El PP, que gobierna en solitario el Ayuntamiento de Málaga, no se retracta de su voto de rechazo al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno de España. El pasado 26 de febrero el PP, liderado por el veterano alcalde Francisco de la Torre, apoyó una moción de Vox muy dura de Vox en la que se critica la “regularización masiva”, se alerta sin datos de un presunto “efecto llamada”, se vinculaba con una “merma” de recursos públicos y se pedía la “repatriación” de los niños y niñas no acompañados. La moción llama a “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad en los últimos años” y a  proceder a la “repatriación” que accedan “ilegalmente” al país.

El alineamiento del PP de De la Torre con el discurso más duro fue una sorpresa muy criticada por ONG y por el Obispado. En las fechas siguientes, el propio alcalde admitió que fue “un error” y abrió la puerta a enmendarse. Pero no ha sido así: este jueves sus concejales han votado en contra de “retractarse” de su voto a favor a la moción de Vox y dejar sin efecto esa moción.

Con Málaga (IU + Podemos) y el PSOE han exigido durante las últimas semanas una rectificación pública al regidor y una enmienda institucional. Por eso llevaron una moción conjunta a la Comisión de Derechos Sociales, donde se dejan los asuntos listos para que el voto en Pleno sea de trámite. Querían una enmienda y que el Pleno mostrase su “respaldo absoluto y sin fisuras” a la regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno de España, “reconociendo esta medida como un paso fundamental para la dignificación de los trabajadores, la lucha contra la economía sumergida y la consolidación de los derechos humanos”.

Pero los concejales del PP y Vox han votado en contra de todo eso. También han rechazo pedir al Gobierno que dote de más recursos a los registros y oficinas de Extranjería, a desarrollar un Plan Estratégico para promover la inserción sociolaboral o el aprendizaje del idioma y, en definitiva, a aislar a Vox, reprobándolo por “traer a este edificio discursos xenófobos”.

Los partidos de izquierda sólo han arrancado del PP algunas concesiones declarativas: el reconocimiento de las personas inmigrantes como “parte de la sociedad malagueña”, la exigencia al Gobierno de que se cumplan los acuerdos de protección de la infancia, el compromiso con el acceso universal a los servicios sociales o el rechazo de las “políticas punitivas basadas en las deportaciones masivas” y los discursos que asocian migración y criminalidad.

Un “error” no rectificado

La votación tenía interés porque el propio alcalde había alimentado la idea de que se corregiría, admitiendo ante las entidades que votar a favor de la moción de Vox fue un error. Pocos días después, ante la insistencia de las entidades, remarcó que su visión respecto a la inmigración no ha cambiado, recordando que “regularizaciones se han hecho y hay que seguir haciéndolas”, también con gobiernos del PP, según informó Sur.  

Su apoyo a Vox había sido sorprendente porque De la Torre no necesita a Vox para nada (gobierna con mayoría absoluta) y se le supone el ala moderada del PP, un democristiano que ha cultivado en su largo mandato (desde el año 2000) una imagen abierta y tolerante. Hace apenas un año llamó públicamente a “extremar el cuidado” de la convivencia, mientras premiaba con hacer de rey mago a un inmigrante senegalés que había rescatado a una mujer durante las inundaciones de octubre de 2024. Además, ocurrió el mismo día que Juan Manuel Moreno trataba de marcar distancias ideológicas con el partido de Abascal, a las puertas de unas elecciones donde esa distancia traducida en escaños puede marcar si mantiene o no la mayoría absoluta.

La Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, que agrupa a las asociaciones que trabajan con estas personas en la ciudad, mostraron su “absoluta estupefacción, indignación y condena” de la moción apoyada por el PP, resaltando que está “plagada de prejuicios, bulos y datos falsos” y calificando que los acuerdos son “abiertamente racistas y xenófobos”.

También le tiró de las orejas la Iglesia, que mostró su “preocupación” ante “la difusión de mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso o amenaza social”. “La realidad que acompañamos cada día demuestra que la mayoría de las personas migrantes desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras la irregularidad administrativa, con frecuencia, sitúa a las personas en escenarios de explotación y vulnerabilidad”, señalaba un comunicado conjunto de las entidades vinculadas al Obispado, entre otras Cáritas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o Manos Unidas.

PP y Vox piden “orden”

Este jueves Francisco Pernía, portavoz de la Plataforma, ha recordado a los “nadie” de Eduardo Galeano. “Como si los numerosos trabajadores migrantes del campo no fuesen nadie, como si las mujeres que cuidan de nuestros mayores no fuesen nadie, como si los trabajadores de la construcción y la hostelería inmigrantes no fuesen nadie. Como si no importasen los requerimientos de los propios empresarios malagueños o del señor Obispo de Málaga”. “Cuando se habla en contra de la regularización se está hablando en contra de nuestras vidas. No estar regularizada significa vivir con miedo”, ha explicado Ofelia Rosario Castillo. “Sí significa poder ser explotada, porque sin papeles trabajamos”.

Rosa Rodríguez (PSOE) ha acusado al alcalde y su grupo de vivir en la “esquizofrenia de votar una cosa y decir otra”, exponiendo las contradicciones: “¿En qué momento hemos pasado de hacer rey Baltasar a Mansour a pedir su deportación? No puede haber ese abismo entre lo que predican y lo que practican”. “La estrategia de Vox y la extrema derecho es hacer pelear al penúltimo contra el último”, ha apuntado Nicolás Sguiglia (Con Málaga), que ha pedido al PP que no se deje arrastrar por Vox.

No ha habido caso. Antonio Alcázar (Vox) ha vuelto a vincular la regularización con el deterioro de los servicios públicos, sin aportar datos de esa relación, insistiendo en la “prioridad de los españoles”. “No es un acto humanitario, es un efecto llamada en toda regla”. Y María del Mar Torres ha defendido el voto del PP así: “El fenómeno migratorio necesita orden para que sea beneficioso para todos. Nuestro país necesita una inmigración vinculada al empleo real”, apelando a la seguridad jurídica, y alertando de la división de una inmigración “mal gestionado”. También ha enumerado las acciones del Ayuntamiento contra el racismo, la integración y en apoyo a las entidades sociales.

A continuación, ha votado a favor de algunos puntos de la moción de PSOE y Con Málaga, pero en contra de una rectificación del voto contra la regularización, después de que los grupos no hayan llegado a un acuerdo para introducir enmiendas.

Contra el racismo

A partir de la decisión tomada en el pleno municipal, la Plataforma de Solidaridad por las Personas Migrantes de Málaga han vuelto a pronunciarse al respecto después de que mostraran su estupefacción ante el apoyo del PP a la moción de Vox en un primer momento. “Ante el silencio, no normalizaremos el racismo”, han trasladado en un comunicado en el que confirman que suspenderán su asistencia a los actos oficiales del Día Internacional contra el Racismo que se conmemora el 21 de marzo como protesta por el “silencio” del regidor.

A menos de 48 horas del evento, las entidades sociales han acusado a Francisco de la Torre de “ignorar” una solicitud de reunión urgente que fue enviada el pasado 6 de marzo con el fin de “reparar el daño causado a la convivencia”. “Esta medida de presión busca evidenciar el rechazo social a los efectos de la moción aprobada el pasado 26 de febrero, cuyo contenido supone un «giro de 180 grados» hacia posturas racistas y criminalizadoras que rompen con la trayectoria histórica de la ciudad”, han subrayado.

Por tal motivo, han indicado que solo se aceptará “una rectificación formal y explícita” por parte del pleno municipal “que repare el daño causado a la dignidad de las personas migrantes” que viven en la ciudad malagueña. “Málaga siempre ha hecho gala de su diversidad y no podemos permitir que el Ayuntamiento mantenga vigente un discurso que criminaliza y socava los valores de inclusión y respeto que defendemos las organizaciones sociales”, han concluido.

Almudena García, que desde hace 23 años vive con su marido que padece esquizofrenia, su hijo y temporalmente su nieta en una vivienda de protección oficial alquilada por el Ayuntamiento de Málaga, ha esquivado el desahucio sobre la bocina. Como estaba previsto, este martes se personaron allí representantes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) con varias dotaciones policiales, con la intención de echar a la familia. Les esperaba la mujer, que había apuntalado la puerta de la vivienda con todos los muebles que encontró, y cerca de un centenar de vecinos para hacer presión. Finalmente, el IMV cedió y pospuso el desahucio un mes.

“Vamos a seguir luchando porque tengo mis documentos”, dice García, cuya aspiración es que el Ayuntamiento acepte un plan de pagos de la deuda y que los subrogue a ella y a su marido en el contrato de alquiler, firmado hace 23 años por su suegra, Remedios. Esta nunca ha habitado el inmueble porque consiguió enseguida una vivienda en propiedad. En cambio, sí vive allí desde 2003 Javier (hijo de Remedios) y la propia Almudena. Es la pareja quien está empadronada desde hace más de dos décadas y tiene a su nombre los suministros, pero la arrendataria para el IMV sigue siendo Remedios.

“No me voy a quedar quieta, a ver si quieren negociar”, insiste. Tiene previsto acudir al próximo Pleno municipal. Hasta ahora, el equipo de gobierno municipal tampoco ha contestado al escrito registrado por el grupo municipal Con Málaga, advirtiendo de que “urge” hacer algo para “evitar que esta familia acabe en la calle”, ni a las preguntas formuladas por este medio.

El equipo técnico enviado junto a la Policía a la casa de Almudena sí le ha presentado a esta un papel. Debía firmarlo si quería evitar hoy el desahucio, que ejecuta el Ayuntamiento con la autorización temporal de un juzgado. En ese documento, Almudena y su marido se comprometen a abandonar su casa antes del 16 de abril.

Apoyo vecinal

De momento, este martes ha ganado una batalla. Tanto que lo ha celebrado rodeada por casi un centenar de vecinas y vecinos, y hasta el champán ha corrido. Hay carteles (“Este barrio cuida a sus vecinos”; “aquí vive una vecina, no un problema”) que enfatizan que ni Almudena ni su marido representan ningún problema de convivencia.

Hay interés por desligar este caso de la ocupación ilegal, y acercarlo a otra cosa bien distinta: una familia que cumple los requisitos para beneficiarse de una VPO (según dice, Almudena gana unos 1.000 euros y su marido unos 900 de pensión), y que desde hace 23 años vive alquila una VPO que formalmente el Ayuntamiento arrienda a otra persona, que paradójicamente abandonó la casa y dejó de cumplir los requisitos al convertirse en propietaria casi de inmediato, según relata Almudena.

La subrogación está prevista en la normativa, aunque no está claro que pueda ocurrir si no es mortis causa. En cuanto al plan de pagos, las activistas anti-desahucios esgrimen el caso reciente de Jessica, que tenía fecha de lanzamiento prevista para el 13 de marzo. “Firmé un acuerdo con el Ayuntamiento que hace un año no quería firmar”, explica ella lo propia Jessica. La mujer insiste que la deuda contraída se debe al consejo de su abogado por la disputa por la vivienda, y asegura que está dispuesta a pagar. “Puedo pagarlo. Es verdad que antes pagaba cuando podía, pero desde 2023 tengo un contrato fijo con Limasam -la empresa pública de limpieza-”, señala.

“Quieren crear situaciones de estrés y tensión extrema”, señala Ysabel Torralbo, abogada de Un Techo por Derecho. “Ella y su marido son los vulnerables, y tienen un salario con el que no pueden irse a otro sitio”, observa Toni Morillas, portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento. Los dos concejales de la coalición han acudido esta mañana a la vivienda.

Sin alternativas

La situación del alquiler en Málaga hace que cualquier alternativa sea casi imposible. El Ayuntamiento le ha dicho que se apunte a las listas para optar a una VPO, pero el año pasado sólo se adjudicaron dos y hay 21.403 personas (a mayo de 2025) esperando una vivienda pública en alquiler.

En el último lustro el Consistorio ha entregado 149 viviendas protegidas, a unas 30 por año, mientras las solicitudes pasaban de 20.196 en 2022 a más de 34.000 (en alquiler y compra). Desde 2021, el precio al que se ofrecen pisos en alquiler en Idealista ha pasado de 9,4 a 16,1 euros/metro cuadrado (+71%), mientras que en compraventa ha subido de 2.308 a 4.107 (+77,9%).

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha acordado seguir la causa contra el exgerente de la Sociedad municipal de Aparcamientos de Málaga (SMASSA) Manuel Díaz por presuntos delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa y falsedad documental en relación con la exjefa de la oficina técnica de la empresa municipal, responsable las obras del aparcamientos de Pío Baroja de la barriada de El Palo.

Así consta en un auto al que ha tenido este medio, en el que se acuerda dar traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que presenten escrito en el que soliciten bien la apertura de juicio oral, así como la práctica de pruebas; o bien el sobreseimiento de la causa. La defensa del investigado estudia si recurrir esta decisión y mantiene que es inocente.

El auto supone que la jueza concluye que de la instrucción que ha practicado en los últimos meses se desprenden indicios suficientes para juzgar al investigado por los tres delitos por los que fue investigado: prevaricación, acoso laboral y falsedad documental. La juez resalta que del informe pericial se desprende que la trabajadora se sintió “humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior” a raíz de sus discrepancias en relación a la obra, “en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades”.

Manuel Díaz, que en 2019 fue recuperado como gerente de SMASSA por el alcalde Francisco de la Torre (PP) tras haber sido defenestrado en 2011 por el llamado caso Piscinas, fue cesado en mayo de 2024, apenas tres días antes de que se celebrara un Pleno monográfico por el llamado caso SMASSA. La concejala responsable, Trinidad Hernández, afirmó en ese Pleno que las irregularidades detectadas en SMASSA podían deberse a la “costumbre”.

El PSOE llegó a sugerir el posible “amaño” de una obra, la del aparcamiento de El Palo, que se desvió el 30% desde su presupuesto inicial. El aparcamiento, adjudicado por 8,7 millones de euros, acabó teniendo un sobrecoste del 30% que elevó la factura final a más de 11 millones. Algunas certificaciones y facturas por aquellas obras se emitieron antes de que la empresa se hubiese adjudicado el concurso público, según la documentación interna que este medio pudo consultar. La firma de la exjefa de la oficina técnica en uno de los documentos había sido copiada desde otro documento. A través de los metadatos, este medio comprobó que el documento, supuestamente firmado el 1 de febrero de 2022, fue creado en realidad el 15 de noviembre de 2023 por alguien que en 2022 ni siquiera trabajaba para SMASSA.

En su día, la exjefa de la oficina técnica de SMASSA, un cargo clave para dar luz verde a las obras de la empresa, declaró ante el Pleno que fue cesada de su puesto por negarse a “traspasar ciertas líneas rojas” en relación a esta obra, y denunció judicialmente un presunto acoso laboral.

