220 trabajadores fallecidos por su contacto con el amianto. Esa es la cifra de las víctimas que han contactado con la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi en un momento dado de su enfermedad y posteriormente han muerto. Es un dato que se arrastra desde 2008, pero que no se corresponde con la realidad. La cifra real es mucho mayor ya que muchos trabajadores que estuvieron expuestos al amianto han fallecido sin saber que su dolencia (probablemente cáncer) se debió al amianto.

Se trata de una cantidad que también está por debajo del único estudio hecho con rigor que habla solo de los fallecidos por mesotelioma, sin contar otras enfermedades en las que resulta más difícil aclarar la implicació del amianto, como son diferentes cánceres de pulmón, laringe, peritoneo....Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas (o lo han estado) al amianto o asbesto en su lugar de trabajo. Con esas cifras, la OMS calcula que en las próximas décadas morirán 107.000 trabajadores al año. En España se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las próximas décadas lo harán 40.000 más. Así, ademas de un problema laboral, la afección del amianto se ha convertido en un problema de salud pública que cada vez va a ir a más.

Y en un intento de compensar a las víctimas (que muchas veces tienen que pelear en los juzgados las indemnizaciones), el Parlamento Vasco ha vuelto a solicitar al Congreso la aprobación de una ley cuyo objetivo sería la creación de un fondo de compensación. Este fondo debería aliviar la situación de todas las victimas del amianto y sus familiares, acabando con los largos procesos judiciales y amparando a todas aquellas personas afectadas que por diversas razones no tienen a que empresa reclamar. La previsión es un gasto anual de entre 200 y 210 millones de euros en compensaciones, a razón de entre 100.000 y 150.000 euros por cada víctima, según su nivel e incidencia de la enfermedad.

Tres intentos

Con esta son ya tres las veces, que el Parlamento de Vitoria realiza la misma petición. En las dos anteriores ocasiones, no fue posible la aprobación de dicho proyecto de ley por diversas causas. Pero en todas ellas han podido más “las razones de los intereses partidistas de los diferentes Gobiernos del Estado, y todo ello a pesar de la posición unánime de todos los partidos de la cámara vasca”. Así lo asegura Jon García, l.a persona elegida por todas las asociaciones de víctimas del amianto de España para trabajar codo con codo con los partidos en la ley que dará luz verde al fondo.

La propuesta de la ley comenzó su andadura tras la creación de la ponencia en el año 2013, en la que participaron lsindicatos de trabajadores, sindicatos empresariales, colegio de médicos, asociaciones de víctimas y diversos especialistas en amianto.

Tras su aprobación en el Parlamento Vasco, la propuesta fue registrada en Madrid , en marzo del 2017 y rechazada por el Gobierno (entonces dirigido por Mariano Rajoy). Más tarde y en una segunda ocasión, el 10 de octubre del mismo año,  la propuesta fue apoyada por el Pleno del Congreso pasando a la mesa del Congreso la tramitación de la misma, y tras tenerla retenida durante un año, pasó por fin a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde comenzó su discusión.

Cuando la discusión del proyecto estaba muy avanzada, el adelanto electoral dio al traste con todo el trabajo realizado. Así que a día de hoy hay que volver al inicio, aprobar nuevamente el proyecto de ley, registrarlo.....

2018 va a pasar a la historia reciente como el año en el que el amianto se cobró más vidas de trabajadores. Hasta 34 ha contabilizado la Asociación de Víctimas del Amianto (Asviamie), la organización más activa en la lucha contra el efecto carcinogénico del amianto. Esa son las cifras oficiales porque la realidad es que podrían ser mayores, pero aún muchos enfermos por el uso del amianto no lo declaran por desconocimiento. El trabajo de esta asociación permite  incrementar en más de 1.000 personas al año el fichero de trabajadores probablemente expuestos al amianto durante su periodo laboral. En diciembre, 9.802 personas están inscritas en este fichero del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan.

El protocolo elaborado para Osakidetza establece cómo se deriva a los trabajadores desde ese fichero para su atención, y qué tipos de pruebas y seguimiento médico ha de realizarse.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), alrededor de 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto o asbesto en su lugar de trabajo. Con esas cifras, la OMS calcula que en las próximas décadas morirán 107.000 trabajadores al año. En España se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las próximas décadas lo harán 40.000 más.

