La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este martes el inicio de la segunda fase de las obras de acondicionamiento integral del Puerto de La Pozona, en Cuchía (Miengo), que cuenta con una inversión de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que, en principio, estarán finalizadas en 2028.

Según la líder del Ejecutivo, la actuación permitirá que el municipio disponga de su propio puerto, el octavo de la comunidad, el cual contará con 86 amarres.

La presidenta, que ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Miengo, Marino García, ha recordado que en 2024 se ejecutó una primera fase, con una inversión de 204.000 euros, que permitió acondicionar y estabilizar las escolleras, completar el cierre perimetral del puerto y señalizar la bocana de entrada.

La segunda fase, adjudicada por la Consejería de Fomento a la UTE La Pozona de Miengo, contempla una transformación integral de la dársena para mejorar sus instalaciones, ampliar su capacidad y dotarla de nuevos servicios.

En concreto, el proyecto prevé incrementar el número de amarres de los 58 actuales a un total de 86, distribuidos en dos calles de navegación. De ellos, 38 estarán destinados a embarcaciones de hasta 6,5 metros de eslora y los otros 48 a barcos de hasta ocho metros.

Buruaga ha detallado que los trabajos incluyen también la sustitución de los pantalanes y las pasarelas de aluminio, la instalación de torretas de suministro eléctrico y acometidas de agua, y el acondicionamiento de los espacios terrestres.

Asimismo, se habilitarán accesos rodados y peatonales, rampas de varada y una zona específica para estas maniobras.

El futuro puerto contará con una lámina de agua navegable de 5.300 metros cuadrados, una zona peatonal de 305 y cerca de 1.500 destinados a la zona de varada, que dispondrá de una rampa de 35 metros de longitud y cinco metros de anchura.

Buruaga ha subrayado que este equipamiento será “mucho más que una infraestructura” y constituirá “una puerta a la ría, una puerta al mar, pero también una puerta abierta al futuro”, ya que generará nuevas oportunidades “recreativas, sociales y económicas” para Miengo.

La presidenta ha opinado que el avance de este proyecto ha sido gracias al “compromiso” de la Consejería de Fomento, al trabajo del Ayuntamiento y a la “perseverancia” de la Asociación La Pozona y de los vecinos “que durante años han defendido la mejora y regularización de las instalaciones”.

Por su parte, el regidor de Miengo ha subrayado que la primera piedra puesta este martes es “mucho más que el inicio de una actuación sobre unas instalaciones portuarias”.

Y es que ha señalado que detrás de este momento hay “muchas personas” que durante años han trabajado para que el Puerto de La Pozona pudiera regularizar su situación, integrarse en la red portuaria de Cantabria y contar con unas instalaciones adecuadas a las necesidades de sus usuarios.

El alcalde ha subrayado que durante este tiempo ha habido “dificultades, resoluciones judiciales, sanciones y momentos de incertidumbre” que han afectado a los vecinos que tenían en este espacio sus embarcaciones. “La regularización del puerto y la adecuación de sus instalaciones han permitido dejar atrás una etapa complicada y abrir una nueva con mayor seguridad, normalidad y garantía”, ha sentenciado.

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación las obras de restauración del edificio de la lonja de pesca del puerto de Comillas con un presupuesto de 222.934 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de este inmueble portuario mediante una intervención integral en aquellos elementos que presentan un mayor desgaste debido a su exposición al entorno marítimo, ha informado el Ejecutivo.

Los trabajos contemplan la renovación completa de la cubierta para resolver los problemas de filtraciones detectados en el edificio, así como la reparación y acondicionamiento de las fachadas, la sustitución de carpinterías exteriores e interiores deterioradas y la mejora de distintos espacios interiores.

Además, la actuación incluye la ampliación del acceso principal de la lonja para facilitar las tareas de carga y descarga vinculadas a la actividad pesquera, la mejora del pavimento de la zona de operaciones y la adecuación de otros espacios del inmueble.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de reparación y renovación de diferentes acabados con el fin de reforzar la durabilidad del edificio y garantizar unas mejores condiciones de uso.

La actuación permitirá conservar la imagen característica de la lonja, manteniendo materiales y colores similares a los actuales, al tiempo que se mejora su adaptación a las necesidades de la actividad que alberga.

La licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha asegurado que hay cuestiones en la transferencia de la competencia de Costas a la comunidad autónoma que “no están cerradas, ni mucho menos”, y ha indicado al respecto que están relacionadas con temas económicos y de traspaso de personal y edificios que “hay que negociar”.

“Y a nosotros todavía no se nos ha pasado ninguna propuesta al respecto. Por lo tanto, cuando se nos pasen esas propuestas, tomaremos las decisiones oportunas. No vamos a cargar con una competencia que traiga más costes para los ciudadanos de Cantabria”, ha avisado el dirigente 'popular', que ha afirmado que “sobre el tema del dinero y del personal no se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento”.

Con estas palabras ha respondido, este martes a preguntas de los periodistas, a las declaraciones que hizo la semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Santander, donde afirmó que dicha transferencia estaba “lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar”. Según apuntó, la propuesta de traspaso, realizada en el marco de un proceso de negociación bilateral y que sigue el modelo del País Vasco o Galicia, contaba con “el visto bueno” del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero el consejero cántabro, que ha admitido reuniones para tratar este asunto, ha reconocido que se ha llegado a un acuerdo sobre “el marco general” de la transferencia, que es “similar” al de “todas” las comunidades autónomas, pero hay cuestiones que no están “cerradas”, por lo que ha afeado el “desconocimiento total” de Morán y el que “hable de cosas que absolutamente parece desconocer”.

“Nos tendrán que transferir la competencia de Costas en las condiciones que hemos establecido, que son las mismas que para el resto de las comunidades autónomas, pero con una financiación suficiente detrás para que sea sostenible el ejercicio de esa competencia. Y a día de hoy de eso no se ha hablado porque no han tenido ningún interés en hablar”, ha lamentado.

Media ha aprovechado para insistir en que sigue pendiente la transferencia de las competencias de las confederaciones hidrográficas, que “todavía seguimos esperando” y desde “mucho antes” que las de Costas. “No sé dónde se habrán perdido los papeles, en qué ministerio”, ha apostillado al respecto.

La obra de mejora de la carretera entre el Alto de Laredo y Seña (Limpias) está “a punto de terminar” y el coste se ha elevado de 2,3 millones de euros a 4,1, por diferentes actuaciones de emergencia que han conllevado ese aumento de gasto.

