El Partido Popular de Cantabria propone utilizar la futura Ley de Vivienda para modificar otra dos leyes. El grupo parlamentario popular ha presentado dos enmiendas a su propia Ley de Vivienda para incluir dos modificaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Ley de Carreteras.

El proyecto de ley, que tramita en estos momentos el Parlamento de Cantabria, ha sido redactado por el Gobierno de Buruaga pero, aún así, su propio grupo parlamentario ha presentado 27 enmiendas parciales al texto para añadir o modificar el texto inicial remitido desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Roberto Media.

Así, el Partido Popular plantea aprovechar la futura Ley de Vivienda para modificar el POL e incluir la nueva actuación integral estratégica productiva Solía, el futuro y polémico polígono industrial donde se ejecutarán la segunda y tercera fase del Centro de Datos Altamira.

Una área de 61 hectáreas entre Astillero, Piélagos, Villaescusa y Camargo de suelo rústico protegido donde no se puede actuar. Para ello, el Gobierno de Cantabria necesita recalificar el terreno. De ahí que se plantee esta modificación del POL para desproteger el terreno y poder utilizarlo para usos industriales. el PP aprovechará la Ley de Vivienda para corregir otra Ley, la del POL.

La operación estaba impulsada también inicialmente por el PRC mediante otra vía más rápida, aunque finalmente renunció a ello. Los afectados por el PSIR -que supone recalificaciones y expropiaciones- se han unido en una plataforma ciudadana bautizada como La mancha gris que alerta sobre “las modificaciones ad hoc”, es decir, a medida de los intereses de los promotores interesados en el proyecto.

La iniciativa del Partido Popular justifica que ya se ha agotado el polígono industrial de Morero y que hace falta más espacio: reservas de suelo “para implantar nuevas actividades económicas”.

Por ello, propone sacar del POL los terrenos, excepto una avenida arbolada con plátanos que conduce a la casa palacio de Juenga y añade que en los 200 metros alrededor de la ribera de la ría “solo se ubicarán los sistemas de espacios libres”.

La idea de convertir una zona protegida en suelo urbanizable necesita que se modifique la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y que se plantee un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional protegido junto a la ría que ejecutará la recalificación y, en su caso, las expropiaciones donde se ubicarán las fases dos y tres del Proyecto Altamira.

Modificación de la Ley de Carreteras

La Ley de Vivienda también servirá de comodín para aprobar otra modificación de la Ley de Carreteras, que el grupo parlamentario popular ha planteado como otra enmienda al proyecto.

En concreto pretenden modificar un artículo de la Ley para que, a partir de ahora, solo se necesite una declaración responsable -comunicar a la administración la buena voluntad de cumplir con la normativa- para hacer obras en las edificaciones que invaden la zona de protección de la carreteras. Es decir, aquellas que quedan dentro de las franjas que hay a cada lado de la vía y que delimitan la línea a partir de la cual se puede construir.

También se permitiría levantar -en estos márgenes de las vías- levantar “instalaciones fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera”, solo con una declaración responsable. Hasta ahora, para ello, era necesario el permiso de la Consejería de Obras Públicas.

Con la modificación de la Ley que plantea el PP, se podrían pintar fachadas, reparar tejados, cambiar ventanas y puertas, reparar el interior o hacer otras de mantenimiento, sin permiso, solo con la declaración responsable.

Una Ley de Vivienda en cuestión

El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora. 

La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA); la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) han lamentado el “veto”, este 23 de septiembre, de sus solicitudes de comparecencia en el Parlamento durante la tramitación de la ley de creación del Consejo LGTBI+ de la comunidad.

Las tres organizaciones han considerado en un comunicado de “sorprendente y preocupante” que “no se haya querido escuchar a entidades que trabajan directamente con las realidades que esta norma pretende abordar”.

Y es que, han aseverado, antes de desarrollar una ley que debe articular la participación de las personas LGTBI+ es “imprescindible escuchar a quienes conocen de primera mano sus necesidades”.

Las entidades han incidido en que la normativa cántabra que reconoce los derechos de las personas LGTBI+ ya establecía la creación de este Consejo como órgano de participación, representación y consulta, así como un plazo de dos años para que el Gobierno remitiera a la Cámara su ley de creación.

“Llevamos dos legislaturas y seis años desde la aprobación de la ley esperando un Consejo que la propia norma establecía que debía existir. Y ahora, cuando por fin se tramita su creación, se decide no escuchar precisamente a las entidades que llevamos años trabajando sobre el terreno”, ha señalado el presidente de ALEGA, Víctor Pérez.

Pérez ha indicado que las comparecencias de ALEGA, ACCAS y el Consejo de la Juventud de Cantabria representaban, además, tres perspectivas directamente relacionadas con el futuro Consejo: la realidad de las personas LGTBI+, la juventud y la respuesta frente al VIH.

Para estas entidades, “prescindir de estas voces” supone perder “una oportunidad para enriquecer una norma que debería nacer desde la participación social”.

“La juventud no puede quedar al margen de las políticas que afectan directamente a su realidad. Si se quiere construir un órgano de participación, tiene todo el sentido contar también con la voz de las personas jóvenes y de las organizaciones que las representan”, ha afirmado David Sanjuán, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria.

Por otra parte, han afirmado que la creación del Consejo llega, además, en un contexto en el que “persisten situaciones de discriminación y acoso” hacia las personas LGTBI+ en ámbitos como el empleo, los centros educativos y universitarios o las redes sociales, como recoge la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en su último informe sobre igualdad LGTBIQ+.

“Las personas a las que acompañamos se enfrentan a problemas muy diversos. Por eso necesitamos políticas públicas construidas escuchando a quienes viven estas realidades y a quienes las acompañamos diariamente”, ha aseverado Carmen Martín, coordinadora de ACCAS.

Asimismo, ALEGA ha destacado que, además, ha elaborado su propia Estrategia LGTBI+ para Cantabria, que ha tratado de trasladar a diferentes instituciones “sin haber encontrado hasta ahora el espacio de interlocución necesario”.

“No estamos pidiendo que se acepten nuestras propuestas sin debate. Estamos pidiendo que se nos escuche”, ha reivindicado Pérez.

Por último, las tres organizaciones han reclamado que durante la tramitación de la ley se garantice la participación de las entidades LGTBI+, la juventud y las organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH, y que el futuro Consejo cuente con “una representación plural y conectada con las necesidades reales de la sociedad cántabra”. “Porque no se puede crear un órgano de participación sin participación”, han concluido.

Con el inicio del curso político se ha informado de que el Parlamento de Cantabria tramita una modificación del Plan de Ordenación del Litoral para crear más suelo industrial. En concreto, el polígono Federico Cobo del que apenas se había oído hablar, en homenaje al empresario de Cisternas Cobo, que el Gobierno de Cantabria anunció en febrero. Una zona actualmente dedicada a la ganadería, con praderías y zonas boscosas.

Son 63 hectáreas, en la ribera de la ría de Solía, ubicadas entre el Astillero, Piélagos y Villaescusa que -según la propuesta oficial- “constituirán un eje logístico industrial con las áreas existentes”. Una modificación que adquiere especial relevancia porque ahí están previstas las fases 2 y 3 del Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira, promovido por Stoneshield. Un área que también se recalificó con un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para agilizar su instalación, paralizada de momento.

La operación urbanística pretende ampliar el espacio destinado a suelo productivo en el entorno de los polígonos de Morero y Guarnizo y permitir el desarrollo del futuro Plan Singular de Interés Regional (PSIR) Federico Cobo-Solía.

Podemos Cantabria rechaza el proyecto y recoge el espíritu de un movimiento vecinal, La Mancha Gris, que está recogiendo firmas en contra y que ha protagonizado un marcha reivindicativa.

Por contra, la iniciativa cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que ya han dado su visto bueno para que se tramite la modificación.

Para recalificar este suelo se modifica el Plan de Ordenación del Litoral (POL) con una nueva excepción: una Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP) bautizada como Área Morero-Solía Federico Cobo. Con esto, se genera un corredor de suelo industrial de Morero hasta Tanos, justifican sus impulsores.

Cuesta seguir el hilo, aunque para el consejero de Industria es sencillo: se trata de mover un poco “el trazado irregular” de protección del POL “que no tiene ningún sentido”, según declaró Eduardo Arasti.

Es decir, se mueve un poco la línea y brotan 60.000 metros cuadrados de suelo productivo al sur de Morero. Una modificación “sencilla”, catalogó en su día el responsable de Industria.