En Navarra existe desde 1998 un registro de trabajadores que estuvieron expuestos al amianto en su puesto de trabajo. Un total de 3.042, de los cuales el 87% son hombres y un 13% mujeres, si bien la mayoría se encuentran ya jubilados. Hasta que se prohibió su uso en el año 2000, fueron muchos los sectores que usaron este mineral por sus propiedades aislantes frente a las altas temperaturas: la industria siderúrgica, hornos de fundición, panaderías, en la construcción, en la reparación de barcos, en la fabricación de trenes, embragues y zapatas de freno, en talleres de reparación de automóviles, en recubrimientos de tuberías y calderas etc. Tras la prohibición, se encuentra en construcciones edificadas con fecha anterior.

Según un estudio elaborado por Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70 %) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de extrema gravedad  (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año). Por eso es recomendable el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto

Asviamie considera que los casos declarados en el fichero se tendrían lque multiplicar por tres. “Cada vez es más evidente el amplio uso en la industria y la construcción del amianto”, según Jesús Uzkudun, representante de Asviamie. “El cáncer relacionado con el trabajo es el mayor problema de salud y supone alrededor del 53 % de todas las muertes relacionadas con el trabajo, aunque empresas y mutuas patronales traten de ocultarlo”, añade.

Los afectados por el amianto aseguran que padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto.

En Navarra hay establecido un programa para el seguimiento de estos trabajadores que estuvieron expuestos al amianto por parte del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario de Navarra. Aunque no existen datos de cuántas personas han fallecido como consecuencia de patologías asociadas,  unos 200  trabajadores han presentado algún tipo de alteración pulmonar asociada a la exposición a amianto, que incluyen 79 casos de patología tumoral. En una estimación realizada para el periodo 2008-2012 se calculaba que el número de casos de cáncer de tipo mesotelioma derivados de exposición a amianto estaría en torno a los 60 casos y las muertes asociadas a dicha causa podrían alcanzar las 46 en ese periodo.

Por fin. El Congreso debatirá en su sesión del martes una proposición de ley que contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Se trata de una vieja aspiración de los afectados por este material cancerígeno. El debate es gracias a la proposición de ley aprobada por el Parlamento vasco el pasado mes de marzo y que ahora ha sido tomada en consideración por el Congreso. Esta es la segunda vez que el Parlamento de Vitoria plantea la creación de este fondo, ya que en mayo de 2016 se convirtió en la primera institución del Estado en exigir esta medida, pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó. España no cuenta aún con un fondo de compensación para estas víctimas como sí existe en otros países como Holanda, Bélgica y Francia desde hace ya 15 años.

Ahora serán los parlamentarios vascos Jon Aiartza (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE) los encargados de defender la propuesta. Los afectados por el amianto aseguran que padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto. En caso de aprobarse y salir adelante la ley, la instauración de un fondo de compensación ayudaría a los afectados a salir adelante sin recurrir a los tribunales para obtener indemnizaciones o ampliarlas.

El parlamentario Jon Atienza enfatiza esta circunstancia. “Las víctimas y sus familias merecen compensación, paz y no guerras en los tribunales” En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto. La previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos. A partir de esa fecha se estabilizarán las cifras, según los expertos.

Efectos en los próximos años

“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Es la advertencia de Nuria Busto, abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie, sobre los perjuicios causados por este material y que se dejarán sentir durante los próximos años. Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70%) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año), por lo que aconseja el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

434.134 euros. Esa es la cantidad económica con la que la empresa Izar Construcciones Navales tendrá que indemnizar a uno de sus trabajadores que falleció a consecuencia de la inhalación de amianto. Un juzgado de Bilbao ha condenado a la empresa a pagar esta indemnización a la viuda y las tres hijas del fallecido, que sufren diferentes grados de discapacidad, como resultado de dos sentencias acumuladas.

Así, la empresa tendrá que pagar a la viuda 326.600 euros y 52.000 euros a la hija que vivía con el fallecido, así como 35.000 y 20.000 euros respectivamente para las otras dos, con discapacidades del 70 % y del 65 %.

La asociación Asviamie (de ayuda las víctimas del amianto) ha relatado que el trabajador H.O.M. se incorporó a La Naval en 1966, pasando en 1969 a Astilleros Españoles hasta que se prejubiló en junio de 1998. En su puesto, ese trabajador se dedicada a montar y desmontar andamios en los barcos que otros gremios utilizaban, estando en contacto con una “polvareda” y fibras de amianto. En mayo del 2016 le diagnosticaron un mesotelioma pleural epiteloide y falleció en febrero de este año.

