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Minuto político Los temas de este miércoles

Eduardo Azumendi

Periodista. Con un recorrido de 25 años en la profesión (15 de ellos en El País), analizando la actualidad, sobre todo, en su vertiente social, ha pasado los últimos tres viviéndola desde el lado oscuro: la administración. Ahora, tras su paso como responsable de prensa del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, vuelve a la sociedad civil y vuelca sus ganas en El Diario Norte.

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El círculo de la precariedad: solo el 40 % de los trabajadores con contrato temporal pasa a indefinido, pero después de tres años

Uno de cada cuatro trabajadores en Euskadi tiene contrato temporal. Una situación que lleva camino de enquistarse, dado que año tras año la temporalidad sigue al alza y el 25 % actual supone casi el doble de la media europea. El Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi ha advertido de que la temporalidad supone una "gran preocupación" en el mercado laboral. En el análisis de la situación socio-laboral en 2018 y de avance de 2019, el presidente del CRL, Tomás Arrieta, destacó que las nuevas incorporaciones al mercado laboral se hacen desde contratos temporales y las jubilaciones se producen desde contratos indefinidos, lo que "altera el balance". Además, según evidencia un estudio del CRL sobre contratación entre los años 2009 y 2017, la transición del empleo temporal al indefinido es lenta y sólo el 40,4 % de las personas que tenían contrato temporal en 2009 consiguió un contrato indefinido durante el período y teniendo que esperar un plazo medio de 35 meses. Además, gran parte de los contratos indefinidos no sobreviven en los tres años siguientes de su firma. Cada joven contratado firma al menos tres contratos. Gana de media 12.174 euros, lo que supone un 21 % menos que al inicio de la crisis (15.400 euros). Y las mujeres, otro 21 % menos añadido.

El balance del organismo socio-laboral también refleja que ha crecido el empleo a tiempo parcial (por cada contrato de este tipo que firma un hombre las mujeres firman dos) y que la evolución demográfica a la baja -en la próxima década se prevé perder en Euskadi 95.000 personas en edad de trabajar, tras la pérdida de un número similar en los últimos diez años- plantea el "reto" de dar respuesta a las futuras demandas de empleo.

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"Pedir moderación a los trabajadores en precario es un insulto"

El nuevo secretario general de ELA, el navarro Mitxel  Lakuntza (Pamplona, 1976) lo tiene muy claro: la razón de ser de su sindicato es luchar contra la precariedad que sufren los trabajadores. Este sindicato centenario, nacionalista y combativo vive un momento dulce: cuenta con más de 100.000 afiliados y el 41% de representación en Euskadi. Lakuntza, sindicalista de cantera, tomó las riendas de la central el pasado mes de abril al relevar a Adolfo 'Txiki' Muñoz, quien dejó el cargo por motivos de edad, al cumplir 60 años. “ELA”, señala Lakuntza, “está demostrando que un proyecto radical y de izquierdas puede tener éxito. Cuando se habla claro y se está cerca de los problemas de la gente te lo saben reconocer”.

La lectura de del éxito de ELA sindicato centenario, nacionalista y combativo la tienen que hacer, apunta, “los que han eliminado de su vocabulario palabras como la huelga o la confrontación, la organización en los centros de trabajo, dar sentido a lo colectivo….

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Así han evolucionado los salarios en Euskadi: menos poder adquisitivo y más desigualdad

Los efectos de la crisis se han dejado notar en muchos ámbitos y se han traducido en un aumento de las desigualdades sociales y, sobre todo, más paro. Y la crisis también ha traído la paradoja de que, a veces, ni trabajando se puede eludir la pobreza. Eso se debe a la notable disminución de los salarios medios. Un estudio monográfico del sindicato ELA (mayoritario en Euskadi) sobre la evolución de los salarios en Gipuzkoa (probablemente la provincia española con los sueldos medios más altos) entre 2008 y 2017 se resume así: menos poder adquisitivo  y más desigualdad.

Según los responsables de ELA, las conclusiones del estudio en Gipuzkoa son extrapolables al resto de Euskadi. Los autores del trabajo puntualizan que existe muy poca información fiable sobre los salarios. Aunque las tres diputaciones vascas tienen información significativa sobre ello, solo la de Gipuzkoa ha publicado datos. 