A la operación le sobran padrinos. La propuesta la ha hecho el PRC en el Parlamento de Cantabria y se ha aprobado por unanimidad, pero es idéntica a la que planteó el PP por otra vía: como una enmienda a la Ley de Vivienda.

Los populares habían diseñado la operación de recalificación urbanística de forma más discreta. Pero los regionalistas se decidieron por apoyarlo con mayor altavoz desde su propio sello político. Es decir, más al descubierto.

¿Quién se beneficia?, pregunta Podemos

La formación política Podemos considera “especialmente grave” que una modificación de esta dimensión territorial se haya tratado de incorporar mediante una enmienda a una ley “cuyo objeto debería ser garantizar el derecho a la vivienda”. De hecho, no estaba en el anteproyecto del Gobierno, fue el grupo parlamentario popular quien ha presentado enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que, además de la modificación del POL, incluyen “importantes” cambios urbanísticos, en el régimen de los PSIR “así como una ampliación del catálogo de actuaciones permitidas en suelo rústico”.

“Jamás nos hubiéramos imaginado que una ley que debería facilitar el acceso a la vivienda se utilizaría para cargarse el POL en Solía” -explica Pablo Gómez, responsable de defensa del territorio de Podemos Cantabria- “¿Qué pinta crear más de 62 hectáreas de suelo industrial dentro de una Ley de Vivienda y, sobre todo, quién se beneficia de ello además de Stoneshield?”.

Este nuevo polígono se sitúa junto a una de las principales vías de comunicación, la Autovía Ronda de la Bahía (S-30), y en las proximidades del ramal de conexión entre la S-10 y S-30 cuyo último tramo se encuentra en ejecución, atravesando el Polígono de Morero. “Estas infraestructuras de comunicación junto con su proximidad al Puerto de Santander y aeropuerto hacen que su emplazamiento tenga una ubicación estratégica”, argumentaba la propuesta del PRC.

El precedente de VIPAR

Podemos considera especialmente importante analizar el precedente de la primera fase de Altamira. El pliego técnico de 2021 para la redacción del PSIR del Parque Empresarial VIPAR explicaba que las Actuaciones Integrales Estratégicas Productivas del POL respondían a la necesidad de ampliar la oferta de suelo industrial y que el PSIR era el instrumento mediante el cual se podía producir la conversión de suelo rústico en suelo urbanizable de uso industrial.

Aquel PSIR se planteó inicialmente sobre unos 371.000 metros cuadrados e incluía el documento de planeamiento, el proyecto de urbanización, el estudio ambiental estratégico y las conexiones con las redes exteriores. Posteriormente, SEPIDES y SICAN autorizaron la venta a Stoneshield de los terrenos de VIPAR destinados a la primera fase de Altamira por 9.492.450 euros, IVA incluido.

En el caso de las fases 2 y 3, la propia planificación publicada por SODERCAN situaba la aprobación del PSIR en 2027 y la adquisición de los terrenos en 2028. Para Podemos, este precedente demuestra que las decisiones sobre el planeamiento y la transformación del suelo tienen consecuencias económicas importantes y deben ser objeto de máxima transparencia “no se puede planificar el territorio vía enmienda a la ley de vivienda”

La formación reclama al Gobierno que explique quiénes son los actuales propietarios de los terrenos afectados por la nueva AIEP SOLÍA y qué aprovechamientos urbanísticos tendrán después de la modificación del POL y del posterior desarrollo del PSIR.

“Queremos saber quiénes son los propietarios actuales de esos terrenos, qué cambios de titularidad se han producido, qué aprovechamientos urbanísticos tienen hoy y cuáles tendrán después de la modificación del POL”, exige Pablo Gómez en nombre de Podemos.

Los diputados del Parlamento de Cantabria dilatan siempre el regreso a la actividad hasta después de la celebración de la Bien Aparecida. Una misa en un santuario que se ha convertido, por costumbre, en una especie de romería política donde la presidenta Buruaga (PP) y los líderes de los partidos de la oposición hacen declaraciones de intenciones sobre el nuevo curso político.

Buruaga en esta ocasión, tras su habitual letanía de reproches contra el presidente Pedro Sánchez, ha hecho un avance del presupuesto para 2027 y el techo de gasto a la salida de misa de doce –no en la sala de prensa, que nunca frecuenta– cuando apenas se ha empezado a ejecutar al anterior, aprobado con notable retraso con las exigencias del PRC. Esta vez, la perspectiva electoral hace presumir una prórroga del actual hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, por lo que las cábalas y los anuncios sobre las cuentas públicas podrían resultar inútiles.

La presidenta, además, desde el Santuario de la Bien Aparecia, prometió una eclosión de los proyectos del Gobierno en esta recta final de una legislatura donde la vivienda y el turismo –junto a un urbanismo desbocado– se han convertido en los ejes centrales del debate público.

Las iniciativas legislativas del Gobierno del PP llegan a los exámenes finales de las urnas con muchos deberes pendientes –ocho proyectos de ley– que pretenden resolverse en apenas cinco meses, ya que el Parlamento de Cantabria cierra en enero y las sesiones acabarán a principios de abril, cuando se convoque el decreto de elecciones en mayo. Vivienda, Patrimonio, Autoridad Docente, Consejo LGTBI, creación del Colegio Profesional de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia –por un lado– y tres modificaciones legislativas: para ampliar en suelo industrial en un polígono afectado por el Plan de Ordenación del Litoral, de la Ley de Derechos y Servicios Sociales y del Parque Científico y Tecnológico de Torrelavega.

A estas iniciativas legislativas se suman los compromisos que adquirió la presidenta en el Debate de Orientación Política de Cantabria, celebrado en el Parlamento a final de junio, donde se anunció una Ley de Función Pública, otra de Carreteras y otra de Starups, para atraer inversiones vinculadas a la economía digital.

Además, el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio –probablemente el documento más relevante desde el punto de vista urbanístico y medioambiental para el futuro de Cantabria– ya ha cerrado en julio el periodo de alegaciones y ahora tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento para su aprobación antes de que cierre en abril.

El PROT y la Ley de Vivienda son los dos asuntos más destacados que tratará el hemiciclo en este final de legislatura. El proyecto de ley de vivienda mantenía abierto el plazo para presentar enmiendas parciales hasta el 17 de septiembre.

Por su parte, la proposición de ley de Patrimonio, presentada conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Regionalista, está pendiente del calendario de comparecencias pero en principio tiene el aval de los votos suficientes para su aprobación.

La Ley de Autoridad Docente tiene un horizonte más complicado. Los socialistas y los regionalistas tratan de bloquearla con la presentación de dos enmiendas a la totalidad porque, en su opinión, tiene “importantes deficiencias” ya que se centra en el régimen disciplinario en lugar de la convivencia.

La creación del Consejo LGTBI está pendiente de que el Parlamento fije el calendario de comparecencias. Es decir, las intervenciones de los expertos que ha solicitado los grupos políticos para informar sobre el tema. En la misma situación se encuentra la tramitación del proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria necesita que el Parlamento apruebe una modificación del POL (Plan de Ordenación del Litoral) para ampliar en 35 metros cuadrados el suelo industrial del futuro polígono Federico Cobo de Guarnizo. Es una propuesta del Grupo Regionalista.

También se ha planteado una modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales –que está pendiente del calendario de comparecencias– y otra del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) de Torrelavega, otra propuesta del PRC que se ha tramitado por vía de urgencia y que tiene que recibir el visto bueno del Pleno.

El primer pleno del Parlamento de Cantabria de este nuevo periodo de sesiones se celebra el próximo 21 de septiembre.

La nueva Ley de Control Ambiental, aprobada con los votos del PP y del PRC, es un texto remendado con las aportaciones de la oposición que no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al resto de formaciones parlamentarias, ni a los colectivos ecologistas. Ni siquiera a sus propios impulsores: el Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si consigue la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Únicamente el Partido Regionalista de Cantabria parece moderadamente satisfecho con el resultado final al haberse incluído algunas de sus enmiendas.

“Detrás de esta ley hay una visión de que cualquier control es un obstáculo”, denunció el diputado socialista Pablo Zuloaga. “Un retroceso ambiental que levanta la mano en muchos aspectos”, valora Floren Enríquez de Ecologistas en Acción.

El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.

La crítica más dura, sin embargo, ha venido de Vox. Desde la tribuna parlamentaria el diputado Armando Blanco ha denunciado que facilita la instalación de macroproyectos eólicos. Sospecha que las prisas del Gobierno “por aprobar esta chapuza de ley” está directamente relacionada con este asunto.

