El Gobierno de Castilla- La Mancha está preparando “toda una serie de reformas normativas” que tendrá como objetivo “agilizar trámites urbanísticos y movilizar el suelo disponible” en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha clausurado la asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), junto con el presidente de esta organización, Manuel Carmona.

El anuncio se produce después de que hace unos días se aprobase el Plan de Vivienda del Gobierno de España por el que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones de euros.

Hoy Hernando ha puesto de relevancia “esta serie de medidas que vienen a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones hoy en día como es la vivienda y que están contempladas en la Agenda de Acción por la Vivienda que está impulsando el Gobierno de García-Page”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que “estamos trabajando para desarrollar las modificaciones e innovaciones normativas para la movilización del suelo y la agilización de trámites urbanísticos incluidos en el cuarto pilar de la Agenda”.

Cambios en la LOTAU, suelos rústicos y el planeamiento urbanístico

De esta manera, se plantean innovaciones y modificaciones concretas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística, a fin, ha destacado el consejero de Fomento “de garantizar una gestión urbanística más ágil y eficaz en los municipios de Castilla-La Mancha, proporcionando seguridad jurídica, eficiencia administrativa y un marco normativo adaptado al metabolismo propio de los municipios de la región”.

Así, Hernando ha asegurado que “los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos; favorecer la regeneración urbana frente a la dispersión urbanística; el impulso del desarrollo económico equilibrado, garantizando la sostenibilidad territorial; y la activación del medio rural”.

De esta manera, ha remarcado “a través de este marco de actuaciones, el urbanismo deja de ser una barrera para convertirse en el motor que incrementa la oferta de suelo, proporcionando seguridad jurídica y un marco adaptado a la urgencia de los municipios que afrontan el reto demográfico”.

Los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos o favorecer la regeneración urbana

Además, el consejero de Fomento ha recordado que “hace unas semanas, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha con el que se podrán formar en distintos aspectos relacionados con el sector de la construcción hasta 2.500 alumnos al año”.

El anuncio coincide con protestas por la situación de la vivienda en Toledo

Precisamente hoy, en este barrio toledano, conocido popularmente como el Polígono, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad junto a colectivos sociales y estudiantiles y apoyados por IU, Movimiento Sumar, UGT y CCOO, han marchado desde la calle río Guadalmena, 86, donde existe una promoción pública sin acabar desde hace años, cuyo titular es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se han dirigido hasta las puertas de la empresa pública GICAMAN donde han exigido viviendas asequibles en la ciudad y frenar los desahucios previstos en otra promoción pública de la calle río Yedra, 8, prevista para el próximo mes de junio, o al menos proporcionar una alternativa habitacional a una madre y sus cinco hijos, afectados por el lanzamiento.

También reclaman medidas al Ayuntamiento de Toledo contra la turistificación que está expulsando a vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo o de barrios como Santa Bárbara y Palomarejos.

Una nueva resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha vuelve a matizar algunos aspectos de la autorización que permitirá ampliar las instalaciones del parque temático Puy du Fou en Toledo.

El proyecto de ampliación, lo que formalmente se denomina 'Innovación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque, continuará adelante aunque hoy el Ejecutivo castellanomanchego publica de nuevo un documento sobre los requisitos relacionados con el ámbito urbanístico. La ampliación en unos 36.000 m2 más está prevista en ocho fases hasta 2035, e incluye un total de 25 nuevos edificios, además de otras instalaciones, con tres hoteles y centros de formación y deportivos.

La Consejería de Fomento advierte que, puesto que las obras que realizará la multinacional francesa afectan al dominio público hidráulico, al viario, a caminos de titularidad municipal o a infraestructuras y servicios que dependen de otros operadores, su ejecución “deberá contener las autorizaciones de las empresas y los órganos competentes”.

Además, la empresa promotora deberá proceder a la reposición de las obras y servicios de titularidad pública que pudiesen verse afectados y cumplir con las condiciones que estipulan tanto la Declaración Ambiental Estratégica como en la Declaración de Impacto Ambiental. En este aspecto, Fomento se remite a lo ya aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La resolución mira también hacia el Ayuntamiento de Toledo. “Puesto que la presente Innovación de PSI está promovida por una entidad privada y afecta a un único término municipal”, deberá ser el ayuntamiento el que apruebe los “proyectos técnicos” que se desarrollen.

Son condiciones recogidas en el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 30 de abril de 2026.

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo en la comunidad autónoma.

La propuesta que se ha debatido modifica la Ley 2/2002 que regula las diversas modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. Las personas arrendadoras deberán depositar la fianza del alquiler ante la Administración pública, en el recién creado ‘Depósito de Fianzas’. Un depósito que será gratuito, sin intereses y se considerará un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Fomento dispondrá hasta el 80 por 100 del importe total de esos depósitos y reservará, al menos, el 20 por 100 restante para las devoluciones (urgentes) que procedan. Mientras se mantiene el contrato de alquiler ese dinero no permanecerá inmóvil.

Se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, a actuar en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana, al fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción, a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda, a cooperar con los ayuntamientos para el impulso de actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana y a otras cuestiones como como avales, garantías públicas y ayudas en general para mejorar el acceso a la vivienda.

Además, hay otro cambio relacionado en este caso con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) que se refiere al suelo de equipamiento público residencial destinado a “satisfacer las necesidades temporales de vivienda”, no solo para colectivos vulnerables, sino que se abre el abanico de posibles beneficiarios.

La vivienda dotacional pública es la que se construye sobre suelos de titularidad pública calificados urbanísticamente como sistema general o local de equipamientos. La norma permite la construcción de viviendas públicas de titularidad temporal mediante alquiler u otra fórmula temporal.

Se destinarán a residencia habitual de personas cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado. De esta fórmula quedan excluidos los duelos dotacionales de titularidad privada, los destinados a zonas verdes y espacios similares.

PSOE: la ley supone “esperanza” para los jóvenes

El diputado toledano del PSOE Álvaro Toconar ha sido el encargado de presentar la Proposición de Ley destacando que la norma supone “esperanza” para el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para los jóvenes.

También ha citado otra de las medidas planteadas y ya en vigor a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la región 2026: “Préstamos del 20% para hipotecas que no dan los bancos, a tipo cero a los jóvenes”, que recoge la norma o al hecho de que se habrá más suelo para construir vivienda. Son, decía, “dos medidas que no hacen daño a nadie, sino que vienen a proteger proyectos de vida de mucha gente joven”.

La modificación legislativa que hoy se ha presentado, decía, está redactada en “poco más de folio y medio” y así ha justificado el procedimiento de hoy en las Cortes regionales para tramitarla. Se ha producido mediante lectura única, con menos nivel de debate del habitual y sin la posibilidad de presentar enmiendas. “No es capricho, sino una decisión de los servicios jurídicos de la Cámara”, ha defendido.

Toconar aseguraba ante el plenario que la norma viene a “aportar soluciones y luz” y por eso ha pedido en varias ocasiones el apoyo a los diputados de PP y Vox. “Esta ley es mejor que las que se están aprobando en otras comunidades donde gobierna el PP con o sin el apoyo de Vox”. Por eso, añadía, ha confiado en que “no les parezca bien que la gente joven pague el 100% de la hipoteca en vez de ahorrarse el 20%”.

Después se ha referido a la medida para aportar suelo al mercado inmobiliario que permita construir vivienda, “sujeta a algún tipo de protección pública”. El diputado socialista ha apelado a la “intervención en el mercado no solo para quienes menos ingresos tienen, sino para la gente en general. Hoy muchos con una situación aceptable no pueden acceder a la vivienda”, recordaba.

También ha reivindicado “valentía política”, no con la fórmula de hacerlo “a voces” sino “con el consenso y la vanguardia que es lo que ofrecemos”. Ha insistido en este punto en pedir “unanimidad” en el Parlamento regional que han rechazado PP y Vox.

PP y Vox calcan argumentos para rechazar las medidas

El diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno ha criticado la forma de presentar la ley. “Es un acto de desprecio de estas Cortes al no permitir que se presenten enmiendas” y también ha cargado contra el “fondo” de lo que busca regular.

Ha calificado la ley de “engaño”. En su opinión, solo sirve al Gobierno regional “para sacar un titular” porque “no contiene ni una solo medida urgente ni eficaz para los jóvenes”. Moreno ha sugerido que se trata de una medida electoralista porque “Page ha incumplido sus compromisos. Anunció 50.000 viviendas que se rebajaron a 30.000 y después a 10.000. La realidad es que no han construido ni 1.000 en diez años”.