Según Asviamie, La Naval y Astilleros Españoles incumplieron la legislación sobre el amnianto. La asbestosis entró en la lista de enfermedades profesionales en 1961 y en 1978 se calificó de la misma manera el mesotelioma.

Para la asociación, “la sentencia desbarata los argumentos de Izar Construcción Navales, que trata de culpar sin prueba alguna a otras empresas, en las que el fallecido trabajó antes de su incorporación a la Naval en 1966, llegando cuestionar el vínculo entre el fallecimiento y el mesotelioma como enfermedad profesional certificado por el Hospital San Juan de Dios”.

A su entender, esa resolución “pone al descubierto el incumplimiento durante décadas por las empresas de la amplia legislación de Seguridad e Higiene vigente, al despreciar los riesgos del amianto para la salud de los trabajadores y la prevención de las enfermedades profesionales”.

El Ayuntamiento de Llodio se ha convertido en la primera institución pública en Euskadi en ser condenada a indemnizar a la familia de un empleado municipal que falleció debido a un cáncer provocado por el uso del amianto.  Un juzgado de Vitoria ha impuesto al Ayuntamiento el pago de una  indemnización de 133.806 euros a la familia de Kepa Galdos, quien falleció en 2012 a consecuencia de un mesotelioma pleural, tras haber manipulado y estado expuesto a la fibra cancerígena del amianto en el trabajo.

La Corporación, gobernada por EH Bildu, rechazó en su momento los informes del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan, que acreditaban la exposición al amianto del trabajador y el incumplimiento de la legislación preventiva. “Incluso después de la prohibición del amianto, la continuaron manipulando, cortando con rotaflex la tubería de fibrocemento, sin aplicar sistemas húmedos”, critica la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE). Tras una investigación realizada el 2013, un año más tarde de morir el trabajador, se confirmó la presencia de amianto en 18 de los 52 puntos revisados en las instalaciones municipales.

La sentencia del juzgado considera probado que el operario utilizó y manipuló materiales de obra que contenían amianto “sin ningún tipo de protección individual” durante el tiempo en el que realizó tareas de mantenimiento y obras para este consistorio alavés entre 1980 y 2006, cuando causó baja por una incapacidad permanente total. Según el juez, durante el tiempo en el que el operario trabajó para el Ayuntamiento se conocía la toxicidad del amianto, pero el trabajador desarrolló su labor sin protección.

En su día, el Ayuntamiento de Llodio se personó conjuntamente con la mutua en contra de la resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social, desviando la responsabilidad hacia otras empresas en las que estuvo empleado el fallecido en cortos periodos.

“Desde ASVIAMIE exigimos justicia y reparación a las víctimas del amianto. No vamos aceptar zancadillas u otras maniobras de las mutuas, empresas o ayuntamientos, sean del color político que sean sus gestores”, ha insistido Jesús Uzkudun, representante de la Asociación.

Luisa Lekuona, una vecina de Oiartzun (Gipuzkoa), ha fallecido recientemente debido a un mesotelioma pleural o cáncer derivado del amianto. Un material al que estuvo expuesta durante su trabajo entre los años 1961-63 en una empresa de Rentería. Luisa se convierte así en la víctima mortal número 17 del amianto en lo que va de año, según la contabilidad de la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto Amianto (Asviamie).

Según Asviamie, Luisa desarrolló su actividad en un ambiente “sin medidas de prevención, mientras la empresa incumplía la legislación de Seguridad”.

A Luisa le diagnosticaron el mesotelioma en diciembre pasado y en mayo, la Seguridad Social le reconocía una incapacidad absoluta por enfermedad profesional y la pensión correspondiente.

La lucha de Asviamie se centra en que los casos salgan a la luz para que las víctimas puedan, al menos recibir, algún tipo de compensación. Las autoridades sanitarias del Gobierno vasco guardan silencio ante la epidemia del cáncer profesional derivado del amianto u otras sustancias de amplio uso en el ámbito laboral. Como consecuencia de esta actitud tampoco se requieren a las empresas, rigurosas medidas preventivas frente a las sustancias cancerígenas o tóxicas“.

