Aprobada la ley de acompañamiento presupuestario 2026 de Castilla-La Mancha sin el apoyo de PP y Vox

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves, en su sesión plenaria, el debate sobre la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida popularmente como la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales, correspondiente a 2026, que ha sido aprobada con los 17 votos del PSOE, haciendo valer su mayoría, frente a los cuatro votos en contra de Vox a la totalidad del texto, y el voto contrario o la abstención de los 12 diputados del PP, que solicitaron el voto individualizado de cada uno de los artículos.

La normativa ha sido aprobada con el mismo contenido emanado de la Comisión de Economía y Presupuestos, incorporando cuatro enmiendas del PSOE, y rechazando las 49 enmiendas presentadas por el Partido Popular, entre ellas la encaminada a la recuperación inmediata de la carrera sanitaria, así como las 16 enmiendas presentadas por Vox.

El PSOE defiende el “interés general” de su propuesta

Durante la defensa del proyecto, la diputada socialista Silvia Fernández García, designada ponente en la Comisión, ha defendido que “se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general”.

Fernández ha expuesto la composición de la ley, con 20 artículos en 3 capítulos, destinados, ha argumentado, a “reforzar la capacidad de acción de la Administración, favoreciendo la dinamización del tejido económico regional, optimizando la calidad y eficiencia, además de la consolidación de los servicios públicos y avanzando hacia un modelo más justo en la distribución de las cargas tributarias”.

Así, ha subrayado que los 16 artículos del primer capítulo están dedicados a la “simplificación de procedimientos y en la gestión más eficiente de los recursos humanos”. Sobre los tres artículos del segundo capítulo, ha afirmado que constituyen “medidas para facilitar el acceso a la economía y avanzar en una fiscalidad más justa”, destacando el destinado a facilitar el 20% de la financiación para la adquisición de vivienda joven que no cubren las entidades financieras en su oferta hipotecaria.

También ha subrayado las medidas de carácter tributario, señalando que incluyen “reducir en un 40% el impuesto de transmisiones en la adquisición de la primera vivienda, reducir a la mitad los actos jurídicos documentados e incrementar el valor de la vivienda en un 33%, pasando de los 180.000 euros a los 240.000 euros a efecto de estas deducciones”.

Finalmente, ha señalado que los tres artículos del tercer capítulo, sobre simplificación administrativa, ha centrado su atención en la supresión de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y la absorción de sus competencias por la Consejería de Desarrollo Sostenible, defendiendo que supone “una deducción significativa de la burocracia”.

“Se trata de una ley que combina eficacia administrativa, justicia fiscal y racionalización organizativa con una orientación clara hacia el interés general”, ha asegurado Fernández.

El PP la rechaza tras la oferta de apoyo si se incluía la carrera profesional sanitaria

Por parte del Partido Popular, su presidente, Paco Núñez, ha trasladado su rechazo al conjunto de la Ley, calificándola como una “ley ómnibus”, es decir, “un cajón desastre, donde mete muchas pequeñas leyes para tratar de confundir”.

En este sentido, ha argumentado que la defensa del Grupo Parlamentario Socialista ha consistido en buscar “cómo puede encajar en las costuras de un voto a favor, un voto en contra, para tratar de culpar a la oposición de los males de la gestión del Gobierno. Y eso no es serio”.

Durante su intervención, ha planteado un acuerdo al PSOE, que posteriormente ha plasmado en una propuesta formal, asegurando que si estos “aceptaban la enmienda por la que el Partido Popular recupera la carrera profesional sanitaria”, el PP votaría a favor de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Algo

Una enmienda destinada a la recuperación de la carrera profesional sanitaria que también ha centrado el grueso de la defensa, a cargo del diputado Santiago Serrano, de las enmiendas presentadas por el PP, reiterando que el voto en contra por parte del PSOE a la enmienda supondría la 63 ocasión en la que PSOE rechazase su recuperación.

