la evaluación de la capacidad y la idoneidad de la infraestructura crítica (embalses, plantas potabilizadoras, redes de transporte, hospitales, infraestructura de telefonía móvil…) y el desarrollo de un plan o estrategia para su protección, actualización y mantenimiento, además del desarrollo de infraestructura de protección y mitigación de riesgos.

Al mirar un mapa de nuestro municipio, cuanto más verde veamos, mejor

En cuanto a esa última parte, los expertos explican que, al mirar un mapa de nuestro municipio, cuanto más verde veamos, mejor. “Esa infraestructura verde tiene la capacidad de absorber parte del agua durante unas inundaciones”, asegura Olazabal. Las soluciones basadas en la naturaleza son, por tanto, un imprescindible. Parques inundables, cubiertas vegetales, suelos permeables, espacios de libertad fluvial o sistemas de drenaje urbano sostenible, son algunos ejemplos. “Y también puede haber soluciones muy ingenieriles, como los tanques de tormenta”, apunta Feliu.

Sebastián Franchini, investigador y presidente de la Asociación Nacional de Ingeniería del Viento, lanza un mensaje tranquilizador sobre la resiliencia de las edificaciones e infraestructuras ante el viento: “Todas las construcciones tienen que cumplir una normativa cuando son diseñadas. Tenemos una legislación, que, si se hacen las cosas correctamente, garantiza que deberíamos estar preparados para este tipo de eventos”.

Pero lo que sí que puede dar problemas, como se ha observado en este mes y medio, son elementos como el arbolado, los cubos de basura, o las fachadas de edificios que no han recibido un buen mantenimiento. “Regiones como el norte de España, al estar más acostumbradas a vientos extremos, vigilan más estos elementos”, explica.

“Con el arbolado pasa que necesita su espacio y un suelo sano para que las raíces estén bien sujetas y no haya problemas. Un árbol al que no se le ha mantenido, pues obviamente corre peligro. ¿Cómo se previene esto? Pues no considerándolos como si fueran algo meramente decorativo”, abunda Olazabal.

Cohesión social y un buen sistema de alerta temprana

Pero ninguna ciudad va a ser nunca totalmente resiliente. “Es imposible reducir los riesgos al cien por cien. Por tanto, el diseño (y la activación) de las alertas también tiene que ser crucial, de forma que sepas que la población va a estar lo suficientemente informada y a ser consciente de lo que puede pasar”.

La gente tiene que estar y sentirse protegida para poder protegerse

Marta Olazabal — Jefa del Grupo de Investigación en Adaptación al Cambio Climático del BC3

Y aquí también conviene haber prestado atención a las especificidades de la población más vulnerable. “La gente tiene que estar y sentirse protegida para poder protegerse. Hay quienes van por carreteras que saben que tienen que evitar, pero igual es porque piensan que su madre se va a quedar sin medicinas, o porque siente que si no va a trabajar le van a despedir. Todo eso tiene que estar bien atado”, remarcan desde la BC3.

“La ciudadanía, en definitiva, tiene que saber cómo los eventos extremos le pueden afectar y qué está en su mano hacer para así también evitar lo que llamamos impactos en cascada”, dice Olazabal. “Ante un posible corte de luz durante una tormenta alguien que toma medicamentos que necesitan frío para su conservación tiene que haber recibido la información suficiente para poder ser previsor y asegurarse de que contará con la manera de mantenerlos a la temperatura adecuada durante un tiempo determinado”. 

Por último, saber que no estamos solos también es importante. “La cohesión social y la participación comunitaria se han reconocido como factores clave para una gestión exitosa del riesgo de desastres, y los programas educativos y de capacitación para la sensibilización de la población han demostrado ser de gran ayuda para aumentar la preparación”, recalca Naciones Unidas en su documento sobre resiliencia.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha considerado este lunes que durante la dana se “cumplió el protocolo a rajatabla” y, por eso, no hubo víctimas en la red de ferrocarriles.

Martínez Mus ha comparecido durante la sesión de la mañana ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

El conseller, con competencias directas sobre los ferrocarriles y la red de metro que depende de la Generalitat, ha recalcado que durante la tarde de la dana “no tenía información distinta de la que salía de los centros oficiales”, sino que recibía “las mismas alertas que tienen todos los valencianos”.

Si bien durante toda la jornada del 29 de octubre de 2024 se registraron incidencias en carreteras y en la red de ferrocarriles, éstas no difirieron, al principio, de las que registra el servicio de forma habitual, según ha sostenido.

“Hubo incidencias pero como las que tenemos muchas veces” y hasta las 18.00 horas de la tarde la alerta hidrológica “estaba por debajo de lo normal, (indicaba que) bajaban los caudales”, ha recordado.

Lo hizo para justificar por qué esa tarde acudió a un acto de entrega de premios a las 18.00 horas, algo que le han afeado los grupos parlamentarios. Según él, fue allí, durante ese evento “cuando empieza a trascender (la magnitud de la tragedia) y por eso me voy a Metrovalencia”.

Martínez Mus ha defendido asimismo que “no es casualidad que no hubiera víctimas en ferrocarriles y, al empezar el día, parecía un día normal, como el que tenemos muchas veces”.

El conseller también ha desmentido que el servicio de ferrocarriles no se suspendiera hasta las 21.35 de la noche, según le ha reprochado la diputada de Compromís, Àgueda Micó.

“No es verdad. A las 19.45 horas de la tarde se cortan todas las líneas porque (el servicio) está inundado y el protocolo se aplicó a rajatabla y, por eso, no hubo que lamentar ninguna pérdida. No tiene bien los datos. Se cortó (el servicio) y se advirtió del corte”, ha sostenido.

Ha aclarado además que no asume ningún “error” de gestión por parte de su departamento, aunque sí admite que hoy haría las cosas de manera diferente con la información que se tiene ahora.

“No tengo una agencia meteorológica ni sensores en los barrancos”, ha señalado.

María Amparo López Boluda, una de las gestoras de las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha desmentido este lunes al que entonces era secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al asegurar que “es absolutamente imposible” que no llegara información de su departamento al Cecopi. “Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”, ha apostillado.

Así lo ha dicho en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia, donde ha explicado que la sala donde se reciben las llamadas está en un edificio contiguo a donde se reúne el cecopi que se convocó aquel día.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le ha preguntado por la tesis defendida por Argüeso en sede judicial en el sentido de que en el Cecopi no recibían información del 112, donde la compareciente fue convocada como personal “de refuerzo” por la “preemergencia” y en el que, según ha recalcado, estuvieron trabajando todos los efectivos.

López Boluda ha recordado que, según la ley valenciana, el Cecopi se tiene que reunir cuando hay una “preemergencia” como aquella alerta roja, es decir, aquella era una situación “excepcional”. “Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión”, ha insistido.

En este contexto, ha explicado que en este tipo de situaciones “todo está protocolizado” porque “no cabe dar pie al error” y que toda la información que reciben se pasa a las agencias --trabajan con 123-- y una de ellas era Emergencias de la Generalitat (Emergen) que, a su juicio, “estuvo haciendo su trabajo muy bien”.

“O sea, que esa información la tenían”, ha aseverado, admitiendo que le “sorprende” que a partir de ahí no dieran un “paso más” ya fuera por “desconocimiento” o por otro motivo.

Más recursos y no subcontratas

Ibáñez también le ha preguntado si tuvieron conocimiento de que Argüeso aprovechó su cargo para “preocuparse por casos particulares cercanos a él”. La compareciente ha señalado así se ha dicho en sede judicial por una persona que estaba “bajo promesa o juramento de decir la verdad”.

Por otra parte, López Boluda ha reclamado más recursos y más personal y acabar con las subcontrataciones como la que ahora gestiona este servicio. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, ha dicho, denunciando que se rigen por un “convenio de contact center”.

“Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, ha deslizado.

Una manifestación convocada para el próximo sábado por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de emergencias y reconstrucción (CLER), recorrerá tres municipios afectados por la riada bajo el lema “Mazón a presó”.

La protesta, que exigirá que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue el acta de diputado y acuda a declarar ante la jueza de la dana, comenzará a las 18:00 horas en la plaza plaça de la Xapa de Benetússer, pasará por Sedaví y acabará en la Plaza del País Valencià de Alfafar, y hará también un reconocimiento a la labor de los CLER, que cumplen un año.

“Queremos que Carlos Mazón entregue inmediatamente su acta de diputado y se presente ante el juzgado de Catarroja. Dimitió porque le obligamos pero aún conserva el acta que le permite seguir aforado y lejos de donde debería estar, la jueza de Catarroja”, ha asegurado Beatriu Cardona, una de las portavoces de las entidades convocantes.

También ha denunciado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está protegiendo a Mazón, “el máximo responsable de las 230 muertes del 29 de octubre”, y un año y tres meses después “intentan ver una normalidad que no existe porque muchas escuelas siguen en condiciones deplorables y personas con movilidad reducida no pueden salir de sus casas porque no tienen ascensor”.

Critican que se compare la dana con el accidente de Adamuz

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha considerado “vergonzoso” que sigan comparando a las víctimas de la dana con las del accidente ferroviario de Adamuz, y ha pedido que las comparen con el accidente del metro de Valencia, del Alvia o de otras circunstancias similares y “vean la diferencia de la manera de gestionar una cosa y otra”.

