Tras conseguir doce diputados en el Parlamento andaluz, Vox ha obtenido una subvención pública de 613.575,49 euros procedentes de la Junta autonómica. Así figura en las cuentas del 2018 que la formación ha distribuido a sus afiliados de cara a la asamblea ordinaria que celebrarán este sábado 23 de febrero.

Según explican los auditores en este documento, al que ha accedido eldiario.es, esta es la cantidad que le corresponde a la formación de extrema derecha tras los resultados electorales del pasado 2 de diciembre. Registraron esta cifra en las cuentas ese mismo mes y, por lo tanto, antes de que cerrasen el ejercicio.

Esta ayuda pública recaudada por Vox y abonada por la Junta regional contrasta con uno de los principios que los portavoces repiten en todos sus actos, la supresión de las autonomías. Entre las 100 medidas que presentaron en el Palacio de Vistalegre para la “España Viva”, abogaban por “un solo gobierno y un solo parlamento” en todo el país para volver a centralizar las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, “limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica”.

Sin embargo, una vez que han conseguido representación en el Parlamento andaluz se han beneficiado del sistema autonómico ingresando esta ayuda. En las elecciones del 2 de diciembre consiguieron 395.978 votos (10,97% del total) y representación en todas las provincias andaluzas, multiplicando por 20 sus apoyos con respecto a las últimas autonómicas. El tesorero del partido, Andrés Porta, destaca en su informe de gestión que que el gasto durante la campaña “se ha contenido en el entorno de los 150.000 euros, lo que supone menos de un 10% gastado por otras formaciones”.

La subvención procedente de la Junta no es la única que recibieron en 2018. Las cuentas también recogen 8.318 euros, en concepto de otra ayuda pública por la liquidación de las subvenciones de los gastos electorales de los comicios del 2015, en los que consiguieron 22 concejales en más de una decena de municipios.

En la memoria económica que Vox está sometiendo al escrutinio de sus afiliados, se contempla un resultado positivo del ejercicio del 2018 con 1.035.229 euros. El año de su implosión electoral han conseguido que se disparen sus ingresos por donaciones y cantidades abonadas por sus afiliados. En el primer caso, pasan de recibir 190.000 euros en 2017 a 460.000 euros el año pasado. Desglosando los datos del 2018, llama la atención que cerca de la mitad de esa cantidad (213.695 euros) son donativos superiores a mil euros. Obtuvieron 22 obsequios en esta franja.

Respecto a los afiliados y simpatizantes, teniendo en cuenta que las inscripciones a Vox han aumentado tras su éxito electoral, también ha crecido el total de las cuotas que abonan. Si en 2017, consiguieron 272.000 euros; en 2018, superó el millón de euros. Durante el año auditado, los afiliados han pasado de ser 4.792 a 23.843.

La compañía que ha realizado esta auditoría también destaca que en 2018 la formación política no ha tenido deudas “en concepto de préstamo y crédito con ninguna entidad bancaria”. En la asamblea ordinaria que Vox organiza este sábado, el partido comunicará si los afiliados han aprobado las cuentas presentadas.

Esta redacción ha tratado de recabar la versión del partido, sin que haya sido posible por el momento.

Hombre, casado, católico, movilizado durante la campaña y antiguo votante del PP: así es el perfil que ha elaborado el CIS sobre los andaluces que apostaron por Vox en los comicios del 2 de diciembre. A esa conclusión llega el informe postelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acaba de publicar, tras realizar más de 2.900 entrevistas. De ellas, 122 personas confirmaron que apostaron por la formación de Abascal. A partir de sus respuestas se puede realizar un retrato de los votantes que contribuyeron a que por primera vez un partido de extrema derecha haya llegado a una institución regional en nuestro país, nada menos que con 12 diputados y que fruto de esa representación haya estrenado escaño en el Senado. 

La mayor parte de los votantes de la formación de Abascal (47,7%) en las elecciones del 2D, optó por el Partido Popular en las elecciones de 2015. Casi otra cuarta parte (22%) de los nuevos votantes de la formación de extrema derecha, llega desde Ciudadanos. En esta encuesta se dibuja un retrato del votante de Vox mayoritariamente masculino. El 60,1% de los entrevistados que afirmaron haber depositado la papeleta de la formación de Santiago Abascal son hombres.

Ningún otro partido recibe ese porcentaje de apoyo masculino según el sondeo. En Adelante Andalucía ese porcentaje es del 55,2%. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular consiguen alcanzar la paridad entre los apoyos obtenidos en los comicios andaluces. El partido de Juan Marín obtuvo el 50,1% del voto femenino y el de Juan Manuel Moreno Bonilla, el 50,2%. El PSOE no se distancia mucho de esas cifras, con el 53,6%.

Francisco Serrano y Moreno Bonilla comparten que una proporción muy parecida de las personas que les apoyaron en los comicios al parlamento andaluz están casadas. En el caso de Vox, el 66,8% y en el del PP, el 67,1%. Desarrollando las cifras relativas al estado civil de los andaluces que apoyaron al partido de Abascal, el 23,4% están solteros, casi uno de cada cuatro; el 4% está separado y el 5,7% divorciado.

Si se profundiza en los resultados del informe postelectoral del CIS se observa que la nueva fuerza de extrema derecha que acaba de entrar en el parlamento andaluz consigue sus mejores resultados entre la franja de 25 y 54 años. Del total de los encuestados que reconocen haberse decantado por este partido, el 21,4% tiene entre 25 y 34 años; el 29,2% se encuentra en el tramo de edad de 35 a 44 y el 25,2%, entre los 45 y 54 años. Por su parte, ha fracasado entre los más jóvenes y mayores. En el tramo de votantes de 18 a 24 años su representación ha sido muy escasa, del 1,5%. En la escala de 55 y 64 años el porcentaje de quienes eligen la papeleta de Abascal está en el 10,7%.

Preguntados sobre su confesión religiosa, el PP es la formación que cuenta con un porcentaje mayor de apoyos católicos. El 95% de los votantes populares se definen como católicos, los de Vox se sitúan a diez puntos de distancia (85,4%) y no muy lejos de los seguidores de Abascal se encuentran los socialistas (83%) y los de Ciudadanos (80,3%). Los electores de Adelante Andalucía se encuentran muy descolgados en esta preguntas, solo el 37,5% se adscriben a esta confesión.

En el electorado de PP y Vox también es parecido el porcentaje que asiste a misa los domingos, en ambos casos se mueve alrededor del 20%. En el resto de partidos el porcentaje se reduce al 8%.

Entre los votantes que se han decantado por la formación de Abascal, cerca de uno de cada cinco se sitúa en la derecha o extrema derecha y más de la mitad (57,7%) se define como conservador o liberal. Partiendo de un eje ideológico en el que la izquierda se sitúa en el número uno y la derecha, en el diez; el 38,7% se sitúa entre el ocho y el diez. En el caso de los populares, disminuye cinco puntos el electorado que se coloca en esa franja.

De estos datos también se desprende que los andaluces que apostaron por esta formación tienen rentas altas y que pocos de ellos viven en hogares con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. El 35% de sus electores cuenta con unos ingresos en el hogar superiores a 1.800 euros, Ciudadanos también cuenta con un porcentaje elevado de votantes que se encuentran en esta situación, el 32,9%. En el caso de familias que les apoyan con menos de 900 euros, la formación de Albert Rivera cuenta con la proporción más reducida (6,7%) y Vox con un 8%.

En el programa de 100 medidas urgentes que Vox aprobó el 7 de octubre en su reunión en el Palacio de Vistalegre de Madrid apostaban por “transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división”.

Esta es una de las propuestas que gran parte del electorado del juez Serrano ha apoyado en la encuesta elaborada por el CIS. El 40% de sus votantes quiere un Estado central sin autonomías. En el PP, los apoyos a este punto se reducen al 22,6%. El sentimiento nacional es otra de las banderas que enarbola Abascal en cada una de sus intervenciones y que más de un cuarto de sus electores respaldaron en Andalucía. Según estos datos, el 27,6% de sus votantes se siente solo español o más español que andaluz, frente al 23,9% de los electores populares que se identifican también con esta afirmación.

El análisis del votante de Vox en el sondeo del CIS se produce a raíz de su éxito en las elecciones andaluzas, donde obtuvo doce diputados en el parlamento. Por primera vez esta formación consiguió representación fuera de los ayuntamientos.

Las conclusiones que arroja la encuesta apuntan que pertenece a Vox la mayor proporción de seguidores que siguió la campaña con “mucho interés” y que con más frecuencia habló en casa con su familia de las elecciones. También consiguieron la mayor proporción de votantes que asistieron al mitin o reunión de un partido. El 11,3% de sus electores contestó de forma afirmativa a esta cuestión, mientras la media de todos los encuestados que confirmaron su presencia en alguno de estos eventos se reduce al 3,6%.

“Nuestro gran adversario político no es Ciudadanos ni Vox, sino la abstención. Y ese sí que es peligroso. Tenemos decenas de miles de votantes que se han quedado en casa, que no nos han sido infieles con Ciudadanos, pero que no han ido a votar. Eso sí que tenemos que arreglarlo, porque es un enemigo invisible que nos hace muchísimo daño”. Esta frase es del actual presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. La pronunció durante una entrevista con eldiario.es/andalucia en el ecuador de la campaña de las elecciones del 2 de diciembre, cuando sólo era el candidato del PP andaluz, el peor posicionado entonces, según las encuestas, para llegar a San Telmo. En realidad la frase debió pronunciarla Susana Díaz.

La abstención no se cebó tanto con el PP como la sangría de votos que sufrió hacia Ciudadanos y hacia Vox, irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 diputados, gracias a 400.000 votos. Los populares, que hoy pilotan un Gobierno de coalición con Ciudadanos, perdieron siete escaños y hundieron aún más la pala en su suelo electoral. Con quien sí se cebó la abstención brutalmente fue con el PSOE de Díaz, según los datos que han aflorado en el informe postelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este martes, a partir de unas 2.900 entrevistas. El 22,7% de antiguos votantes socialistas se quedó en casa, más que del PP (5,3%), Ciudadanos (5,5%), Adelante Andalucía (5,5%) y Vox (2,6%) juntos. El 42,1% de los abstencionistas ya tenían decidido no ir a votar mucho antes de iniciarse la campaña electoral.

Según el recuerdo de voto, el 68,6% de los encuestados insiste en que habría votado por el mismo partido al que votó el 2D. Aunque, conociendo ahora el resultado electora, el 21% de los que no acudieron a las urnas declaran un mes después que habrían votado por un partido o coalición en vez de abstenerse. Y aquí está la clave que no sirve ya para corregir el resultado de las andaluzas, pero que los socialistas intentan desentrañar para comprender que a los suyos no les movía la ilusión por el PSOE, y que ahora les movería -más que la ilusión- el rechazo al Gobierno conservador que ha surgido del pacto PP, Ciudadanos y Vox. Este dato es clave más allá del escenario político andaluz, muy a tener en cuenta por los socialistas después de que Pedro Sánchez haya convocado las generales para el próximo 28 de abril.

Los datos del CIS arrojan una lectura muy distinta a la que hizo Susana Díaz el día después de las elecciones, al constatar que el bloque del voto conservador sumaba más que el bloque de izquierdas (PSOE y Adelante). En los comicios autonómicos, los socialistas y la confluencia entre Podemos e IU reunieron el 44,08% del sufragio, y las tres fuerzas conservadoras el 49,93%, propiciando el primer Gobierno de centro derecha de Andalucía. La ex presidenta de la Junta minimizó la autocrítica de su Ejecutivo en la derrota, eludió su responsabilidad por no haber movilizado a sus votantes, y no calculó la importancia que tendría el hartazgo del simpatizante socialista tras 36 años y medio de gobiernos ininterrumpidos del PSOE (los últimos ocho aplastados por la crisis y los recortes). Esto último fue uno de los leit motiv de sus rivales conservadores.

Pero Díaz hizo otra lectura antes, durante y después: Antes, diseñó una campaña hipotensa, confiada en la fragmentación de la derecha y convencida de que los comicios estaban ganados. Durante la campaña, apostó por llevar en solitario el peso de la candidatura, sin una presencia activa de Pedro Sánchez y sus ministros, superponiendo su nombre a la marca PSOE, mientras la dirección nacional de PP, Ciudadanos y Vox parecían multiplicar sus mítines por toda Andalucía. Después, finalmente, tras el descalabro electoral, Díaz valoró el resultado apelando al impacto del problema en Cataluña en el electorado andaluz, epicentro de la campaña de oposición de PP, Cs y Vox (el CIS no pregunta por este factor); denunció que la agenda nacional se había superpuesto al debate andaluz, y se quejó de que el diálogo del Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes había perjudicado sus expectativas.