Además, ha destacado que sus enmiendas en materia de vivienda suponen “una reforma mucho más ambiciosa a nivel fiscal para el acceso a una vivienda o para la reforma del acceso al suelo dotacional en el caso de los municipios”.

Vox ha advertido sobre la modificación de “leyes sectoriales” y “estructuras”

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha defendido las 16 enmiendas de su grupo, entre ellas la encaminada a garantizar la velocidad de respuesta de las administraciones, la destinada a “permitir a los ayuntamientos”, la propuesta de garantizar la asistencia personal en los procedimientos digitalizados, o la reforma del Consejo Regional de Estadística y Datos, “ya que el objetivo es claro, evitar la politización del dato”.

Además, también ha defendido una transaccional a la enmienda presentada por el PP para la recuperación de la carrera profesional, para introducir una “modificación de la Ley 1/2012 de las medidas complementarias para la ampliación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, no solamente de los presupuestos generales”, normativa que suprimió inicialmente la carrera profesional en el sector sanitario regional.

Ha criticado que la propuesta de avanzar en la digitalización excluya, por la brecha digital, al ámbito rural o a las personas mayores. “La administración no puede convertirse en una barrera”, ha dicho. También ha sido muy crítico con las iniciativas que pasan por “sustituir los controles administrativos por declaraciones responsables”, algo que según ha comentado “introduce inseguridad jurídica”.

Ha rechazado la parte de la ley que incluye “reformas institucionales sin debate político real”, asegurando que es una forma de legislar “poco transparente”. De forma expresa ha citado la “reforma completa del sector público en materia de agua”, incluyendo el personal y las competencias. “Esto no se puede presentar como una mera enmienda en la ley ómnibus. Requiere un proyecto específico o memoria económica. No se puede desmantelar un organismo público por la puerta de atrás”, afeaba.

“Nosotros defendemos simplificación y evitar duplicidades, pero no a cualquier precio” ha espetado al Gobierno. En opinión del diputado ultra, “se requiere debate político abierto” y ha terminado reclamando que se devuelvan al Estado las competencias en materia de agua.

El PSOE rechaza las enmiendas de PP y Vox

El PSOE ha defendido la aprobación del texto emanado de la Comisión sin la incorporación de las modificaciones de los otros grupos y la ponente, Silvia Fernández ha argumentado el rechazo a las enmiendas presentadas por la oposición argumentando que “en su conjunto no mejoran el texto, lo debilitan, lo duplican o directamente lo desvirtúan”.

De su lado, durante el traslado de la posición de voto, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, ha acusado al Partido Popular de falta de seriedad, rechazando el contenido de sus enmiendas.

Sobre el planteamiento realizado por Núñez sobre la enmienda relacionada con la carrera profesional, Abengózar ha asegurado que está motivada porque “están muy nerviosos” ya que “la carrera profesional sanitaria la va a recuperar el presidente Emiliano García-Page de la mano de los profesionales”.

Además, ha insistido nuevamente en que fue el Partido Popular el que la suprimió, instando a Núñez a “pedir perdón a los sanitarios”.

El consejero pone el foco en las medidas de vivienda

Tras los grupos parlamentarios, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina que ha declinado intervenir en el inicio de la sesión plenaria, ha tomado la palabra para defender el conjunto del proyecto, incidiendo en las medidas fiscales y de simplificación administrativa, en la misma línea en la que ha sido expuesto el proyecto por Silvia Fernández.

Durante su intervención, el consejero ha lamentado el rechazo por parte del PP a una transaccional presentada por el PSOE para facilitar “la concesión de avales” junto a la “concesión de préstamos” en los artículos referidos a la facilitación de acceso a la vivienda joven.

“No tiene más trascendencia”, ha asegurado el Ruiz Molina, apuntando que será aprobada en un futuro, aunque ha subrayado que incluso cuando se muestran “dispuestos a aprobarles determinadas enmiendas”, desde el PP, “tampoco las aceptan”. “Lo que ponen de manifiesto es que a la ciudadanía les importa un pimiento”, ha afirmado el consejero.