Este silencio perjudica en las prestaciones de Seguridad Social que les pudieran corresponder a las víctimas y también conlleva para Osakidetza “la asunción de cuantiosos gastos sanitarios, que no le corresponden, dada su contingencia profesional”.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70%) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año), por lo que aconseja el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Casiano Castro Varela, de 67 años, es la última víctima mortal, por la exposición al amianto durante su vida laboral. Varela es la víctima número 19 del amianto en Euskadi en lo que va de año. En este caso, ha muerto como consecuencia de un cáncer de pleura.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie) ha contabilizado estos fallecimientos de trabajadores en Euskadi debido a la exposición al amianto a lo largo de su vida laboral. La inhalación de amianto provoca diferentes tipos de cáncer: asbestosis, cáncer del pulmón y mesotelioma. El cáncer de pulmón en trabajadores expuestos llega a ser hasta diez veces más frecuente que en la población general.

Pocos meses después de su jubilación, el verano del año pasado, a Varela le diagnosticaron un mesotelioma epiteloide, logrando que la Seguridad Social le reconociera una incapacidad absoluta por enfermedad Profesional.

Asviamie ha reclamado al Gobierno vasco, Osalan e Inspección de Trabajo mayor control en las empresas sobre las medidas de prevención frente a los riesgos de las sustancias cancerígenas en los procesos productivos. Además, ha exigido que se acabe “con la ocultación de las enfermedades profesionales”.

“No queremos regalos de jubilación, con una condena de muerte prematura. La asociación no descansara hasta lograr que las empresas infractoras paguen el daño causado. Es hora de implicar a todos los agentes sociales para poner freno a la catástrofe sanitaria de los cancerígenos en el trabajo. Y lo primero es la creación urgente de un fondo de compensación a las víctimas del amianto. De lo contrario, la empresas deberán afrontar numerosas demandas y cuantiosas indemnizaciones a los afectados”.

15 muertos. Esa es la cifra de víctimas mortales que se ha cobrado el amianto en lo que va de año. La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie) ha contabilizado estos fallecimientos de trabajadores en Euskadi debido a la exposición al amianto a lo largo de su vida laboral. Por eso, sus responsables han reclamado a las grandes empresas su implicación en la creación urgente de un fondo de compensación a las víctimas del amianto. De lo contrario, advierten de que deberán afrontar “numerosas demandas y cuantiosas indemnizaciones” a los afectados.

Los afectados por el amianto aseguran que padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso de Izar Construcciones Navales contra la sentencia del un juzgado de Bilbao que le condenaba a indemnizar con 152.039, más intereses, a los seis hijos de R.B.P., fallecido en 2012, a los 75 años de edad, a consecuencia de un mesotelioma pleural derivado del amianto.

La sentencia estima parcialmente la demanda de los familiares e incrementa la indemnización a 227.439 euros, más 25.283 en concepto de intereses, al considerar que “la indemnización debe contemplar que la enfermedad que padecía, tiene una génesis lenta y no súbita, en la que el déficit respiratorio se va produciendo poco a poco, padeciendo disnea ya un año antes”.

El trabajador fallecido comenzó a trabajar en 1957 como peón albañil en los Astilleros Españoles, hasta que fue despedido en 1990. Pocos meses más tarde, se le reconoció una incapacidad absoluta por enfermedad común. En 2012 se le diagnosticó una insuficiencia respiratoria aguda y un mesotelioma pleural “fulminante” le causó la muerte.

Los afectados por el amianto aseguran que padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto. Dos nuevas sentencias, de los juzgados de lo social de Bilbao, han reconocido el origen profesional de estos cánceres y han rechazado el recurso de la mutua.

En el primer caso, se trata de un panadero que causó baja en julio de 2013 afectado por un mesotelioma pleural, falleciendo en febrero de 2014. En este caso, Mutualia rechazó el origen profesional de la enfermedad, negando la exposición laboral al amianto y la presencia de la fibra cancerigena en los hornos. Sin embargo, se constató que la empresa suministradora de los hornos figura como una de las importadoras de amianto y sus operarios en tareas de mantenimiento empleaban trajes especiales, según la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie. La sentencia ha rechazado la demanda de la mutua, confirmando así la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconocía la enfermedad profesional.

