Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria y la patronal Asaja han alcanzado este miércoles un preacuerdo para la firma del convenio colectivo del campo de la provincia de Ciudad Real, que incluye una subida salarial del 7,5 % para los años 2025 y 2026 y la reducción de la jornada laboral hasta las 1.784 horas anuales.

De esta forma se pone fin a más de un año de “difíciles negociaciones”, han señalado ambos sindicatos en un comunicado, en el que han precisado que la firma definitiva del convenio colectivo del campo de Ciudad Real -que afecta a alrededor de 15.000 trabajadores- tendrá lugar el próximo 21 de abril.

UGT FICA y CCOO Industria han valorado el avance que representa el preacuerdo, sobre todo en lo que supone para la mejora de los salarios, ya que en muchos casos las retribuciones estaban por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y, de esta manera, ninguna categoría cobrará menos del SMI.

Asimismo, han indicado que, si bien se trata de un convenio en el que siguen teniendo cabida muchas demandas y reivindicaciones, “lo firmado es un paso más en la dignificación de las condiciones laborales”.

Ambos sindicatos han confiado en que, “después meses de bloqueo por parte de la patronal”, el acuerdo de hoy inaugure una nueva etapa en las relaciones laborales en el sector y en el reconocimiento de la labor que desarrollan los trabajadores del campo de Ciudad Real. EFE

ASAJA alerta de la falta de mano de obra

Por su parte, ASAJA de Ciudad Real han señalado que “este ajuste, en la práctica, no supondrá un impacto ni para empleadores ni para trabajadores, ya que en el sector agrario se está pagando por encima del Salario Mínimo Profesional”. En este sentido, han subrayado que “lo que se ha hecho es trasladar a las tablas salariales una parte del complemento de convenio que ya percibían los trabajadores”.

La organización ha advertido de que el sector atraviesa un momento complicado debido al “incremento imparable de los costes de producción, entre ellos los laborales, que están poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias”.

Sobre la reducción de la jornada laboral, han explicado que “la actividad agraria presenta una marcada estacionalidad y una distribución irregular de las cargas de trabajo, con periodos de elevada intensidad, como las campañas de recolección o las parideras en el ámbito ganadero, y otros momentos del año en los que las necesidades laborales son significativamente menores”.

En este contexto, ASAJA Ciudad Real ha señalado que el principal problema al que se enfrenta actualmente el campo es la falta de mano de obra. “Nos encontramos ante una situación de enorme calado: la creciente dificultad para encontrar personas dispuestas a incorporarse al trabajo agrario”. Igualmente, han lamentado que esta problemática “lejos de corregirse, se está intensificando como consecuencia de la ausencia de medidas eficaces y de la consolidación de un enfoque económico en el que prevalece el peso de las prestaciones y subsidios, en detrimento de la necesaria revalorización del trabajo y de todo lo que implica el acceso y desempeño de un empleo”.

Desde ASAJA Ciudad Real insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la disponibilidad de mano de obra en el campo y asegurar así la continuidad de la actividad agraria, fundamental para la economía y el desarrollo del medio rural.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, Román García, han participado este viernes en un evento con agricultores, empresas del sector y de trabajo temporal para informar sobre las condiciones de contratación de los temporeros y así “dar garantía y seguridad jurídica” tanto a trabajadores, la mayoría migrantes, como a los agricultores que les dan empleo durante la campaña agrícola, que comienza ahora y se prolongará hasta el mes de octubre.

En un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que ha clausurado la subdelegada, Noelia Herrero, Beltrán ha indicado a los medios de comunicación que Aragón es “una de las regiones productoras más importantes de Europa, por ejemplo en fruta de hueso” y que el sector agroalimentario representa el 10% de la economía de la Comunidad Autónoma.

Durante la próxima campaña agrícola trabajarán entre 20.000 y 25.000 personas, “de manera que es un movimiento económico importantísimo, con un fortísimo impacto en el territorio, sobre todo en las áreas despobladas”.

Uno de los aspectos a abordar es “la prevención de la trata, que en algunos casos existe”, ha continuado Beltrán, recordando que “en Aragón se han hecho intervenciones policiales al respecto” para erradicar “condiciones laborales cercanas a la esclavitud” y que constituyen casos de explotación laboral. Ha explicado que la Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla van experimentando mejoras “paulatinamente” para “facilitar la integración de las personas migrantes en el mundo laboral”.

“Esta integración en el mundo laboral es una demanda que venimos escuchando del mundo empresarial y sindical, con lo cual ese reglamento de extranjería trata de acortar los plazos” mediante la simplificación administrativa, trabajando de la mano la Unidad de Extranjería que depende de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “Tenemos a todas las Administraciones implicadas, también a la Inspección de Trabajo, que se ocupa 'in situ' de velar porque esas condiciones se desarrollen con normalidad”.

Los migrantes representan, aproximadamente, el 15% de los trabajadores activos en Aragón, ha indicado el delegado del Gobierno, recordando que pronto se iniciará un proceso de regularización masiva, que se ha explicado en el evento: “Va a suponer un beneficio económico y social para nuestro territorio”.

En otro orden de cosas, Beltrán ha recordado que la prevención de riesgos laborales “es una obligación” y tiene que estar presente “en todas las empresas”.

Fernando Beltrán ha negado que la regularización de migrantes guarde relación con el terrorismo islámico: “Nada más lejos de la realidad”. Ha rechazado estos “bulos”.

El Gobierno de España “sigue trabajando por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por el mundo rural, por mejorar las condiciones de los empresarios” mientras “el Gobierno de Aragón no comparece, no sabemos absolutamente nada de su posicionamiento ni de los tipos de problemática que quiere resolver” y vive en “la parálisis”, ha lamentado Beltrán, recordando que la campaña agrícola atañe a todas las Administraciones públicas

Sobre la regularización masiva, el delegado ha indicado que, a falta del informe del Consejo de Estado, “se va a tener en cuenta a aquellas personas que ya están viviendo y trabajando con nosotros en el territorio español”, en alusión a “todos aquellos que puedan demostrar que han estado cinco meses antes del final del año pasado y todos los que solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre”.

“Las personas que sacan de paseo a nuestras personas mayores o que trabajan en residencias de ancianos, las personas que nos reparten la paquetería, que recogen la fruta, que están en los mataderos, son personas llamadas a ser regularizadas, ese es el perfil que se está buscando, porque ya están entre nosotros, ya viven con nosotros, ya están buscándose la vida y la demanda empresarial y sindical los requiere; ya que los tenemos aquí, ya que tienen ganas de trabajar, ya que conocen los sectores, vamos a por ellos”.

Responsabilidades laborales

Román García ha explicado a empresarios y sindicatos “las obligaciones fundamentales” en materia de extranjería “y sobre todo las responsabilidades”, comentando que “no hay ninguna novedad” al respecto.

García ha asegurado que el proceso de regularización que ahora comienza “es una oportunidad, no un problema” y puede beneficiar a los empresarios, que pueden recurrir a a las personas que ya están documentadas o que están “en proceso” de llevarlo a cabo.

En cuanto a la inspecciones de trabajo, ha explicado el director territorial, el 90% de los supuestos de incumplimiento que encuentran los inspectores de trabajo afectan a personas que “están sin autorización de ningún tipo para trabajar”. En el último año se ha detectado en el conjunto de sectores a 900 personas sin autorización para trabajar, sumando más de 9 millones de euros en sanciones administrativas. En el caso concreto de la agricultura y las campañas agrícolas son 101 sanciones que han supuesto más de un millón de euros.

“No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular porque las consecuencias son muy importantes” respecto a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y por los accidentes, recalcando que “cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España”.

Las sanciones de la Inspección de Trabajo van desde los 10.000 a los 225.000 euros “por cada uno de ellos” y si se ocupa un número determinado de trabajadores en situación irregular puede constituir delito. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social trabaja en este ámbito junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para “detectar estas acciones y atajarlas”, ha concluido Román García.

