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Euskadi registrará unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto

En torno al 70% de las patologías serán benignas, pero el resto sí resultarán de extrema gravedad y provocarán alrededor de 90 casos de cáncer de pulmón al año hasta 2020.

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amianto

Un vertedero con materiales impregnados de amianto.

“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Nuria Busto, abogada de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie, advierte así sobre los perjuicios causados por este material y que se dejarán sentir durante los próximos años. Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral. La mayor parte de dichas patologías (un 70%) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año), por lo que aconseja el establecimiento de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

La creación de ese fondo es una de las aspiraciones más sentidas desde Asviamie, pero desde que se pusieron los trabajos en marcha en el Parlamento vasco -hace más de dos años- para analizar la situación, nada se ha movido. “Sinceramente”, explica Busto con resignación, “después de escuchar buenas palabras por parte de los grupos, la conclusión es que el País Vasco no cuenta con competencias y que debe ser el Gobierno central el que lo ponga en marcha”.

Para Asviamie, las grandes empresas que utilizaron amianto deben asumir el compromiso de promover conjuntamente con los gobiernos vasco y central la creación de ese fondo de compensación. Para poder estimar el coste que supondría ese hipotético fondo en el ámbito de la Euskadi hay que realizar una estimación de los casos de enfermedades vinculadas con el tóxico y su posible crecimiento en los próximos años hasta el decenio del 2020, apunta Osalan en su informe. ¿Y por qué hasta 2020? Pues porque si en Euskadi se reproduce la situación de otros países europeos, a partir de los primeros años de ese decenio empezarán a descender los casos de una manera clara y rápida.

El coste anual estimado de un fondo de este tipo, calculado a partir de los datos de existentes en Francia, Bélgica y Holanda y adoptando un nivel alto de indemnizaciones, se situaría, según Osalan, entre los ochos y los 32 millones de euros al año, dependiendo de cuáles fueran las patologías que se decidiera indemnizar. “La financiación de un fondo de este tipo debería contar con fondos públicos, necesarios para indemnizar a las víctimas de exposiciones no laborales, para muchas de las cuales no es posible hallar un culpable. También con aportaciones de las empresas que causaron el problema, bien voluntarias bien obtenidas mediante litigación, y de la Seguridad Social, reconociendo el origen profesional de muchas situaciones que hoy se tratan como patologías comunes”.

La abogada de Asviamie recuerda también que la detección del amianto sigue siendo un reto pendiente en Euskadi. Solo cuatro ayuntamientos vascos, Portugalete, Hernani, Ordizia y Urretxu, disponen de un mapa de los lugares de su término municipal donde aún existe este mineral tóxico, que también provoca muertes por su inhalación más allá del mundo laboral.

 

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