“El accidente de Adamuz nos ha removido heridas abiertas, sobre todo ver la indigencia de un PP que utiliza a las victimas, que no le importan lo más mínimo porque mientras Mazón esté no tienen legitimidad para pedir ninguna dimisión. Están sosteniendo al máximo responsable y para esto hay una instrucción abierta por el homicidio imprudente de 230 personas”, ha indicado.

Álvarez ha reprochado, “que estos señores pongan la comparación de lo que pasó el día 29, 30, 31 y las semanas posteriores, cuando ahí (en Adamuz) hubo desde el primer momento un hospital de campaña para las víctimas y para darles apoyo psicológico, mientras que a nosotros se nos prohibió ir a donde estaban nuestros familiares muertos. Me causa dolor físico y emocional, y como a mí al resto de familiares”.

“Luego dirán que estamos haciendo política. No estoy haciendo política, estoy comparando modelos de gestión porque son decisiones políticas que hacen que vivas o no, que puedas o no salvarte”, ha subrayado Rosa Álvarez, quien ha confesado: “me cuesta respirar porque es muy doloroso”.

También se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, “la otra persona que quería manipularnos y que no vino al funeral de Estado decidido por las familias porque dijo que ya se había producido un funeral el 9 de diciembre y no envió ninguna representación”, ha dicho.

Por su parte, Toñi García, cuyo marido e hija fallecieron en la dana, ha hecho un llamamiento a toda la Comunitat Valenciana para que el próximo sábado den “todo su apoyo y calor” durante la manifestación.

“Llevamos un año y tres meses de mentiras, de cinismos, de psicópatas y esto es inaguantable, no podemos continuar con estas clase de políticos que no hacen salvo mentir. Dicen que estamos politizadas, a lo mejor es cierto que deberíamos dedicarnos a la política puesto que ellos no han sabido hacer bien su trabajo, sí saben cobrar el fin de mes pero no son competentes, la prueba es lo negligentes que fueron el 29 de octubre”, ha dicho.

Ja ha passat més d’un any des que la dana va sacsejar 75 municipis al sud de la ciutat de València. Més de 300.000 persones en van ser afectades. Els danys materials han sigut minuciosament quantificats i la major part van reparant-se. No obstant això, poc es parla de la magnitud del mal en la salut mental de la població.

L’Organització Mundial de la Salut va estimar que entre el 20% i el 40% de les persones afectades per la dana podrien experimentar estrés agut i ansietat en els primers moments i entre un 15% i un 20% podien desenvolupar quadres greus de depressió i ansietat generalitzada en els mesos posteriors si no tenen ajuda professional, parlem de prop de 50.000 persones.

Davant aquesta situació, l’ONG Psicòlogues sense Fronteres, especialista en atenció psicosocial en desastres humanitaris, va acudir a municipis que van sol·licitar suport, va fer reconeixement d’afectació, va treballar per a tipificar simptomatologia evitant patologització i va organitzar atenció individual i la coordinació en taula de salut mental. En aquest balanç, l’entitat indica més de 300 atencions en localitats com Benetússer, Paiporta, Massanassa, Sedaví i Xiva, i una demanda superior a 700 sol·licituds a través del seu dispositiu d’atenció psicològica en emergència i crisi.

La clau no és només el nombre. És l’enfocament: acompanyar, escoltar, sostindre, retornar agència, activar recursos locals, i no entendre el trauma com un assumpte exclusivament individual quan el que es trenca —també— és el teixit social.

En el terreny, els senyals més repetits no tenen èpica: por davant la pluja, hipervigilància, irritabilitat, insomni, dificultat per a concentrar-se, tristor persistent, sensació d’irrealitat, cansament extrem. RTVE recollia, un any després, que fins i tot una alerta en el mòbil podia reactivar el “trauma de la dana” i la por que “torne a repetir-se”.

No tot això és patologia. I convé dir-ho alt: després d’una catàstrofe, moltes reaccions són normals. El que resulta anòmal seria no sentir res. Precisament per això, una intervenció responsable evita dos paranys igual de nocius: medicalitzar-ho tot o, en l’extrem contrari, banalitzar el patiment amb el “ja ha passat”.

Ací l’evidència i la pràctica humanitària coincideixen: el suport psicosocial efectiu no és només teràpia individual; també és seguretat, habitatge, tràmits, escola, xarxes, espais comunitaris. L’OMS recorda que, en emergències, el malestar psíquic és freqüent i els serveis de salut mental solen veure’s alterats o tensats quan més es necessiten.

L’impacte no es reparteix uniformement

La dana va colpejar sobre un terreny ja carregat de vulnerabilitats. La precarietat, el desgast del sistema de cures, les seqüeles de la pandèmia i la desigualtat prèvia funcionen com a “multiplicadors” del mal. Per això, parlar de salut mental després d’una riuada és parlar també de determinants socials: pèrdua d’habitatge, ingressos interromputs, burocràcia, endeutament, convivència forçada, dol, conflictes familiars.

I també és parlar de gènere. Un estudi de cribratge citat per la Generalitat situava, al cap d’11 mesos, una prevalença d’estrés posttraumàtic del 27,6% en població adulta entrevistada, amb més afectació en dones (30,5%) que en homes (24,6%). En la pràctica quotidiana, això sol traduir-se en una cosa molt concreta: dones cuidadores sostenint a tothom mentre les coses pròpies queden per a “quan hi haja temps”.

En infància i adolescència, l’impacte es cola per vies menys evidents: regressions, conductes disruptives, caiguda del rendiment, por de separar-se, problemes de somni. La mateixa informació pública assenyala que es van desplegar psicòlegs en centres escolars i es va atendre alumnat en zones afectades. Són passos importants, però la pregunta és si la resposta serà prou sostinguda per a acompanyar processos que, per definició, no acaben quan s’asseca el fang.

Hui dia ha quedat palés que el sistema públic de salut mental no abasta les demandes de la població. S’observen llistes d’espera llargues que no encaixen amb la urgència emocional postcatàstrofe, una resposta massa medicalitzada i poc comunitària, falta de recursos específics per a infància i adolescència en contextos d’emergència, entre altres problemes.

És, per tant, urgent que es pose el focus en la reconstrucció psicològica de les persones afectades, es destinen els recursos necessaris per a alleujar les llistes d’espera i oferir una atenció de qualitat per a evitar el desenvolupament de quadres greus de depressió i ansietat entre una població que, en molts casos, ja passa per situacions de vulnerabilitat.

La reconstrucció psicològica no competeix amb la material: la fa possible. Una comunitat que viu en hipervigilància, amb dol congelat i sense xarxa, es reconstrueix pitjor, s’endeuta més, emmalalteix més i confia menys. Si alguna cosa ensenya la dana és que el “després” dura anys. I si alguna cosa ensenya la psicologia comunitària —la que PSF practica— és que la recuperació es construeix amb la gent, no sols sobre la gent.

Perquè, al capdavall, reparar un carrer retorna mobilitat. Reparar el teixit comunitari retorna futur.

Ya ha pasado más de un año desde que la dana sacudiera 75 municipios al sur de la ciudad de Valencia. Más de 300.000 personas fueron afectadas. Los daños materiales han sido minuciosamente cuantificados y la mayoría de ellos están siendo reparados. Sin embargo, poco se habla de la magnitud del daño en la salud mental de la población.

La Organización Mundial de la Salud estimó que el entre el 20% y el 40% de las personas afectadas por la dana podría experimentar estrés agudo y ansiedad en los primeros momentos y entre un 15% y un 20% podían desarrollar cuadros graves de depresión y ansiedad generalizada en los meses posteriores de no contar con ayuda profesional, estamos hablando de cerca de 50.000 personas.

Ante esta situación la ONG Psicólogas sin Fronteras, especialista en atención psicosocial en desastres humanitarios, acudió a municipios que solicitaron apoyo, realizó reconocimiento de afectación, trabajó para tipificar sintomatología evitando patologización, y organizó atención individual y coordinación en mesa de salud mental. En ese balance, la entidad indica más de 300 atenciones en localidades como Benetússer, Paiporta, Massanassa, Sedaví y Chiva, y una demanda superior a 700 solicitudes a través de su dispositivo de atención psicológica en emergencia y crisis.

La clave no es solo el número. Es el enfoque: acompañar, escuchar, sostener, devolver agencia, activar recursos locales, y no entender el trauma como un asunto exclusivamente individual cuando lo que se rompe —también— es el tejido social.

En el terreno, las señales más repetidas no tienen épica: miedo ante la lluvia, hipervigilancia, irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse, tristeza persistente, sensación de irrealidad, cansancio extremo. RTVE recogía, un año después, cómo incluso una alerta en el móvil podía reactivar el “trauma de la dana” y el temor a que “vuelva a repetirse”.

No todo esto es patología. Y conviene decirlo alto: tras una catástrofe, muchas reacciones son normales. Lo que resulta anómalo sería no sentir nada. Precisamente por eso, una intervención responsable evita dos trampas igual de dañinas: medicalizarlo todo o, en el extremo contrario, banalizar el sufrimiento con el “ya pasó”.