¿Qué habría ocurrido con un PSOE hiperactivo desde el minuto uno? Según la encuesta, un 19% de los andaluces dudó entre votar a un partido o a otro, o votar en blanco, en nulo o abstenerse. El 14,5% dudó entre PP y Ciudadanos; el 13,5% entre PSOE y Ciudadanos; el 10,4% entre PSOE y Adelante; el 6,6% entre PP y Vox; y el 6,4% entre el PSOE y la abstención.

El último CIS, realizado una semana después de las andaluzas, reitera que Susana Díaz seguiría siendo la más votada, y que una hipotética coalición de izquierdas PSOE-Adelante sería preferida por los andaluces, antes que la opción que finalmente se ha instalado en la Junta: PP y Ciudadanos, sustentados por Vox. Si se repitieran hoy las andaluzas, el sondeo postelectoral reafirma la victoria de los socialistas con el 24% del voto directo (obtuvieron el 27,9%), seguido de Ciudadanos que sobrepasaría al PP con el 11,6% (lograron el 18,2%), dejando en tercera posición a los populares con el 10,3% (consiguieron el 20,7%). Adelante Andalucía sumaría el 8,8% del sufragio (obtuvo el 16,1%) y Vox el 4,4% (en vez del 10,9%)

Pero eso no es lo que ha ocurrido. La ex presidenta y secretaria general del PSOE andaluz no se siente concordia por la elevada abstención del 2D. En el mitin que compartió el sábado con Pedro Sánchez, tras el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril, Díaz explicó a los suyos que la abstención se debió a que los fieles votantes socialistas pensaron que los comicios estaban ganados de antemano, y optaron por quedarse en casa. En el PSOE andaluz hay quien ha trasladado a la candidata que la primera mitad de su campaña electoral -“baja de tono, hipotensa y monótona”- no ayudó a movilizar a su electorado. “Cuando sacamos a relucir el miedo a que llegaba Vox, ya era tarde”, dicen.

Susana Díaz, que lleva prácticamente desaparecida de la escena pública desde hace dos meses, reapareció el martes para hacer una lectura muy optimista del CIS: “Una siente esa sensación que percibe en la calle. Lo que aparece con claridad [en el CIS] es un apoyo claro y nítido de los andaluces a los socialistas, al Gobierno de Andalucía y a mí como presidenta”, asegura. Y añade: “Esto me da fortaleza para seguir trabajando para que el PSOE haga una oposición firme y que cuanto antes volvamos al Gobierno de Andalucía”. La socialista no se ha detenido a analizar por qué la mitad de los abstensionistas eran simpatizantes del PSOE, no ha aclarado si el rechazo iba contra su partido -que llevaba más de tres décadas en el poder- o contra ella misma como candidata.

De este CIS postelectoral, los más próximos a la ex presidenta extraen la idea de que “si los andaluces hubieran sabido que la derecha podía gobernar, hoy seguiríamos gobernando nosotros”. Otros miembros del partido creen que este “enrocamiento no conduce a nada”, pero entienden que la consigna tiene que estar centrada ahora en “estar unidos para hacer una oposición firme al Ejecutivo de Moreno Bonilla” y en “llegar fuertes y tensionados a las generales y a las municipales”. En los dos meses posteriores al 2D, Díaz ha convocado tres veces al comité director del PSOE andaluz -máximo órgano de dirección entre congresos- y en los tres ha hecho un llamamiento a la unidad del partido “en Andalucía y en España”, y ha confirmado que permanecerá en su puesto para liderar la oposición y repetir como candidata en las próximas elecciones andaluzas.

El resto de formaciones tampoco ha dado mucha credibilidad al estudio del CIS, que consideran “una herramienta de manipulación política” desde que José Luis Tezanos, ex miembro de la ejecutiva federal de Sánchez, preside el centro de investigación. “Si la anterior encuesta del CIS hubiera acertado, hoy yo no estaría aquí”, ha dicho el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz de PP y Cs, Elías Bendodo.

Ya lo escribí en este mismo espacio. Susana Díaz ha perdido y se debería ir. Vale sí, formalmente ha ganado, pero de hecho ha perdido la Junta de Andalucía, de similar manera a la que el hoy registrador Mariano Rajoy perdió el Gobierno nacional.

Debería irse porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, y ella sabe bien que sin Andalucía y sin Catalunya será imposible obtener un buen resultado en las urnas cuando lleguen. No es creíble que los socialistas convenzan a los electores si las elecciones llegan con ella enfrentada, como lo está, a la cúpula de su partido. Por tanto, si Susana Díaz piensa de verdad en los intereses de su partido en particular y de la izquierda en general, sólo le queda una elegante retirada de la primera línea.

Con la extrema derecha de Vox llamando insistentemente a la puerta, su retirada es, en realidad, una obligación de conciencia. Agazaparse en su escaño de líder de la oposición con la esperanza de que la incompatibilidad de intereses electorales de Vox y Ciudadanos haga saltar por los aires su perverso acuerdo de Gobierno con el PP en Andalucía no es justificación suficiente para su permanencia.

No lo es, porque no sabemos quién deberá sustituirla, pero sí sabemos, nosotros tanto como ella misma, que los que un día le dieron su apoyo ya no confían en ella. Primero le negaron su confianza sus propios compañeros de partido en unas primarias nacionales, se la negaron después sus electores andaluces: Susana Díaz perdió 400.000 votos el pasado dos de diciembre con respecto a sus resultados de 2015, y siete puntos y medio del porcentaje del voto.

De hecho, Díaz no ha hecho sino perder apoyo electoral desde que asumió el liderazgo del PSOE andaluz, en relevo de José Antonio Griñán quien ya en 2012 ocupó el Palacio de San Telmo con el apoyo de IU tras un vuelco electoral histórico: Por primera vez en la historia, y única hasta ahora, el PP de Javier Arenas ganó las elecciones. Desde entonces, Susana Díaz no ha recuperado ese apoyo entre los andaluces, ha tenido que lidiar con la llegada de nuevos partidos y con la nueva situación política. Pero si entonces Griñán convenció a 1.523.465 andaluces (el 39,5%), el mes pasado sólo lo hicieron 1.009.243 (27,95%).

Eso es lo que lleva a que muchos líderes municipales de su partido prefieran no ver aparecer a su secretaria general por sus respectivas campañas electorales en las inminentes elecciones municipales. Eso es lo que lleva a los responsables nacionales del partido a pensar que, para evitar un desastre en las próximas elecciones generales su federación andaluza, la más importante y por tanto imprescindible para obtener un buen resultado, debe contar para entonces con nuevos líderes. Eso es lo que ha llevado a muchos dirigentes andaluces del partido a pensar que ha llegado la hora de retirarle su apoyo.

Más aún, perdida la Junta de Andalucía, ese gigante organismo vivo, Susana Díaz pierde la copacidad de repartir parcelas de poder. Al contrario, se enfrentará en unos días con docenas de ex altos y medios cargos que se habrán quedado sin trabajo y tenderán, con razón, a considerarla responsable de su desgracia.

Pensar que en esas condiciones Susana Díaz será capaz de movilizar a la izquierda en torno suyo para frenar a la extrema derecha es una quimera. Si Susana Díaz de verdad piensa en los intereses de su partido debe aceptar su destino e irse. Cuanto antes lo asuma, mejor para su partido y para la izquierda en general.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha convocado a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios este jueves a una ronda de consultas, requisito previo para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y fijar el debate de investidura. La diputada de Ciudadanos que preside la Cámara se reunirá, de menor a mayor, con los representantes de Vox, Adelante Andalucía (Podemos-IU), Ciudadanos, PP y PSOE para saber quiénes se postularán a presidir el Gobierno, y cuántos apoyos cuenta cada uno para tener éxito en la investidura.

Los dos aspirantes que han anunciado públicamente que se presentarán son la socialista Susana Díaz y el popular Juanma Moreno. La presidenta del Parlamento tiene que decidir a quién de los dos propone primero, pero el contrapeso político entre ambos es tan estrecho que la solución genera dudas. Existe una especie de vacío legal en el reglamento para abordar una situación tan ajustada como ésta, dicen en Ciudadanos, que ha obligado a Bosquet a trasladar una consulta a los letrados de la Cámara.

La presidenta del Parlamento puede enfrentarse a un escenario sin precedentes en la historia autonómica andaluza si la ronda de contactos con los cinco partidos revela que Susana Díaz cuenta con 50 votos para salir investida -los 33 del PSOE más los 17 de Adelante Andalucía- y Juanma Moreno sólo lleva amarrados 47 votos -los 26 del PP más los 21 de Ciudadanos-. Ninguno de los dos alcanza la mayoría suficiente para garantizarse la investidura. El desempate está, una vez más, en manos de Vox, que está poniendo un precio muy alto al voto de sus 12 diputados a cambio de apoyar un Gobierno de coalición PP-Cs que expulse al PSOE tras 36 años y medio en el poder. El documento de 19 propuestas que el martes entregaron a la dirección nacional del PP ha zarandeado bruscamente el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos que desde Andalucía daban por hecho.

Si la formación ultraconservadora no revela este jueves el sentido de su voto durante su reunión con Bosquet, ésta tendrá que decidir si propone a la candidata con más apoyos (Díaz, en caso de que logre el respaldo del grupo de Teresa Rodríguez); o a un candidato con menos votos en la Cámara, pero con un acuerdo de Gobierno ya cerrado con Ciudadanos. Esta potestad de la presidenta viene regulada en el artículo 138 del reglamento del Parlamento y en el 118 del Estatuto de Autonomía, pero ninguno de estos dos artículos dice que Bosquet esté obligada a proponer al candidato que suscite más apoyos en el hemiciclo a la Presidencia de la Junta, es decir, a Susana Díaz.

La presidenta de la Cámara cree que existe un vacío legal en el reglamento que no resuelve situaciones como ésta, y ha hecho una consulta a los letrados para que le orienten sobre cómo puede proceder. Fuentes del Parlamento aclaran que la presidenta no está obligada por la normativa interna a proponer a Díaz antes que a Juanma Moreno, y que tiene potestad para decidir según su propia interpretación del reglamento.

El análisis de Bosquet es que, aunque la socialista le presente el jueves 50 votos frente a los 47 de Moreno, lo cierto es que PP, Ciudadanos y Vox han manifestado clara y rotundamente que nunca permitirán que el PSOE siga gobernando en Andalucía. Por tanto, la presidenta de la Cámara baraja, por primera vez en la historia parlamentaria, proponer a un candidato a la investidura con menos votos que su rival, bajo la presunción de que las negociaciones del PP con Vox terminarán convenciendo al partido de Santiago Abascal para hacer presidente de la Junta a Juanma Moreno. “Aunque Vox no desvele por anticipado a quién apoyará en la investidura, sí ha dejado claro que no apoyará a Díaz, por tanto ese camino no conduce a ninguna parte”, explican fuentes de Ciudadanos.

El PSOE se rebela por adelantado contra cualquier opción que no sea una investidura de Susana Díaz. En caso contrario, ya barruntan denuncias de “fraude de ley” contra la presidenta de la Cámara, como hicieron tras la constitución de la Mesa que dejó fuera a Adelante Andalucía. “Le pedimos a la presidenta del Parlamento que proponga al candidato con más número de apoyos. Tiene que saber sumar para proponer al candidato con más votos en la Cámara. El momento es ahora, no pasado mañana”, dice el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez.

En realidad, el escenario para la investidura de Díaz no está despejado. En las últimas horas, la coalición de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo ha abierto una puerta a la negociación con el PSOE para “presentar un candidato de consenso” alternativo a la derecha, en caso de que el pacto a tres de PP, Cs y Vox no cristalice. Pero Rodríguez y Maíllo piden la cabeza política de Susana Díaz y proponen a un candidato independiente, algo que los socialistas no están dispuestos a aceptar. “No se trata de salvar a nadie personalmente, sino de salvar a Andalucía de la extrema derecha”, ha explicado la gaditana este miércoles. Los socialistas han mantenido conversaciones con Adelante Andalucía y seguirán insistiendo para que “rectifiquen a tiempo”. “Pedimos una reflexión a la izquierda para parar a la derecha. Es lamentable que la primera opción para Adelante Andalucía sea un tripartito de derechas. Podemos parar a la derecha. Sí, se puede. Nosotros vamos a dar la cara”, ha recalcado Jiménez.

