Familias vulnerables y colectivos sociales marchan en Toledo contra los desahucios: “No somos delincuentes”

La vivienda, y todavía la vivienda pública en Toledo, es un bien escaso y además con problemas asociados -incluidos los judiciales- en algunos inmuebles de la ciudad. Es lo que hoy se ha querido poner de manifiesto por parte de un grupo de personas que se han manifestado en el toledano barrio del Polígono para exigir soluciones ante lo que consideran una gestión deficiente de la vivienda pública y un mercado del alquiler asfixiante.

Además, reclaman al Gobierno castellanomanchego frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en una promoción de viviendas públicas ubicada en la calle Río Yedra, 8, donde varias familias piden renegociar el alquiler, ajustando el pago a la situación de vulnerabilidad de cada una, además de la reparación del inmueble.

La marcha ha partido desde otra la inacabada promoción de 86 viviendas públicas en la calle Río Guadalmena, en el mismo barrio, como símbolo de la situación que denuncian y desde donde han recorrido a pie escoltados por agentes policiales, el tramo de un kilómetro hasta la sede de la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsable de la gestión de las infraestructuras en la comunidad autónoma.

Allí han leído un manifiesto con el que piden una alternativa habitacional “decente adaptada a las familias” que “ya se sabía que estaban en riesgo de tener una dificultad económica potente”, cuando resultaron beneficiarias de estas viviendas hace más de una década.

“Somos personas, no delincuentes”, “tiene solución, banqueros a prisión” o “Gicaman, escucha, Yedra está en la lucha” han sido algunas de las consignas que han coreado durante la manifestación, convocada por la Unión Popular de Inquilinos (UPI), cuyo portavoz, Germán Peiró, ha aseverado que “la vivienda es un derecho y no un negocio ni un bien de mercado”. También han contado con el apoyo de la Plataforma por la Vivienda Digna en Toledo y la Unión Popular de Estudiantes (UPE), que se ha sumado a la protesta.

En este sentido, la urgencia de la movilización responde a la situación que atraviesan varias familias que se enfrentan a desahucios inminentes, siendo el caso más alarmante el de una madre soltera con cinco hijos menores de edad, cuyo desalojo está previsto para el próximo 9 de junio.

Peiró ha señalado que, con el respaldo de organizaciones como UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida o Movimiento Sumar Toledo, están manteniendo contacto “con un asesor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana”, Isabel Rodríguez, para “ver cómo se puede gestionar” el conflicto que afecta a esta promoción pública, después de que la pasada semana le reclamaran mediación cuando acudía a la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo. Hay que recordar, sin embargo, que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno de Emiliano García-Page.

Según denuncia el portavoz de la UPI, la empresa pública se ha negado a negociar una alternativa “decente”, intentando incluso “sobornar o dividir a los vecinos”. Los residentes de Yedra 8 no solo denuncian la falta de sensibilidad social sino también el abandono físico del inmueble. “Han intentado negociar en numerosas ocasiones, pero también es justo decir que no se quiere pagar nunca a un casero que no te arregla el techo que se cae o los cortes de agua. En general, no les están manteniendo el edificio en el que viven y por el que tienen que pagar”, añade.

La demanda de estos colectivos es una negociación justa que incluya la condonación de deudas “inasumibles”, el fin de los desahucios sin alternativa y una adaptación de los alquileres públicos a la renta real de las familias.

Respecto al emplazamiento elegido para iniciar la marcha, Peiró ha recordado que se trata de una promoción pública cuya construcción permanece paralizada desde el año 2011. En declaraciones a los medios, ha resaltado la contradicción que, a su parecer, supone que este inmueble, administrado por GICAMAN, cuente con vigilancia las 24 horas del día mientras decenas de familias carecen de alternativa habitacional.

Fomento esgrime que 89 de 108 inquilinos no pagan

En relación a las viviendas de Yedra, 8, conocidas popularmente como los 'pisos negros', la Consejería de Fomento asegura que “la promoción presenta un elevado nivel de conflictividad judicial y un importante volumen de deuda acumulada” y que eso “está generando un significativo impacto económico en su gestión”.

Así, explica que la situación actual de esta promoción, con 148 viviendas de promoción oficial, tiene 108 contratos en vigor, con 19 inquilinos al corriente de pago, 89 inquilinos con deuda y 40 de las viviendas están vacantes.

La deuda total de inquilinos con contrato vigente asciende a 2.650.000 euros, con una deuda media por inquilino de 29.799 euros y una deuda acumulada total, entre contratos vigentes y resueltos de 3.810.000 euros.

En este momento hay 63 procedimientos judiciales activos, de los que 39 lo son por “ocupación ilegal” y 24 por reclamación de deuda.

El próximo mes de junio están previstos seis lanzamientos, todos por reclamación de deuda y se producirán los días 9 de junio (3), 11 de junio (2) y 25 de junio (1).

Desde el año 2015, los gastos acumulados en esta promoción de viviendas ascienden a 1.230.837,76 euros, según ha detallado Fomento a elDiario.es Castilla-La Mancha. Una inversión que se traduce, según las mismas fuentes, “en la mejora de estos pisos con más de 550 intervenciones en zonas comunes y 470 mejoras en viviendas”.

Reclaman declarar Toledo como zona tensionada

Por su parte, Belén García, portavoz de la Unión Popular de Estudiantes, ha alertado sobre la inaccesibilidad del mercado de vivienda privada en Toledo. En la actualidad, afirma que resulta “prácticamente imposible encontrar un alquiler digno por menos de 600 euros, una cifra que excluye no solo a los estudiantes, sino a gran parte de la clase trabajadora”.

Ante esta realidad, la propuesta de los colectivos es clara: que Toledo sea declarada zona tensionada. Esta medida permitiría una regulación efectiva de los precios del alquiler y, según García, obligaría a los grandes tenedores y rentistas a pagar un 150% más de IBI, desincentivando así la especulación. La meta es transformar la vivienda de un “bien de mercado” en un derecho fundamental protegido para garantizar la cohesión social.

La crisis de vivienda en Toledo no se limita a casos puntuales de desahucio. Los colectivos advierten también sobre un proceso de gentrificación y “turistificación” que está “afectando gravemente al Casco Histórico y a barrios como Palomarejos y Santa Bárbara”. En este sentido apuntan al Ayuntamiento de Toledo y advierten de que la construcción de vivienda a precios inalcanzables para la ciudadanía local está desplazando a los vecinos de sus barrios de toda la vida.

Por otro lado, y a pesar del reciente Plan de Vivienda Estatal o su aplicación en Castilla-La Mancha a través de distintas medidas anunciados por el Gobierno regional, los portavoces de estos colectivos califican de “postureo” las iniciativas planteadas, argumentando que no abordan el problema de raíz, que es “el de que familias trabajadoras están viéndose abocadas a a estar en la calle sin alternativa habitacional”.