Un nuevo lote de bienes embargados y subastados a los condenados por el saqueo de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales SA), empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ha permitido recuperar otros 740.050 euros para la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), lo que supone que las dos administraciones públicas que fueron víctimas del saqueo de cerca de 24 millones de euros, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, ya han recuperado hasta la fecha 3,2 millones de euros. Durante el procedimiento, ambas entidades públicas acordaron un reparto de las indemnizaciones que establece un 45% para la Emshi y un 55% para la Epsar.

En concreto, la nueva cifra recuperada proviene de tres embargos de bienes que pertenecían a diferentes condenados. Así, las seis naves industriales ubicadas en Alaquàs y que figuraban como patrimonio de Vicente Ros se han adjudicado por 690.000 euros. También en este último lote se ha subastado por un precio de 7.050 un vehículo Nissan Juke que pertenecía a Juan José Morenilla. Por último, una finca situada en València, propiedad de Ignacio Bernácer, se ha adjudicado por 43.000 euros.

La presidenta de la Emshi, Elisa Valía, ha recordado que “el caso Emarsa es la mayor trama de corrupción conocido en la Comunitat Valenciana y fue orquestada por políticos del Partido Popular” y ha hecho hincapié “en el enorme volumen de dinero público malversado”. Es por ello que, “el goteo de cantidades recuperadas es evidentemente más lento de los deseable, pero no cejamos en el empeño de sanear las arcas públicas esquilmadas por el Partido Popular y cuyos responsables cumplen hoy penas confirmadas por el Tribunal Supremo”.

Valía ha insistido en que “desde la administración estamos esforzándonos al máximo para poder devolver el dinero robado a donde pertenece, que es a la ciudadanía porque no podemos olvidar que esos cerca de 24 millones de euros deberían haberse destinado a inversiones que redundan en una mejora del servicio que se presta para el bienestar de la sociedad”. 

Algunos de los condenados por el caso Emarsa, la empresa pública que gestionó la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana en Pinedo hasta su quiebra, disponen de un extenso patrimonio inmobiliario, compuesto tanto por fincas rústicas, industriales o urbanas; otros disponen de apartamentos en Andorra y otros tienen garajes y trasteros. Con el objetivo de recuperar las cantidades totales defraudadas se embargaron diversos inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados

El equipo jurídico que está llevando el caso consiguió que a la Emshi se le reconociese, además, el derecho al cobro de las costas del procedimiento y se alcanzaron acuerdos con algunos condenados para el cobro de las mismas, recuperándolas así parcialmente para la entidad. Con quien no se alcanzó un acuerdo, llegado el momento, se instará la tasación de las costas para su cobro.

Penas íntegras

El caso Emarsa destapó el saqueo de la depuradora de Pinedo por parte de los cargos directivos nombrados en su momento por el Partido Popular valenciano. Una auténtica trama que robó casi 24 millones de euros por medio de dos empresas públicas cuyos máximos responsables de entonces cumplen largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo.

La sentencia mantiene casi íntegras las penas de los cabecillas de la trama: 12 años de prisión para Esteban Cuesta, el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa); 10 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación; y nueve años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

En paralelo a las sentencias penales, los responsables del fenomenal robo también han sido condenados a devolver un total de más de 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

La banda de políticos y empresarios corruptos que saqueó la depuradora de València, probablemente el mayor caso de corrupción que ha afectado al Partido Popular valenciano, ha ingresado este lunes en varias prisiones españolas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas impuestas, requirió a los condenados su ingreso voluntario en prisión, como muy tarde, este lunes. La Sala condenó a 24 acusados a penas de entre nueve meses y 12 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.

El primero en ingresar en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent ha sido el expresidente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) Enrique Crespo. El que fuera número dos de Alfonso Rus en la Diputación de València ha sido condenado a cumplir una pena de diez años entre rejas. En la misma prisión han ingresado el informático Sebastián García Chanín, condenado a siete años, y el exedil del PP de València Juan Carlos Gimeno, condenado a cuatro años y seis meses. Otros condenados han optado por ingresar en la prisión de Murcia o en la de Teruel.

Caso aparte es el de Gimeno, cuyo incidente de nulidad contra la sentencia presentado ante el Tribunal Supremo ha sido admitido a trámite. El empresario y exedil del PP ha ingresado la tarde del lunes en la prisión de Picassent mientras permanece a la espera de la resolución definitiva del incidente de nulidad.

El facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca, ha optado por la prisión de Teruel (es oriundo de Zaragoza). Roca cumplió un año de prisión en un cárcel moldava, país en el que residía fugado de la justicia española con un pasaporte falso. El facturero, tras su experiencia con el sistema penitenciario de la República de Moldavia, considera las prisiones españolas equiparables a las residencias de ancianos, según contó a este diario durante el reciente juicio por el presunto fraude en el IVA.

Así, la banda corrupta que saqueó más de 20 millones de euros de la empresa pública controlada por el PP inicia una larga estancia entre rejas. Los saqueadores de Emarsa, además, deberán pagar una factura que asciende a 20,5 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia de Valencia ha acordado libertad para los condenados de Emarsa que han pasado este miércoles por las 'vistillas'. La Fiscalía de Valencia había solicitado prisión provisional para los siete condenados convocados este miércoles a las vistillas en las que tanto el Ministerio Público como el resto de acusaciones -que han realizado la misma solicitud- han podido hacer sus peticiones de medidas cautelares.

No obstante, la sala les impone, como medidas cautelares, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial

Se trata de Vicente Ros, condenado a 6 años y seis meses de cárcel, y Enrique Sena, pena de 6 años y un día, ambos relacionados con Notec; el exinformático Sebastián García Martínez 'Chanín', pena de 7 años y seis meses; el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla, 9 años; el exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa Enrique Crespo, 10 años; el ex director financiero de la entidad Enrique Arnal, 8 años y seis meses y, finalmente, el exgerente, Esteban Cuesta, condenado a 12 años y medio de prisión.

La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha convocado este miércoles esta comparecencia en la que las acusaciones han podido solicitar la prisión provisional u otras medidas cautelares -retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio, u obligación de comparecer periódicamente en el Juzgado, entre otras- para siete de los 24 condenados en el caso Emarsa. Todos los citados en esta jornada tienen penas superiores a los seis años de cárcel.

El saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), lo que se ha conocido como el caso Emarsa, deja 10 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), según consta en la sentencia hecha pública el pasado viernes.

Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular. La resolución puede ser recurrida y, de hecho, Enrique Crespo ha confirmado a la salida del juzgado que va a recurrir.

La resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.

La Audiencia ha convocado este miércoles la comparecencia en la que las acusaciones han podido solicitar la prisión provisional u otras medidas cautelares. Se ha celebrado una vistilla por cada uno de los condenados.

En concreto, el primero en comparecer ha sido Vicente Ros, condenado a 6 años y seis meses de cárcel; después Enrique Sena, pena de 6 años y un día; Sebastián García Martínez 'Chanín', pena de 7 años y seis meses; José Juan Morenilla, 9 años; Enrique Crespo, 10 años; Enrique Arnal, 8 años y seis meses y, finalmente, Esteban Cuesta, condenado a 12 años y medio de prisión. La comparecencia de prisión u otras medidas cautelares para el condenado Sebastián García, se pospone al 5 de julio a petición de su letrado, informa el TSJ.