Denuncia de la afectada

La investigación contra Manuel Díaz se abrió por la denuncia de la afectada, antes jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad municipal de aparcamientos, por supuesto acoso e irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja. Tras las denuncias formuladas por los grupos de izquierda (PSOE y Con Málaga), la Fiscalía remitió las actuaciones al juzgado.

En septiembre de 2024, el fiscal emitió un escrito en el que señalaba al “elevado número de testigos, la prolija documentación y las decisiones de dudosa fundamentación del querellado” para la continuación del procedimiento judicial por la vía penal y solicitaba el dictado del auto de procedimiento abreviado.

Ahora, el juzgado este pasado miércoles acuerda seguir el caso por el trámite del procedimiento abreviado, tal y como había solicitado el fiscal, “al constar en los autos motivos para pensar que el encausado podría haber incurrido en acoso laboral hacia la denunciante en el trato dado a la misma en el ámbito laboral”.

Señala que esta llega “a sufrir padecimiento como consecuencia de ello”, según un informe forense, “sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior, principalmente a raíz de la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo, obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades”.

Añade el auto que estas llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse “más de lo previsto inicialmente”; “irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante”, que activó el protocolo de acoso laboral, y que antes no había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores gerentes, “sino al contrario”.

El investigado recurrirá

El letrado José Carlos Aguilera, defensa del investigado, ha señalado a Europa Press que la resolución solo describe hechos relativos al presunto acoso laboral. Aguilera estudia presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La defensa presentó en octubre de 2025 un escrito en el que pidió el archivo de la causa. Sostiene que no existe ni tan siquiera una ilegalidad administrativa en el procedimiento de contratación de las obras ni tampoco acoso laboral a la vista de un informe externo. A este sobreseimiento se opuso la acusación popular del PSOE.

Lo que empezó como una protesta simbólica de vecinas y vecinos que, hartas de la suciedad del barrio, salieron a la calle armadas de cubos y fregonas, ha acabado veinte días después en un inédito vídeo donde el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), explica por qué expulsó a varias personas del Pleno municipal el pasado 31 de julio. Entre medias, el PP local, la concejala Teresa Porras y el propio alcalde se han ido enredando en excusas, negativas, acusaciones y amenazas, contribuyendo a exacerbar el enfado vecinal por la desatención de la limpieza en múltiples puntos de la ciudad: casi siempre en los barrios obreros, casi nunca en el Centro.

“No he recibido ninguna queja” fue lo primero que respondió el alcalde en los albores de esta crisis, que ha tenido momentos delirantes, como la excursión en busca de mugre de Porras y concejales de la oposición grabada por Sur. Hoy, la falta de respuesta a un problema de gestión de un servicio público esencial se ha convertido en una crisis reputacional de primer orden para un regidor de rostro amable que lleva 25 años en el poder, casi siempre con mayoría absoluta.

Esta es la cronología de una protesta que ha puesto sobre las mesas de pulcros despachos la mugre rampante de la calle, mostrando una imagen lejos de la estampa de Málaga idealizada en las revistas, y una actitud irritada, amenazante y a veces chulesca del equipo de gobierno, muy diferente a la vocación de servicio y escucha de las quejas ciudadanas.

14 de julio: comienza la protesta

La “rebelión de las fregonas” comenzó el 14 de julio en el barrio de Miraflores de los Ángeles, al norte de la capital. Armadas con cubos, agua, lejía y fregonas, decenas de vecinos y vecinas salieron a la calle, no tanto para descostrar la roña, sino para llamar la atención del abandono que, a su juicio, sufre el barrio. Ante la falta de respuestas, hicieron aquello que es competencia del Ayuntamiento y este no hace, o no hace lo suficientemente bien: quitar chicles, cepillar aceras, vaciar papeleras, eliminar manchas.

La protesta prendió rápido, y pronto se replicó la acción en otras zonas de Málaga. En las últimas semanas han salido a la calle con fregonas y cubos en Las Delicias, Santa Paula, Dos Hermanas o Haza Honda. Y en redes se han compartido cientos de fotos y vídeos desde cualquier punto de la ciudad.

Hace mucho que la suciedad es visible para cualquiera que pasee por Málaga. Más allá de la pequeña almendra central, es habitual que se acumulen enseres abandonados durante días, que las papeleras rebosen y que las ennegrecidas aceras pringuen (ya sea por las flores del jacaranda o por la mancha de aceite de un vehículo que paró allí). Y en algunas calles es excepcional encontrar una base de una farola que no esté negra o, incluso, corroída, por los orines de perro.

No es sólo una apreciación individual. La limpieza es la segunda preocupación de los malagueños, sólo por detrás de la vivienda, según la Encuesta Social Malagueña de 2023 realizada por la Universidad de Málaga. Era el primer problema para el 13,6% de los encuestados y el segundo para el 15,3%. Es, además, un problema muy localizado: mientras que en la capital la satisfacción con la limpieza de las calles es del 4,82, en el área metropolitana es del 6,36. Málaga es la décima ciudad más sucia de España, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios.

17 de julio: la concejala amenaza con “denuncias”

La suciedad es un hecho incontrovertible para una parte muy relevante de la población, pero hay al menos una excepción muy cualificada: la concejala responsable de limpieza, Teresa Porras, quien tiene un fuerte temperamento, con excesos verbales que han sido portada. Y en su defensa de la limpieza ha ido más allá: el 17 de julio, cuando la polémica aún no había desbordado los límites locales, y en un aparente intento de contener daños, echó gasolina al fuego generando un efecto Streisand de manual: “Si las cosas siguen así y siguen mintiendo, pondré una denuncia porque se están falseando cosas de la ciudad”.

No aclaró nunca cuál es la mentira ni por qué motivos se puede denunciar a quien manifiesta públicamente que la calle está sucia. La concejala intentó aclarar luego que la amenaza no iba dirigida a los vecinos, sino a los políticos de la oposición, a los que acusó de escenificar una performance, pero era tarde. Días más tarde, se excusó en la falta de lluvia y pidió a los vecinos que hicieran “autocrítica” por “vivir tanto en la calle”. En las redes ya triunfaba el lema #porrasyonomiento, bajo el que los malagueños han posteado decenas de fotos de la suciedad.

Y así, la ola fue creciendo, hasta llegar a concitar la atención de las televisiones nacionales, punto de no retorno.

Limasam bajo el foco: 2.200 trabajadores y 150 millones de euros

La oposición no estuvo en el origen pero intuyó pronto que el asunto tenía calado. Hay descontentos en votantes de todos los partidos, también del PP, pero el asunto tiene aristas que encajan bien con el discurso de los partidos de izquierda en los últimos años: en una ciudad entregada a la imagen exterior y al visitante foráneo, que pierde vecinos, comercios emblemáticos y bares singulares mientras gana turistas, franquicias y locales impersonales de brunch, la falta de limpieza se nota en los barrios, no en calle Larios y aledañas, que lucen impolutas cada mañana. El Ayuntamiento niega que haya prioridades, y Porras ha deslizado que en algunas calles los vecinos son más sucios que en otros. La oposición ha pedido información de cuántos recursos y los efectivos se dedican a cada barrio.

La polémica saltó entonces a la gestión de Limasam, la empresa de limpieza, municipalizada hace cinco años tras una trayectoria como empresa mixta (la antigua Limasa: 51% ayuntamiento, 49% una UTE integrada por FCC, Urbaser, Unicaja y Sando) marcada por el gasto millonario, el descontento ciudadano y las huelgas periódicas. Ahora tiene 2.200 trabajadores, 1.800 de ellos fijos, y un presupuesto de 150 millones de euros. Cuando municipalizó el servicio, el Ayuntamiento nombró gerente Raúl García Paine, bien relacionado con la cúpula del PP, que cobra 91.163,58 euros brutos anuales y un máximo de 13.674,54 en variables. Antes era directivo de Sando, integrada en la antigua Limasa. La oposición denuncia que el origen del problema está ahí.

La concejala se parapetó tras los trabajadores, asegurando que criticar la suciedad de las calles era cuestionarlos a ellos. Pero la mayoría de los empleados se ha sumado a las críticas: el comité de empresa ha denunciado la falta de personal y medios y la “ineficiencia” en la gestión, revelando que cuartelillos como el de Miraflores tiene 13 operarios cuando tiene asignados 22, que “gran parte” de las barredoras mecánicas llevan meses estropeadas y que ahora se baldea con pistolas a presión insuficientes para limpiar la calle.

“El presupuesto es el más cuantioso en los últimos años; actualmente, se cuenta con más plantilla que en años anteriores, sin embargo, la gestión de estos recursos es tan ineficiente que hacen que la ciudad esté muy sucia”, señala el comunicado, suscrito por los representantes de UGT, STAL, USO y UTL (23 de los 25 representantes sindicales, y cuatro de los cinco sindicatos).

La empresa replicó con otra nota en el que se asegura que las jornadas efectivas son más que nunca y acusando a “parte del comité de empresa” de ir “contra los intereses de los trabajadores”.

31 de julio: el alcalde expulsa a vecinos del Pleno

La acusación a los trabajadores da continuidad a las vertidas contra vecinos y vecinas, a quienes se ha acusado de ser peleles de la oposición. El 4 de agosto, el PP municipal difundió un vídeo en el que señala como “candidatos” del PSOE y Adelante Andalucía a tres de los ocho vecinos que intervinieron en el Pleno del 31 de julio: los tres son conocidos activistas y expresaron sus opiniones a título individual. El vídeo, promocionado en redes, los señala porque uno fue como independiente en el puesto 29 de la lista del PSOE y dos de ellos se presentaron con Adelante Andalucía en las autonómicas de 2022. Ninguno tiene cargo público.

La mayoría de los 30 vecinos que acudieron al Pleno, incluidos estos tres, pertenecían a la plataforma Málaga Ha Ve Sos (Verde Habitable Sostenible), que ha subrayado su independencia y ha acusado al PP local de “trumpista”: “Unos se escribieron su discurso en su casa, otros improvisaron y una de las ocho intervinientes, Carmen Ramírez, vecina de la plaza Monseñor Bocanegra (llamada a intervenir por el PSOE), leyó parte de la moción socialista, intercalando frases de su cosecha”.

En los últimos meses, Ha Ve Sos ha impulsado la creación de asociaciones vecinales a partir de asambleas para revitalizar un movimiento vecinal muy adormecido tras 30 años de gobiernos del PP. “Pero no son nuestras ni las tutelamos”, explica Miguel Jiménez, vecino de Miraflores y uno de los señalados por el PP: “Evidentemente, son plurales y hay vecinos con simpatías hacia el PP”.

Aquel día, un vecino denunció que la suciedad es un problema “recurrente”, otra señaló que su calle está “comida de mierda” y otra contó que hay coches abandonados en La Palma-Palmilla desde hace seis años. E invitaron a Teresa Porras a visitar por sorpresa los barrios o a dimitir, mientras ella, la concejala responsable, se reía con supuesta ironía. Ese día, el alcalde De la Torre, habitualmente sereno, se crispó tanto que se le vio ordenar a voces el desalojo de una mujer. Alguno de los vídeos de la sesión se hizo viral, y acabó en los programas matinales de televisión nacional.

7 de agosto: el alcalde se explica

Y se llega así a este viernes, una semana después del Pleno, cuando el regidor ha decidido publicar otro vídeo en Facebook (no en X, donde la polémica ha sido más visible) para explicar su versión de lo que ocurrió: expulsó a varios vecinos del Pleno porque no dejaban hablar e incluso hacían “gestos de amenaza” a quienes, a propuesta del PP, acudieron a defender la labor de la concejala de Limpieza y el Ayuntamiento. De la Torre dice que no podía permitir que unos hablasen “con total libertad” (a pesar de que “según el reglamento no podían intervenir”) y otros fuesen coartados.

Veinte días después de que en Miraflores de los Ángeles salieran a limpiar, la “rebelión de las fregonas” va ganando al menos la batalla de las redes, y tiene banda sonora oficiosa, que comienza con el fraseo supersónico de De la Torre (el ya legendario “a ver a ver a ver a ver a ver”): “¿Qué pasa con los barrios? Los queremos tan limpios como calle Larios”. La suciedad sigue siendo visible a ojos (casi) cualquiera.

El mundo cofrade lleva meses revolucionado en Málaga y Sevilla después de conocerse que El Vaticano invitaba a la hermandad malagueña de la Esperanza y a la sevillana del Cachorro a participar en una procesión en Roma por el Jubileo de las Cofradías, una especie de Champions cofrade que se celebrará en Roma en mayo. Las corporaciones dieron un 'sí' por aclamación, pero entonces se abrió una cuestión no menor como es el enorme coste de esta aventura, una cuestión en la que han entrado al quite las administraciones públicas andaluzas para poner sobre la mesa más de millón y medio de euros.

La que más va a poner va a ser la Junta de Andalucía, que incluyó 700.000 euros para ello en el presupuesto de la Consejería de Cultura, aunque la que finalmente se va a hacer cargo va a ser la de Turismo, que remite a un próximo acto para concretar su aportación. A esto hay que sumar los 300.000 euros que ponen cada uno los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, así como 250.000 euros que añade la Diputación malagueña. Todas estas administraciones, por cierto, están gobernadas por el PP. Los otros dos grandes patrocinadores son la Fundación Unicaja y la Fundación Cajasol.

¿Y cómo se justifican estas partidas? Pues el carácter histórico del evento, que se antoja como una ocasión única para promocionar las diferentes marcas (Andalucía, Málaga, Sevilla...), además de incidir en su valor cultural y de abono para atraer al turismo cofrade... justo en un momento en el que hasta el Consejo de Cofradías de Sevilla alerta del exceso de turistas. De hecho, esta inversión de más de millón y medio es al margen de los dos millones de euros que el Gobierno andaluz va a pagar para promocionar la “poderosa” Semana Santa de Andalucía estos días en Roma, siempre con el valor del patrimonio cultural-religioso como telón de fondo.

Dos audiencias con el Papa

El Jubileo de las Cofradías se celebra cada 25 años, y la procesión que se celebrará el 17 de mayo estará presidida por las dos imágenes andaluzas, que desfilarán en su trono y en su paso. Previamente habrá una 'preprocesión' en la que podrán verse manifestaciones cofrades de Génova, Sicilia, Francia, Portugal y la propia Ciudad del Vaticano.

La también conocida como Procesión Magna de Roma ya propició que en enero dos consejeras del Gobierno andaluz (la de Hacienda, Carolina España, y la de Cultura, Patricia del Pozo) viajaran para una audiencia con el papa Francisco y expresar así su apoyo a la presencia de las dos hermandades. Entre otros, en este acto también estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado.