Aquí la evidencia y la práctica humanitaria coinciden: el apoyo psicosocial efectivo no es solo terapia individual; también es seguridad, vivienda, trámites, escuela, redes, espacios comunitarios. La OMS recuerda que, en emergencias, el malestar psíquico es frecuente y los servicios de salud mental suelen verse alterados o tensionados cuando más se necesitan.

El impacto no se reparte por igual

La DANA golpeó sobre un terreno ya cargado de vulnerabilidades. La precariedad, el desgaste del sistema de cuidados, las secuelas de la pandemia y la desigualdad previa funcionan como “multiplicadores” del daño. Por eso, hablar de salud mental tras una riada es hablar también de determinantes sociales: pérdida de vivienda, ingresos interrumpidos, burocracia, endeudamiento, convivencia forzada, duelo, conflictos familiares.

Y también es hablar de género. Un estudio de cribaje citado por la Generalitat situaba, a los 11 meses, una prevalencia de estrés postraumático del 27,6% en población adulta entrevistada, con mayor afectación en mujeres (30,5%) que en hombres (24,6%). En la práctica cotidiana, esto suele traducirse en algo muy concreto: mujeres cuidadoras sosteniendo a todo el mundo mientras lo propio queda para “cuando haya tiempo”.

En infancia y adolescencia, el impacto se cuela por vías menos evidentes: regresiones, conductas disruptivas, caída del rendimiento, miedo a separarse, problemas de sueño. La misma información pública señala que se desplegaron psicólogos en centros escolares y se atendió a alumnado en zonas afectadas. Son pasos importantes, pero la pregunta es si la respuesta será lo bastante sostenida como para acompañar procesos que, por definición, no terminan cuando se seca el barro.

A día de hoy ha quedado patente que el sistema público de salud mental no abarca las demandas de la población. Se observan listas de espera largas que no encajan con la urgencia emocional post-catástrofe, una respuesta demasiado medicalizada y poco comunitaria, falta de recursos específicos para infancia y adolescencia en contextos de emergencia entre otros problemas.

Es por tanto urgente que se ponga el foco en la reconstrucción psicológica de las personas afectadas, se destinen los recursos necesarios para aliviar las listas de espera y ofrecer una atención de calidad para evitar el desarrollo de cuadros graves de depresión y ansiedad entre una población que en muchos casos ya atraviesa por situaciones de vulnerabilidad.

La reconstrucción psicológica no compite con la material: la hace posible. Una comunidad que vive en hipervigilancia, con duelo congelado y sin red, se reconstruye peor, se endeuda más, se enferma más y confía menos. Si algo enseña la dana es que el “después” dura años. Y si algo enseña la psicología comunitaria —la que PSF practica— es que la recuperación se construye con la gente, no solo sobre la gente.

Porque, al final, reparar una calle devuelve movilidad. Reparar el tejido comunitario devuelve futuro.

Entitats com la Creu Roja ja fa més d’un any que treballen casa per casa amb els afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024, que va provocar la mort de 230 persones a la província de València i va causar danys materials multimilionaris; i tot això, malgrat les campanyes de desinformació i desprestigi de què han sigut objecte per part de la ultradreta. Concretament, l’ONG va reaccionar en un primer moment a l’emergència provocada per la dana habilitant albergs i recopilant productes de primera necessitat per a ajudar a les víctimes de la tragèdia.

A partir d’ací, i en paral·lel a aquestes primeres accions, l’organització va treballar en un pla de resposta a tres anys, i dividit en tres fases: una primera de resposta immediata, una segona centrada en la recuperació i la tercera d’enfortiment i resiliència. Es tracta d’un pla dinàmic perquè continuen escoltant la població afectada al mateix temps que actuen sobre el terreny.

En total, té prevista una inversió de 115 milions d’euros, dels quals ja se n’han destinat 63; i fins a la data han atés 147.218 persones. La partida prové dels fons propis de la Creu Roja i de donacions i aportacions, tant de particulars com d’empreses i altres entitats o associacions. “Totes les partides, tant els diners rebuts com els repartits, estan registrades i auditades”, explica des de la Creu Roja Mireia Clotet, que insisteix que tots aquests diners tenen una traçabilitat per mitjà de les factures i la documentació acreditativa corresponent: “Hi ha màxima transparència, ja que ens auditen tant els nostres donants com entitats externes”.

Primeres fases

La primera fase del pla de resposta es va centrar a cobrir les necessitats bàsiques de les persones afectades per les inundacions, facilitant-los alimentació, vestuari, mobiliari, electrodomèstics. Així doncs, es van repartir 46.000 lots d’aliments, 15.000 electrodomèstics valorats en 3.928.000 euros, productes de suport sanitari, com ara cadires de rodes, cadires elèctriques, elements necessaris per a persones dependents, equips de suport psicosocial, que van dur a terme 8.200 atencions, s’han fet 1.680 atencions per part d’experts jurídics a afectats per solsides, 5.350 mobilitzacions amb cadires eruga en edificis sense ascensor per a gent que no podia moure’s dels seus domicilis o el repartiment de 25.793 targetes moneder als afectats per un import de 32.987.000 euros, entre altres accions.

La segona fase, de recuperació, va arrancar el mes de març passat i es van sumar accions com la rehabilitació d’habitatges afectats, dels quals ja se n’han acabat 35 per un import de 625.000 euros. També es van dur a terme campaments i activitats d’oci per a xiquets de municipis afectats, així com el lliurament de joguets, material escolar i tecnològic.

De la mateixa manera, es van repartir ajudes de primera necessitat per a subministraments, lloguers temporals, audiòfons o dentadures: “Vam fer estudis de les necessitats dels que ho requerien i vam intentar ajudar-los amb tota una cartera de serveis”, explica Clotet, que afig que ja s’han invertit 2.174.000 en aquestes ajudes.

També es va destinar una part important a la reactivació de negocis, amb una línia de 2.817 ajudes a comerços afectats i una inversió de 13.657.000 euros. En aquest àmbit, s’ha habilitat una segona ajuda de consolidació i al gener confien a llançar una altra ajuda per a la reparació d’ascensors per als col·lectius que queden fora de les subvencions de novembre de la Generalitat Valenciana. A més, es concedeixen quantitats extraordinàries en aquest període de Nadal, en què es generen sobrecostos per a les famílies.

I encara que es continua en la fase de recuperació, la Creu Roja ja ha començat a treballar en l’enfortiment i la resiliència per mitjà de la formació a la població: “De moment, el que fem és formar els equips interns perquè puguen informar la comunitat sobre la prevenció”.

Una catàstrofe de grans dimensions

“Ens hem enfrontat a una gran catàstrofe, de grans dimensions, cosa que dificulta la intervenció”, assenyalen des de la Creu Roja, i detallen que s’ha fet un gran esforç, amb 7.000 persones treballant: “És un gran repte a què continuem enfrontant-nos”.

Sobre les faules de què han sigut objecte, lamenten que han patit una campanya de desprestigi i desinformació: “Pot haver-hi gent que diga que no ens va veure, i és cert, perquè la zona afectada és molt extensa i no podem arribar a tots els damnificats”. Però afigen que han tingut operatius fins a 17 albergs provisionals que atenien persones afectades: “Hem fet i encara fem un esforç important, donem el màxim possible”. “Sabem que encara queden necessitats i persones a qui no hem arribat, però continuem treballant”, conclou Clotet.

Entidades como Cruz Roja llevan más de un año trabajando casa por casa con los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia y causó daños materiales multimillonarios; y todo ello, a pesar de las campañas de desinformación y desprestigio de las que han sido objeto por parte de la ultraderecha. Concretamente, la ONG reaccionó en un primer momento a la emergencia provocada por la dana habilitando albergues y recopilando productos de primera necesidad para ayudar a las víctimas de la tragedia.

A partir de ahí, y en paralelo a esas primeras acciones, la organización trabajó en un plan de respuesta a tres años, y dividido en tres fases: una primera de respuesta inmediata, una segunda centrada en la recuperación y la tercera de fortalecimiento y resiliencia. Se trata de un plan dinámico porque continúan escuchando a la población afectada al mismo tiempo que actúan sobre el terreno.

En total, tiene prevista una inversión de 115 millones de euros, de los que ya se han destinado 63; y hasta la fecha han atendido a 147.218 personas. La partida proviene de los fondos propios de Cruz Roja y de donaciones y aportaciones, tanto de particulares como de empresas y otras entidades o asociaciones. “Todas las partidas, tanto el dinero recibido como el repartido, están registradas y auditadas”, explica desde Cruz Roja Mireia Clotet, que insiste en que todo ese dinero tiene una trazabilidad por medio de las facturas y la documentación acreditativa correspondiente: “Hay máxima transparencia, ya que nos auditan tanto nuestros donantes como entidades externas”.

Primeras fases

La primera fase del plan de respuesta se centró en cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas por las inundaciones, facilitándoles alimentación, vestuario, mobiliario, electrodomésticos. Así, se repartieron 46.000 kits de alimentos; 15.000 electrodomésticos valorados en 3.928.000 euros; productos de apoyo sanitario, como sillas de ruedas, sillas eléctricas, elementos necesarios para personas dependientes; equipos de apoyo psicosocial, que llevaron a cabo 8.200 atenciones; se han realizado 1.680 atenciones por parte de expertos jurídicos a afectados por derrumbes; 5.350 movilizaciones con sillas oruga en edificios sin ascensor para gente que no podía moverse de sus domicilios; o el reparto de 25.793 tarjetas monedero a los afectados por un importe de 32.987.000 euros, entre otras acciones.

