Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) tras la campaña pública de desprestigio contra su directora, Beatriz Arroyo, por parte de personas y publicaciones relacionadas con el mundo de la caza.

Las imputaciones que hacían a Arroyo trataban de cuestionar su labor investigadora, de la cual se derivan propuestas de medidas que no son del agrado de cierto sector del mundo de la caza. En concreto, se cuestionaba su papel por participar en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es miembro titular del IREC, junto con el CSIC y la UCLM, han salido en defensa de la institución, a la cual consideran “un referente” en la investigación cinegética en Europa y que aporta “una visión científica imprescindible” para una gestión cinegética “sostenible basada en datos fiables y contrastados”.

“El IREC ha demostrado su rigor y valía”

“El esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente por la promoción y la difusión de la caza como una actividad imprescindible en la región, especialmente en sus áreas rurales, está fuera de duda, y puede ser corroborada por los principales representantes del sector, como ya lo han hecho en numerosas ocasiones”, añaden las fuentes consultadas.

No obstante, sí señalan que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han solicitado del IREC que revise su política de comunicación en redes sociales “porque no consideramos que tengan que entrar en valoraciones de los trabajos de otras instituciones”.

Esta petición hace referencia a la publicación que la cuenta oficial del IREC en X hizo llamando “panfleto” a una propuesta de la Federación Andaluza de Caza para las elecciones de dicha comunidad.

“Una vez reconducida la situación tras el error de comunicación de la cuenta institucional de IREC, consideramos que debe cesar cualquier tipo de campaña de desprestigio contra una institución como el IREC que ha demostrado su rigor y su valía como demuestran los numerosos reconocimientos a la investigación que viene recibiendo a lo largo de sus más de 25 años de funcionamiento”, finalizan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los cazadores han decidido, para influir a su favor en las regulaciones públicas, minar los trabajos científicos que no les cuadran. Y para ello están señalando reciente y públicamente a una de las investigadoras cuyas conclusiones científicas no les agradan.

La elegida es Beatriz Arroyo, la actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), un organismo cuya titularidad comparten el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y esa comunidad autónoma. El argumento principal para descalificar su labor investigadora es que la doctora en Biología participa en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

El señalamiento comenzó el pasado 22 de abril en un portal de Internet llamado Cazaflix que titulaba: “Beatriz Arroyo, directora del IREC y vinculada a SEO/Birdlife: el nombre que se repite en los principales frentes contra la caza”. En ese texto se dice que estar en el comité científico de “una de las organizaciones ecologistas más activas contra las distintas prácticas cinegéticas” cuestiona su trabajo.

Este comité externo reúne a “ornitólogos de reconocido prestigio” y funciona para el “asesoramiento” de la SEO, explica la organización. Lo cierto es que Arroyo es miembro desde 2008 como informa públicamente el IREC. La bióloga sacó su plaza de investigadora en 2013. Y ejerce de directora desde 2023.

Percibo cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista

Beatriz Arroyo — Directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC)

El 14 de mayo, la revista Jara y Sedal —propiedad del mismo grupo que el portal Cazaflix— publicó una noticia que decía: “Beatriz Arroyo firma un nuevo estudio que propone restringir la caza de perdiz con reclamo”. El propio texto reconoce que no se pide eliminar, sino acotar la actividad (crear un radio de seguridad de 600 metros) porque es un factor negativo para la cría de águila perdicera. Y también admite que la noticia no es la conclusión del estudio, sino que sea firmado por Arroyo, “después de que Cazaflix ya señalara su presencia en [otros] frentes”.

La publicación cazadora afirma que la novedad es que un estudio así podría servir de “base científica para restringir” este tipo de caza “con fuerte raíz cultural en España”. “No se trata de aprovechamiento cinegético —describe Jara y Sedal—, sino de una tradición transmitida durante generaciones”.

La tradición supone una modalidad que busca matar machos de perdiz durante su época de celo en enero y febrero y consiste en que el cazador coloca una jaula con un ejemplar masculino de perdiz en un claro a pocos metros de donde se oculta con el arma. Al escuchar el canto del reclamo, otros machos de perdiz acuden allí para defender su territorio. Una vez que el ejemplar silvestre llega a la jaula, el cazador le dispara desde su puesto.

Estas informaciones han servido de contenido para que directivos federativos de la caza arremetan contra Arroyo públicamente: el mismo 14 de mayo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, dijo que el IREC es “un ejemplo de estudios científicos orientados a perjudicar a la caza, sin más”.