En su opinión, lo que pretende el Partido Popular es permitir el fraccionamiento discrecional de los parques eólicos evitando las evaluaciones ambientales conjuntas.

Los proyectos de aerogeneradores con una potencia de 250 megavatios deben someterse a la legislación y controles nacionales, mientras que los inferiores de 50 megavatios se rigen por las normas autonómicas. Todos los aerogeneradores conectados entre sí con una evacuación única constituyen un único parque eólico. Esto se ha utilizado hasta ahora para frenar proyectos que tenían potencia inferior a 50 megavatios que pretendian en la práctica trocear macroparques eólicos “para evitar el control estatal mediante una práctica bastante irregular”, explica el diputado.

La delimitación de lo que es un parque eólico viene regulado en la disposición adicional primera de la Ley, cuyo texto definitivo con las enmiendas aprobadas todavía no ha sido publicado oficialmente. Ahí se dice que cuando un promotor utilice la misma infraestructura para evacuar la energía producida por diferentes instalaciones de generación, esas infraestructuras compartidas se considerarán parte de cada uno de los proyectos.

Así, el control de las autorizaciones estará en manos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, no dependerá de la administración del Estado.

De esta manera, según Blanco, lo que pretende el Partido Popular es “indultar” todos los proyectos que hasta ahora se han paralizado porque, a pesar de que tramitaban la autorización como parques presuntamente independientes, compartían la red de evacuación “y a todas luces eran macroparques troceados de manera artificiosa”. “Pretende saltarse la legislación nacional de los macroparques eólicos y muy probablemente regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados”, ha dicho en la tribuna parlamentaria.

El pasado 7 de marzo la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias por las posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos ante la posible fragmentación ilegal de proyectos en el sur de la comunidad, que habrían sido divididos para eludir controles ambientales y estatales. La denuncia de Podemos señala las instalaciones de Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo promovidos por la empresa Green Capital Power SL en Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

“Pretenden generar impunidad a determinados proyectos eólicos”, denuncia Blanco. “Con esta medida van a disparar la contaminación paisajistica de nuestras montañas”, concluyó el representante de Vox.

Gestión sin ideología, triunfalismo y una comunidad que intenta alcanzar la locomotora del tren del crecimiento económico. Son los diferentes diagnósticos que en los tres últimos años ha hecho de la comunidad la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en los debates anuales sobre el estado de la autonomía. “El mayor logro de Cantabria se llama estabilidad política”, ha proclamado en esta ocasión.

El Parlamento de Cantabria cierra el curso político con el acostumbrado Debate de Orientación Política -bautismo oficial-, una ocasión para que el presidente de turno haga balance y anuncie algunas novedades antes de rendirse al calendario más festivo del verano.

En esta ocasión, es también, el último debate antes de las elecciones de mayo de 2027 y una de las pocas ocasiones en las que la presidenta da explicaciones, más allá de las respuestas a preguntas parlamentarias sobre asuntos concretos, que hace una vez al mes en el propio Parlamento.

Por lo demás, la comunicación es prácticamente inexistente. A pesar de que asumió desde el principio de su mandato la portavocía del Gobierno nunca ha ejercido esta función, hasta el punto de que dejaron de convocarse las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Por tanto, levanta cierta expectación su comparecencia anual en la Cámara autonómica.

El primer año de legislatura, la presidenta María José Saénz de Buruaga, presumió de gestión “sin ideología” enarbolando, por contra, bajadas de impuestos y otras medidas de marcado sesgo ideológico sobre todo en materia fiscal con deducciones para las rentas más altas. El discurso de su primer debate se centró en la economía, asegurando que Cantabria ahora tenía “rumbo, ritmo y un horizonte de futuro”.

El segundo discurso ante la Cámara fue de exaltado triunfalismo: este Gobierno “está haciendo historia, sus resultados son excelentes y su proyección, extraordinaria”, dijo la presidenta autonómica. “Cantabria avanza en todos los frentes” pero “lo único que obstaculiza un balance aún mejor es la anarquía política nacional”. Todo lo bueno es gracias a su gobierno y todo lo que sale mal es culpa de Pedro Sánchez.

“Vamos a salir del furgón de cola”, vaticina Buruaga

Ahora, en su último balance antes de pasar por las urnas ha recuperado la gestión sin ideología - “llegamos con soluciones reales y no banderas ideológicas para responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos: la vivienda y el empleo”, empezó su discurso-, y el mantra de la “anarquía nacional”: buena parte del discurso ha sido en clave nacional, con una ardorosa proclama contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero en esta ocasión, ha rebajado el ímpetu del crecimiento económico. Cantabria crece a menor ritmo que otras comunidades, así que Buruaga se ha limitado a decir que “estamos mucho más cerca de la locomotora” de crecimiento “y, si las cosas discurren conforme a lo previsto, al final de la legislatura habremos alcanzado una meta histórica como región, salir del furgón de cola del crecimiento y situarnos entre las comunidades de vanguardia”.

Al tiempo, ha reconocido que las estructuras ferroviarias “lastran” la competitividad de la comunidad, el déficit energético “condiciona” el despegue de los “proyectos tractores” de la comunidad autónoma y también se ha quejado de la “infrafinanciación” de los servicios públicos autonómicos.

Pese a ello, ha dicho que en estos 36 meses de gobierno, se han “dejado la piel por devolver el crédito a la acción política” y ha aseverado que “Cantabria es hoy una región ordenada, previsible y bien gestionada, con rigor, sin improvisaciones y con una administración más eficiente”. Buruaga ha presumido de que han conseguido bajar los impuestos, reducir la burocracia, alcanzar importantes acuerdos con los profesionales médicos y enfermeros, con el sector ganadero, acuerdos para la justicia, la educación y la universidad y reforzar el diálogo social.

“No falta trabajo, falta mano de obra en determinados sectores”, ha subrayado en su relato sobre Cantabria, la comunidad autónoma con la menor tasa de paro del país que bate récord en afiliación a la Seguridad Social, ha dicho.

Queriendo plantear un sarcasmo, el consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP) ha hecho este martes, en el Parlamento, un juego de palabras: ha dicho que no es lo mismo la DGT (Dirección General de Turismo) que la DGT (Dirección General de Tráfico). Ha hecho esta puntualización para justificar que el Gobierno de Cantabria carece de competencia legal para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en las calles.

Su aclaración ha derivado del nuevo decreto de autocaravanas de Cantabria que es, según ha defendido, “fruto del diálogo” con las asociaciones empresariales del sector, porque ofrece, en su opinión, “seguridad jurídica” al flexibilizar trámites para facilitar la apertura de nuevas áreas y eliminar el límite máximo de plazas en las áreas de servicio para autocaravanas.

Así se ha manifestado este martes el consejero en el pleno parlamentario, después de que el PRC cuestionase un decreto que, desde el punto de vista regionalista, “empeora la situación” generada por la saturación de caravanas y la acampada ilegal. El PRC ha subrayado el “estrés brutal” que supone para lugares como el parque natural de Oyambre, porque el decreto permite pernoctar a cualquier vehículo de cuatro ruedas en la vía pública a menos que los ayuntamientos lo prohíban específicamente.

El diputado López Estrada ha criticado que el decreto no prohíba el estacionamiento o la pernocta en las calles. El consejero le ha respondido con humor que si esperaba que un decreto de Turismo regulase el tráfico, es que desconoce “qué DGT” tiene las competencias.

“He disfrutado mucho de las autocaravanas”, ha matizado el diputado Javier López Estrada (PRC), antes de advertir de que no por eso iba a dejar de ser crítico. Ha advertido de que el texto “no protege” al sector hotelero y de campings y al calificar de “competencia desleal” las autocaravanas aparcadas en primera línea de playa “sin apenas regulación”. El diputado del PRC ha cuestionado que el decreto supone una carga para los ayuntamientos porque el Gobierno autonómico “le pasa la responsabilidad una vez más” a los ayuntamientos, tanto regulatoria como sancionadora, en referencia a la regulación de viviendas de uso turístico.

Por su lado, el consejero de Turismo ha eludido hablar de parques naturales protegidos y se ha enfocado en el sector empresarial: “Somos, por una parte los empresarios y por otra parte las administraciones los que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios”, ha dicho sobre el crecimiento de las autocaravanas.

Ha insistido en garantizar para “todo aquel empresario o institución pública que quiera operar ( lo haga en las mismas condiciones”. Y ha citado el caso del futuro párking de autocaravanas de Liérganes, que ya anunció en 2023, solo que ahora lo ha presentado como un proyecto que supondrá 700.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística.