La segunda fase, de recuperación, echó a andar el pasado mes de marzo y se sumaron acciones como la rehabilitación de viviendas afectadas, de las que ya se han finalizado 35 por un importe de 625.000 euros. También se llevaron a cabo campamentos y actividades de ocio para niños de municipios afectados, así como la entrega de juguetes, material escolar y tecnológico.

De igual modo, se repartieron ayudas de primera necesidad para suministros, alquileres temporales, audífonos o dentaduras: “Realizamos estudios de las necesidades de quienes lo requerían e intentamos ayudarles con toda una cartera de servicios”, explica Clotet, quien añade que ya se han invertido 2.174.000 en estas ayudas.

También se destinó una parte importante a la reactivación de negocios, con una línea de 2.817 ayudas a comercios afectados y una inversión de 13.657.000 euros. En este ámbito, se ha habilitado una segunda ayuda de consolidación y en enero confían en lanzar una nueva ayuda para la reparación de ascensores para aquellos colectivos que quedan fuera de las subvenciones de noviembre de la Generalitat Valenciana. Además, se están concediendo cantidades extraordinarias en este periodo de Navidad, en el que se generan sobrecostes para las familias.

Y aunque se sigue en la fase de recuperación, Cruz Roja ya ha comenzado a trabajar en el fortalecimiento y la resiliencia por medio de la formación a la población: “De momento, lo que hacemos es formar a los equipos internos para que puedan informar a la comunidad sobre la prevención”.

Una catástrofe de grandes dimensiones

“Nos hemos enfrentado a una gran catástrofe, de gran dimensión, lo que dificulta la intervención”, señalan desde Cruz Roja, y detallan que se ha hecho un gran esfuerzo, con 7.000 personas trabajando: “Es un gran reto al que seguimos enfrentándonos”.

Sobre los bulos de los que han sido objeto, lamentan que han sufrido una campaña de desprestigio y desinformación: “Puede haber gente que diga que no nos vio, y es cierto, porque la zona afectada es muy extensa y no podemos llegar a todos los damnificados”. Pero añaden que han tenido operativos hasta 17 albergues provisionales que atendían a personas afectadas: “Hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo importante; estamos dando el máximo posible”. “Sabemos que todavía quedan necesidades y personas a las que no hemos llegado, pero seguimos trabajando”, concluye Clotet.

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha notificado este lunes a las partes un nuevo auto en el que comunica que accede a la solicitud del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que pueda declarar como testigo de forma telemática, tal y como este había solicitado el pasado 24 de diciembre.

La testifical del dirigente del PP se producirá el próximo 9 de enero, a las 9.30 horas, “desde su despacho oficial en el Congreso, vía webex, a través del correo electrónico del Congreso facilitado por el testigo en el escrito de 23 de diciembre de 2025. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer presencialmente en la sala de vistas nº 1 del Tribunal de Instancia de Catarroja, en dicha fecha y hora”.

Así mismo, le comunica que tiene “la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación entre el señor Mazón y el señor Alberto Núñez Feijóo, y que hubieran sido remitidos por el testigo señor Alberto Núñez Feijóo al señor Mazón en el mismo día 29 de octubre de 2024”. La titular del juzgado de Catarroja argumenta la petición para contextualizar los enviados por el expresident de la Generalitat.

Feijóo le mandará sus mensajes a la jueza

Previamente, el dirigente popular ha asegurado que ha enviado a la jueza que investiga la dana los Whastsapp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama.

“Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo”, ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

El jefe de la oposición ha recalcado que el no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. “Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta”, ha sentenciado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno pida su dimisión --la solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz-- por este asunto. “¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?”, ha exclamado, para añadir que “esto parece una broma”.

Las obras del canal perimetral para aliviar los aportes del Barranco de la Muerte, que suponen una medida de seguridad frente a episodios de lluvia intensa en el entorno de Parque Venecia, han concluido tras una inversión municipal de 1,1 millones, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado por inaugurada esta infraestructura, cuyo trabajos comenzaron en febrero de este año.

Esta obra de ingeniería hidráulica, realizada por la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.L., se sitúa en la parte de trasera del cuartel de la Policía Local y del CEIP María Zambrano, que sufrió daños en la fuerte tromba de agua del 6 de julio de 2023 y que motivó la construcción de esta infraestructura para dotar de seguridad a la ciudad y hacerla “más resiliente”, como ha descrito la alcaldesa.

Además, se ha podido comprobar su efectividad al ser capaz de absorber el agua caída en la pasada tormenta de finales de septiembre, unos 11 metros cúbicos por segundo que representó un 15 por ciento de la capacidad total del canal perimetral, un agua que no se vertió ni se desbordó sobre la Z-30, lo que ha permitido comprobar su papel de defensa hidráulica“, ha destacado Chueca.

Tiene dos metros de altura, 24 de ancho y 300 metros de largo, que lo convierten en un paseo ciudadano en episodios secos y se podrá abrir al uso de los vecinos como vía de comunicación entre el barrio del Parque Venecia y el entorno natural de los Pinares de Venecia.

“Los vecinos van a poder pasear y disfrutar de este entorno”, ha indicado la alcaldesa para informar de que se plantarán árboles a los lados del canal perimetral para que “sea más amable pasearlo en verano”, ha precisado la regidora.

La obra comienza en la desembocadura del Barranco de la Muerte, en la trasera del CEIP Maria Zambrano, donde se ha puesto una tubería más grande, de 1,8 metros de diámetro para dirigir el agua pluvial que se remite a la depuradora para su tratamiento. El agua que no entra por ese colector se deriva por el canal perimetral hasta un deposito final de amortiguación en forma escalonada que conecta con otro colector.

Más ambicioso

“Es un proyecto muy ambicioso”, ha descrito Chueca al argumentar que incluye un tanque de tormentas, cinco diques de laminación y la sensorización de 28 barrancos, junto a una nueva tubería que se soterrará por la Z-30 para dar seguridad a esta vía de circunvalación de Zaragoza, que se ha tenido que cortar al tráfico de forma preventiva en casos de intensa lluvia.

Precisamente, ese corte provisional de la Z-30 se ha protocolizado ante episodios de tormentas fuertes a pesar de que esté terminado el canal perimetral para evitar que se repita el suceso del 6 de julio de 2023. “Cuando acabemos con esa obra que será en los próximos tres año tendremos ya la seguridad para no tener que proceder a los cortes de la Z30”, ha confiado Natalia Chueca.

Para llevar a cabo esta segunda fase se cuenta con un convenio con el Gobierno de Aragón, que también hará una aportación, y después empezará el proyecto con Amazon Web Services (AWS), que, en total, la multinacional ha comprometido en torno a los 13.800.000 euros.

Tres fases

Precisamente, Chueca ha explicado estas futuras obras que se complementan la del canal perimetral se harán en tres grandes fases de ejecución que abordarán de manera global la cuenca hidrográfica del Barranco de la Muerte. Se actuará para reducir los riesgos sobre la inundación en la Z-30 y las zonas anexas.

“La próxima obra ya está redactada y saldrá a licitación próximamente”, ha anunciado Natalia Chueca. En concreto, se trata de “la construcción de los depósitos o tanques de tormenta en los campos de fútbol junto al cementerio de Torrero, que consistirá en el rebaje de los 5.000 metros cuadrados de este espacio y su adecuación, dotándolo con la infraestructura que reduzca el riesgo de inundación.

Incluirá la evacuación de los caudales, un aliviadero para que funcione en caso de llenado del depósito, y una conducción de vaciado del mismo. “Este cuenco, que tendrá una capacidad máxima de 20.000 metros cúbicos de agua, permitirá regular los caudales provenientes de los desagües de pluviales del cementerio de Torrero, que en la actualidad se vierten sobre esta zona y posteriormente terminan bajando hacia su salida natural, en el actual canal perimetral”, ha descrito Natalia Chueca.

Tras su próxima salida a licitación se podrán comenzar a ejecutar a principios de 2026, con un plazo de obras fijado en 6 meses y un presupuesto estimado de 636.884 euros.

A esta actuación le seguirán cinco nuevos diques de laminación --cuatro en el barranco de la Muerte y uno más en el de Camino de Arráez--, y se acondicionarán y mejorarán los diques de laminación superiores aguas arriba de la Z-40 en el barranco del Camino de Arráez.

Ciudades inteligentes

Además, se soterrará el Barranco de la Muerte en la Z-30 mediante un colector, con el propósito de duplicar la capacidad actual y la eficiencia del sistema de drenaje y mitigando significativamente el riesgo de inundación en esta zona crítica.

Supondrá, en definitiva, crear una nueva tubería de alta capacidad que recoja el agua vertida al final del canal perimetral en construcción actualmente para trasladarla fuera del área, a 1,2 kilómetros de distancia.

A todas esas actuaciones se sumará el sistema de sensorización y alerta de 28 cuencas, también financiado por AWS, que engloban 634,64 kilómetros cuadrados de superficie en el término municipal.

