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Eduardo Azumendi

Periodista. Con un recorrido de 25 años en la profesión (15 de ellos en El País), analizando la actualidad, sobre todo, en su vertiente social, ha pasado los últimos tres viviéndola desde el lado oscuro: la administración. Ahora, tras su paso como responsable de prensa del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, vuelve a la sociedad civil y vuelca sus ganas en El Diario Norte.

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Cuando ETA socializó el sufrimiento

El 25 aniversario del asesinato por parte de ETA de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián del PP, sirve para recordar la etapa conocida como ‘la socialización del sufrimiento’, que abarca desde 1995 a 2011. El asesinato de Ordóñez un 23 de enero de 1995 supuso la inauguración de esa etapa, en la que ETA aumentó de manera exponencial el espectro de sus víctimas potenciales. A los habituales asesinatos de policías, guardias civiles, militares se sumaron los atentados contra políticos e intelectuales constitucionalistas, ertzainas, jueces, periodistas…….“La campaña de hostigamiento contra personas y partidos no nacionalistas fue sistemática y en ella participaron tanto ETA como el resto de la ‘izquierda abertzale’, repartiéndose las funciones”, recuerda Raúl López Romo, historiador, miembro del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y coautor del libro ‘Nunca hubo dos bandos’.

En el libro, López Romo analiza en un capítulo el momento histórico que abarca desde 1995 hasta 2011. La operación policial contra la cúpula de ETA en Bidart (Francia) permitió descabezar a la banda. Las posteriores detenciones en cascada consiguieron neutralizar numerosos comandos, infraestructuras y efectos materiales. La recomposición llevó años y la banda nunca volvió a ser lo que era. Pero lejos de asumir su debilitamiento, que era progresivo desde principios de los ochenta y ahora se había acelerado, la respuesta fue una huida hacia adelante: la socialización del sufrimiento. Es decir, extender el miedo a todos. Y para ello, combinó los asesinatos (muy selectivos para buscar mayor efecto desestabilizador) con la violencia callejera. Así evidenciaba a todos la realidad del conflicto y que el dolor debía repartirse. En mayo de 2001, un 70 % de los vascos percibía “miedo en el ambiente”, según un estudio del Euskobarómetro de la época. “Si la violencia en política es una herramienta de poder, al verse debilitados necesitaban pasar a la ofensiva”, apunta López Romo.

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Los pensionistas contrarios a la huelga general en Euskadi dan la cara por el nuevo Gobierno: "Despierta esperanzas"

Entre las asociaciones de pensionistas que no apoyan la huelga figuran Nagusiak, AJPD, Coespe, Agijupens, Aspalgi, Bat-Etorri, Fevaas, Gepe, Helduak, Asi, Nagusilan y Red de Pensionistas Tologorri. Además, también han intervenido en la rueda de prensa miembros de las coordinadoras de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Barakaldo, Ermua, Santurtzi, Sestao, Muskiz, Eibar, Hondarribia, Lasarte-Oria y otros municipios vascos.

La huelga, convocada por la 'Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria' (en la que están ELA, LAB y otras organizaciones sociales), tiene como objetivo exigir "una vida digna" y recuperar los derechos perdidos con "los recortes" durante la crisis económica.

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El acuerdo inédito del PSE con EH Bildu en Irun no presagia una corriente nueva de pactos entre ambos partidos

El PSE se ha apuntado a la geometría variable de los pactos y acaba de cerrar un pacto presupuestario en Irun (la segunda ciudad de Gipuzkoa) con Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Algo inédito y sorpresivo si se tiene en cuenta la extensión del acuerdo PNV-PSE al conjunto de las instituciones de Euskadi en la que ambos partidos suman mayoría. Pero la traslación de ese pacto ha encallado en Irun, donde la falta de sintonía entre el alcalde socialista, José Antonio Santano, y el líder del PNV en la localidad, Xabier Iridoy, ha hecho imposible cualquier acercamiento. Pero, el acuerdo es “excepcional” y no es un presagio de una corriente nueva de pactos entre PSE y EH Bildu en el futuro. Así lo han dejado de claro el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

Así que la posibilidad de seguir viendo acuerdos tan coloridos va a ser complicado. Según Erkoreka , no hay ningún riesgo de que “pueda generalizarse”. “En el caso de Irun, han concurrido una serie de circunstancias durante la pasada legislatura y unas determinadas tesituras personales. No es factible la generalización a otras administraciones públicas" de este pacto. Y como ejemplo de ello es que se están produciendo acuerdos de gobernabilidad entre socialistas y peneuvistas en lugares en los que no había "cuajado" esta colaboración.