El informe de 2025 del Observatorio Estatal de la Dependencia suspendió a Cantabria con un 3.5, la cuarta región con peor valoración. El estudio nacional, que analizó la escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025, aprobó solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros. Cantabria quedó en los últimos puestos porque tenía “carencias estructurales derivadas de una financiación insuficiente” y de un modelo que se sostiene, “en demasiadas ocasiones”, sobre condiciones laborales “precarias”.

Según el Observatorio estatal, elaborado por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esas carencias en el Sistema Cántabro de Salud “suponen demoras en la tramitación de expedientes, pérdida de plazas y un aumento de las listas de espera”, junto a “una alarmante precarización de las condiciones laborales” de los profesionales empleados en el sector de la dependencia, en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres. A esto hay que sumar ahora que este lunes el Observatorio ha alertado en un nuevo informe de que, junto a otras seis autonomías, Cantabria verá reducida este año su financiación en dependencia 1,8 millones de euros por su “mala gestión”.

Por eso, el PRC exigirá este martes al Gobierno de Cantabria, en el Pleno del Parlamento, que refuerce la financiación de forma progresiva del sistema de atención a la dependencia y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Y también que impulse mejoras asistenciales y laborales en un sector en el que la mayoría de trabajadoras son mujeres: son cerca de 3.000 las encargadas de cubrir Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria, que son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento. 

Obregón ha advertido, en nota de prensa, que es un sector “altamente feminizado y que acumula una preocupante pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamiento desactualizadas y falta de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

Insuficiencias en las plantillas

Para el PRC, la forma de ejecutar las licitaciones públicas en este sector provoca “insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y precarización laboral, además de repercutir negativamente en la calidad de la atención a las personas dependientes”.

Para resolverlo, el PRC propondrá incorporar cláusulas sociales y laborales en los pliegos de contratación, actualizar las compensaciones por desplazamiento e implantar mejoras retributivas, reforzar la estabilidad laboral, reducir la temporalidad y mejorar la prevención de riesgos laborales, así como intensificar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de ratios, sustituciones y tiempos de atención.

El Gobierno de Cantabria tomó recientemente dos medidas en términos de cuidados: anunció la creación del marco estratégico para el cuidado de las personas en Cantabria (MeSCan) y, además, elevó el área de Cuidados de subdirección a Dirección. Pero la falta de definición del MeSCan, anunciado como “un hito de la legislatura” por el consejero de Salud, César Pascual, da lugar a dudas, cuanto la legislatura está por concluir.

El PSOE defenderá, en el próximo Pleno del Parlamento de Cantabria, una enmienda a la totalidad para que el proyecto de la primera Ley de Vivienda de Cantabria, propuesta por el Partido Popular, sea devuelto al Gobierno. 

Los socialistas rechazan el texto porque no regula las viviendas vacías ni los inmuebles de uso turístico, no declara zonas tensionadas, no garantiza de forma permanente las viviendas protegidas y cede suelo público a operadores privados “sin garantías sociales suficientes”.

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, cuestiona que, para el proyecto de ley, los populares “no contemplan” mecanismos reforzados frente a la especulación. “¿Cómo va el Partido Popular a incorporar cualquier freno a la especulación cuando es el que más la promueve?”, se pregunta Iglesias.

“Cantabria atraviesa una crisis habitacional real y esta ley no la afronta”, ha afirmado Iglesias, quien denuncia que el texto reconoce el derecho constitucional a una vivienda digna en el papel, pero afirma que “no articula ningún instrumento real para hacerlo efectivo”. 

Frente a ello, el PSOE propone ampliar el parque público de vivienda con un plan plurianual, movilizar la vivienda vacía, declarar zonas tensionadas donde los precios lo requieran, priorizar el alquiler asequible con el foco en la emancipación juvenil, impulsar la rehabilitación urbana y energética, y garantizar la cohesión territorial con límites claros a la cesión de suelo público.

El Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cantabria ha propuesto “estudiar” y “negociar” la implantación de un sistema de turnos para los profesionales de la medicina para reforzar el sistema sanitario público, mejorar la eficiencia de los hospitales, facilitar la accesibilidad a los ciudadanos que de esta manera podrían ser atendidos en franjas horarias más amplias, y eliminar el problema de las listas de espera.

La iniciativa se ha registrado como una moción que el Parlamento debatirá en una próxima sesión. Los socialistas plantean remodelar los horarios y pautas de trabajo de los médicos pero negociando las nuevas condiciones laborales “para que no existan pérdidas retributivas”. De hecho, la propuesta es destinar el dinero que se destina actualmente a pagar las guardias y los 65 millones de euros destinados al plan de choque de listas de espera para esa negociación de las nuevas condiciones retributivas.

Los 65 millones de euros para reducir las listas de espera en el Servicio Cántabro de Salud se utilizan fundamentalmente para financiar derivaciones de pacientes a hospitales privados y para costear las jornadas laborales adicionales de los profesionales sanitarios en lo que se conoce como 'peonadas'. Es decir, actividad sanitaria que se hace fuera del horario laboral para aligerar las listas de espera y que se paga como horas extras.

Por último, la petición de los socialistas solicita además que se amplie la plantilla de profesionales sanitarios todo lo que resulta necesario para incorporar esta actividad adicional.

La iniciativa del PSOE coincide con el anuncio del consejero de Salud, César Pascual, de la revisión del plan de choque contra las listas de espera porque las huelgas médicas han interferido en las previsiones. Aún así, Pascual admitió hace dos días en el Parlamento que ha descendido el número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica en Cantabria, concretamente ahora había 580 personas menos pendientes de operarse.

En ese debate parlamentario, el diputado socialista Raúl Pesquera consideró que no es bueno apostar por las peonadas en lugar de establecer un sistema de turnos de trabajo que también afecte a los médicos, porque así se abrirían más quirófanos por las tardes.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado al Gobierno de Cantabria el “fracaso, engaño y decepción” del proyecto del Centro de Datos Altamira anunciado hace once meses con “documentos censurados” y un informe de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzar para que haya sido entregado al Parlamento. Las obras iban a comenzar en enero de 2026 y el PSIR tenía que haber estado aprobado en diciembre de 2025. “Todo lo dijo el promotor, Stoneshield Capital”, ha exculpado el consejero de Industria Eduardo Arasti. Los millones de euros, las cifras de empleo y los plazos.

El Gobierno de Cantabria, que hasta ahora se había empleado con energía en presentar y avalar el proyecto, empieza a tomar distancia. De hecho, el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha sido declarado Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, por lo que se ha convertido en la primera iniciativa empresarial en obtener esta declaración.

“La realidad a día de hoy del Centro de Datos de Altamira es un 'prao' sin obreros, sin máquinas, ni PSIR”, ha subrayado Pedro Hernando.

El diputado regionalista ha llamado la atención sobre que ninguna de las empresas promotoras que han ido cambiando de nombre -Stoneshield Capital, XDC Properties, XDC North Coast y Tavira- tienen información sobre el proyecto en sus páginas web a excepción de “una sola foto”. “¡Pero si están los periódicos de España repletos de que el grupo Stoneshiled quiere invertir en Cantabria 3.600 millones!”, ha replicado el consejero. Aunque Hernando ha cuestionado “si es una realidad o va camino de convertirse en la quimera de este gobierno”.

En el debate del hemiciclo cántabro, Hernando ha subrayado que el consejero de Industria ha dado explicaciones en el Parlamento de Cantabria en seis ocasiones. “¿Sabe qué nos ha aportado? nada de nada, lo que es a día de hoy el proyecto Altamira”, ha aseverado. “Lo único que les pedimos es que tengan un proyecto serio y riguroso y allí nadie dijo que hacía falta energía”, ha añadido.

“Como no hay nada detrás de todo este proceso se han inventado la falta de energía” porque cuando se presentó el proyecto “no dijeron nada” sobre este asunto. El diputado regionalista ha reiterado que en su anterior intervención explicó que el País Vasco ha estado negociando más potencia energética mientras el Gobierno de Cantabria “no había hecho nada de nada”. Asimismo, ha comunicado que Red Eléctrica española asegura que el ejecutivo cántabro no se ha puesto en contacto con ellos, algo que ha negado el consejero afirmando que han tenido dos reuniones con la presidenta. “No vale decir que el problema de Altamira es que no tiene energía porque Pedro Sánchez no se la da” -ha considerado- “porque Cantabria está al cien por cien de su capacidad y si no hay subestaciones nuevas” -salvo la adjudicada para el Besaya- “no habrá proyectos tractores”. “Estamos en plena tramitación, la planificación se ha iniciado pero no se ha resuelto”, ha defendido Arasti, porque están a la espera de si el Ministerio estima sus alegaciones.