El Jubileo de las Cofradías estuvo asimismo muy presente poco después, en febrero, en la que fue la segunda visita en menos de un año del presidente andaluz al Papa para hacer balance del macroevento cofrade que Sevilla acogió en diciembre. Un evento, por cierto, para el que la Junta puso 600.000 euros “sobrantes” del presupuesto de Cultura, para indignación del sector de las artes escénicas. Juan Manuel Moreno subrayó que acudía para “estrechar lazos con El Vaticano” y reforzar el papel del turismo religioso, con Andalucía como “epicentro y capital de la pasión popular en el mundo”.

Reproches a la Diputación de Sevilla

El último en confirmar su aportación ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, que lo ha hecho este pasado jueves –a poco más de un mes para el evento– con un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una modificación presupuestaria con la que reunir estos 300.000 euros. Las partidas para ello se han sacado del capítulo de personal (plazas presupuestadas, pero que no están ocupadas), así como quitándole 27.000 euros a los fondos del bonobús para jóvenes de Tussam, la empresa municipal de transportes. Fuentes municipales han señalado que este capítulo se había sobredotado y al final sobra dinero.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), justificaba esta aportación de 300.000 euros en que “la presencia del Cachorro en el corazón de la cristiandad es un hito” que “exige” la colaboración municipal porque el Cristo de la Expiración va a hacer las veces de “embajador de Sevilla”. Esto “redundará en el prestigio y la visibilidad” de la capital hispalense, poniendo de manifiesto su “identidad cultural, religiosa y turística”.

PSOE y Vox apoyaron la propuesta del gobierno local, con lo que la única formación que se opuso fue Podemos-IU. Su portavoz, Ismael Sánchez (IU), incidía en que su grupo “no está en contra de las hermandades y no vamos a quitar la Semana Santa el día que gobernemos”, pero afeaba al PP que “esta subvención a dedo no forma parte de las prioridades de una ciudad con muchos problemas” y con recortes en los servicios públicos.

Por cierto, que el responsable de Hacienda subrayaba que las administraciones “han estado a la altura” menos la Diputación de Sevilla, “que no ha colaborado” como sí ha hecho la de Málaga. “Habría que estar más pendiente de eso, por qué una administración pública no quiere colaborar en algo superimportante”, le reprochaba. La institución provincial, gobernada por el PSOE, sí puso 50.000 euros para la procesión Magna de Sevilla en diciembre, en la que participaron tres devociones de la provincia: Setefilla de Lora del Río, Consolación de Utrera y Valme de Dos Hermanas. 

El traslado y la procesión

La aportación municipal se materializa en una subvención que se entrega a la Archidiócesis, para colaborar en que el traslado de la imagen se haga “con la dignidad, seguridad y solemnidad que merece”. ¿Y cómo será este traslado? Pues las dos tallas viajarán en un mismo convoy por carretera, mientras que el paso, el trono y las insignias lo harán en ferry desde Valencia. Llegarán a Roma el 13 de mayo, recibiendo culto durante tres días en la basílica de San Pedro.

El cortejo lo formarán 2.000 personas entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores (con dos relevos completos, 90 costaleros para el Cachorro y 270 portadores para la Esperanza) y las bandas de música. Durante el recorrido el Cristo de la Expiración irá acompañado por las bandas de música de La Puebla del Río y la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión, y la dolorosa malagueña lo hará por la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

La procesión comenzará a las 17 y terminará sobre las 23 horas. Tras la ampliación del itinerario aprobado por el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, el recorrido será: Piazza Celimontana, donde estará la estructura efímera desde la que saldrán las imágenes; via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Había mucha expectación hoy en el ayuntamiento de Málaga, donde estaba previsto que se desvelasen los detalles del rascacielos sobre el dique de Levante del Puerto de Málaga, ya con el nuevo diseño del arquitecto británico David Chipperfield. Desde que hace ocho años comenzó la tramitación administrativa para colocar en ese espacio público un hotel de cinco estrellas, el proyecto viene generando en la ciudad una intensa polémica.

Había, por eso, una expectación enorme por conocer la nueva propuesta. Sin embargo, la presentación dejó un poso de decepción. Principalmente, porque del material gráfico nada se puede deducir de qué quiere hacer Chipperfield en esa pastilla de terreno. No se mostró la maqueta y, de las fotos que se distribuyeron, el edificio puede ser cualquier cosa y aparece o bien muy lejano e indistinguible, o bien envuelto una especie de bruma. En la foto de la maqueta que sí se distribuyó a prensa, el inmueble es, de hecho, una pieza blanca sin más definición.

Tendrá 144 metros de altura “por ahora”, lo que por ahora supone 28 más que los 116 metros del proyecto de José Seguí (que lo rebajó de los 132 iniciales para intentar apaciguar las críticas) y se queda a seis del máximo permitido tras la modificación del plan parcial. Contará con entre 350 y 390 habitaciones de un hotel cinco estrellas Gran Lujo operado por una firma internacional.

Habrá, además, zonas comerciales y un centro de convenciones, pero quedó claro que el proyecto aún no está terminado y que lo que hay ahora son ideas, intenciones y proyecciones sin mucha precisión, como que será un “paralelepípedo”, según el alcalde. Es decir, que será rectangular. También, que la construcción en altura se hará con materiales “más ligeros”, inspirada en “la luz blanca de Málaga y los cielos vaporosos por la intensidad solar y el vapor del mar”.

“Ha sido una puesta en escena sorpresiva que aún deja más incógnitas”, apunta Juan Antonio Triviño, portavoz de la Plataforma Defendamos nuestro Horizonte: “La duda es si lo tienen y no lo han querido sacar porque no esté claro”. Aunque se especuló con que acudiría algún representante del Gobierno central, eso no ha ocurrido.

“Un cambio de diseño y una nueva filosofía”

El principal mensaje que el arquitecto Chipperfield y Jordi Ferrer (CEO del Grupo Inversor Hesperia) se esforzaron en trasladar es que el nuevo proyecto permitirá integrar en la ciudad un espacio hasta ahora muy ajeno al uso ciudadano. El “catalizador”, dijo Ferrer, será el hotel, que tendrá un diseño capaz de “proyectar la ciudad a una nueva dimensión y a una liga internacional”. Ferrer cree que el impacto de su altura, la principal pega de quienes lo rechazan, no es “significativo”. “Estamos ganando un nuevo espacio para Málaga, que hoy en día es muy industrial, y que queremos transformar para que se conecte con la ciudad”. Una operación que entroncaría con la histórica apertura del Puerto a la ciudad a comienzos de siglo, cuando se levantó el Muelle Uno como zona comercial, y el Palmeral de las Sorpresas.

Trasladar la idea de integrar en la ciudad una “zona industrial” (en realidad, no hay allí industria alguna, sino una terminal de cruceros) era el motivo por el que se había programado la presentación, la primera en la que participa Chipperfield, contratado hace apenas seis meses para relevar a José Seguí. En la misma línea incidieron Carlos Rubio (presidente de la Autoridad Portuaria) y el alcalde Francisco de la Torre, los principales apoyos políticos de la operación, que cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición, de una parte relevante de la sociedad civil (agrupada en una plataforma de oposición al rascacielos) y de instituciones como la Academia de San Telmo o el Colegio de Arquitectos, que advierten del impacto que tendrá sobre la vista de la bahía.

“La verdadera oportunidad del proyecto es traer esa parte del territorio a la ciudad”, ha dicho Chipperfield, a quien luego ha apoyado el alcalde: “Es un cambio de diseño y una nueva filosofía”. “Tiene una personalidad clara, con un carácter de simpatía hacia la ciudad”, ha añadido luego.

La idea de Chipperfield es conectar esta zona con la Farola y con el centro de la ciudad a través de “una secuencia de jardines”. Junto al edificio “vertical”, que será un “icono” (según Ferrer) los promotores aseguran ahora que habrá “seis espacios públicos”, aunque en ese grupo metieron el centro de convenciones o el espacio comercial, que aunque estén abiertos a la ciudadanía serán privados por formar parte del terreno concesionado. El centro de convenciones tendría una sala con capacidad para 800 personas y una capacidad total de 2.000.

Al proyecto, que ya ha superado su tramitación ante la Junta de Andalucía y ante el ayuntamiento (con la modificación del Plan Parcial), aún le faltan los documentos técnicos que lo sustenten. No sólo los relativos al edificio, sino también un informe geotécnico que determine de qué forma puede sujetarse un edificio de 144 metros de altura en un istmo sometido al empuje de las olas y las mareas de Levante. Se baraja una profundidad de 50 o 60 metros. Estos documentos deben presentarse antes del 7 de marzo a la Autoridad Portuaria, que tras revisarlo a nivel técnico los enviará a Puertos del Estado.

Por último, deberá pasar por el Consejo de Ministros, que para levantar la prohibición genérica de construir allí (una parcela pública portuaria) debe apreciar que el proyecto tiene interés general. Por eso, hoy el mensaje hoy era la idea de integrar en la ciudad unos terrenos que hasta ahora se usan para poco. En realidad, son terrenos del Puerto y, por tanto, a priori de uso exclusivamente portuario.

Jordi Ferrer ha aventurado que en 2028 podrían haber terminado las obras, cuya ejecución se alargaría entre 35 y 40 meses. Parece una previsión optimista, contando con que la tramitación no encalle y el Consejo de Ministros lo apruebe. Ahora hay dos recursos contencioso-administrativo contra la modificación urbanística que permite construir ahí el edificio, cuya sustanciación condicionará el resto de tramitación del proyecto.

La oposición mantiene el rechazo

El alcalde dice creer que con el avance de estas “líneas maestras” y la presentación del proyecto definitivo se vencerán gran parte de las resistencias que hay en la ciudad a este proyecto. Es dudoso que así sea. Fundamentalmente, porque la oposición parte de la raíz: quienes no quieren el rascacielos subrayan que no lo quieren “allí”. Es el hecho de colocar una mole de 144 metros destinada a hotel de cinco estrellas gran lujo sobre un suelo público privilegiado, que domina la bahía, lo que no gusta a una parte de la ciudadanía. Y eso no lo evita la singularidad del proyecto arquitectónico ni el lustre de su firmante.

Para Triviño, David Chipperfield, premio Pritzker de Arquitectura, es el “conejo en la chistera” con el que generar una ilusión que la idea originaria no concita.“Pero aunque el mamotreto se vista de Chipperfield, mamotreto se queda”.

“De la Torre está imponiendo su voluntad gracias a la mayoría absoluta, tratando de forzar a la ciudadanía a aceptar un proyecto que no es el mejor para ese emplazamiento”, ha denunciado Daniel Pérez, portavoz del PSOE. Toni Morillas, portavoz de Por Andalucía, ha pedido al alcalde que “se deje de operaciones cosméticas”: “No queremos un rascacielos en el dique de Levante, estamos absolutamente en contra del enorme impacto paisajístico y patrimonial que supondría para nuestra Farola”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este martes que la ciudad contará con una nueva ordenación urbanística en la que suelos actualmente clasificados como rústicos puedan albergar viviendas de protección oficial que palíen la escasez de casas asequibles. El regidor ha anunciado un nuevo PGOU de aquí a tres años en un debate sobre el estado de la ciudad que ha girado en gran parte sobre la falta de vivienda en la ciudad.

De la Torre ha desplegado una batería de medidas municipales que deberán sumarse a las autonómicas anunciadas y a las estatales anunciadas por Pedro Sánchez este lunes. Está por ver el grado de complementariedad o, incluso, la posible anulación de los efectos de unas y otras. En Málaga y en Andalucía, el alcalde y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, siguen negándose a aplicar una zonificación para limitar los precios de los alquileres, como le ha exigido hoy la oposición municipal a De la Torre.

En este contexto, estaba cantado que el primer debate a fondo sobre la ciudad giraría en torno a la vivienda. También, que De la Torre haría anuncios. Sin embargo, ha sido una sorpresa que avanzara un nuevo PGOU que sustituya al vigente, que data de 2011. Así podía verse en las caras y comentarios de miembros de la oposición.

El alcalde ha enmarcado el anuncio en un “plan de choque” para disponer de más suelo para construir viviendas asequibles, cuya primera medida es “sustituir el plan general por uno nuevo en el marco de la LISTA, lo que permitirá reservar suelo ahora considerado rústico para vivienda protegida o asequible”. Esto llevará al menos tres años, según el regidor. Es, por tanto, una iniciativa que supera el actual mandato, que empezó en 2023 y finaliza en 2027.

La Ley de Sostenibilidad del Territorio (LISTA), aprobada por el Gobierno de Moreno durante la anterior legislatura, sustituyó a la LOUA, muy criticada por todos los operadores por su farragosidad. Uno de los objetivos de la LISTA es, precisamente, agilizar la tramitación de planes de ordenación urbana, que antes se demoraban durante años, casi décadas, y se veían expuestos a una desesperante litigiosidad e inseguridad jurídica.

Aunque el alcalde ni el ayuntamiento lo han aclarado, de su anuncio se infiere que suelo que ahora es rústico sería declarado urbanizable. La LISTA fue recurrida por Podemos ante el Tribunal Constitucional, que sólo aceptó la inconstitucionalidad de un inciso que abría la mano, precisamente, a la construcción de vivienda en suelo rústico.

Simplificar y acortar plazos

No ha sido el único anuncio. Dice De la Torre que piensa incluir la promoción de viviendas en la aceleradora municipal de proyectos para acortar sus plazos, siempre que el porcentaje de reserva de VPO en esas promociones supere el 30%, y que el consistorio va a comprar ya el sector Soliva Oeste para convertirse, allí, en promotor de un millar de VPO. En el sector Ferrocarril del Puerto licitará la figura de agente urbanizador, ante la parálisis de los propietarios privados del suelo.

También trabaja para desbloquear suelos urbanos consolidados y no consolidados, teniendo en cuenta que la LISTA ya no exige planes parciales sino de reforma interior (con evaluaciones ambientales simplificadas). Habrá nuevos planes parciales para Campanillas, Litoral Este y Santa Rosalía para facilitar el desarrollo de estos suelos. Y una reducción de cargas en suelo urbanizable con bonificaciones hasta el 70% donde el porcentaje de VPO sea superior al mínimo legal y un aumento de la densidad y la edificabilidad cuando el suelo se destine a vivienda protegida o asequible.

El objetivo, dice el regidor, es simplificar y acortar plazos todo lo posible. De ahí que haya anunciado una nueva ordenanza de licencias que permita la intervención de “entidades urbanísticas colaboradoras”, y la puesta a disposición de una nueva herramienta que comprueba automáticamente el cumplimiento de parámetros para la concesión de la licencia.