Por otro lado, a un empleado del parque móvil de Arkaute del Gobierno vasco le diagnostican un carcinoma de pulmón y falleció en mayo de 2013 con 63 años de edad. El INSS reconoció la enfermedad profesional y las prestaciones por muerte y supervivencia a cargo de Mutualia. La sentencia refrenda la actuación del INSS y considera probada la exposición al amianto por parte del fallecido.

Asviamie lamenta “el sufrimiento y tortura que generan los recursos y las demandas judiciales” de las mutuas “en las víctimas del amianto”.

“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Nuria Busto, abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie, advierte así sobre los perjuicios causados por este material y que se dejarán sentir durante los próximos años. Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70%) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año), por lo que aconseja el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

La creación de ese fondo es una de las aspiraciones más sentidas desde Asviamie, pero desde que se pusieron los trabajos en marcha en el Parlamento vasco -hace más de dos años- para analizar la situación, nada se ha movido. “Sinceramente”, explica Busto con resignación, “después de escuchar buenas palabras por parte de los grupos, la conclusión es que el País Vasco no cuenta con competencias y que debe ser el Gobierno central el que lo ponga en marcha”.

Para Asviamie, las grandes empresas que utilizaron amianto deben asumir el compromiso de promover conjuntamente con los gobiernos vasco y central la creación de ese fondo de compensación. Para poder estimar el coste que supondría ese hipotético fondo en el ámbito de la Euskadi hay que realizar una estimación de los casos de enfermedades vinculadas con el tóxico y su posible crecimiento en los próximos años hasta el decenio del 2020, apunta Osalan en su informe. ¿Y por qué hasta 2020? Pues porque si en Euskadi se reproduce la situación de otros países europeos, a partir de los primeros años de ese decenio empezarán a descender los casos de una manera clara y rápida.

El coste anual estimado de un fondo de este tipo, calculado a partir de los datos de existentes en Francia, Bélgica y Holanda y adoptando un nivel alto de indemnizaciones, se situaría, según Osalan, entre los ochos y los 32 millones de euros al año, dependiendo de cuáles fueran las patologías que se decidiera indemnizar. “La financiación de un fondo de este tipo debería contar con fondos públicos, necesarios para indemnizar a las víctimas de exposiciones no laborales, para muchas de las cuales no es posible hallar un culpable. También con aportaciones de las empresas que causaron el problema, bien voluntarias bien obtenidas mediante litigación, y de la Seguridad Social, reconociendo el origen profesional de muchas situaciones que hoy se tratan como patologías comunes”.

La abogada de Asviamie recuerda también que la detección del amianto sigue siendo un reto pendiente en Euskadi. Solo cuatro ayuntamientos vascos, Portugalete, Hernani, Ordizia y Urretxu, disponen de un mapa de los lugares de su término municipal donde aún existe este mineral tóxico, que también provoca muertes por su inhalación más allá del mundo laboral.

La cosecha de los mapas del amianto en los municipios vascos es mínima. Solo cuatro consistorios -Portugalete, Hernani, Ordizia y Urretxu- de los 251 existentes en Euskadi han realizado un mapa del amianto en su municipio, algo que reclamó por unanimidad el Parlamento vasco en mayo de 2002. Aprovechando que este año es electoral a nivel municipal, la Asociación de Victimas del Amianto en Euskadi había remitido el 3 de noviembre pasado a todos los consistorios un escrito para ver cómo iba el cumplimiento de ese acuerdo parlamentario en el que todas las siglas políticas se unieron en contra de los efectos de uso masivo del amianto en la construcción en los años 70 y a favor de que los ayuntamientos realizaran el mapa del amianto en sus respectivos municipios. La salud de sus convecinos estaba y está en juego.

“Pero ya vemos que las instituciones lo único que tienen es muchas buenas palabras, pero no han hecho nada. Es la gran hipocresía a la que asistimos en este tema desde hace muchos años”, denuncia el portavoz de Asviame, Jon García. Y sustenta su queja y su verbo afilado en los resultados de la encuesta. “Solo un total de 36 ayuntamientos nos han respondido”, lo que viene a representar en población poco más de un millón de personas (el 43% del total de la población en la comunidad autónoma). Y de esos, solo un municipio vizcaíno (Portugalete) y tres guipuzcoanos (Hernani, Ordizia y Urretxu) afirman haber “realizado un estudio en profundidad del amianto existente en sus municipios, dotándose de un mapa de amianto para asegurar el estricto cumplimiento de lo que dicta la ley”, revela García. “Ninguna de las tres capitales vascas tienen un mapa del amianto realizado”, asegura García.