Hernando ha puesto de relieve que contrariamente a la realidad, el informe elaborado por la Universidad de Cantabria decía que la electricidad no iba a ser un problema “porque hacía muy buena temperatura en Cantabria”.

El 4 de junio de 2025 el Ejecutivo del Partido Popular anunció “a bombo y platillo” el proyecto de inversión privada “más importante de Cantabria” -3.600 millones de euros- y una ley a medida “creada para ellos en la Simplificación Administrativa para hacerles más fácil la tramitación”.

Hernando ha recordado que, al tiempo, “nos dijeron que el proyecto Altamira abre un abanico de posibilidades” y que iba a ser “el proyector tractor” de empresas como Meta o Google. Además, hablaron de plazos y de las tres fases del proyecto. La primera de ellas, el comienzo de las obras en enero de 2026 tras la tramitación de un PSIR que ya estaba redactado y que se iba a aprobar como tarde en diciembre del año pasado.

Los regionalistas quieren saber por qué no han empezado las obras, dónde están los documentos del PSIR de la las tres fases, el plan de inversiones concretas y el cumplimiento de los objetivos que se habían comprometido a desarrollar. El titular de Industria le ha replicado que este proyecto “no es un cuento” como fue, entre otros, el de 'La Ciudad del Cine' con el Gobierno del PRC y ha reivindicado la “madurez” de esta iniciativa. “He apoyado, apoyo y apoyaré el proyecto hasta que se haga, que se hará”, ha remachado.

Un representante del Sindicato de Empleados Públicos y Privados de Cantabria (SIEP), Óscar Gómez, ha reclamado este jueves en el Parlamento de Cantabria mejores medios técnicos y programas de gestión adecuados para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El sindicalista ha expresado esta reivindicación en la comparecencia ante la comisión parlamentaria para informar sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Además de reivindicar la carrera profesional de los agentes locales, el sindicalista ha añadido que hay otro tema que les gustaría que se hubiese incluido en esta normativa, que son los medios técnicos y un programa de gestión. “Lo lógico y normal es que si la Policía Local de Santander para a una persona con antecedentes” -ha puesto como ejemplo- “si al día siguiente va a otro ayuntamiento colindante que los policías solo con el DNI ya sepan que ha estado localizado el día antes en Santander”. “Hoy en día hay programas buenísimos”, ha añadido.

“El Gobierno de Cantabria debería apostar porque todos los policías locales de Cantabria tengan ese programa informático y que unifique datos”, ha reclamado en su exposición ante la comisión parlamentaria. Gómez se ha referido al caso del software que “supuestamente” compró el Ayuntamiento de Santander. “Únicamente se hizo un contrato menor que permite probar un programa durante un año y ni siquiera se llegó a probar porque no se conectó, hubo muchos problemas con el servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander”, ha lamentado. En este sentido, ha explicado también que él trabaja precisamente en el centro coordinador de servicios “que es donde más se va a utilizar ese programa y no se llegó nunca a poner”. “Seguimos con un Excel y un Oracle, que es una base de datos sin más”, remató.

En respuesta a los turnos de intervención de los representantes de los grupos políticos ha reiterado la petición de un programa de gestión unificada de todos los ayuntamientos y ha destacado que “la razón que nos han dado para no entrar a eso es principalmente económica”. Cada municipio que tiene Policía Local en Cantabria tiene una manera de gestionarla, tiene un programa de gestión diferente: “Nosotros lo solicitamos porque creemos que es esencial, pero el principal problema es económico”, ha denunciado.

En este sentido, ha afirmado que para utilizar estos programas de gestión se necesitan unas emisoras, unas PDA, que permitan gestionarlo desde la propia patrulla. “En Santander cambiaron el sistema y compraron uno que le están quitando ya de todos los sitios porque es muy antiguo”. “Ahora más o menos funciona, pero es muy antiguo”, ha concluido.

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han firmado este viernes en el Parlamento el tercer acuerdo de presupuestos de la legislatura. Se trata de un documento con 24 medidas y 5 cláusulas adicionales que incluye como aspecto más destacado el compromiso de llegar en el plazo de un mes a un acuerdo salarial con los docentes, tras el dilatado conflicto que han mantenido abierto con la Consejería de Educación.

También obliga al Gobierno de Cantabria a pagar antes de aprobar las cuentas públicas del presente ejercicio todas las subvenciones pendientes a los ganaderos y aprobar antes de junio la Ley de Patrimonio Cultural. Además, el Ejecutivo autonómico ingresará 200 euros anuales durante tres años en las 'cuentas vivienda' que tengan los menores de 36 años y pondrá en marcha diversas medidas destinadas a los jóvenes, así como rebajas fiscales y propuestas específicas para dotar de más fondos a la sanidad pública.

El acuerdo, rubricado en el Parlamento por la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, incluye medidas para los jóvenes como la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de la universidad pública para los empadronados en la comunidad autónoma, que estará en vigor en el curso 2026-2027. También incluye becas de 'excelencia' para premiar a los mejores expedientes y un descuento del 70% en el transporte regional para menores de 30 años.

Respecto a las rebajas fiscales y ayudas económicas, ambos partidos políticos han pactado incluir en los Presupuestos una de deducción del 30% en gastos deportivos (hasta 150 euros), otra del 15% en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda para menores de 36 años, beneficios fiscales por aportaciones a 'cuentas vivienda' y una bonificación de hasta 100 euros por prácticas medioambientales y reciclaje.

En relación a la sanidad pública, el Partido Popular asume la petición del PRC de aumentar la financiación del Hospital de Laredo para el refuerzo del personal de enfermería, un plan de estímulos a la Atención Primaria con especial atención al medio rural y un Plan de Prevención del Cáncer dotado con 5 millones de euros “dentro del sistema público”, ha recalcado Paula Fernández, candidata electoral del PRC, que también ha participado en el acto y ha ejercido como portavoz regionalista tras la rúbrica del documento.

Asimismo, los futuros presupuestos contemplan la concertación de 200 nuevas plazas en residencias para personas dependientes y el pago del complemento de atención continuada al personal sanitario.

En el área de cultura habrá descuentos del 40% en el Pasaporte Cultura Cantabria y se aprobará una nueva Ley de Patrimonio Cultural antes de junio de 2026 que el PRC dice tener “prácticamente elaborada”.

Respecto al tejido industrial y empresarial, el presupuesto destinará 5 millones de euros en ayudas a empresas en Campoo y la comarca del Besaya y dará impulso a los denominados “proyectos estratégicos”.

Comité independiente de seguimiento

Una de las novedades del acuerdo es la creación de un “comité independiente” de seguimiento que evaluará el grado de cumplimiento del pacto y publicará informes sobre su ejecución. Estará formado por seis miembros -tres elegidos por el PRC y tres por el PP- y en octubre harán el primer informe, cuyos resultados serán públicos.

Las dos partes se comprometen a apoyar la tramitación por vía de urgencia y la reducción al máximo de los plazos y trámites parlamentarios para su aprobación en el menor plazo posible, que la presidenta de Cantabria ha situado “en los primeros días del mes de mayo” para que esté aprobado y en vigor.

El acuerdo incluye el compromiso de que los grupos parlamentarios del PRC y el PP puedan presentar, previo acuerdo entre ambos, enmiendas parciales por un máximo de un millón de euros cada uno, con la limitación de no superar los 100.000 euros por sección y los 50.000 euros por enmienda, salvo acuerdo unánime que permita ampliar al alza dichas cantidades, y una cláusula de cierre que obliga a que ninguno de los firmantes apoye enmiendas de otros grupos parlamentarios sin pactarlo previamente.

Respecto a la La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, no incluirá modificaciones legislativas sin contenido económico o de organizacióna directa, a excepción de las que se pudieran pactar con el Gobierno de España derivadas de la Comisión Bilateral para evitar la inconstitucionalidad de normas legislativas cántabras.

El diputado autonómico Raúl Pesquera (PSOE), que durante la pasada legislatura ejerció como consejero de Sanidad, ha difundido un vídeo en el que rebate lo que considera “las cuatro mentiras de la huelga médica” y que resume la intervención que realizó recientemente desde la tribuna del Parlamento de Cantabria: “Lo importante es el sistema sanitario público y no cada una de sus partes”, considera.