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El turismo ya es una industria en Euskadi, una vez superado el lastre del terrorismo

La ausencia de violencia y el clima político normalizado han permitido que el turismo se dispare en Euskadi en los últimos años. Hasta el punto de que se ha convertido en una industria por derecho propio: supone ya un 6,1 % del Producto Interior Bruto (PIB), con 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el 10 % del total de Euskadi. Lo que resulta evidente es que superado el lastre de tantos años de terrorismo, Euskadi ha hecho una decidida apuesta política por el turismo que, por el momento, está saliendo bien.

"Venimos de una década de crecimiento sostenible", corrobora la consejera de Turismo, Sonia Pérez. El pasado año se cerró con 3,7 millones de turistas, de los que 1,7 fueron extranjeros. Y en los cuatro primeros meses del año se alcanzó el millón de visitantes, lo que supone un incremento del 5,4 % respecto al período de enero a abril de 2018.

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Mondragon Corporación "no engañó" a los excooperativistas de Fagor Electrodomésticos que perdieron sus ahorros

La Corporación Mondragon "no engañó" a los exsocios y extrabajadores de Fagor Electrodomésticos, quienes perdieron sus ahorros al quebrar la cooperativa. La Audiencia de Gipuzkoa ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la plataforma Ordaindu, uno de los dos colectivos de exsocios cooperativistas de Fagor Electrodomésticos perjudicados por la desaparición de la empresa. Ordaindu sostenía que la Corporación actuó con ellos de manera desleal en los años previos al concurso de acreedores para "engañarles" y que dejaran en el seno de su empresa sus ahorros (préstamos remunerados y aportaciones voluntarias, entre otros productos). Con la quiebra de Fagor Electrodomésticos ese dinero se perdió para siempre. Los excooperativistas reclaman cerca de 48 millones de euros, en lo que supone la mayor demanda acumulada de la historia de Euskadi.

La Audiencia confirma el fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bergara, que el año pasado declaró prescrita la demanda interpuesta por los colectivos de exsocios cooperativistas Ordaindu y Eskuratu sin entrar en el fondo del asunto, y absolvió a la Corporación Mondragon. Ahora, la Audiencia también entra en el fondo de la cuestión y asegura que los demandantes "disponían de información previa sobre la situación financiera de la cooperativa" a través de los "múltiples canales" que tenían tanto en Fagor Electrodomésticos como en Edesa.

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La sociedad vasca apoya la integración de los inmigrantes, pero rechaza que abran centros de culto religiosos

El Gobierno vasco aprobó la semana pasada el proyecto de ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que regula la apertura y utilización de centros de culto. El objetivo de la norma es garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Precisamente, la religión es el aspecto relacionado con los inmigramtes que más reticencias despierta en la sociedad vasca. Según los datos del último Deustobarómetro (una encuesta sociológica elaborada por la Universidad de Deusto) , la sociedad vasca apoya la integración de los inmigrantes y que tengan pleno acceso a los derechos y servicios públicos de los que disfrutan el retso de personas. Eso sí, especialmente de los que están regularizados.

Sin embargo, hasta un 37 % de los vascos rechaza la apertura de centros de culto religiosos por parte de los inmigrantes, estén o no regularizados. Cuando se ttata de ayudas sociales o el acceso a viviuenbas públicas el respaldo también deecae de forma notable.

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El PP se perfila como el único socio del Gobierno para reformar la RGI, con la vista puesta en que no sea "un modo de vida"

El Parlamento vasco ha da dado luez verde a la tramitación de la proposición de ley del PNV y PSE-EE para reformar la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión, que llevaba un año paralizada por falta de consenso. La abstención del PP ha facilitado la tramitación de la que estaba llamada a ser una de las iniciativas estrellas del Gobierno esta legislatura, pero que al final es probable que se quede en nada por falta de tiempo o por desacuerdo entre los partidos. La Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión da cobertura a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda social caracterizada por su espíritu de solidaridad y cohesión en sus 30 años de vida.

La abstención del PP es la que ha permitido la tramitación, ya que tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos se oponen frontalmente a la propuesta al considerar que supone un recorte de derechos. El PP ha dejado muy claro desde el primer minuto el estrecho control que piensa ejercer en el trámite de enmiendas ya que la proposición de ley no le gusta y, en su opinión, "no va en la dirección adecuada". "Es un texto", ha recalcado la portavoz del PP en el debate, Laura Garrido, "ambiguo e insuficiente, pero es el momento de abrir el debate para lograr un sistema de protección justo y eficiente que tenga como fin la empleabilidad y evitar que la RGI sea un modo de vida".