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Euskadi cierra 2019 con 52.455 perceptores de ayudas sociales, el dato más bajo de la última década

El año 2019 se ha cerrado con 52.455 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de la cifra más baja de la última década. Es decir, unos 12.000 menos  que en los peores años de la crisis. ¿Cómo se explica este descenso? La recuperación del mercado laboral en los últimos años es la primera respuesta de los especialistas, incluidos los responsables del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, que es el organismo que se encarga de gestionar estas ayudas. 

Pero, aún son demasiadas las familias que viven pendientes de esta ayuda. A lo que hay que sumar las precarias condiciones laborales, especialmente de los jóvenes, que en algunos casos les lleva a solicitar la RGI para complementar el salario que obtienen de su trabajo. Casi 10.500 perceptores de la RGI del total de los 52.455 recibe este complemento. Es lo que se conoce como trabajadores pobres. Con este escenario como telón de fondo, el Gobierno camina hacia la reforma del sistema con el objetivo de hacerlo sostenible.

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Los socialistas vascos piden que se recurra el decreto de Sánchez contra la república digital catalana por inconstitucional

Los socialistas vascos creen que el decreto-ley de seguridad pública y administración digital aprobado por el Gobierno del PSOE el pasado 31 de diciembre puede ser mejorable. Un decreto nacido contra la república digital catalana  y que, entre otras medidas, permite al Gobierno central intervenir "con carácter excepcional y transitorio" las redes y servicios de telecomunicaciones —telefonía, fibra óptica, Internet...— en caso de amenazas para el orden público. El PSE se ha sumado al PNV y a Elkarrekin Podemos para instar al Ejecutivo de Urkullu a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto.

El objetivo es propiciar una negociación para modificar esta normativa. En el pacto suscrito para la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y PNV ya se recogía la reforma de este decreto.

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La huelga general soberanista pone a prueba la supervivencia del movimiento pensionista

Comisiones Obreras, sindicato que no apoya la huelga, también sintoniza en esa línea y también considera que las señas de identidad del movimiento de pensionistas están "distorsionadas" por la convocatoria del paro. Por eso, apuesta por el 31 de enero (un día después de la huelga) como "fecha clave" para empezar trabajar "en la recuperación de esas señas de identidad: unidad, pluralidad y objetividad".

"Desgraciadamente, ELA, LAB y el resto de convocantes de la huelga ponen en peligro esa unidad que se ha dado entre organizaciones y en la calle". En la actualidad, organizaciones representativas de pensionistas en Bizkaia, la mayoría de las organizaciones de Gipuzkoa, una parte de las de Álava y la gran mayoría de las organizaciones pensionistas de Navarra no están a favor del paro.

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Euskadi cerca los salones de juego y casas de apuestas para frenar la ludopatía

En un momento en el que las comunidades cercan los locales de juego y las casas de apuestas para frenar la ludopatía, Euskadi no se ha quedado atrás.  El Gobierno vasco ha decidido suspender de manera temporal la concesión de nuevas licencias para locales de juego hasta que no culmine la revisión del reglamento que regula la actividad de estos establecimientos. El proceso podría durar nueve meses. En la actualidad, en la comunidad autónoma existen 205 salones de juego y 34 locales de apuestas, a los que se añaden las 5.000 plazas que suman los distintos bingos que operan en la comunidad autónoma. Se estima que en Euskadi la ludopatía afecta a unas 43.000 personas: menores, jóvenes, adultos y mayores, a quienes la adicción les lleva a perder su dinero, sus trabajos y sus relaciones personales.

La suspensión temporal de las nuevas licencias no afectará a los cinco permisos para salones de juego y a las dos licencias para bingos que se encuentran actualmente en tramitación.