Pesquera, médico de familia del Servicio Cántabro de Salud, se desmarca así de las razones de la huelga médica que reclama un estatuto propio para la profesión. Como primer punto, dice que “es falso” que los médicos no estén representados en la negociación y argumenta que a este acuerdo se llega con cuatro sindicatos mayoritarios: SATSE, CSIF, CCOO y UGT. “Hay médicos que formamos parte de ellos y que hemos participado en este debate”, subraya.

El también exconsejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria en la anterior legislatura subraya que la segunda cuestión es que argumentan que es imposible funcionar si no hay un estatuto marco para todos los médicos. “No somos un cuerpo nacional, cada comunidad autónoma tiene su propio estatuto y, de hecho, de facto ya, es imposible”, explica.

En Navarra, por ejemplo, todos los médicos son personal funcionario -añade- por eso este estatuto no les afecta, lo que podría explicar que la huelga haya tenido una escasa incidencia, sobre el 7%, en esta comunidad. En Cataluña, el 90% es personal laboral. “Por tanto, es imposible, las grandes negociaciones se hacen a nivel autonómico”.

“Tercero, dicen que estamos saturados por las guardias”, continúa rebatiendo Pesquera, que afirma que es el mismo caso: las negociaciones son autonómicas. Argumenta que en Cantabria los médicos de familia no hacen guardias desde 2006 y en el hospital el 90% trabaja a turnos 35 horas semanales aunque hay comunidades donde son 37 horas y media.

El 90% del personal sanitario en los hospitales, que es donde se hacen las guardias, trabaja a turnos menos los médicos que hacen guardias. “¿Por qué los médicos no hacen turnos en lugar de hacer guardias?”, cuestiona el diputado. “Esa es la solución para la conciliación y para que la gente no esté cansada y además sería mucho mejor para la sanidad pública”.

“¿Por qué no hacer turnos de mañana, tarde y noche con sus libranzas? Estoy esperando a que alguien lo plantee”, defiende. En este sentido, señala que si las guardias son voluntarias, “¿qué pasa cuando llega un parto o una apendicitis y el médico ha decidido que no hace la guardia?”, se cuestiona.

Como cuarto asunto, Pesquera se pregunta si los convocantes de esta huelga han aportado alguna mejora de la sanidad pública, sobre la exclusividad, cómo mejorar la atención al paciente. “Ningún dato. Este es un buen estatuto”, concluye.

El diputado socialista defiende un estatuto marco único “que regule el conjunto de sus profesionales, recogiendo sus especificidades, pero no un estatuto por cada categoría profesional”. A los médicos ya se les reconoce el nivel máximo de 8, a las enfermeras el 6. “Esto ya es así´”, subraya.

El Parlamento de Cantabria ha celebrado por adelantado, y con escaso aforo, la conmemoración de la Constitución que el sábado cumple 47 años. “No pensemos que son muchos, porque la de 1876 llevaba justo esos mismos años de vigencia cuando se produjo el golpe de estado de 1923”, ha empezado alertando la presidenta de la institución.

El discurso ha sido un aviso del riesgo que corre la democracia en España que -en su opinión- necesita “una auténtica renovación” basada en “la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios constitucionales”, porque con el espíritu actual “jamás hubiéramos logrado una Constitución como la que tenemos”.

María José González Revuelta ha descrito un panorama de descrédito y corrupción: “establecer una democracia cuesta mucho; desvirtuarla, muy poco”. “Ya hemos comprobado cómo en una sola legislatura se puede subvertir todo y provocar que altas instituciones del Estado caigan en un descrédito que a veces parece de difícil reparación”, ha opinado. “Esperemos que no sea así”, matizó después.

Para la presidenta del Parlamento “la peor corrupción de una institución política es la irresponsabilidad en su comportamiento” y hay que trabajar “en una dirección diferente a la actual” y no dejar que los prejuicios ideológicos “pasen por argumentos de cátedra, mucho menos cuando se refieren a derechos fundamentales de las personas, derechos de las comunidades autónomas y cuestiones de arquitectura democrática de la unidad de España”.

A su juicio, la necesidad de renovación democrática “se convierte en un clamor cuando las instituciones se apartan del principio de responsabilidad y quedan dominadas por los pequeños egoísmos y la búsqueda del bien propio por encima del bien común”.

En su discurso González Revuelta ha resaltado que la Constitución de 1978 nació de la voluntad no repetir los graves errores del pasado como fue en su momento dividir España en dos Españas, “una angelical y otra diabólica según el punto de vista de cada uno”. “El pensamiento en blanco y negro solo ha producido futuros tenebrosos”, ha reconocido.

La presidenta ha reivindicado que “el político democrático y constitucional tiene que ser transparente, valiente, sincero y asumir toda su responsabilidad ante los ciudadanos y que la preservación de los valores constitucionales ”nos obliga a todos los poderes públicos a ser claros, a pronunciarnos con transparencia, sin subterfugios, sin escondernos detrás de la cortina de palabras vanas“.

Las palabras que también se han escuchado en el acto celebrado en el patio del Parlamento, con la presencia de responsables institucionales y sociales, han sido las de la escritora Concha Espina en boca de la actriz Nuria Gedack, que ha dado lectura a alguno de sus textos. González Revuelta ha considerado que “el brusco desmoronamiento en torno suyo de la responsabilidad política nacional, por una polarización brutal que hizo desaparecer las condiciones elementales de la convivencia” -es decir, el golpe de estado de Franco- “le causó un gran sufrimiento, a veces un endurecimiento del alma, e hizo, que su final fuera bien distinto de una coherente e innovadora trayectoria anterior”, en alusión a su connivencia con la dictadura.

No obstante, González Revuelta ha destacado que lo importante es que Concha Espina “se sentía españolísima” y se sintió al mismo tiempo muy cántabra porque fue una de las primeras plumas en emplear con frecuencia estas palabras, “Cantabria”, “cántabro”, como sinónimo de “La Montaña” o “montañés”, entonces más habituales.

El Parlamento ha centrado el discurso en la literatura cántabra porque frente a los problemas de la sociedad, que son muchos, según ha reconocido la presidenta, “con su capacidad para reflejar imaginativamente situaciones humanas, nos ayuda a entenderlos mejor y nos auxilia en la búsqueda de respuestas”. A su entender, justamente por esa necesidad de soluciones a los problemas de la vivienda, la sanidad o las personas mayores o las áreas rurales “no es aceptable que las instituciones caigan en descrédito o parálisis”.

El escenario desde el que ha hablado la presidencia -bajo el epígrafe 'Escribir España'- estaba protagonizado por un panel con los rostros de doce escritores cántabros -entre ellos tres Premios Cervantes: Gerardo Diego, José Hierro y Álvaro Pombo- y tres mujeres, la propia Concha Espina, Matilde de la Torre y Consuelo Berges.

El acto ha finalizado con la interpretación de varias piezas musicales clásicas por parte del Cuarteto Medicea y el himno de España.

Los grupos de la oposición en Cantabria han tumbado este lunes el Presupuesto para 2026 del Gobierno del Partido Popular presidido por María José Sáenz de Buruaga. Y lo han hecho en un pleno tenso desde el principio y marcado por la polémica en torno a la fórmula del debate y la votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por parte de PRC, PSOE y Vox. Se han votado por separado, en contra de la voluntad de estos partidos que suman mayoría, y sin la suspensión cautelar que habían reclamado.

Por ese motivo, la formación de extrema derecha ha abandonado el hemiciclo y, posteriormente, su portavoz, Leticia Díaz, ha regresado para defender su enmienda a la totalidad en un turno de intervención en el que ha acusado a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), de cometer “un ilícito penal” y de “vulnerar los derechos constitucionales de los parlamentarios” por no atender la medida cautelar del recurso presentado por su formación, al que se adhirieron regionalistas y socialistas, contra la resolución que determinaba la votación por separado de cada una de las enmiendas.

Y es que los tres partidos de la oposición querían una votación conjunta, porque reclamaban lo mismo: la devolución de las cuentas al Ejecutivo del PP. No obstante, los populares jugaron el viernes una última baza para salvar sus cuentas forzando que cada grupo tuviera que apoyar las enmiendas de sus rivales políticos -con notables diferencias ideológicas entre sí- para que salieran adelante, dada la “potestad para ordenar cualquier debate y votación” que le otorga el Reglamento de la Cámara a la presidenta de la misma, según el informe sobre esta cuestión elaborado por los letrados y dado a conocer este domingo.