Arroyo —que subraya que no quiere “entrar en polémicas que no son constructivas”— explica a elDiario.es que percibe en este señalamiento “cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista”.

En este sentido, en 2013, Arroyo firmó un paper en el que se señalaban varios beneficios que la gestión cinegética de cotos de venados deparaban a la abundancia de perdiz roja. En otros trabajos explicaba que ciertas prácticas de mantenimiento de cotos favorecían la vegetación y hábitats para especies cazables y no cazables.

En un artículo cofirmado por Miguel Delibes-Mateos y Beatriz Arroyo —que entonces ya era miembro del comité asesor de SEO/Birdlife— puede leerse: “La investigación sobre el impacto de la caza en la biodiversidad ha mostrado que esta actividad puede ser un fuerte impulsor de la biodiversidad”.

Piden la dimisión

Pero los cazadores están en desacuerdo con diversas decisiones políticas basadas en investigaciones recientes. El sector se opone a que se elimine la munición de plomo como ha recomendado la Agencia Europea de Elementos Químicos (ECHA) porque contamina con metal tóxico los ecosistemas. Se opusieron a la moratoria temporal de la caza de la tórtola, llevada a cabo por la Comisión Europea por el mal estado de la especie, pretenden recuperar la caza de pájaros cantores declarada contraria a la ley europea de aves y no quieren oír hablar de reducir la caza de codornices.

Así que, para las elecciones andaluzas, el sector cinegético elaboró una lista de peticiones que “asumen como propias aquellos partidos que apoyen y defiendan la caza”. Hablaban de retomar prácticas como la de los pájaros cantores (silvestrismo) y “defender” a los cazadores de “cualquier intento que persiga perjudicar, prohibir o restringir la caza”. Y remataban con colocar a “la ciencia como motor de decisiones”.

Una respuesta en X por parte de la cuenta oficial del IREC —en la que habló de “panfleto”— a esta propuesta de la federación de caza tras los ataques a la investigadora Arroyo ha servido para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y pedir además al CSIC la dimisión de la directora del Instituto.

La científica, que también matiza que “todo se magnifica en las redes sociales”, resume que lo peor “es que insistan en que las recomendaciones se hacen sin base científica porque detrás de ellas hay mucha base científica, muchas horas de trabajo y un equipo internacional de expertos”.

Un hombre ha fallecido en un accidente de caza en la localidad conquense de Landete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar a las 22.20 horas de este martes en un coto de caza situado en un punto cercano al kilómetro 20 de la carretera CM 2200, cuando otro cazador ha disparado accidentalmente sobre la víctima, cuyos datos personales no han sido revelados.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, no se ha podido hacer nada por el afectado, fallecido in situ.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.

Varios componentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro de la denominada operación 'QUACKERS' han investigado a tres personas vinculadas a una trama en la que usurpaban la identidad de una persona para falsificar los certificados sanitarios para el transporte de piezas de caza.

Estos ejemplares eran abatidos en cacerías en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cáceres y los desplazaban hasta una sala de despiece, tratamiento y comercialización de carnes de caza ubicada en la provincia de Jaén, donde realizaban su elaboración y posterior venta al consumidor.

Precisamente, la provincia de Ciudad Real ya fue objetivo de polémica hace unas semanas por una investigación del SEPRONA sobre una montería en la que se abatieron cientos de ciervos y gamos, muy por encima de los cupos legales.

En esta operación, tras interponer denuncia la víctima en el mes de marzo del año en curso, por la suplantación de identidad de su persona, se inició una investigación para esclarecer un supuesto delito de usurpación de estado civil y falsificación documental.

Estas irregularidades servían para amparar el registro sanitario y el transporte de piezas de caza menor desde diversas fincas de las provincias reseñadas hasta la sala de tratamiento.

Durante la investigación se recogió diversa documentación en la sala de tratamiento, al objeto de poder comprobar la veracidad de lo denunciado por la víctima. Se comprobó que los investigados usurpaban la identidad de la víctima la cual poseía la formación adecuada para dar legalidad al transporte de las piezas de caza abatidas, certificando la seguridad alimentaria de las mismas.

Las declaraciones de los testigos evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual en estas instalaciones.

Objetivo: obtener “blindaje legal”

El objetivo era obtener un “blindaje legal” para la primera inspección sanitaria y el transporte de las piezas de caza menor hacia el recinto, donde posteriormente eran procesadas y puestas a la venta al consumidor.