Más de 14.000 mujeres, principalmente magrebíes –aunque también subsaharianas, rumanas, búlgaras o latinoamericanas–, se trasladan cada año a Huelva, donde se cultivan más del 80% de las fresas españolas, para trabajar en la campaña anual de recogida. Este macronegocio generó 657 millones de euros solo en el primer semestre de 2025.

El sector se sostiene mayoritariamente por estas mujeres, quienes hoy en día son en su mayoría extranjeras. Hasta hace pocos años, este trabajo era realizado principalmente por jornaleros y jornaleras españoles, pero la precarización del sector ha llevado a que muchos trabajadores locales opten por otros empleos y a que los empresarios dependan cada vez más de la mano de obra migrada.

A través del ensayo visual y documental, el reciente filme Strawberry Fields, dirigido por Julia Montilla, explora la situación de las mujeres temporeras y reflexiona sobre los problemas derivados de la agricultura intensiva, como la explotación de los trabajadores o los daños medioambientales.

El documental, que se ha presentado este viernes en Barcelona, ha ganado la 11a edición del Premio de Videocreación de la Generalitat de Catalunya y el Festival Loop. La producción corre a cargo de los ocho Centros Territoriales de Artes Visuales de Catalunya, Santa Mònica, el Departamento de Cultura de la Generalitat y Loop Barcelona.

La obra también plantea una crítica al urbanocentrismo y a las desigualdades existentes entre el mundo urbano y el rural, partiendo de la idea que la historia actual “la suelen escribir las personas que viven en las grandes ciudades”, subraya la directora. El título, que remite a la canción de los Beatles, alude a la percepción distorsionada de la realidad, planteando que “la vida es más sencilla si cerramos los ojos”, tal como cantaba Lennon. No obstante, la película sugiere que la mirada “es un acto político”, cuestionando la “invisibilidad de las jornaleras”.

A lo largo de los años, varias organizaciones han reportado numerosas situaciones de abuso, precariedad e incluso acoso sexual hacia estas trabajadoras temporales del sector de la fresa. La mayoría de las jornaleras son mujeres con hijos, ya que, según Montilla, “así se aseguran de que volverán a su país cuando acabe la temporada de recolección”. El hecho de que la inmensa mayoría de ellas sean mujeres, también recae en “la idea patriarcal de que son más delicadas y cuidadosas, algo relevante para la recolección de frutas como las fresas”.

El documental se centra, principalmente, en explicar la situación actual de las jornaleras extranjeras, aunque también incluye imágenes de archivo sobre temporeras españolas durante la revolución social, el franquismo y la Transición en municipios de Andalucía occidental. De hecho, Montilla destaca que los nuevos migrantes magrebíes, que empezaron a llegar a principios del siglo XXI, “aceptaron condiciones de trabajo que los españoles ya no querían tolerar y esto, en ocasiones, llegó a generar malestar y antipatías con ellos, en vez de con los propietarios, que eran quienes ofrecían este tipo de condiciones”.

Es cierto que el Ministerio de Trabajo cuenta, desde 2002, con el programa GECCO acordado con Marruecos. Este programa no establece un tipo de contrato propio, sino que fija un conjunto de requisitos y garantías para la contratación de temporeras. Por lo tanto, estas trabajadoras firman el contrato agrario general contemplado en la normativa española, y es sobre este contrato donde deberían aplicarse las garantías marcadas por la orden GECCO.

Entre ellas, por ejemplo, se encuentran ofrecer un alojamiento adecuado, organizar los desplazamientos hasta los invernaderos o asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales pactadas. A las jornaleras también se les exigen obligaciones como regresar a su país al finalizar la campaña o no desempeñar otras actividades laborales mientras dure su contratación.

Además, el Ministerio de Igualdad cuenta con una guía específica para la atención y asesoramiento de las trabajadoras migrantes en el contexto de la fresa y los frutos rojos. Allí se concretan los derechos de estas mujeres como trabajadoras y se explica qué deben hacer en caso de vulneraciones.

Sin embargo, Montilla destaca que varios testimonios que entrevistó para el documental aseveran que muchos de estos contratos no están bajo la normativa que establece la orden GECCO y que, por lo tanto, no siempre se garantizan los derechos de estas trabajadoras. El filme documenta casos de mujeres que, aunque tienen derecho a la seguridad social, no van al médico por la falta de medios de transporte, ya que viven en zonas aisladas del campo.

Incluso algunas temen no cobrar por la jornada si se ausentan. De hecho, una testimonio del reportaje explica que enfermó y no recibió la baja correspondiente. Por otro lado, muchos trabajadores viven en chabolas en condiciones insalubres y carecen de transporte adecuado para llegar a los invernaderos.

El documental cuenta todas estas historias a partir de voces de mujeres jornaleras y activistas del campo como Lucía Mbomio, Chadia Arab, Ana Pinto, Najat Bassit o Ana Cabana Iglesia. A través de metáforas visuales y fuentes documentales, Montilla invita a cuestionar un modelo agrícola que, en su opinión “niega derechos a quienes nos proporcionan productos básicos para nuestra alimentación”.

El pasado noviembre, la Inspección de Trabajo se presentó en una explotación agraria en Murcia donde había 15 temporeros trabajando. De repente, “once desaparecieron”, afirman fuentes conocedoras de las pesquisas. Los trabajadores abandonaron el lugar para no ser identificados y la empresa tampoco lo hizo a posteriori ante la autoridad laboral, una práctica que se considera una infracción muy grave por obstrucción a la labor de la Inspección, que ha sancionado a la compañía con una multa en su grado máximo de 140.000 euros.

La multa, que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros, es la segunda en cuestión de meses del mismo tipo en los campos de Murcia, donde abundan los trabajadores migrantes, en muchas ocasiones en contextos de explotación y mucha precariedad. El modus operandi es el siguiente: la Inspección visita una explotación agraria, los trabajadores huyen para evitar su identificación y las empresas responsables después tampoco aclaran quiénes eran, ni presentan ninguna documentación de los temporeros.

En esta actuación de noviembre, de los 15 temporeros que había trabajando, once abandonaron a toda prisa el puesto de trabajo, cuatro permanecieron en el lugar y tan solo uno de ellos se identificó con la documentación correspondiente, según ha podido saber elDiario.es. El trabajador que aseguró ser el encargado de la cuadrilla dijo que no podía identificar a los trabajadores, ni disponía de su documentación. 

Solo unos meses antes, en marzo, los inspectores de trabajo se toparon con una secuencia casi calcada, también en Murcia, según fuentes conocedoras de ambos casos. En esta ocasión, la Inspección detectó a 14 temporeros trabajando en una finca agrícola. De ellos, diez abandonan la explotación sin facilitar ningún dato que permitiera comprobar su identidad y otros cuatro dieron sus nombres, pero sin mostrar ninguna documentación identificativa.

En esta finca, la encargada de la cuadrilla manifestó que era el primer día de todos los trabajadores, que “todos ellos estaban a prueba” y que no sabía el nombre de ninguno de ellos. Más adelante, la empresa no atendió el requerimiento de facilitar la información pertinente. La Inspección de Trabajo impuso también en esta caso una sanción de 140.000 euros por obstrucción a su labor, indican las mismas fuentes a elDiario.es.

La obstrucción inspectora es una infracción muy grave

El hecho de que una empresa se niegue a identificar a sus trabajadores constituye “una obstrucción a la labor inspectora”, una infracción laboral considerada “muy grave”, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

En concreto, el artículo 50 de la norma contempla en su apartado cuatro que se consideran una infracción muy grave “las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad”.

Cuando la obstrucción de las empresas impida que los inspectores comprueben la situación de alta de los trabajadores y el incumplimiento de varias obligaciones laborales de los empresarios, la ley prevé sanciones entre los 12.000 euros, en su grado mínimo, y los 225.018 euros, en su grado máximo.

En este último caso detectado en el campo murciano que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, la sanción se ha impuesto en su grado máximo al apreciarse como criterios agravantes de la infracción tanto el número de trabajadores afectados (14), como por el perjuicio causado a las personas trabajadoras y en materia de recaudación a las arcas públicas.