Con todo, ha admitido que la mayoría de las medidas tardarán años en tener efecto. De ahí que también haya defendido lo que ya se hace en el marco del actual Plan de Vivienda: la promoción directa o en colaboración con privados de 3.338 VPO. De esas, un tercio (1.041) están en ejecución, y el resto en trámite de licitación, proyecto u obtención de suelo. “Si hacemos la tarea en Málaga se pueden construir 3.000 viviendas al año”, ha prometido el regidor.

Un “drama social” según la oposición

Toda la oposición llevaba preparada su batería de datos para exponer a De la Torre el reverso del escaparate exterior de la ciudad. Daniel Pérez (PSOE) ha hablado del “drama social” que viven miles de malagueños expulsados de la ciudad por los precios de la vivienda. Según repite invocando un informe del antiguo OMAU, han sido 50.000 en los últimos años. Málaga, dice Pérez, es “la ciudad que más viviendas turísticas tiene” (puede serlo en términos relativos -13.200 VUT en una ciudad de 580.000 habitantes, pero no absolutos, donde al menos Madrid la supera), “la ciudad con mayor incremento del alquiler en el último año” (según Idealista, la tercera -11,4%- tras Valencia y Palma) y hay 34.000 demandantes de VPO. “La vivienda en Málaga es una condena al endeudamiento y el desarraigo”, ha señalado Pérez.

El problema en la capital de la Costa del Sol es diferencial porque la población local compite en un mercado hipertensionado con unos salarios que se mantienen entre los más bajos del país, y que hacen que la renta bruta media por persona, 15.425 euros en 2022, sea sensiblemente inferior a otras ciudades con el mismo problema de vivienda.

Por su parte, Antonio Alcázar, de Vox, ha recetado tomar nota de las medidas del presidente argentino Javier Milei para formular “políticas basadas en la libertad”.

Toni Morillas, de Con Málaga, ha reaccionado rápido al anuncio exponiendo su desconfianza. “¿Será el nuevo PGOU un acelerante para el incendio? ¿A lo mejor el PP está viendo en la crisis de vivienda una nueva oportunidad para seguir alimentando la cultura del pelotazo?”, se ha preguntado, antes de subrayar que la escalada de precios, la “plaga de las viviendas turísticas” y los “terribles efectos de la turistificación” no son daños colaterales del modelo de De la Torre, sino sus efectos naturales. “Su prioridad ha sido convertir a Málaga en una marca rentable para los inversores”, ha dicho, citando como ejemplo que el 46% de las viviendas se pague a tocateja y que el 60% de la vivienda nueva construida sea de lujo. Morillas ha pedido medidas, incluída la expropiación, que afloren al mercado del alquiler las 16.000 viviendas vacías de la ciudad y los 13.200 pisos turísticos.

La vivienda, el debate estrella en la ciudad

No hay tema que haya dominado el debate público durante los últimos años en la ciudad de Málaga como la vivienda. Con los precios desbocados (en máximos históricos tanto en alquiler -15,1 euros por metro cuadrado, +46% en cinco años) y compraventa (3.241 euros, +59%), según Idealista, el alcalde no pareció ser consciente del impacto real del problema hasta el año pasado.

Fue entonces cuando empezó a virar su mensaje: después de valorar como de “importancia relativa” el hecho de que los malagueños tengan que vivir fuera de la ciudad, hoy ha pedido a los foráneos que valoren otras opciones para vivir en Málaga además de la capital. Y de la condescendencia con los pisos turísticos pasó a restringirlos en dos tandas sucesivas. Aún es insuficiente para la oposición, que le afea que haya prohibido la concesión de nuevas licencias en barrios ya saturadísimos (los más saturados de España), abriendo la puerta a doblar el número en las demás zonas. La relación entre la proliferación de pisos turísticos y la subida del alquiler ha sido demostrada recientemente por un estudio de expertos universitarios.

En el cambio de mensaje ha influido de forma determinante dos manifestaciones por la vivienda, en junio y en noviembre, que desbordaron las previsiones del gobierno municipal y le pusieron al fin en guardia ante el caldo de cultivo que allí se observaba: una desesperanza creciente de miles de ciudadanos (25.000 en la primera de ellas, la mayoría jóvenes) ante la nula perspectiva de encontrar pisos asequibles en su ciudad, y una clara atribución de responsabilidad hacia el modelo de ciudad que ha puesto a Málaga en el mapa turístico, cultural y tecnológico, a costa de un encarecimiento inmobiliario que la población local no puede afrontar. La masiva afluencia ya no encajaba bien con el discurso oficial que atribuía estas iniciativas a “grupos de ultraizquierda”.

El problema es transversal y tiene visos de penalizar electoralmente: De la Torre lo sabe, pero faltan años para saber qué efectos tendrán las medidas que ahora propone.

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido adelantar a la mañana de este domingo, 5 de enero, la celebración de la Cabalgata de Reyes 2025 –en lugar de celebrarse por la tarde como es habitual y estaba previsto–, debido a las previsiones meteorológicas adversas.

Así lo han asegurado desde el Consistorio a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde señalan que los Reyes saldrán a las 11.30 horas desde la Alcazaba, visitarán el Ayuntamiento a las 12 horas y está previsto que la Cabalgata comience a las 12.30 horas. Se mantendrá el recorrido inicialmente previsto.

El Consistorio ya descartó este pasado viernes un adelanto del día de la principal cabalgata de Reyes Magos de la capital a este sábado, pero la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, sí señaló que se estaba trabajando “en distintas alternativas”.

102 años de historia

Con esta decisión, el Ayuntamiento de la capital se une al de Alhaurín de la Torre (Málaga), que también mantiene la Cabalgata el domingo, pero se celebrará en horario de mañana (desde las 11 horas) en lugar de desde las 17 horas como estaba previsto en un principio. Otros ayuntamientos de la provincia como los de Antequera, Estepona, Marbella, Mijas, Torremolinos y Nerja, por su parte, anunciaron que sus respectivas cabalgatas se adelantaban a este sábado debido a la previsión de lluvias para el domingo.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en Málaga capital celebra este año 2025 sus 102 años de existencia con una comitiva de 13 carrozas y 19 espectáculos de acompañamiento. Este año, se lanzarán en total 10.500 kilos de caramelos y 6.500 kilos de gominolas.

El itinerario previsto a seguir por la Cabalgata será, con inicio en el Ayuntamiento, y pasará por la avenida de Cervantes, plaza General Torrijos, Paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, calle Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, calle Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento.

Los tres Reyes Magos

Las personas que encarnarán a los tres delegados de los Reyes Magos durante la cabalgata de 2025 en Málaga son el director de COPE Málaga, Justo Fuentes, en delegación de rey Melchor representando a los medios de comunicación. Por su parte, el hermano mayor de la hermandad del Descendimiento y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Torres Téllez, encarnará al rey Gaspar a propuesta de esta entidad.

Por último, Mansour Konte, el joven que protagonizó el rescate de una mujer atrapada por el agua durante la DANA este mes de noviembre, encarnará al Rey Baltasar. Los trajes han sido confeccionados por el diseñador malagueño Jesús Segado.

El ayuntamiento de Málaga ha ordenado la cancelación de un festival de música electrónica que debía comenzar a mediodía de este miércoles, día de Año Nuevo, por carecer de los permisos municipales. Efectivos de los grupos antidisturbios de Policía Local y de la Policía Nacional se han personado en la mañana de este miércoles en la ubicación donde se iba a celebrar el evento y han impedido el paso a quienes se habían desplazado con su entrada hasta el Ogus Park (antiguo Cortijo Bacardí).

Según algunas fuentes, estaba prevista la asistencia de unas 6.000 personas al Sophie Festival, que contaba con Richie Hawtin, Jeff Miles, Nina Kraviz y Luciano como artistas destacados. Las instalaciones se habían renovado para la ocasión y se había instalado una gran carpa transparente como pista de baile, según se puede observar en las publicaciones difundidas en las redes sociales del festival en las últimas semanas. En un comunicado, los organizadores aseguran que devolverán el precio de la entrada de forma íntegra.

El consistorio y Sophie Festival han manifestado versiones contradictorias de lo ocurrido. Mientras que el ayuntamiento subraya la falta de documentación necesaria para emitir la autorización, los promotores insisten en que la remitieron el 3 de diciembre, y que la ausencia en Nochevieja del técnico encargado impidió certificar el cumplimiento de todos los requisitos.

Versiones contradictorias

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, a través del Área de Comercio, ha requerido al promotor en tres ocasiones documentación preceptiva y vinculante para otorgar la autorización conforme a normativa.

Entre otros, según ha indicado el Consistorio en un comunicado, faltaba la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que se le ha venido solicitando desde el Consistorio en base a un requerimiento de Aena. “El plazo para aportar la documentación, tal y como se le explicó al interesado, finalizaba el pasado jueves 26 de diciembre”.

Así, precisan que “al no haber presentado en tiempo y forma (26 de diciembre) toda la documentación”, el Ayuntamiento le notificó el lunes 30 de diciembre la resolución denegando la autorización, “como ya le había adelantado que ocurriría”.

El Ayuntamiento ha agregado que la notificación al promotor de la resolución desfavorable se puso también en conocimiento de Policía Local para su control, de acuerdo al protocolo habitual de trabajo. Además, Policía Local había realizado varios apercibimientos con carácter previo.

Según la versión municipal, el 23 de diciembre se le apercibió de que no podían celebrar esta actividad sin autorización municipal, en el marco de las actuaciones realizadas con las fiestas de las que se tenía constancia y que no contaban con permiso. Posteriormente, el 28 de diciembre se realizó el segundo apercibimiento por parte de Policía, precisan.

El tercero de los apercibimientos, añaden desde el Ayuntamiento, se produjo el 31 de diciembre, tras la notificación de la resolución desfavorable de Comercio --la cual fue notificada el 30 de diciembre--. En dicho apercibimiento “se requería al promotor que comunicase la suspensión de la fiesta al constatar que no lo había anunciado ya a los asistentes”.

Tras ello, y dentro de las acciones de control de fiestas enmarcadas en el operativo previsto para estas fechas, efectivos de Policía Local junto con Policía Nacional se han personado este miércoles en el establecimiento para “volver a requerir al promotor que comunicase la suspensión de la fiesta” y se ha establecido un dispositivo policial preventivo para informar a los asistentes de que “no contaba con la autorización preceptiva y garantizar que no se celebrase el evento”.

Versión del festival

El Sophie Festival ha reaccionado a la cancelación en su web y redes sociales. “Hoy hemos recibido una comunicación de las autoridades locales que nos ha dejado profundamente afectados: lamentablemente, nos vemos en la obligación de cancelar el evento”, comienza el mensaje.

Allí, los promotores aseguran que están “consternados” con la situación. Según su versión, el Consistorio les habría requerido documentación ya aportada con un plazo mínimo que no han podido cumplir. “El pasado lunes 30 de diciembre, a las 13.58, recibimos un requerimiento del Ayuntamiento solicitando una documentación que ya habíamos presentado el día 3 de diciembre”, se lee en ese texto.

Los promotores resaltan que la ausencia del responsable municipal del expediente el día de Nochevieja les impidió completar los trámites a tiempo. Este pasado martes, se dice, “a las 19.16 tuvimos la visita de los técnicos del Ayuntamiento y su aprobación, pero las festividades han dificultado encontrar la persona responsable del Ayuntamiento de abrir el expediente, certificar la documentación del técnico y autorizar el evento”.

“Hemos luchado hasta el final y nos rompe el corazón no poder abrir las puertas aun teniendo todos los papeles en regla desde el 3 de diciembre”, aseguran y añaden que entienden “la frustración, tristeza y molestias que esto puede causar, especialmente para quienes habíais planeado con tanto cariño asistir, incluso viajando desde lejos”.

Sobre las entradas y los gastos de gestión, precisan que “serán reembolsados de forma íntegra al método de pago con el que se realizó la compra”.

No habrá más blancos haciéndose pasar por el Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga. La Junta de Portavoces ha acordado que Baltasar “será encarnado siempre por una persona negra” a propuesta del alcalde, según los méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas. Para este año, el consistorio ha aceptado la propuesta del concejal Nicolás Sguiglia (Con Málaga): Baltasar será Mansour Konte, el joven que protagonizó el rescate de una mujer atrapada por el agua en una gasolinera de la calle Héroe de Sostoa durante las inundaciones del 13 de noviembre. La imagen de Kanté transportando en brazos a la joven se viralizó rápidamente, convirtiéndose en símbolo de la solidaridad y ayuda que se prestaron los vecinos.

La designación de Konte abre así una nueva etapa. Con Málaga ha logrado arrancar el compromiso a futuro, después de años insistiendo en vano al equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre (PP) para que acabara con el blackface, consistente en maquillar a un blanco para que haga de negro, en este caso en la Cabalgata de Reyes. El blackface está vetado en Estados Unidos, donde hay un amplio consenso en considerarlo racista, pero en España la polémica es más reciente.

En Málaga, el cuestionamiento de esta práctica lo ha liderado Sguiglia, que ya el año pasado dirigió un escrito al alcalde pidiéndole eliminarla “definitivamente” y que a cambio recurriera “a personas de piel negra afincadas en nuestra ciudad”. Una oportunidad, decía entonces, de reconocer la “diversidad étnicorracial” de la ciudad. Se quedó solo votando a favor de su propia iniciativa. El PSOE le reprochó que de esa forma ninguna mujer podría participar en la Cabalgata como Rey Mago, y Vox les sugirió que no participasen en celebraciones cristianos.

Curiosamente, Sguiglia había protagonizado la polémica el año anterior, cuando fue designado Baltasar en la cabalgata de 2023 sucediendo a una concejala del PSOE. Sguiglia cedió ese papel a Hadji Coulibaly, un trabajador de CEAR que llegó a Málaga hace una década desde Malí como solicitante de protección internacional.

Una llamada telefónica y un encuentro

El pasado 15 de noviembre, Con Málaga insistió en su petición de abandonar el blackface durante la Cabalgata, aprovechando la ola de simpatía que despertó Konte tras rescatar a una mujer paralizada con el agua a la cintura. “Es un acto que probablemente hubiera realizado cualquier malagueño/a que presenciara el acontecimiento y se sintiera con capacidad y fuerza para hacerlo”, decía propuesta, pero pedía al ayuntamiento que lo aprovechase: “En un contexto social donde los discursos racistas están proliferando, donde se señala a las personas migrantes, y en concreto a las personas negras como protagonistas de actos negativos e incluso de actos delictivos inventados, las administraciones tienen la obligación de contrarrestar estos discursos racistas con todos los instrumentos que estén a su alcance, desmintiendo bulos y, sobre todo, enviando mensajes positivos que rompan los estereotipos”.