Con todo esto, no solo se incurría en delitos de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que se comprometía la seguridad alimentaria de la carne destinada al consumo humano, al impedir la detección de patologías antes de su comercialización, esta práctica supone un riesgo para la salud pública.

Durante el mes de abril y una vez que se tuvieron todas las pruebas suficientes se procedió a la investigación de tres personas como presuntos autores por la comisión de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.

Las Diligencias Policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de La Carolina (Jaén).

PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.

La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.

En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.

El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.

Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que  los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.

El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.

En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha votado este miércoles el informe emitido por la delegación de los eurodiputados que el pasado mes de febrero visitaron el Parque Nacional de Cabañeros para evaluar el funcionamiento del espacio natural.

La visita, propiciada por el Partido Popular, buscaba entre otras cuestiones un golpe de efecto en Europa para tratar de obligar a España a que permita la caza en el parque. El argumento se basa en la sobrepoblación de ungulados, como los ciervos. El alcalde de Horcajo de los Montes Julián Fernández llegó a afirmar que hay “demasía” de animales.

En la Eurocámara se ha dado luz verde al informe presentado por la delegación de la PETI, que encabezó el propio presidente de este órgano el polaco Bogdan Rzonca, al que en febrero acompañaron distintos dirigentes del PP, representantes de las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Toledo -ambas gobernadas por los 'populares' y Vox- y varios alcaldes.

Un informe que recomienda, aunque no obliga

De este informe, que ha sido enmendado, se desprenden algunas observaciones y recomendaciones, que son solo eso, recomendaciones. Por ejemplo, subraya “la necesidad de una gestión activa de la fauna silvestre basada en la Ciencia y la introducción de mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados”.

La cuestión de la caza es la más polémica. Esta actividad es ilegal, tanto en su modalidad deportiva como comercial en los parques nacionales españoles desde diciembre de 2020, pero sí que se permite la actividad cinegética si se trata de un necesario control poblacional, con un plan supervisado y conveniado con el Estado y la Junta de Castilla-La Mancha.

El informe aprobado hoy “reconoce el papel fundamental de las actividades de caza como una herramienta de gestión indispensable en las estrategias de gestión de la vida silvestre” o que “las prácticas de manejo actuales en el Parque Nacional Cabañeros, incluida la prohibición de medidas efectivas de control poblacional, han provocado la sobrepoblación de ungulados, la degradación de la vegetación, la erosión del suelo y el deterioro de la biodiversidad, en contra de los objetivos de la legislación ambiental de la Unión”.

A esta cuestión ya contestó la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez. aseguró en febrero que solo el 6% del parque es público - y es titularidad del Estado- y que los propietarios privados ya controlan la caza en Cabañeros. Dijo no entender la visita de los eurodiputados teniendo en cuenta que los particulares tienen instrumentos “perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, en alusión a los planes y convenios que permiten el control preventivo si hay sobrepoblación.

Ahora, en el Parlamento Europeo se ha incidido en su recomendación en “un modelo de gestión equilibrado que integre la protección de la biodiversidad con la actividad económica y cinegética rural sostenible”, porque así se garantiza la viabilidad a largo plazo de las comunidades circundantes y se preserva el valor ecológico del parque.

Se insta también a las autoridades competentes a que “garanticen la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la Unión Europea” y a que se reevalúe el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros “para proteger la biodiversidad, sin marginar a las comunidades locales ni a las actividades tradicionales”.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Europea a que “adopte las medidas necesarias” para garantizar el estricto cumplimiento de la Directiva Hábitats y “detener el deterioro” de la fauna en esta zona protegida “ante la falta de medidas inmediatas por parte del Gobierno español y las autoridades competentes”.

También se ha invitado a la Comisión Europea y a los Estados miembros “a mantener un diálogo permanente entre las instituciones y las partes interesadas, respetando plenamente las particularidades territoriales y las identidades locales, para equilibrar la protección del medio ambiente con los objetivos de desarrollo rural”.

Los propietarios privados celebran la posición de la Eurocámara

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave. En febrero acompañó a los eurodiputados en su visita y hoy ha celebrado la aprobación del informe.

Se congratula de que se pida una “nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, valora positivamente en un comunicado la aprobación del informe. Cree que “supone un espaldarazo” a sus reclamaciones y que se ha podido “constatar el declive que sufre el ecosistema” por no permitir la caza. Ahora esperan que “las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto”, explica el abogado de la Asociación, Miguel Temboury. “Recurriremos a otras instancias si es necesario”, advierte.