Máximo de 27 millones en multas en 2024

En 2024, la Inspección de Trabajo detectó 5.058 infracciones por obstrucción a su labor, que sancionó con multas por un total de 27 millones de euros, un máximo de la serie histórica, según los datos desde 2001 de las memorias anuales difundidas por el organismo público consultadas por elDiario.es.

En concreto, en los últimos años se ha producido el mayor incremento en las sanciones a empresas por obstrucción, con multas de 14,5 millones en el año 2021, de 21,7 millones en 2022, de 24,4 millones en 2023 y 27,3 millones el año pasado.

La Diputación de Cáceres trabaja en el diseño de un proyecto piloto para habilitar viviendas destinadas a los temporeros que cada año se desplazan al Valle del Jerte durante la campaña de recogida de la cereza, con el objetivo de mejorar sus condiciones de habitabilidad y dar respuesta a una problemática que se repite cada año.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la institución provincial, Isabel Ruiz, tras mantener una reunión en Valdastillas con el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno.

Ruiz ha explicado que la preocupación de la Diputación es “dar las mejores condiciones de habitabilidad a todas las personas que cada año se trasladan a esta zona para recolectar la cereza, tan conocida en todo el mundo”.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, con los primeros contactos y sondeos para identificar las necesidades más urgentes en los distintos municipios de la comarca. “Queremos poner en marcha un proyecto piloto que pueda estar operativo para la próxima campaña y que sirva de modelo para abordar esta problemática que cada año se repite en el Valle del Jerte”, ha señalado.

La vicepresidenta ha avanzado que la Diputación contactará con los ayuntamientos de la zona “para disponer de terrenos o espacios municipales donde crear zonas habitacionales que cubran las necesidades de alojamiento de los trabajadores temporeros”.

Respecto a la financiación, Isabel Ruiz ha indicado que todavía no se ha concretado una partida presupuestaria, “ya que se está valorando la dimensión del proyecto”. “Estamos analizando las necesidades en toda la zona para poder dotarlo económicamente en los presupuestos de 2026”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cooperativas, José Antonio Tierno, ha destacado la importancia de contar con viviendas adecuadas para garantizar la disponibilidad de mano de obra durante la campaña. “Si no hay vivienda, no hay mano de obra, y necesitamos a esos trabajadores para mantener la producción”, ha defendido.

Tierno ha explicado que la campaña de la cereza es “muy corta e intensa”, y que este año la central cooperativa ha llegado a contar con más de un millar de personas dadas de alta, además de varios centenares de trabajadores procedentes de localidades cercanas y otras zonas de la provincia.

“Actualmente dependemos del alquiler de alojamientos particulares, y esa es nuestra principal limitación. Si tuviéramos más viviendas, vendría más gente a trabajar”, ha asegurado.

También ha subrayado que disponer de una red de viviendas “dignas y legales no solo es necesario para la cereza, sino que podría aprovecharse para otras campañas agrícolas y contribuir a frenar el despoblamiento rural”.

La Diputación prevé mantener en las próximas semanas reuniones con alcaldes y mancomunidades del norte de la provincia para definir el alcance del proyecto y coordinar su desarrollo.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas –seis hombres y una mujer-, de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas.

A las personas detenidas se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.

Una vez en La Rioja, los trabajadores eran alojados en condiciones insalubres, hacinados en espacios reducidos sin higiene y apenas ventilación. Durante el registro en una de las viviendas, los guardias civiles localizaron en su interior a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.

A principios del mes de julio los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja tuvieron conocimiento a través de una denuncia de la posible existencia de esta organización criminal asentada en la Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas. Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España donde captaban mano de obra en situación irregular.

Una vez en la región, eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal. Realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura. Carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, como un euro por kilo de piparra recolectado. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama. Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en nuestro país.

En la explotación de la operación, de nombre “Landwrt”, se desplegaron tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles. Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad -de 12, 15 y 17 años- que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.

Los agentes han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además, se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de la empresa. La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.

Efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga han detenido, en el marco de la Operación Congestio, a ocho personas e investigado al empleador de una empresa frutícola y a una empresa de trabajo temporal (ETT) como supuestos autores de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cinco por usurpación de estado civil y otro de coacciones y amenazas, hechos todos ellos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca.

A mediados del pasado mes de mayo, con motivo de la campaña de recogida de fruta de hueso en diversas localidades de la comarca, la Guardia Civil de Fraga ha venido estableciendo un dispositivo continuado, encaminado a la vigilancia y control de todas las labores agrarias anejas a dicha actividad.

En julio, y tras investigaciones llevadas por los agentes, pudieron averiguar que una empresa frutícola del Bajo Cinca, al precisar de abundante mano de obra para su temporada de recolecta, había acudido a los servicios de una ETT para la búsqueda de personal dispuesto a realizar dichas tareas de campo. Existía un número señalado de trabajadores que estaban en situación irregular, que recibían instrucciones para ocultarse o huir de su puesto de trabajo en el caso de recibir una inspección por parte de la autoridad laboral.

Así mismo, se pudo averiguar que esta empresa, a través de una persona que aportaba empleados a la misma y a su vez a la ETT, estaba proporcionando mano de obra en situación de necesidad y sin documentación para poder trabajar mediante suplantación de identidad de otras personas. Todas las partes implicadas tenían conocimiento de ello. Dicha persona gestionaba a las víctimas todos los trámites con la ETT, lo que le convertía en su nexo de unión, al tiempo que estaba deduciendo del sueldo un importe a cada uno de los trabajadores prevaliéndose de su situación precaria.

Explotación laboral

Los trabajadores eran captados con la promesa de conseguirles documentación legal en España y se les retenía su documentación personal para dificultar su libre movimiento. Así mismo, eran explotados laboralmente: carecían de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, y excedían los límites legales en sus jornadas laborables, sin ningún tipo de descanso.

Además, las víctimas eran alojadas en viviendas carentes de mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad. Los agentes, junto con los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, comprobaron las pésimas condiciones bajo las que vivían.

Finalmente, efectivos de la compañía de Fraga procedieron a la detención de ocho personas e investigación del empleador de una empresa frutícola y a una ETT, como supuestos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y coacciones y amenazas. Sus edades están comprendidas entre los 25 y 50 años y son vecinos de la comarca altoaragonesa y de Lérida.

La Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Fraga. Los detenidos quedaron en libertad con cargos y los investigados tienen la obligación de presentarse a la autoridad judicial cuando estime conveniente.

Balance

Durante el balance de la campaña frutícola 2025 en la Comarca del Bajo Cinca, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha venido contando con diferentes unidades de la Compañía de Fraga, UOPJ, SEPRONA, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Unidad Aérea de la Zona de Aragón, Grupo de Caballería y Grupo de Reserva y Seguridad (ARS), se han llevado a cabo una treintena de inspecciones en colaboración con personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, así como tres operaciones policiales judicializadas, con un total de 5 personas detenidas y 3 investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Así mismo se han detenido a 14 personas por delitos de usurpación de estado civil y 4 por delitos contra la libertad y detención de 22 personas por requisitorias de diversos órganos judiciales del territorio español.

En el apartado de infracciones administrativas, se han levantado 24 actas por infracción a la Ley de Extranjería y 98 a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por registros u omisión de comunicaciones previstos para las actividades con transcendencia para la seguridad ciudadana.

La concejal de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha presidido hoy la reunión de la Mesa contra la Pobreza del Ayuntamiento de Logroño, encuentro en el que se ha abordado el dispositivo de acogida de temporeros para la campaña de la vendimia, que entrará en vigor a lo largo de los próximos días, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a estas personas.

Como es habitual cada año en La Rioja, los meses de septiembre y octubre generan una actividad excepcional relacionada con la recogida de la uva y el desarrollo de la vendimia, lo que implica la afluencia de mano de obra en busca de trabajo en un corto espacio de tiempo. En la reunión de la Mesa contra la Pobreza han participado también los representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos y Universidad de La Rioja, así como los portavoces de los distintos grupos municipales del Consistorio.