Por eso, pedía que Konte fuera Baltasar, que el ayuntamiento lo reconociese oficialmente y que abandonase definitivamente el blackface. El consistorio ha recogido el guante, y en su nota informativa dice aceptar la propuesta.

El propio alcalde Francisco de la Torre se había acercado a Konte casi desde dejó de llover. Pidió su teléfono y dos días después de la catástrofe lo llamó, colgando el vídeo en X (antes Twitter). Como no recibió respuesta, le dejó un mensaje en francés. “Querido amigo Mansour”, le decía, antes de felicitarle por su “trabajo extraordinario de solidaridad”. También le expresaba su deseo de conocerlo en persona, algo que ocurrió hace cinco días, cuando lo recibió en el ayuntamiento.

Junto a Konte, serán Reyes Magos el director de COPE Málaga, Justo Fuentes, que encarnará al rey Melchor representando a los medios de comunicación y el hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Torres Téllez, que encarnará al rey Gaspar a propuesta de la Agrupación de Cofradías. 

Las últimas semanas han sido prolijas en noticias sobre la falta de vivienda asequible en Málaga y su relación con el turismo masivo. En apenas veinte días: una modificación urgente de la normativa municipal para prohibir o limitar por barrios las nuevas viviendas turísticas; una sorprendente declaración del alcalde Francisco de la Torre (PP) anunciando que estudia como “prohibirlas”; una declaración de su concejala de Urbanismo deslizando que el problema no es para tanto; tres informes (municipal, sindical y de una consultora inmobiliaria) subrayando que sí es para tanto; y múltiples declaraciones de la oposición pidiendo medidas más contundentes. El marco lo completa una nueva manifestación por el derecho a la vivienda, este sábado, después del éxito de la del pasado 29 de junio.

Esta efervescencia contrasta con la complacencia de De la Torre y su equipo durante más de un lustro de crecimiento desbocado. Málaga se ha convertido, con diferencia, en la ciudad española con más viviendas turísticas (VUT) por habitante, hasta superar las 13.000 registradas. En este tiempo, la colonización turística y su efecto sobre los precios de la vivienda ha sido el tema estrella en la conversación privada. Mientras, el ayuntamiento sacaba pecho porque Málaga está de moda: el turismo ratifica la apuesta por una imagen de marca y trae dinero (particularmente, para la hostelería y los propietarios de viviendas turísticas).

Ocurre que acaparar portadas de revistas de tendencias o convertirse en la ciudad favorita de los nómadas digitales no están entre las competencias de un consistorio; sí lo están la limpieza, la protección de los comercios locales, el uso de la vía pública, la promoción de vivienda pública o la atención a personas en riesgo de exclusión social, asuntos afectados de lleno por el turismo masivo. Seis años después de que los vecinos del Centro empezaran a quejarse por cómo afectaban las viviendas turísticas a su descanso, a la suciedad, a la falta de comercios de proximidad, a los precios de los alquileres o a la marcha de cada vez más vecinos, el ayuntamiento ha empezado a actuar.

En los últimos cinco meses ha tomado dos medidas, ambas apenas 15 días antes de sendas manifestaciones. En junio anunció que perseguirá la inscripción en el Registro (autonómico) de nuevas viviendas turísticas si no tienen salida y suministros independientes; y hace dos semanas modificó el PGOU para prohibirlas totalmente en algunos barrios ya saturados (con un 8% o más de VUT sobre el total de viviendas), y poner ese límite en los demás. Además, el alcalde sorprendió con un anuncio extra: estudia si prohíbe totalmente las nuevas inscripciones.

Punto de inflexión: la manifestación del 29J

El punto de inflexión se produjo con la masiva manifestación del 29 de junio. Ese día, De la Torre comprobó que el clamor es transversal, y excede a los grupos activistas de izquierda a los que sus consultores de cabecera suelen imputar cualquier protesta. Este sábado hay una nueva protesta, que comenzará a las 11:30 en Plaza de la Merced bajo el lema “Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad”. De la Torre busca liderar un debate que había postergado y traslada un sentido de la urgencia que desvelar el temor a que cuaje el descontento social. Durante la semana han aparecido pegatinas y pintadas sobre candados de VUT, farolas y carteles: “Que te voten los guiris”, dicen.

En el equipo de gobierno aún están asumiendo el cambio de rumbo, como demostró la concejala de Turismo, Carmen Casero, quien en mitad del viraje afirmó que también en Málaga “hay mucha gente que puede pagar la vivienda sin pedir hipoteca, no sólo hay pobres”. Es cierto que el 42,4% de las compraventas en Málaga en 2023 fueron sin hipoteca, según el INE, pero se trata de un dato provincial. Además, Casero no tuvo en cuenta que en torno a un tercio de esas compras las realizan extranjeros, principalmente europeos, según datos del Colegio de Registradores, lo que abona la hipótesis de que se compran como inversión, y no con fines residenciales.

La Asociación de Viviendas Turísticas se queja desde hace tiempo de que se les “culpabiliza” con ataques desmesurados, ahora también desde las instituciones, de un problema del que no son responsables. El problema de la vivienda en Málaga no se agota con las VUT. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos estima que convertirlas al alquiler residencial incrementaría la oferta en un 21% y reduciría los precios un 15%. Hay consenso en que tienen impacto, pero también en que no son la única causa de la falta de oferta y el incremento de precios.

Un informe de la consultora inmobiliaria Savills presentado esta semana concluye que la provincia, la que más crecerá en los próximos lustros, necesita 12.000 nuevas viviendas al año en la capital y su área de influencia, para lo que haría falta disponibilidad de suelos y apetito inversor. En la última década, se han construido entre 3.000 y 4.000 nuevas unidades anuales. Apenas se visaron 68 VPO en la capital en 2023. Ahora el ayuntamiento y el Ministerio las anuncian por miles.

La oposición pide ir eliminando las registradas

La oposición ya ha dejado claro que no se fía de la nueva cara del alcalde y cree que los anuncios son insuficientes. “No es creíble que declare la guerra a las viviendas turísticas y no va a conseguir desmovilizar la manifestación del 9N”, vaticina Daniel Pérez, portavoz del PSOE, que ha anunciado una enmienda: prohibición de cualquier nueva licencia y cese de actividad de todas las que no tengan entrada independiente. Los socialistas calculan que de esta forma se darían de baja más del 90% de las registradas, que son 13.177 a 7 de noviembre.

Con Málaga califica la zonificación de “despropósito”, ya que no aplica ninguna medida para reducir el número de VUT en las zonas que ya sobrepasan el 8% y denomina “zona óptima de crecimiento para la implantación de las futuras VUT” a casi 300 barrios que están entre el 4,53% y el 8%. El ayuntamiento no va a eliminar ninguna de las 3.852 sobrantes en zonas saturadas, y abre la puerta a conceder 12.711 nuevas licencias (duplicando el número actual) en zonas de crecimiento. “Otra prueba inequívoca de que el objetivo no es frenar la expansión de las VUT, sino extenderlas por otras zonas y barrios”. La propuesta de la coalición de izquierdas es la “suspensión y progresiva eliminación” de las VUT en Málaga por “los intereses generales de la ciudad”.

Todas las propuestas (del equipo de gobierno o de la oposición) plantean interrogantes. El registro opera bajo la fórmula de “declaración responsable”, muy querida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el propietario declara que cumple y luego, si acaso, se revisa, lo que retrasará el efecto de cualquier medida.

Además, la patronal de propietarios de pisos turísticos ya ha dejado claro que dará la batalla. Málaga ha pedido al Registro que cancele casi 1.600 VUT sin salida independiente, pero muchos propietarios defenderán su posición ante los tribunales, lo que augura un recorrido judicial de varios años. Más incertidumbre habrá si las limitaciones se convierten en una prohibición total con efectos retroactivos a viviendas turísticas que llevan años operando.

Una de cada tres viviendas del Centro destinadas al turismo

De la Torre quiere mostrar que tras años defendiendo su valor, ya no quiere más viviendas turísticas y sí poner “alfombra roja” a los hoteles. En una ciudad con una escasez histórica de estos establecimientos, la proporción actual es de tres plazas en VUT por cada plaza hotelera.

El ayuntamiento esgrime que lo que ha cambiado es que el 22 de febrero entró en vigor el nuevo Decreto de Viviendas Turísticas, que sí le permite actuar. Ahora también dispone de un informe sobre los efectos de las VUT sobre los precios, y que justifica la zonificación. Pero esto no explica la demora en cambiar el PGOU. De hecho, su propio organismo asesor (el OMAU) se lo advirtió reiteradamente, y otras ciudades han seguido esa senda desde hace tiempo.

Tras años de crecimiento disparado (con ritmos de ocho nuevas VUT inscritas cada día), la situación ahora es difícil de manejar. El informe municipal, elaborado por una consultora sevillana, concluye que Málaga presenta los “mayores indicadores de Presión Turística Residencial” entre las ciudades españolas de más de 500.000 habitantes. En los tres últimos años, el número ha crecido en un 150%, hasta las 7.900 VUTs en abril de 2024, según el medidor del INE, mucho más conservador que el registro andaluz, donde ya hay más de 13.000 inscritas.

En algunos barrios la presión es desmesurada. El 65% de las VUT está en el Distrito Centro. En la pequeña almendra del Centro Histórico el 36,8% viviendas la ocupan turistas. En el barrio de la Merced, el epicentro, 654 de las 1.216 viviendas son turísticas: el 53,78%. El documento lo denomina “situación anómala de uso residencial”. “Existe una relación directa en el incremento del número de VUT y la pérdida de personas y hogares residentes”, porque hay menos oferta y eso dispara al alza los precios de alquiler y venta.

El motivo es el dinero. Los ingresos medios anuales que proporciona la VUT media en la ciudad de Málaga ascienden a unos 30.500 euros (+16% respecto al año anterior). En cambio, ponerlo en alquiler residencial supone unos ingresos medios de 7.510 euros al año. Cuatro veces menos.

Este jueves, CCOO ha divulgado otro informe que pone el foco en el efecto sobre los trabajadores malagueños. Según los datos obtenidos de la AEAT, a partir de las declaraciones de IRPF, 291.989 contribuyentes en la provincia (el 42,3% de 689.515) declaran rentas del trabajo por debajo de los 15.876 euros anuales (SMI), con un salario medio de 6.835 euros, y lo tienen imposible para comprar o alquilar por sí solos una vivienda.

En Málaga provincia el precio medio de vivienda a la venta en Idealista es de 3.436 euros/metro cuadrado. “Sólo quien gana cinco veces el SMI, unos 12.000 declarantes, puede comprar eso”, señala Fernando Cubillo, secretario provincial de CCOO, quien señala el efecto sobre la emancipación y la tasa de fecundidad (-1,44 por mil en dos años en Málaga). “En Málaga, ser joven, mujer, hogar mono-marental, mono-parental, persona con discapacidad o inmigrante es sinónimo de exclusión residencial”. 

El ayuntamiento de Málaga ha cerrado la puerta a investigar a fondo la presunta corrupción en la empresa municipal Promálaga, en el centro de la polémica desde que hace una semana este medio desveló que la Fiscalía cree que Francisco Muñoz, su exdirector económico y financiero, intentó cobrar una mordida a un empresario. El fiscal acusa a este ex alto cargo municipal de cohecho y falsedad documental y pedirá para él tres años y diez meses de cárcel en un juicio que se celebrará en julio de 2025.

“Por las manos de quien fue director financiero de Promalaga durante quince años han pasado más de 200 millones de euros, y la sombra de la corrupción se ha paseado varias veces”, ha recordado Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, antes de pedir que el Tribunal de Cuentas audite a esta empresa pública municipal. “Es una nueva oportunidad para arrojar luz. Lance un mensaje claro contra la corrupción; si no, estará lanzando otro mensaje”, ha reclamado al alcalde, Francisco de la Torre (PP).

La oposición lleva años acusando al gobierno municipal de encubrir este caso, y querría poner la lupa sobre el tiempo en que Muñoz gestionó el departamento económico de Promálaga, asumiendo un papel determinante en la contratación de una empresa que por entonces rondaba los 12 millones de euros de presupuesto anual.

No será así. Este jueves, los concejales del PP, con mayoría en el Pleno, rechazaron la apertura de una comisión de investigación, tal y como había solicitado Con Málaga en una moción urgente. La propuesta tuvo el apoyo del PSOE, y Vox se abstuvo. Los ediles del equipo de gobierno también rechazaron llevar el asunto al Tribunal de Cuentas, pese a la petición unánime de la oposición, incluyendo a Vox.

El ayuntamiento argumenta que en el caso Promálaga es un perjudicado y que ya hace lo que debe. Promálaga está personada acusando por más delitos de los que ve Fiscalía: delito continuado de cohecho, continuado de falsedad documental y blanqueo de capitales, malversación, negociación prohibida de los funcionarios públicos y cohecho por razón del cargo, según fuentes municipales.

La concejal responsable, Alicia Izquierdo, ha reclamado incluso el mérito de haber atajado las irregularidades. Si el caso “existe” es “sólo” porque el equipo de gobierno lo denunció, ha dicho, antes de asegurar que Promálaga es la empresa pública más fiscalizada de Málaga y acusar a la oposición de crearle mala fama. “Hay que tener arte”, le ha replicado con ironía Toni Morillas, portavoz de Con Málaga.

Una indemnización millonaria al ahora acusado

Hay dos hechos que añaden dinamita política al asunto y dejan a Francisco de la Torre y su equipo en una posición más incómoda de la que quieren admitir. El primero, la secuencia de acontecimientos desde que el equipo de gobierno se enteró del presunto cohecho. El empresario al que se le exigió la mordida (el 50% de los beneficios de un contrato, 1.223 euros) informó al gerente de Promálaga y al concejal y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Mario Cortés, en diciembre de 2016. El 9 de mayo, el gerente, el concejal y el empresario ponen la denuncia, que da origen a una investigación en un juzgado de instrucción, inicialmente bajo secreto, y desvelada en octubre de 2019 entre gran escándalo. Pero Promálaga mantiene a Muñoz hasta el 26 de septiembre de 2019, dos años y diez meses después de enterarse de las presuntas irregularidades. “¿Por qué tardaron dos años en despedirlo?”, ha preguntado hoy la portavoz de Con Málaga, sin respuesta.

El segundo hecho está relacionado con el primero. A pesar de las cautelas que se tomaron con él manteniéndolo en el cargo, o precisamente por ello, el ayuntamiento acabó indemnizándolo con 180.000 euros, porque el Tribunal Superior de Andalucía confirmó que su despido disciplinario era nulo. El motivo técnico es la tardanza de Promálaga en despedirlo, pues dejó pasar más de 60 días desde que, en diciembre de 2016, se enteró de los motivos que justificaban el despido disciplinario.