La comissió d'investigació de les Corts Valencianes va durar amb prou faenes dos mesos i mig. No va ser la més breu perquè la infame investigació parlamentària de l'accident del metro de València el 2006 només va durar un mes, però aquesta va tancar les seues conclusions al maig del 2012 després d'haver escoltat solament a sis compareixents i quan un setè s'hi havia negat a acudir: era José Juan Morenilla, avui condemnat a 9 anys de presó pels fets que s'investigaven.

L'arribada d'Alberto Fabra a la presidència de la Generalitat va generar una tímida obertura del tancament absolut a investigar la corrupció que contaminava tota l'estructura de poder del PP valencià. Això va permetre crear dues comissions d'investigació a les Corts Valencianes, la de la crisi de la CAM i la d'Emarsa, l'empresa pública que gestiona la depuradora d'aigües de València. Va ser un moviment breu: ja no va haver-hi més comissions. I la d'Emarsa es va tancar a tot córrer.

Les conclusions d'aquella comissió, que va presidir l'actual vicepresident de les Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, assenyalaven amb noms i cognoms Enrique Crespo, Esteban Cuesta i Enrique Arnal, president, gerent i director financer d'Emarsa, els tres condemnats a penes de presó per la sentència sobre el cas que s'ha fet pública aquest divendres. Era impossible tractar de defensar-los amb el que ja se sabia del cas. No obstant això, els parlamentaris del PP van decidir que sí que era possible salvar dos imputats recents en aquells dies, el gerent i el cap d'explotació de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), un organisme de la Generalitat Valenciana. I exculpar l'Ajuntament de València, que dirigia Rita Barberá i el mateix Govern valencià de qualsevol responsabilitat.

“En aquesta comissió es descarten responsabilitats polítiques fóra del

context de la gestió directa de la pròpia empresa“, deia explícitament el dictamen aprovat amb els vots del PP enmig de les protestes de l'oposició.

La investigació del jutge Vicente Ríos apuntava en un sentit ben diferent. I de la seua instrucció i posterior judici s'ha derivat una sentència que assenyala, en els fets provats, que els responsables d'Emarsa, Crespo i Cuesta, i els de l'Epsar, Morenilla i Bernácer, van orquestrar “un mecanisme per a apoderar-se dels fons públics que Emarsa rebia, en la seua major part de l'Epsar, destinant-los a les seues pròpies atencions”.

En altres paraules, a part de la corrupció generalitzada que marcava el funcionament de la depuradora de Pinedo, controlada per l'equip de Rita Barberá des de feia molt temps i plena de recomanats del PP, la part fonamental del frau, avaluat en més de 23 milions d'euros, procedia del saqueig, mitjançant la falsificació del moviment real dels llots que generaven les instal·lacions, dels fons públics que la Generalitat Valenciana aportava per a la seua gestió a través de l'Epsar.

“Una defraudació d'aquesta magnitud no hauria sigut possible sense la intervenció directa i principal, en col·laboració amb els anteriors [Crespo, Cuesta i Arnal], dels màxims representants de l'Epsar, els acusats José Juan Morenilla Martínez i Ignacio Bernácer Bonora, gerent en funcions i cap del departament d'explotacions de la citada entitat, respectivament”, assenyala la sentència de l'Audiència de València.

El PP, no obstant això, va exculpar les institucions que governava i va evitar citar Morenilla i Bernácer en les conclusions d'aquella comissió, però no es va contenir a recriminar el socialista Ramón Marí, que era precisament el denunciant del cas, i Antoni Pérez, d'Esquerra Unida, com a membres del consell d'Emarsa, “haver sigut coneixedors d'algun tipus d'irregularitats, sense que actuaren dins del termini i en la forma escaient d'acord amb aquesta presumpta sospita”.

Encara van anar més lluny i van acusar, també amb nom i cognoms, Blas Pérez Blesa, advocat i secretari del consell, de no exercitar “correctament” les seues funcions en el control de legalitat. Mai no es va engolir el jutge l'argument d'Enrique Crespo, principal capitost del saqueig, que la culpa era del lletrat que, només arribar Costa com a gerent a Emarsa, va advertir per escrit de les irregularitats que s'estaven produint en les adjudicacions dels contractes de l'empresa pública.

A la llum de la sentència del cas Emarsa, aquell dictamen parlamentari dóna autèntica vergonya. En el cas de l'accident del metro, el primer que va fer l'esquerra el 2015 en aconseguir majoria al Parlament valencià va ser crear de nou una comissió d'investigació les conclusions de la qual van tenir en compte, aquesta vegada sí, moltes de les reclamacions de les víctimes del sinistre, encara que la causa segueix oberta en els tribunals. Amb el cas Emarsa, és una sentència la que ha vingut a esmenar la plana a un dictamen que va quedar publicat i pot consultar-se en el Butlletí Oficial dels Corts Valencianes, per a oprobi d'una època i dels seus redactors.

La comisión de investigación de las Corts Valencianes duró apenas dos meses y medio. No fue la más breve porque la infame investigación parlamentaria del accidente del metro de Valencia en 2006 solo duró un mes, pero esta cerró sus conclusiones en mayo de 2012 tras haber escuchado solo a seis comparecientes y cuando un séptimo se había negado a acudir a ella: era José Juan Morenilla, hoy condenado a 9 años de cárcel por los hechos que se investigaban.

La llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat generó una tímida apertura del cierre absoluto a investigar la corrupción que contaminaba toda la estructura de poder del PP valenciano. Eso permitió crear dos comisiones de investigación en las Corts Valencianes, la de la crisis de la CAM y la de Emarsa, la empresa pública que gestiona la depuradora de aguas de Valencia. Fue un movimiento breve: ya no hubo más comisiones. Y la de Emarsa se cerró a toda prisa.

Las conclusiones de aquella comisión, que presidió el actual vicepresidente de las Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora, señalaban con nombres y apellidos a Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, presidente, gerente y director financiero de Emarsa, los tres condenados a penas de prisión por la sentencia sobre el caso que se ha hecho pública este viernes. Era imposible tratar de defenderlos con lo que ya se sabía del caso. Sin embargo, los parlamentarios del PP decidieron que sí que era posible salvar a dos imputados recientes en aquellos días, el gerente y el jefe de explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un organismo de la Generalitat Valenciana. Y exculpar al Ayuntamiento de Valencia, que dirigía Rita Barberá y al mismo Gobierno valenciano de cualquier responsabilidad.

“En esta comisión se descartan responsabilidades políticas fuera del

contexto de la gestión directa de la propia empresa“, decía explícitamente el dictamen aprobado con los votos del PP en medio de las protestas de la oposición.

La investigación del juez Vicente Ríos apuntaba en un sentido bien distinto. Y de su instrucción y posterior juicio se ha derivado una sentencia que señala, en los hechos probados, que los responsables de Emarsa, Crespo y Cuesta, y los de la Epsar, Morenilla y Bernácer, orquestaron “un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos que Emarsa recibía, en su mayor parte de la Epsar, destinándolos a sus propias atenciones”.

En otras palabras, aparte de la corrupción generalizada que marcaba el funcionamiento de la depuradora de Pinedo, controlada por el equipo de Rita Barberá desde hacía mucho tiempo y llena de enchufados del PP, la parte fundamental del fraude, evaluado en más de 23 millones de euros, procedía del saqueo, mediante la falsificación del movimiento real de los lodos que generaban las instalaciones, de los fondos públicos que la Generalitat Valenciana aportaba para su gestión a través de la Epsar.

