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El adelanto electoral puede dar al traste con el ansiado fondo de compensación para las víctimas del amianto

El consenso político alcanzado sería papel mojado si las elecciones se celebrasen en abril, sin tiempo para aprobar la creación del fondo

Una protesta ciudadana contra el uso del amianto.

Una protesta ciudadana contra el uso del amianto.

Jon García vive con angustia estos días, a la espera de que se confirme o no el adelanto electoral que barrunta el Gobierno central. Su angustia se debe a que ese adelanto electoral daría al traste con la posibilidad de sacar adelante el fondo de compensación para las víctimas del amianto, cuya tramitación se encuentra en la recta final en el Congreso. García es la persona elegida por todas las asociaciones de víctimas del amianto de España para trabajar codo con codo con los partidos en la ley que dará luz verde al fondo. El trabajo de 'cocina' de Jon García ha permitido limar todas las aristas, hasta el punto de conseguir el consenso político de todos los grupos.

Los tiempos en los que se juega esta partida son los siguientes:

1- El día 20 de febrero la ponencia parlamentaria cierra su informe y lo eleva a la comisión correspondiente

2- Una vez aprobado el texto en comisión se eleva al Senado, donde el PP tiene mayoría, pero en los trabajados parlamentarios ha dado su visto bueno

3- Aprobación de la Ley del Fondo de Comensación para las Víctimas del Amianto en el Congreso.

Si el presidente del Gobierno opta finalmente por el adelanto electoral y elige el 26 de mayo como fecha de las votaciones (el 'superdomingo electoral'), García cree que podría dar tiempo a aprobar el fondo, pero 'in extremis'. "Si al final las elecciones son en abril, no hay nada que hacer. Todo el trabajo y el esfuerzo para que salga adelante el fondo quedaría en nada", se lamenta.

Así, la mejor opción sería que las elecciones se celebrasen en otoño. "Entonces sí que sale adelante porque hay un consenso total entre los partidos", apunta García.

El Congreso aprobó en 2017 una proposición de ley que contemplaba la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta proposición fue impulsada por el Parlamento vasco la pasada legislatura y por eso fue defendida en el pleno para asu admisión por tres parlamentarios autonómicos de PNV, EH Bildu y Partido Socialista de Euskadi.  Salvo el PP que se abstuvo, el resto de partidos que integran el Congreso dio el visto bueno a la propuesta. El problema es que desde octubre de 2017 cuando se aprobó la proposición hasta septiembre de 2018 la  tramitación de la ley quedó bloqueda porque la mesa del Parlamento (con mayoría de PP y Ciudadanos) bloqueó sistemáticamente cualquier propuesta procedente de la oposición.

Esa decisión del Congreso ponía fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han visto obligados a menudo a arrastrarse por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.

Los recursos económicos del fondo de compensación para la indemnización de las víctimas del amianto se nutrirá de los siguientes recursos:

  1. Los fondos específicos provenientes de la financiación de las cuotas por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
  2. Los provenientes del fondo de contingencias profesionales del sistema de la Seguridad Social.
  3. Las cantidades obtenidas por subrogación.
  4. Las consignaciones o transferencias que puedan fijarse en los Presupuestos Generales del Estado.

La previsión es un gasto anual de entre 200 y 210 millones de euros en compensaciones, a razón de entre 100.000 y 150.000 euros por cada víctima, según su nivel e incidencia de la enfermedad.

 

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