Se da la circunstancia de que Manuel Díaz Guirado, otro alto cargo de una empresa municipal (SMASSA) cesado hace meses entre sospechas de irregularidades investigadas por un juzgado, también recibió una buena indemnización, en este caso de 22.300 euros. “Parece que hasta cometiendo delitos hay gente que consigue enriquecerse”, se lee en la moción rechazada hoy.

“¿A la primera lo pillaron?”

La oposición también quiere abrir el campo. Razona que la Fiscalía, que sólo acusa por una presunta mordida, está condicionada por la prescripción de delitos, un límite que no se aplicaría a una comisión de investigación municipal que podría examinar desde 2003 (cuando Muñoz fue contratado por Promálaga) hasta 2019. En la sentencia del TSJA que obligó a indemnizar a Muñoz se lee que el gerente informó al concejal Mario Cortés “ante la sospecha de que la trama fuera mayor”, aunque en 2019 aseguró que no había otras denuncias. Y la propia Policía y la Agencia Tributaria habían puesto bajo el foco sobre 342.000 euros abonados en 2015 y 2016 a seis proveedores, de los cuales Muñoz y su esposa habrían cobrado 33.400 (el 10%), según su publicó en su momento.

En los antecedentes publicados también hay sospechas de otras irregularidades en las que el ahora acusado tuvo una influencia decisiva. Por ejemplo, el Caso Raqueta, en el que dos informes suyos no previstos en el proceso, el primero de ellos inicialmente sin firmar, cambiaron el curso de una adjudicación millonaria, sobre las que la oposición dijo en su momento que había muchas “sombras”.

De ahí, la batería de preguntas de Mariano Ruiz Araújo (PSOE): “¿Fue la actuación denunciada la primera y última que cometió este señor? ¿A la primera lo pillaron? ¿Ha habido más empresas coaccionadas? ¿Cuántas, cuáles, cuánto se les ha pagado? ¿Actuaba solo?”. 

El Ayuntamiento de Málaga y la sociedad municipal Promálaga han asegurado que han defendido los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado “todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma” en el procedimiento judicial contra un ex alto cargo de dicha sociedad por supuestamente pedir dinero a cambio de contratos y presunta falsedad de facturas. Así lo han asegurado desde el Consistorio en un comunicado en el que han subrayado que el proceso judicial “se inició a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente de Promálaga, Francisco Salas”.

Además, han recordado que “el despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, se produjo en septiembre de 2019, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos”.

Al respecto, han señalado que “no es hasta entonces cuando la empresa puede solicitar personarse como acusación particular y, en consecuencia, obtiene información sobre las actuaciones en curso”. Por último, han dicho que están a la espera de que se celebre el juicio en julio de 2025.

Explicaciones al alcalde

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “que informe a la ciudadanía sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga”, después de que la Fiscalía haya acusado a su exdirector económico y financiero, “arropado por el PP”, por supuestamente quedarse con “dinero de contratos públicos firmados por la entidad con empresas privadas para la procuración de servicios”.

Pérez ha reaccionado de esta manera a la supuesta “trama de mordidas” en el seno de la empresa municipal, por el que este ex alto cargo “puesto a dedo por De la Torre” ha sido acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho y falsedad documental, ya que para el cobro de estas mordidas de dinero público “se confeccionaron supuestamente facturas falsas”, ha señalado en un comunicado.

Ha recordado que “el PP en el Ayuntamiento nunca nos ha dado un solo papel” sobre la información demandada en el seno del Consejo de Administración. “Se trata de una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión”, ha agregado sobre este caso y la acusación de la Fiscalía, adelantada por 'eldiario.es'.

“En este momento no sabemos en qué punto se encuentra la investigación del caso, pero pedimos a De la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le dio indemnización con cerca de 180.000 euros”, ha señalado.

En el momento en que se inició la investigación, “tras la denuncia de un empresario que no cedió al chantaje, la entidad Promálaga manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros”, han señalado desde el PSOE.

Con Málaga pide una comisión de investigación

La concejala portavoz de Con Málaga, confluencia de IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha pedido “la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre todos los contratos realizados por la sociedad municipal Promálaga, tras la petición de la Fiscalía de hasta tres años y diez meses de prisión para su exdirector financiero en el conocido como 'caso mordidas'”.

Al mismo tiempo ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “la asunción de responsabilidades y explicaciones hasta que se depuren todas las implicaciones políticas existentes en el caso”.

En un comunicado, Morillas recuerda que el caso investiga la supuesta “extorsión y petición de cantidades económicas a empresarios a cambio de adjudicación de contratos”. “La gravedad de los hechos requiere que el alcalde dé explicaciones y que se tomen medidas”, ha insistido.

Al respecto, ha instado a solicitar al Tribunal de Cuentas “que efectué una auditoría extraordinaria de todos los contratos adjudicados por Promálaga y se pongan en marcha medidas para dotar de garantías transparencia a la gestión económica de Promálaga y del resto de las sociedades municipales”. Morillas ha señalado que “la sombra de la corrupción vuelve a acechar al equipo de gobierno encabezado por Francisco de la Torre”.

“El 'caso mordidas', por el que la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel al exdirector financiero de Promálaga no es un suceso aislado. No hay que hacer grandes ejercicios de memoria para rememorar otros escándalos e irregularidades administrativas, como las acontecidas en Smassa, que son muy recientes y están todavía pendientes de esclarecerse y que, al igual que en el Caso Mordidas, supusieron la destitución del alto cargo implicado cuando el asunto ya había estallado y salido a la luz pública”, ha dicho.

La Fiscalía acusa a un exalto cargo de Promálaga de cohecho y falsedad documental por exigir una mordida a un potencial contratante de la empresa pública malagueña. Francisco Muñoz, exdirector económico y financiero de Promálaga (dedicada a la promoción y desarrollo empresarial en la ciudad), se reunió con un directivo de una empresa de recursos humanos y le pidió la mitad de los beneficios obtenidos con el último contrato que le habían adjudicado, prometiéndole más contrataciones si atendía sus exigencias, según el escrito de acusación del fiscal, al que este medio ha tenido acceso.

Está previsto que el juicio se celebre ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga los días 1 y 2 de julio de 2025, ocho años y medio después de la denuncia que dio origen al caso, que data de marzo de 2017. Muñoz fue cesado como director financiero de Promálaga en septiembre de 2019, cuando se desveló que un juzgado le investigaba a instancias de la Fiscalía. En 2017 Promálaga manejaba un presupuesto anual de 12 millones de euros, que hoy ha crecido hasta los 22,3 millones. El director financiero tenía un sueldo mensual de 8.6523,59 euros.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2016. Según se lee en el relato del fiscal, ese día Muñoz se reunió en un pub irlandés con un alto directivo de una empresa de consultoría y recursos humanos que ya había tenido “relaciones comerciales” con Promálaga. Allí, tras decirle que los contratos previos se debían a su intervención, “le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido con el último contrato”, consistente en la contratación de un empleado para el Servicio de Gestión Documental. Además, le avanzó la “posibilidad de seguir prestando sus servicios en el futuro (…) en el caso de que atendiera sus exigencias”. Por entonces, Promálaga estaba renovando el contrato de ese servicio y preparaba un nuevo proyecto.

El fiscal recuerda que, por su cargo en Promálaga, Muñoz confeccionaba los “informes de necesidad”, con los que se justifica una licitación, y formaba parte del “comité asesor de contratación” en procedimientos negociados sin publicidad. Además, en algunos contratos menores ejercía funciones de búsqueda de proveedores. 

Para encubrir la supuesta mordida, Muñoz y su esposa habrían elaborado una factura falsa por un supuesto servicio prestado por ella, procuradora de profesión. La factura ascendía a 1.223,42 euros y fue remitida el 12 de diciembre de 2016 al correo electrónico del empresario, que se negó a pagar y denunció al alto cargo ante la Policía en marzo de 2017, tras informar al gerente de Promálaga y un concejal del consistorio.

El fiscal pide tres años y diez meses de prisión y 10.800 euros de multa a Muñoz por los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho, y diez meses de prisión y 4.050 euros de multa a su mujer por la falsedad.

Siete años de investigación y denuncias de “opacidad”

El caso Promálaga generó un notable revuelo político en la ciudad cuando salió a la luz, hace cinco años. La oposición municipal reclamó entonces la apertura de una comisión de investigación sobre el asunto, entreviendo una “trama de corrupción”. Exigió explicaciones al alcalde, Francisco de la Torre, por haber mantenido a Muñoz hasta septiembre de 2019, a pesar de que en el ayuntamiento sabían que estaba siendo investigado desde finales de 2016. También pidieron todos los informes elaborados por Muñoz y los contratos que avaló.

La comisión de investigación en el Pleno fue rechazada y del asunto nada se ha sabido en un lustro. Ha ayudado que la investigación judicial haya discurrido con absoluta discreción y notable parsimonia, que fuentes del juzgado achacaron a este medio a los continuos recursos que se iban interponiendo.

Para poder prorrogar las diligencias, el caso fue declarado “causa compleja”. En este tiempo, el PSOE ha denunciado reiteradamente el “oscurantismo” del equipo de gobierno. Por su parte, el consistorio argumentaba que el asunto estaba sub iudice.

Ahora, y tras una investigación de siete años, el fiscal no ha encontrado otros supuestos que abonen la “trama de corrupción” que denunció el PSOE, más allá del caso inicial. En su momento, Francisco Salas, gerente de Promálaga, ya aseguró que no había recibido más denuncia que la primera. Si hubiese empresarios que accedieron a abonar la mordida habrían incurrido en un delito de cohecho activo. Es decir, denunciarlo sería tanto como una autoinculpación.

En paralelo, el ahora acusado ha logrado que el ayuntamiento, a través de Promálaga, le pague 180.000 euros, según publicó Sur en 2020. Tras ser despedido “por motivos disciplinarios” en septiembre de 2019, Muñoz acudió a los tribunales y logró que fuera fue declarado improcedente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que este medio ha podido consultar, contenía un rapapolvo para la empresa municipal, a la que los magistrados afeaban la “tardanza” en aplicar el despido disciplinario.

“Lo cierto es que la demandada [Promálaga] tomó inicial conocimiento de los mismos a finales del año 2016 y pese a su contenido y alcance no procedió a adoptar medida alguna frente a ellos hasta finales de marzo de 2017”, cuando los denunció a la Policía. Al dejar transcurrir más de 60 días, el TSJA declaró que el despido disciplinario era nulo, y lo sustituyó por uno improcedente que obligó al consistorio a indemnizar a Muñoz.

El Caso Raqueta

Muñoz, que fue contratado por Promálaga en 2003, llevaba años elaborando informes en esta empresa pública. Tal y como desveló entonces elDiario.es Andalucía, elaboró dos, no previstos inicialmente en el proceso (pero requeridos por el área de Deportes a Promálaga) determinantes en la licitación del contrato de gestión del Centro Raqueta, un centro deportivo construido por el ayuntamiento para la práctica de pádel y tenis sobre 22.500 metros cuadrados. La gestión fue adjudicada en 2014 a Ferroser por veinte años y cerca de dos millones de euros en total, en una adjudicación muy polémica.

Ambos informes sirvieron para corregir la primera valoración y descartar la adjudicación a la empresa mejor valorada por el área de Deportes.

En su día, la concesión del Centro Raqueta a Ferroser por un canon anual de 92.000 euros a 20 años causó revuelo político y mediático por las “sombras” del expediente, según denunció la oposición. Ferroser (Ferrovial Servicios) ya gestionaba el cercano Inacua. La empresa  Valssport, con el doble de puntos en la oferta deportiva, presentó un recurso contencioso-administrativo, pero luego desistió. Su gerente explicó a este medio que se dieron cuenta de que “no teníamos razón”.

El pasado febrero, la portavoz del equipo de gobierno municipal dio por hecho un acuerdo para traspasar la concesión a una entidad constituida por Rafael Nadal y la promotora marbellí Sierra Blanca Estates. Sin embargo, Sur informó en mayo de que habían surgido dificultades para encajar sin más el proyecto del tenista en un simple traspaso de la concesión. 

El nuevo Centro de Arte Contemporáneo de Málaga será algo muy distinto a lo que ha sido hasta ahora. Para empezar, será parte esencial de un museo (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga -MuCAC), estará gestionado desde el ámbito público (y no mediante concesión, como hasta ahora) y será más permeable a los creadores locales, latinoamericanos, mediterráneos y africanos.

Así lo han desvelado esta mañana el alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Cultura, Mariana Pineda, en una rueda de prensa convocada de urgencia ante la presión creciente de los trabajadores del antiguo CAC, que tenían previsto iniciar movilizaciones este viernes ante la incertidumbre laboral en la que estaban.

Hasta ahora, la concejala y el alcalde les habían trasladado que no era posible subrogarlos, pero en las últimas horas han cambiado radicalmente de postura. Minutos antes de la rueda de prensa, la concejala les ha informado de que los subrogará temporalmente en la Agencia pública Casa Natal Picasso. Más adelante, abrirá un concurso público para cubrir las necesidades del nuevo MuCAC cuando abra, algo previsto para principios de 2026. Hasta entonces, se ejecutarán unas obras por valor de 1,1 millones de euros en la sede del CAC.

La concejala ha admitido que el proceso se ha acelerado en los últimos días. El frente con los trabajadores comenzaba a agrandarse a medida que iban sumando apoyos en el sector cultural malagueño y preparaban las movilizaciones. Por eso, lo que hasta ayer no se podía o no se sabía (la subrogación) ahora sí se puede.

El consistorio dice disponer de informes de expertos laboralistas que avalan su solución: subrogar en una agencia pública como personal laboral indefinido no fijo a los 27 trabajadores, y más adelante abrir una convocatoria pública, marcada por los principios de igualdad, mérito y capacidad, para transformar esas plazas en fijas. Algunos llevan desde que se abrió, 21 años, trabajando en el CAC, que hasta ahora siempre ha estado gestionado por una entidad privada.

“Lo hemos estudiado con la asesoría jurídica y es acorde a la ley. El procedimiento se sigue estudiando, pero el 19 mantendrán su trabajo”, ha asegurado la concejala, ante la inminencia de la fecha en que la actual contratista, Gestión Cultural y Comunicación, revierta la concesión el 18 de septiembre.  

“Estamos muy contentos y agradecidos”, dice Mihail Plesanu, representante de los trabajadores, que han desconvocado las movilizaciones que iban a comenzar este viernes. “El Estatuto de los Trabajadores es taxativo y no hay dudas. Es positivo que, gracias a la acción sindical y la presión social, el ayuntamiento haya rectificado”, celebra Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, quien sin embargo espera aún ver el anuncio municipal reflejado por escrito.