El diputado se ha preguntado por qué el Gobierno regional no incluyó estas medidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2026, recientemente aprobada. Cree que ha sido algo “intencionado” además de “oportunismo político”.

El diputado de ultraderecha ha llamado al presidente regional “Emiliano García-Fraude” durante su intervención. En su opinión, las medidas de su gobierno “no favorecen el acceso a la vivienda”.

En concreto ha rechazado que se “imponga” el depósito obligatorio de la fianza en el proceso de alquiler de la vivienda. “Es dinero privado que a ustedes no les pertenece.  La Junta podrá disponer del 80% de esos fondos que son privados, insisto”, ha comentado durante su intervención. “Pretenden financiarse con las fianzas depositadas por el arrendador”, ha criticado, mientras “la vivienda en Castilla-La Mancha sigue encareciéndose”.

En este punto ha aprovechado para colar la agenda de Vox con la manida “prioridad nacional” para los españoles frente a “los que acaban de llegar” y en su argumento ha llegado a mezclar vivienda con niños y niñas migrantes, durante su intervención parlamentaria.

La diputada del PP Carolina Agudo se ha mostrado también muy crítica, y ha utilizado el mismo argumento que Vox para rechazar la propuesta. Cree que esta ley “es una operación de ingeniería jurídica” que quiere “usar el dinero de las familias para financiarse”.

Ni Vox ni el PP han contado que la medida para que la fianza del alquiler sea depositada ante la Administración pública busca que quien pague el alquiler tenga ese dinero garantizado. Un depósito que será devuelto al finalizar el contrato de alquiler y mientras será utilizado por el Gobierno regional precisamente para implementar medidas relacionadas con la vivienda.

La diputada ‘popular’ también ha criticado que la norma busque “abrir una vía excepcional” para liberar más suelo y construir vivienda y que no se haya aprovechado para modificar la Ley de ordenación del territorio y la actividad urbanística (LOTAU) o de la Ley del Suelo. “El modelo del PSOE quiere invertir el orden de la construcción, primero se dota de servicios y luego se construye. Page quiere hacer lo contrario”.

En opinión Agudo el Gobierno regional “quiere avanzar hacia un modelo de control” mientras que “nosotros queremos un modelo de libertad y de protección de la propiedad privada”.

Como Vox, el PP tampoco cree que vaya a solucionar el problema de la vivienda. “Lo que definen como la esperanza de muchos jóvenes de Castilla-La Mancha es folio y medio”, decía, de una iniciativa de “papel mojado” y opina que “el Gobierno de Page solo sabe anunciar, pero no gestionar y no tiene ni idea de lo que hacer con las políticas de vivienda”.  

También, al igual que Vox, ha criticado la forma en la que se ha debatido esta proposición de ley que es, dice, “una auténtica chapuza”. Ha reivindicado el “derecho” de la oposición para enmendar leyes y ha asegurado que “esto no es política de vivienda” sino “un parche”.  

Agudo ha llegado a asegurar que la normativa que presenta es Gobierno regional es una “copia” de la propuesta presentada por el presidente del PP, Paco Núñez. “Pues no les queda otra que votar a favor”, ironizaba el diputado socialista, para negar a continuación que eso sea así.

Hernando a PP y Vox: “Abandonen el espíritu de trinchera”

Nacho Hernando ha cerrado el turno de intervenciones asegurando notar a los partidos de la oposición “un tanto rabiosos” para, a renglón seguido, pedir que abandonen “el espíritu de trinchera” y su apoyo a la construcción de vivienda. “Lo único que hacen ustedes es construir un muro”.

“Me dolería mucho que no apoyasen la ley y después estuvieran, en sus consultorías y asesorías, tramitado préstamos de tipo cero porque también se están oponiendo a la regularización de migrantes y luego vemos cómo concejales del PP en Escalona y en El Casar de Escalona la tramitan”. Por eso pedía “coherencia”.

“Va a dar la sensación cuando voten en contra, que votarán en contra de la gente joven y de que puedan disponer de unos préstamos tipo cero y de que los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por ustedes, puedan contar con aún más suelo que van a poder gestionar para ofertar más viviendas a sus vecinos y a sus vecinas”, argumentaba el consejero.

Después, ha afirmado que buscarán “dinero debajo de las piedras y no será a través de los impuestos” y ha rechazado las críticas a la nueva modificación legislativa.

“Tenía que ser una ley exprés y les digo por qué: estamos haciendo algo que no hace nadie en España” para paliar la problemática relacionada con la vivienda, defendía el consejero. “La homeopatía ya no funciona y hay que acudir a cirugía mayor”, comentó introduciendo una de sus habituales metáforas. En este punto ha afeado a PP y Vox que no se muestren predispuestos a pactar sobre el “principal problema social” que es la vivienda.

En su opinión, “tan urgente es esta ley que no nos vamos a esperar a que Europa despierte”. El consejero ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevos fondos europeos “para invertir en materia de vivienda lo que hay que invertir, que es mucho”. En su opinión, “el problema de la vivienda afortunadamente se resuelve con dinero”.

Ha defendido también que “en lugar de tener el dinero de las fianzas muerto de asco, queremos que el dinero retorne a las familias y no que duerma el sueño de los justos en una cuenta bancaria sin que nadie lo pueda usar y garantizando la liquidez. ¿Que se piensa usted, que soy el gestor de las cuentas de Vox? Soy infinitamente más responsable y transparente”, ironizaba.

Después ha justificado la necesidad de habilitar más suelo “porque el disponible ya se ha utilizado” y en este aspecto ha comentado que en la actualidad hay 18.300 visados de obra nueva y que el 20% de las viviendas tendrá algún tipo de protección. Ha citado en concreto 170 viviendas con protección pública que se construirán en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en colaboración con el ayuntamiento.

No ha obviado el argumento de Vox sobre quién debe acceder antes a las viviendas. “Lo de la prioridad nacional… ¿Se imagina que aplicásemos el criterio en las Cortes de Castilla-La Mancha para los que acaban de llegar? Porque ustedes acaban de llegar y no me plantea ningún dilema. ¿O damos menos minutos de intervención en los debates para Vox porque acaban de llegar? ¿Es eso lo que plantean?”, preguntaba al partido ultra.

Ustedes hablan de prioridad nacional y quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia

Nacho Hernando — Consejero de Fomento

Hernando ha seguido insistiendo en esta cuestión. “Quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia. O que los que quieren eliminar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales… a la cola. ¿Ven cómo es absurdo?”, preguntaba a Vox.“Nos diferenciamos en que yo sí defiendo los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y ustedes todo lo contrario”.

Nacho Hernando ha pedido además “corregir el lapsus con el apellido del presidente”, al que el diputado de Vox había llamado ‘Emiliano García-Fraude’. “No creo que deban tener ese tipo de lenguaje soez y malsonante. Son ustedes de risita cobarde”, ha dicho, al “insultar” en el Parlamento regional.

El próximo 31 de mayo las oficinas de rehabilitación de vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre, tal y como ha confirmado la Consejería de Fomento a elDiario.es.

La razón estriba en que el Ministerio de Vivienda que dirige precisamente la castellanomanchego Isabel Rodríguez no puede seguir sufragándolas porque ha expirado el plazo de los fondos europeos Next Generation con las se sufragaban.

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha en junio de 2022 con el objetivo de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

Estos espacios realizan trabajos de difusión, información y asesoramiento de las ayudas para la rehabilitación de viviendas que existen en Castilla-La Mancha procedentes de los fondos europeos Next Generation. El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

Desde la primera inauguración de la oficina de Toledo hace cuatro años, se han ido inaugurando nuevas sedes hasta completar casi una docena: dos en cada una de las cinco provincias y otras en Talavera de la Reina y Puertollano.

Oficinas en las sedes de colegios profesionales de arquitectos

En estas oficinas, habilitadas en muchos casos en las sedes de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, también se encargan de poner en contacto a los solicitantes de ayudas a la rehabilitación con los más de un millor de “agentes rehabilitadores” de Castilla-La Mancha.

Se trata del modelo “llave en mano” del que había hecho gala el Gobierno regional y que ayer mismo volvía a mencionar el consejero de Fomento, Nacho Hernando, con motivo de la presentación del nuevo 'Plan de Acción para la Vivienda' en esta comunidad autónoma.