En las próximas horas, tanto el bloque de derechas como el de izquierdas negociarán a contrarreloj para llevarle a la presidenta del Parlamento un solo nombre. La alternativa conjunta de PSOE y Adelante (50 votos) sólo tendría sentido si Vox no le confirma a Bosquet que su candidato es Juanma Moreno. Pero las izquierdas, ahora, están tan enfrentadas como siempre. La rivalidad visceral entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez hace inviable una alternativa a un Gobierno conservador, de modo que el dilema que Bosquet le ha planteado a los letrados de la Cámara puede que nunca tenga lugar. Si el PSOE sólo acredita sus 33 votos para investir a Díaz, la suma de PP y Cs (47) basta para que la presidenta del Parlamento proponga a Moreno para la investidura.

El reglamento da de plazo hasta el 16 de enero para convocar ese primer debate de investidura, pero en ningún sitio está escrito que tenga que ser inmediato. Bosquet podría postergar el debate unas semanas para dar plazo a las derechas a sellar definitivamente un acuerdo a tres que garantice la investidura de Moreno, aunque no es lo que más le conviene a Ciudadanos y al PP. Mientras más se dilate el tiempo previo a la votación, más espacio tendrá Vox para acaparar el foco mediático sobre sus consignas políticas que, hoy por hoy, no están en el marco del acuerdo de Gobierno de PP y Cs en Andalucía.

En la historia autonómica andaluza, el candidato con más respaldo de diputados en la Cámara siempre ha sido el propuesto por el presidente de dicha institución para la investidura. Sólo una vez, en 2012, Javier Arenas logró más escaños (50) que José Antonio Griñán (47), pero el entonces responsable del hemiciclo, el socialista Manuel Gracia, propuso al segundo como candidato a la investidura, tras constatar que sumaba mayoría absoluta gracias al respaldo de los 12 diputados de IU. La situación ahora es diferente porque el Parlamento andaluz está mucho más atomizado que en 2012 -cinco partidos en vez de tres- y con un reparto de poder muy equilibrado entre los dos principales aspirantes.

Para quien ha luchado por combatir las ideologías excluyentes, recortadoras de libertades y derechos, está siendo una entrada de año poco ilusionante. Lo digo como andaluz, hijo de un trabajador del campo, nacido en un pueblo de grandes terratenientes, que sabe bien cómo ha sido la vida en nuestra tierra y la actitud de la derecha mas reaccionaria a lo largo de la historia de Andalucía.

Como demócrata, es de respetar la voluntad de los votantes, pero me preocupa tremendamente la aparición de Vox en el acuerdo PP-Ciudadanos, dándole cabida en las instituciones como partido determinante para el desarrollo de las políticas de Gobierno del próximo inquilino de San Telmo.

La primera escenificación la hemos observado en la votación para componer la mesa del Parlamento, con el préstamo de votos a Vox por parte de PP y Ciudadanos otorgándole voz y voto en las decisiones para ordenar los debates de la cámara, dejando fuera de la mesa a Adelante Andalucía a quienes sí les correspondería estar por número de votos y parlamentarios.

Todo ello negando que han pactado y cediendo el protagonismo a las direcciones de los partidos en el ámbito estatal, tutelando desde Madrid las decisiones que corresponden a nuestra tierra, devaluando así desde el inicio nuestra Autonomía que con tanto esfuerzo conquistamos andaluces y andaluzas.

Ambigüedad calculada

Haciendo lectura del documento firmado como programa de Gobierno, y a expensas aún de escuchar los discursos y conclusiones del debate de investidura, ya se puede intuir que es una receta del más puro liberalismo, aunque su redacción esté en una ambigüedad calculada de refinado estilo vaticano.

Entre las cuestiones que recoge el documento, apunta a la rebaja de impuestos beneficiando con ello a quienes más tienen; insinúa la reducción del sector público que terminará abriendo camino a privatizaciones y mermará servicios a ciudadanos y ciudadanas; hace una exaltación del trabajo autónomo anunciando tarifas planas de hasta 30€, políticas éstas ya fracasadas que propician la aparición de falsos autónomos posibilitando el fraude en la contratación, ahondando aún más en la precariedad laboral y fomentando la competencia desleal entre las empresas. Fomentar los conciertos educativos o propiciar medidas que favorezcan la sanidad privada, entre otras cuestiones del credo liberal, son otra muestra clara de reducción de las políticas de igualdad entre las personas.

Poco o nada se dice del empleo, de las políticas sociales o de cómo alcanzar la cohesión social y territorial o la convergencia con España y Europa. Ya sabemos que todo está en los mercados, pero no todo el mundo puede acceder a ello por lo que se necesitan sistemas fiscales progresivos, equilibrados y suficientes para poder pagar las políticas públicas que permitan hacer a las personas cada día mas iguales.

Estas, entre otras cuestiones, unidas al discurso recentralizador de competencias, son algunas de las preocupaciones a futuro.

Y a todo esto, la extrema derecha pondrá su impronta y provocará tensión y confrontación entre territorios y entre personas.

En definitiva, por triste que a algunos nos parezca la situación, es la que los votantes han decidido en las urnas. En Andalucía, ni todo lo que se hizo fue malo, ni todo lo que venga será maravilloso.

La solución a los problemas vendrá de la política y para ello es preciso que los políticos intenten prestigiarla. De no ser así terminaremos devaluando la democracia y fomentaremos opciones populistas y totalitarias que acabarán generando confrontaciones que deterioraran la convivencia.

En el resultado de las elecciones andaluzas con toda seguridad habrán influido muchos factores, pero también es cierto que la izquierda no ha conseguido ilusionar, movilizar, ni convencer al electorado.

Esperemos que el análisis que hagan las formaciones de izquierda no sea el de pensar que los ciudadanos son los equivocados.

Digo esto por que aún no se ha observado ninguna autocrítica ni reflexión seria por parte de estos partidos, en la dirección de provocar los cambios necesarios para impedir que crezca la derecha más reaccionaria, que limita derechos, recorta libertades, a la vez que genera desigualdades y empobrecimiento de las personas.

El tiempo nos lo dirá.

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox consumaron el jueves un acuerdo para controlar la Mesa del Parlamento andaluz en la sesión constitutiva de la undécima legislatura. Se abre un nuevo ciclo político sin el PSOE andaluz como referente de Gobierno después de 36 años y medio en el poder. 24 horas después, todas las formaciones intensificaron su presión sobre el partido naranja por vincularse políticamente a la extrema derecha. No sólo las fuerzas de izquierda, que acusan al grupo de Albert Rivera de “facilitar la entrada de los ultraconservadores en la primera institución autonómica de España”.

Ciudadanos también siente la presión interna de los suyos y de su aliado en Andalucía, el PP, que se siente más cómodo en su alianza a tres con Vox. Los populares ya reclaman abiertamente a la formación naranja que asuma su condición de socio preferente en los futuros procesos electorales de 2019 (municipales, autonómicas, europeas y generales). “El modelo de cambio en Andalucía es exportable al conjunto de España”, dicen. En la formación de Rivera tienen serias dudas al respecto: PP, Ciudadanos y Vox pertenecen al mismo espectro político y compiten por el mismo espectro electoral. “La negociación en Andalucía demuestra que la asimilación de PP a Vox es más fácil que de PP a Ciudadanos porque, hasta ahora, nosotros no hemos querido ser más que ellos, sino ser distintos”, explican fuentes del partido naranja.

La resaca de la sesión constitutiva del viernes ha sido mucho más placentera para el PP que para Ciudadanos. Los primeros se congratulan del éxito en el reparto de sillones en la Mesa del Parlamento. “Aún habrá tiras y aflojas con Vox para formar Gobierno, pero el cambio ya es irreversible. Ahora sería más difícil explicar que se echan atrás”, dice un alto dirigente popular. PP y Cs se han hecho con cuatro de los siete sillones del órgano de decisión de la Cámara, de modo que ni siquiera necesitarán a Vox para tramitar sus leyes.

Ciudadanos, en cambio, se ha despertado bajo la lupa de todas las fuerzas políticas y de la opinión pública. La equidistancia de Albert Rivera entre la derecha y la izquierda española se ha visto comprometida tras la constitución del Parlamento andaluz. No son sólo sus adversarios políticos quienes cuestionan su perfil centrista, también hay dirigentes entre sus filas que demuestran una notoria “incomodidad” por la cada vez más visible presencia de Vox en su órbita de acción política. El propio líder andaluz de Cs, Juan Marín, tuerce el gesto cada vez que le preguntan por su dependencia palpable de los votos de la ultraderecha. PP y Cs suman 47 diputados y siguen necesitando el apoyo de la extrema derecha para formar Gobierno en Andalucía. “Corremos el riesgo de quedar aplastados como un sandwich entre PP y Vox. Ellos están cómodos juntos y toda la presión cae sobre nosotros”, dice un dirigente naranja.

Presión internacional

A las pocas horas de consumarse el pacto a tres en el Parlamento andaluz, la prensa internacional cargó duramente contra el partido de Albert Rivera, cuestionando su perfil de liberal moderado tras constatar su alianza con la extrema derecha española. El diario conservador norteamericano Financial Times destaca el intento “frustrado” de Ciudadanos por no verse retratado en una alianza con la “extrema derecha”, y advierte el riesgo que corre Rivera al haberse cerrado la puerta a los votos que le llegaban del PSOE.

Pero más dura ha sido la prensa europea, sobre todo las principales cabeceras de Francia. Rivera se codea en Bruselas con sus “socios” de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y usa como referente político al presidente francés, Emmanuel Macron. Pero la prensa gala ha interpretado el pacto de Ciudadanos con el PP y Vox en el Parlamento andaluz como un “escarmiento a la derecha”. Le Monde titula: “En Andalucía, la extrema derecha hace posible la mayoría”, con una imagen de la diputada almeriense de Ciudadanos, Marta Bosquet, recién designada presidenta de la Cámara con los votos de PP y Vox. El periódico Libération coincide con esta lectura: “La derecha y la extrema derecha se dan la mano para gobernar Andalucía”.

Un periodista de este rotativo, Jean Quatremer, va más un paso más allá al concluir que la alianza prevista entre Macron y Rivera en el Parlamento europeo, de cara a las próximas elecciones comunitarias, es difícil de defender después de que la formación naranja se haya ligado políticamente a la extrema derecha en España. De menor tirada, el diario L'independant pone el acento en Manuel Valls, para rescatar que Ciudadanos, aliado del ex primer ministro de Francia, “ha pactado con la extrema derecha en Andalucía”.

Rivera quiere estar en la misma foto que Macron, mientras el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, aspira a concurrir a las europeas junto a los euroescéptivos y ultraconservadores, la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini, que compiten en las urnas contra liberales y democristianos. 

En Andalucía, Ciudadanos se esfuerza en desmentir una alianza con Vox, insiste en que su único acuerdo de Gobierno es con el PP. Pero son los populares quienes, poco a poco, ceden una mayor presencia de la extrema derecha en esta ecuación política que va a propiciar el desalojo del PSOE del Palacio de San Telmo. El líder del PP andaluz y aspirante a presidir el nuevo Gobierno regional, Juanma Moreno, ya ha admitido que su investidura se negocia entre la dirección nacional de su partido y la de Vox. Moreno asegura que el partido de extrema derecha tendrá “una enorme capacidad de influencia” en el Parlamento andaluz, y que las tres fuerzas “con políticas en común” deben esforzarse para estrechar una alianza a tres -PP, Cs y Vox-, no sólo en el Gobierno autonómico, sino en los ayuntamientos, en el resto de comunidades, en Bruselas y en la Moncloa, dice, en alusión al próximo ciclo electoral que se inicia en mayo de 2019.

El presidente del PP andaluz espera ser investido en la tercera semana de enero, a más tardar. La negociación de su nombramiento se está gestando en Madrid, entre la dirección nacional de su partido y la de Vox. El partido de Santiago Abascal hace cada día más visible su posición de fuerza en la negociación de PP y Ciudadanos para formar Gobierno en Andalucía, mientras el equipo de Rivera sigue haciendo malabarismos para mirar hacia otro lado y fija dos líneas rojas: no permitirá que Vox “toque una coma” del programa de Gobierno con 90 medidas ya pactado con el PP; y no aceptará que el grupo de extrema derecha entre en el Ejecutivo andaluz. Vox ya ha aclarado que no tiene intención de formar parte del gabinete de Moreno. Si cambia de opinión a lo largo de la legislatura, Ciudadanos ha prometido abandonar el Gobierno de inmediato.

El nombre del futuro presidente del Gobierno de Andalucía se negocia en Madrid entre las direcciones nacionales de dos partidos -PP y Vox- que buscan extrapolar su alianza andaluza al resto del territorio. Así lo ha explicado el líder regional del PP, Juanma Moreno, al admitir que él mismo no está participando directamente de la “comisión de negociación” con el partido de extrema derecha sobre su investidura como presidente de la Junta. “Yo personalmente no estoy participando de esas conversaciones” que mantiene el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, ha aclarado en una entrevista en Onda Cero.