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La feminización impuesta de los trabajos peor pagados ensancha la brecha salarial

La segregación ocupacional por sexo es el factor que más incide, hasta un 35 %, en la brecha salarial entre mujeres y hombres; una segregación por la que mujeres y hombres se ocupan en profesiones vinculadas a los roles de género y en la que se observa que la brecha salarial aumenta progresivamente cuantas más mujeres hay en una ocupación. Es una de las conclusiones del estudio ‘Brechas de género en el mercado laboral en Euskadi’, encargado por Emakunde a la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica. Según el estudio, el grado de feminización/masculinización de las ocupaciones es un factor determinante de la brecha en el salario/hora, pues ésta aumenta notablemente a medida que la proporción de mujeres en una ocupación crece y viceversa. De hecho, en las ocupaciones más masculinizadas la brecha es del 9 %, mientras que en las más feminizadas alcanza el 14 %.

El trabajo ha partido desde los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi y en el marco de la estrategia para reducir la brecha salarial en la comunidad autónoma puesta en marcha por el Gobierno vasco. Otra de las conclusiones del estudio es que mujeres de todas las edades (jóvenes, adultas y mayores) con todo tipo de niveles educativos (con estudios obligatorios formación profesional y estudios superiores), con todo tipo de contratos y jornadas (indefinidos y temporales, a jornada completa y parcial) y en todo tipo y nivel de ocupaciones soportan brecha salarial.

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La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos atribuye responsabilidades al Gobierno vasco

La comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco el año pasado apunta a las "responsabilidades políticas" de los cuatro consejeros que estuvieron al frente del Departamento de Educación entre 2003 y 2017, unos cargos desempeñados, sucesivamente, por dirigentes de EA --actualmente integrada en EH Bildu--, el PSE y el PNV. Aunque el informe no los cita por su nombre, se trata de Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (EA), Isabel Celaá (PSE) y la actual consejera Cristina Uriarte.

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El Gobierno vasco quiere penalizar fiscalmente a los caseros que alquilen por encima de la media

El Gobierno vasco lleva mucho tiempo dando vueltas a cómo rebajar el precio de los alquileres. A parte de volcar su parque público de vivienda hacia el alquiler social, hasta ahora no ha dado con más fórmulas para limitar los precios en el mercado libre, que, en el caso de Euskadi, siguen disparados. Hasta el punto de que ya están en los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. La reflexión sobre la intervención de la administración en el mercado de alquiler limitando los incrementos de renta o controlando los precios ya ha sido lanzada por varios agentes. Ahora, el Ejecutivo de Vitoria apuesta por aplicar deducciones fiscales progresivas a los arrendadores de viviendas en Euskadi, que les "premien" si los alquileres están por debajo de un precio medio de referencia y que desaparezcan en el caso de que lo  superen.

Se trata de un planteamiento recogido en la propuesta fiscal en materia de vivienda que el consejero del área, el socialista Iñaki Arriola, ha trasladado al Consejo de Gobierno vasco para su posterior tramitación en los órganos correspondientes. En Euskadi, la competencia fiscal está en manos de las diputaciones. Así, será el Órgano de Coordinación Tributaria (que reúne a diputaciones y Gobierno) el que dará forma a esta iniciativa. 

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  • Euskadi

    ʺLa agricultura ecológica tendrá capacidad para alimentar al mundo en 2050ʺ

    #2 Hola. No hay ningún tipo de influencia yankee ni nada por el estilo. Se trata de un error tipográfico que agradezco que me hayas señalado y que ya ha hemos corregido. Un saludo

  • Euskadi

    Los profesores presionan ahora al Gobierno vasco en busca de una solución

    #2 Hola. En este conflicto, hemos trasladado las impresiones de ambas partes. En el caso de las ikastolas no se ha comentado nada porque no hay ningún conflicto, a pesar de la merma salarial de los docentes. Aquí te mando un enlace donde se le da el titular a la patronal y su disposición a negociar: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/patronal-abre-puerta-negociacion_0_203330621.html En cualquier caso, muchas gracias por tu comentario y por seguir las informaciones de eldiarionorte.es