Se trata de mitigar riesgos asociados a fenómenos naturales, desbordamientos de agua, deslizamientos de tierra, incendios, temperaturas extremas y otros peligros que puedan afectar a las comunidades aledañas y al entorno natural.

“No solo se trata de financiación económica, sino que además vamos a aprovechar el poder de los datos en tiempo real y el análisis a través de la inteligencia artificial para transformar Zaragoza en un municipio faro en Europa, comprometido con la sostenibilidad en las Smart Cities, más resiliente y estableciendo un ejemplo de ciudad inteligente frente a eventos climáticos extremos”, ha remarcado Natalia Chueca.

Maribel Vilaplana declaró ante la jueza de la dana el pasado 3 de noviembre que el president Carlos Mazón estuvo “con el móvil constantemente” durante la comida que compartieron en el restaurante El Ventorro de València el 29 de octubre de 2024, día en el que las inundaciones provocadas por el temporal causaron la muerte de 229 personas. La periodista aseguró ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que el jefe del Consell tenía el terminal encima de la mesa y contestaba llamadas que ella aseguró no escuchar.

Ante esta declaración, Compromís -la coalición está personada en la causa- ha reclamado la foto de la sala donde comieron ese día para “buscar contradicciones” con la declaración de Vilaplana, una petición que la jueza ha dicho que resolverá. La justificación de la coalición es que la comunicadora aseguró no escuchar lo que hablaba Mazón cuando la sala en la que se encontraban tiene unas dimensiones reducidas, “dos por tres metros”; además, el propietario del restaurante, Alfredo Romero, ha testificado que no salieron del reservado para hablar.

Romero ha confirmado este viernes ante la jueza que Mazón y Vilaplana, a quienes atendió personalmente, abandonaron el establecimiento el día de la dana “aproximadamente” entre las 18.30 y las 19.00 horas. Además, a preguntas de una de las acusaciones populares, ha asegurado que no vio a Mazón preocupado ni observó que tuviera prisa al salir.

Respecto a la hora a la que se separaron, la hora más plausible de salida del parking del vehículo de la periodista -ambos han asegurado que fueron juntos hasta el aparcamiento, donde se despidieron-, según la información recabada por elDiario.es, sería las 19.47 horas. Justo a esa hora abandonó el aparcamiento un vehículo cuyo conductor o conductora tuvo que abonar 15,10 euros, como se observa en documentación en poder de la magistrada. Por ese precio, el coche estuvo estacionado durante cinco horas y dos minutos, por lo que su entrada al parking habría sido a las 14.45.

A las 10.30 horas comenzaba la comparecencia del president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana. El formato cara a cara en el que el jefe del ejecutivo autonómico ha respondido al momento a cada pregunta que le han hecho los diputados. De esta forma, han tratado de que, de una vez por todas, el jefe del Consell esclareciera cuestiones como la factura de El Ventorro, la hora exacta de salida del restaurante, su paradero desde que salió hasta que llegó al Palau de la Generalitat, casi a las 20.00 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, su registro oficial de llamadas durante toda la jornada o dónde se quitó la chaqueta y la corbata y se puso un jersey amarillo. En sus intervenciones, Mazón ha empezado a tirar de su habitual catálogo de mentiras, medias verdades y manipulaciones. Estas han sido las más llamativas.

“He hecho público mi listado de llamadas”

Falso. Ha hecho público un listado hecho a mano desde las 17.37 horas hasta las 23.29 horas. No ha aportado el registro oficial de llamadas de la compañía telefónica durante toda la jornada del 29 de octubre del pasado año.

“A lo largo de la tarde, el riesgo de desbordamiento o de ruptura de Forata iba tomando más protagonismo”

Imprecisión. Tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Aemet confirmaron que a las 17.36 ya se hablaba en el Cecopi del peligro de la presa de Forata. En una entrevista con elDiario.es, Miguel Polo señaló que advirtió del riesgo sobre las 17.15 horas, nada más empezar.

La consellera de Emergencias “Nunca me solicitó consulta” sobre el Es Alert

Imprecisión. La exconsellera de Emergencias reveló a elDiario.es que quería informar al presidente del lanzamiento de la alerta masiva, pero Carlos Mazón no respondió al teléfono ni a las 19.10 ni tampoco a las 19.36 y solo le devolvió la llamada a las 19.43, 28 minutos antes del lanzamiento de la alerta masiva.

“No hubo nada de información del barranco del Poyo, respecto al desbordamiento, como ha quedado acreditado”.

Falso. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó 16 correos avisando de la superación de umbrales en sus pluviómetros y caudalímetros en las cuencas del Magro y del Poyo, durante las horas críticas del 29 de octubre y el último correo con la crecida del barranco se remitió a Emergencias de la Generalitat a las 18.45 horas. Todos los medidores funcionaron hasta que, a esa hora, la riada arrastró el caudalímetro del barranco del Poyo. Sin embargo, la Generalitat retiró a los bomberos que controlaban el caudal del barranco del Poyo a las 15.00 horas. La propia Generalitat activó a las 12.20 horas una alerta hidrológica en el barranco del Poyo a instancias de la información remitida por la CHJ. Esa alerta se mantuvo vigente durante todo el día por la crecida del caudal. Tanto la exconsellera Pradas como el propio Mazón eran conscientes de esa alerta. El propio presidente lo comentó en su reunión con la patronal y los sindicatos, y aun así se fue a comer a El Ventorro.

“No existe protocolo del 'Es alert'”.

Falso. El Ministerio de Interior tiene un protocolo para el sistema de alerta, que otorga a los centros de protección civil de las comunidades autónomas una “disponibilidad continua” para avisar a la población situada “en zonas afectadas o que se prevea que pueden verse afectadas por situaciones de emergencia o catástrofe”. Se trata de uno de los elementos clave para la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias de la dana. La jueza ya lo tiene en su poder.

“He hecho público mi itinerario de aquella tarde. Fue desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz al Palau de la Generalitat”

Omisión. Mazón ha omitido que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento de la Glorieta, ubicado junto al Parterre, donde tenía estacionado su vehículo. Además sigue sin detallar la cronología de su salida del restaurante y de su llegada al Palau de la Generalitat.

A la pregunta “¿Por qué no coge el teléfono a las 19.10? ”, una llamada de su consellera, responde: “No sé si estaba andando o tenía el móvil en la mochila”

Cambio de versión. En una entrevista en El Español, el presidente dijo que salió del restaurante a la vez que su acompañante, sobre las 18.45. Y añade: “Yo iba haciendo llamadas, iba consultando la web del servicio de emergencias cuando no estaba haciendo las llamadas”.

“No es el presidente de una comunidad el que tiene que dar instrucciones operativas, instrucciones de emergencia, instrucciones de gestión o dar órdenes en ese sentido. No está planteado así en el plan de emergencias, no está planteado así en la normativa”

Imprecisión. El “mando único” corresponde a la persona titular de Justicia e Interior, competente en emergencias. Sin embargo, tal como indica un artículo incorporado en 2020 a la ley de emergencias, en una situación catastrófica, el 'president' puede asumir el “mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana”.

“Aemet nos decía que a las 18 horas acababa la tormenta y se iba a la serranía de Cuenca”

Falso. A las 12.00 horas, la Aemet llamó a Emergencias de la Generalitat para advertirle de que lo peor llegaría entre las 15.00 y las 18 horas. En esa llamada, cuyo audio se filtró manipulado y el propio Mazón difundió en sus redes, asunto que investiga la Justicia, en ningún momento se habla de que la tormenta se va a ir a las 18.00 horas a la serranía de Cuenca. Los avisos de la Aemet tienen un periodo de vigencia, pero no significa que finalizado ese periodo finalice la emergencia, sino que se hace una valoración y se mantiene, se eleva o se rebaja el nivel de riesgo. De hecho, el aviso rojo se prorrogó más allá de las 18 horas.

“En el 'Cecopi' hay una gestión compartida” y “El Cecopi funciona como un todo”

Falso. El Cecopi es un órgano de coordinación. Los representantes de las agencias o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informan de las decisiones tomadas o de la situación. El Cecopi tiene un mando único que corresponde a la Administración autonómica en un nivel 2 de emergencias. El Cecopi está formado por una veintena de instituciones que participan en la respuesta a la emergencia, incluyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El propio (ya ex) vicepresidente de la Generalitat para le reconstrucción reconoció en una intervención: el Cecopi “tiene dos codirectores y un mando único, y un codirector es corresponsable”. “Eso no significa un órgano colegiado, no significa colegiada la decisión: la decisión al final es única. Lo que pasa es que hay dos personas que tienen la misma capacidad para dar informes, exigir responsabilidades... y una que finalmente tomó la decisión”.

“Si Aemet dice que van a llover 180 litros y acaban lloviendo 800, si la Aemet no fue capaz de prever que se batieron todos los records no se puede dimensionar la respuesta, no es lo mismo para una previsión y para la otra”

Falso. El nivel rojo que activó la Aemet es el más alto e implica una previsión de acumulaciones de agua por lluvia de, al menos, 90 litros por metro cuadrado en una hora o un mínimo de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Esto implica que “el peligro es extraordinario”. El día de la dana se advirtió de que esos 180 litros se podían acumular en 3 horas. Con ese nivel rojo activado desde las 7.36 horas, el Cecopi no se reunió hasta las 17.00 horas y el primer Es-Alert no se envió hasta las 20.11 horas. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, afirmó, en una entrevista con elDiario.es, que es imposible predecir la cantidad exacta de agua que va a caer en un punto concreto.