El número dos del PP nacional ha pilotado la negociación con Ciudadanos del pacto programático de Gobierno en Andalucía, que se cerró con un acuerdo sobre 90 medidas y un calendario para aplicar las más urgentes en los primeros 100 días. En este foro, no se ha sentado ningún representante de Vox. García Egea ha tratado directamente con el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, y la presencia de Juanma Moreno y el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín.

Aquí se pactó la agenda política del futuro “Gobierno de cambio”, el reparto al 50% de las consejerías, la presidencia del Parlamento para Ciudadanos -la elegida es la diputada almeriense Marta Bosquet- y la presidencia de la Junta para el PP. Aunque la formación de Albert Rivera insiste en que se trata de un pacto a dos, la garantía para que PP y Ciudadanos se hicieran con el control de la Mesa del Parlamento durante la sesión constitutiva del jueves la puso Vox. García Egea se reunió con Ortega Smith en Sevilla poco después de cerrar el pacto con Ciudadanos y firmó un acuerdo “paralelo” con Vox para asegurarse la mayoría en la Cámara.

Ese instante se inmortalizó en una foto entre ambos dirigentes -la única en la que aparece la firma de un documento de acuerdo para propiciar el cambio en Andalucía- y oficializó la irrupción de Vox en la negociación. “PP y Ciudadanos nos han pedido oficialmente el apoyo. Ahora sí”, anunció Santiago Abascal, líder nacional de Vox. A partir de ahí, una vez consumado el control del órgano de gobierno del Parlamento con cinco miembros conservadores y dos progresistas, el partido de extrema derecha ha exigido un lugar en la mesa de negociación para revisar el acuerdo programático pactado por PP y Cs e introducir sus propuestas. “No nos sentimos obligados por ese documento. Negociaremos punto por punto”, avisa Ortega Smith.

El acuerdo a tres sobre la Mesa de la Cámara no es extrapolable a la investidura de Juanma Moreno, que ahora empezará a negociarse en Madrid, a cambio de que Vox introduzca su agenda política en el futuro Gobierno andaluz. “Vox va a tener una enorme capacidad de influencia en el Parlamento”, ha dicho el líder del PP andaluz este viernes, aludiendo a sus 12 diputados y al papel clave que han tenido en la composición de la Mesa de la Cámara, y que tendrán en su propia investidura. Moreno no tiene reparos en admitir que su designación como sexto presidente de la Junta de Andalucía depende de una negociación “a nivel nacional”, algo inédito en más de tres décadas de autonomía andaluza. “Tampoco está en esa comisión de negociación Francisco Serrano -candidato de Vox a las andaluzas- por lo que no tiene sentido que esté yo”, advierte.

La participación activa de Vox en el diálogo abierto entre PP y Ciudadanos pone en una situación incómoda a la formación de Rivera. Minutos después de consumarse el acuerdo para controlar el Parlamento, la formación de extrema derecha exigía más presencia en la negociación de cara a la investidura, y PP y Ciudadanos discrepaban respecto al papel clave que tendrá Vox. Moreno sostiene que el partido de Abascal tiene “una magnífica oportunidad de modificar, criticar, matizar, perfeccionar o mejorar” las propuestas acordadas por PP andaluz y Cs una vez que lleguen a la Cámara legislativa, teniendo en cuenta que los escaños de Vox son “necesarios para hacer reformas en Andalucía”. “No podemos ser ingenuos”, avisa el dirigente popular, aludiendo al peso clave de los 12 diputados de la extrema derecha para garantizar su investidura.

Desde la formación naranja, en cambio, replican que “no se tocará una coma” del acuerdo de 90 medidas ya pactado con el PP. Marín está abierto a negociar nuevas propuestas, pero no a quitar las que ya se han acordado. PP y Ciudadanos aspiran a llegar a acuerdos con Vox después de que se haya constituido el nuevo Gobierno, pero los de Abascal quieren plantear sus condiciones antes de la investidura. Los populares pretenden que Moreno sea presidente “como muy tarde en la tercera semana de enero”, gracias a los votos de su partido, de Ciudadanos y de Vox.

El reglamento de la Cámara establece un plazo de 15 días hábiles desde la sesión constitutiva para proponer candidatos a la investidura (el plazo expira el 16 de enero). Pero el grupo de extrema derecha quiere dilatar la negociación los dos meses preceptivos desde el primer debate de investidura. Después de ese periodo, si ningún aspirante ha logrado la mayoría suficiente para ser presidente de la Junta, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, disolverá la Cámara y convocará elecciones autonómicas.

Andalucía ha abierto este jueves un cambio de ciclo político que entierra 36 años y medio de gobiernos socialistas. Será la última comunidad de España que inaugure la alternancia política en el Ejecutivo, y ha sido la primera en abrir la puerta de una institución autonómica a la extrema derecha. PP, Ciudadanos y Vox abanderan ese cambio “histórico”, que tiene dos paradas: la primera es el control de la Mesa del Parlamento, que han consumado con éxito este jueves; y la segunda será la formación de un Gobierno de coalición tras las navidades.

Esta segunda fase ya cuenta con una hoja de ruta programática de 90 medidas pactadas por PP y Ciudadanos, sobre lucha contra la corrupción, rebajas fiscales y reformas de las políticas públicas. Pero siguen dependiendo de Vox para consumar ese “Gobierno de cambio”, y la formación de extrema derecha ha exigido tener un papel “mayor y activo en la mesa de negociación”, y renegociar ese acuerdo desde el principio. “Las negociaciones de Gobierno con PP y Cs empiezan hoy. Negociaremos punto por punto. No nos sentimos obligados para nada con lo que ya hayan pactado estas dos formaciones políticas”, advirtió el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a las puertas del Parlamento andaluz. PP y Ciudadanos, conscientes de que no tienen garantizada la mayoría para formar Gobierno, están abiertos a incluir “propuestas nuevas”, pero “no a quitar las que ya están pactadas”. En ningún caso, dicen, se modificará el programa ya pactado antes de que se constituya el Ejecutivo.

La sesión inaugural de la undécima legislatura fue bronca por el cabreo de una izquierda que se vio por primera vez ninguneada, en el caso del PSOE, y marginada, en el caso de Adelante Andalucía. Pero todas las palabras gruesas que en los días previos habían cruzado Santiago Abascal, líder de Vox, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, no torcieron un guión escrito para que los conservadores se hicieran con el control de la Cámara. El órgano de gobierno del Parlamento no representa la pluralidad del hemiciclo, como establece el artículo 36 del reglamento, aunque éste quedó inhabilitado por dos sentencias del Tribunal Constitucional en la pasada legislatura. Así lo trató de explicar el letrado mayor de la Cámara a un alterado Antonio Maíllo, líder de IU, que denunció un fraude de ley porque Adelante Andalucía se había quedado sin representante en la Mesa.

Las derechas ocupan cinco sillones en el órgano de decisión de la Cámara frente a los dos del PSOE. Esta primera victoria de PP, Cs y Vox es de suma importancia. La diputada almeriense de Ciudadanos, Marta Bosquet, ostenta la presidencia del Parlamento, y eso permite a los conservadores controlar el reloj de la undécima legislatura, agilizar las leyes y medidas que más les importan (siempre con el escenario de las generales de fondo), postergar los debates más incómodos que plantee la oposición, y evitar sobresaltos.

A pesar de todo, el mandato no está exento de brusquedades y de riesgo de inestabilidad, como lo demostró la vespertina bronca de la sesión inaugural a cuenta de la toma de posesión de sus señorías. Los diputados de Adelante Andalucía prometieron sus cargos con reivindicaciones sociales, y los diputados de Vox respondieron jurando “por España”. Aceptar el escaño ya implica el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, aunque saltarse el juramento protocolario de los 109 diputados para agilizar la sesión fue entendido por la bancada de Teresa Rodríguez y de Maíllo como una afrenta al Estado autonómico del que Vox es un claro detractor.

Se inicia ahora una legislatura con un Parlamento atomizado de cinco formaciones y un reparto de poder muy equilibrado: la diferencia entre el primero (PSOE) y el segundo (PP) es de siete diputados; entre el segundo y el tercero (Cs) de cuatro escaños; entre el tercero y el cuarto (Adelante Andalucía) de otros cuatro diputados; y entre el cuarto y el quinto partido (Vox) de cinco diputados. Esta horizontalidad obliga, por fuerza, al diálogo y a la negociación entre adversarios, pero desde el principio se ha impuesto una política de bloques -derechas frente a izquierdas-, que hace difícil imaginar una legislatura estable. La primera sesión demostró, además, que la presencia de Vox incomoda y altera sobremanera a todos los partidos del hemiciclo, excepto al PP. Será un mandato donde habrá, previsiblemente, un Gobierno de coalición en minoría (PP-Ciudadanos), cuya agenda política estará marcada muy de cerca por Vox, el partido que tiene la llave de la estabilidad o del caos en este nuevo ciclo político.

La investidura de Díaz y de Moreno

PP, Ciudadanos y Vox han llegado juntos y con éxito a la primera parada, haciéndose con el control del Parlamento. Ahora Bosquet iniciará una ronda de contactos con los candidatos a la investidura de la presidencia de la Junta de Andalucía: la socialista Susana Díaz, que aún defiende su legitimidad para postularse a la reelección; y el popular Juanma Moreno, que cuenta de antemano con el apoyo de Ciudadanos. Los socios conservadores han pactado un programa de Gobierno de 90 medidas y un reparto al 50% de las consejerías del futuro gabinete. El líder andaluz de la formación naranja, Juan Marín, también ha renunciado a presidir la Junta en favor de Moreno. Pero siguen teniendo 47 diputados y siguen necesitando el apoyo explícito de la extrema derecha.

Vox fue la clave de bóveda en la sesión constitutiva del Parlamento andaluz y volverá a serlo en el próximo debate de investidura. Sólo que esta vez, avisa Abascal, no aguantarán “extrañas piruetas” de PP y Ciudadanos, es decir, no negociarán entre bambalinas ni se esconderán para que la “derechita cobarde” se sienta más cómoda, dice el dirigente nacional en referencia al partido de Rivera. El presidente de Ciudadanos fue el gran ausente, pero también el más aludido en la apertura de la undécima legislatura andaluza. Mientras Marín repetía por los pasillos que su acuerdo era “exclusivo” con el PP y que no tenía “ningún pacto con Vox”; el secretario general de Vox explicaba justo lo contrario dos metros más allá. “PP y Ciudadanos nos han pedido oficialmente que les apoyemos”, advierte Ortega.

Vox quiere estar en la foto de la investidura de Moreno Bonilla y quiere revisar el acuerdo programático pactado por PP y Ciudadanos, para añadir o quitar medidas de las 90 consensuadas por sus socios. La extrema derecha no va a apoyar un Gobierno andaluz en el que no pueda condicionar, una a una, cada ley, cada programa y cada medida que pase por el Parlamento. PP y Ciudadanos han creado una mesa de seguimiento que se reunirá cada tres meses para comprobar si las medidas del pacto se están cumpliendo al ritmo previsto, y habrá que ver si Vox pide estar en esa mesa. La formación naranja se va a pasar la legislatura negando cualquier compromiso con la extrema derecha, pero tanto PSOE como Adelante Andalucía han puesto el foco desde el principio en la figura de Albert Rivera.

En la primavera de 2019 hay elecciones municipales, autonómicas y europeas, y la izquierda va ejercitarse muchísimo para denunciar que el tripartito de la derecha y la extrema derecha en Andalucía tendrá réplica en los ayuntamientos, en las comunidades vecinas y en Bruselas. Susana Díaz, que el jueves sintió la terrible soledad del ganador de las elecciones del 2 de diciembre, ha empezado ya a confrontar dos fotos: la de Rivera con sus “socios” liberales europeos, abanderados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y la que Abascal se hará pronto con los líderes euroescépticos, ultraconservadores y xenófobos, como el italiano Matteo Salvini o la francesa Marine Le Pen. “Rivera ha dejado entrar a la ultraderecha en Andalucía, es un aliado de Salvini y de Le Pen, se ha quitado la careta de liberal moderado”, sostienen los socialistas andaluces.