En dicho encuentro, se ha realizado un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la ciudad y las propuestas de actuación de cara al dispositivo de acogida de temporeros para la campaña de la vendimia que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos días. El Ayuntamiento trabaja para atender a esas personas en todas sus necesidades de la forma más óptima posible.

El objetivo es prestar los mejores servicios de acogida, de alojamiento, manutención y atención social a las personas temporeras sin recursos que acudan a Logroño en busca de empleo para la recogida de la uva, con la supervisión y control de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El dispositivo habilitado ofrece servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo), recarga de móvil y se dará también servicio de acogida todos los días desde las 18,30 a las 7,00 horas.

“Este año vamos a procurarles además mayor intimidad y seguridad, de forma que la zona de taquillas para guardar sus enseres personales se va a ubicar en el recinto interior y también se va a mejorar la localización de la zona habilitada para tender la ropa”, ha apuntado Sainz.

El dispositivo se iniciará, aproximadamente, a mediados de septiembre y tendrá una duración estimada de un mes. Se trata de un servicio de carácter subsidiario para atender las necesidades básicas de todas las personas que acuden a trabajar a la vendimia y que requieren estos servicios.

Durante los últimos años, el dispositivo se ha ubicado en el Polideportivo Titín III de Logroño Deporte, que se habilita para que puedan pernoctar allí, con una previsión de 150 plazas. Este dispositivo es posible gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño que establece que la titularidad del programa corresponde al Consistorio.

Los servicios del Ayuntamiento son los que dirigen el dispositivo y coordinan al resto de unidades implicadas y la labor que desarrollan los voluntarios de Cruz Roja que se encargan de los desplazamientos de los temporeros y de la atención afectiva.

La Comisión de Flujos Migratorios ha informado esta mañana que, por primera vez, desde hace aproximadamente dos décadas en el sector agrícola, se ha tramitado un expediente de contratación en origen. En concreto, en una empresa ubicada en Alfaro para la campaña de fruta.

Tras incluir la empresa una oferta de trabajo para 50 personas en la Oficina de Empleo y diez personas aceptar el mismo, procedió a los trámites necesarios para la contratación en origen en Senegal de los 40 restantes. La incorporación se produjo a mediados de junio y estarán trabajando hasta el 30 septiembre.

Se trata de un contingente estable y no circular, es decir, solo tienen permitido trabajar en esta empresa, quien se encarga de asumir los gastos de viaje y el alojamiento. De esta forma, tras llevarse a cabo los trámites necesarios para hacer posible este primer procedimiento inicial para realizar el llamamiento de estas personas para su contratación en origen, en próximas campañas se facilita que estos mismos trabajadores puedan retornar a trabajar con la misma empresa, que ha manifestado su interés de que puedan ser contratados durante cuatro campañas.

Los miembros de la Comisión han agradecido la información recibida sobre la contratación de contingentes porque la contratación de mano de obra en campañas agrícolas, según han referido, es “cada vez más complicada”.

Durante la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, se ha manifestado que se continuará con la experiencia piloto que se implantó en la anterior campaña para controlar las suplantaciones de identidad. En 2024, por primera vez acudieron en un mismo operativo Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que permitieron comprobar in situ tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, facilitando que se procediera de inmediato a actuar en los casos detectados como no regulares.

Miembros asistentes de la Comisión

La Comisión de Flujos Migratorios celebrada esta mañana ha estado presidida por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda. A la misma han asistido, por parte del Ejecutivo central, representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), SEPE, Trabajo e Inmigración, Seguridad Social y Agricultura. También ha participado el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, FER, Asociación de Bodegas Familiares, Federación Riojana de Municipios y entidades sociales.

Un equipo de investigadores de la Universitat de Lleida está monitorizando temporeros de la campaña de la fruta para estudiar cómo mejorar su hidratación y, por tanto, evitar algunos de los efectos de trabajar bajo altas temperaturas.

La investigación, que forma parte del proyecto Hidroponent, empezó ya la temporada pasada. En esa primera fase, se ha descubierto que la mitad de los temporeros trabajan en estado de deshidratación y que el 75% de ellos ha perdido sodio debido a una falta de agua prolongada. Esto, según los autores del estudio, podría derivar en problemas de salud crónicos como insuficiencia renal o problemas cardiovasculares.

En la segunda fase, que se ha desarrollado desde la segunda quincena de julio hasta la primera de agosto en los campos del municipio de Térmens, ha introducido una pauta de hidratación para reducir al máximo los efectos de las altas temperaturas en estos trabajadores.

Concretamente, están estudiando si proporcionar cada hora agua mezclada con electrolitos -es decir, sodio y potasio- es suficiente para mejorar el estado de deshidratación de los temporeros. Los investigadores explican que los resultados todavía no son definitivos, pero que estudios preliminares apuntarían a que estas pautas podrían dar resultado.

Los resultados del estudio servirán para elaborar recomendaciones a empresas y administraciones que ayuden a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras y saludables en el campo, especialmente en episodios de calor extrema como los vividos este verano. De hecho, a principios de agosto un temporero de Lleida perdió la vida debido a un golpe de calor.

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves por la tarde en Lleida para denunciar la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió el lunes en plena ola de calor mientras cogía fruta en Torres de Segre (Lleida).

La protesta ha sido convocada por una quincena de entidades sociales, encabezadas por Fruita amb Justícia Social, bajo el lema 'Basta de abusos en el campo'. Los convocantes han insistido en calificar el caso de “asesinato” y han denunciado que la muerte de Vranciu es consecuencia de un “modelo que antepone los beneficios a la vida de las personas”.

Por su parte, los familiares de la víctima han exigido que se haga justicia y que los responsables “lo paguen”. “No puede dejar morir a un hombre solo bajo un árbol”, han añadido.

El hijo del fallecido, Ovidiu, denunció en conversación con elDiario.es que la muerte de su padre fue así. “Le dejaron tirado en el suelo”, aseguró. Según explica, su padre “avisó de que se encontraba mal” alrededor de las dos de la tarde a su encargada, pero “no llamó a la ambulancia”.

Asegura que nadie de la empresa lo hizo hasta que los compañeros alertaron de nuevo del mal estado de Vranciu, más de una hora y media después.

No fue hasta alrededor de hora y media después del aviso de Gheorghe Vranciu, “sobre las 15.30h”, cuando los compañeros detectaron el mal estado de su padre y volvieron a dar la voz de alarma, cuenta Ovidiu Vranciu. “La encargada dijo al chófer que se llevara a mi padre a su casa, que se encontraba mal. Cuando llegó el chófer, en diez minutos, estaba convulsionando y echando espuma por la boca”, sostiene.

Falleció pasadas las 16 horas, según el informe preliminar de la causa de la muerte, al que ha accedido elDiario.es.

Vranciu, de origen rumano, trabajaba en la explotación agrícola en la que falleció a través de una ETT. En concreto, en la ETT Empleo Express para la empresa Agroalimentaria El Pla SL.

La Denominación de Origen Rioja comenzará en breve (el año pasado empezó el 21 de agosto) la vendimia afrontando un problema de falta de temporeros para realizar las labores en el campo, tal y como ha asegurado este martes el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), Alfredo Sánchez.

De hecho, a finales de julio Randstad activó una campaña de contratación para cubrir más de 2.000 vacantes en el sector vitivinícola en toda España con motivo de la vendimia de 2025, según ha informado este jueves. La mayoría de los puestos se concentran en Galicia (más de 1.600 vacantes), aunque también se requiere personal en Castilla y León (más de 400), Aragón (más de 50) y La Rioja (más de 100).

Un problema que se lleva arrastrando hace años

El responsable de las cooperativas ha relatado cómo el sector lleva “años arrastrando este problema” y ha asegurado que “cada vez es mayor”. “Ahora mismo”, ha contado, “mucha gente nos tenemos que juntar para poder acceder a cuadrillas mayores”. Ha señalado cómo “la gente que siempre venía cada vez viene menos” y es algo a lo que se tiene que hacer frente con trabajos “que tienen que ser en diez o quince 15 días” y, por tanto, “apremian”.