Mediante este modelo, toda la carga administrativa y técnica que conlleva realizar una obra de rehabilitación y solicitar y tramitar una ayuda, no recae en ningún caso en comunidades de propietarios y particulares, sino que recae en profesionales del sector, previo pago, eso sí, por sus servicios.

El anuncio del Gobierno castellanomanchego del cierre de estas oficinas por la falta de financiación contrasta con en el Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril. Dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

Un cierre que coincide con el giro de Page en vivienda

Lo más llamativo es que el cierre de estas oficinas llega justo cuando el Gobierno de Emiliano Gacía-Page ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda y cuando ha anunciado que la rehabilitación de inmuebles y edificios seguirá siendo una de sus prioridades, tanto por la eficiencia energética como por motivos de accesibilidad.

Castilla-La Mancha recibirá unos 280 millones de euros de fondos estatales por su adhesión al Plan Estatal de Vivienda. En su presentación de la 'Agenda de Vivienda' castellanomanchega, el consejero de Fomento anunció 108 millones de euros en ayudas de rehabilitación, lo que equivale a 3.000 viviendas rehabilitadas en Castilla-La Mancha, de los cuales un 54% lo aportará la Junta y el 46% el Estado.

Asimismo, avanzó la convocatoria de nuevas ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energéticas cofinanciada con Fondos FEDER y dotada con 21 millones de euros, que se sumarán a los 29,7 millones de euros ya convocados con los que se espera rehabilitar más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Además, se van a convocar nuevas ayudas a la accesibilidad con una dotación presupuestaria de siete millones de euros.

En este ámbito de la rehabilitación, el consejero afirmó que Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma de España que más dinero ha conseguido del programa de 'Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico' (PREE 5.000), con casi 60 millones de euros y con uno de cada tres euros repartidos.

La cuestión es que ahora el Gobierno regional da por cerradas estas oficinas al no obtener para ello los fondos estatales. Con ello descarta que sea la propia Administración autonómica quien los financie, teniendo en cuenta que en la mayoría los casos, como en Toledo, son únicamente despachos habilitados dentro otras instalaciones como los mencionados Colegios profesionales Arquitectos, Ingenieros Técnicos y Aparejadores. 

Castilla-La Mancha vuelve a poner en marcha ayudas al alquiler en 2026, con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a colaborar con las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

El Diario Oficial de la comunidad autónoma publica este jueves las bases reguladoras de esta convocatoria de la que el consejero de Fomento Nacho Hernando ha destacado que se trata de una línea “con fondos propios” para que “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”.

¿Quiénes pueden pedir estas ayudas?

Los beneficiarios de estas ayudas deben vivir de alquiler en Castilla-La Mancha y tener ingresos limitados, siempre que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con carácter general, y cuatro veces el IPREM si se trata de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Asimismo, se contabilizará cinco veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría especial y personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%“.

Ayudas distintas según las ciudades y los precios del alquiler

Hernando ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses, algo que nos va a permitir, además, hacerlo con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Así, el ámbito que tendrá el precio de alquiler máximo lo conforman las cinco capitales de provincia, junto con Azuqueca de Henares, Illescas y Seseña, con 953 euros; y 1.143 euros si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas. En estos municipios es el precio más elevado de la región, debido a su dinamismo y a la demanda existente.

Tras estos, existe una segunda área geográfica con 876 euros de precio máximo y 1.051 en casos especiales; la tercera zona, limita en 762 y 914 euros, respectivamente; y la última área geográfica, para municipios más pequeños, cuyo precio de alquiler está fijado como máximo para obtener esta ayuda en 648 euros y 777 si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas.

Unas 1.200 solicitudes podrán recibir ayudas

El responsable de Fomento ha asegurado que “con el presupuesto previsto, y al centrarse en las rentas de 2026, se estima que alrededor de 1.200 solicitudes podrán recibir la ayuda”. Asimismo, Hernando ha remarcado que “estas ayudas al alquiler no son una medida puntual, ya que desde 2013 Castilla-La Mancha ha destinado más de 140 millones de euros a este tipo de apoyos, beneficiando a más de 57.000 hogares y cerca de 173.000 personas en toda la región”.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana, 8 de mayo, y terminará el 15 de junio de 2026. Las ayudas se concederán por orden de presentación, hasta que se agote el presupuesto disponible.

La ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria, tras comprobar la documentación presentada y los pagos se realizarán en los meses de junio y septiembre y durante la primera quincena de diciembre.

El consejero de Fomento ha destacado que “esta línea es propia, con fondos exclusivamente de la Comunidad Autónoma de cinco millones de euros para ayudas al alquiler”, para que, ha asegurado, “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”. En este sentido, ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses y nos va a permitir, además, hacerlo de una manera con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Finalizan la construcción del puente de la CM-215 a su paso por la localidad conquense de Landete que fue destruido por la dana del 29 de octubre de 2024. La riada se llevó por delante la infraestructura dejando incomunicado al pueblo y el ejército tuvo que construir una pasarela provisional.

Una obra que ha supuesto una inversión de cerca de 3 millones de euros y que este lunes ha sido inaugurada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, y otras autoridades.

Hernando, ha destacado que “una de las medidas más importantes que hemos adoptado en el último tiempo es la innovación, la creación del Transporte a la Demanda” y ha adelantado que “con motivo del Plan de Recuperación y Mejora de Mira y de todo en su entorno, también de Landete, hemos querido acelerar toda la puesta en marcha del transporte a la demanda para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de toda esta zona, por ese motivo, a lo largo del mes de junio ya vamos a poder disponer del Transporte a la Demanda”.

Con respecto al nuevo puente de Landete, Hernando ha asegurado que es una infraestructura que se ha hecho “para que nadie tenga que acordarse para mal de nosotros los próximos 100 años o más, porque es una obra de ingeniería que está sobredimensionada, para poder aguantar cualquier tipo de envite mucho más duro, incluso del que se sufrió hace un año y medio”.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca) ha advertido de posibles “deficiencias” en el trámite de información pública del proyecto de Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que pide que sean solventadas por la Consejería de la que depende el documento.

Arca asegura que “en ningún documento se cita la duración del periodo de alegaciones”. Igualmente advierte de que no se facilita cartografía digital en formatos aptos para ser analizados y tratados con sistemas de información geográfica y se limitan a poner a disposición planos en formato PDF, “que únicamente permiten la visualización y que no llevan datos asociados para su consulta”.

En un comunicado, la asociación ecologista recuerda que como entidad corporativa ambiental siempre es informada por la administración de la tramitación de estos proyectos y ha sido en esa notificación, de 23 de abril, cuando ha percibido esos “defectos”.

Arca considera que “ante la relevancia” que supone aprobar el PROT, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio debe enviar una notificación especificando la duración del periodo de alegaciones y facilitando los mapas del plan en formato compatible para su análisis. 

Hace unos días, al pie de una publicación propia en Facebook en la que reclamaba inversión para una carretera provincial, una persona dejó un comentario certero: “peor está la A-40, es un mar embravecido”. Y no le falta razón. Circular por algunos tramos de la A-40, entre Cuenca y Tarancón, se asemeja a navegar a la deriva por un mar embravecido de baches, ondulaciones y grietas.

Resulta especialmente llamativo percibir de forma tan nítida el deterioro de una autovía, a la que se le presupone un mantenimiento constante y suficiente. Sin embargo, tenemos razones justificadas para sospechar que el dinero del Ministerio de Transportes, antes en manos de Ábalos y Koldo y ahora en manos de Óscar Puente, se deriva a asuntos fuera de su ámbito competencial, es decir, más a Jessicas que a alquitrán. Para desgracia de todos los ciudadanos.

Y si el gobierno socialista de Sánchez apenas es capaz de garantizar el mantenimiento de las autovías, difícilmente cabe esperar avances en nuevas infraestructuras. Sin ir más lejos, la semana pasada, el ministro Puente contestó que “no todos los días tiene uno la solución inmediata de las cosas” acerca de la autovía Cuenca-Teruel. Patada adelante, una vez más. Recordemos que Pedro Sánchez ya lleva casi ocho años durmiendo en la Moncloa y no se ha visto ni un solo amago de atender alguna de las reivindicaciones históricas de la provincia de Cuenca en su conexión con Teruel, Albacete o Guadalajara.