El programa de gobierno pactado por PP y Ciudadanos en Andalucía choca frontalmente con las tesis políticas más difundidas del programa de Vox, como el rechazo al Estado de las Autonomías y contra las leyes de igualdad y lucha contra la violencia de género. El líder andaluz de Vox, el juez Francisco Serrano, ha insistido en que para garantizarse la investidura, PP y Ciudadanos deben negociar con su formación cada punto del acuerdo, porque su pretensión es introducir sus propias propuestas. El documento pactado por Moreno y Marín incluye una defensa explícita del Estado de las autonomías, y Serrano ha admitido que, de momento, no se cuestionará ese punto ni se planteará en este mandato la devolución de las competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central, como habían anunciado en la campaña electoral. “No estamos de acuerdo con el Estado de las autonomías, pero somos coherentes y racionales a la hora de pedir planteamientos que pueden ser a más largo plazo. Sabemos que para reformarlo hacen falta mayorías reforzadas”, ha dicho el juez y diputado en los pasillos de la Cámara. Serrano ha aclarado que los 12 diputados de Vox “acatan la Constitución y el Estatuto andaluz”. “No pedimos cambios para destruir, sino para mejorar la Constitución. Y si en ese cambio podemos replantearnos el Estado de las autonomías lo haremos, pero siempre dentro de lo que permiten los Estatutos y la propia Constitución. Las cosas no se conquistan al asalto, sino desde dentro”, ha dicho.

El líder del PP andaluz ya ha adelantado su disponibilidad a renegociar aspectos del acuerdo de Gobierno con Vox para allanar así su investidura a mediados de enero. El líder andaluz de Ciudadanos, en cambio, ha sido menos explícito al respecto. Marín no se ha negado a alcanzar acuerdos con otras formaciones “a lo largo de la legislatura”, pero no desde el principio y en el marco del pacto “cerrado” con el PP. “Una cosa es que nosotros nos pongamos de acuerdo en lo que queremos hacer ya, y otra, que a lo largo de la legislatura puedan incorporarse nuevas medidas y propuestas”, advierte.

La formación naranja se ha hecho con la presidencia del Parlamento gracias al apoyo de populares y de Vox. Pero ahora inicia una difícil andadura en la que, día tras día, será señalado como aliado de la extrema derecha, porque cada decisión que adopte, cada medida que quiera ejecutar, necesitará pactarla con el partido de Abascal. Una derecha fragmentada en tres partidos ha descabalgado del poder al PSOE después de 36 años y medios. Pero esos tres partidos siguen compitiendo entre sí por el mismo espacio político, y el largo ciclo electoral que se avecina pondrá a prueba la resistencia del primer pacto de Gobierno en Andalucía.

Otros años, por estas fechas, el Parlamento de Andalucía se convertía en un micro mundo feliz donde los diputados compartían polvorones y mantecados; copitas de cazalla y anís; se felicitaban las Pascuas; intercambiaban sonrisas, fuertes apretones de manos y abrazos sinceros; cantaban villancicos juntos, mientras el PSOE tumbaba una a una las más de un millar de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Eso fue en el pleistoceno, utilizando la unidad de medida temporal que emplea Susana Díaz para referirse a su derrota en las primarias socialistas en la primavera de 2017. A mediodía de este jueves, en pleno invierno de 2018, el año 1 del cambio político en Andalucía dio comienzo tras 36 años y medio de gobiernos ininterrumpidos del PSOE.

Primera foto. Desde las nueve de la mañana, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento, era un ir y venir de gente. Diputados, familiares de parlamentarios, cargos políticos, periodistas, asesores, invitados, Gobierno saliente y en funciones, ujieres, miembros de la seguridad privada y trabajadores de una Cámara que han visto de todo (hasta al fantasma de sor Úrsula), menos la alternancia política en Andalucía.

Este jueves se produjo esa primera imagen del cambio. Los numerosos fotógrafos se colocaron a los pies de la escalera noble del Parlamento. Esperaban a la presidenta de la Junta en funciones, la socialista Susana Díaz. Pero justo cuando comenzaba a descender los escalones, por una puerta lateral cercana, hizo su aparición el candidato del PP, Juanma Moreno. Todas las cámaras cambiaron el foco de su objetivo hacia el que será, casi con toda probabilidad, sexto presidente de la Junta de Andalucía. La periodista Julia Camacho recoge esta instantánea en su cuenta de Twitter.

Fue una metáfora anticipada de lo que vendrá. El PSOE andaluz pasará por primera vez en su historia a la oposición y de la Junta de Andalucía saldrán, desde el primer día que cese el Ejecutivo actual, 660 personas entre altos cargos (273), personal eventual (239) y contratados de alta dirección (148). Aún se desconoce cómo será el traspaso de poderes, algo que no ha ocurrido nunca, aunque fuentes del Gobierno afirman que no habrá ningún traspié. Ya se verá.

No obstante, el nuevo gobierno puede encontrarse con un primer problema nada más llegar. Muchos eventuales, con muchos trienios, cuatrienios y quinquenios acumulados, han acudido al despacho de abogados Cuatrecasas para plantear demandas en los juzgados para defender sus empleos.

Segunda foto. La arrojó la elección de la Mesa del Parlamento mediante votación secreta por papeleta en urna. Cuatro de los cinco grupos de la Cámara (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) están presentes con voz y voto. Las derechas tienen mayoría en este órgano (cinco de los siete representantes) y Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, se queda fuera. Según el artículo 36 del Reglamento de la Cámara, tiene derecho a estar en la Mesa, pero sin voto. Tendrá que esperar unos días a que se reúna el órgano de gobierno de la asamblea para tener esa vocalía, según fuentes jurídicas.

La diputada de Ciudadanos, la almeriense Marta Bosquet (1969), es la nueva presidenta, la tercera mujer en ocupar el segundo puesto institucional de la comunidad. Bosquet es una de esas diputadas sherpas que siempre han existido en el Parlamento andaluz. Es decir, es de esas parlamentarias que trabajan mucho los proyectos de ley, que negocian los detalles de las enmiendas, que dan pespuntes a muchos acuerdos, pero cuyo trabajo no se ve reflejado ni reconocido. Ahora tendrá muchos focos y a un compañero de partido en una Mesa compuesta por dos diputados del PP, dos del PSOE, dos de Ciudadanos y uno de Vox.

Desde el primer momento, Bosquet fue consciente de que no tendrá fácil presidir el Parlamento. Antonio Maíllo, de Adelante Andalucía, protestó de manera enérgica por la decisión de la presidenta de que los diputados juraran o prometieran sus cargos desde sus escaños, en lugar de en la tribuna del salón de plenos, como es lo habitual. El portavoz socialista, Mario Jiménez, pidió la convocatoria urgente de la Mesa para facilitar la entrada inmediata de Adelante, cuando en su mano hubiera estado ceder un puesto a sus colegas de izquierdas, a los que el día anterior llamaban despectivamente “los comunistas”. Temían entonces que aceptaran la oferta de Ciudadanos de ceder su sillón de la vicepresidencia a Adelante para camuflar así su acuerdo con Vox. Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo la rechazaron al no estar dispuestos a contaminarse con “una oferta de la triple alianza de derechas”.

Los diputados de Adelante introdujeron todo tipo de coletillas en sus promesas. Además de acatar la Constitución y el Estatuto, proclamaron su intención de defender a los más débiles y desprotegidos y de luchar contra la homofobia y el racismo. Todos ellos en pie y dirigiéndose a los diputados de Vox. La mayoría de los 12 diputados de la extrema derecha usaron la siguiente fórmula: “Juro por España”, algo nunca oído en un Parlamento, donde jurar por Andalucía es hacerlo por España.

Tercera foto. El PP calcula que, a mediados de enero, la presidenta del Parlamento, tras abrir una ronda de consultas, propondrá a Juanma Moreno como candidato a la presidencia de la Junta. Este pacto a tres bandas entre PP, Ciudadanos y Vox, aún no está cerrado. La extrema derecha no quiere sillones en el Gobierno, pero sí pretende incluir algunas de sus iniciativas programáticas. Moreno ya ha dicho que está abierto a adjuntar otras propuestas a las 90 pactadas con el partido Albert Rivera, y Juan Marín, de Ciudadanos, no se ha cerrado en banda a incorporar otras medidas, pero sin cambiar las ya incluidas.

Francisco Serrano, el candidato de Vox, dejó dicho que no están de acuerdo con el Estado de las Autonomías, pero que acatan la Constitución. Es más que probable que haya muchos tirones de la cuerda hasta que Moreno logre el voto de los 59 votos de la derecha, pero a los tres grupos les une algo muy poderoso: su deseo de echar a los socialistas de la Junta de Andalucía. Ese es su denominador común, su pegamento más potente y por el que llevan esperando casi 37 años.

En el PSOE aún no han digerido las elecciones del 2 de diciembre, que ganaron con el peor resultado de su historia. Prueba de ello es que Susana Díaz no felicitó a la nueva presidenta del Parlamento. Tampoco lo hizo el presidente saliente de la Cámara, Juan Pablo Durán. Pero no todos están en estado de trance. Mario Jiménez dejó claro este jueves que se centrará en atacar a Ciudadanos por “entregar las instituciones a la ultraderecha” y llegó a comparar el pacto con Vox como “la agresión más grave a la autonomía” desde que UCD pidiera la abstención en el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Otros dirigentes provinciales socialistas nada más que piensan en salvar los muebles en las municipales del próximo mes de mayo. “La única manera de recuperar la Junta de Andalucía es obtener unos buenos resultados en los Ayuntamientos”, aseguró un líder provincial. Y ya en alto, aunque sin micrófonos, apuestan por el relevo de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz después de esa cita electoral. Sólo ponen una condición: que sea ella la que tome la decisión.

La diputada almeriense de Ciudadanos Marta Bosquet ha sido designada presidenta del Parlamento andaluz gracias a los votos de su partido, del PP y de Vox. El acuerdo de las dos formaciones de derechas más el apoyo necesario de la extrema derecha ha cumplido con el guión escrito el día anterior, permitiendo que la formación naranja presida su primera institución autonómica en España de la mano de PP y Vox.

El órgano de gobierno del Parlamento, fundamental para marcar el ritmo de esta legislatura, tendrá una inusual mayoría conservadora: cinco miembros (dos de PP, dos de Cs y uno de Vox) y una minoría de izquierdas, sólo representada por dos parlamentarios del PSOE. Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, con más diputados que Vox y 600.000 votantes, ha quedado orillada de la Mesa, con una sonora protesta de sus dirigentes.

Marta Bosquet ha sido elegida por una mayoría de 59 votos: los 26 de los diputados populares, los 21 de su propia formación y los 12 del grupo de Santiago Abascal. Adelante Andalucía es la única formación que ha postulado a una candidata alternativa a Bosquet, su diputada de Cádiz Inmaculada Nieto, que ha logrado 50 votos (los 17 de su formación y los 33 del PSOE).

Ni PP ni Vox ni el PSOE han presentado candidato a la Presidencia del Parlamento, habida cuenta de que los dos primeros han pactado ceder ese puesto a la parlamentaria de Ciudadanos, y los socialistas renuncian a pelear en una votación que saben perdida de antemano. El portavoz del PSOE Mario Jiménez ha justificado su decisión apelando al “respeto a la pluralidad”, dejando patente su esperanza por presidir el Gobierno andaluz.

PSOE, PP y Ciudadanos han votado a sus respectivos candidatos para las tres vicepresidencias de la Mesa: repite como vicepresidenta segunda la popular Esperanza Oña, una de las primeras alineadas con Pablo Casado; y Teresa Jiménez, ex secretaria general del PSOE de Granada, como vicepresidenta segunda. Por Ciudadanos entra el diputado de Huelva, Julio Díaz, en el sillón que la formación naranja había ofrecido a Adelante Andalucía. El parlamentario de Ciudadanos ha recibido votos de PP y Vox. La coalición que lidera Teresa Rodríguez ha postulado a la diputada por Córdoba, Ana María Naranjo, que se ha quedado fuera con sólo 17 votos. Vox no ha postulado candidato.

La tercera y última votación para elegir a los tres secretarios de Mesa ha visibilizado el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox para facilitar que la extrema derecha tenga un miembro con voz y voto, y la coalición Adelante Andalucía quede excluida. Según su relato, los populares y los diputados naranjas se han repartido sus votos para asegurar un puesto al PP -el diputado Manuel González (30 votos)- y otro a Vox -Manuel Gavira (29 votos)-. En teoría es el PP quien ha prestado sus votos a Vox, y Ciudadanos (que no ha presentado candidato) ha apoyado al candidato del PP para no explicitar su alianza con la extrema derecha. Pero al ser el voto secreto no puede confirmarse esta lectura.

Los socialistas, con sus 33 votos, han metido a Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla, que ya formó parte de la Mesa en la pasada legislatura. Adelante Andalucía ha postulado al diputado Guzmán Ahumada Gavira, pero sin votos para lograr que entrara. El artículo 36 del reglamento de la Cámara establece que todos los grupos tienen derecho a estar representados en la Mesa, aunque este punto quedó invalidado por dos sentencias del Tribunal Constitucional en el mandato anterior. Los jueces primaron el derecho de representación de los diputados con más votos para estar dentro por encima del reglamento de la Cámara. El gran damnificado entonces, como ahora, fue IU (ahora coaligado con Podemos).