“Una defraudación de esta magnitud no habría sido posible sin la intervención directa y principal, en colaboración con los anteriores [Crespo, Cuesta y Arnal], de los máximos representantes de la Epsar, los acusados José Juan Morenilla Martínez e Ignacio Bernácer Bonora, gerente en funciones y jefe del departamento de explotaciones de la citada entidad, respectivamente”, señala la sentencia de la Audiencia de Valencia.

El PP, sin embargo, exculpó a las instituciones que gobernaba y evitó citar a Morenilla y Bernácer en las conclusiones de aquella comisión, pero no se contuvo en recriminar al socialista Ramón Marí, que era precisamente el denunciante del caso, y a Antoni Pérez, de Esquerra Unida, como miembros del consejo de Emarsa, “haber sido conocedores de algún tipo de irregularidades, sin que actuaran en tiempo y forma de acuerdo con dicha presunta sospecha”.

Todavía fueron más lejos y acusaron, también con nombre y apellidos, a Blas Pérez Blesa, abogado y secretario del consejo, de no ejercitar “correctamente” sus funciones en el control de legalidad. Jamás se tragó el juez el argumento de Enrique Crespo, principal cabecilla del saqueo, de que la culpa era del letrado que, nada más llegar Cuesta como gerente a Emarsa, advirtió por escrito de las irregularidades que se estaban produciendo en las adjudicaciones de los contratos de la empresa pública.

A la luz de la sentencia del caso Emarsa, aquel dictamen parlamentario da auténtica vergüenza. En el caso del accidente del metro, lo primero que hizo la izquierda en 2015 al obtener mayoría en el Parlamento valenciano fue crear de nuevo una comisión de investigación cuyas conclusiones tuvieron en cuenta, esta vez sí, muchas de las reclamaciones de las víctimas del siniestro, aunque la causa sigue abierta en los tribunales. Con el caso Emarsa, es una sentencia la que ha venido a enmendar la plana a un dictamen que quedó publicado y puede consultarse en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, para oprobio de una época y de sus redactores.

El cas de corrupció més important de la Comunitat Valenciana quant a volum de diners públics malversats i persones processades -25- ja té sentència. L'Audiència de València ha conclòs que una trama d'empresaris, polítics i funcionaris van organitzar una xarxa per a repartir-se els sobrecostos aplicats al tractament de llots i a les obres de reforma i manteniment de la depuradora de Pinedo (València), la segona més gran d'Espanya en volum de tractament de llots, entre els anys 2004 i 2010.

Pel forat de 23,6 milions d'euros en l'empresa pública Emarsa que va acabar en repartiment de mossegades, regals de luxe i despeses de luxe, l'Audiència de València ha condemnat a 10 anys de presó Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València i expresident de Emarsa; a 12 i sis mesos l'exgerente d'Emarsa Esteban Cuesta; i a 9 el que fóra gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), José Juan Morenilla, la societat depenent de la Generalitat que injectava els diners públics per a finançar les despeses, fins a 100 milions d'euros en els sis anys investigats. Se'ls atribueixen els delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document públic, uns càrrecs als quals en el cas de Costa se li suma el de suborn.

A l'exregidor popular en l'Ajuntament de València i extreballador d'Emarsa Juan Carlos Gimeno, el tribunal l'ha condemnat a quatre anys i sis mesos de reclusió.

Esteban Cuesta ha rebut la major pena malgrat la seua confessió pública davant el jutjat d'instrucció mentre que Ignacio Bernácer, el número dos de Morenila, ha vist reduïda la seua pena a tres anys i mig en reconèixer els fets i assenyalar a Crespo i Morenilla com a cervells. L'empresari a la presó Jorge Ignacio Roca també ha sigut condemnat a sis anys i un dia de presó així com José Luis Sena i Vicente Ros. Aquests tres empresaris, segons l'Audiència de València, van ser els instruments utilitzats per a saquejar la planta a través dels sobrecostos aplicats al tractament de llots.

En relació amb la trama de sobrecostos en les obres de reforma i en les despeses de luxe en viatges i regals de luxe, l'exdirector financer d'Emarsa Enrique Arnal ha sigut condemnat a presó mentre que l'informàtic de la depuradora i empresari Sebastián García Martínez 'Chanín“ ha sigut condemnat a set anys i sis mesos de presó.

Conformitats

Abans del judici van reconèixer els fets a canvi de retornar els diners i de no entrar a la presó, l'extinent d'alcalde de Montcada Luis Botella de les Heras i els càrrecs del PP de Rita Barberá i tresorers d'Emarsa Santos Peral i Ignacio Martínez Maiques. En total, dotze acusats han vist reduïdes les seues penes en reconèixer els delictes.

El caso de corrupción más importante de la Comunitat Valenciana en cuanto a volumen de dinero público malversado y personas procesadas -25- ya tiene sentencia. La Audiencia de Valencia ha concluido que una trama de empresarios, políticos y funcionarios urdieron una red para repartirse los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos y a las obras de reforma y mantenimiento de la depuradora de Pinedo (Valencia), la segunda más grande de España en volumen de tratamiento de lodos, entre los años 2004 y 2010.

Por el agujero de 23,6 millones de euros en la empresa pública Emarsa que acabó en reparto de mordidas, regalos de lujo y gastos suntuosos, la Audiencia de Valencia ha condenado a 10 años de cárcel a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa; a 12 y seis meses al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; y a 9 al que fuera gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, la sociedad dependiente de la Generalitat que inyectaba el dinero público para financiar los gastos, hasta 100 millones de euros en los seis años investigados. Se les atribuyen los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público, unos cargos a los que en el caso de Cuesta se le suma el de cohecho.

Al exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno, el tribunal le ha condenado a cuatro años y seis meses de reclusión.

Esteban Cuesta ha recibido la mayor pena pese a su confesión pública ante el juzgado de instrucción mientras que Ignacio Bernácer, el número dos de Morenila, ha visto reducida su pena a tres años y medio al reconocer los hechos y señalar a Crespo y Morenilla como cerebros. El empresario en prisión Jorge Ignacio Roca también ha sido condenado a seis años y un día de prisión, así como Enrique Sena y Vicente Ros, que deberán cumplir seis años y un día y seis años y medio respectivamente. Estos tres empresarios, según la Audiencia de Valencia, fueron los instrumentos utilizados para saquear la planta a través de los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos.

El tribunal relata pormenorizadamente los problemas económicos de Emarsa y asegura: “La deficitaria economía que siempre ha caracterizado a Emarsa, era plenamente conocida por el Presidente del Consejo de Administración de Emarsa y consejero delegado, a la sazón Presidente de la Emshi, Enrique Crespo quien, lejos de iniciar actuaciones tendentes a recuperar el equilibrio financiero, orquestó junto a los acusados, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer y Esteban Cuesta un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos que Emarsa recibía, en su mayor parte de la Epsar, destinándolos a sus propias atenciones”.

Y añade: “Enrique Crespo, gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa por parte del consejo de administración, permitiendo al gerente administrarla a su antojo, desviando fondos en cuantía millonaria en su propio beneficio o en el de terceros con los que mantenía vinculaciones de tipo personal y/o afinidad política”.

Respecto a la trama de sobrecostes en las obras de reforma y en los gastos suntuosos en viajes y regalos de lujo, el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal ha sido condenado a ocho años y seis meses mientras que el informático de la depuradora y empresario Sebastián García Martínez “Chanín” ha sido condenado a siete años y seis meses de cárcel.

Conformidades

Antes del juicio reconocieron los hechos a cambio de devolver el dinero y de no entrar en prisión, el extendiente de alcalde de Moncada Luis Botella de las Heras y los cargos del PP de Rita Barberá y tesoreros de Emarsa Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques. En total, doce acusados han visto reducidas sus penas al reconocer los delitos.