“No me cambié de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. En invierno si tengo frío me pongo un jersey, suelo llevarlo”

Imprecisión. Mazón se quitó la corbata y la chaqueta, según Maribel Vilaplana en El Ventorro, y se puso un jersey amarillo (un cambio de ropa en toda regla). Se desconoce lo que hizo con la ropa que se quitó. Por cierto, cabe recordar que el 29 de octubre no es invierno, es otoño.

Mazón dice que el 29 de octubre de 2024 no se legalizó construir en la costa. Interpelado por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que ha afirmado esta cuestión, Mazón ha dicho que es “falso” y ha reprochado el tono.

Imprecisión. En la mañana de la dana, en plena alerta roja, las Corts valencianes aprobaron en una comisión, con los votos de PP y Vox, una enmienda al Plan Simplifica para modificar la ley de protección del territorio y rebajar la limitación de 500 a 100 metros para construir usos terciarios hoteleros. La aprobación definitiva llegó semanas después en el Pleno de las Corts.

“No hubo conocimiento de las primera pérdidas hasta bien entrada la madrugada”, concretamente apunta después que no se sabía hasta las cinco de la madrugada.

Falso. El propio Mazón en su comparecencia pública a las 0.30 horas, ya advierte de que se han encontrado “cuerpos sin vida”.

“Durante 2 horas y media no hubo la mínima noticia sobre el aumento de caudales”.

Falso. Esta idea ha sido repetida de manera constante por el PP valenciano.  A las 16.37 y a las 16.50 se enviaron dos mails a Protección Civil de la Comunitat Valenciana dando la alarma por fuertes lluvias en Chiva, en la cabecera del barranco del Poyo. La CHJ remitió a Emergencias de la Generalitat 194 correos con alertas enviados a Protección Civil de la Generalitat, de los cuales 62 se remitieron en las horas en las que Mazón estaba de comida en El Ventorro. Se trata de correos que se remiten del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación cuando se superan determinados umbrales en caudales y en pluviómetros.

[Preguntado por si Sánchez paralizó las obras hidráulicas porque eran incompatibles con la Ley de la Huerta] “Por la maldita ley de la huerta y el Consell de la Huerta que perseguía a los agricultores. El propio Compromís llegó a plantearse urbanizar el Turia que salvó vidas”.

Falso. Como han afirmado varios expertos y el mismo vicepresidente para la Reconstrucción, Francisco José Gan-Pampols, las obras de encauzamiento del barranco de la Saleta y del Poyo se aprueban con declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a principios de 2011, aún con Zapatero (PSOE) en el Gobierno. Sin embargo, con la llegada de Rajoy (PP), en medio de una gravísima crisis económica, “las inversiones en infraestructuras hidráulicas cayeron un 75%”, por lo que no se ejecutaron las obras y en 2017 caducó la DIA. Esto obligó a iniciar de nuevo los trámites ambientales y a actualizar los proyectos. Como explicó uno de sus ingenieros, Ramiro Martínez Costa, la obra hubiera reducido en un 30% los daños materiales, pero las pérdidas humanas tienen que ver con las medidas de prevención. Martínez también descartó que la Ley de l'Horta haya bloqueado la actuación. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Javier Machi Felici, y el exdecano de la misma entidad, Federico Bonet, descartaron en la primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación de las Corts que la Ley de la Huerta impidiera la ejecución de las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo y la Saleta y recordaron que los proyectos, con declaración de impacto ambiental favorable y en vigor entre en el mandato de Rajoy, no se realizaron por falta de voluntad. En cuanto al proyecto del nuevo cauce, Joan Ribó propuso recuperar un caudal ecológico mediante un proceso de renaturalización. La CHJ lo considera viable, aunque sin posibilidad de acceso ciudadano, como se había ideado inicialmente, salvo en casos de alertas hidrológicas.

“Las únicas obras hidráulicas de todos los últimos años que se le recuerdan a la CHJ son 8,8 millones para su propia sede”.

Falso. La CHJ lleva invertidos desde la dana 220 millones de euros en obras de emergencia y, en total, se van a destinar 1.200 millones de euros para reforzar la resiliencia frente a inundaciones y mejorar la gestión del agua en la Comunitat Valenciana.

“Con muchas horas y días de antelación si hubiéramos tenido el mismo sistema de alerta temprana del Ebro se podían haber salvado vidas. Eso junto con las obras es lo que más hubiera ayudado a mitigar”.

Imprecisión. El Sistema de Alerta Temprana se encuentra ya en fase de pruebas en lo que a datos pluviométricos se refiere y se han invertido ya mediante contratos de emergencias 700.000 euros. Sin embargo, este sistema es más apropiado para ríos, cuyas crecidas son lentas y progresivas, y menos para barrancos, cuyas crecidas son extremadamente rápidas. Por este motivo, aun con su instalación, se deberá contrastar la información con el envío de los bomberos forestales a las zonas con alertas hidrológicas activadas (como lo fue el 29 de octubre el barranco del Poyo) porque el sistema no predice las avenidas, sino que las detecta. Según la CHJ, ni el sistema más avanzado es capaz de salvar vidas por sí solo si los responsables de Emergencias de la Generalitat no interpretan los datos correctamente y toman las medidas de prevención de forma ágil y adecuada, como administración competente en materia de Protección Civil.

En su intervención, el diputado del PP César Sánchez reitera uno de los bulos que agitó Mazón en su comparecencia en las Comisión de las Corts: que el ejército tardó 96 horas en llegar y además ha añadido que Marlaska rechazó la ayuda del ministro francés, que ofreció efectivos de bomberos que no fueron recepcionados por el Gobierno de España.

Ambas afirmaciones son falsas. Mientras Mazón estaba en El Ventorro, la UME comenzó un despliegue que ese día alcanzaría los 1.100 soldados. A ellos se sumaron durante los siguientes días 6.700 militares más. Si hubo retraso en la ayuda durante la primera semana fue por la magnitud de la tragedia y porque la mayoría de las carreteras estaban cortadas. No porque el Gobierno estuviera de sobremesa o se negara a ayudar. Pero siempre hubo presencia del ejército durante y después de la dana. La UME se desplegó a las 15.00 horas en Utiel el día de la dana, como el propio Mazón ha reconocido este lunes, y a las 20.30 horas estaba actuando en el resto de zonas. Así permaneció durante meses. En cuanto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, el 1 de noviembre de 2024, en una comparecencia con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el propio Mazón agradeció públicamente la incorporación de efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y explicó que conforme se veían las necesidades sobre el terreno, se iban reclamando dotaciones: “Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500, quiero agradecer la predisposición, conforme se reclaman vienen”, dijo. En cuanto al rechazo a los bomberos franceses, fue el jefe de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, José Miguel Basset, actualmente jubilado y pendiente de fecha para declarar como testigo, el que rechazó los ofrecimientos por falta de capacidad operativa, como él mismo explicó en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia y como recoge el informe sobre medios desplegados del mismo organismo.

“Una cosa es el barranco del Poyo por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana de 0 a 200 metros cúbicos. A la tarde hasta las 19.00 horas no se informó que había llegado a 1.600. Incumplió su propio protocolo, tenía la obligación de avisar a partir de 150 metros cúbicos”.

Imprecisión. El sensor de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió una alerta a las 12 horas por la superación del umbral en el barranco del Poyo. En ese momento, remite un correo automático a Emergencias de la Generalitat, motivo por el que se activa la alerta hidrológica de las 12.20 horas en la cuenca del Poyo. A partir de ese momento, el Plan de Inundaciones establece que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat debe hacerse cargo del control del caudal con el envío de bomberos forestales y agentes ambientales. Por este motivo, se envió una unidad de bomberos a medir el caudal que inexplicablemente, recibió la orden de retirada a las 15.00 horas. Mientras tanto, la CHJ siguió mandado avisos de pluviometría por las abundantes lluvias en la cabecera del barranco, unas lluvias que fueron las que alimentaron el barranco. Y a las 18.45 horas (no a las 19.00 horas) la CHJ volvió a mandar un aviso por el aumento notable del caudal del barranco del Poyo, hasta los 1.600 metros cúbicos, momento en el la riada arrasó el sensor. Desde el momento en el que se declara la alerta hidrológica, el CCE debe conectarse a la web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que se actualiza en tiempo real para hacer seguimiento de las lluvias y los caudales que tiene monitorizados.

La opción de que el secretario general del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida del president, Carlos Mazón, cuenta con respaldo “total” de las direcciones provinciales de los populares valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Los acontecimientos de las últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y, especialmente, lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón, han provocado movimientos en las filas del PP.

Uno de ellos es la propuesta de que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como hombre “de consenso” del PPCV ante un posible relevo de Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según explicaron fuentes de la formación en la Comunitat Valenciana, el viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--. Del encuentro habría salido como nombre “de consenso” el de Vicent Mompó, según estas fuentes, que apuntan que esta posición se ha trasladado a la dirección nacional.