Proyecto más permeable al tejido local

La cuestión laboral ha acelerado la presentación de un proyecto del que hasta ahora poco se sabía. De lo expuesto este viernes por el alcalde y la concejala, se deduce que el nuevo museo será algo muy distinto en su esencia al antiguo CAC, hasta ahora marcado por una concepción espectacular y comercial del arte contemporáneo, y por la personalidad y los intereses de su principal cabeza visible, Fernando Francés.

El CAC ha pivotado estos años sobre el poderoso atractivo de un puñado de figuras internacionales del arte contemporáneo. Por el antiguo Mercado de Abastos han pasado muestras temporales de Marina Abramovic, Anish Kapoor, Maurizio Cattelan o Ron Mueck, y también de artistas ligados al arte urbano con línea propia en marcas de zapatillas, como Obey. Algunos estaban vinculados comercialmente al propio Francés.

El éxito “clarísimo” de la propuesta del CAC que ahora se acaba, especialmente en los primeros años, ha sido reconocido por el propio alcalde, quien ha admitido también que la gestión de Francés también ha generado algunas “opiniones” negativas. Hasta hace un año, la idea era mantener la gestión privada, pero las dudas del último concurso, los escándalos y la progresiva desafección entre los actuales responsables de cultura y los de la empresa concesionaria acabaron provocando que se paralizaran los nuevos pliegos y, finalmente, su reversión a la gestión pública.

Mismo presupuesto, distinto plan

Ahora, el plan será otro: la idea es tender puentes con la escena local, hasta ahora muy secundaria en la propuesta del CAC, que se integrará en una nueva entidad, llamada MuCAC, con dos sedes: el Mercado de Mayoristas (en el antiguo CAC, que será objeto de una reforma profunda) y La Coracha. Aquí se integrará también el Museo de Patrimonio Municipal (Mupam). El presupuesto global no cambia: los 3,2 millones de euros que se abonaban cada año a Gestión Cultural por las sedes de La Coracha y el CAC se suma a los 600.000 euros del Mupam.

A falta de un plan museológico, que está en elaboración, las líneas estratégicas pasan por apoyarse más en los fondos del Mupam y la colección permanente del CAC (632 obras), con un menor peso para las temporales que dieron identidad al proyecto de Francés. La quincena de exposiciones temporales anuales estarán orientadas “a todos los públicos” y “pensadas” para el público malagueño. Sin embargo, la gratuidad (como hasta ahora) no está garantizada una vez que todo eche a rodar, a comienzos de 2026. Más bien al contrario. “Cuando la obra esté completada haremos valoración de costes. Será moderado”, ha dicho el alcalde. Antes deberán seleccionar un director artístico, en un proceso que se abrirá en los próximos meses.

El nuevo ente se abrirá más a artistas locales y al arte latinoamericano, mediterráneo y africano, y contará con talleres, laboratorios y residencias artísticas que lo relacionen con el entorno local y con otras instituciones. El ayuntamiento pretende ahora abrir una ronda de consultas con el tejido cultural malagueño para escuchar su vez antes de perfilar definitivamente el proyecto. 

Las presuntas irregularidades cometidas en la Sociedad Malagueña de Aparcamientos Municipales (Smassa), un ente municipal que aglutina al ayuntamiento (51%) y socios privados (49%), se están convirtiendo en el gran dolor de cabeza para el gobierno de Francisco de la Torre (PP). En el Pleno de este jueves volvió a ser objeto de dos mociones.

Horas antes, se había desvelado una carta escrita hace tres años por quien fue secretario de Smassa durante 26 años, en la que antes de dimitir advertía al alcalde de que el gerente (Manuel Díaz, cesado esta semana) le estaba presionando para emitir una opinión jurídica contraria a Derecho que, además, iba a perjudicar al ayuntamiento en beneficio de la parte privada.

Para la oposición, este es un asunto que huele a “corrupción política”. Para el alcalde, es un escándalo artificial cuya derivada judicial no tiene recorrido. Lo cierto es que siquiera las dificultades de acceso a la vivienda y la galopante turistificación merecen la atención política que está concitando este asunto, que ya se ha cobrado la dimisión de un alto cargo (bajo el foco por una presunta falsificación documental), el cese del gerente, un Pleno Extraordinario (este lunes) y, por ahora, al menos dos investigaciones en sede penal.

Los juzgados (Instrucción 3 y 7 de Málaga) tratan de esclarecer el presunto acoso laboral de una jefa técnica (quien dijo en Pleno que se la presionó para cometer ilegalidades que la “hubieran llevado a la cárcel”) y todo lo que rodea a la adjudicación y certificación de una obra de aparcamientos en Pío Baroja, inicialmente valorada en 8,7 millones y cuyo coste al final rondó los 12. El PSOE habla de presuntas prevaricación y falsedad documental, y ha sugerido la existencia de “mordidas”.

Una carta de advertencia al alcalde

Este jueves, se conoció al fin una carta que el PSOE llevaba varios días reclamando al alcalde, y que este se había comprometido a aportar si conseguía autorización del remitente, el abogado Francisco Souvirón. Este último fue durante 26 años secretario del Consejo de Administración de Smassa (que preside el alcalde). Dimitió en junio de 2021, y al hacerlo envió una misiva a De la Torre “a título personal”. En ese documento, al que este medio ha tenido acceso, le cuenta que el gerente, Manuel Díaz, le ha llamado para cesarlo, y que él no lo acepta, sino que dimite.

Entonces explica por qué, y cuenta que días antes, Díaz le había llamado “muy alterado” para informarle de que los representantes de Empark (uno de los dos socios privados del ayuntamiento en Smassa) le habían advertido de que no votarían por el nuevo aparcamiento de Pío Baroja, porque el canon a 50 años excedía de la vida de la sociedad municipal.

Souvirón le había explicado a Díaz que esa era una reivindicación habitual de los socios privados, pero que los pliegos eran claros y judicialmente, el asunto ya se había resuelto: los privados debían apoyar los planes de aparcamientos. Pero en la conversación, Díaz no cede y le pide a Souvirón (según cuenta este) que redacte una carta “según lo requerido por Empark”, comprometiendo al ayuntamiento a compensarla económicamente cuando se extinga Smassa por el exceso de tiempo del canon.

Souvirón entonces le dice que ni la legislación ni la jurisprudencia permiten que eso se haga, que esa “carta de compromiso” sería “contraria a Derecho”, y que causaría un perjuicio a la sociedad y al ayuntamiento en beneficio de un tercero. “Dentro de 25 años no estaremos aquí nadie y así no me sirves”, le replica Díaz antes de colgar, según la misiva de Souvirón al alcalde.

Al día siguiente, Souvirón le envía la jurisprudencia que sostiene su postura, y Díaz le dice que no se preocupe, porque ya tiene la solución. Y un día más tarde, al final del Consejo de Administración (que aprobó el nuevo aparcamiento) le informa de que el concejal José del Río (que dejó la corporación el pasado mayo) había encontrado un abogado para firmar la carta. A la semana siguiente, Díaz cita a Souvirón y lo cesa, informándole de que lo sustituiría el abogado firmante de la carta.

Piden buscar la carta que desbloqueó el apoyo de los privados

De la Torre fue puesto al corriente por Souvirón de todo esto hace tres años, y esto ha dado nueva munición a la oposición, que acusa al alcalde de conocer las irregularidades en Smassa y ocultarlas.

Además, el PSOE acaba de recibir una resolución del Consejo de Transparencia, que exige a Smassa que entregue documentación relacionada con los contratos menores a la que la oposición aún no ha podido acceder.

Así que en el Pleno de este jueves PSOE y Con Málaga volvieron a la carga con el asunto, pidiendo que los pagos de los últimos cinco años en Smassa se sometan a una investigación de la Cámara de Cuentas, que se analice la segunda fase de la obra del párking de Pio Baroja (pagada con fondos únicamente municipales), que acate la resolución de Transparencia y, sobre todo, que ahora se busque y se encuentre esa carta que firmó el segundo abogado, y que al parecer sí satisfizo las exigencias del socio privado.

“Son hechos extremadamente graves”, ha insistido Daniel Pérez, portavoz socialista, quien ha vuelto a cuestionar los motivos por los que el alcalde protegió al gerente hasta el pasado lunes, cuando lo cesó, a pesar de haber sido informado por Souvirón de las presiones recibidas de aquel. Tampoco lo cesó cuando hace más de un año, la técnico Trinidad Rodríguez denunció en el Pleno haber sido presionada para cometer ilegalidades que la “hubieran llevado a la cárcel”.  

Una municipalización que podría costar 25 millones

“¿No toma medidas cuando la persona que ha sido secretario del consejo durante 26 años le pone sobre aviso de que se están cometiendo ilegalidad, prácticas contrarias a derecho o afectando a los intereses económicos de Smassa en beneficio de uno de los socios privados?”, se cuestionó Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, quien cree que la carta pone en juego el proceso de municipalización, en el que el ayuntamiento tendría que comprar las acciones a los privados.

Se ha deslizado que la valoración de las acciones de los privados es de 24,9 millones de euros, pero no se sabe cómo se ha llegado a esa cifra. “La carta pone en cuestión si detrás del proceso de municipalización hay algún tipo de estrategia de compensación a los socios privados. ¿Cómo se va a compensar a Empark?”, preguntó Morillas.

Trinidad Hernández, concejala de Movilidad y ahora máxima responsable de Smassa, atribuyó al contenido de la carta la categoría de “especulaciones” que “no se han materializado”. “La concesión es por 25 años, no por 50, no se les ha compensado de ninguna manera, ni presente ni futura”.

“Jamás hemos favorecido al privado. Siempre hemos defendido nuestra posición y respetado los derechos de los privados”, abundó De la Torre, quien aseguró que el único motivo de la municipalización es la eficiencia y una resolución del Tribunal de Cuentas que obliga a que el cobro del aparcamiento en la vía pública lo gestione el propio ayuntamiento.

Respecto a la nueva carta, dice que no la conoce, porque no está en el “día a día” de la empresa, e invitó a Pérez a llamar con él por teléfono (“con el manos libres”) a los privados para preguntarles. “Sirvió para cambiar el voto de los privados y sacar adelante la votación en el Consejo de Administración para construir ese parking no aparece. ¿La habrán ocultado?”, le preguntó Pérez. 

El grupo socialista en el ayuntamiento de Málaga ha denunciado este martes un caso de supuesto “amaño” de contratos en la sociedad municipal de aparcamientos (SMASSA) para construir el parking de Pío Baroja. El aparcamiento, adjudicado por 8,7 millones de euros, acabó teniendo un sobrecoste del 30% que elevó la factura final a más de 11 millones. En su día, la exjefa de la oficina técnica de SMASSA, un cargo clave para dar luz verde a las obras de la empresa, declaró ante el Pleno que fue cesada de su puesto por negarse a “traspasar ciertas líneas rojas” en relación a esta obra, y denunció judicialmente un presunto acoso laboral.

Este martes, los socialistas han mostrado a los medios de comunicación un documento de SMASSA (en la que el ayuntamiento participa al 51%) en el que la firma de la entonces jefa de su oficina técnica (Trinidad Rodríguez) parece haber sido falsificada por el rudimentario método de copiar la imagen de la firma desde otro documento y pegarla en este. A través de los metadatos, este medio ha comprobado que el documento, supuestamente firmado el 1 de febrero de 2022, fue creado en realidad el 15 de noviembre de 2023 por alguien que en 2022 ni siquiera trabajaba para SMASSA.

Rodríguez denunció los hechos ante la Policía Nacional el pasado 30 de enero, según el atestado que ha podido ver este medio. Fuentes municipales confirman que tanto Manuel Díaz Guirado (gerente de SMASSA) como Trinidad Hernández (concejala de Movilidad) han declarado ante la Policía en fechas recientes.

Los socialistas creen que la presunta falsificación habría sido utilizada para amparar un cúmulo de irregularidades en la designación del jefe de obra y la asistencia técnica de una obra, así como en la adjudicación y certificación de los trabajos realizados en un nuevo aparcamiento municipal en Pío Baroja, al este de la capital.

Algunas certificaciones y facturas por aquellas obras se emitieron antes de que la empresa se hubiese adjudicado el concurso público, según la documentación interna que este medio ha podido consultar. “Se ha falsificado la firma de técnicos municipales, así como se han obviado procedimientos legales para, a todas luces, otorgar a dedo licitaciones públicas”, ha denunciado Daniel Pérez, portavoz del PSOE, acompañado de todos los concejales socialistas del ayuntamiento.

Preguntado por este asunto, el alcalde Francisco de la Torre (PP) ha dicho desconocer los detalles. En un comunicado remitido por la tarde, SMASSA asegura que ha abierto un expediente de información reservada “para depurar responsabilidades”, facilitando también a la Policía la información que esta ha pedido.

La empresa mixta (en proceso de convertirse en 100% pública) admite que los procedimientos “han sido incorrectos” y que el Departamento de Obras “no ha realizado su trabajo correctamente”, pero defiende que los pagos de SMASSA sí corresponden con trabajos “efectivamente realizados”.

Una obra que se encareció un 30%

Los documentos mostrados por los socialistas sugieren una alteración de los procedimientos legales para justificar a posteriori la contratación de determinadas personas y empresas para las obras del aparcamiento, situado bajo el colegio público Valle Inclán, con capacidad para 412 plazas de vehículos, 31 para motos y 20 para vehículos eléctricos.

La obra se adjudicó a IELCO-CHM en mayo de 2021 por 8.021.342 euros más IVA, y levantó desde el comienzo las sospechas de la oposición, que no entendía por qué se había elegido esa ubicación y no otra. Por el camino, ha ido alejándose del proyecto original y encareciéndose hasta los 11 millones de euros por circunstancias supuestamente sobrevenidas, como el tipo de suelo que se encontraron al empezar a picar, la colocación de la cubierta o el tipo de pintura.

En su comparecencia ante el Pleno, en octubre de 2022, la exjefa de la oficina técnica aseguró que desde el comienzo se le hizo saber que la adjudicataria debía ser esa, y no otra, porque era una empresa malagueña. Las presuntas irregularidades habrían continuado una vez comenzada la obra. Según Rodríguez, el gerente de Smassa intentó perdonar a la UTE la penalización por los retrasos, mientras se producía un incremento del precio por un cauce no previsto en la ley: se aceptó la modificación por el gerente y luego se buscó una justificación técnica y jurídica al aumento.