Así lo ha indicado este martes el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha explicado que la obra sufrió una primera emergencia con un talud en la zona de Seña, que costó 70.000 euros.

“Luego los taludes de la obra han sido muchísimo peor de lo que se preveía cuando los técnicos hicieron el proyecto. Por lo tanto, ha habido que hacer dos modificados, el último está aprobándose en estos mismos momentos (...)”, ha explicado, a la par que ha detallado que el modificado número uno tenía una inversión de 455.000 euros y el número dos de 400.000, que es el que falta por aprobarse y ejecutarse a lo largo de este mes de septiembre.

Además, Media ha señalado que hubo una segunda emergencia en el barrio anterior de Seña, en una zona donde se ha movido un talud que ha repercutido en un ascenso de inversión de 784.000 euros.

Por estas razones, ha pedido a los vecinos “tranquilidad” por esos meses de retraso en la obra, y ha insistido en que dicha demora ha sido por problemas en los taludes.

Así, ha indicado que la obra debería haber finalizado a finales de febrero, aunque los inconvenientes han llevado a que acaben en este mes de septiembre.

“Yo sé que prácticamente ya estamos en precampaña, y hay muchísimos políticos que hacen de esta cuestión bandera. Ya he tenido que hablar de esta carretera en el Parlamento ocho o diez veces en el último año, pero vuelvo a decirlo: qué bonito sería que la exalcaldesa de Laredo, la exalcaldesa de Limpias y los exconsejeros del PSOE y del PRC, que ahora se rasgan las vestiduras porque para invertir cuatro millones y pico de euros hemos tardado cinco meses, hubieran estado preocupados de porqué esta obra no estaba acabada ya en el a 2018 que es cuando tenía que estar acabada según el Plan General de Carreteras”, ha criticado.

En este sentido, el consejero ha pedido “un poquito de rigor” y “que dejen la precampaña para otro momento”, ya que esta actuación “se va a acabar como se ha empezado”, es decir, con el Ejecutivo 'popular'.

“Qué buen momento es este (...) para ver quién convierte los proyectos en realidades y quiénes no hacían más que subir por Seña a decir que lo iban a hacer y jamás movieron un dedo ni un papel. Nosotros sí y a lo largo del mes de septiembre vendremos a inaugurarla y todos ustedes verán como una carretera que era tercermundista se ha convertido en una de las mejores carreteras que va a tener Cantabria”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria ha adquirido un terreno en desuso en la calle San Francisco de Laredo, en la Puebla Vieja, donde la Consejería de Fomento ha dicho que construirá alrededor de 27 viviendas públicas.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del área, Roberto Media, quien ha avanzado que durante la primera quincena de septiembre -antes de La Bien Aparecida, según ha precisado- se licitará la redacción del proyecto por un importe de 220.000 euros. Así, la licitación se publicará en el Perfil del Contratante antes del 15 de septiembre.

La actuación global supondrá una inversión de 3,23 millones y se incluye dentro del programa 'Plan Cantabria Alquila', anunciado en junio por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Las 27 viviendas de Laredo se sumarán a las 550 que la Consejería prevé promover en 17 municipios para ampliar el parque residencial de la comunidad autónoma.

Por otro lado, en su visita a Laredo, el consejero ha señalado que avanza “a buen ritmo” la construcción de otros tres bloques residenciales (37 pisos en total) en el sector 4 del municipio, junto al Hospital Comarcal.

Estas edificaciones dispondrán de 8, 11 y 18 viviendas de uno o dos dormitorios, con un diseño modular, flexible y de alta eficiencia energética. Además, el complejo contará con locales comunes, trasteros y plazas de garaje.

Esta obra dispone de un presupuesto cercano a los 5 millones de euros -cofinanciados con fondos europeos y regionales- y forma parte del paquete de 212 viviendas proyectadas mediante colaboración público-privada.

Media ha realizado este anuncio durante la inauguración de tres viviendas de alquiler social habilitadas por la empresa pública Gesvican en antiguos bajos comerciales en el casco histórico de la villa pejina que llevaban más de diez años cerrados y en cuya transformación Fomento ha invertido 242.987 euros.

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha indicado que el Gobierno de Cantabria está analizando si la región se adherirá al abono único que el Ministerio de Transportes ha extendido a las redes autonómicas y municipales que quieran sumarse, con una opción más barata para jóvenes, y ha señalado que lo hará siempre y cuando no sea “un brindis al sol”.

El departamento que dirige Óscar Puente (PSOE) ha articulado un mecanismo de compensación económica destinado a cubrir los posibles “impactos financieros negativos” y el aumento de costes que sufran las comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte al incorporarse al sistema del abono único.

Sin embargo, el titular de Fomento de Cantabria ha subrayado que analizará esta nueva propuesta y, si es buena para los cántabros, la llevará adelante. Pero, “si son un brindis al sol, como suelen ser muchas de las propuestas del PSOE”, explicará a los ciudadanos de la región “que no es razonable” adherirse.

Aún así, Media ha destacado que, “como cualquier propuesta del Ministerio de Transportes”, el Ejecutivo regional lo analizará y tomará una decisión.

Además, ha puntualizado que Cantabria, antes de que el Gobierno de España informara que iba a continuar con los descuentos, ya anunció que iba a continuar con esta medida. “Eso lo hemos hecho a lo largo y ancho de toda Cantabria dentro de lo que son nuestras competencias”, ha apostillado.

Por último, ha insistido en que todas las medidas, “siempre que sean buenas para los ciudadanos de Cantabria”, el Gobierno autonómico las respaldará.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado las obras de reforma de la antigua Casa del Maestro de Herada de Soba, una actuación financiada íntegramente por su departamento con una subvención de 50.333 euros.

La intervención ha permitido mejorar y renovar las instalaciones del edificio, que podrá continuar utilizándose para el desarrollo de actividades sociales y culturales.

Los trabajos han incluido la redistribución de los espacios interiores, la renovación de los suelos y del baño, la instalación eléctrica y de agua y saneamiento, así como la preinstalación de la cocina. También se ha sustituido la carpintería exterior y la puerta de acceso y se han incorporado nuevos elementos de aislamiento e instalaciones de bajo consumo.