El juez ha abierto juicio oral a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de València y expresidente de Emarsa, y a Enrique Crespo, exgerente de la misma empresa de gestión de aguas, como autores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y también al empresario Jorge Ignacio Roca, como supuesto cómplice de los anteriores

Los acusados, pendientes también de condena desde el pasado mes de diciembre por el presunto saqueo de la empresa pública, fueron acusados de concertarse con empresas y personas para la emisión de facturas a Emarsa simulando la prestación de servicios o la entrega de bienes que realmente no estaban siendo prestados o se hacían por un precio inferior al facturado.

De entre los proveedores que facturaron a Emarsa hubo que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa, fue el caso de las empresas gestionadas por Jore Ignacio Roca: Erwinin, Zonday Investments y Printergreen.

Los cuatro delitos contra la Haciendo Pública son un delito por cada ejercicio en el que se habría producido el fraude (entre los años 2006 y 2009), ascendiendo la cantidad total a 1.395.798,16 euros, que reclama la Agencia Tributaria.

Además el juez señala las empresas de Roca como responsables civiles subsidiarias, así como también a la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), heredera de Emarsa.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido 14 años de prisión y una multa de 3,3 millones de euros para Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Jorge Ignacio Roca por estos delitos fiscales.

El judici del cas Emarsa ha quedat vist per a sentència després de set anys d'instrucció. En l'última declaració dels acusats, fins a quatre dels principals processats han mostrat el seu penediment i han demanat perdó. Es tracta de l'exgerent Esteban Cuesta, l'exdirector financer Enrique Arnal i els empresaris Sebastián García Martínez i Jorge Ignacio Roca.

Per la seua banda, José Juan Morenilla, l'exalt càrrec de la Generalitat del PP investigat, ha tornat a defensar la seua innocència: “S'ha truncat una carrera professional de trenta anys. Mai no es podrà reparar el meu honor”.

El més contundent en la seua declaració ha sigut Roca, que ha dit que mentre uns altres segueixen en el carrer, ell porta dos anys i mig i catorze dies en la presó, privat de llibertat i sense veure als seus tres fills. L'empresari li ha dit al tribunal: “Dues de les persones que s'han portat el noranta per cent dels diners no han sigut jutjats en en aquest procés”. Es tracta dels empresaris José Luis Sena i Joan Borrás.

Roca ha revelat que ell era 'el gordito' que apareixia en els enregistraments entre diversos acusats, a qui li volien “penjar el mort”.

Tots els acusats que han parlat han apel·lat a la benevolència del tribunal i han assegurat que els set anys d'instrucció els han arruïnat la vida. Un exemple d'això ha sigut Esteban Cuesta. “No he passat ni un sol dia en què no m'haja penedit. Torne a demanar perdó al poble valencià i a tots als que he fallat”, ha sentenciat l'exgerent de l'empresa pública.

El juicio del caso Emarsa ha quedado visto para sentencia después de siete años de instrucción. En la última declaración de los acusados, hasta cuatro de los principales procesados han mostrado su arrepentimiento y han pedido perdón. Se trata del exgerente Esteban Cuesta, el exdirector financiero Enrique Arnal y los empresarios Sebastián García Martínez y Jorge Ignacio Roca.

Por su parte, José Juan Morenilla, el exalto cargo de la Generalitat del PP investigado, ha vuelto a defender su inocencia: “Se ha truncado una carrera profesional de treinta años. Nunca se va a poder reparar mi honor”.

El más contundente en su declaración ha sido Roca, quien ha dicho que mientras otros siguen en la calle, él lleva dos años y medio y catorce días en la cárcel, privado de libertad y sin ver a sus tres hijos. El empresario le ha dicho al tribunal: “Dos de las personas que se han llevado el noventa por ciento del dinero no han sido juzgados en en este proceso”. Se trata de los empresarios José Luis Sena y Joan Borrás.

Roca ha revelado que él era 'el gordito' que aparecía en las grabaciones entre varios acusados, al que le querían “colgar el muerto”. 

Todos los acusados que han hablado han apelado a la benevolencia del tribunal y han asegurado que los siete años de instrucción les han arruinado la vida. Un ejemplo de ello ha sido Esteban Cuesta. “No he pasado ni un sólo día en el que no me haya arrepentido. Vuelvo a pedir perdón al pueblo valenciano y a todos a los que he fallado”, ha sentenciado el exgerente de la empresa pública.

La defensa de José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ha aludido a una “sinrazón incriminatoria” contra él, a “incoherencias, faltas a la verdad, falacias y mentiras” de las acusaciones del caso Emarsa y ha solicitado su absolución por considerarle inocente. “Está fuera del fraude”, ha apostillado. Así mismo, ha acusado a Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, de ponerle de “cabeza de turco” para “tapar sus miserias”.

El letrado de Morenilla se ha pronunciado así durante la exposición de su informe de conclusiones en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, que ha investigado un fraude de 23,6 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València) y que sienta en el banquillo de los acusados a 24 personas. Previamente a Morenilla han intervenido los abogados de Ignacio Bernácer y Adolfo Polo -exjefe del área medioambiental de Emarsa-.

“Ausencia de prueba alguna”, ha repetido el abogado de Morenilla -que se enfrenta a 10 años de prisión- durante la exposición de su informe, y ha agregado: “No alcanzamos la sinrazón incriminatoria hacia él porque las pruebas se han venido construyendo de forma artificiosa”, ha subrayado.

A juicio de este letrado, las acusaciones contra Morenilla “se basan en conjeturas” y ha lamentado las “presiones” que ha tenido que soportar Bernácer -quien le incriminó directamente a Morenilla en el fraude en el juicio- para poder firmar un acuerdo de conformidad con las acusaciones. “La única conclusión de su conformidad es que, dada la ausencia incriminatoria que se tenía contra Morenilla, se ha construido una versión para incriminarle”.

A este respecto, ha mantenido que Bernácer incorporó a Morenilla en el fraude para lograr una reducción de su pena -se le reclamaban 14 años de cárcel inicialmente- y por la situación judicial de su mujer, quien estaba acusada en otra pieza de Emarsa en la que se le pedían cuatro años de prisión y 770.000 euros de multa.

Al final, tras conformarse el exjefe de Explotaciones, ha conseguido reducir su pena y que su mujer “solo” fuera condenada al pago de 66.000 euros de multa y a trabajos en beneficio de la comunidad, ha dicho. “Ha puesto de cabeza de turco a Morenilla para tapar sus miserias”, ha deducido.

El abogado, así mismo, se ha detenido a “desmontar” cada una de las acusaciones que hay contra su representado, y ha comenzado por las facturas abonadas por Emarsa y que no correspondían a trabajos reales o estaban hinchados: “Morenilla carecía de capacidad en Emarsa. No pertenecía a esta empresa. Y Morenilla no era necesario para dar fondos a Emarsa. Quien lo hizo fue la Emshi. Desde 2004 a 2010 la Emshi estuvo insuflando fondos a Emarsa sin ningún tipo de justificación, sin revisar lo que estaba pasando. Así, quien hizo dejación de funciones fue Emshi y no mi representado”, ha insistido.

En esta línea, ha agregado: “De los 23,6 millones de euros en los que se ha estimado el presunto fraude, 22,8 millones, es decir, el 97% de los fondos provienen de la Emshi mediante la ampliación de capital, subvenciones por pérdidas o saldos de cuenta de liquidación, entre otros”, ha manifestado.