¿Por qué es tan importante tener estos mapas del amianto? Básicamente, porque este material está por muchos de los materiales con los que se edificaban las casas, pabellones y fábricas en los años 70, cuando su utilización no estaba prohibida. Uralitas, tuberías, muchos materiales aislantes... un sin fin de lugares donde el amianto aguarda para seguir matando de manera silenciosa. Y todos esos productos contaminados por el amianto vuelve a la vida cuando se producen obras o se derrumban edificios que no se conoce que contienen amianto, precisamente porque no existen esos estudios en profundidad que deberína estar realizados desde hace más de una década.

La autoridad laboral

La realidad del día a día es que, efectivamente, los ayuntamientos piden esas certificaciones a las empresas que se dedican a las reformas o derribado de edificios, “pero el problema es que hasta que no se comienza la obra no se sabe lo que se puede encontrar. Y una vez que se halla algún material con amianto, hay que dar parte a la autoridad laboral y contratar los servicios de las empresas dedicadas a las descontaminación. Y eso encarece las obras muchísimo”, explican desde la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (Asviamie), una asociación que sigue de cerca la evolución de las personas afectadas por el amianto, algunas de ellas “en listas de espera” para un tratamiento“ que no siempre llega a tiempo.

“Hay empresas especializadas en este tipo de descontaminación, pero cobran, evidentemente. Y el coste económico es altísimo. Además, todo es un engorro burocrático”, asume. Como ejemplo, otro miembro de la asociación Patxi Kortazar explica que recientemente “en una obra en la que quitaron ocho mangueras a ras de suelo en un horno la broma costó 6.000 euros”. De forma que no siempre se acaba cumpliendo con la ley, denuncian.

El Real Decreto de 31 de marzo de 2006 obligaba a indentificar los materiales que puedan contener amianto ante de la realización de obras o demoliciaciones. Pero eso es lo que dice la ley. “Pese a que es un problema evidente de salud pública, concluimos que la ley en materia de desamiantado no se cumple en la mayoría de los municipios de Euskadi”, denuncia Asviame, la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi.

El año 2015 comenzó con brindis de cava y una enorme dosis de buenos deseos de felicidad en casi todos los hogares. Pero no fue así en casa de Emilio Sánchez Ballesteros. Su corazón dejó de latir prácticamente cuando el nuevo año había echado a andar. Emilio tenía 67 años y estaba afectado por un mesotelioma bifásico (cáncel de pleura) y su enfermedad había sido reconocida por la Segurida Social el pasado mes de febrero. Ha sido la primera víctima en 2015 por la exposición al amianto en el País Vasco, según ha denunciado la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (Asviamie), un asociación que sigue de cerca la evolución de las personas afectadas por el amianto, algunas de ellas “en listas de espera” para un tratamiento“ que no siempre llega a tiempo.

Este grupo ha vuelto a la carga con la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2015 con una batalla que llevan dando desde los pasados comicios locales de 2011. “Entonces realizamos una campaña informativa para conseguir que las autoridades locales llevaran a efecto el compromiso asumido en relación a su responsabilidad de mantener nuestras ciudades libres de amianto”, recuerda Jon García, uno de sus portavoces. García se refiere al Real Decreto aprobado por el Gobierno central en marzo de 2006 en el que se obliga a que antes de la realización de obras de demolición o de mantenimiento de los edificios se debía identificar los materialeas que puedan contener amianto.

¿Cuál es la realidad en la mayoría de los consistorios? “La gente que se mete en una obra lo que hace es esconder el asunto cuando aparece el amianto”, resume este portavoz de Asviamie. Jon García sabe que cuando en una obra de una vivienda se encuentra amianto, los costes se disparan. “Hay empresas especializadas en este tipo de descontaminación, pero cobran, evidentemente. Y el coste económico es altísimo. Además, todo es un engorro burocrático”, asume. Como ejemplo, otro miembro de la asociación, explica que recientemente “en una obra en la que quitaron ocho mangueras a ras de suelo en un horno la broma costó 6.000 euros”.