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha intervenido para denunciar que se quedan en “profundo desamparo”, ha afeado a la presidenta de Edad de la Mesa que “vulnere la pluralidad de la Cámara” y “dejar sin representación a 600.000 andaluces” que les han votado. Bustinduy ha vuelto a hacer una consulta al letrado mayor del Parlamento, y éste ha confirmado otra vez que prima la sentencia del Constitucional. La Mesa, en una posterior sesión, decidirá si habilita un sillón para Adelante Andalucía, con vox pero sin voto (como ya se hizo en 2015). Maíllo ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales, aunque ya lo hizo en el mandato anterior y el Constitucional no lo admitió a trámite.

El socialista Mario Jiménez también ha intervenido para pedir que la Mesa se reúna este mismo jueves para garantizar el cumplimiento del artículo 36 del reglamento del Parlamento, subrayando que la composición actual no representa la proporción de fuerzas de la Cámara.

Arranque bronco

A las doce del mediodía ha arrancado la sesión constitutiva de la undécima legislatura en Andalucía, con una expectación inusual, una inmensa cobertura de prensa y mucha presencia de líderes nacionales. La Mesa de Edad, que ha abierto la sesión, la preside al diputada de mayor edad, la socialista Marisa Bustinduy, junto a los dos parlamentarios más jóvenes, María Márquez (PSOE) y Rafael Caracuel (PP). El momento en el que cada diputado a prometido o jurado su cargo ha desatado la primera bronca de la legislatura. Bosquet ha decidido que cada parlamentario hiciera la toma de posesión desde su escaño, sin necesidad de levantarse ni leer el discurso protocolario sobre la Constitución y el Estatuto andaluz.

Maíllo ha protestado enérgicamente y ha pedido mantener el sistema tradicional. “Aquí hay un partido que quiere derogar el Estatuto de autonomía y yo quiero escuchar que acatan la Constitución y el Estatuto”, gritó. La presidenta del Parlamento le ha negado esta petición, recordando que una lectura más ágil ya se había hecho en mandatos anteriores. Eso no ha impedido que los parlamentarios de Adelante Andalucía aprovechen su juramento para lanzar reivindicaciones -por los derechos humanos, por la igualdad y por la autonomía andaluza- y que los diputados de Vox juren “por España”.

En primera fila de la tribuna de invitados, los secretarios generales del PP, Teodoro García Egea, de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y de Vox, Javier Ortega Smith. La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, se ha cruzado de camino al hemiciclo con el que será previsiblemente su sucesor, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos para presidir el próximo Gobierno andaluz. Ningún ex presidente de la Junta de Andalucía ha acudido a la sesión constitutiva de la undécima legislatura, que abrirá un nuevo ciclo político en esta comunidad, tras casi 40 años de gobiernos socialistas.

El acuerdo de PP y Ciudadanos para formar Gobierno en Andalucía contiene más de 80 medidas, se subdivide en tres bloques temáticos, y este lunes cerraron definitivamente el capítulo de medidas económicas y de política fiscal. Este bloque contiene el compromiso de acometer una bajada global de impuestos propios y cedidos en los primeros 100 días de Gobierno, sirviendo también de avanzadilla para el programa electoral de PP y Cs en las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales de 2019.

La formación de Juanma Moreno y de Juan Marín han acordado la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del IRPF, una reducción de la tasa sobre hipotecas y otra fórmula de tasar los bienes a efectos tributarios autonómicos porque, según PP y Cs, el sistema actual “provoca impuestos desmesurados”. El documento contiene 29 medidas, aunque algunas de ellas son propósitos políticos que el próximo Ejecutivo andaluz trasladará al Gobierno central, como reclamar un modelo de financiación autonómico más justo para Andalucía. 

Hay una parte específica para trabajadores autónomos. El acuerdo contempla la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos y emprendedores en Andalucía y la creación de una una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural. PP y Cs también se comprometen a crear un “sistema arbitral de segunda oportunidad” para que las personas que se encuentran “en situación de sobreendeudamiento” puedan “reestructurar sus deudas, incluidas las que tengan contraídas con la Junta”. El acuerdo también contempla el cumplimiento estricto de los plazos legales de pago a proveedores. 

El documento habla de una nueva norma que permita poner en marcha “el sistema de cheques- formación, asegurando que los recursos de la formación para el empleo terminen en manos de las personas desempleadas que los necesitan y evitando las posibilidades de fraude por los intermediarios”; y se propone “abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada”.

PP y Ciudadanos también han acordado crear una comisión de expertos para estudiar una fórmula para simplificar la burocracia y dinamizar la creación de nuevas empresas; una ley de promoción de la industria andaluza, con especial atención a sectores claves como el agroalimentario o la industria aeronáutica y un plan para captar inversiones internacionales; y una ley de innovación empresarial que fomente la creación de proyectos tecnológicos. Esta última norma lleva implícito un aumento de la inversión de I+D+i y bonificaciones en el coste de la Seguridad Social para los tres primeros trabajadores contratados por las empresas reconocidas como innovadoras durante los primeros dos años de vida. En materia turística, PP y Cs se comprometen a dar “una solución definitiva a la legalización de los establecimientos hosteleros de playa”.

Sobre el sector agrario y pesquero, uno de los pilares de la economía andaluza, el pacto de Gobierno incluye un pacto andaluz por el agua que incluya “la planificación de las infraestructuras hidráulicas prioritarias y de urgente necesidad entre las declaradas de interés de Andalucía y que supongan minorar el déficit hídrico con interconexión de recursos”. “Este pacto contemplara la financiación de actuaciones que supongan logros hacia el ciclo integral del agua, incluyendo también medidas a corto plazo sobre la calidad de las aguas en un horizonte 2019-2022, mejorando el tratamiento del saneamiento y depuración en los municipios andaluces. Además incluirá actuaciones inaplazables en materia de riesgos de inundaciones en nuestro territorio con los necesarios planes de limpieza de ríos y arroyos”, reza el documento.

Con especial urgencia se aprobará una reforma de la Ley del Suelo de Andalucía, aunque el texto no aclara con qué objetivo. Sí se plantea un nuevo plan de vivienda pública. 

El acuerdo subraya la “cultura como motor de desarrollo de Andalucía”. “Protegeremos y potenciaremos el flamenco como una de las principales señas de identidad de Andalucía” y se promoverá “la celebración en el año 2022 del Centenario del Primer Festival de Flamenco de la Historia”. Se propone el fomento del turismo cultural y la creación de una “tarjeta turística cultural de Andalucía” y se apoyará la conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El PSOE de Susana Díaz no sólo quiere encapsular políticamente a Vox, marginándole de los principales órganos de extracción parlamentaria en los que podrá entrar cuando arranque esta legislatura. También prepara una estrategia de pactos con otros partidos para intentar asfixiar económicamente a esta formación de extrema derecha, pieza necesaria para que PP y Ciudadanos formen Gobierno en Andalucía. 

El plan consiste en invalidar un acuerdo secreto de la Mesa del Parlamento, aprobado el 21 de mayo de 2008, y que garantizaba la misma subvención fija a todos los grupos políticos con independencia del número de diputados que cada uno hubiera obtenido en las elecciones. El acuerdo, que no está contemplado en el reglamento de la Cámara ni publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía), se pactó entre los tres únicos partidos con representación en aquella octava legislatura: PSOE, PP e IU, y el principal beneficiario entonces fue la coalición de izquierdas, el más pequeño. 

Fue un acuerdo “extrareglamentario” y fruto de la “voluntad política” en el que socialistas y populares pactaron incluir un criterio de corrección para igualar el reparto de las subvenciones y que las formaciones pequeñas tuvieran la misma asignación de partida -y las mismas oportunidades- que los partidos mayoritarios. Entonces, el principal beneficiario era IU. Ahora lo será Vox, y los socialistas se plantean impugnarlo porque consideran que esta formación es “anticonstitucional, xenófoba, racista y machista”.

Vox ha irrumpido en el Parlamento autonómico con un 10% de la representación y 12 diputados, lo cual le facilitará el acceso a cuantiosas subvenciones electorales, y representación en algunos órganos que sirven de contrapeso al Gobierno: el consejo de administración de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. También está por ver si la formación que encabeza el juez Francisco Serrano pone precio a su apoyo al Gobierno PP-Cs y pide, a cambio de sus votos, un puesto con voz y voto en la Mesa de la Cámara, órgano de gobierno del Parlamento que marcará los ritmos de la legislatura. 

En la Mesa hay siete miembros y ahí se decidirá, entre otras cosas, si se revisa la vigencia del acuerdo sobre el reparto de las subvenciones a los grupos. La estrategia de Díaz para aislar económicamente a Vox dependerá, en gran medida, de que haya más miembros progresistas que conservadores.

En 2008, los grandes partidos estuvieron de acuerdo en volver al modelo anterior sobre criterios y cuantías de las subvenciones electorales, de principios de los noventa. El acuerdo que firmó la Mesa, corroborado año tras año sin modificación alguna desde entonces, incrementó la asignación para cada uno de los tres grupos en un 33,33%, repartiéndose el resto del crédito presupuestado como parte variable con arreglo a los criterios proporcionales. Es decir, una parte fija por grupo y otra variable en función del número de escaños de cada uno, corregida en el caso de los dos partidos mayoritarios con la finalidad de que la subvención final resultante por diputado para ambos fuera idéntica.

La asignación fija es de 29.588,85 euros por grupo, la misma para el PSOE, con 33 diputados, que para Vox, con 12. La asignación variable es de 23.034,99 euros por escaño obtenido, más 0,8501 euros por cada voto. La diferencia presupuestaria entre grupos la determina esta segunda asignación: la formación de extrema derecha obtuvo 350.000 votos en las elecciones del 2 de diciembre, y el PSOE logró más de un millón de papeletas. Para deshacer aquel pacto tendrían que sellar una alianza con “las fuerzas constitucionalistas”, que es como Susana Díaz ha bautizado a todos los partidos con representación actual en el Parlamento, excepto a Vox. “Vox propone acabar con la autonomía andaluza y viene a dinamitar las instituciones autonómicas que le corresponde ocupar, no tiene sentido, por tanto, que tengan un puesto en ellas”, dicen fuentes socialistas.

Para ocupar estos sillones y recibir las ayudas políticas que perciben el resto de partidos existe un acuerdo de la Mesa del Parlamento -que data de la novena legislatura- con el que los grupos pactaron incluir un criterio de corrección para igualar el reparto de las subvenciones y que las formaciones pequeñas tuvieran la misma asignación de partida que los partidos mayoritarios. Se acordó una asignación fija, igual para todos los grupos con representación parlamentaria, y una asignación variable, en función del número de diputados. El principal beneficiario de ese acuerdo fue IU. Y ahora será Vox. 

La formación de extrema derecha se va a beneficiar de aquel pacto que alcanzaron PSOE y PP para que la coalición de izquierdas tuviera las mismas oportunidades de base que el resto. Pero fue un acuerdo basado en la voluntad política, y ahora los socialistas quieren trastocarlo para que Vox, con 350.000 votos, no reciba la misma asignación fija que el PSOE, con más de un millón. Para deshacer aquel pacto tendrían que sellar una alianza con “las fuerzas constitucionalistas”, que es como Susana Díaz ha bautizado a todos los partidos con representación en el Parlamento, excepto a Vox. “Vox propone acabar con la autonomía andaluza y viene a dinamitar las instituciones autonómicas que le corresponde ocupar, no tiene sentido, por tanto, que tengan un puesto en ellas”, dicen fuentes socialistas.

El Partido Popular y Ciudadanos, tras comunicar en la mañana del viernes que habían cerrado un acuerdo programático para Andalucía, difundían horas más tarde el documento con las primeras 21 medidas “de urgencia” que adoptarán en los primeros cien días del que llaman “nuevo Gobierno en Andalucía”. La regeneración democrática copa gran parte de sus compromisos (9 de 21 se incluyen en ese apartado), que incluyen el inicio de la tramitación de varias reformas y la creación de varios grupos de expertos pero que, en esos primeros cien días de gracias, aseguran que aprobarán nuevas medidas para los autónomos y tres planes de mejora en los ámbitos de la salud, la educación y la gestión de la política migratoria. También dicen que pedirán una reunión con Pedro Sánchez para abordar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

En la primera medida, como ya informó eldiario.es Andalucía, el PP ha aceptado una las exigencias principales del partido naranja: la “separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. Es el mismo listón que Cs puso al PSOE en la legislatura pasada, forzando la dimisión de los expresidentes Chaves y Griñán, pero también el que se impuso como condición en Madrid para investir presidenta a la popular Cristina Cifuentes. Ello conlleva que el pacto obliga a depurar los imputados las listas de PP y Cs de cara a las municipales de la próxima primavera.