Estamos en el momento en el que ya se están “planteando el inicio de vendimias” y, aunque en su caso particular ya tiene gente para los trabajos “hay gente quien está teniendo problemas·. Con respecto a cuándo empezará la vendimia, ha señalado que los datos que se manejan dentro del Consejo Regulador apuntan a un retraso, con respecto al año pasado, de unos siete u ocho días. ”Pero también hay que tener en cuenta que es una cosecha muy corta, por lo que la maduración entendemos que va a ser más rápida, así que yo diría que va a ser como el año pasado“, ha matizado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos. Encuentro en el que la titular de Agricultura ha reafirmado la colaboración del Gobierno de La Rioja con la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) para acometer un diagnóstico de la situación actual de las cooperativas agroalimentarias riojanas y una propuesta de adaptación y mejora de su modelo de negocio.

En el encuentro, la consejera ha ofrecido a FECOAR “coordinación, complicidad y trato directo” para afrontar juntos los retos del sector, porque “yendo de la mano tenemos más posibilidades de garantizar un futuro próspero”. La consejera ha señalado entre los principales retos “el relevo generacional, la disminución de la rentabilidad y las condiciones climatológicas adversas”, y ha añadido que el plan estratégico dirigido a las cooperativas, y que cuenta con el apoyo económico del Gobierno (75.000 euros), ejercerá de “hoja de ruta” para identificar todas las posibilidades del sector.

“Toda persona rica o pobre tiene su dignidad y nosotros tenemos que defenderla”. Estas han sido las palabras con las que el párroco del municipio ciudadrealeño de Valdepeñas, Emilio Montes, defendió a los temporeros en la misa celebrada en la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia de la localidad el pasado domingo.

El cura se refirió a estos trabajadores, principalmente migrantes, y pidió “tres cosas” a los empresarios: que cobren las pagas extras, que se les faciliten viviendas dignas y que se les dé de alta en la seguridad social, para que “tengan sus derechos sociales”. “Los derechos escatimados al pobre dios no los olvida nunca, porque es aprovecharte del más débil”, espetó.

“Si nos enteramos de alguien que hace eso, no [tenemos que] reconocérselo, sino tenemos que decirle 'se te tendría que caer la cara de vergüenza, nadie debe aprovecharse del débil'”, declaró Montes, a lo que añadió: “Debemos de tenerlo muy claro, no solo por ser cristianos, sino por dignidad; toda persona, rica o pobre, tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla”.

El Evangelio, contra la acumulación de riqueza

Las palabras del cura se enmarcan dentro de la lectura del Evangelio según San Lucas del pasado domingo. Concretamente, en el pasaje de Lucas 12:13-21, que narra la parábola de un hombre rico que, en lugar de repartir su abundante cosecha, decide derribar sus antiguos graneros para construir uno más grande. Dios, entonces, le implora: “Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’”. “Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”, concluye el Evangelio.

“La vida de un hombre no depende de sus bienes”, dice el párroco tras la lectura. “¿A dónde lleva la codicia? Verdaderamente, a la destrucción”, agrega Emilio Montes, en una reflexión acerca de las herencias.

Un conocido de las redes

La intervención del 3 de agosto ha sido ampliamente compartida en redes sociales. Pero no es la única vez que Montes ha protagonizado un contenido viral. En 2020, el cura se dio a conocer por regañar a los fieles de la iglesia. El motivo: considerar que no se estaban ingresando suficientes donaciones a la diócesis de Valdepeñas. Esto, que podría ser una anécdota, resultó ser un comportamiento repetido en los distintos pueblos en los que ha oficiado como sacerdote.

Se trata de hechos conocidos en las localidades ciudadrealeñas de Valdepeñas, Alhambra y Carrizosa. Francisco Gómez se enfrentó al párroco mientras ejercía como concejal de Cultura en Alhambra, en el año 2008, cuando, bajo el mandato de Montes, se iniciaron trabajos de rehabilitación de la iglesia de la pequeña localidad.

Tal como recuerda el que fuera edil, el cura se “negó” a llevar a cabo un control arqueológico de las obras, que obligó a realizar una denuncia tanto al SEPRONA como a la Consejería de Cultura castellanomanchega, debido a la sustracción “furtiva” de una pila bautismal de la capilla. “Se negó al control arqueológico y siguió con las obras. Nosotros denunciamos el hecho a Cultura y el SEPRONA tuvo que venir y paralizar la obra”.

A raíz de la situación de los temporeros en Castilla-La Mancha, Gómez recuerda que Emilio Montes “arremetió” contra él mismo, en los sermones “tratándome como delincuente”. “Pero fue él el que cometió un acto contra el patrimonio de Alhambra”, recuerda Francisco Gómez, que se declara cristiano practicante. La pila finalmente fue recuperada, tras haber sido encontrada en la localidad de La Solana por los miembros de la Guardia Civil.

El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, de Valdepeñas, también señala que el párroco pintó en la iglesia de Carrizosa, otra localidad ciudadrealeña cercana a Alhambra, ángeles sin alas, putti, con las caras de niños de familias que pagaron porque los menores fuesen retratados en los techos de la iglesia.

La situación de los temporeros en Castilla-La Mancha

“Aquí en Valdepeñas ahora mismo no tenemos tanto problema con los temporeros, pero en otros sitios de la Mancha sí se tiene”. Este es el origen del discurso viralizado de Emilio Montes. Esta problemática a la que se refiere llega apenas una semana después de que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) lanzase una campaña en Castilla-La Mancha para informar a las personas trabajadoras temporeras de sus derechos cuando trabajan en el campo, así como concienciar a las personas empleadoras “de cuáles son sus obligaciones”.

“Esto no son imaginaciones nuestras ya que hace apenas unos meses se desarticulaba en Valencia una organización criminal que estaba cometiendo un delito de trata de personas en materia de explotación laboral. Y en Albacete el año pasado también ocurría algo parecido, cuando detuvieron a 13 personas que por engañar a trabajadores y trabajadoras temporeras, sobre todo de Marruecos y de Senegal”, declaró el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez.

La muerte el pasado lunes de un trabajador agrícola de 50 años en una finca de Zaidín, en Huesca, ha llevado a los sindicatos aragoneses a salir a la calle para protestar por la siniestralidad laboral en el campo. Lo hacen, eso sí, divididos: hoy se han concentrado UGT y CCOO y mañana lo harán, por el mismo motivo, CGT, CUT, IA, ISTA y SOA.

“Hay que recoger la fruta con urgencia, pero no a cualquier coste. No deberíamos aceptar comer fruta manchada con sangre de los trabajadores”, ha expresado José de las Morenas, secretario de salud laboral de UGT Aragón. El trabajador fallecido en Zaidín era un temporero contratado por la empresa frutícola Casbad La Litera, con sede en el municipio oscense de Altorrincón.

UGT y CCOO se han manifestado en el céntrico Monumento a la Constitución de Zaragoza, donde han protestado por la última muerte y las otras 18 que se han producido ya este año. Las dos últimas –la del lunes y la registrada el pasado 25 de junio– han sido en Huesca de temporeros durante la época de recogida de la fruta.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha puesto el foco en la provincia altoaragonesa, donde los fallecimientos en accidente laboral se elevan a 10 personas desde el inicio del año: “Algo pasa en esa provincia con la siniestralidad laboral”.

Ha pedido que la Inspección de Trabajo y el Instituto de Salud Laboral de Aragón (ISLA) investiguen el accidente de Zaidín, “ver por qué volcó esa máquina, por qué al volcar cayó sobre la persona trabajadora con resultado de muerte”.