Estas mismas fuentes -que señalan que Mazón estaría “alineado” con la decisión de los presidentes provinciales y que solo él sabe cuál será su futuro- ven con muy buenos ojos que Pérez Llorca, que, a diferencia de Mompó, es diputado autonómico (de hecho, es el síndic del grupo parlamentario) se ponga al frente del gobierno de manera transitoria, como vía lógica para llevar a cabo esta hoja de ruta para la transición.

Sin embargo, la dirección nacional del PP ha optado por guardar silencio hasta el momento sobre el futuro político del president de la Generalitat y el paso del PPCV proponiendo a Mompó como sucesor.

Catalá y las quinielas

Algunas fuentes consultadas por Europa Press sostienen que Mompó “seguramente” no es el candidato que había pensando Génova como posible relevo de Mazón. En los últimos meses el nombre que aparecía en las quinielas era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También hay dudas sobre si este paso ha “sentado bien” en el cuartel general del PP en Madrid.

Por lo pronto, la cúpula del PP que preside Alberto Núñez Feijóo guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la propuesta de Mompó como sucesor. “Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene”, aseguraba este sábado a Europa Press un dirigente valenciano.

Comité ejcutivo nacional del PP

En este contexto, este lunes, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

En los últimos días, cada vez más voces han defendido en privado que “al menos” anuncie que no repetirá como candidato de PP en las próximas elecciones autonómicas, según fuentes de la formación.

Carlos Mazón se encuentra en Alicante reflexionando con su entorno sobre su futuro. El objetivo, tomar una decisión sobre qué hacer: si renuncia y convoca elecciones o si continua como president sin repetir como candidato en los siguientes comicios.

El Partido Popular (y quien dice el PP quiere decir Alberto Núñez Feijóo) se debate entre forzar a un desgastadísimo (por la gestión de la dana) Carlos Mazón a dimitir y disolver las Corts, lo que llevaría a un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, o permitir que aguante hasta final de legislatura con la condición de que no va a repetir como candidato a la Generalitat. Es decir, Génova debe elegir entre susto o muerte.

Ninguna de las dos alternativas es especialmente halagüeña para los populares, muy desgastados por una nefasta gestión del temporal por parte del Gobierno autonómico. La actuación del jefe del Consell el día de la tragedia está marcada por la comida de más de tres horas y media en el restaurante El Ventorro entre Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, que este lunes debe declarar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, mientras gran parte de la provincia de Valencia era arrasada por un temporal que inundó varias comarcas a causa de los desbordamientos del barranco del Poyo y el río Magro.

Un adelanto electoral, la opción que parece menos probable, obligaría a los populares a encontrar un candidato de urgencia que se tendría que enfrentar a una izquierda muy movilizada gracias a los errores cometidos en su día y a los continuos bulos y cambios de versión que se producen prácticamente cada día y que no hacen otra cosa que afianzar la sensación mayoritaria de que la actuación del Gobierno valenciano -con la dirección de la entonces consellera de Interior Salomé Pradas in absentia del president- fue, cuanto menos, manifiestamente mejorable. Y a una izquierda indignada y preparada para la contienda hay que añadir a Vox, que mantiene a Mazón en el cargo -no olvidemos que si el president sigue en el Palau es, básicamente, porque la ultraderecha lo permite- porque cada día que pasa con el expresidente de la Diputación de Alicante al mando, la formación que preside Santiago Abascal le roba más votos de cara esos futuros comicios.

En cuanto a la segunda alternativa, que Mazón anuncie que agota la legislatura, pero que no repite como candidato a la presidencia de la Generalitat, tampoco parece que sea muy esperanzadora para los conservadores. La situación del jefe del Consell es muy complicada, con un cuestionamiento cada vez más evidente dentro de su partido, y seguiría siendo la cara visible de los populares durante el próximo año y medio. Seguiría siendo increpado y recibido entre gritos e insultos en cada acto que protagonizara. Y, encima, la persona llamada a ser su relevo como candidato se tendría que convertir en líder del partido en un congreso regional y debería compartir protagonismo con un Mazón que seguiría siendo el president, a pesar de que nadie le querría ver allí.

El funeral de Estado, punto de inflexión

Todo cambió para Carlos Mazón el pasado miércoles, cuando se celebró en València el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 (229 fallecidos en la provincia de Valencia, siete en la localidad manchega de Letur y una en Andalucía). Durante todo el acto, en el que participaron los reyes Felipe VI y Leticia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio al jefe del Consell aislado, sin tener prácticamente contacto con nadie, mientras los monarcas y Sánchez departían con los familiares de las víctimas. Además, Mazón fue objeto de gritos e insultos de unas víctimas indignadas con su presencia en el homenaje; y todo ello, en presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien tampoco se le vio mucha proximidad con el dirigente popular valenciano.

Y visto que Mazón huele a cadáver (político), en el PP valenciano no han tardado en maniobrar para posicionarse de cara a una previsible sucesión. El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gabarda, Vicente Mompó, ha sido el primero en sacar la cabeza. El pasado viernes, en una cena que tuvo lugar en Benidorm y en la que también participaron los presidentes de las diputaciones provinciales de Alicante, Toni Pérez, y Castellón, Marta Barrachina, así como el secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, los tres barones provinciales y el secretario general consensuaron el nombre de Mompó como futuro candidato a la Generalitat y a dirigir el partido.

Sin embargo, en Génova no parece que vean con tan buenos ojos la candidatura del presidente de la Diputación de Valencia a encabezar el futuro del PPCV, ya que habría que ir a un adelanto electoral al no ser parlamentario autonómico. A finales de 2024, cuando también se especuló con una salida de Mazón, el nombre que surgió a la palestra para relevarle fue el del propio Pérez Llorca, diputado autonómico; esta circunstancia facilitaría un traspaso de funciones, ya que podría optar a la elección como president en las Corts, siempre y cuando Vox decidiera respaldar esta candidatura. El otro nombre que siempre ha sobrevolado ha sido el de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien también es diputada autonómica. Catalá, exconsellera de Educación y Cultura con Alberto Fabra, es primera edil de un municipio afectado directamente por la dana, sin embargo, su gestión no ha sufrido el desgaste que sí que está viviendo Mazón. Y encima, en este último año ha optado por un perfil bajo, apoyando en todo momento al president, pero sin destacar.

El factor Camps

Por si fuera poco, en el Partido Popular tienen un elefante en la habitación: Francisco Camps. El expresident y exdirigente del PPCV, imputado por corrupción en múltiples causas y en todas ellas ha sido exonerado, no ha escondido en ningún momento su intención de volver a encabezar el partido en la Comunitat Valenciana, y tal vez algo más. Camps ha protagonizado en los últimos meses numerosos actos con militantes -el próximo está previsto para el 4 de diciembre en València- y no para de exigir la celebración de un congreso regional del partido en el que pretende postularse como presidente.

Aunque nadie cree que Camps tenga futuro al frente del partido, lo que es cierto es que la inacción de Génova, que no acaba de forzar un cambio de rumbo en el PPCV (Feijóo siempre se ha mostrado más partidario del laissez faire, laissez passer), da alas a un Francisco Camps que sí que cree en sí mismo. Y si la alternativa es Mazón... Aunque, ahora sí, parece que la alternativa no será el actual jefe del Consell.

“Desde que llueve de forma torrencial en Turís o Chiva, el agua tarda tres horas en llegar a Paiporta”. Esta frase es de Victòria Rosselló, jefa de Meteorología de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, publicada en el libro '29-O. Las horas del caos', del periodista Sergi Pitarch, director de la edición valenciana de elDiario.es; Rosselló, quien también explica que “todo el mundo” puede saber lo que está lloviendo en tiempo real y que a primera hora de la tarde “cualquiera que tuviera los datos sabía que venía una riada hacia l'Horta Sud”, ha relatado en diversas ocasiones cuáles eran las previsiones para ese fatídico 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la fatídica dana que provocó la muerte de 229 personas en la provincia de València.

Pues bien, Rosselló es una de los 29 profesionales afectados por la amortización de plazas contemplada en la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) del ente público valenciano, tal y como ha desvelado el sindicato CCOO. Otra de las decisiones de la empresa es el despido de seis de los doce lingüistas con los que cuenta À Punt.

La Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. (CACVSA), la empresa gestora de À Punt, según denuncia el sindicato, “ha mostrado mucha urgencia” a la hora de amortizar algunas plazas de su plantilla “y crear otras”. Esta actitud, alerta CCOO, les ha llevado a la convocatoria de movilizaciones, ya que no estaban dispuestos a que “se amortizara ninguna plaza que estuviera actualmente ocupada”.

La empresa les comunicó, según explican, que era necesario crear nuevos puestos de trabajo manteniendo la masa salarial, lo que hacía necesaria la amortización de plazas: “Actualmente, hay plazas de las pasadas RPT que no están cubiertas” sobre las que el sindicato se ha mostrado “abierto a negociar” para reconvertirlas en otras. Sin embargo, insisten, la CACVSA propuso “el despido de compañeros, una postura ante la que los sindicatos nos hemos opuesto frontalmente”.