La reforma se ha financiado a través de la línea de subvenciones del Gobierno de Cantabria destinada a ayuntamientos y juntas vecinales para financiar inversiones en edificios de titularidad pública municipal, tanto para uso general como para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

Media ha visitado los trabajos junto con el director general de Vivienda, Carlos Montes; el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, y otros miembros de la Corporación municipal, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,15 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación del firme en la autovía A-43, entre los km 0 y 17, a su paso por los términos municipales de Ciudad Real, Miguelturra, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava, en la provincia ciudadrealeña. Próximamente se publicará el anuncio de licitación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto de la actuación es la rehabilitación superficial del firme de este tramo de la A-43, con el fin de mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios y resolver las patologías detectadas en el pavimento.

Los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerá del grado de deterioro detectado.

Asimismo, se realizará la reposición de las marcas viales que hayan sido afectadas por las obras.

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria iniciará próximamente la licitación de las obras de construcción del nuevo puente del Cristo, en Carasa (Voto), que supondrá una inversión autonómica estimada de 7,13 millones de euros.

La previsión es que el proyecto se licite “en los próximos meses” y que la adjudicación e inicio de las obras sea antes fin de legislatura (mayo 2027).

El proyecto contempla tanto la demolición del actual puente como la construcción de una nueva estructura sobre la ría de Rada, que mejorará las comunicaciones de Voto con Bárcena de Cicero y la Autovía del Cantábrico A-8.

Así lo ha adelantado este jueves el titular del ramo, Roberto Media, en un comunicado en el que ha explicado que el proyecto constructivo ya está redactado y en fase de supervisión.

Una vez supere este trámite administrativo, la Consejería procederá a su aprobación definitiva e iniciará el proceso de contratación de los trabajos.

Media se lo ha trasladado así al alcalde de Voto, Santiago del Campo, durante una reunión para analizar actuaciones de Fomento en el municipio, como el puente del Cristo, “el proyecto de legislatura más importante” en el municipio.

Con él se atenderá una reivindicación “histórica” de los vecinos y se dotará a Voto de una nueva infraestructura “estratégica y necesaria para contribuir al desarrollo económico y social de toda la zona”. Por su parte, el regidor municipal ha afirmado que es “una de las obras más importantes de la historia” de Voto.

Otras actuaciones

El consejero y el alcalde también han repasado otras actuaciones que “próximamente” acometerá Fomento en el municipio, como el asfaltado de varias zonas en la carretera de Rada o la ejecución de un parque infantil en la localidad de Secadura, ambas a través de sendos contratos menores.

Además, el Servicio de Vías y Obras ejecutará obras de mejora de la carretera que une las localidades de Vidular y Nates.

Por otro lado, Media se ha comprometido con Del Campo a iniciar los trámites para arreglar un camino entre Bádames y Padiérniga, así como a ejecutar una cubierta en el parque infantil de Bádames cuyos trabajos contarán con una inversión de unos 100.000 euros.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha suscrito junto a sus homónimos de otras once comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla una declaración institucional conjunta que exige de forma urgente al Gobierno de España la adopción de medidas estructurales, financiación suficiente y un diálogo real frente al impacto de los incendios forestales, sequías y fenómenos meteorológicos extremos.

En una nota de prensa, Media ha remarcado que la prioridad absoluta de las administraciones en este momento de la temporada estival es responder a las emergencias, extinguir los incendios y atender a las personas e infraestructuras damnificadas.

Además, ha advertido de que minimizar el efecto “devastador” de estos riesgos requiere “anticipación, medios, infraestructuras y un marco normativo adaptado a la realidad del territorio, y no meras imposiciones ideológicas o documentos unilaterales lanzados sin consenso ni memoria económica”.

“Un verdadero Pacto de Estado no nace de una decisión unilateral del Ministerio ni de una simple solicitud de firmas a las comunidades autónomas”, ha defendido el titular de Medio Ambiente, quien exige un diagnóstico compartido, una memoria económica rigurosa, una negociación real, un calendario de ejecución claro y su debate y aprobación en las Cortes Generales.

“Hace diez meses tendimos la mano con propuestas concretas y el Gobierno de España ha dado la callada por respuesta a 12 autonomías que representan al 70% de la población española”, ha aseverado Media. Por otro lado, ha puesto énfasis en la urgencia de defender y revitalizar el medio rural como principal herramienta de conservación ambiental.

Según recoge la declaración, “durante ocho años el Gobierno central ha abandonado al mundo rural, ha olvidado las consecuencias de la despoblación, ha disminuido los medios de extinción -especialmente los aéreos- y ha paralizado las inversiones hidráulicas indispensables”.

En este sentido, Media ha indicado que la mejor política ambiental empieza por el territorio y no consiste en enfrentar la conservación ecológica con quienes viven y trabajan en los pueblos.

“Pueblos vivos significan montes vivos, y montes limpios y gestionados significan la mayor garantía de protección para nuestras familias y nuestro patrimonio natural frente a las emergencias. No se puede utilizar un problema tan serio como el cambio climático como pantalla para ocultar la falta de inversión y la imposición normativa”, ha añadido.

Asimismo, el consejero ha subrayado que la política de mitigación de emisiones de CO2 es un reto internacional -donde España representa el 0,6% global- que no debe desplazar la responsabilidad directa del Ejecutivo central en materia de adaptación y protección civil frente a los riesgos climáticos en el suelo español.

Solicitudes

Las doce comunidades autónomas y ciudades autónomas firmantes han formalizado un bloque de cuatro exigencias directas al Ejecutivo central.

Así, reclama respuesta urgente y formal a las propuestas detalladas y alternativas ya planteadas por las comunidades autónomas en octubre de 2025; convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abrir una negociación multilateral real, transparente y leal; mesa de trabajo sobre propuestas consensuadas --que el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal presentado en agosto de 2025 y la Declaración Conjunta Autonómica de octubre de 2025 constituyan la base de trabajo para este diálogo--; y tramitación parlamentaria y dotación económica, que el texto resultante de la negociación sea remitido a las Cortes Generales para su debate, negociación y aprobación.

El Gobierno de Cantabria ha reiterado que el Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales propuesto debe abordar los grandes pilares de la gestión ambiental de forma integral durante los 12 meses del año.

Entre ellos, la recuperación de una gestión forestal activa y eliminar restricciones burocráticas e ideológicas a los usos tradicionales; el incremento y modernización de los medios de prevención y extinción, reforzando la cobertura de medios aéreos estatales; la ejecución prioritaria de las obras hídricas pendientes para hacer frente a episodios extremos de sequía e inundaciones; dotación de recursos para aplicar de forma ágil y rigurosa el marco penal y sancionador que protege el patrimonio natural; y la garantía de una financiación estable y criterios objetivos de reparto entre las administraciones bajo un único marco operativo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ha licitado tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara) para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán mañana, 31 de julio, en la página web de GICAMAN y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la Avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la Avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el Paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Se valorará la eficiencia energética y la accesibilidad

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha subrayado que “estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha destacado que “los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios”.