Así mismo, esta defensa, quien se ha referido a “amenazas” por parte del socialista Ramón Marí hacia su cliente para que hablara de la supuesta financiación ilegal del PP de València antes de que se ampliara la querella contra él, ha negado que Morenilla hubiera tenido alguna tarjeta de crédito de las empresas del empresario Jorge Ignacio Roca desde las que pudiera haber extraído fondos públicos de Emarsa para apropiárselos.

“La fiscal hace alusión a 56 tarjetas bancarias y acusa a varias personas de hacer uso de 14. ¿Quién tiene las otras 42? La participación de Morenilla en el uso de las tarjetas es otra conjetura de las acusaciones que no se han podido probar”, ha dicho. Al respecto, ha afirmado, respecto al plano que presentó la Generalitat -acusación particular- sobre cajeros cerca del domicilio y el trabajo de Morenilla desde los que éste habría sacado dinero de Emarsa, que “no hay ni una sola prueba” de que éstas se utilizaran por su cliente. “Son elucubraciones”, ha apostillado.

Entregas de dinero

En cuanto a la afirmación del ministerio público de que Esteban Cuesta entregaba mensualmente dinero a Morenilla y a otros acusados, el abogado ha manifestado que el exgerente “nunca ha manifestado que diera dinero a Morenilla, ni dinero ni tarjetas ni bienes”, ha dicho, para recordar que éste sí nombró a Bernácer para las entregas de efectivo.

Además, ha insistido, tal y como hizo su representado, en que las cajas de seguridad que éste contrató en entidades bancarias guardaban una patente suya “por seguridad”, porque “debía estar muy protegida”, y por la que, ha matizado, no ha cobrado dinero. “El vive en un huerto, en mitad de un campo y la guardó ahí”, ha explicado.

Respecto a la afirmación de la fiscal de que Morenilla no usaba sus cuentas para el pago de gastos cotidianos como gasolina o alimentos, el letrado ha indicado que es “ridícula” esta afirmación, la tiempo que ha insistido en que la Agencia Tributaria “ha dado suficiente información sobre datos tanto de él como de su esposa, padres y hermanos, y en estos informes no existe la más mínima duda sobre su patrimonio”, ha dicho. Sobre la gasolina, ha apostillado que el acusado tenía coche de la Epsar desde 2012 como retribución en especie.

También ha aludido a las “contradicciones” en los testigos y los “errores” de la Fiscalía al contar reuniones entre Morenilla y el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta: “No había reuniones constantes ni mensuales entre ellos como mantiene la fiscal erróneamente. De las 25 reuniones citadas por la fiscal, 13 no se ajustan a la realidad. Y en 2006 y 2007 solo consta una reunión”, ha apostillado. Y ha negado que Morenilla ordenase a Bernácer que se aumentara la financiación a Emarsa para el tratamiento de lodos.

Bernácer y Polo

Por su parte, el letrado de Bernácer ha asumido para su representado la pena que le solicitan las acusaciones de tres años y medio de prisión tras confesar los hechos y asumir que desvió fondos públicos junto a Morenilla, Cuesta y el expresidente de Emarsa Enrique Crespo.

Así mismo, el abogado de Adolfo Polo reclama para su cliente un año y medio de prisión frente a los dos y medio que le pide la Fiscalía. Ha insistido en que su representado no se lucró a costa de Emarsa, tal y como demuestra su patrimonio y sus ingresos y gastos.

Ha puesto como ejemplos que únicamente le consta una furgoneta de 10 años de su propiedad, mientras que si se hubiera llevado dinero ilícito, ha dicho, “se habría comprado un coche de gama media o nuevo”. Tampoco le constan visitas a restaurantes de lujo ni compras elevadas. “Su patrimonio y economía es incompatible con la percepción de cantidades ilícitas o irregulares. Lleva un hábito de vida de una familia absolutamente normal, coherente y homogénea con los ingresos que perciben”, ha expuesto.

El judici del cas Emarsa s’acosta al final i les parts continuen presentant les seues conclusions. Aquest dimecres li ha pertocat a l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, que ha presentat el seu escrit d’acusacions contra els 24 encausats, un document en què es reflecteix gràficament l’extracció “il·lícita” d’efectiu d’alguns dels acusats mitjançant targetes de crèdit del compte de la depuradora de Pinedo (València), saquejada durant aqueixos anys.

Així, s’han localitzat més d’una trentena de caixers, la majoria situats a la ciutat de València, encara que també apareixen altres localitats com Manises, Meliana, Requena o Alaquàs, per mitjà dels quals es van traure grans quantitats de diners desviats a les empreses creades per l’empresari Jorge Roca de les arques de l’empresa pública Emarsa, que gestionava l’estació de Pinedo.

El material aportat per la Generalitat xifra en 81 les extraccions dutes a terme en sis caixers diferents situats en la contornada (500 metres i cinc minuts caminant) del lloc de treball de José Juan Morenilla (exalt càrrec del Consell), algunes es van fer amb dues targetes diferents per la mateixa persona en el mateix minut. També es registren 49 obtencions en tres expenedors disposats en la localitat de residència de Morenilla, entre les quals també es repeteix la pràctica de la utilització de dues targetes diferents per la mateixa persona en el mateix minut.

El mateix passa a Manises, lloc de residència d’Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València i expresident d’Emarsa, o en les proximitats de la seu de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi), a la plaça de l’Ajuntament de València, organisme matriu d’Emarsa que també presidia Crespo: “La majoria [es registren fins dotze extraccions] coincideixen amb dies en què consta per actes que el Sr Crespo acudeix a l’Emshi per diversos motius”. I també en caixers pròxims al col·legi dels fills de Crespo i del domicili de la seua família, on es comptabilitzen 22 operacions bancàries més.

En total, es van saquejar 24 milions d’euros de la depuradora de Pinedo, dels quals deu milions van ser defraudats en el tractament dels llots. D’aqueixa quantitat, una part es va extraure amb les targetes de crèdit a través dels caixers automàtics, mentre que la resta dels diners es van blanquejar a França o s’enviaven a Malta i Andorra a través de transferències bancàries i compres fictícies de material de depuració.

Dues trames

En el seu escrit, l’Advocacia de la Generalitat entén que hi ha dues trames delictives. La primera, la relacionada amb el frau en la gestió dels llots, “on clarament resulta necessària la participació de diverses persones, que han d’actuar coordinadament, perquè es puga produir la malversació”.

La segona, “relacionada amb les accions fonamentalment d’Esteban Cuesta i Enrique Arnal, a través de la contractació d’empreses dels seus acostats ”a fi d’obtenir un benefici il·lícit i la contractació de persones acostades o afins políticament; que compta amb el beneplàcit i el consentiment“ d’Enrique Crespo.

Petició de penes

El Govern valencià sol·licita una pena de 24 anys de presó i inhabilitació per a Esteban Cuesta, exgerent de la depuradora de València, per delictes continuats de suborn, falsedat en document mercantil i en document oficial, en concurs medial, prevaricació administrativa i malversació de cabals públics; per a Enrique Crespo 20 anys de presó i inhabilitació per delictes continuats de prevaricació administrativa, falsedat en document oficial i mercantil, en concurs medial i malversació de cabals públics; a José Juan Morenilla deu anys de presó i inhabilitació per delictes continuats de prevaricació administrativa, falsedat en document oficial, en concurs medial i malversació de cabals públics; tres anys i sis mesos de presó per a Ignacio Bernácer, excap d’explotació de l’Epsar (Entitat de Sanejament d’Aigües de la Generalitat), pels mateixos delictes; o deu anys de presó per a Enrique Arnal, exdirector financer d’Emarsa. La Fiscalia també sol·licita penes de fins 24 anys als acusats.