Clarimón ha recordado a las empresas más pequeñas “que tienen que tomar medidas preventivas” porque “no puede ser que la fruta que comemos esté manchada de la sangre de los trabajadoras, que en cuanto avanza la campaña de la recogida de la fruta haya un repunte de la siniestralidad”, lo que ocurre porque “no se cumplen las medidas preventivas o por golpes de calor o aplastamiento”.

“Pensábamos que el mes de julio podía ser un mes tranquilo sobre todo con respecto a 2023, que fue auténticamente dramático, pero llevamos unas semanas absolutamente lamentables”, ha comentado Clarimón, quien espera “que los mensajes lleguen y que esto cese y que sobre todo en la campaña agrícola se tomen medidas y que la inspección y la Guardia Civil también actúen”.

“Responsabilidad penal”

El secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, José de las Morenas, ha indicado que la mano de obra en el sector agrícola es intensiva y de distintos orígenes y ha echado en falta “una formación adecuada en los idiomas de referencia y una formación práctica porque no vale solo la formación documental, no vale solo estampar una firma”, apelando al “deber 'in vigilando' del empresario sobre las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras”.

Respecto al accidente de Zaidín, ha preguntado “por qué ha volcado una carretilla, qué tipo de formación tenía el trabajador que realizaba el trabajo, qué medidas de seguridad tenía”. Ha reclamado a las empresas que inviertan en prevención de riesgos laborales y ha advertido de que hay “un marco de responsabilidad penal”, enfatizando que “los trabajadores, lamentablemente, acaban en el cementerio, pero algunos empresarios, si no cumplen y son irresponsables, pueden acabar en la cárcel”.

La formación laboral “no se puede quedar en un mero tríptico, en una mera campaña informativa”, sino que los trabajadores deben tener “una formación eficaz y eficiente, efectiva”, para “alcanzar el objetivo cero accidentes”, ha zanjado.

Nueva concentración sindical

Mientras, los sindicatos CGT, CUT, Intersindical de Aragón (IA), ISTA y SOA han convocado una nueva concentración este viernes a las 11:00 horas frente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, tras el fallecimiento del trabajador en Zaidín (Huesca), contratado por la empresa Casbad La Litera.

Según los convocantes, el dato de 19 fallecidos en accidente laboral en Aragón es “una cifra intolerable que refleja la grave crisis estructural de salud laboral que atraviesa nuestra comunidad, y que se repite con especial crudeza en sectores como el agrario, la industria y los trabajos externalizados”.

Estos sindicatos exigen responsabilidades y denuncian “la inacción de la Administración, que sigue sin poner los medios suficientes para frenar esta sangría”, y el “uso masivo de subcontratación, que diluye las responsabilidades empresariales y agrava la precariedad”. Junto a esto, los convocantes critican “la falta de vigilancia real por parte de la Inspección de Trabajo, cuyos recursos siguen siendo insuficientes” y el “incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de muchas empresas”

“No se trata de accidentes aislados ni de fatalidades, sino de consecuencias previsibles derivadas de condiciones laborales inseguras y preventivamente negligentes. Los beneficios empresariales no pueden estar por encima de la vida de las personas trabajadoras”, concluyen estos cinco sindicatos.

Medina del Campo tiene “un problema de convivencia”: un grupo de personas viven durante unos meses en la ciudad para trabajar en el campo, pero no cuentan con una solución habitacional: duermen en naves industriales, debajo de algunos puentes y alternativas de infravivienda. “Cuando la gente sale a la calle y hay una persona durmiendo en el césped o en el tobogán donde juega su hijo, no les gusta y pedimos evitar una situación extraña”, reclama el alcalde de Medina del Campo (PP), Guzmán Gómez. El regidor ha escrito esta semana una carta al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, para pedirle que los agentes de la Policía Nacional acudan a Medina a “reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica” ante “la concentración de un grupo numeroso de personas de origen magrebí en diversas zonas públicas”. Según ha concretado el alcalde a elDiario.es, se trata de una veintena de personas. La Subdelegación del Gobierno no ha facilitado ningún dato al respecto porque no lo consideran de su competencia.

“Lo que más nos preocupa es la situación de vulnerabilidad que viven estas personas, muchas de ellas viven en la calle, otras en naves... entendemos que las condiciones no son las propias para nadie. Hemos intentado resolver el problema con los Servicios Sociales, especialmente con los menores, pero a los mayroes no se le spuede obligar”, ha asegurado Guzmán, que ha asegurado que Medina del Campo “no tiene opciones”. “Tenemos un albergue juvenil lleno con un campamento de fútbol y hay programación allí para todo el año. No tenemos herramientas, por mucho que queramos. Les podemos ofrecer alohamiento un día o dos, pero no más”, explica a elDiario.es. En La Rioja, los empresarios están obligados a ofrecer un alojamiento a sus trabajadores temporeros y hay otros municipios como Úbeda o Martos (14 en Jaén) en los que se ofrece un albergue específico para este tipo de trabajadores.

Preguntado por este medio, Jacinto Canales ha pedido “contextualizar” la situación que viven los temporeros y la “necesidad real y social” que tiene la comarca, que ahora vive su temporada de la patata. “Los empresarios necesitan fuerza de trabajo”, manifiesta el subdelegado del Gobierno, que recuerda que, si este trabajo lo realizan personas de otras nacionales es porque los españoles no quieren. “La mayoría de estas personas, según las Inspecciones de Trabajo —que ahora hacen campañas específicas—, están residiendo y trabajando legalmente”, expone.

Problemas que son de competencia municipal

El subdelegado del Gobierno recuerda que la sanción para los empresarios que emplean a personas sin documentación legal es “importante” —a partir de 10.000 euros por trabajador la primera vez— y destaca que la Inspección de Trabajo intenta “preservar” que los trabajadores “tengan los papeles en regla”. “Hay una cantinela de la ultraderecha y parte de la derecha de que ellos están en contra de la inmigración ilegal, como si eso fuera la norma”, reprocha.

A ojos del subdelegado del Gobierno, el alcalde de Medina del Campo “retrata problemas de convivencia que son competencia municipal”, como atender las necesidades sociales de las personas que están en riesgo de exclusión social o la salubridad. “En Medina hay problemas de vivienda. Tenemos detectados 'pisos patera' de 70 metros cuadrados con una cantidad excesiva de personas que viven allí. Y Guzmán lo sabe, porque están empadronados. Pero las competencias son del Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y león, no del Gobierno de España”. “Dice que la culpa es de 'papá Estado'. Lo que denuncia son competencias municipales y, en vez de gastarse el dinero en toros, debería gastárselo en otras necesidades que tiene el municipio”, reprocha Jacinto Canales.

Gómez asegura que a pesar de que “hay cosas que no están bien” y que “incomodan” a los vecinos, las calles están “súper tranquilas” y descarta que haya aumentado la delincuencia —a pesar de que ha pedido refuerzos de la Policía Nacional—. “¿Delincuencia? No, pero a veces hay peleas entre ellos porque algunos se emborrachan y eso nos genera cualquier preocupación por si hay una cuchillada o algo. Pero delincuencia, no”, apostilla en respuesta a este medio.

Pocos policías que patrullan

Desde la oposición municipal también son conscientes de la situación que vive Medina del Campo. “No es miedo, es sensación de falta de seguridad, porque hay pocos agentes de la Polícia Municipal y hay problemas de convivencia”, señala el portavoz del Grupo Socialista, Luis Manuel Pascual.

Hasta ahora, la Policía Municipal tenía 18 agentes en activo (de los cuales patrullan solo 15), cuando la UE recomienda que para un municipio de 20.000 habitantes el número mínimo de agentes debe ser de 36, mientras que la Federación Española de Municipios y Provincias recomienda unos 40. Según explica el regidor medinense, está prevista la incorporación de ocho agentes porque el municipio “necesita más presencia policial”.

La concejala de Gana Medina, María Jesús Vázquez, asegura que uno de los problemas es que los agentes aprueban la plaza en Medina del Campo y poco después piden el traslado “donde sea”. “¿La solución? Acogernos a los exámenes de la Junta de Castilla y León y que esta Administración reparta a los municipales donde haga falta”, propone.