Asviamie ha decidido desempolvar la moción de 2011 para remitirla a todos los consistorios del País Vasco. El escrito ya ha sido enviado a los 251 municipios. En el texto se recuerda la normativa legal (Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo) y se menciona también el acuerdo por unanimidad adoptado por el Parlamento vasco en mayo de 2002 en el que se “instaba al Gobierno vasco a realizar, en colaboración con los ayuntamientos y la ciudadanía, un inventario del amianto instalado en pabellones, edificios e instalaciones para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y vecinos en las tareas de desamiantado”.

Medidas concretas

“Mucho amianto habrá desaparecido, pero todavía hoy podemos encontrarlo en viviendas, edificios e instalaciones industriales. Es necesario saber dónde está el amianto para eliminarlo”, se abogaba en la moción presentada hace casi cuatro años en los consistorios guipuzcoanos. Jon García recuerda que entonces “el único consistorio que cumplía tras haber aprobado una ordenanza municipal era Hernani”. “Transcurridos cuatro años queremos saber si las mociones aprobadas en su momento se tradujeron en medidas concretas”, explican desde Asviamie.

Entre 2007 y 2011 murieron en España 1.297 personas por mesotelioma pleural, un tipo de cáncer de pulmón provocado por la exposición al amianto. De estos, al menos 1.100, entre el 80% y el 85%, estuvieron expuestos a dicho material por causas laborales, pero la Seguridad Social sólo reconoció 50 casos, catalogándolos como enfermedad profesional. A ellos hay que añadirles los enfermos de carcinoma broncopulmonar, o cáncer de bronquio y pulmón, otro tipo de cáncer que puede provocar el amianto, mucho más común pero al que se le diagnostica menos como causa, y que se calcula que provoca el doble de mortalidad que el mesotelioma pleural. En cifras concretas, el 93,6% de los hombres y el 96,6% de las mujeres que fallecieron entre 2007 y 2011 en España por mesotelioma pleural no fueron reconocidos por la Seguridad Social, aumentando la tasa hasta el 98% en el caso del cáncer de bronquio y pulmón.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto solicita a las empresas obligadas a indemnizar a los afectados que dejen de recurrir las sentencias condenatorias.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, Asviamie, ha solicitado a las empresas obligadas a indemnizar a los operarios afectados por esta sustancia en sus puestos de trabajo que dejen de recurrir a instancias superiores las sentencias condenatorias de los juzgados de lo social. Asviamie ha hecho esta petición después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya rechazado un recurso presentado por la compañía Ercros contra la decisión del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián que le obliga compensar con 92.882 euros a la familia de una mujer fallecida en 2012 por un mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto en la planta de Productos Aislantes de Errenteria (Gipuzkoa). Según explica esta asociación, la fallecida trabajó entre 1960 y 1966 en Paisa, dedicada a revisar y lijar unas piezas de un plástico que tenía un 15 % de amianto como componente, “sin protección respiratoria alguna” con un “total desconocimiento del riesgo” y “pese a la legislación que prohibía a las mujeres menores de 21 años trabajar en contacto con esta sustancia”. La operaria fue diagnosticada en 2010 de un mesotelioma bifásico y un año después la Seguridad Social le reconoció la Incapacidad Permanente Absoluta por Enfermedad Profesional, antes de fallecer en 2012. Excusas de la empresa

Asviamie recuerda en su escrito que en su recurso Ercros no negó “la exposición al amianto” de la mujer ni el “incumplimiento absoluto de la legislación protectora”, pero trató de “excusarse en una supuesta herencia genética de la trabajadora al constar el fallecimiento de su padre por cáncer”, así como la “posible exposición al amianto de la trabajadora en otras empresas textiles” en las que estuvo empleada. Ercros también alegó, según Asviame, “la ausencia de actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo, en un intento inusitado de reducir el exclusivo origen profesional de la enfermedad y pagar solo un tercio de la indemnización”, a pesar de lo cual el TSJPV rechazó el recurso y confirmó la sentencia de primera instancia y la indemnización a percibir por los familiares. Asviamie muestra ahora en su nota su “satisfacción” por esta resolución del TSJPV que “sitúa la responsabilidad de las empresas y el incumplimiento de la legislación preventiva”, al tiempo que ha criticado “los ridículos recursos de las empresas, que agravan el sufrimiento de las familias”. Por este motivo reclama “el abandono de dicha práctica por las grandes empresas” a las que anima a “promover” un “fondo de compensación para las víctimas del amianto que evite el colapso judicial y el sufrimiento que genera a los enfermos y familias”.