Y así ha sido, pero no con el resultado esperado por un PP en minoría que esta vez no ha contado con el respaldo del habitual socio regionalista para sacar adelante los presupuestos. El Gobierno de Buruaga deberá rehacer las cuentas -o prorrogar las actuales-, por lo que Cantabria no tendrá Presupuestos nuevos al inicio de año, un escenario inusual en esta comunidad.

Y es que el Parlamento ha aprobado la enmienda a la totalidad del PSOE -la primera que fue registrada y, por tanto, la primera en votarse- con 18 votos a favor, 16 en contra y una abstención (la diputada socialista Eva Salmón se ha ausentado durante la votación). Una vez que ha salido adelante la primera enmienda a la totalidad no se ha procedido a votar las otras dos, puesto que los Presupuestos ya se devuelven al Gobierno.

La enmienda a la totalidad que ha salido adelante sólo ha contado con el rechazo de los 15 diputados del PP y del parlamentario tránsfuga de Vox, Cristóbal Palacio. El debate ha durado aproximadamente tres horas. Mientras el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha basado principalmente su intervención en las consecuencias que tendrá el 'no' a las cuentas autonómicas para los alcaldes -presumiendo de haber mantenido encuentros “cordiales y satisfactorios para ambas partes con más de 80”- la oposición le ha recriminado “el chantaje y la compra de voluntades”.

Los regionalistas han defendido su rechazo a estas cuentas, a diferencia de los dos años anteriores cuando sirvieron de muleta al PP para sacarlas adelante, asegurando que en esta ocasión no tienen “las propuestas y el sello regionalista”, al tiempo que han criticado nuevamente la “falta de gestión y de ejecución” de las de 2024 y 2025. “Quizá entonces pecamos de ingenuos o de ilusos”, ha asegurado su candidata autonómica, Paula Fernández: “Creíamos posible que la presidenta y sus consejeros gestionaran en minoría unos presupuestos buenos”.

Desde el PSOE han criticado la “falta de ambición” de los presupuestos, que tienen “unas cifras bonitas que luego no se cumplen”. “No dan respuesta a los problemas reales de la sanidad, de la educación o de la vivienda”, ha subrayado su portavoz, Mario Iglesias, quien ha hecho hincapié en el modelo privatizador del PP y en la “credibilidad en números rojos” del Gobierno de Buruaga.

Finalmente, Vox ha elevado el tono acusando a los populares de “fraude” y de haber hecho un “trabajo muy sucio y barriobajero al pretender engañar” con sus advertencias sobre lo que se perderá si no salen adelante estos presupuestos.

PRC, PSOE y Vox han unido sus votos este lunes en el Parlamento para que el Gobierno de Cantabria (PP) incremente un 25% el Fondo de Cooperación Municipal en los Presupuestos autonómicos para 2026. Así, todos los grupos de la oposición han aprobado una iniciativa en este sentido pese al rechazo de los 'populares', que han votado en contra con el argumento de que la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ya ha aceptado incluir en las cuentas la subida que le han reclamado tanto la Asamblea de la Federación de Municipios como la Comisión de Administración Local.

El PRC ha presentado esta iniciativa con el objetivo de sufragar “el alto coste de los servicios públicos”, y al considerar que la ley que regula actualmente el Fondo de Cooperación Municipal, que entró en vigor en 2020 y obliga a subirlo conforme a la actualización anual del IPC, “ha quedado obsoleta”.

Además, ha justificado que esta medida tiene la intención de compensar el gasto que asumen los ayuntamientos por las competencias “impropias”, garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios y reducir las desigualdades entre los territorios, con especial atención a aquellos municipios más pequeños y con menos capacidad económica.

Durante los dos últimos ejercicios, la partida dedicada a este Fondo se aumentó uno y dos puntos, respectivamente, por encima del IPC debido a sendos acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Regionalista.

Sin embargo, la regionalista Rosa Díaz -que además de diputada es alcaldesa de Polanco- ha criticado que “en la práctica muchos ayuntamientos siguen asumiendo funciones impropias porque somos administraciones cercanas al ciudadano”. Así, ha defendido que el Fondo de Cooperación Municipal es un instrumento “corrector y necesario” frente al impacto presupuestario que genera el ejercicio de estas competencias impropias y de los servicios públicos.

Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha argumentado que la dotación que llega a través de este Fondo “da mucha libertad” a los ayuntamientos porque “lo pueden usar según las prioridades que tenga cada uno”, mientras que una subvención o los fondos europeos “los tienen que destinar a lo que marca la convocatoria”.

Además, Iglesias ha recordado que se el Fondo se creó en 2006, impulsado por la exvicepresidenta Dolores Gorostiaga (PSOE), luego “se eliminó en 2013 con un Gobierno del Partido Popular en el que Buruaga era la número 2”, en 2016 fue “recuperado de nuevo” por el Gobierno PSOE-PRC y en 2020 “se reforzó por ley”.

Aquí ha criticado de nuevo que Buruaga, en el marco de las negociaciones presupuestarias para 2026, ha pedido a los alcaldes “que presionaran a sus partidos para aprobarle los presupuestos del año 2026” -en alusión a lo que les dijo en la Asamblea de la Federación de Municipios celebrada el mes pasado-.

Por su lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha apostado por un “municipalismo sin clientelismos ni caciquismos” y por fortalecer la financiación de los municipios, “especialmente los pequeños, los rurales”, pero ha criticado que no exista una evaluación de los resultados conseguidos por el Fondo, que ha repartido dinero “sin criterios técnicos suficientes, sin auditorías y sin medir el impacto”.

Asimismo, ha solicitado reducir la “burocracia asfixiante” porque los alcaldes “piden una certeza” sobre cuándo se van a producir los ingresos y “la libertad necesaria para gestionar; por lo tanto menos intervencionismo limitante”.

En contraste, el portavoz 'popular' Juanjo Alonso ha afirmado que la partida del Fondo de Cooperación Municipal contempla la peticiones que “los alcaldes trasladaron al Gobierno de Cantabria, tanto en la Asamblea de la Federación de Municipios como en la Comisión de Administración Local”.

Asimismo, ha defendido otras partidas dedicadas a los municipios al margen de este Fondo de Cooperación Municipal. Entre ellas, ha nombrado las transferencias corrientes, que “prevén 119 millones y medio de euros, seis más que el año pasado”; las inversiones directas, “160 millones, un 4,5% más que el año pasado”; y el Plan de Obras Municipales, que ha pasado de un reparto 70-30 al 80-20 --el Gobierno asume el 80% de la obra y el municipio el resto-- e, incluso, al 95-5 en ayuntamientos en riesgo de despoblamiento.

El Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC) han inaugurado este martes la exposición 'Concha Espina: Querer, saber, poder', una muestra dedicada a la vida y obra de la escritora santanderina con motivo del 70 aniversario de su fallecimiento, que permanecerá abierta en la sede de la Cámara hasta el 31 de enero de 2026.

Fruto del convenio de colaboración entre ambas instituciones, combina texto y material gráfico en una serie de 14 paneles que recorren la trayectoria vital y literaria de Concha Espina, insertándola en su contexto histórico, político y cultural. Su título, 'Querer, saber, poder', inspirado en su novela 'Aurora de España', pone el acento en una de las grandes aportaciones de la autora al legado cultural y social de la Edad de Plata de la cultura nacional.

En el acto de inauguración, las comisarias de la exposición, Cristina Fernández y Rebeca Rodríguez, que cuentan con el apoyo documental de Edurne Elizalde, han destacado que la muestra ofrece una visión panorámica y detallada de la vida y obra de Concha Espina, revelando su personalidad poliédrica y el valor literario de su legado.

Por su parte, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, ha subrayado que la exposición “rescata a una de las grandes escritoras españolas de todos los tiempos, si no la mayor, y con ello muchos de los ideales de modernidad y de igualdad de las mujeres en nuestro país”.

“Queremos recuperar a Concha Espina para Cantabria y para España, que no caiga en el olvido y que su obra siga siendo fuente de inspiración para las generaciones actuales”, ha manifestado. González Revuelta ha agradecido la colaboración de la Universidad de Cantabria y de la familia de la escritora, representada en el acto por su bisnieto Alfredo Pérez Armiñán, así como el impulso del Vicerrectorado de Cultura y Transferencia del Conocimiento de la UC, promotor de la iniciativa a través del Área de Exposiciones y el Área de Letras.