El PSOE reprocha la “falta de liderazgo” del alcalde

“Esta mañana he estado en el parque y por casualidad me he encontrado con cuatro agentes de la Policía Nacional, que me decían que esto era más bien una función de la Policía Municipal”, señala el portavoz socialista, que afea al alcalde “su falta de liderazgo” y pide al equipo de gobierno que “utilice las herramientas que tiene”. “Tienen las estrategias para intervenir y mejorar la situación”, suscribe Luis Manuel Pascual, que critica que el gobierno municipal no haya contactado con la oposición para abordar soluciones conjuntas y de unidad.

Desde Gana Medina, María Jesús Vázquez explica que este problema es reiterado: “El año pasado tuvimos una situación parecida. Hace poco pregunté por esta situación y no me dijeron nada. Lo que hay que hacer es complejo, y no mandar a la Subdelegación del Gobierno”. “Es mucho más complejo que echar balones fuera: hay que hablar con los Servicios Sociales, el Ministerio de Trabajo o plantear que tenemos un albergue cerrado que se podría destinar a acoger a esta gente. Y obligar a condiciones dignas de trabajo y alojamiento y a que los niños estén asistidos”, insiste Vázquez, que recuerda que un grupo de refugiados uncranianos estuvo “casi dos años en el albergue municipal”.

“Y, si esas personas están fuera del sistema, que lo compruebe la Inspección de Trabajo. La culpa es del que les contrata, ellos son víctimas. Estamos convirtiendo en criminales a las víctimas”, zanja la concejala de Gana Medina, que cree que al alcalde “le desborda” y “no sabe afrontar” este problema.

Un trabajador de la recogida de fruta en Fraga falleció el pasado viernes tras sufrir un golpe de calor. El hombre no tenía permiso de residencia ni de trabajo y trabajaba en una explotación frutícola del Baix Cinca, según ha adelantado el diario Segre. El pasado viernes se registraron en la zona temperaturas entre 22 y 39 grados.

La Guardia Civil e Inspección de Trabajo han abierto investigaciones para conocer las condiciones en las que se produjo el accidente laboral, causado por una exposición excesiva al calor según los primeros indicios, y para localizar la finca en la que estaba trabajando el fallecido, expone el mismo medio.

Tras desvanecerse, el trabajador fue trasladado al Centro de Salud de Fraga, ya en mal estado de salud, por varios de sus compañeros de cuadrilla. Tras pedir que le atendiesen, se fueron sin dar más datos, pero los sanitarios del centro no consiguieron salvarle la vida.

Las condiciones laborales y habitacionales de los temporeros se cuestionan cada verano, en el que se suceden casos como este. Esta misma semana dos personas han sido detenidas y seis empresas están siendo investigadas por tener a casi 200 temporeros hacinados en condiciones de insalubridad.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a tres empresas frutícolas de la comarca oscense del Bajo Cinca, a otras tres empresas de trabajo temporal de las provincias de Castellón, Barcelona y Madrid, así como a otro particular más, por tener a cerca de 200 trabajadores dedicados a la recogida de fruta hacinados en condiciones precarias e insalubres.

La operación se inició a principios de junio tras recibir tres denuncias en las que se exponía que, en dos domicilios de la localidad oscense de Candasnos y en una finca de un antiguo establecimiento hostelero de la Comarca del Bajo Cinca, donde vivían cerca de 200 personas de diferentes nacionalidades en condiciones que atentaban contra sus derechos como trabajadores y como extranjeros en España, ha informado la Benemérita.

Al comenzar la investigación, los agentes comprobaron que en los domicilios de Candasnos vivían unas 50 personas, entre las que había dos familias con hijos menores, en casas con peligro de derrumbe.

A continuación, averiguaron que había hacinadas 147 personas de diferentes nacionalidades en una finca que antiguamente era un establecimiento hostelero de esa misma localidad altoaragonesa, donde residían en condiciones de insalubridad, sin la adecuada canalización de aguas fecales, con una precaria instalación eléctrica y con evidente riesgo de incendio.

Del mismo modo, observaron que se estaban llevando a cabo trabajos de construcción sin autorización para ampliar el número de habitaciones y poder albergar a más gente

Una vez recabada toda la información con la colaboración del Ayuntamiento de Candasnos y Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca, la Guardia Civil registró la finca y detuvo a dos personas, de 61 y 52 años, por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Trabajadores contratados en origen

Los agentes confirmaron que los trabajadores alojados contaban con una autorización de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada en migración circular.

Fueron contratados en su país de origen por el procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), vinculado al Ministerio de Migraciones, por empresas de trabajo temporal para la recogida de la temporada de fruta.

Dado el riesgo y las condiciones precarias de una parte de las instalaciones de la finca, en coordinación de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos, se dispuso que una de las empresas afectadas realojara a una parte del total de los trabajadores afectados, quedando el resto a cargo de un responsable de una de las empresas frutícola.

Vinculación de los empresarios

Además, los guardias civiles comprobaron que el propietario de los inmuebles tenía vinculación con los empresarios implicados de las empresas frutícolas y de trabajo temporal para sacar un beneficio económico con los servicios de alojamiento de los trabajadores.

Una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los trabajadores en concepto de alojamiento y transporte diario al puesto de trabajo y otro tipo de servicios.

También imponían condiciones laborables abusivas como el pago diferido para pagar el billete de avión del viaje de vuelta al país de origen de los trabajadores.

La operación, llevada a cabo por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga y dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de esta localidad, ha contado con la colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca y del Ayuntamiento de Candasnos, Protección Civil del Bajo Cinca y Cruz Roja.

Los responsables dicen que sí, que esta vez es la “definitiva”: estamos en la que debe de ser la última cuenta atrás para erradicar los asentamientos de trabajadores temporeros del potente sector agrícola de Huelva, casi todos ubicados en el entorno de Doñana.

Este miércoles se ha dado un paso más con la firma de un protocolo entre el Gobierno y los 14 municipios de la comarca (incluidos de Cádiz y Sevilla), en teoría para combatir toda situación de vulnerabilidad pero con el punto de mira centrado en estos campamentos chabolistas. Para estos, por cierto, ya se firmó otro acuerdo específico hace un par de semanas, ambas actuaciones bajo el paraguas de las inversiones estatales dentro del pacto que puso fin al conflicto en Doñana.

La rúbrica se ha puesto justo el día en que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentaba en el Parlamento su informe anual Frontera Sur, en el que una vez más vuelve a lamentar la precaria situación de las personas que viven en estos asentamientos chabolistas. Los enclaves carecen de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, a lo que se une la dificultad para atender el derecho de estas personas a empadronarse.

Para darle una vuelta a este escenario que se repite un año tras otro, el Ejecutivo central pone sobre la mesa 20 millones de euros hasta 2027, seis de ellos para este mismo año, para atender a “todas las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión”. Así lo ha señalado la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, que ha incidido en que el Gobierno pone el dinero y son los ayuntamientos los que ejecutarán los programas que permitan “mejorar el acceso a los servicios sociales”. Una vez más, no todos los municipios están de acuerdo con el reparto de fondos, para lo que se han seguido criterios de número de habitantes, tasa de población inmigrante e índice de pobreza.

“Erradicar los asentamientos”

Entre los objetivos se incluyen impulsar la inclusión sociolaboral o prevenir situaciones de trata, explotación laboral o sexual y violencia de género. A ello se une la promoción de la normalización documental, con vías como la autorización por circunstancias excepcionales prevista en la última reforma del reglamento de extranjería y en línea con la normativa comunitaria en la materia.

La garante de estos acuerdos es la Oficina Técnica de Doñana, encargada de supervisar los más de 700 millones de euros comprometidos por el Gobierno central y que se reparten a partes iguales en dos marcos, el ambiental y el socioeconómico. En este último se incluye una línea específica (la 13) para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas, capítulo por el cual reciben estos fondos 14 municipios: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en la provincia de Huelva, además de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas en Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, ha admitido que el objetivo final es “erradicar los asentamientos”, un escenario “multicomplejo” que ha animado a “no asociar sólo a la inmigración” pese a que la mayoría de los que viven en estas chabolas proceden de países extracomunitarios. Las medidas que se activan ahora, por cierto, dejan fuera a los trabajadores que se contratan en origen para los trabajos agrícolas, terreno en el que “lo imperativo es seguir controlando” para que las cosas sigan como ahora.