Este colectivo de propietarios recalca también la importancia de que se haya instado a las autoridades competentes “a acelerar las negociaciones con los propietarios privados para concluir acuerdos de gestión sobre todos los terrenos incluidos en el parque, garantizando una gestión coherente y eficaz del ecosistema”.

El Parque Nacional de Cabañeros, situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, cuenta con 409 kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la Red Natura 2000.

Según los datos ofrecidos por los propietarios privados se estima que la población de ungulados multiplica por cinco el límite considerado óptimo provocando el deterioro del ecosistema. Los propietarios defienden que, desde que se prohibiese la caza en 2020, no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del parque y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos en su opinión “han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas”.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio —el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero—, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

En febrero la responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha puso la pelota en el tejado de estos propietarios privados. Insistió en que “lo más importante” es que sean los propios titulares de las fincas privadas quienes presenten un plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control, aunque no habló de dotación presupuestaria para que lo hagan.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha abierto hoy, 4 de mayo, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, el proceso de consultas previas sobre el decreto que desarrollará determinadas figuras cinegéticas previstas en el marco de la Ley 8/2022, de 24 de junio, de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja.

Con este proceso abierto, se pretende trabajar desde el inicio de la tramitación de la nueva norma en colaboración con el sector cinegético, buscando el consenso a la hora de diseñar estas importantes figuras, que impulsarán la imagen de la caza de nuestra comunidad autónoma durante los próximos años. El plazo de exposición pública del documento permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.

En concreto, se regularán los requisitos de acceso y funciones del guía de caza, el concepto de calidad cinegética para el uso de la mención facultativa de carne de caza, el alcance de las licencias de caza recíprocas con otras comunidades y el perfil del cazador ético.

Respecto a la figura del guía de caza, ya en el reglamento 1/2026 aprobado en enero de este año, se acordó que será designado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y podrá ser un cazador formado o un guarda rural una vez haya superado unas pruebas teóricas y prácticas. Asumirá funciones de gestión de los terrenos para los que estén habilitados como el mantenimiento del acotado, la supervisión en batidas y recechos, el control de predadores, el seguimiento sanitario de las reses abatidas y el apoyo a la caza de gestión. En este sentido, la Consejería promoverá la realización de cursos de formación en colaboración con la Federación Riojana de Caza.

La regulación de esta figura pretende “dinamizar” el sector cinegético “asegurando una actividad que fomente también un producto turístico de mayor valor, la satisfacción de las personas que practiquen esta actividad y la sostenibilidad en la gestión del medio natural”, según explica el Gobierno de La Rioja.

Certificado de calidad cinegética

Por otro lado, el decreto plantea desarrollar un sistema de certificación de la calidad cinegética de los cotos mediante una metodología de clasificación basada en unos estándares definidos y un procedimiento asociado. Esta certificación dará acceso al uso de la mención ‘carne de caza de La Rioja’, para la cual también se pretende diseñar una imagen gráfica. 

La evaluación se fundamenta en parámetros intrínsecos de la calidad cinegética de los cotos como la capacidad de carga, el carácter autóctono de las poblaciones, la diversidad de especies y la calidad de los trofeos. Pero también se contemplan parámetros externos que supongan la intervención activa y de mejora de los terrenos cinegéticos, incluyendo la adecuación y cumplimiento de los Planes Técnicos de Caza, la gestión de poblaciones, la realización de muestreos y censos, la limitación a refuerzos poblacionales, el control de daños a la agricultura, el seguimiento sanitario de la caza por personal cualificado, y la integración paisajística. 

Por otro lado, se otorga un tratamiento especial a las mejoras del hábitat como criterio de especial interés a desarrollar, al permitir el análisis de intervenciones humanas por su impacto directo sobre la calidad cinegética: el agua, el refugio, la alimentación natural o la conectividad.

El decreto recoge además la creación de la figura de cazador ético que, según explica el Gobierno de La Rioja, tiene por objeto “visibilizar y poner en valor activamente a personas que realizan esta actividad, con un firme compromiso de llevar a cabo buenas prácticas, y asegurar un aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos cinegéticos”.

Por último, el decreto regulará la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otras comunidades autónomas para facilitar la obtención de licencias. A su vez, con el registro riojano de cuestiones cinegéticas, la administración riojana dispondrá de forma centralizada de toda la información asociada a aspectos administrativos en este ámbito.

Poco a poco, sesión a sesión, se está aguando la normativa sobre munición de caza en Europa que pretendía proteger los ecosistemas de acumular miles de toneladas de plomo tóxico cada año. Las toneladas que suman los perdigones y balas que se quedan en el campo todas las temporadas.