El juicio del caso Emarsa se acerca al final y las partes continúan presentando sus conclusiones. Este miércoles le ha tocado a la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ha presentado su escrito de acusiaciones contra los 24 encausados, un documento en el que se refleja gráficamente la extracción “ilícita” de efectivo de algunos de los acusados mediante tarjetas de crédito de la cuenta de la depuradora de Pinedo (València), saqueada durante esos años.

Así, se han localizado más de una treintena de cajeros, la mayoría ubicados en la ciudad de Valencia aunque también aparecen otras localidades como Manises, Meliana, Requena o Alaquàs, por medio de los cuales se extrajeron grandes cantidades de dinero desviado a las empresas creadas por el empresario Jorge Roca de las arcas de la empresa pública Emarsa, que gestionaba la estación de Pinedo.

El material aportado por la Generalitat cifra en 81 las extracciones realizadas en seis cajeros diferentes ubicados en los alrededores (500 metros y cinco minutos andando) del lugar de trabajo de José Juan Morenilla (exalto cargo del Consell), algunas de ellas se realizaron con dos trarjetas diferentes por la misma persona en el mismo minuto. También se registran 49 obtenciones en tres expendedores dispuestos en la localidad de residencia de Morenilla, entre las que también se repite la práctica de la utilización de dos tarjetas diferentes por la misma persona en el mismo minuto.

Lo mismo sucede en Manises, lugar de residencia de Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, o en las proximidades de la sede de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, organismo matriz de Emarsa que también presidía Crespo: “La mayoría de ellas [se registran hasta doce extracciones] coinciden con días en los que consta por actas que el Sr Crespo acude a la Emshi por diversos motivos”. Y también en cajeros próximos al colegio de los hijos de Crespo y del domicilio de su familia, donde se contabilizan 22 operaciones bancarias más.

En total, se saquearon 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, de los que diez millones fueron defraudados en el tratamiento de los lodos. De esa cantidad, una parte se extrajo con las tarjetas de crédito a través de los cajeros automáticos, mientras que el resto del dinero se blanqueó en Francia o se envío a Malta y Andorra a través de transferencias bancarias y compras ficticias de material de depuración.

Dos tramas

En su escrito, la Abogacía de la Generalitat entiende que existen dos tramas delictivas. La primera, la relacionada con el fraude en la gestión de los lodos, “donde claramente resulta necesaria la participación de varias personas, que deben actuar coordinadamente, para que se pueda producir la malversación”.

La segunda, “relacionada con las acciones fundamentalmente de Estaban Cuesta y Enrique Arnal, a través de la contratación de empresas de sus allegados ”con objeto de obtener un beneficio ilícito y la contratación de personas allegadas o afines políticamente; que cuenta con el beneplácito y el consentimiento“ de Enrique Crespo.

Petición de penas

El Gobierno valenciano solicita una pena de 24 años de prisión e inhabilitación para Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Valencia, por delitos continuados de cohecho, falsedad en documento mercantil y en documento oficial, en concurso medial, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos; para Enrique Crespo 20 años de cárcel e inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso medial y malversación de caudales públicos; a José Juan Morenilla diez años de prisión e inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, en concurso medial y malversación de caudales públicos; tres años y seis meses de prisión para Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar (Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat), por los mismos delitos; o diez años de cárcel para Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa. La Fiscalía también solicita penas de hasta 24 años a los acusados.

La representant del ministeri públic ha vinculat Enrique Crespo amb una altra de les trames valencianes, concretament la de la gestió de residus i urbanisme d’Alacant batejada per la policia com a Brugal, en revelar que un dels empresaris imputats en aquesta causa és el testaferro d’una societat a què la firma andorrana vinculada a Crespo va transferir 300.000 euros. Aquesta dada, que no hi havia transcendit a l’opinió pública, està investigant-se en l’Audiència Nacional en una de les peces separades.

Segons la fiscal, Enrique Crespo estava present com a persona autoritzada en un compte d’Andorra en què el titular era el seu germà Carlos. El compte va registrar quatre ingressos en efectiu per valor de 350.000 euros durant els anys del saqueig de la depuradora de Pinedo, entre el 2004 i el 2010. Segons les dades facilitades pel país dels Pirineus, 57.000 euros es van retirar també en efectiu, però 300.000 més es van transferir el 2009 a un altre compte bancari a Andorra a nom de la societat Iguazu Falls Corporation, representada per Alejandro Silva Taboada i que tindria interessos, segons la policia, en activitats de la construcció a Elx.

La fiscal ha revelat en el judici que l’empresari elxà Ramón Salvador Águeda participa de la societat Iguazu Falls Corporation i el testaferro del qual hauria ajudat a evadir aqueixos 3000.000 euros, pretesament obtinguts de manera il·lícita del saqueig de la depuradora de Pinedo. Aquesta transferència i la destinació dels diners està sent investigat per l’Audiència Nacional en una peça separada del cas Emarsa per tal com el presumpte delicte s’ha comés en l’estranger.

Ramón Salvador està imputat en la peça del cas Brugal que investiga el falsejament del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per haver pagat, pretesament, 150.000 euros al germà de l’exalcaldessa Sonia Castedo per afavorir-lo amb el pla urbanístic. A més, un altre jutge, en aquest cas de Múrcia també investiga l’empresari d’Elx per fer regals a l’exalcalde de Múrcia durant 20 anys, Miguel Ángel Cámara, i a la seua dóna. Entre els obsequis que hauria fet al polític murcià hi ha un viatge en jet privat a Istanbul.

El compte d’Andorra ha generat molts problemes a Enrique Crespo durant la instrucció, ja que hi figurava com a autoritzat. El país dels Pirineus té un conveni amb Espanya pel qual ha de comunicar qualsevol moviment bancari de persones vinculades al món de la política. Però en aquest cas, l’expresident de la Diputació i el seu germà no van fer cap referència a la seua relació política amb el PP ni com a càrrec públic.

Carlos Crespo va ser jutjat i condemnat a València per blanqueig de capitals per tenir aquest compte a Andorra i no haver acreditat prou els ingressos. Però el Tribunal Suprem va anul·lar la condemna i la va derivar a l’Audiència Nacional, perquè continue investigant fins que es resolga el cas Emarsa, d’on, pretesament, haurien eixit els 350.000 euros.

Fonts de la defensa d’Enrique Crespo van explicar que la transferència del banc andorrà no la va fer Carlos Crespo, sinó que va ser ordenada pel banc quan el germà de l’expolític va demanar la retirada de fons. Així, expliquen, un treballador del banc va ser el que va lliurar 300.000 euros en metàl·lic a Carlos Crespo després d’arreplegar-los de l’empresa d’Elx Iguazu Falls Corporation. Posteriorment, van explicar les mateixes fonts, Carlos Crespo va regularitzar aquests diners en efectiu amb l’amnistia fiscal de Cristóbal Montoro del 2012. “Mai no hem tingut res a veure amb Iguazu Falls Corporation, va ser una operació del banc”, han defensat.

La fiscalía de Valencia ha comenzado este martes a exponer su informe de conclusiones en la pieza principal del caso Emarsa y ha sido contundente: el exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, urdieron el fraude que provocó un desfalco en la depuradora de Pinedo de 23,6 millones de euros. Y para ejecutar el plan, Crespo eligió a un “enfermero sin formación empresarial”, el exgerente Esteban Cuesta.