Mucho peor, si cabe, es la situación en las carreteras de competencia regional. García-Page va a cumplir 11 años en el palacio de Fuensalida y ha sido incapaz de construir ni un solo kilómetro de autovía en nuestra vasta región. Su abandono de las infraestructuras de transporte es legendario y a uno le entra el pánico cuando tropieza con una carretera cuyas siglas empiezan por CM. No creo que exista tortura mayor que ir de Osa de la Vega a Fuentelespino de Haro por la CM-3108, pero también se podrían citar decenas de carreteras en estado deficiente: el firme desintegrado de la CM-3011 entre Puebla de Almenara y Tresjuncos, el peligro de la CM-3120 entre Villarejo de Fuentes y Montalbo, la imposibilidad de cruce en la CM-2106 entre Valdemeca y Laguna del Marquesado, la peligrosa CM-3222 en Ledaña o la reventada CM-2109 entre Carboneras y Arguisuelas.

Y no es casualidad. Mantener carreteras exige inversión, y los datos son clarividentes: la Junta ha consignado para 2026 apenas 500.000 euros para inversiones en carreteras de la provincia de Cuenca. Con un presupuesto de casi 13 mil millones de euros, invertir esas migajas en la red de carreteras es indigno y humillante, se mire como se mire. Y para más inri, ese medio millón de euros se destina a la carretera CM-3009 en Villarejo de Fuentes, que quedó paralizada en 2023 sin motivo justificado y cuyo estado es deplorable, como un campo de charcos de alquitrán.

La perspectiva no es más halagüeña en las carreteras de competencia provincial. De hecho, la Diputación de Cuenca ha renunciado a seis millones de euros en subvenciones ya concedidas para la mejora de las carreteras CUV-5009 entre Garaballa y Aliaguilla y CUV-5006 entre Garaballa y Henarejos. Así, y a pesar de disponer de la subvención, Chana deja tirados a los vecinos de esa comarca de la Serranía Baja que esperaban con ilusión estas inversiones derivadas de la DANA 2024.

A ello se suma el rechazo, en el último pleno provincial, a la propuesta del grupo popular de elaborar un Plan Provincial de Mantenimiento de Caminos Vecinales. Se trata de infraestructuras esenciales para la conexión entre municipios, cuyo mantenimiento supera con frecuencia la capacidad de los ayuntamientos y requiere una planificación supramunicipal.

Por último, y bajando al nivel de los caminos rurales, desde la llegada del PSOE a la presidencia de la Diputación -hace casi siete años- ha sido incapaz de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno de García-Page para inversiones municipales en caminos agrícolas. A pesar de que ha sido una herramienta que se ha utilizado en etapas anteriores, incluso en caso de gobiernos de distinto signo, durante estos últimos años todos los ayuntamientos han sufrido la falta de entendimiento entre Chana y Page.

Y en estas circunstancias los que pierden, sin duda, son todos los ciudadanos de la provincia de Cuenca, que ven cómo el Gobierno de Pedro Sánchez no invierte en las autovías, cómo Page abandona la red autonómica de carreteras y cómo Chana pierde subvenciones y rechaza propuestas constructivas. Sospechamos que esta alineación en el desprecio a la inversión en materia de infraestructuras de transporte no es fortuita sino premeditada desde la idiosincrasia socialista: necesitan gastar mucho dinero en redes clientelares y al final no queda para lo importante. Así de lamentable.

Mientras tanto, entre la percepción del deterioro de las infraestructuras, se profundiza también en la debilitación de los servicios públicos de transporte. El nuevo modelo estatal de transporte por carretera del Gobierno de Pedro Sánchez ha nacido para aniquilar el servicio de autobús en prácticamente toda la provincia porque reduce rutas y plantea sistemas a la demanda indiscriminados. Lo que se suma al desmantelamiento premeditado y traicionero de la única línea de tren convencional de la provincia.

Así estamos: sin tren, sin autobús y sin carreteras en condiciones. Solo habría que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha avanzado este lunes que las obras para evitar los vertidos de aguas residuales en la costa de Castro Urdiales comenzarán en mayo tras la adjudicación de la reparación y limpieza del emisario submarino del litoral castreño.

Según ha precisado Media, la actuación la acometerá la empresa especializada para este tipo de trabajos Marcor Xove SL, por un importe de 1,1 millones de euros, mientras que la dirección de la obra correrá a cargo de Ingeconsult, por 120.000 euros, por lo que la actuación supone 1,2 millones de euros.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 11 meses y “por fin se dará una solución definitiva a esos vertidos que se venían produciendo desde hace demasiados años”, ha asegurado Media.

El consejero, acompañado por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha visitado unas obras declaradas de emergencia que su departamento está acometiendo en la carretera N-634 -en un tramo de titularidad municipal-, a la altura de la localidad Mioño, en la que las continuas borrascas provocaron a finales de febrero dos desprendimientos.

Esos trabajos de puesta a punto se prevé que finalicen en unos 15 días y fueron solicitados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales con carácter de urgencia, dado que no podía hacerse cargo económicamente ni técnicamente de la reparación.

Si bien hasta que no finalicen no se sabrá con exactitud el coste de la actuación, Media ha estimado que la inversión rondará los 90.000 euros y permitirán dar estabilidad al paso de vehículos por esa vía.

La alcaldesa de Castro Urdiales ha explicado que la carretera conecta Cantabria con el País Vasco y tiene “mucha afluencia, sobre todo, los fines de semana”, porque supone una alternativa para acceder al municipio cuando se producen atascos en la A-8.

Herrán ha agradecido a la Consejería de Fomento la “máxima celeridad” para atender esta declaración de emergencia, tal y como ocurrió con el proyecto de adecuación de la carretera que da acceso a Sonabia tras registrarse, en 2024, un desprendimiento de rocas que afectó a la calzada y al corte parcial de la vía.

Respecto a la fecha de licitación de la carretera Santullán-Otañes, el consejero ha afirmado que se conocerá en cuanto se abran los presupuestos regionales, si bien ha explicado que la actuación ya tiene un montante modificado de 6,7 millones de euros en total dado que el coste será superior al previsto.

Carretera Seña-Laredo

En relación a los retrasos en la puesta a punto en la carretera CA-500, que une Laredo con la localidad de Seña, en Limpias, y cuyos vecinos se pusieron con sus propios medios a arreglar baches, Media ha achacado a los constantes episodios de lluvias el hecho de que no hayan finalizado los trabajos.

“Tenemos los meses de febrero y marzo más lluviosos de las últimas décadas y en la carretera Limpias ya sólo falta lo que es la capa de zahorra y los asfaltados últimos, y hasta que no deje de llover unos cuantos días seguidos, pues no hay manera”, ha justificado respecto a ese vial sobre el que se debatirá esta tarde en el pleno del Parlamento cántabro.

No obstante, el consejero ha asegurado que el arreglo de la carretera estará finalizado en junio, tal y como se comprometió, con una inversión de 3 millones de euros, y con un “retraso” que, según ha recordado, se remonta a 2018.

El consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha asegurado este miércoles que el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) “se va a aprobar con o sin los colegios profesionales” y les ha recordado que aún disponen de 45 días para presentar alegaciones.

Así lo ha señalado Media tras la aprobación inicial del documento y en respuesta a las críticas del PSOE y a la ausencia de varios colegios profesionales en la votación celebrada el 1 de abril en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Media ha defendido que el PROT “llega 25 años tarde”, ya que debía haberse aprobado en 2001 tal y como establece la Ley del Suelo, por lo que ha reprochado que anteriores gobiernos no culminaran su tramitación pese a haber invertido en él cerca de dos millones de euros. Igualmente ha subrayado que ha sido el Ejecutivo cántabro presidido por María José Sáenz de Buruaga el que ha logrado su aprobación inicial.

Sobre la ausencia de los colegios profesionales de arquitectos, geógrafos y agrónomos en la CROTU que aprobó inicialmente el documento, el consejero ha señalado que acudieron a la reunión “para dar un pequeño espectáculo más que a cumplir su función” y ha lamentado que abandonaran la sesión sin escuchar las explicaciones de los técnicos redactores ni plantear preguntas.

Asimismo, ha asegurado que esas entidades no han presentado ni una sola alegación durante los dos años y medio de elaboración del plan, pese a haber tenido oportunidad para ello.

El consejero ha defendido la cualificación del equipo redactor, integrado por profesionales de distintas disciplinas y con participación de instituciones como la Universidad de Cantabria.

Y ha animado a los colectivos y partidos a aprovechar el actual periodo de información pública para formular propuestas, al tiempo que ha insistido en la legitimidad del Ejecutivo autonómico para impulsar este plan.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha aprobado este miércoles de manera inicial el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), lo que “supone un paso importante para el futuro de Cantabria y marca un antes y un después en la política territorial”.