La últimas modificaciones del proyecto que se presentan este mes a los estados miembro para debatir el 29 de abril ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

En el inicio, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) recomendó en una evaluación técnica la prohibición de esta munición para impedir el vertido de, al menos, 630.000 toneladas de metal pesado en 20 años. La Comisión Europea tardó dos años en hacer suyas las indicaciones: su propuesta de reglamento llegó en febrero de 2025, justo acaba de cumplir un año.

Ahora, la Comisión ha cambiado el proyecto de normativa para tratar de contentar a los opuestos. El último borrador que prevé discutirse y, en su caso, votarse no solo ha excluido las balas de la restricción –ahora solo contempla los perdigones–, sino que también han aceptado reabrir “la extensión del periodo de transición”. Aun así, todavía hay estados que “consideran que no es el momento adecuado para imponer ningún coste o cambio a la industria de la munición”, según las actas de las reuniones.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica cuentan que su postura no ha cambiado y la intención es abogar por la “mayor ambición” que se recogía en la versión original del borrador. Esto significa que la representación española tratará, dicen, de que “se aplique la restricción también a la munición de caza mayor” y que se mantenga “el periodo de adaptación inicial”.

A pesar de que todas las modificaciones son favorables a las peticiones de los cazadores, la Federación Española de Caza todavía lo califica como “insuficiente”. La RFEC afirma que “los plazos siguen sin ser realistas”. Tampoco les gusta que pueda revisarse en un futuro la exclusión de las balas de esta normativa: “Puede ser un arma de doble filo”, dice la RFEC.

De cara a la votación y adopción final del reglamento, los cazadores consideran que el plazo transitorio no debería ser “menor a diez años”.

La opinión y deseos del sector cinegético contrasta con el análisis científico. De hecho más de 140 investigadores españoles de instituciones como el CSIC, la Estación Biológica de Doñana y las Universidades Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Murcia, la de Granada, la de Córdoba o la de Santiago de Compostela afirman en un escrito que las “muchas evidencias” recogidas sobre “los riesgos que representa para la salud pública y ambiental el uso del plomo en la caza, tiro deportivo y pesca” hacen que debiera aprobarse el reglamento de restricción “sin moratorias ni excepciones”.

En este sentido explican que “el plomo acumulado año tras año no va a desaparecer, seguirá siendo plomo y una vez se haya disgregado el perdigón no hará más que contaminar suelos, aguas y la red trófica”. Por eso entienden que las dilataciones y moratorias son un riesgo: “Cuanto más se tarde en prohibir el uso del plomo en la munición de caza, más contaminado estará nuestro medio ambiente, ya que la descontaminación de estos suelos será casi imposible”.

Así que cada temporada de prórroga son miles de toneladas extra de metal pesado tóxico que se acumula en los ecosistemas y perdura de manera casi perenne. En este sentido es ilustrativo el caso de la duna llamada el Cerro de los Ánsares en el Parque Nacional de Doñana. En ese gran arenero elevado todavía persisten un par de toneladas de perdigones de plomo fruto de las cacerías de gansos, a pesar de las campañas de limpieza, a mano, que se repiten año tras año. Desde que se detuvo la caza allí, hace 40 años, se ha conseguido extraer unos 300 kilos, perdigón a perdigón.

El presidente de la Federación de Caza, Josep Escandell, critica al Gobierno por mantener la postura más restrictiva con la munición y proteccionista con el medio ambiente. “Es incomprensible”, ha dicho, porque “ignora la necesidad de disponer de grandes cantidades de munición para el control de especies como el conejo o el jabalí, y las condiciones de nuestra caza, que se desarrolla en terrenos donde alternativas como el acero pueden suponer un problema de seguridad”.

“Control de especies” significa batidas de caza para reducir las poblaciones justificadas por los daños que provocan a sectores económicos como la agricultura o la ganadería. En el caso del jabalí sirvió para que el Ministerio de Agricultura propusiera precisamente excluir la munición de plomo aplicada a estas batidas de la normativa europea.

De hecho, la reducción de poblaciones de jabalí mediante batidas de caza ha ganado impulso debido al episodio de peste porcina detectado en la sierra Collserola (Barcelona) en noviembre de 2025. El miedo a que afectara al potente sector del porcino intensivo hizo que las comunidades autónomas sacaran normativas más favorables a los cazadores.