“El fraude no habría sido posible sin Morenilla y Crespo”, ha insistido la fiscal, quien reclama para ellos una pena de 10 y 20 años de prisión respectivamente, tal y como consta en su escrito de calificación que se dirige contra un total de 24 acusados.

La fiscal ha desgranado cómo Crespo y Morenilla idearon un plan en 2005 para que Emarsa se hiciera carcgo de la ampliación de Pinedo II y pensaron en empresas del empresario Jorge Ignacio Roca para la facturación y el desvío de fondos. Una vez tuvieron claro estos extremos, buscaron la “coartada perfecta” para ejecutar el “fraude”.

Así, Crespo buscó a un gerente para que se encargara de recibir las facturas de los lodos, pagarlas y obtener la diferencia entre el coste real y el financiado por la Epsar para repartirla. “La decisión de colocar al frente de Emarsa a un enfermero sin formación empresarial alguna fue de Crespo. De manera unilateral. Así como atribuir a esta persona sin formación empresarial la gestión y representación de Emarsa”, ha agregado.

El minsiterio público ha desgranado cómo Crespo ocupaba el cargo de consejero delegado de Emarsa desde el año 2002, y en ese periodo había un gerente que estaba enfermo y casi no aparecía por las instalaciones. “Durante dos años consiguió una gerencia invisible”, ha dicho, para agregar que en un momento determinado “decidió cambiar la gerencia de la noche a la mañana y para evitar que los consejeros de la empresa pudieran aceptar otro candidato” que fuera distinto al suyo.

Cuando Crespo propuso a Cuesta, “ningún consejero tenía conocimiento de que se iba a sustituir al gerente y menos aún quién iba a ser el candidato”. “No entendemos por qué no comunicó a los consejeros, al menos a los del PP, que había un candidato avalado por el Ayuntamiento de València, según mantuvo en el juicio”, ha afirmado la fiscal, y ha respondido: “Era porque solo estaba avalado por Crespo”.

Asimismo, atribuye a Crespo la decisión de dar a Cuesta “poderes ilimitados” en la depuradora excepto en la contratación y el despido de personal, que la firma era mancomunada. “Crespo afirmó que no le había pedido el currículum a Cuesta pero esto no fue impedimento para atribuirle poderes ilimitados de gestión”, ha ironizado.

Tras este nombramiento, la fiscal ha recordado que hubo “frecuentes citas” entre Crespo, Morenilla, Cuesta y el exjefe de Explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer. “Según las agendas de Cuesta había más reuniones entre él y Crespo que con el consejo de administración”. “También había muchas citas con Morenilla”, ha apostillado.

Dentro de este plan, además, la fiscal ha mantenido que tanto Crespo como Cuesta, Morenilla y Bernácer “intentaban incrementar la financiación para Pinedo durante las comisiones de seguimiento con el objeto de poder detraer fondos públicos”.

De 5 a 42 euros el lodo

La Fiscalía también atribuye a Crespo, Morenilla y Cuesta la decisión de incrementar los costes de Pinedo. En concreto, pasar de pagar 5 euros a 42 la gestión de los lodos “sin ningún tipo de informe técnico que avalase esta decisión”.

Al respecto, ha recordado que Bernácer confesó que fue en una reunión a la que asistió Crespo, Morenilla y el exconseller José Ramón García Antón, -ya fallecido- y que él presenció, en la que se decidió este aumento. “Morenilla, Crespo y Cuesta decidieron así aumentar los costes y esto se estudió por Bernácer y se decidió llegar a los 42 euros sin tener conocimiento las asistencias técnicas”, ha aseverado.

Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.

Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

La Fiscalía de Valencia considera que el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, evitaba “cualquier tipo de control” sobre la gestión de la empresa pública encargada de la depuradora de Pinedo.

El Ministerio Público pide 24 años de cárcel para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y 20 para el expresidente de la entidad y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo, por el saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, la planta que da servicio a València y a su área metropolitana.

El ministerio público ha comenzado este lunes a exponer sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados.

Sobre Crespo, la Fiscalía ha advertido de que “gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa”. Así, como justificación de un desequilibrio patrimonial, el acusado “hacía creer a los funcionarios de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y miembros del consejo de administración de Emarsa que el problema traía causa de una financiación insuficiente por parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), explicación que no se ajustaba a los datos que reflejaban las cuentas de la empresa”, ha dicho.

Asimismo, considera que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y el ex director financiero Enrique Arnal, previo concierto con el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de del Departamento de Explotaciones de esta última entidad, Ignacio Bernácer, “valiéndose todos ellos de una posición de dominio y control”, diseñaron un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación de Pinedo.

“El plan defraudatorio consistía en que la empresa o empresas intermediarias buscadas por los acusados se colocaría artificiosamente entre la facturación que Emarsa debía recibir del verdadero gestor de los lodos, emitiendo su propia facturación mendaz e incrementada injustificadamente, simulando la prestación del servicio gestión agrícola de los lodos al precio establecido desde la Entidad de Saneamiento, aproximadamente”, ha expuesto.

Abonadas por los responsables de Emarsa las facturas que recibían de la intermediaria -ha proseguido-, “el responsable de esta mercantil pantalla procedería al cobro de las mismas, debiendo entregar la diferencia del precio cobrado y el coste real del servicio a los acusados, previo descuento de la oportuna comisión”, ha aseverado.

En una compañía con millonarias y recurrentes pérdidas, la política laboral era “ un despiporre, cada presidente metía a 10 o 20” y los sueldos, propios de una “orgía económica”, como los definió el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno. Varios de los acusados reconocieron en el juicio que se costearon todo tipo de gastos personales con el dinero público, como una PlayStation y viajes a Rumanía.

La Fiscalia demana 24 anys de presó per al exgerent d'Emarsa Esteban Cuesta i 20 per a l'expresident de l'entitat i exvicepresident de la Diputació de València amb el PP, Enrique Crespo, pel saqueig de l'empresa pública que gestionava la depuradora de Pinedo, la planta que dóna servei a València i l'àrea metropolitana. El ministeri públic ha presentat en el judici del cas que se celebra en l'Audiència Provincial de València i incrementa les peticions de penes de presó als principals implicats respecte a la fase d'instrucció.

Les fiscals del cas segueixen reclamant deu anys de presó per a l'exalt càrrec de la Generalitat José Juan Morenilla -exgerent del gestor de les depuradores públiques durant els anys del saqueig- i uns altres deu per al exdirector financer d'Emarsa Enrique Arnal. Per al cap d'explotacions de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar) i també un dels principals acusats, redueix la petició de presó fins als 3 anys després que aquest confessara durant el judici que va formar part d'una xarxa corrupta de polítics i empresaris que haurien defraudat uns 11 milions amb el tractament de fangs. La xifra total del saqueig supera els 23 milions.

Uns altres dels acusats que han pactat amb la Fiscalia també veuen reduïdes les peticions de penes per part de la fiscalia per a no haver d'entrar a la presó. Es tracta dels excàrrecs del PP de València Santos Peral i Ignacio Martínez Maiques i l'exregidor del PP de Montcada Luis Botella de las Heras. Els tres se salvarien d'entrar en la presó en cas que el tribunal acceptara la petició del ministeri públic.

Tras el saqueo de la empresa pública Emarsa, la sociedad que gestionaba la depuradora de Pinedo (València), se encuentra una red de políticos y empresarios que se concertaron para desviar hasta 24 millones de euros para todo tipo de negocios. Las investigaciones de la Agencia Tributaria sirvieron durante la fase de instrucción para afianzar las pesquisas y descubrir que fue necesaria una gran red de sociedades e ingeniería fiscal y financiera para conseguir sus propósitos. Este martes han comparecido en el juicio del caso Emarsa que se celebra en València dos de los inspectores de Hacienda que dirigieron y realizaron los informes que han desmontado el entramado corrupto.