La responsable de GICAMAN ha asegurado que “con estas dos nuevas licitaciones, GICAMAN continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo”.

El Comité Comarcal del PRC en los Valles Pasiegos ha exigido este jueves al Gobierno de Cantabria (PP) que “cumpla” tras la licitación de la redacción de los proyectos para mejorar la carretera entre Entrambasmestas y Vega de Pas, que acumula “más de dos años de retrasos y reiterados incumplimientos de los plazos fijados por el consejero de Fomento, Roberto Media”, ha denunciado en un comunicado.

Aunque valoran el trámite que el Ejecutivo ha puesto finalmente en marcha, los regionalistas han recordado que la redacción del proyecto fue anunciada por Media en octubre de 2023 con una inversión de 18,5 millones de euros, pero en marzo de 2024 la redujo a 10 millones y comprometió el proyecto para 2025.

“Finalmente se ha licitado en julio de 2026 y nos parece una buena noticia para la comarca, por lo que estaremos vigilantes para que no se produzcan nuevos incumplimientos ni retrasos”, han anunciado.

El PRC ya exigió en marzo el desbloqueo de esta actuación, que ahora ha sido dividida en dos proyectos y dotada de la inversión de 18,5 millones prevista en un principio, con la previsión de licitar las obras en 2027. “Nos parece muy positivo que nuestra reclamación haya contribuido a impulsar unos trámites que llevaban demasiado tiempo pendientes”, han precisado.

Asimismo, han reivindicado una reforma integral que acabe con los estrechamientos, las curvas y los problemas de visibilidad y seguridad del trazado actual y contemple una senda peatonal y un carril bici para conectar con La Engaña.

En este sentido, han cuestionado que los proyectos anunciados por el Gobierno no incluyan referencia alguna a esas infraestructuras, una ausencia que consideran “difícil de justificar tras la reciente inauguración del acceso al túnel de La Engaña, presentado como vía verde y pieza fundamental de la estrategia turística para los Valles Pasiegos”.

A su juicio, si el Gobierno quiere convertir La Engaña en un referente turístico y atraer visitantes vinculados al cicloturismo y al disfrute de la naturaleza, “debe garantizar también una conexión segura y continua para llegar hasta allí”. “No basta con pintar de verde el asfalto y llamarlo vía verde si después no existe una red ciclista que permita acceder al entorno con seguridad”, han afirmado.

Por ello, propone aprovechar la mejora de la carretera para “estudiar soluciones que contribuyan a la movilidad sostenible y conecten los recursos turísticos de la comarca, sin olvidar que la carretera debe responder, ante todo, a las necesidades de seguridad y comunicación de los vecinos”.

A este respecto, el PRC ha recordado que ya propuso hace tiempo estudiar la conexión entre la Vía Verde del Pas y el túnel de La Engaña para crear una gran red destinada a ciclistas y senderistas, propuesta que fue descartada por su coste.

“Resulta contradictorio que se descarte por su coste el estudio de una conexión estratégica para toda la comarca y, al mismo tiempo, se asuma un sobrecoste de alrededor de 1,5 millones de euros en una actuación que parece una autopista, por más que el Gobierno se empeñe en presentarla como una vía verde y un referente de turismo sostenible”, han concluido.

El Pleno de Reocín ha aprobado, con los votos a favor del PRC, la abstención de PSOE y PP, y en contra de Vox, la alternativa para la supresión del paso a nivel de las vías de FEVE en Puente San Miguel. Se trata del primer paso para el convenido que el Ayuntamiento firmará con el Gobierno de Cantabria y Adif, que asumirán el coste de la obra al considerarse la supresión de un paso a nivel prioritario.

El alcalde, Pablo Diestro (PRC), ha explicado en el Pleno celebrado este lunes -del que ha informado este martes el Partido Regionalista- que la solución adoptada “mejora considerablemente la situación actual y se consigue el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y ciclistas”.

Para ello se hará un paso inferior de unos 12 metros de anchura y alturas de techos también amplias, con accesibilidad y manteniendo las plazas de aparcamiento en la zona de estacionamiento.

Como ha señalado el regidor, es una alternativa a la que se ha llegado “después de poner sobre la mesa muchas opciones”, como intentar mantener el tráfico de vehículos también por debajo de las vías.

Según ha explicado el alcalde, la carretera principal para los vehículos será un nuevo vial que se va a ejecutar en la zona de la Mies de La Veguilla, cuando se suprima el paso a nivel en ese punto, cuyo proyecto ya está también en avanzado estado de reacción. Ese vial, de doble sentido, quedará conectado con el parking y contará con zona peatonal y alumbrado.

“Tendríamos también, al menos de forma temporal, el acceso por la calle de La Gloriosa, junto a la Finca de Botín”, cuyo inconveniente es la estrechez en su último tramo. Por eso, el alcalde ha avanzado que, cuando llegue el momento, se estudiará la posibilidad de dejar una vía de sentido único.

De esta forma, ha dicho, se podría hacer “un tipo de circunvalación” para garantizar también la seguridad de los peatones, con aceras y un vial “con garantías de que no los vehículos no van a tener problemas de encontrarse con un autobús o con un camión”.

Algo que genera problemas actualmente porque “ensanchar la carretera es inviable: hay muchas viviendas que están adosadas a la carretera y no es cuestión tampoco de demoler todo el barrio para hacer una carretera”, ha afirmado Diestro.

En el Pleno, desde la oposición se han planteado algunas de las opciones citadas y desechadas por su inviabilidad o por ser más perjudiciales para los intereses de Puente San Miguel y sus vecinos, ha indicado el PRC.

En la sesión plenaria ordinaria de julio también se ha aprobado el nombramiento de Merino Mayor de los Nueve Valles a la Asociación El Pleito de los Nueve Valles, que se entregará el 28 de julio, dentro de los actos del Día de las Instituciones. El alcalde ha valorado que la Asociación del Pleito de los Nueve Valles lleva ya 10 años trabajando para poner en valor el Día de las Instituciones de Cantabria, en el que participan en cada edición con una representación sobre su origen, además de que “tratan de acercar el Día de las Instituciones, acercar nuestra historia, a todos los escolares de Cantabria, con una ruta que se viene haciendo durante todo el año y con visitas guiadas durante la semana de esa celebración”.