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Por qué uno de cada tres pisos de protección oficial de Euskadi dejará de ser público en los próximos años

La vivienda de protección oficial (VPO) es un bien muy preciado en Euskadi. Hasta el punto de que la puesta de las sucesivas administraciones por este tipo de construcción ha facilitado la emancipación de miles de jóvenes y dotado de un techo a las familias con menos recursos. Pero en los albores de esta política pública, la VPO se entregaba a sus beneficiarios y pasados unos años (podían ser 30) la vivienda perdía la calificación de protegida y pasaba a convertirse en libre. En la actualidad, el parque de viviendas protegidas calificadas de Euskadi está configurado por 68.238 (con datos de febrero de 2019). De estas viviendas, un total de 46.092 se benefician de la calificación de permanencia. Es decir, siempre van a formar parte del patrimonio público.

Pero el 32,5% restante va a dejar de formar parte del patrimonio público en los próximos años. Eso significa que un total de 22.146 viviendas promovidas con anterioridad a 2003 van a tener que ser descalificadas a medio plazo. En este caso, la fecha de 2003 es la clave. ¿Por qué? La decisión de imponer la calificación de vivienda protegida a todo el parque público de vivienda de Euskadi fue una medida para combatir la especulación de vivienda con dinero público. Así lo recalcó en su momento el Ejecutivo vasco, que en 2003 impuso la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. De esta forma, una vivienda protegida sufragada con dinero público jamás se convierte en un piso libre, con lo que el propietario no puede venderla en el mercado.

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Retiran la ayuda social a un padre que pidió un préstamo a su hermano para comprar una humilde casa e integrar a la familia

El Gobierno vasco ha suspendido la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a un padre de familia con cinco hijos a su cargo (cuatro de ellos menores de edad). ¿Por que? Pues por pedir un préstamo a su hermano de 10.000 euros para poder adquirir una casa por 14.500 euros en la que poder integrar a toda su familia. El Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) ha recomendado al Lanbide (el Servicio Vasco de Empleo que gestiona las ayudas sociales) que revise la suspensión al quedar acreditado que la suscripción del préstamo estaba dirigida a la adquisición de una vivienda habitual "por lo que no agravó la situación económica de la familia, sino que le otorgó una mayor seguridad y estabilidad".

Los servicios sociales municipales han realizado un seguimiento a la familia y en su informe citan todas las actuaciones que han realizado dirigidas al acompañamiento social y las dificultades que han encontrado para dar con una vivienda. En este informe explican que la ayuda del hermano ha permitido la adquisición de una casa, certificando su "carácter humilde". Y concluyen: "La adquisición de la vivienda tiene un carácter de necesidad social y no patrimonial, que facilitará la integración social de toda la familia y evitará su exclusión a la que actualmente le lleva la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos".

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Cuenta atrás para la huelga general del 30 de enero impulsada por los sindicatos nacionalistas

Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB  acaban de registrar la huelga general del 30 de enero en las delegaciones del Gobierno vasco en Bilbao y Pamplona. Así, se pone en marcha la cuenta atrás para el paro impulsado por las centrales nacionalistas en Euskadi y Navarra. La convocatoria se enmarca dentro de las movilizaciones organizadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, en la que se integran ambos sindicatos y numerosos colectivos. Pensión mínima de 1.080 euros, edad máxima de jubilación a los 65 años, salario mínimo de 1.200 euros y jornada de 35 horas semanales.....son las principales reivindicaciones que llevan a este paro.

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  • Euskadi

    ʺLa agricultura ecológica tendrá capacidad para alimentar al mundo en 2050ʺ

    #2 Hola. No hay ningún tipo de influencia yankee ni nada por el estilo. Se trata de un error tipográfico que agradezco que me hayas señalado y que ya ha hemos corregido. Un saludo

  • Euskadi

    Los profesores presionan ahora al Gobierno vasco en busca de una solución

    #2 Hola. En este conflicto, hemos trasladado las impresiones de ambas partes. En el caso de las ikastolas no se ha comentado nada porque no hay ningún conflicto, a pesar de la merma salarial de los docentes. Aquí te mando un enlace donde se le da el titular a la patronal y su disposición a negociar: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/patronal-abre-puerta-negociacion_0_203330621.html En cualquier caso, muchas gracias por tu comentario y por seguir las informaciones de eldiarionorte.es