Asimismo, Ciudadanos también ha logrado que se incluya “la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía la eliminación de los aforamientos de los diputados en el Parlamento andaluz”, como ya se ha hecho en Murcia y Canarias. Para ello, ambas formaciones anuncian un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Entre otras “medidas de urgencia para la regeneración democrática” está encargar una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o “reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales”, anunciando al tiempo un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la 'Administración paralela'.

“Despolitización de la Junta”

En esa línea se iniciarán los trámites para aprobar un Proyecto de Ley de Despolitización de la Junta, con la restricción del sistema de libre designación, una definición de la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente. En otro punto se alude a la puesta en marcha de un grupo de expertos “para definir la Estrategia de Simplificación Normativa y Administrativa de Andalucía para la optimización legislativa”, entre otras cuestiones para la eliminación de trabas burocrática.

También dan cuenta de un Proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, que incluirá la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que igualmente Ciudadanos trató de acelerar en los últimos tiempos de la anterior legislatura. Igualmente, PP y Cs presentarán conjuntamente la solicitud de creación de una Comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que ya inició su andadura hace escasos meses pero que quedó varada por el cambio de legislatura, y se establecerán “los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE”.

En este bloque también se incluye la constitución de un grupo de expertos “que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión Andaluza (RTVA). Vox, en la mañana de este viernes, trasladaba en sus propuestas para Andalucía, un ”compromiso de reducción al máximo del gasto público de Canal Sur“, aunque su ”objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE“ no se contempla entre las medidas de Cs y PP.

Los autónomos, una de las “principales prioridades”

“Apoyaremos a todos los trabajadores autónomos de Andalucía para que puedan seguir creando riqueza y empleo en nuestra comunidad”, dicen PP y Cs, adoptando en los primeros cien días de gobierno la ampliación a 24 meses de la tarifa plana a 50 euros para los nuevos autónomos y emprendedores, así como la implantación de una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural durante 24 meses.

Una de las cuestiones de las que ha presumdio Cs en la anterior legislatura también incluye novedades: “se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de Sucesiones y se bonificará el 99% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos. En el caso de las donaciones a parientes directos, quedaran todas bonificadas al 99%”.

En el ámbito educativo, además de iniciar los trámites para aprobar un Proyecto de Ley Andaluza de Formación Profesional y una nueva normativa que permita poner en marcha el sistema de cheques-formación, PP y Cs señalan que aprobarán un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo prevea la asignación de profesorado de apoyo y refuerzo en los centros educativos andaluces con mayor potencial de mejora de sus resultados y la puesta en marcha de medidas de acompañamiento del alumnado con necesidades educativas específicas. Además, iniciarán los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para reconocer la condición de autoridad al profesorado de Andalucía.

Una Ley Integral de Apoyo a las Familias Andaluzas

Para la cohesión e inclusión social señala que aprobarán un Plan de Choque para la Mejora de la Calidad de la Sanidad Pública de Andalucía para promover una mejora de la calidad asistencial y la reducción efectiva las listas de espera, así como la reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos, la despolitización del Servicio Andaluz de Salud y la implantación del cribado del cáncer de colon. También iniciarán los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Integral de Apoyo a las Familias Andaluzas y la elaboración del Anteproyecto de Ley de Atención Temprana, además de impulsar la creación de una Comisión de la Discapacidad en el Parlamento de Andalucía.

También impulsarán un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género que desarrolle los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley andaluza aprobada el pasado julio.

Además de iniciar los trámites para llevar a cabo un Plan Estratégico de Competitividad para la Agricultura, Ganadería, la Pesca y El Desarrollo Rural, el documento hace referencia a la aprobación de un Plan para la Mejora de la Gestión de la Política Migratoria en Andalucía que incluya un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación. Además, convocarán a la Junta de Seguridad de Andalucía con la finalidad de alcanzar un acuerdo que destine mayores recursos tanto humanos como materiales para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia de las fronteras en Andalucía.

Minutos después de que PP y Ciudadanos anunciasen un acuerdo programático de Gobierno en Andalucía, la formación Vox ha difundido un mensaje a los medios de comunicación subrayando que “no serán obstáculo para el cambio” de Gobierno en Andalucía, tras 36 años del PSOE en el poder. “Dijimos, y mantenemos, que no seríamos un obstáculo para el cambio. Tampoco seremos cómplices de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas”, dice el comunicado.

Lo novedoso del comunicado de Vox es que plantea a PP y Cs una especie de ultimátum para cerrar la puerta a cualquier vía de negociación que no pase por ellos o, dicho de otra forma, que busque apoyarse en el PSOE. Es una forma de cortocircuitar la estrategia de Ciudadanos, que quiere evitar apoyarse en los votos de Vox para controlar la Mesa del Parlamento y sacar adelante el Gobierno de coalición con el PP. La formación de Santiago Abascal ha esperado al anuncio del acuerdo programático para aumentar la cizaña entre PP y Cs, asegurando que su apoyo está condicionado a que el PSOE salga de inmediato de la ecuación de posibles pactos parlamentarios y de Gobierno.

Los 12 diputados de la formación de extrema derecha pueden ser claves para que PP y Ciudadanos gobiernen juntos y controlen el órgano de gobierno de la Cámara legislativa, que se elegirá el próximo 27 de diciembre. PP y Cs han dejado fuera de la negociación a Vox, sobre todo por los recelos del partido de Albert Rivera a verse retratados con una formación que tilda de “populista”. El partido de extrema derecha ha ido endureciendo su discurso a medida que PP y Cs marcaban distancias programáticas con Vox, incluso han amenazado con una repetición de las elecciones andaluzas si no se tomaban en cuenta sus exigencias.

PP y Cs suman 47 diputados y necesitan, al menos, ocho votos de otra formación para controlar la Mesa y formar Gobierno. Los populares quieren amarrar esos votos pactando con Vox, pero los de Rivera buscan una vía alternativa tratando de convencer al PSOE de que se abstenga y facilite el cambio de ciclo político en Andalucía. “El empeño de Ciudadanos de contar con el PSOE en esta nueva etapa y la sumisión del PP a esta pretensión, en ningún caso contará con los votos de los diputados de Vox en el Parlamento andaluz”, dice el comunicado, que reconoce que ambas formaciones “se han negado a incluirnos en la mesa de negociación”.

Hasta ahora la formación de Santiago Abascal se ha negado a responder a preguntas de este medio de comunicación en Andalucía y traslada sus mensajes de manera unidireccional, sin someterse al escrutinio de la prensa. En su último comunicado sostiene que “exigirán a cualquier futuro gobierno en Andalucía que rechace el cordón sanitario que algunos pretenden aplicar a Vox, y que condene las amenazas y agresiones que contra Vox alienta la extrema izquierda política y mediática”.

El grupo parlamentario que encabeza el juez Francisco Serrano, candidato a la Presidencia de la Junta, ha presentado a PP y Cs sus “exigencias” a cambio de facilitarles el apoyo al futuro Gobierno de Andalucía, aunque muchas de ellas no están al alcance de sólo dos fuerzas parlamentarias, porque requieren un consenso mucho más amplio para reformar el Estatuto de autonomía.

Canal Sur

Entre las medidas reseñadas está “la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación”; “una reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales”; “la supresión de agencias administrativas superfluas y la reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía y Fondos sin personalidad jurídica”.

Vox había lanzado hace dos semanas un golpe de efecto anunciando que exigiría “el cierre de Canal Sur”, pero de inmediato los partidos políticos andaluces explicaron que la radio televisión pública de Andalucía está blindada en el Estatuto de autonomía. Se necesitan tres quintas partes del Parlamento para modificar esta norma, que tiene rango de ley orgánica, y ni siquiera una mayoría de PP, Cs y Vox alcanzan esa mayoría. Ahora la formación de extrema derecha ha corregido esta propuesta y plantea “la reducción al máximo del gasto público de Canal Sur y la eliminación inmediata de uno de los dos canales de televisión, con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE”. También se propone una medida que está en el acuerdo PP-Cs: “la supresión del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones” y la “reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF”.

Vox también reclama “pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales”; la “sustitución de la Ley andaluza contra la Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica”; la “sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad”; la “sustitución del PER por un Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural, combatiendo el fraude en las subvenciones”; la “colaboración total con Policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal”; y un “plan de apoyo a la tauromaquia y la caza”.

La dirección del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía han cerrado este viernes un acuerdo de Gobierno que incluye más de 80 medidas programáticas, como adelantó ayer el diario.es/andalucia. Los primeros 20 compromisos de ese documento se ejecutarán en los primeros cien días del nuevo Gobierno, priorizando una importante rebaja fiscal que servirá de impulso a ambas formaciones de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales de 2019.

El primer punto del acuerdo solventa uno de los grandes escollos en la negociación: “la tolerancia cero con la corrupción”. El PP “ha cedido” en dos de las exigencias principales del partido naranja: la eliminación de los aforamientos de los diputados en el Parlamento andaluz, como ya se ha hecho en Murcia y Canarias; y la exigencia de apartar de un cargo público a aquellas personas que resulten imputadas por delitos de corrupción. El mismo listón que Cs puso al PSOE en la legislatura pasada, forzando la dimisión de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero también el que se impuso como condición en Madrid para investir presidenta a la popular Cristina Cifuentes.

Entre las primeras 20 medidas previstas en el programa está la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del IRPF y del impuesto a las hipotecas, y la ampliación de 12 a 24 meses de la tarifa superreducida de 50 euros para nuevos autónomos. Esta bajada global de impuestos debe tener encaje en una ley presupuestaria, sin embargo, el último Gobierno de Susana Díaz no aprobó las cuentas autonómicas de 2019. Tampoco está prorrogado el Presupuesto andaluz de 2018 y el Consejo de Gobierno en funciones no puede hacerlo, de modo que será el nuevo Ejecutivo de PP y Cs quien presente sus propias cuentas o prorrogue las del año que termina.

El acuerdo también da prioridad a una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía, la creación de la oficina antifraude -que quedó en el cajón en el mandato anterior-, una ley de despolitización de los servicios públicos, otra ley de protección a denunciante de corrupción, un plan de choque para salud y empleo y la reactivación de la comisión de investigación en el Parlamento sobre la extinta fundación de empleo (Faffe), por el uso de dinero público con una de sus tarjetas de crédito en varios prostíbulos andaluces.

PP y Cs también han incluido un pacto contra la violencia de género -que deberá contar con el apoyo de otros grupos en la Cámara- y han dedicado algunos párrafos al blindaje competencial que recoge el Estatuto de autonomía andaluz. Con estas últimas propuestas, las formaciones de centro derecha marcan distancias claras con Vox, un partido que puede ser clave para la formación del “Gobierno de cambio” y el control de la Mesa de la Cámara legislativa. El anuncio del acuerdo programático lo ha hecho Marín en el Parlamento andaluz, al término de la cuarta reunión técnica de PP y Cs para consensuar el programa. El líder popular, Juanma Moreno, pretendía vincular el pacto programático al acuerdo para el reparto de sillones en la Mesa de la Cámara, pero finalmente no ha sido posible.

Aquí reside aún la principal discrepancia entre ambos partidos. El Parlamento se constituye el próximo 27 de diciembre y el PP tiene prisa por llegar a ese día con un acuerdo cerrado con Cs y Vox, que le garantice la Presidencia de la Mesa y mayoría en este órgano, decisivo para marcar el ritmo del mandato. La formación de Albert Rivera, en cambio, quiere que en la Mesa estén representados con voz y voto los cinco grupos -PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox-, para lo cual es preciso que todos se sienten a hablar y pacten un acuerdo. Sin ese acuerdo, cada partido votará previsiblemente a su propio candidato para la Presidencia, las tres vicepresidencias y las tres secretarías, de modo que la Mesa estaría dirigida por un diputado o diputada del PSOE, que tiene mayoría de diputados (33). “Esto es un Parlamento. Nadie está obligado a negociar con nadie, pero estamos obligados a entendernos”, ha subrayado Marín.

El portavoz y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta ha recalcado que no negociará el programa de Gobierno con Vox ni con ninguna otra fuerza política, porque su acuerdo es exclusivo con el PP. Tanto para poner en marcha el Ejecutivo como para desarrollar sus políticas.

La dirección nacional de Vox, que lidera Santiago Abascal, participará en la primera reunión de su grupo parlamentario en Andalucía el próximo 26 de diciembre para preparar la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar 24 horas después, según han confirmado fuentes del partido a eldiario.es/andalucia. Al encuentro están convocados los 12 diputados electos de la Cámara autonómica, encabezados por el número uno por Sevilla, el juez Francisco Serrano, y contará con la presencia de “dirigentes nacionales”.