El nombre de la Asociación El Pleito de los Nueve Valles se valoró ya el año pasado en el pleno, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, y se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto Vox, que se ha abstenido.

La sesión ha concluido con el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Vox sobre el inminente cierre del tanatorio municipal, que resultó rechazada, y el capítulo de ruegos y preguntas.

El PSOE de Castilla-La Mancha confía en que la conexión ferroviaria de la línea de AVE Madrid-Jaén se haga a través del tramo Mora-Alcázar de San Juan, ya que el ministro Óscar Puente “se comprometió a que saliera adelante”.

La diputada del PP de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales, Ana María Cantarero, ha preguntado este jueves al consejero de Fomento, Nacho Hernando, qué actuaciones, reuniones y compromisos ha mantenido el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Ministerio de Transportes en relación a la planificación y ejecución de la infraestructura para conectar la línea de AVE Madrid-Jaén a través de la provincia de Toledo y Ciudad Real por Alcázar de San Juan.

La pregunta parlamentaria se produce después de una intervención del ministro Óscar Puente hace pocas semanas en el Senado, también a preguntas del PP, en la que aseguró que su departamento apuesta por la conexión con Jaén a través del baipás de Montoro (Córdoba) para el trazado del futuro AVE Madrid-Jaén y no por Alcázar de San Juan por razones “técnicas”.

Hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento asegura que “para nosotros las últimas declaraciones de Óscar Puente no paran un tren”, en alusión a la posición que defiende el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que expresó días atrás el propio presidente regional Emiliano García-Page. “Las últimas declaraciones de Óscar Puente para mí no cuentan”, incidía hoy el consejero.

Hernando ha hecho hincapié en que “lo que cuenta es el compromiso institucional al que se acogió el pasado 8 de abril ante los alcaldes y alcaldesas de nuestra tierra” donde “se comprometió a que esta infraestructura saldría adelante”.

Por otra parte, el socialista ha instado al Partido Popular a “acordar una declaración institucional o una resolución en un debate general para poner esto por escrito” de tal manera que los castellanomanchegos “vean que el PP y el PSOE defendemos junto con plataformas locales y asociaciones esta decisión”.

Concentraciones el 20 de junio en Alcázar de San Juan

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha ha convocado una nueva manifestación el próximo 20 de junio a las 11:30 horas en la plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para reclamar que la futura conexión ferroviaria Madrid-Jaén incluya el paso por la comarca y rechazar el proyecto de baipás previsto en Montoro (Córdoba). La movilización, respaldada por numerosas instituciones y colectivos de Castilla-La Mancha y Andalucía, busca mantener la presión sobre el Ministerio de Transportes para que retome el tramo Mora-Alcázar de San Juan y garantice la vertebración de la Mancha.

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha admitido que le “resulta dificilísimo hablar de cualquier cosa con el Ministerio” de Transportes y Movilidad Sostenible y ha expresado su deseo de que esa relación fuera diferente para poder llegar “a más acuerdos, a más entendimientos, a poder sacar adelante más proyectos”.

“Debería haber muchísima más relación bidireccional entre Castilla-La Mancha y el Ministerio. Yo al menos la busco, otra cosa es que no la encuentro siempre”, ha reconocido Hernando en una entrevista con Europa Press, en la que reflexiona con que hay “mucho en cartera y esto requiere de una mayor agilidad y de una mayor comunicación”.

Al respecto, recuerda que todavía está pendiente un encuentro entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “al cual se comprometieron desde el Ministerio” y sobre el que todavía no ha recibido contestación.

Esto es un compromiso y además es una reivindicación histórica

A su juicio, “debe haber mucha más relación, sobre todo porque luego ha habido veces que hemos podido ofrecerle soluciones que luego han entendido que eran positivas” como cuando la región planteó dividir el tramo del AVE desde Extremadura hasta Madrid “en cuatro tramos distintos para que fueran mucho más manejables”, o cuando “dijeron que era una estupidez desvincular la electrificación de la vía convencional de Talavera-Madrid” pero luego el Ministerio lo ha hecho.

“Yo lo único que pido es que si nos vamos a terminar poniendo de acuerdo que no sea años después ni ministros después, sino que pudiera ser en una relación infinitamente más directa, sobre todo porque tengo la sensación de que las reuniones que sí hemos podido mantener, que cuando hemos podido plantear nuestros argumentos, nuestros argumentos son de peso y razonados y no son ocurrencias, sino que tienen que ver con el trabajo que hacemos de los documentos y de los textos y del conocimiento de nuestra tierra”.

Alegaciones al AVE de Toledo

Preguntado por el estudio informativo del trazado del AVE Madrid-Lisboa que ha planteado el Ministerio, ha indicado que “en ningún caso puede ser una alternativa al AVE a su paso por Toledo, porque luego va a entroncar en la línea convencional” y que el ramal propuesto en Bargas, de apenas 18 kilómetros, no permite, en la práctica, “ni acelerar para luego desacelerar”. “Pueden decir misa”, zanja.

En opinión de Hernando, “gastarte la friolera de casi 400 millones de euros para una solución de apenas dos años, con un sitio con enorme protección medioambiental es para pensar esto un poco más. Yo entiendo que tiene que haber capilaridad en la red, entiendo que tiene que haber alternativas de emergencia” pero “todo en una cierta dimensión y proporcionalidad y siendo conscientes de las limitaciones”.

Vamos a seguir reivindicando que se cumpla la palabra dada

El consejero de Fomento insiste en este punto en la necesidad de que hubiera “una mayor comunicación” con el Ministerio, habida cuenta de que, por ejemplo, algunos de los documentos que se han planteado en el estudio informativo para el ramal desde el punto de vista del medio ambiente caducaron el 1 de octubre del año 2025. “Y tuvimos que ser nosotros quienes lo dijéramos al Ministerio porque no se habían dado cuenta”.

Por el momento, tal y como anunció esta semana, la Junta y el Ayuntamiento presentarán alegaciones conjuntas a ese nuevo estudio informativo, aunque por el momento el trabajo se está realizando “entre consejerías”, para poner en común tanto los argumentos técnicos de Fomento como los de Desarrollo Sostenible en materia medioambiental -algo que preocupa “enormemente” en la zona del ramal-, y los de patrimonio por parte de la Consejería de Educación.