Protocolo específico para los asentamientos

Para Yerga, el número de los que se quedan en Huelva tras las campañas “está un poco mitificado”, porque “no son tantos”. La provincia onubense acoge a 18.000 de los 25.000 que se contratan en origen en toda España, sobre todo de Marruecos pero también de países del sur y el centro de América, “y en la mayoría de las nacionalidades no supera el 1% los que se quedan”, cuando los expertos consideran que la cuestión empieza a ser preocupante si se llega al 10%.

Si la inversión ahora pactada tiene como protagonista al Ministerio de Igualdad, hace un par de semanas era el de Vivienda el que acordaba una actuación más específicamente centrada en mejorar las condiciones de vida de los temporeros en el entorno de Doñana. En este caso, y con una dotación superior a los diez millones de euros, se rubricó con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, que concentran la mayoría de estos campamentos chabolistas.

La línea a seguir la trazaba recientemente el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, en una entrevista con este periódico. El objetivo básico es que los asentamientos desaparezcan, pero los actuales residentes, “durante el tiempo en el que desgraciadamente tengan que estar allí, deben tener unas condiciones mínimamente dignas: abastecimiento, asistencia sanitaria, ayuda de mediadores para la normalización documental, resolver los problemas de idioma…”. El siguiente paso es que “se integren en las poblaciones en las que trabajan y viven” para así evitar la creación de “guetos”.

Un panorama desolador

En su informe, la Asociación Pro Derechos Humanos apunta como las principales concentraciones de infravivienda junto a Doñana a las de San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer) y El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto), a las que hay que unir las existentes en Lepe. Para mejorar las condiciones de sus habitantes, ya firmaron en 2022 un protocolo los ayuntamientos de Lepe y Moguer con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que por su parte ha formulado su propio plan estratégico.

Apdha alerta en su estudio de la “cronificación de la situación” en unos asentamientos chabolistas en los que se registran “vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no sólo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, apunta el informe.

Esta situación también ha sido descrita en el reciente VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en el que han participado investigadores de las universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, además de entidades como la Fundación Cepaim y Oxfam Intermón. Más de un 60% de los residentes en estos enclaves se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica: cuatro de cada diez tienen ingresos inferiores a 400 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha resuelto el recurso de apelación contra el ingreso en prisión del empresario agrícola investigado por la desaparición forzosa de Ibrahima Diouf, temporero senegalés de 33 años desaparecido en enero de 2021 en la localidad de Villacarrillo (Jaén). Lo ha hecho acordando que la prisión provisional podrá ser eludida bajo el pago de una fianza de 25.000 euros y la imposición de medidas cautelares.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, las medidas cautelares impuestas pasan por la entrega del pasaporte, la prohibición de que le pueda expedir un nuevo pasaporte, y la comparecencia semanal en el Juzgado de Villacarrillo.

El caso ha llegado a la Audiencia de Jaén después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo número 1 desestimara el recurso de reforma interpuesto contra la orden de prisión provisional acordada el pasado 20 de marzo. Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el pago de la fianza ya se ha hecho efectivo en el Juzgado de Villacarrillo por lo que se espera su puesta en libertad en las próximas horas.

Años de investigación

El empresario fue detenido el 17 de marzo en el marco de la investigación que mantiene abierta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Días antes también se detuvo a su mujer, que se encuentra en libertad con cargos. Desde hace cuatro años, la UCO mantiene activa la investigación para tratar de esclarecer qué ocurrió con Ibrahima Diouf, el temporero senegalés de 33 años que fue visto por última vez el 5 de enero de 2021 en el citado municipio jiennense.

El temporero desaparecido se había desplazado a Villacarrillo para trabajar en la recogida de la aceituna. El detenido fue el empresario agrícola para el que trabajó y que ha centrado las reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso. De hecho, anteriormente fue objeto de investigación por la desaparición en 2013 de otro temporero, cuya búsqueda se mantiene también abierta.

Desde su desaparición, han realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazó hasta Villacarrillo una treintena de agentes. Rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del servicio cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detecten en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

Además, en mayo de 2023, la Guardia Civil pidió la colaboración ciudadana para poder esclarecer el caso. En ese momento, argumentó que sería de gran interés para la investigación disponer de cualquier material gráfico, tanto fotos como vídeos, grabados en la vía pública de Villacarrillo entre los días 5 y 7 de enero de 2021. Sin embargo, pese a esta llamada a la colaboración, tampoco se encontró ninguna pista que arrojara luz en el caso.

Otra condena anterior

El empresario investigado ya fue detenido por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección.

Tras ser juzgado en 2016 por, entre otros delitos, explotar a trabajadores inmigrantes y haber hecho desaparecer a uno de ellos que se levantó en portavoz de la cuadrilla, fue absuelto del delito de desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, por contra, lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que “eran explotados”, y a otro año y medio de prisión por un delito contra la administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Sevilla una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de personas y a su explotación laboral como jornaleros agrícolas. Las víctimas, de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen por un clan familiar que les prometía trabajo en diferentes explotaciones agrícolas de nuestro país.

Una vez aquí, eran forzados a trabajar de lunes a domingo en jornadas de 12 horas por un salario de 70 euros semanales. Vivían hacinados en un inmueble insalubre, algunos en compañía de hijos menores de edad, rodeados de inmundicia y durmiendo sobre colchones en el suelo. Se ha logrado la liberación de dos víctimas del entramado y la detención de 11 personas, incluidos dos de los cabecillas. Se ha decreto el ingreso en prisión provisional de uno de esos responsables y de otro de los arrestados al que le constaba una orden de búsqueda por abuso y agresión sexual a menores en Rumanía.

La investigación policial se inició en enero de este año cuando las autoridades rumanas, a través de la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Bucarest, pusieron en conocimiento de la Policía Nacional la presencia de un ciudadano rumano retenido contra su voluntad en un municipio de la provincia de Sevilla. Las pesquisas iniciadas por los agentes permitieron la localización de esta persona en un inmueble ubicado en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, donde residían más temporeros de su misma nacionalidad.

Las indagaciones continuaron hasta que se logró identificar a un clan familiar de origen rumano, asentado en la provincia de Sevilla, que se había especializado en la explotación laboral de personas de su misma nacionalidad en diversas explotaciones agrícolas. El entramado captaba a las víctimas en su país de origen mediante el engaño, presentándoles ofertas de trabajo con unas condiciones favorables, vivienda gratuita incluida, que una vez en España no se cumplían.

Condiciones de vida infrahumanas

Los jornaleros debían soportar jornadas de trabajo de 12 horas, de lunes a domingo, por un salario que no superaba los 70 euros semanales, ya que la organización se quedaba con gran parte del mismo para cubrir los gastos de alojamiento y devolución de la deuda contraída. Sufrían amenazas constantes de los explotadores, que les retiraban la documentación y vigilaban de manera estrecha, no permitiéndoles salir solos de la vivienda en la que se alojaban.

Los investigadores descubrieron que la organización tenía privado de libertad a uno de los temporeros, que únicamente podía salir al exterior para ir a trabajar. El inmueble en cuestión se encontraba en un lamentable estado de insalubridad, los trabajadores vivían hacinados y dormían sobre colchones en el suelo, algunos de ellos acompañados de sus hijos menores de edad. 

La operación policial ha finalizado con un amplio dispositivo que ha permitido la detención de 11 personas en diferentes localidades de la provincia de Sevilla. Se ha llevado a cabo un registro domiciliario en el municipio de Villanueva del Río y Minas en el que se ha intervenido 1.800 euros en metálico y abundante documentación relevante para la investigación.