La formación de extrema derecha, con 12 escaños y un 11% de representación en el Parlamento andaluz, llega a la sesión inaugural de la legislatura consciente de que puede jugar un papel clave en la conformación del primer Gobierno de centro derecha en Andalucía, tras 36 años del PSOE en el poder. Vox ha dejado claro que aspira a ocupar uno de los siete puestos en la Mesa del Parlamento, órgano de gobierno de la Cámara, que será fundamental en una legislatura con un Gobierno en minoría y un Parlamento muy atomizado. Sin embargo, el grupo del juez Serrano llega a la sesión constitutiva marginado de las negociaciones entre PP y Ciudadanos, que este viernes prevén sellar el acuerdo programático de Gobierno.

Vox presiona a los populares para amarrar un puesto en la Mesa de la Cámara a cambio de apoyar con sus votos la Presidencia del Parlamento que hayan pactado con Cs, pero también la investidura del próximo presidente de la Junta (previsiblemente el líder del PP andaluz, Juanma Moreno). En las últimas horas, la formación de Abascal ha amenazado a los dos grupos conservadores con negarle su apoyo y facilitar una repetición de elecciones autonómicas si Ciudadanos persiste en el “desprecio” y el “maltrato” a los 400.000 andaluces que votaron a Vox el 2 de diciembre.

El 27 de diciembre, los 109 diputados del Parlamento andaluz tienen que tomar posesión de su cargo en una sesión que arrancará con la conformación de la Mesa. El PP había condicionado la negociación del programa de Gobierno con Ciudadanos a que hubiera un acuerdo previo para el reparto de los puestos del órgano rector de la Cámara, sin embargo, en este punto sigue habiendo una discrepancia fundamental. Los populares quieren asegurarse la mayoría en la Mesa pactando con Vox, a quien cederían un puesto con voz y voto, mientras que Cs se resiste a retratarse con la extrema derecha.

El equipo de Juan Marín quiere cerrar el acuerdo programático con el PP este viernes y presionar en los próximos días al PSOE para que se abstenga y le facilite la Presidencia del Parlamento, para no depender de los votos de Vox. Abascal calificó el jueves esta estrategia de “mamarrachada”.

El Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado “un principio de acuerdo” de Gobierno en Andalucía que se presentará este viernes en el Parlamento andaluz, según han informado a eldiario.es Andalucía fuentes de ambas formaciones. El documento programático, con más de 80 medidas sobre presión fiscal, regeneración democrática y políticas públicas (educación, sanidad y servicios sociales), está “prácticamente cerrado”. Tanto desde la formación naranja como desde el PP andaluz han utilizado la misma expresión: “principio de acuerdo”, dejando claro que aún “faltan flecos por cerrar” en la reunión de este viernes, y que el pacto se limita sólo al programa de Gobierno, pero no incluye un acuerdo sobre el control de la Mesa del Parlamento, como había pedido el líder popular, Juanma Moreno.

En las últimas dos semanas ha habido dos reuniones al más alto nivel, con el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, y el de Ciudadanos, Juan Marín, asistidos por sus equipos y los secretarios generales de sus partidos a nivel nacional: Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Y otros tres encuentros técnicos, coordinados por el presidente de la Diputación de Málaga y portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, y la diputada electa de Cs, Marta Bosquet. Esta última mesa de trabajo, más técnica, es la que ha avanzado este jueves en la redacción definitiva de las más de 80 medidas que contiene el programa.

PP y Cs han llegado a un consenso en la redacción del bloque de regeneración democratica y lucha contra la corrupción, último escollo que impedía hasta este momento el cierre del acuerdo. El texto final se ha cerrado por vía telemática entre los equipos de Bosquet y Bendodo, que hoy estaba en Málaga. Fuentes del PP andaluz aseguran que las discrepancias respecto al bloque de regeneración “nunca fueron un escollo definitivo”. Los populares pedían a Cs “flexibilizar” la redacción del apartado que aclara cuándo debe dimitir un dirigente o cargo público salpicado por un delito de corrupción.

Los naranjas querían mantener el mismo listón que usaron en la pasada legislatura con los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es decir, la dimisión tendría lugar en el momento de ser imputados por un delito de corrupción, y no cuando se les abriera juicio oral. Al final, ambas formaciones han consensuado una redacción “similar a la que PP y Cs ya usaron para facilitar el Gobierno en la Comunidad de Madrid”, sostenido por el voto de los naranjas. La formación de Albert Rivera firmó con el Gobierno de la ex presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, el “Compromiso por la regeneración democrática”, que incluía la exigencia de apartar de su cargo a aquellas personas que resultasen imputadas por delitos de corrupción.

En todas las comunidades donde los naranjas han facilitado investiduras a PP o PSOE se ha puesto como condición ese pacto de regeneración. Ciudadanos ha forzado ya la dimisión de varios cargos del PP en Madrid y de Murcia, incluidos sus presidentes autonómicos, relacionados con casos de corrupción.

El principio de acuerdo de Gobierno en Andalucía alcanzado este jueves tiene algo de estratégico: viene a taponar la enorme presión que la formación de Albert Rivera está recibiendo, tanto por parte de Vox, que pide paso para entrar en la negociación de la mano del PP andaluz, como por parte del PSOE, que trata de convencerle para que cambie de aliados. En las últimas horas, los socialistas habían agudizado esa presión, llegando a sugerir que sus socios en la legislatura pasada preferían no entrar en un hipotético Gobierno de coalición con el PP, para no verse condicionados políticamente por la extrema derecha. Populares y naranjas suman 47 diputados y necesitan los votos de Vox tanto para controlar la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, como para investir presidente a Juanma Moreno (previsible presidente del primer Gobierno de centro derecha de Andalucía).

Con este anuncio, Ciudadanos también frena la presión del PP andaluz, que apremia a sus socios para cerrar un pacto global, que incluyera no sólo el programa del futuro Gobierno, sino también el reparto de los miembros de la Mesa del Parlamento, que se constituirá el próximo 27 de diciembre. Los avances en el programa allanan las prioridades políticas del nuevo Ejecutivo en sus primeros cien días, pero por ahora no hay un acuerdo extensible al control del órgano de gobierno de la Cámara, como reclamaba el PP. Para Moreno eran negociaciones paralelas e indisociables. Marín, en cambio, ya advirtió de que primero cerraría un acuerdo programático con los populares y luego trataría de convencer al PSOE de que se abstuviera en la votación de la Presidencia del Parlamento, para no tener que depender de los votos de Vox. En estos días ha habido conversaciones al más alto nivel entre los dirigentes naranjas y socialistas -incluso llamadas de la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez-, pero Marín ha querido primar siempre su diálogo preferente con el PP.

El preacuerdo entre PP y Cs se ha precipitado en la tarde de este jueves tras las declaraciones de Santiago Abascal, que anunciaba esta mañana el comienzo de las negociaciones entre el partido de extrema derecha y el PP andaluz, algo que los populares negaron. Abascal cargó contra Ciudadanos por su negativa a entenderse con Vox y su empeño en buscar la connivencia de los socialistas, una estrategia que el dirigente nacional calificó de “mamarrachada”.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y parlamentario electo por Sevilla, Francisco Serrano, ha alertado de que el “maltrato” de Ciudadanos y el “desprecio” del PP a los 400.000 andaluces que votaron a esta formación en las pasadas elecciones autonómicas “podrían abocar a Andalucía a nuevas elecciones”. “Dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas”, ha señalado Serrano en un mensaje en su cuenta de Twitter,

El acuerdo programático que ultiman PP y Ciudadanos como base del primer Gobierno de centro derechas de Andalucía incluirá dos puntos relevantes que rebasan las líneas rojas del marco político de Vox: la vigencia de las actuales leyes en materia de igualdad y defensa de los derechos de la mujer, enmarcados en un futuro pacto andaluz contra la violencia de género; y el blindaje competencial recogido en el actual Estatuto de autonomía, confirman fuentes de ambos partidos. Estos dos puntos del acuerdo, sin embargo, han sido atacados frontalmente durante la campaña electoral por Vox, un partido de extrema derecha cuyos votos pueden ser claves para la conformación del nuevo Gobierno PP-Cs.

“Las leyes andaluzas de igualdad no se tocan”. Así zanjó el debate el portavoz y candidato de Ciudadanos a la Presidencia, Juan Marín, cuando le preguntaron en 7 TV si un eventual acuerdo de Gobierno con el PP andaluz conllevaría derogar o revisar alguna de las normas más significativas aprobadas por el Ejecutivo socialista en materia de igualdad de género. La última ley que aprobó el Parlamento andaluz en la pasada legislatura fue, precisamente una actualización de Ley de Igualdad de Género, vigente desde 2007. La norma contó con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, y el rechazo de Podemos e IU, y permitirá sancionar por primera vez cualquier evento deportivo, cultural o lúdico que tenga tintes machistas o discrimine a la mujer.

También en el último tramo del mandato salió adelante la Ley contra la Violencia de Género, acuerdo de todos los grupos excepto IU. A finales de 2017, la Cámara aprobó, por unanimidad de todos los partidos, la ley que reconoce los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). La cuarta norma en materia de igualdad es la Ley integral andaluza de Transexualidad, aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2014.

El documento que están elaborando PP y Ciudadanos contiene más de 80 medidas y una de ellas recupera el compromiso, recogido en el Parlamento en la pasada legislatura, de buscar un pacto andaluz contra la violencia de género. Es un punto que estaba en el primer borrador del acuerdo y que ninguna de las dos formaciones conservadoras ha tocado. Con esta “declaración de intenciones” se marca un distanciamiento claro respecto al discurso de Vox, muy beligerante con las políticas públicas de protección a las mujeres y de igualdad de género. La presidenta en funciones, Susana Díaz, ha cargado precisamente sobre este aspecto toda la presión contra Cs por asociarse con una formación que define como “xenófoba, racista, machista, homófoba, anticonstitucional y que justifica la violencia contra las mujeres”.

El borrador también subraya el blindaje competencial recogido en el Estatuto de autonomía, desmarcándose de la política de recentralización que defiende Vox, pero que también ha planteado el líder nacional del PP, Pablo Casado. En la segunda mitad de la campaña electoral, Casado propuso la devolución al Estado de las competencias sobre educación, que ahora gestionan las comunidades. Ciudadanos se opuso abiertamente y el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, matizó la propuesta de su líder hablando de una “mejora de la gestión de las competencias propias”. La alusión a la defensa y el poder autonómico en el documento que ultiman PP y Cs parece despejar dudas sobre este asunto.

Corrupción e imputados

El segundo equipo de negociación de PP y Ciudadanos -la llamada mesa técnica- se ha reunido por segunda vez este miércoles para aproximar posturas respecto al futuro programa de Gobierno andaluz. El mayor escollo sigue siendo la discrepancia en el bloque de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Los naranjas quieren que el Parlamento andaluz elimine el aforamiento a los diputados salpicados por un delito de corrupción, como ya ha hecho Canarias y Murcia, pero los populares se resisten, y emplazan a que se aborde en una reforma global para toda España. Más complicado aún es consensuar el listón contra los delitos de corrupción en la vida pública, es decir, cuándo debe dimitir un dirigente o cargo público investigado por corrupción.

Ciudadanos mantiene el mismo listón que usó con el PSOE en la legislatura pasada y que se aplicó para forzar la dimisión de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán: es decir, cuando el juez impute un delito, deben abandonar su cargo de inmediato. El PP quiere flexibilizar esa exigencia y pide esperar a la apertura de juicio oral, un momento procesal posterior que es cuando el juez confirma la imputación del delito una vez ha tomado testimonio al investigado. En este punto no hay un acuerdo en la redacción.

En otros aspectos de este bloque sí hay mayor consenso, por ejemplo, proponen reformar la ley de transparencia, una nueva ley de protección integral contra la corrupción y una evaluación de las políticas públicas, incluida una auditoría inicial de la Administración andaluza. Ambos están de acuerdo, también, en iniciar la legislatura reactivando la comisión de investigación sobre el gasto de dinero público en prostíbulos con cargo a tarjetas de crédito de una extinta fundación de empleo (Faffe).

Los avances en el futuro programa de Gobierno no van, sin embargo, en paralelo al acuerdo sobre el reparto de los miembros de la Mesa del Parlamento, que se constituye el próximo 27 de diciembre. El PP había vinculado ambas negociaciones, hasta el punto de que no veía posible consensuar la formación de Gobierno si previamente no habían pactado el control del órgano rector de la Cámara, indispensable para lograr la estabilidad política en esta legislatura. Los populares quieren negociar con Vox para tener mayoría en la Mesa y que la Presidencia del Parlamento recaiga, previsiblemente, en Ciudadanos; pero el partido naranja insiste en buscar la abstención del PSOE para no depender de los votos de la extrema derecha.