El AVE “va a parar en Alcázar”

Respecto a la parada en Alcázar de San Juan del AVE Madrid-Jaén -que el ministro rechazó en el Senado alegando razones técnicas-, Hernando ha recordado que el pasado 8 de abril el propio ministro se reunió con los regidores de Alcázar de San Juan y Manzanares “y se comprometió personalmente” con esa parada en Alcázar, por lo que “no se ha producido en nada ningún argumento de peso que permita ese cambio de opinión”.

“Esto es un compromiso y además es una reivindicación histórica”, ha subrayado el consejero castellanomanchego, que ha asegurado que el AVE “parar va a parar”. “Otra cosa es que no sea una decisión de este ministro o de este gobierno”, ha comentado.

Castilla-La Mancha tiene la suficiente resistencia y conciencia autonómica como para saber que es un proyecto tan importante y de tal envergadura y de tanto calado social y económico que las palabras del ministro no paran un tren

Hernando ha aseverando que Castilla-La Mancha “va a seguir reivindicando que se cumpla la palabra dada”, de entrada no renunciando a ella y no agachando “las orejas” ni acatando “un cambio de opinión injustificado”, convencido de que en torno a este asunto “Castilla-La Mancha tiene la suficiente resistencia y conciencia autonómica como para saber que es un proyecto tan importante y de tal envergadura y de tanto calado social y económico que las palabras del ministro no paran un tren”.

Respecto a las razones técnicas que argumentó Óscar Puente en el Senado para no tener en cuenta la parada del AVE en Alcázar, Hernando tiene claro que se trata “de dinero”, pero “eso no es una razón técnica” sino una cuestión de establecer unas prioridades, “que es la labor de cualquier gobierno, sea el que sea. Pero de ahí a renunciar a que por los siglos de los siglos ya nunca vaya a haber una alta velocidad por esa zona de España, me parece tener las luces muy cortas”.

“Tiene que ser una cuestión de más temprano que tarde y no puede ser que de un mes para otro cambie tanto la situación como para que uno se comprometa con unos alcaldes a una cosa y luego diga totalmente la contraria, no es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas ni en la política ni en la vida”, ha zanjado el titular de Fomento.

AP-41

Por último, en relación a la liberalización de la autopista AP-41, ha declarado que “el Estado lo único que tiene que hacer es renunciar a que una empresa pública cobre de dos clientes apenas 2 millones de euros al año” y “que lo compense con una ayuda dominativa del estado para que la empresa no entre pérdidas”, y ha pedido para la AP-41 “ni más ni menos que lo que ha hecho Óscar Puente en la AP-7, en Alicante”, donde las cifras eran “más sangrantes”.

Desde el punto de vista financiero, “entre gastarte 120 millones de euros en un tercer carril entre Parla e Illescas o dejar de ingresar 2 millones de euros al año”, se ha preguntado si lo que se prefiere es “tener una solución hoy o hipotecarte para 60 años sabiendo que hasta dentro de 15 no está hecha la infraestructura”.

El transporte interurbano en autobús, el que se realiza entre ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha, será gratuito desde hasta los 14 años en la comunidad autónoma a partir del próximo lunes, día 15 de junio.

Lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en una entrevista con Europa Press, en la que ha detallado que para acceder a esta gratuidad, los menores simplemente tendrán que presentar su carné de identidad.

El consejero ha valorado la importancia de una medida como esta especialmente en una región como Castilla-La Mancha donde “es tan importante la movilidad, especialmente para la gente más joven”. La iniciativa de la Consejería de Fomento podrá beneficiar a unas 289.000 personas.

Otras bonifidaciones para población juvenil

La orden que regula estos descuentos, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros, ya se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En la resolución, junto a la gratuidad hasta los 14 años, se incluye un descuento del 50% en títulos multiviaje y abonos dirigidos a la población juvenil, así como una reducción del 40% en el precio final de venta de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, existentes desde el 30 de noviembre de 2025.

El Gobierno de Castilla- La Mancha está preparando “toda una serie de reformas normativas” que tendrá como objetivo “agilizar trámites urbanísticos y movilizar el suelo disponible” en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha clausurado la asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), junto con el presidente de esta organización, Manuel Carmona.

El anuncio se produce después de que hace unos días se aprobase el Plan de Vivienda del Gobierno de España por el que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones de euros.

Hoy Hernando ha puesto de relevancia “esta serie de medidas que vienen a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones hoy en día como es la vivienda y que están contempladas en la Agenda de Acción por la Vivienda que está impulsando el Gobierno de García-Page”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que “estamos trabajando para desarrollar las modificaciones e innovaciones normativas para la movilización del suelo y la agilización de trámites urbanísticos incluidos en el cuarto pilar de la Agenda”.

Cambios en la LOTAU, suelos rústicos y el planeamiento urbanístico

De esta manera, se plantean innovaciones y modificaciones concretas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística, a fin, ha destacado el consejero de Fomento “de garantizar una gestión urbanística más ágil y eficaz en los municipios de Castilla-La Mancha, proporcionando seguridad jurídica, eficiencia administrativa y un marco normativo adaptado al metabolismo propio de los municipios de la región”.

Así, Hernando ha asegurado que “los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos; favorecer la regeneración urbana frente a la dispersión urbanística; el impulso del desarrollo económico equilibrado, garantizando la sostenibilidad territorial; y la activación del medio rural”.

De esta manera, ha remarcado “a través de este marco de actuaciones, el urbanismo deja de ser una barrera para convertirse en el motor que incrementa la oferta de suelo, proporcionando seguridad jurídica y un marco adaptado a la urgencia de los municipios que afrontan el reto demográfico”.

Los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos o favorecer la regeneración urbana

Además, el consejero de Fomento ha recordado que “hace unas semanas, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha con el que se podrán formar en distintos aspectos relacionados con el sector de la construcción hasta 2.500 alumnos al año”.

El anuncio coincide con protestas por la situación de la vivienda en Toledo

Precisamente hoy, en este barrio toledano, conocido popularmente como el Polígono, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad junto a colectivos sociales y estudiantiles y apoyados por IU, Movimiento Sumar, UGT y CCOO, han marchado desde la calle río Guadalmena, 86, donde existe una promoción pública sin acabar desde hace años, cuyo titular es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se han dirigido hasta las puertas de la empresa pública GICAMAN donde han exigido viviendas asequibles en la ciudad y frenar los desahucios previstos en otra promoción pública de la calle río Yedra, 8, prevista para el próximo mes de junio, o al menos proporcionar una alternativa habitacional a una madre y sus cinco hijos, afectados por el lanzamiento.