Para CCOO este cambio, “forzado y deprisa y corriendo”, no tiene ningún sentido: “Se hace sin ningún plan estratégico que justifique los cambios y sin que esté el contrato programa aprobado”. No obstante, mantienen la esperanza de poder paralizar “este disparate” cuando llegue a Función Pública de la Generalitat Valenciana.

CCOO anuncia movilizaciones para intentar paralizar estos despidos, “es la gota que colma el vaso; hay que plantarse ante estos movimientos de plantilla que, en algunos casos, apuntan directamente a motivos ideológicos, como es el caso de los lingüistas, una de las categorías más perjudicadas”. De momento, los trabajadores comenzarán de forma inmediata con los “viernes negros”, con concentraciones a las puertas de À Punt de trabajadores del ente público vestidos de negro, unas protestas que estudian ampliar con futuras movilizaciones y acciones masivas.

Los despidos afectan, además de a la jefa de Meteorología y a los seis lingüistas (dos técnicos y cuatro asesores), al jefe de servicio de innovación y nuevos formatos, el jefe de servicio de programas, el subdirector de programación, tres auxiliares administrativos, el subdirector de informativos, dos editores web, el técnico en gestión web, una redactora en Barcelona, el jefe de la unidad de estilo y recursos lingüísticos, el jefe del gabinete técnico, la jefatura de la secretaría de presidencia, la jefatura de la secretaría, un auxiliar administrativo de presidencia, un analista programador, un ingeniero en telecomunicaciones, un desarrollador/integrador, la subdirección de protección social y dos jefes de edición de deportes.

Por el contrario, las nuevas 31 plazas que se crean son las de: subdirección de análisis y gestión, jefatura de recursos y programas, ocho periodistas redactores, dos operadores de cámara montadores, siete operadores de equipos, un operador de sonido, un meteorólogo, un técnico jurídico, un técnico de recursos humanos, dos administrativos, dos técnicos de gestión administrativa, un técnico de gabinete, la dirección de la radio y la jefatura de sección técnica de la radio.

“No se contempla despedir a nadie” en Meteorología

Puestos en contacto con À Punt, desde el ente público han confirmado a elDiario.es que la RPT “no contempla despedir a nadie”. “Nunca se ha planteado que Victòria Rosselló no siga como meteoróloga en À Punt”. En caso de ser aprobada esta relación de puestos de trabajo, explican que la actual jefa de meteorología “se quedaría como meteoróloga de base igual que sus compañeros y se añadiría una nueva plaza de meteorólogo”.

Por lo que respecta a los lingüistas, sostienen que se modifican sus funciones para “dimensionar correctamente el departamento”, que creen que está “sobredimensionado” y que tiene funciones atribuidas “que no debían realizarse”. En este sentido, insisten en que los periodistas redactores y deportivos precisan de un C1 de valenciano como requisito para estar en À Punt, “y muchos de ellos tienen un C2, lo que significa que en muchos casos no es necesaria la supervisión exhaustiva de un lingüista para determinadas funciones de redacción en valenciano”.  

Los asesores lingüistas, añaden, deben establecer criterios de estilo y terminología, resolver dudas puntuales y supervisar con estratégicos o institucionales: “No deben asumir la corrección sistemática de textos periodísticos, ya que eso desvirtúa su función técnica y estratégica generando una dependencia innecesaria”. La corrección sistemática por parte de asesores lingüistas “retrasa los flujos de producción desviando recursos especializados hacia funciones básicas que deben estar resueltas por el redactor”. Con esta modificación, prosiguen, “se optimiza del trabajo de los asesores lingüistas, centrado en tareas de mayor valor añadido”.

“Tenemos doce lingüistas ahora mismo y proponemos reducirlos a seis para adecuarlo a las necesidades reales del servicio”, matizan, y prosiguen: “Haciendo una comparativa con otras televisiones autonómicas con lengua propia, con los seis lingüistas que proponemos tendríamos los mismos que TVGalicia, o dos más que IB3 (cuatro), y prácticamente la misma proporción que TVCAT”.

En TV3, indican que son 2.700 trabajadores y tienen 30 lingüistas, “la proporción es de un lingüista por cada noventa trabajadores; en À Punt la proporción es de un lingüista por cada 83 trabajadores (somos 500 trabajadores en À Punt Radiotelevisión Valenciana) al quedarnos con seis lingüistas”. Estos lingüistas serían exclusivamente para Informativos y programas Informativos, ya que los programas de producción externa “tienen un lingüista, por lo que el trabajo que presentan obedecen a estándares correctos en lengua valenciana”.

Dirección de la radio

Por lo que respecta a la creación del puesto de director de radio, la empresa subraya que responde a la necesidad de “dotar a la estructura organizativa de À Punt de un liderazgo específico para la gestión integral del área radiofónica”. Así, matizan que este puesto permitirá “definir la estrategia editorial y de programación de la radio pública, alineada con los valores de servicio público y la normativa vigente; coordinar equipos y recursos para garantizar la calidad, diversidad y proximidad de los contenidos radiofónicos; impulsar la innovación y la digitalización en el ámbito radiofónico, adaptando la oferta a nuevos formatos y plataformas; y asegurar la coherencia entre la radio y el resto de áreas (televisión y digital), favoreciendo sinergias y optimización de recursos”.

La radio, manifiestan desde la corporación, “es un medio con identidad propia que requiere una persona dedicada exclusivamente a su gestión”. “Su importancia en la comunicación pública, su capacidad para llegar a audiencias diversas y su papel en situaciones de emergencia justifican la existencia de un liderazgo específico que no puede depender de estructuras compartidas con otros medios”, reseñan, para añadir que, con esta incorporación, À Punt “podrá consolidar su identidad sonora, ampliar su alcance y cumplir de forma más completa los objetivos de servicio público recogidos en la Ley del Sector Audiovisual Valenciano”.

La creación del puesto de director de radio “es una medida estratégica para garantizar que la radio pública valenciana disponga de la estructura y el liderazgo necesarios para desarrollar todo su potencial comunicativo”.

Con la nueva RPT se busca “agilidad, flexibilidad y dinamismo”

La Ley 2/2024, de 27 de junio por el que se crea la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana establece que el Consejo de Administración “aprobará en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo”. Con esta nueva RPT se busca “agilidad de los procesos implementando mayor flexibilidad y dinamismo a la hora de la toma de decisiones, mejor comunicación vertical en cada uno de los departamentos y aumento de la funcionalidad de los puestos”.

Por ello, explican que la nueva relación de puestos de trabajo es “fruto de una reestructuración empresarial con una adecuación de la plantilla a las necesidades reales que tiene el servicio de radiotelevisión pública en 2025; se amortizan 29 plazas y se crean 31, por tanto se crean más que se amortizan”.

La RPT es de 2017 y ahora, añaden, “hay otra realidad a la que hacer frente; necesitamos más periodistas más cámaras y operadores técnicos para cubrir todas las ventanas de televisión y ser más competitivos”. La masa salarial no se incrementa, “por ello se amortizan puestos de trabajo de otras categorías, pero no se despiden personas nominales”.

La RPT “está redactada desde antes de verano y no tiene puesto el foco en personas, sino en puestos determinados”, reseñan desde la empresa, y concluyen: “Hay que tener en cuenta que muchos puestos que se eliminan obedecen a estructura intermedia, no son puestos de base”.

A menos de 48 horas de que la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro de València el día de la dana, Maribel Vilaplana, declare ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión del Gobierno valenciano de una tragedia que provocó 229 muertes se ha conocido un nuevo detalle que deja todavía más en evidencia el papel del todavía president de la Generalitat en aquella fatídica jornada.

Según ha publicado el diario Levante-EMV, Vilaplana le mostró al jefe del Consell alrededor de las 17.40 horas, una hora antes de que Mazón y la periodista dieran por concluido su ágape, un vídeo recibido por WhatsApp por la comunicadora en la que se podían comprobar las inundaciones en la localidad valenciana de Utiel. Según ha podido contrastar elDiario.es con el entorno de la comunicadora, ésta recibió un tuit sobre la situación que estaba viviendo en este municipio, sin embargo, aseguran que en ningún caso le mostró nada a Mazón, con quien compartía la sobremesa.

En el tuit, una publicación de À Punt que se reproduce a continuación, se habla del desbordamiento del río Magro a su paso por Utiel, se recogen las declaraciones del alcalde de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, diciendo en las noticias de medio día que la situación es “crítica” y que no recordaba haber visto nunca “nada igual” y aparecen imágenes del agua corriendo por las calles de la localidad e inundando bajos.

Alrededor de esa hora, el jefe del Consell había hablado por teléfono con la entonces consellera de Interior y responsable de las emergencias, Salomé Pradas, quien había intentado contactar con Mazón con anterioridad sin éxito. Recordemos que el Centro de Coordinación Operativa Integrado estaba reunido desde las 17 horas, aunque el mensaje de alerta a los móviles no se lanzaría hasta las 20.11 horas, cuando media provincia estaba ya inundada por los desbordamientos del Magro y el barranco del Poyo.

NOTA.- Aunque en una primera versión se daba por hecho lo relatado por el diario Levante-EMV, la noticia ha sido actualizada tras contactar con el entorno de la periodista valenciana