La red llegó a crear cuatro empresas fantasma que se utilizaron para desviar el dinero defraudado y evadirlo de España a través de compras ficticias en Malta, paraíso fiscal dentro de la Unión Europea que en las últimas semanas ha vuelto a ponerse de actualidad por los Paradise Papers. A preguntas de la fiscal, el perito que realizó la investigación sobre las empresas de extracción de lodos de la depuradora de Pinedo ha confirmado que hasta cuatro de las sociedades que cobraron casi diez millones de euros por el supuesto tratamiento de fangos “no tenían actividad”.

Se trata de las mercantiles del empresario encarcelado por el escándalo, Jorge Ignacio Roca Samper. Las firmas Erwinin, Agrolemos, Zonday y Printergreen emitieron y cobraron facturas de Emarsa pese a que, según declaraciones del perito de Hacienda, “ni tenían local ni personal ni oficinas ni proveedores”. Incluso, ha llegado a explicar el funcionario de la Agencia Tributaria, cuando fueron a realizar las comprobaciones “tres de las empresas tenían como sede social un domicilio alquilado en el que residía una familia desde hace años”.

Según este perito, el empresario preso Jorge Ignacio Roca era definido por los investigadores como “facturero” porque utilizaba sus empresas para incrementar el precio de los servicios prestados gracias a interponerlas entre sí y facturarse mutuamente. Así y como ejemplo de la dimensión del saqueo, según el informe de Hacienda validado esta mañana en el juicio, el coste real de extracción de lodos en el año 2008 ascendió a 850.089,21 euros, mientras que el dinero que abonó Emarsa a las empresas fantasma de Roca fue de 2.523.235,19 euros. Tres veces más.

Con este modus operandi, entre 2004 y 2009 los saqueadores consiguieron desviar entre nueve y 11 millones de euros de dinero público a través de las cuatro sociedades interpuestas. Solo una, Adobs Orgànics, realizó los trabajos de extracción de lodos y posterior depósito para uso agrícola.

¿Cómo entonces se retiró el dinero de las empresas fantasma? El perito de Hacienda ha explicado que de la contabilidad de las cuatro empresas se desprende que una importante cantidad de dinero que ingresaron de la depuradora de Pinedo se extrajo a través de cajeros automáticos en dinero en metálico. La otra gran parte del capital se consiguió desviar vía Malta a través de compras a la empresa Walnut Grove LTD, también administrada por Jorge Ignacio Roca. En este caso casi tres millones de euros entre los años 2009 y 2010, con el escándalo a punto de estallar.

La sociedad Walnut Grove LTD realizaba compras ficticias a Printergreen, según el perito de Hacienda, que pagaba por transferencia bancaria internacional. Una vez el dinero llegó a esta sociedad, la Agencia Tributaria perdió su rastro, según reconoció el propio funcionario. Según se ha podido confirmar en la posterior investigación que se ha demorado durante seis años (2010-2016), la sociedad maltesa de Roca realizó otras compras ficticias en China y Panamá, lo que permitió al empresario ahora encarcelado esconder parte del capital evadido. A día de hoy este dinero todavía no ha sido localizado.

El juicio del caso Emarsa se continúa celebrando en la sala segunda de la Audiencia de Valencia y está previsto que se prolongue hasta mediados de diciembre. Todos los acusados y testigos ya han declarado y faltan las declaraciones de otros peritos de Hacienda. La investigación se inició en octubre de 2010 y el juicio arrancó en mayo de 2017. Se juzga a 25 personas y se investiga un saqueo de hasta 24 millones.

La vaga dels advocats del torn d'ofici del cas Emarsa està començant a generar les primeres conseqüències sobre el transcurs de la vista oral, que dura ja set mesos i que encara finalitzarà a mitjan desembre. El judici ha hagut de paralitzar-se durant una hora aquest dimarts davant la incompareixença d'alguns dels lletrats dels principals advocats. El president del tribunal ha volgut evitar una situació d'indefensió que podria generar més d'un problema seriós al procés.

La vaga dels lletrats d'ofici, que reclamen més mitjans que els 3.700 euros que cobraran per l'assistència en tot el procés, ja va deixar dilluns sense declarar a tres dels testimonis que havien sol·licitat el seu mateixos clients. Aquest matí no han designat el representant que havia d'acudir en nom dels altres, una espècie de “serveis mínims”, com assegura l'advocat d'Esteban Cuesta, exgerent d'Emarsa i un dels principals acusats.

En una vista oral són els lletrats de les parts els únics obligats a acudir a totes les sessions. La compareixença dels acusats no és necessària excepte el dia de la declaració. Per això, la incompareixença dels advocats és tan greu i ha molestat tant el president de la sala, que ha manat cridar els advocats en vaga.

La contratación de personas afines al PP que no acudían a su puesto de trabajo fue una práctica habitual durante los años en los que este partido controlaba las instituciones. Los trabajadores 'zombi', como se les ha denominado después, se investigan las empresas públicas Imelsa, dedicada al impulso económico local; Emarsa, responsable de la depuradora de Pinedo, y Ciegsa, orientada la construcción de las escuelas públicas. Las tres tramas, ahora en los tribunales, están ligadas a la financiación ilegal del PP.

En el caso de Ciegsa, investigada también en las Corts valencianas, han ido apareciendo nuevos actores implicados. En junio, los portavoces del PSPV, Compromís y Podemos denunciaron tres nuevos asesores que no acudían al trabajo. El último caso al que se apunta es el de Beatriz Gascó, diputada del PP, ex directora general de Educación y excoordinadora del área de educación en el gabinete de prensa de la Conselleria. Paradójicamente, Gascó compareció el pasado lunes en la comisión parlamentaria.

Según ha publicado el diario El Mundo este miércoles, Gascó cobró una nómina entre los años 2006 y 2007 como empleada de la empresa pública Ciegsa a través de una empresa de trabajo temporal con un contrato de funciones administrativas pero ejerciendo en su lugar de coordinadora del área de educación en el gabinete de prensa de la Conselleria. El diario cita la base de datos de la empresa pública, de donde se desprende que su nómina de más de 42.000 euros.

Gascó defendió en su intervención en el parlamento que la empresa pública investigada por el pufo en la construcción de colegios era “necesaria” como la “herramienta más ágil para construir colegios”. La comisión investiga sobrecostes de mil millones de euros y los tribunales su vínculo con la financiación irregular del PP.

La diputada popular se defiende acusando al conseller de Educación, Vicent Marzà, de “usar dos personas durante un año entero para revisar todas las cuestiones que yo había firmado durante mi etapa como directora general” y asegura que se trata de “una mentira sacada de contexto o quizás ciertas verdades puntuales sacadas de contexto que al final se acaban convirtiendo en una mentira”.

Los grupo parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos han acusado a la diputada del PPCV Beatriz Gascó de “mentir” durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de las Corts que investiga los sobrecostes de más de 1.000 millones en Ciegsa, por lo que consideran que ha quedado “deslegitimada” y “desacreditada” para ejercer sus funciones en la cámara valenciana.

Los tres partidos analizarán la documentación y la intervención de Gascó en la comisión de investigación para presentar la pertinente denuncia. El falso testimonio ante una comisión de investigación parlamentaria está tipificado penalmente.