También reclaman medidas al Ayuntamiento de Toledo contra la turistificación que está expulsando a vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo o de barrios como Santa Bárbara y Palomarejos.

Una nueva resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha vuelve a matizar algunos aspectos de la autorización que permitirá ampliar las instalaciones del parque temático Puy du Fou en Toledo.

El proyecto de ampliación, lo que formalmente se denomina 'Innovación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque, continuará adelante aunque hoy el Ejecutivo castellanomanchego publica de nuevo un documento sobre los requisitos relacionados con el ámbito urbanístico. La ampliación en unos 36.000 m2 más está prevista en ocho fases hasta 2035, e incluye un total de 25 nuevos edificios, además de otras instalaciones, con tres hoteles y centros de formación y deportivos.

La Consejería de Fomento advierte que, puesto que las obras que realizará la multinacional francesa afectan al dominio público hidráulico, al viario, a caminos de titularidad municipal o a infraestructuras y servicios que dependen de otros operadores, su ejecución “deberá contener las autorizaciones de las empresas y los órganos competentes”.

Además, la empresa promotora deberá proceder a la reposición de las obras y servicios de titularidad pública que pudiesen verse afectados y cumplir con las condiciones que estipulan tanto la Declaración Ambiental Estratégica como en la Declaración de Impacto Ambiental. En este aspecto, Fomento se remite a lo ya aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La resolución mira también hacia el Ayuntamiento de Toledo. “Puesto que la presente Innovación de PSI está promovida por una entidad privada y afecta a un único término municipal”, deberá ser el ayuntamiento el que apruebe los “proyectos técnicos” que se desarrollen.

Son condiciones recogidas en el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 30 de abril de 2026.

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo en la comunidad autónoma.

La propuesta que se ha debatido modifica la Ley 2/2002 que regula las diversas modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. Las personas arrendadoras deberán depositar la fianza del alquiler ante la Administración pública, en el recién creado ‘Depósito de Fianzas’. Un depósito que será gratuito, sin intereses y se considerará un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Fomento dispondrá hasta el 80 por 100 del importe total de esos depósitos y reservará, al menos, el 20 por 100 restante para las devoluciones (urgentes) que procedan. Mientras se mantiene el contrato de alquiler ese dinero no permanecerá inmóvil.

Se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, a actuar en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana, al fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción, a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda, a cooperar con los ayuntamientos para el impulso de actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana y a otras cuestiones como como avales, garantías públicas y ayudas en general para mejorar el acceso a la vivienda.

Además, hay otro cambio relacionado en este caso con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) que se refiere al suelo de equipamiento público residencial destinado a “satisfacer las necesidades temporales de vivienda”, no solo para colectivos vulnerables, sino que se abre el abanico de posibles beneficiarios.

La vivienda dotacional pública es la que se construye sobre suelos de titularidad pública calificados urbanísticamente como sistema general o local de equipamientos. La norma permite la construcción de viviendas públicas de titularidad temporal mediante alquiler u otra fórmula temporal.

Se destinarán a residencia habitual de personas cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado. De esta fórmula quedan excluidos los duelos dotacionales de titularidad privada, los destinados a zonas verdes y espacios similares.

PSOE: la ley supone “esperanza” para los jóvenes

El diputado toledano del PSOE Álvaro Toconar ha sido el encargado de presentar la Proposición de Ley destacando que la norma supone “esperanza” para el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para los jóvenes.

También ha citado otra de las medidas planteadas y ya en vigor a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la región 2026: “Préstamos del 20% para hipotecas que no dan los bancos, a tipo cero a los jóvenes”, que recoge la norma o al hecho de que se habrá más suelo para construir vivienda. Son, decía, “dos medidas que no hacen daño a nadie, sino que vienen a proteger proyectos de vida de mucha gente joven”.

La modificación legislativa que hoy se ha presentado, decía, está redactada en “poco más de folio y medio” y así ha justificado el procedimiento de hoy en las Cortes regionales para tramitarla. Se ha producido mediante lectura única, con menos nivel de debate del habitual y sin la posibilidad de presentar enmiendas. “No es capricho, sino una decisión de los servicios jurídicos de la Cámara”, ha defendido.

Toconar aseguraba ante el plenario que la norma viene a “aportar soluciones y luz” y por eso ha pedido en varias ocasiones el apoyo a los diputados de PP y Vox. “Esta ley es mejor que las que se están aprobando en otras comunidades donde gobierna el PP con o sin el apoyo de Vox”. Por eso, añadía, ha confiado en que “no les parezca bien que la gente joven pague el 100% de la hipoteca en vez de ahorrarse el 20%”.

Después se ha referido a la medida para aportar suelo al mercado inmobiliario que permita construir vivienda, “sujeta a algún tipo de protección pública”. El diputado socialista ha apelado a la “intervención en el mercado no solo para quienes menos ingresos tienen, sino para la gente en general. Hoy muchos con una situación aceptable no pueden acceder a la vivienda”, recordaba.

También ha reivindicado “valentía política”, no con la fórmula de hacerlo “a voces” sino “con el consenso y la vanguardia que es lo que ofrecemos”. Ha insistido en este punto en pedir “unanimidad” en el Parlamento regional que han rechazado PP y Vox.

PP y Vox calcan argumentos para rechazar las medidas

El diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno ha criticado la forma de presentar la ley. “Es un acto de desprecio de estas Cortes al no permitir que se presenten enmiendas” y también ha cargado contra el “fondo” de lo que busca regular.

Ha calificado la ley de “engaño”. En su opinión, solo sirve al Gobierno regional “para sacar un titular” porque “no contiene ni una solo medida urgente ni eficaz para los jóvenes”. Moreno ha sugerido que se trata de una medida electoralista porque “Page ha incumplido sus compromisos. Anunció 50.000 viviendas que se rebajaron a 30.000 y después a 10.000. La realidad es que no han construido ni 1.000 en diez años”.

El diputado se ha preguntado por qué el Gobierno regional no incluyó estas medidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2026, recientemente aprobada. Cree que ha sido algo “intencionado” además de “oportunismo político”.

El diputado de ultraderecha ha llamado al presidente regional “Emiliano García-Fraude” durante su intervención. En su opinión, las medidas de su gobierno “no favorecen el acceso a la vivienda”.