El consejero del ramo, Roberto Media, lo ha anunciado así en una rueda de prensa, que ha calificado como “un momento histórico” tras 25 años de espera para que Cantabria cuenta con ese plan. “Se ha dado un paso firme, real y verificable hacia la culminación de un objetivo. Tenemos palabra, hacemos lo que prometemos y el Gobierno de Buruaga ha demostrado que cumple. No es una cuestión menor, se acaba con dos décadas de inacción en los que Cantabria ha carecido de un instrumento básico”, ha subrayado.

Media ha detallado que la aprobación inicial del PROT llega tras un proceso de consultas desarrollado en los últimos meses, en el que se han incorporado aportaciones de ciudadanos, administraciones del Estado y distintos departamentos del Gobierno autonómico.

Ha subrayado que el PROT es un instrumento “imprescindible”, que definirá durante décadas el modelo territorial de Cantabria, con el objetivo de garantizar el uso adecuado del suelo, la protección del medio ambiente y un desarrollo equilibrado entre lo urbano y lo rural.

En este sentido, ha destacado que el plan se ha elaborado buscando el máximo consenso posible y aprovechando trabajos realizados en legislaturas anteriores, aunque ha precisado que el enfoque del actual Ejecutivo ha sido diferente, basado en el rigor técnico y la continuidad.

Eólicos, ferrocarril y medio rural

Entre las principales novedades, el consejero ha señalado que el plan establece una zona de exclusión eólica en la mayor parte del territorio, con excepciones muy concretas, para proteger valores paisajísticos, ambientales y culturales, así como dotar de mayor seguridad jurídica al desarrollo energético.

Asimismo, el plan otorga carácter prioritario a infraestructuras ferroviarias como las conexiones Santander-Bilbao y Santander-Meseta, consideradas clave para mejorar la conectividad y la competitividad de la región.

Media ha insistido en que este nuevo documento no afectará al Plan de Ordenación del Litoral, que “seguirá vigente en su integridad y con los mismos niveles de protección”.

En el Parlamento este 2026

En cuanto a la tramitación, el documento se publicará el 7 de abril en el Boletín Oficial de Cantabria y se someterá a información pública durante 45 días, periodo en el que podrán presentarse alegaciones. Después, tras la evaluación de las alegaciones y la obtención de la declaración ambiental estratégica, el plan será aprobado provisionalmente y se remitirá al Parlamento como proyecto de Ley para su tramitación.

El consejero ha señalado que la previsión es que el texto pueda llegar al Parlamento a lo largo de 2026, aunque ha matizado que los plazos dependerán de la recepción de informes sectoriales obligatorios.

Media ha hecho un llamamiento a la participación pública y al consenso político para culminar la aprobación definitiva del PROT, porque “nunca Cantabria ha estado tan cerca de contar con este instrumento clave para su desarrollo territorial”, ha dicho.

El pleno del ayuntamiento de Madridejos ha aprobado este martes por unanimidad de los tres grupos municipales una moción reclamando la construcción del tramo ferroviario Mora-Orgaz - Madridejos-Consuegra - Alcázar de San Juan dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén.

Ha sido la última iniciativa que está planteando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) para reivindicar el denominado 'tren de la Mancha'. “En todas las instituciones locales y provinciales de Castilla-La Mancha la moción se está aprobando por unanimidad. En las jienenses, lo está haciendo por mayoría”, asegura su portavoz José Damián García-Moreno.

El lunes hizo lo mismo el Ayuntamiento de Manzanares y la pasada semana se pronunciaron los ayuntamientos de Jaén, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Villafranca de los Caballeros.

Es la mejor propuesta para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora

José Damián García-Moreno — Portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM)

“Son ya 12 instituciones las que en el presente curso político 2025 - 2026 reclaman mediante mociones o resoluciones esta iniciativa”, explica García-Moreno, quien subraya que la Consejería de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page también apoya la parada del tren entre Madridejos y Consuegra y, con ello, el tramo Mora-Alcázar de San Juan.

“Vamos a seguir buscando y generando consensos por el beneficio de Jaén, Castilla-La Mancha y del conjunto de España”, asegura el portavoz de la plataforma quien subraya que ahora “la pelota ya está en el tejado del Ministerio de Transportes”.

En este sentido apelan al PSOE, y en concreto a los socialistas de Jaén, a trabajar en una “propuesta común” que no es otra, recuerda, que la “propuesta histórica” del propio ministerio y que consideran “la mejor para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora”.

Manzanares recuerda que el proyecto histórico se remonta a 2001

Un día antes había sido el Ayuntamiento de Manzanares, en Ciudad Real, el que aprobase en Pleno por unanimidad un decálogo de medidas en defensa de este proyecto y de un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha.

Fue a través de una moción “urgente” presentada de manera conjunta por los grupos socialista y popular en apoyo a un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha y en defensa del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén. “Se ha hecho de manera conjunta para tratar de conseguir un acuerdo unánime que defienda los intereses de nuestra ciudad en este asunto”, justificó Pablo Camacho, portavoz del equipo de Gobierno.

Desde el PP, Rebeca Sánchez-Maroto mostró su “satisfacción” porque ambos grupos “hayamos sido capaces de dialogar, entendernos y unir nuestras propuestas” en una moción conjunta. La edil popular destacó que este acuerdo es una “muy buena noticia para nuestra ciudad”, ya que este proyecto “es clave” para el desarrollo de nuestro territorio y tiene una “gran importancia estratégica” para Manzanares. Por su parte, el concejal no adscrito también mostró su apoyo a la moción. “Suena bien”, fueron las palabras utilizadas por un José María Molina que también aprovechó para poner en duda “si el Gobierno de España tiene, en estos momentos, la capacidad económica para llevar a cabo una actuación que a Manzanares le favorecería”.

En Manzanares se recordaba esta semana que, si bien es cierto que los orígenes del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se remontan a 2001 y ha contado con el apoyo de todos los Gobiernos de España desde entonces, “se ha ido ralentizando y no ha avanzado al ritmo que nos hubiera gustado”, explicó el portavoz socialista.

El año pasado, ante la aparición en los medios de comunicación de informaciones que apuntaban al estudio de un posible “baipás” en Montoro (Córdoba), Julián Nieva junto a otros alcaldes de la zona se reunieron con Óscar Puente para mostrar su preocupación por si esta modificación podría afectar al proyecto original.

El ministro garantizó entonces que el baipás no afectaría al desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, según recuerdan en la localidad manzanareña. “Confiamos en sus palabras, pero creemos que es necesario que este proyecto se acelere de una vez por todas porque es esencial para el futuro de nuestra provincia y región”, subrayó el portavoz socialista. “Estamos ante una infraestructura clave para Manzanares desde todos los puntos de vista, que tendría efectos muy positivos para el desarrollo económico, demográfico y social de nuestra ciudad”.

Un ambicioso decálogo de medidas

El decálogo de medidas que propone Manzanares incluye el apoyo del ayuntamiento al ferrocarril “como medio de transporte público, eficiente y sostenible que contribuye al equilibrio social y territorial de Castilla-La Mancha”. También reivindica una vez más “el impulso y mantenimiento” del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “garantizando su ejecución y su puesta en marcha”.

Se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “a que mantenga e impulse definitivamente la ejecución íntegra y definitiva” de la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén para la explotación modal (transporte de mercancías y viajeros) del Eje Atlántico en velocidad alta, como “proyecto estratégico para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de las comarcas de la provincia de Ciudad Real y Jaén”.

Asimismo, se solicita “una dotación presupuestaria suficiente e inmediata” para la finalización de las obras de adecuación del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, concluyendo los pasos superiores ya construidos, finalizando la variante de la curva de Herrera de la Mancha, así como la instalación de los sistemas de seguridad y circulación compatibles con velocidades superiores a 200 km/hora y su continuación hasta Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel.

Al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se le insta a compatibilizar, mientras se avanza en la ejecución del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, y a seguir manteniendo y mejorando la línea convencional Manzanares-Madrid, “mejorando los tiempos de viaje y garantizado las frecuencias”.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe que sigan impulsando el estudio de viabilidad de la cuadruplicación de vías entre Seseña y Madrid, estudio fruto de la reunión mantenida entre Julián Nieva y el ministro Óscar Puente en abril de 2025, ya que el desarrollo de este proyecto “vendría a mejorar la operativa ferroviaria entre el centro y sur peninsular, así como segregar los tráficos entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial para solucionar la congestión que se produce en la vía de la red de Media Distancia y Cercanías”.