Firmas no certificadas, sino insertas

En febrero de 2022 se abrió un expediente para contratar una asistencia técnica en las obras, con un informe de necesidad que incluye las firmas no certificadas, sino insertas mediante imagen en el documento PDF, y que coinciden en fecha y hora con la rúbrica de otro documento que sí estampó Rodríguez. Esta es la presunta falsificación denunciada.

A partir de ahí, Rodríguez fue cesada, según ella por su negativa a participar de las irregularidades, y en septiembre de 2022 SMASSA contrató a Alejandro Donaire para sustituirla. En noviembre de 2023 Donaire crea el PDF en el que se insertó la imagen de la firma electrónica de Trinidad Rodríguez, según los metadatos del documento, que en teoría debía estar firmado en febrero de 2022. También es él quien propone contratar la dirección de obra de Pío Baroja con un particular que, según la documentación mostrada por los socialistas, ya había facturado y firmado certificaciones antes de que se propusiera formalmente su contratación.

En junio de 2023 se abre un nuevo expediente para adjudicar nuevamente la asistencia técnica, adjudicada en julio, meses después de que se hubieran pagado ya algunas facturas correspondientes a esa asistencia.

El 30 de enero de 2024 Rodríguez presenta una denuncia ante la Policía, que ya habría llamado a declarar a Díaz Guirado por estos hechos.

El pasado 23 de febrero, un mes después de la denuncia policial de la antigua jefa de la oficina técnica, Díaz Guirado y Donaire suscriben un documento, en el que señalan que “sin causa aparente se han revisado” los expedientes y se han encontrado una serie de errores: duplicidades, errores en los informes de necesidades, en la propuesta de adjudicación y “en la adjudicación propiamente dicha”. Así que anulan uno de ellos y mediante un informe de subsanación piden que se corrijan las fechas de los informes de necesidades, propuesta de adjudicación y adjudicación de la asistencia técnica.

Para los socialistas, es un torpe intento de borrar las huellas, cuando la Policía ya estaría investigando el asunto.

Un gerente bajo sospecha

El PSOE pone el foco de este asunto en Manuel Díaz Guirado, gerente de SMASSA. Hace un año, Díaz Guirado declaró como investigado ante el juzgado de instrucción 3 de Málaga por el presunto acoso laboral contra Trinidad Rodríguez. El supuesto acoso se habría producido precisamente tras la negativa de esta, con décadas de experiencia en SMASSA, a firmar la documentación en relación a la obra de Pío Baroja. “Las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel”, dijo ella en su día. Su denuncia, en un Pleno extraordinario convocado a tal efecto, causó un notable revuelo político.

En paralelo, se han seguido investigando en vía judicial las denuncias formuladas en su día por PSOE y Unidas Podemos relativas a las adjudicaciones de la obra, a las que ahora se añade la declaración policial de Rodríguez por el presunto uso no autorizado de su firma.

Pérez ha exigido al alcalde Francisco de la Torre (PP) que cese a Díaz Guirado, quien en 2011 ya estuvo investigado en el llamado Caso Piscinas, un presunto cohecho que se archivó sin llegar a juicio. Por aquel entonces sonaba como uno de los favoritos de De la Torre, pero el caso le hizo descarrilar y pasó unos años apartado de la política. En 2019, el alcalde lo recuperó para SMASSA.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, con los votos del equipo de gobierno y de Vox, la iniciativa urgente del PSOE en la que, entre otros puntos, proponían declarar la ciudad zona tensionada de alquiler. Tampoco ha salido adelante de la moción socialista reconocer la existencia de un grave problema habitacional en la ciudad y su área metropolitana, ni pedir a la Junta de Andalucía “poner remedio a la situación dramática que sufren muchas personas en la provincia”.

Por otro lado, de otra moción del PSOE sobre regular las viviendas de uso turístico en la ciudad con arreglo al nuevo decreto de la Junta, ha sido aprobado uno de sus puntos, tras aceptar enmienda, y otro ha sido rechazado.

“Es imposible comprar o alquilar”

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que “el principal problema de la ciudad es la falta de vivienda, ya sea en compra o alquiler”. “Es imposible comprar o alquilar” como consecuencia “de las políticas del PP y del alcalde”, ha dicho.

Ha aludido a la subida del precio de la vivienda en la ciudad de Málaga en los últimos años y ha advertido de que los malagueños “están siendo expulsados”, por lo que “no se puede mantener esta situación ni un minuto más”. Ha pedido, por tanto, que el Ayuntamiento “reconozca que tenemos un problema habitacional; declarar zona tensionada de alquileres, que es imperioso, y que la Junta, que es competente, haga algo”.

Pérez también ha destacado la gestión del Gobierno central en la construcción de vivienda y ha acusado al Consistorio de ser “un promotor privado” que está “ausente” cuando se tiene que “preocupar de los malagueños”. “Pongámonos manos a la obra”, ha incidido el portavoz municipal del PSOE.

El equipo de gobierno se defiende

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha dejado claro que la vivienda es también la principal preocupación del grupo 'popular', suya y del alcalde, pero “no de ahora, desde hace mucho tiempo” y ha defendido la gestión del equipo de gobierno frente a la del Gobierno central y lo que hacía el PSOE cuando estaba en la Junta de Andalucía.

“Un total de 5.331 viviendas construidas. Ese es nuestro balance, 5.331 viviendas. No solo preocupados, también ocupados”, ha subrayado Pomares, insistiendo en la construcción de “viviendas dignas, asequibles y accesibles; ahí espero al PSOE, no en esta moción, en conseguir viviendas y a pie de obra”, ha afirmado.

Pomares también ha recordado el plan municipal de vivienda 2023-2027, “que tiene el apoyo del sector de la construcción, que tiene el apoyo del BEI, que tiene el apoyo de Sepes, que tiene el apoyo del Ministerio de Vivienda... solo faltan ustedes”.

“Cuando dejen de pensar en su malograda carrera política, únanse, que estaremos dispuestos a construir con ustedes y solucionar los problemas de los malagueños”, ha concluido.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha aludido a la moción sobre regular las viviendas turísticas y ha tirado de hemeroteca para recordar a Pérez las declaraciones del consejero de Turismo en 2018, por lo que le ha pedido que “cuando planteen iniciativas, repasen la hemeroteca, por los cambios de opinión, que son marca de su casa”.

Vox vota en contra

Por su parte, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha criticado que parezca “el día de la marmota”, ya que “una y otra vez” se traen mociones de vivienda“. En su intervención ha preguntado al PSOE ”cuántas viviendas hicieron cuando gobernaban en la Junta“ y ha rechazado la moción de los socialistas, criticando, entre otros, la Ley de Vivienda del Ejecutivo central.

“Desde Vox lo que pedimos es no intervenir, sino incentivar a aquellos propietarios que pongan sus viviendas en alquiler permanente...”, ha enumerado, entre otros, insistiendo en que las medidas propuestas son “contrarias a las que ustedes --PSOE-- proponen y vamos a votar en contra” de la moción.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se ha preguntado “por qué España está a la cola de vivienda publica” y ha dicho que “los expertos señalan que esto no se debe a una característica antropológica del español, sino a un tipo de política pública que se ha desarrollado en materia de vivienda” y “señalan como principal factor una absoluta connivencia entre el poder político, económico, de sectores vinculados a promotores, constructores y especuladores de suelo”. “¿Les suena familiar?”, ha cuestionado.

Ha defendido una ciudad “donde se pueda ganar dinero, pero trabajando, produciendo, no especulando con un bien básico, como es la vivienda”, ha dicho, al tiempo que ha sostenido que “no hacer nada en la ley de la selva favorece a los leones”. “La inacción favorece al capital especulativo”, ha advertido.

En el segundo turno del debate, el portavoz municipal del PSOE ha advertido de que la situación de la vivienda “es dramática” y ha dicho al equipo de gobierno que es “su responsabilidad”.

Por último, le ha pedido al alcalde que le pida a la Junta que ponga “la misma cantidad que pone el Gobierno”, porque “ahora mismo pone cero euros”. “A usted le tiene que quitar el sueño la falta de vivienda para los malagueños, que se van por sus políticas”, le ha dicho al regidor.

Jacobo Florido, concejal de Turismo y Promoción de la ciudad, Recursos Humanos y Calidad en el Ayuntamiento de Málaga, ha sido denunciado por su expareja por una presunta agresión. Posteriormente, Florido ha interpuesto una denuncia contra ella por idéntico motivo. Como consecuencia de las denuncias cruzadas, la jueza de instrucción ha impuesto a ambos sendas órdenes de alejamiento, de modo que ninguno puede acercarse o comunicarse con el otro, según aseguran fuentes cercanas al concejal y han confirmado fuentes judiciales. Tanto el PSOE como Con Málaga (la coalición de Podemos e IU) han pedido la dimisión de Florido, de 47 años, exvicepresidente de la Diputación de Málaga y muy cercano Elías Bendodo, coordinador general del PP.

El edil y su expareja prestaron declaración este jueves en el juzgado, según adelantó Cadena Ser y ha podido confirmar este medio. Ambos se acusan mutuamente de agredirse y declararon tanto en calidad de denunciantes como de denunciados. El miércoles hubo una riña en presencia de la hija menor de ambos, según fuentes próximas al edil, que aseguran que no es la primera vez este es agredido por su expareja y achacan la denuncia de la mujer a un ánimo “exculpatorio”. Según esas fuentes, la denuncia de la mujer recogería “supuestos hechos acontecidos hace medio año”. El caso se instruirá íntegramente por el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, según fuentes judiciales.

La denuncia de Florido, presentada el jueves, es posterior a la que interpuso su expareja, el miércoles. Fuentes del entorno del concejal aseguran que él “hasta ahora no se había atrevido a denunciarla”. Esas mismas fuentes añaden que Florido ha denunciado a su expareja también por amenazas continuadas, insultos y chantaje. “Ella le solicitaba cantidades económicas desorbitadas a cambio de no interponer denuncias falsas contra él”.

En su denuncia, Florido explica que su expareja, tras su separación y en el curso de la negociación sobre el convenio regulador de la custodia de la hija que tienen en común, lleva meses reclamándole cantidades económicas que no le corresponden “a cambio de no acabar con su carrera política”. Según su entorno, contaría con pruebas de esta circunstancia y las habría presentado al juzgado.

Fuentes del caso explican que por ahora en la causa se investiga un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, y que a lo largo de la instrucción judicial se determinarán otros posibles delitos y las acusaciones entre ambos denunciantes.

La oposición le pide que dimita

Los grupos municipales de PSOE y Con Málaga en el ayuntamiento han pedido explicaciones detalladas y la dimisión de Florido. “Es el momento de que el concejal dimita”, ha exigido Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el consistorio: “A quienes somos representantes públicos se nos debe exigir una ejemplaridad”, ha dicho Pérez, quien ha instado a Florido a que defienda su inocencia en los juzgados “fuera de su cargo”.

También Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha pedido que Florido aclare la situación “fuera de su responsabilidad institucional”. “Nos preocupa enormemente la situación, los representantes públicos deben ser ejemplares. El Ayuntamiento de Málaga no debe dejar lugar a dudas, debe ser ejemplar. Nos representa a todas y a todos. Jacobo Florido debe dimitir”.

Integrante del núcleo más cercano a Elías Bendodo, Florido lleva en política de forma ininterrumpida desde 2007, cuando entró recién cumplida la treintena al ayuntamiento de Málaga como asesor del alcalde Francisco de la Torre. Por aquel entonces era, también, concejal del ayuntamiento de Fuente de Piedra y secretario de Organización del PP malagueño.

En 2011 se convirtió en delegado de Turismo de la Diputación de Málaga, por entonces presidida por su amigo Bendodo. En la siguiente legislatura cambió de cartera para asumir la de Desarrollo Económico y Productivo, donde desempeñó también el cargo de Consejero Delegado de Turismo Costa del Sol (la empresa pública con más presupuesto a nivel provincial) y la gestión de la marca Sabor a Málaga. En el tramo final dio el salto a la vicepresidencia segunda de la Diputación.

En 2019 regresó al ayuntamiento de Málaga, ya como concejal, primero de Recursos Humanos y ahora añadiendo la gestión de la cartera de Turismo. No han sido pocas sus polémicas con la oposición, y son habituales sus enganchones en X (antes Twitter) con usuarios que le reprochan decisiones políticas o el tono de sus intervenciones y respuestas. Florido, usuario asiduo de las redes sociales, no tuitea desde hace dos días. 

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ganaría las elecciones del 28 de mayo con mayoría al lograr entre 16 y 17 concejales, el 46,8 por ciento de los votos, frente a los 14 ediles actuales, según una encuesta publicada este lunes por El Mundo, en la que apunta que el PSOE bajaría, Ciudadanos desaparecería y Vox entraría en el Ayuntamiento.

En concreto, según la encuesta, el PSOE, que encabeza Daniel Pérez, perdería dos concejales, al lograr el 28,8 por ciento de los votos, por lo que obtendría diez ediles frente a los 12 actuales.

La desaparición de Ciudadanos

Ciudadanos, cuya lista encabeza la única concejala del grupo, Noelia Losada, desaparecería y no lograría ningún concejal. En las pasadas elecciones consiguieron dos ediles, aunque Juan Cassá, que concurrió con la formación naranja, es actualmente concejal no adscrito. Cs mantiene un pacto de gobierno con el PP. En el Ayuntamiento de Málaga la mayoría se sitúa en los 16.

Por otro lado, Vox, que en el actual mandato no tiene representación en la Casona del Parque, podría lograr dos concejales, al obtener más del seis por ciento de los votos. La lista del partido de extrema derecha que lidera a nivel nacional Santiago Abascal la encabeza en la capital de la Costa del Sol Antonio Alcázar.

La izquierda, dividida

En cuanto a la confluencia de izquierda de Podemos e IU, la encuesta de Sigma Dos, realizada entre el 10 y el 15 de febrero, otorga entre dos y tres concejales a Podemos.

No obstante, cabe recordar que en las pasadas elecciones tanto la formación morada como IU concurrieron juntos bajo Unidas Podemos, pero en 2023 ya han anunciado que no. Así, Podemos irá junto con Alianza Verde, en una lista que encabeza el actual portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia; mientras que IU lo hace con Más País, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, en una lista que encabeza la actual concejal de la confluencia de izquierdas en el Ayuntamiento y coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, Remedios Ramos.

Valoración de cabezas de lista

Por otro lado, según los datos de la encuesta, el alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, es el más valorado, con un 6,9 sobre diez.

En segundo lugar, está Nicolás Sguiglia, de Podemos, con un 6,1; seguido de Noelia Losada (Cs) y Remedios Ramos (Por Andalucía) ambas con 5,9; Daniel Pérez (PSOE) con 5,6 y Antonio Sevilla con un 5,5.