En concreto ha rechazado que se “imponga” el depósito obligatorio de la fianza en el proceso de alquiler de la vivienda. “Es dinero privado que a ustedes no les pertenece.  La Junta podrá disponer del 80% de esos fondos que son privados, insisto”, ha comentado durante su intervención. “Pretenden financiarse con las fianzas depositadas por el arrendador”, ha criticado, mientras “la vivienda en Castilla-La Mancha sigue encareciéndose”.

En este punto ha aprovechado para colar la agenda de Vox con la manida “prioridad nacional” para los españoles frente a “los que acaban de llegar” y en su argumento ha llegado a mezclar vivienda con niños y niñas migrantes, durante su intervención parlamentaria.

La diputada del PP Carolina Agudo se ha mostrado también muy crítica, y ha utilizado el mismo argumento que Vox para rechazar la propuesta. Cree que esta ley “es una operación de ingeniería jurídica” que quiere “usar el dinero de las familias para financiarse”.

Ni Vox ni el PP han contado que la medida para que la fianza del alquiler sea depositada ante la Administración pública busca que quien pague el alquiler tenga ese dinero garantizado. Un depósito que será devuelto al finalizar el contrato de alquiler y mientras será utilizado por el Gobierno regional precisamente para implementar medidas relacionadas con la vivienda.

La diputada ‘popular’ también ha criticado que la norma busque “abrir una vía excepcional” para liberar más suelo y construir vivienda y que no se haya aprovechado para modificar la Ley de ordenación del territorio y la actividad urbanística (LOTAU) o de la Ley del Suelo. “El modelo del PSOE quiere invertir el orden de la construcción, primero se dota de servicios y luego se construye. Page quiere hacer lo contrario”.

En opinión Agudo el Gobierno regional “quiere avanzar hacia un modelo de control” mientras que “nosotros queremos un modelo de libertad y de protección de la propiedad privada”.

Como Vox, el PP tampoco cree que vaya a solucionar el problema de la vivienda. “Lo que definen como la esperanza de muchos jóvenes de Castilla-La Mancha es folio y medio”, decía, de una iniciativa de “papel mojado” y opina que “el Gobierno de Page solo sabe anunciar, pero no gestionar y no tiene ni idea de lo que hacer con las políticas de vivienda”.  

También, al igual que Vox, ha criticado la forma en la que se ha debatido esta proposición de ley que es, dice, “una auténtica chapuza”. Ha reivindicado el “derecho” de la oposición para enmendar leyes y ha asegurado que “esto no es política de vivienda” sino “un parche”.  

Agudo ha llegado a asegurar que la normativa que presenta es Gobierno regional es una “copia” de la propuesta presentada por el presidente del PP, Paco Núñez. “Pues no les queda otra que votar a favor”, ironizaba el diputado socialista, para negar a continuación que eso sea así.

Hernando a PP y Vox: “Abandonen el espíritu de trinchera”

Nacho Hernando ha cerrado el turno de intervenciones asegurando notar a los partidos de la oposición “un tanto rabiosos” para, a renglón seguido, pedir que abandonen “el espíritu de trinchera” y su apoyo a la construcción de vivienda. “Lo único que hacen ustedes es construir un muro”.

“Me dolería mucho que no apoyasen la ley y después estuvieran, en sus consultorías y asesorías, tramitado préstamos de tipo cero porque también se están oponiendo a la regularización de migrantes y luego vemos cómo concejales del PP en Escalona y en El Casar de Escalona la tramitan”. Por eso pedía “coherencia”.

“Va a dar la sensación cuando voten en contra, que votarán en contra de la gente joven y de que puedan disponer de unos préstamos tipo cero y de que los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por ustedes, puedan contar con aún más suelo que van a poder gestionar para ofertar más viviendas a sus vecinos y a sus vecinas”, argumentaba el consejero.

Después, ha afirmado que buscarán “dinero debajo de las piedras y no será a través de los impuestos” y ha rechazado las críticas a la nueva modificación legislativa.

“Tenía que ser una ley exprés y les digo por qué: estamos haciendo algo que no hace nadie en España” para paliar la problemática relacionada con la vivienda, defendía el consejero. “La homeopatía ya no funciona y hay que acudir a cirugía mayor”, comentó introduciendo una de sus habituales metáforas. En este punto ha afeado a PP y Vox que no se muestren predispuestos a pactar sobre el “principal problema social” que es la vivienda.

En su opinión, “tan urgente es esta ley que no nos vamos a esperar a que Europa despierte”. El consejero ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevos fondos europeos “para invertir en materia de vivienda lo que hay que invertir, que es mucho”. En su opinión, “el problema de la vivienda afortunadamente se resuelve con dinero”.

Ha defendido también que “en lugar de tener el dinero de las fianzas muerto de asco, queremos que el dinero retorne a las familias y no que duerma el sueño de los justos en una cuenta bancaria sin que nadie lo pueda usar y garantizando la liquidez. ¿Que se piensa usted, que soy el gestor de las cuentas de Vox? Soy infinitamente más responsable y transparente”, ironizaba.

Después ha justificado la necesidad de habilitar más suelo “porque el disponible ya se ha utilizado” y en este aspecto ha comentado que en la actualidad hay 18.300 visados de obra nueva y que el 20% de las viviendas tendrá algún tipo de protección. Ha citado en concreto 170 viviendas con protección pública que se construirán en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en colaboración con el ayuntamiento.

No ha obviado el argumento de Vox sobre quién debe acceder antes a las viviendas. “Lo de la prioridad nacional… ¿Se imagina que aplicásemos el criterio en las Cortes de Castilla-La Mancha para los que acaban de llegar? Porque ustedes acaban de llegar y no me plantea ningún dilema. ¿O damos menos minutos de intervención en los debates para Vox porque acaban de llegar? ¿Es eso lo que plantean?”, preguntaba al partido ultra.

Ustedes hablan de prioridad nacional y quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia

Nacho Hernando — Consejero de Fomento

Hernando ha seguido insistiendo en esta cuestión. “Quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia. O que los que quieren eliminar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales… a la cola. ¿Ven cómo es absurdo?”, preguntaba a Vox.“Nos diferenciamos en que yo sí defiendo los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y ustedes todo lo contrario”.

Nacho Hernando ha pedido además “corregir el lapsus con el apellido del presidente”, al que el diputado de Vox había llamado ‘Emiliano García-Fraude’. “No creo que deban tener ese tipo de lenguaje soez y malsonante. Son ustedes de risita cobarde”, ha dicho, al “insultar” en el Parlamento regional.