En séptimo lugar, manifiesta el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, “entre ellas el 'baipás de Montoro', que suponga la pérdida, el recorte o el empeoramiento de los servicios ferroviarios que actualmente prestan servicio a Manzanares y su comarca”.

También se apoya de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar, dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Manzanares, entre ellos la notable reducción de los tiempos de viaje a Madrid y la posibilidad de conectar con la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha”.

A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le insta para que, a su vez, inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “reivindicando el cumplimiento de lo ya acordado por el Gobierno de España, oponiéndose frontalmente al cambio de trazado, considerando el perjuicio que ocasiona a nuestra provincia y muy especialmente a las localidades y comarcas afectadas de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas”. Por último, se da traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Presidencia de la Junta.

El Gobierno de Cantabria ha parado todos los contratos que mantenía con la constructora Rucecan a la espera de que desde la compañía se confirme que quienes eran sus dos administradores, condenados por fraude en la contratación y cohecho, ya no lo son.

El consejero cántabro de Fomento, Roberto Media, ha señalado que esa decisión se ha adoptado tras el informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo a raíz de la resolución judicial que condenó a los dos propietarios de Rucecan, a otros dos constructores, a quien era el jefe de Carreteras de la Consejería y a su esposa por mordidas para la ejecución de proyectos de ese departamento.

Media ha explicado que los contratos con Rucecan, entre los que está el de servicio de mantenimiento de carreteras, se han parado a la espera de que la empresa confirme que ya no son administradores únicos los dos condenados y que no tienen ninguna relación con la constructora.

Esos dos empresarios fueron condenados por el denominado “caso Obras Públicas”, que se conoció la pasada legislatura, cuando el entonces jefe de Carreteras de la denominada en ese momento Consejería de Obras Públicas fue detenido en la sede de ese departamento y, posteriormente, también su esposa, los dos administradores de Rucecan y otros dos constructores.

A todos se les ha condenado, tras un acuerdo de las partes, por mordidas que los constructores entregaban al jefe de Carreteras para que les facilitara trámites con los contratar con la administración.

El Gobierno de Cantabria, Adif y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna han firmado el protocolo general de actuación para la reordenación ferroviaria del municipio, lo que significa el punto de partida para suprimir los cuatro pasos a nivel existentes y desviar del tráfico pesado fuera del núcleo urbano.

La firma ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno y ha contado con la asistencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha sido el encargo de suscribir el documento en representación del Ejecutivo regional; el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz.

En virtud de este protocolo, el administrador ferroviario desarrollará los estudios previos, redactará y ejecutará los proyectos constructivos para la supresión de los pasos a nivel y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna pondrá a disposición los terrenos necesarios, colaborará en la reordenación urbana asociada y analizará las alternativas técnicas que permitan adoptar la solución más eficiente desde la perspectiva municipal.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria se compromete a colaborar en la reordenación de los accesos y asumirá las obras de competencia autonómica necesarias para garantizar la circulación del tráfico pesado hacia el área industrial sin atravesar el casco urbano.

Todas las autoridades presentes en este acto han resaltado la importancia de este acuerdo para Los Corrales y han insistido en la importancia de la colaboración entre administraciones para mejorar la vida de los ciudadanos.

El presidente de Adif ha destacado la lealtad institucional y honestidad con la que se ha trabajado para sacar adelante este protocolo, “aprovechando las sinergias”. Igualmente ha señalado que el objetivo es eliminar todos los pasos a nivel en la línea ferroviaria de Santander a Palencia, en consonancia con el proyecto de desarrollo de la alta velocidad en Cantabria.

El delegado del Gobierno ha destacado que el compromiso es eliminar 39 pasos a nivel en Cantabria con una inversión de 1.500 millones.

Buruaga, por su parte, ha asegurado que este proyecto va a suponer “un antes y un después” para Los Corrales y traerá consigo “la transformación urbanística de mayor calado de la historia de este municipio, que ganará en accesibilidad, sostenibilidad y calidad de vida”.

La jefa del Ejecutivo regional ha valorado que la firma de este protocolo es un ejemplo más de la colaboración entre administraciones para avanzar en la reordenación ferroviaria de Cantabria, al igual que los acuerdos suscritos anteriormente para cubrir las vías en Maliaño y para la llegada del AVE a Cantabria.

El alcalde Julio Arranz, por su parte, ha dicho que se trata de una actuación “muy esperada” en su municipio y una “demanda histórica”. Se trata de “un paso histórico para Los Corrales y una apuesta directa por la seguridad”, ha abundado, antes de incidir en que el proyecto incluye la eliminación del tráfico de vehículos pesados en el pueblo.

Modernización antes del AVE

Con la firma de este protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, las tres administraciones asumen su firme compromiso para modernizar las infraestructuras ferroviarias de Los Corrales de Buelna, reducir riesgos en la interacción entre tráfico ferroviario y rodado, y mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos mediante una planificación coordinada, segura y orientada al interés público.

Todo ello en un contexto en el que es necesario adecuar las infraestructuras municipales ante el previsible incremento de tráfico y la llegada de nuevas prestaciones derivadas de la línea de alta velocidad en Reinosa. El siguiente paso será plasmar las diferentes actuaciones que se tienen que realizar en convenios específicos que determinen con exactitud las obligaciones que asume cada administración, la financiación y los plazos.

Buruaga: “La Pasiega estará lista dos años antes de lo previsto”

Buruaga ha recordado que “la legislatura avanza y Cantabria necesita acelerar el ritmo” y es necesario que avance la ejecución de los tramos hasta Reinosa. En esta línea, ha solicitado la llegada de los nuevos trenes de cercanías, el desbloqueo del tren de altas prestaciones con Bilbao, que en su opinión sigue “en vía muerta y sin avances” y la firma del convenio para la construcción y financiación al 50% de la terminal ferroviaria de La Pasiega “cuanto antes”, posiblemente antes del verano, ha precisado.

Sobre las obras del centro logístico, la presidenta de Cantabria ha señalado que el Gobierno está concluyendo ya la primera fase de la urbanización y que pronto arrancará la segunda fase. “La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal”, ha previsto Buruaga al tiempo que ha recordado que “Cantabria no pide más que la igualdad de trato en toda la geografía nacional”.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado la obra de rehabilitación del paseo marítimo de Laredo junto al alcalde del municipio, Miguel González, en un acto celebrado este viernes. Una acción que ya sucedió en 2025: mientras el año pasado, el alcalde le mostró el proyecto al consejero, ahora ambos han hecho una presentación conjunta en la casa de cultura de la villa.

Así, este viernes han recordado que esta actuación se va a ejecutar en tres fases y que superará los 15 millones de euros de inversión: siendo en la primera fase alrededor de 7,5 millones de euros, tras elevarse la cuantía de los trabajos en 2,5 millones de euros. Un montante que se destinará al encauzamiento y recuperación del arroyo Mantilla con el objetivo de evitar inundaciones. 

Un proyecto, que afectará a un espacio total de 1,6 kilómetros de longitud, entre el Centro Náutico Pesquero y la calle República de Colombia, que depende de la aprobacion del pleno del Ayuntamiento del condicionado de Costas y el proyecto de ejecución para licitar las obras y comenzar.

En este sentido, ha señalado que se trata de una actuación “clave” que permitirá convertir este espacio en un modelo de integración entre urbanismo y naturaleza, impulsando la economía local y consolidando la identidad de Laredo como referente turístico del norte de España. 

Durante su intervención, Roberto Media ha garantizado el apoyo del Gobierno de Cantabria al proyecto y ha destacado el entusiasmo que está poniendo el regidor municipal para sacarlo adelante, a pesar de las “zancadillas” que ha recibido en las últimas semanas, sin aclarar a que se ha referido.

En este sentido, el consejero ha confiado en que el pleno del Ayuntamiento apruebe el condicionado de Costas y el proyecto de ejecución para licitar las obras y comenzar a ejecutarlas en esta misma legislatura. Y ha enviado un mensaje a la oposición municipal: “No pueden dejar pasar esta oportunidad, porque el futuro de Laredo está en sus manos. Para un laredano, por mucho que sea concejal de la oposición, va ser muy difícil decir que no”.