Figura tutelar y poliédrica

Alfredo Pérez Armiñán ha señalado que Concha Espina “es una figura tutelar con una personalidad poderosa y poliédrica, y además representativa de la emergencia de la mujer como el factor decisivo del siglo XX, no solo en términos de feminismo, sino de la condición femenina como parte esencial de la sociedad”. Ha puesto en valor que la exposición sitúa a su bisabuela “en el contexto de la España contemporánea mejor que ninguna otra muestra o publicación sobre ella”.

Por su parte, la rectora de la UC, Conchi López, ha resaltado que la exposición permite recuperar a la 'cántabra', a la escritora, que fue una de las primeras autoras en vivir de la pluma, varias veces candidata al Nóbel, y a la mujer.

“Nos permite reconocer a una mujer central en la historia de España, que había quedado en cierto modo olvidada. Animo a descubrirla como escritora”, ha dicho la rectora, que ha vinculado el título de la exposición a un llamamiento de la autora: “saber para poder conseguir lo que queremos”.

La muestra podrá visitarse, en el patio del Parlamento de Cantabria, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas, hasta el 31 de enero de 2026. Se ofrecerán visitas guiadas para centros escolares en horario de mañana, previa cita. Además, el contenido expositivo se ha adaptado para ser accesible a personas con discapacidad visual mediante códigos QR que permiten la descarga de los textos en formato de audio.

Los peces del estanque no saben qué es el agua. Mientras nadan, uno le puede preguntar al otro: “Me han hablado del agua, ¿tú sabes lo que es?”. Y el otro puede contestar: “¡Primera noticia! ¡Nunca me lo han contado!”.

Con la luz y la oscuridad pasa algo parecido. Sale el sol o le damos al interruptor y ahí está. Voilá! Magic! Pero la luz es una excepción, un chorro de partículas u ondas, según se mire, que se produce en determinadas circunstancias en un contexto de oscuridad y frío, que es lo natural. Porque la oscuridad es lo habitual en un universo carente de calor y la luz es la excepción.

Vivir en democracia es como vivir en el agua sin necesidad de saber qué es ni ser consciente de ella; al igual que disponer de luz y pensar que es la ausencia de oscuridad la condición natural, por hábito, cuando se trata precisamente de lo contrario. La luz es la excepción y el agua está presente en todos nuestros actos de todos los días.

La democracia es una rareza en la historia, como la luz, pero acostumbrados a ella no somos conscientes del delicado sistema de luchas y consensos sobre los que se ha construido. Al igual que el pez, carente de memoria y banalmente estúpido, no somos conscientes del privilegio. No necesitamos que nos lo expliquen (¡siempre estuvo ahí!, parece ser), pero sí que nos lo recuerden, porque darlo por sentado está visto que es un error.

Vivimos días en que es más necesario que nunca recordar que el agua es el elemento básico que nos rodea, que está fuera y dentro a la vez, por obvio que parezca. También son días en los que hay que recordar, por ejemplo, que la democracia es una rara excepción en la historia y que la entropía de la dictadura y la autocracia es la condición natural, porque no hace falta gran esfuerzo para comportarnos como animales y dejarse llevar por la ley de la jungla y los privilegios tomados por la fuerza. Es lo fácil.

Así que hay que hacer dos esfuerzos: el de la memoria para recordar dónde estamos y de dónde venimos; y el esfuerzo por preservar los derechos conquistados. No hay que dar nada por supuesto y mucho menos pensar que lo que se disfruta siempre estuvo ahí o fue entregado graciosamente como el fuego de Prometeo. La expresión 'callado está dicho' ya no sirve.

Puede entenderse el de Cantabria como un pequeño estanque en el que nadan 35 peces. Ellos debieran saber que el agua es su líquido elemento (si no lo saben, mal asunto), pero, incluso si no lo saben, su comportamiento es extraño. Me refiero al sector de habitantes de la pecera que no solo no están interesados en saber sino que además tienen auténtica alergia a lo que es memoria. Por si fuera poco, van apagando todos los interruptores de la casa, tal vez porque confíen en ser reubicados en otra pecera, en otro parlamento de cartón-piedra con democracia orgánica y tercios de representación.

El estado autonómico es uno de los pilares de la democracia y la democracia también se defiende en el disenso y en la reivindicación. Dejemos a un lado a los pececillos que abominan del estado de las autonomías pero no de los sueldos como parlamentarios autonómicos, la atonía y la acrimonia se han instalado en el Parlamento de Cantabria y en todos los parlamentos.

Ya no hay debates sobre estatutos ni reclamación de autogobierno, y lejos aquellos tiempos en que el regionalismo sacudía el tablero ante la habitual pachorra madrileña (estos sí, peces olvidadizos de siempre). Tampoco hay grandes debates sobre principios ni nadie alerta sobre riesgos de desmantelamiento, cosa que parece delegarse en los primeros espadas de los partidos en, otra vez, Madrid. 

De estómagos satisfechos a peces boqueantes solo distan un par de pasos, pero si las instituciones no toman como tarea el mantenimiento y la defensa de los principios básicos de la democracia, deberá asumir esta responsabilidad, una vez más, la sociedad civil, que desde hace tiempo ya le ve las orejas al lobo.

Parafraseando a aquel expresidente de infausta memoria, el que pueda hacer que haga, en la dirección correcta, sin los atajos de la violencia, pero sí con decisión para mantener las conquistas y el recuerdo de lo que fuimos y de lo que no debemos volver a ser.

Cantabria ha gestionado 641 nuevos expedientes de violencia sexual este año en su Red de Centros de Información y Atención Integral, de los que 531 corresponden a mujeres --de ellas, un centenar de víctimas de violencia sexual, prostitución o trata-- y 110 a menores, de los que 40 han sufrido violencia sexual.

Así lo ha confirmado la directora general de Inclusión Social, Tamara González, durante el acto institucional celebrado este martes en el Parlamento de Cantabria y organizado por la Asociación Nueva Vida, con motivo del Día Internacional Contra la Explotación y la Trata de Personas, que se celebra el 23 de septiembre.

Además, la directora general ha anunciado que en 2026 el Gobierno de Cantabria realizará un estudio específico sobre prostitución y trata de personas. En esta línea, González ha asegurado que “es nuestra responsabilidad atajar esta realidad con hechos y no con palabras” porque “la prostitución es violencia, es desigualdad y es vulneración de derechos”.

Según el macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres de 2024, que se ha puesto de relieve durante el evento, esta realidad afecta a 1.891 mujeres en Cantabria, lo que la sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa, con un 72,78%, solo por detrás de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, 114.576 mujeres están en esta situación en España.

Durante el acto, también han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el gerente técnico de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, y el sindico de Sabadell y presidente del Fórum de Sindics i Defensors Locals de Catalunya, Josep Escartín.

Además, Nueva Vida ha reconocido a la Fundación la Caixa, que ha recibido el premio de reciente creación 'Por una Nueva Vida' de manos del subdirector general, Marc Simón. De esta manera, la asociación distingue el apoyo de la entidad, que durante los últimos siete años ha financiado con 800.000 euros un centro para madres con menores.

“Un atentado brutal contra la libertad”

Por su parte, la presidenta del Parlamento ha definido la trata como “un atentado brutal contra la libertad” porque “son personas prisioneras” y ha lamentado que hay “indudablemente un problema de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, por lo que es “buen momento precisamente para pedir más recursos para este ámbito tanto a ministerios como a consejerías”, ha solicitado.

Mientras tanto, Casares ha señalado la lucha contra la trata como “una de las grandes causas que merecen la pena”. En esta línea, el delegado ha abogado por “tomar acción más allá de las leyes” porque “necesitamos a todos haciendo de todo, todo el tiempo”, para lo que ha pedido unidad a las administraciones locales, regionales y nacionales.

También, ha citado el informe de Fiscalía de 2024 que señala que en Cantabria hay activos 10 clubes de alterne y 46 pisos relacionados con la prostitución, aunque “probablemente haya muchos más”, ha lamentado.

Por otro lado, García ha definido este 23 de septiembre como “el día más importante del año” porque “conocemos la realidad de las víctimas” de trata. Además, ha agradecido el aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “ha alcanzado máximos históricos” para actuar contra la explotación sexual, pero ha pedido que también se instauren “medidas eficaces” contra la pornografía.

El gerente de Nueva Vida ha solicitado “la abolición de la prostitución”, lo que “no puede depender de dinámicas electorales”. Además, para García es “esencial” la labor de las entidades sociales, a pesar de no saber “a cuántas víctimas no estamos llegando”.

Para completar las iniciativas del Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas, este martes, a las 19.00 horas, se realizará una concentración ciudadana frente a la plaza del Ayuntaminto de Santander bajo el lema “No Más Trata”.