Por su parte, Miguel González ha agradecido el “apoyo incondicional” del Gobierno de Buruaga a un proyecto que va a transformar Laredo y a convertir el viejo paseo marítimo, construido en los años 80, en un paseo del siglo XXI. “Renunciar a su renovación no es seguir como estamos, es retroceder”, ha apuntado el alcalde.  

El plan también prevé la restauración del sistema dunar, implantando pasarelas elevadas de madera para proteger las dunas y evitar la erosión por el tránsito de personas. Además, se incorporarán medidas de drenaje sostenible, alumbrado eficiente y nuevas áreas lúdicas y culturales, como espacios para mercadillos, juegos infantiles y eventos al aire libre.

“Diez millones de inversión”

Durante su intervención, Media ha destacado que la Consejería ha invertido en lo que va de legislatura más de 10 millones de euros en la villa, una cifra a la que se sumarán otros 20 millones que su departamento movilizará en los próximos meses. “Nunca un Gobierno ha invertido tanto en tan poco tiempo en Laredo”, ha asegurado Media.

Como ejemplo, se ha referido a proyectos ya finalizados como el carril bici que recorre el centro de la villa y al que el Gobierno autonómico ha destinado 407.652 euros, o la ampliación de la lonja del puerto y el acondicionamiento de los pantalanes, unos trabajos que han supuesto una inversión de 900.000 y 500.000 euros respectivamente. 

Los remontes mecánicos al Casco Antiguo de Cuenca estarán listos antes de finales de junio y comenzarán a funcionar a pleno rendimiento en verano, según han informado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante una visita a las obras de accesibilidad para ver cómo se colocan las primeras escaleras mecánicas.

El deseo inicial era que las escaleras hubieran comenzado a funcionar en Semana Santa, pero los hallazgos arqueológicos y las lluvias del mes de febrero en Cuenca han impedido avanzar al ritmo suficiente, pero la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha garantizado que se cumplirá el plazo necesario para obtener la financiación de los fondos Next Generation del Gobierno de España.

En estos momentos está lista la estructura de hormigón que permitirá alojar las dos primeras escaleras mecánicas y en las primeras semanas de marzo se colocarán los dos ascensores que completan esta solución de accesibilidad. Posteriormente irán colocándose el resto de tramos, cuya colocación está condicionada en algunos casos a las autorizaciones de los hallazgos arqueológicos más destacados y se completará la obra con trabajos como los acabados, las conexiones a los servicios públicos y la urbanización del paseo del Huécar, con la creación de una plaza de acceso a los remontes.

Durante la visita a la obra, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha comentado que él mismo ha podido corroborar estas semanas “que, con la lluvia que estaba cayendo, había días en los que no se podía trabajar en la obra”, pero confía en que a partir de ahora podrán avanzar de forma decidida.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha incidido en que “esta es la obra de mayor complejidad, en cuanto a ingeniería, de toda la región en la última década” y que además hay que hacerla con especial mimo por ejecutarse en un lugar que es “patrimonio de toda la humanidad”.

En cuanto a los temporales que han retrasado los trabajos, el consejero ha asegurado que hay que ser “lo suficientemente flexibles como para no poner en riesgo a las personas que trabajan en esa obra”, pero ha confirmado que se cumplirán los plazos marcados con la Comisión Europea, que aporta los fondos.

Los trabajos revelan restos de la muralla del siglo XI

Las obras de los remontes mecánicos han revelado además restos de muralla del siglo XI, durante el reinado de Alfonso VI en Castilla y un edificio califal, entre otros hallazgos de interés que han afectado al ritmo de los trabajos.

En total se han encontrado hasta cinco hallazgos arqueológicos de interés- algunos podrían cambiar algunas cuestiones históricas- principalmente restos de muralla.

El último de ellos se produjo hace dos semanas, en la excavación del último tramo de escalera, donde se identificó lo que parecía ser una especie de suelo y la parte superior de una bóveda. Este hallazgo se va a dejar tal cual están, de tal manera que serán visibles y accesible para futuros investigadores.

Cuenca no ha puesto dinero en la obra, según la Junta

Durante su intervención, Hernando ha destacado que en Castilla-La Mancha hay licitaciones por valor de 3.200 millones de euros, “lo que supone que casi el 6% del PIB depende de que el motor público funcione y funcione bien” y ha rememorado “aquellas épocas oscuras en la que algunos de los responsables políticos adelgazaban el peso de la administración regional”.

“Si la Junta se para, se pone en riesgo hasta el 6% del PIB regional y eso es muy importante en ciudades como Cuenca, donde el peso de lo público es mayor si cabe”, ha recordado el consejero.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha insistido en que “la movilidad de Cuenca va a tener un antes y un después cuando pongamos este verano, en pleno funcionamiento, los remontes al casco histórico”. Guijarro también ha subrayado que la ciudad de Cuenca no ha tenido que poner dinero para esta obra.

El precio aplicaba a la vivienda protegida para este año 2026 será de un tope de 1.540,70 euros el metro cuadrado útil.

De esta forma, los precios máximos aplicables a la vivienda protegida se calcularán de acuerdo con esa cifra y teniendo en cuenta anto el régimen de protección como el de la ubicación de la vivienda. Y en todo caso, el límite en el incremento del precio no podrá superar el 2%.

Así lo recoge una resolución de la Dirección General de Vivienda, por la que se publican los precios máximos aplicables a las viviendas protegidas en Castilla-La Mancha, actualizados para el año 2026.

Se cumple así la Orden de la Consejería de Fomento que establece que la actualización del módulo básico regional debe producirse de forma automática el primero de enero de cada año de manera automática.

Dicha actualización responde al cálculo de la media de la variación interanual del Índice de Costes del Sector de la Construcción Residencial, que pondera mano de obra y consumo de materiales, y la variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Castilla-La Mancha publicados por el Instituto Nacional de Estadística, con un límite máximo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo del 2%.

A fecha 1 de enero de 2026 el Instituto Nacional de Estadística publicaba que la variación interanual del Índice de Costes del Sector de la Construcción Residencial es del 3,04% y que la variación anual del Índice de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha es del 2,7%. La media entre ambos valores es superior al 2% establecido como límite máximo, así que se opta por el tope del 2% en la subida de precios.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha denegado el permiso ambiental para construir un aeródromo privado en La Lera, a la orilla del río Pas,en el municipio de Santiurde de Toranzo, que venía tramitándose desde hace tres años.

El informe desfavorable consultado por elDiario.es concluye que su ejecución se considera “ambientalmente inviable” porque la ubicación propuesta para la instalación se sitúa sobre zona inundable, no garantiza la recogida adecuada de los posibles vertidos accidentales y “existen efectos negativos significativos” sobre especies de fauna catalogadas como amenazadas y sus hábitats, “que no pueden ser prevenidos, corregidos o compensados con suficientes garantías con las medidas propuestas”, argumenta el documento.

El promotor del proyecto es Eduardo Fernández Pérez ya había presentado a los vecinos el proyecto, una infraestructura que pretendía utilizarse como base de aeronaves para actividades de ocio, deportivas y puntualmente transporte sanitario y lucha contra incendios.

El aeródromo proyectaba una pista de 700 metros de longitud y 15 metros de anchura con un pavimento de hierba compactada y la construcción de una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 2.630 metros cuadrados, hangares modulares que ocuparían una superficie de 4.125 metros cuadrados, un edificio de servicios de 3.000 metros y una zona destinada al abastecimiento.

La previsión era que hubiese tres operaciones al día, con un máximo diario de 20. Teniendo en cuenta que la mayoría de las operaciones se realizarían los fines de semana y considerando el número medio de días al año que, por cuestiones meteorológicas, es posible realizar la actividad, el promotor estimaba 750 operaciones al año.

La tramitación ha sido larga y ha encontrado más obstáculos que la negativa ambiental del Gobierno de Cantabria. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico tampoco consideró justificado el aeródromo por estar situado en una zona inundable y porque la masa de agua afectada del río Pas y la masa de agua subterránea denominada Puerto del Escudo están consideradas Zona de Especial Conservación.

Por su parte, la Oficina Española de Cambio Climático del MITERD coincide en que el emplazamiento del proyecto se encuentra muy próximo al cauce del río Pas, “lo que podría afectar negativamente a su capacidad de adaptación frente a los impactos del cambio climático”.

En cambio, si obtuvo informe favorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico, que una vez analizado el informe de impacto arqueológico del proyecto, realizado por el arqueólogo Javier Marcos, estimó que no afectaba al patrimonio arqueológico.

Tres posibles ubicaciones

A la hora de promover el aeródromo se valoraron tres lugares del entorno para instalar esta infraestructura. La primera alternativa fue recuperar el antiguo aeródromo abandonado con un hangar en Ontaneda, que se descartó porque la construcción de las piscinas reducía la longitud de la pista.

Una segunda opción fue Corvera, en la margen derecha del río con una pista asfaltada de 700 m de longitud. Sin embargo, el promotor acabó por decidirse por Villasevil, al otro lado del río en la margen izquierda sobre tierra compactada, también de 700 metros de longitud, por ser la pista de tierra y supuestamente ocasionar menor ruido a la población.

El futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que impulsa el Gobierno del PP en Cantabria podrá autorizar la edificación con fines turísticos en el litoral, donde también podrán construirse edificios de utilidad pública e interés social. También permitirá transformar en viviendas todas las edificaciones ya existentes en primera línea de costa en terrenos que ahora están protegidos. Por contra, prohíbe los campings y aparcamientos de autocaravanas.

El borrador, que en estos momentos analizan las instituciones implicadas en el urbanismo de Cantabria, abre la puerta a construir en zonas costeras protegidas hasta ahora “por algún instrumento de protección del litoral”, describe exactamente el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

Durante su presentación, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ya advirtió que el PROT tendrá “carácter prevalente” sobre el resto de instrumentos territoriales, como el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y otras legislaciones sectoriales, que pasarán a considerarse Planes Territoriales Parciales en áreas como carreteras, suelo o energía, por ejemplo.

En este sentido, el Plan redactado por el Gobierno de Cantabria establece nueve categorías de suelo rústico para definir, a su vez, los usos que se pueden dar a cada uno de los tipos.

Uno de ellos es el suelo calificado como 'especial protección litoral', que engloba a la zona de costa -playas y estuarios-, las rías, marismas, zonas de matorral y bosque litoral (brezales, encinares, etcétera), incluidos los que forman parte de un paisaje relevante o los que están protegidos.

En estas zonas catalogadas como litoral se pueden autorizar construcciones para usos turísticos rurales, edificios de utilidad pública e interés social además de actividades cinegéticas y piscícolas, usos forestales y actividades de comercialización de productos artesanos. Asimismo, podrán atravesar el suelo del litoral carreteras y caminos, líneas de tendido aéreo y subterráneas.

Cuatro niveles de uso del suelo rústico

El documento establece cuatro niveles de uso del suelo rústico. Respecto al suelo del litoral, el primer nivel es que permite la conservación, mejora ambiental y actividades científico‐culturales.

El segundo nivel, en la nomenclatura utilizada por el PROT, es la categoría de 'autorizable con construcción' para usos de turismo rural, edificios de utilidad pública o interés social y transformación en viviendas de edificaciones ya existentes.

El tercer nivel se corresponde con las usos que se permiten sin construcciones ni instalaciones. Es decir, actividades de recreo sin estructuras fijas y usos agrícolas o ganaderos.

Por último, la cuarta categoría prohíbe en primera línea de costa los campings, las áreas de servicio de autocaravanas, las actividades extractivas, la ganadería intensiva y las industrias agroalimentarias, escombreras, infraestructuras energéticas o de telecomunicaciones. En el litoral cántabro tampoco se podrán edificar viviendas, ni unifamiliares ni vinculadas a explotaciones. También queda protegido de la instalación de equipamientos públicos o privados.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejecutará el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a acometer la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, incumplida desde hace años.

Así lo ha confirmado este viernes la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, quien ha reconocido que la posibilidad de presentar un recurso es, a día de hoy, poco probable porque “a poco que se tenga conocimiento de derecho, ya sabemos que esto tiene poco recorrido; el auto lo dice claro”. “Este viaje ha llegado hasta aquí”, ha sentenciado García, asumiendo que la Junta cumplirá los plazos fijados por el tribunal.

La Junta de Castilla-La Mancha dispone de cinco días para decidir si presenta o no recurso y aunque la delegada ha detallado que la Consejería de Fomento lo está analizando, ha incidido en que “no se ha comunicado que vaya a haber ningún recurso” aún y ha reiterado que su viabilidad es mínima.

En una rueda de prensa convocada tras conocerse el auto judicial, García ha subrayado que el Ejecutivo autonómico “siempre ha respetado las resoluciones judiciales y lo seguirá haciendo con seriedad y con responsabilidad política e institucional”, por lo que “como no podía ser de otra manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia”.

La Junta acusa al PP de bloquear cualquier solución

No obstante, la delegada ha sido contundente al responsabilizar al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa, Ana Guarinos (PP), de haber bloqueado durante años cualquier solución de fondo para el Fuerte de San Francisco. “La voluntad de la Junta de cumplir la sentencia ha existido siempre, pero esa voluntad solo puede materializarse en la medida en que el Ayuntamiento lo permita, y lamentablemente eso no ha ocurrido”, ha afirmado.

La responsable del Gobierno regional en Guadalajara ha acusado al actual equipo de Gobierno municipal liderados por Guarinos de haber optado por la “confrontación política y la judicialización interesada” del conflicto. “El problema no ha sido la falta de voluntad de la Junta; el problema ha sido que el Ayuntamiento ha apostado por la confrontación política permanente, paralizando cualquier vía de diálogo y llevando el asunto a una judicialización interesada”, ha sostenido.

En ese contexto, ha cargado duramente contra la alcaldesa por haber rechazado proyectos estratégicos que, según ha defendido, habrían transformado el Fuerte en un motor de desarrollo para la ciudad. El primero de ellos fue la Ciudad del Cine, una iniciativa con cerca de 12 millones de euros de inversión que, en palabras de García, “habría situado a Guadalajara como referente nacional de la industria audiovisual”.

“El presidente Emiliano García-Page y el entonces alcalde Alberto Rojo supieron ver una gran oportunidad, pero la llegada de Ana Guarinos supuso su eliminación de un manotazo, sin diálogo y sin pensar en los intereses de Guadalajara y de sus vecinos”, ha reprochado, recordando que otro gobierno municipal del PP, el de Toledo, sí aceptó la Ciudad del Cine.

El campus de FP para Guadalajara quedará “muerto”

Tras el fracaso de este, ha aludido también a que la Junta planteó un segundo proyecto: un campus de Formación Profesional y residencia universitaria, compatible con la conservación patrimonial. “Hubiera convertido a Guadalajara en referencia nacional e internacional, el llamado 'Oxford de la FP', y habría supuesto un hito para la provincia”, ha dicho.

Sin embargo, parece tener muy claro que “este segundo proyecto también ha quedado muerto”. Y es que, según ha dicho, si bien “no hay una negativa, pero a veces el silencio es el que habla”, ha precisado tras recordar que el Consistorio nunca remitió la documentación comprometida para avanzar en la iniciativa.

La delegada ha insistido en que en que el principal perjuicio de esta situación no lo sufre la Junta, sino la ciudad. “La sentencia es una condena para los vecinos y vecinas que viven, trabajan, estudian o visitan Guadalajara”, ha relatado, siendo aún más dura en sus valoraciones políticas.

La sentencia es una condena para los vecinos y vecinas que viven, trabajan, estudian o visitan Guadalajara

“El verdadero ridículo es que Guadalajara haya perdido uno tras otro grandes proyectos de futuro. El verdadero ridículo es la falta de ambición de este Ayuntamiento, el rechazo sistemático a todo lo que venga de la Junta, el 'no por el no' constante y la ausencia total de propuestas alternativas de calado”, ha subrayado.

Por ello, García considera “de un cinismo absoluto” que desde el Ayuntamiento se trate el auto judicial “en tono victorioso”.

El auto del TSJCM obliga a la Junta a iniciar de forma inmediata la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, destinada a biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, para escuelas municipales; fija un mes para iniciar desalojos y demoliciones incompatibles con el planeamiento; cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para subsanar las deficiencias detectadas en los informes técnicos.

García ha admitido que será necesario actualizar los proyectos por el paso del tiempo y el encarecimiento de materiales, pero ha dejado claro que el cumplimiento del auto no está en discusión: “Cuando hay que cumplir un auto, hay que cumplirlo”.

Finalmente, la delegada ha confirmado que la ejecución de la sentencia supone el cierre definitivo de los grandes proyectos estratégicos planteados por la Junta para el Fuerte de San Francisco. “El proyecto que pusimos encima de la mesa, el del campus de FP, ya no tiene sentido. Se va a cumplir la sentencia. Este viaje ha llegado hasta aquí”, ha concluido.