Este es el argumento fuerza de los cazadores: “No hay alternativa aún al plomo” para sus actividades a lo que los científicos contestan que, si bien es “razonable un periodo de adaptación”, ya existen en el mercado “alternativas seguras y efectivas que están siendo usadas por cazadores de todo el mundo, incluida España”.

Las distintas medidas puestas en marcha en Castilla-La Mancha para atender el control de sobrepoblación de conejo han permitido la captura de más de 577.000 de estos animales desde el día 1 de enero.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de presidir la constitución de la primera Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo.

Gómez ha asegurado que la cifra pone de manifiesto tanto la “magnitud del problema” como el esfuerzo que se está realizando para reducir el impacto de la sobrepoblación. La consejera también ha explicado que, de ese número total, los que se capturan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “se están aprovechando” para llevarse a los centros de recuperación de fauna, como alimento para las especies protegidas que se están cuidando, antes de devolverlas a su entorno natural, donde “necesitan conejo vivo para su alimentación”.

En estos centros hay otras especies que “desgraciadamente” no se pueden recuperar y, mientras se mantienen en las instalaciones, también se les proporciona, en este caso, conejos muertos para su alimentación.

Además, el Gobierno autonómico también está estableciendo distintos acuerdos con la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza) y otras organizaciones, para introducir estos animales capturados en “el circuito de carne de conejo para las personas, porque es una carne de excelente calidad y por lo tanto también de reconocido prestigio dentro de lo que es la carne de caza”.

Respecto a la Mesa Regional sobre el Control de Población del Consejo de Campo --tras la que también se constituirán en próximos días las mesas provinciales--, Gómez ha recordado que es una medida que figura entre las 18 que incluye el Plan de Acción para controlar la sobrepoblación de conejo en la región que se presentó hace un mes.

“Lo que pretendemos es que todos estemos implicados en el control del conejo”, ha manifestado la consejera, que ha asumido que si entre todos los implicados no son capaces de poner encima de la mesa cómo ayudar a controlar la sobrepoblación de conejo, “desde luego será imposible” acotarla.

Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo

En la mesa están representadas las organizaciones agrarias, el sector cinegético, otras administraciones públicas distintas de la Administración regional, como las diputaciones o la Delegación del Gobierno en representación de la administración, tanto en lo que corresponde a la parte de Fomento como a las confederaciones geográficas, que tienen infraestructuras que pueden verse afectadas por el conejo; así como los grupos conservacionistas y el sector científico.

Tras la constitución de la Mesa, los asistentes analizarán todas las medidas puestas en marcha para ver si “son eficaces para continuar reforzándolas en el tiempo” o para cambiar o “eliminar del plan” las que vean que no funcionan o ver otras nuevas a analizar para llegar a una solución.

En este contexto, Mercedes Gómez ha recordado que también “están finalizando los trabajos para hacer una convocatoria de ayudas específicas a los agricultores para ofrecerles sistemas de protección frente a los conejos”, y que, de la misma forma, se podrá a su disposición próximamente “jaulas para la captura de estos conejos por parte de los agricultores también en sus parcelas si así nos lo requieren”.

El objetivo es que “aproximadamente cada mes” se ofrezcan datos de cómo va el control de la población de conejo y que estos datos sean públicos “y que todos los ciudadanos y sobre todo los agricultores que son los más afectados lo tengan a su disposición para saber lo que está sucediendo”.

Preguntada por la petición de algunas organizaciones agrarias para que se incluya el mes de mayo dentro de las cazas, Mercedes Gómez ha señalado que la caza con escopeta ese mes va a estar “totalmente” prohibida. “Es un mes en el que hay nidificación de muchas especies y por lo tanto no vamos a crear un conflicto con estas especies ni tampoco con los grupos conservacionistas en este aspecto”.

“Eso quiero que quede claro ya desde el primer minuto”, ha dicho la consejera, quien, no obstante, ha añadido que se está trabajando con la Federación Regional de Caza para crear equipos específicos de cazadores que puedan cazar de noche, que se tendrán que someter a un curso de formación específico que se va a intentar que estén “cuanto antes”.

Asaja reclama un ritmo de capturas “elevado”

De su lado, el vicepresidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha valorado que “por fin” se puedan “ver las caras” todas las administraciones implicadas en este problema, “que de momento han estado de espaldas” al mismo, ha opinado, y poder comprobar “el funcionamiento de las medidas”.

“El ritmo de capturas tiene que ser elevado y, si no se ponen medios, ni materiales, ni económicos, ni de personal”, la ejecución de las medidas se quedará “solamente en medidas” y no en soluciones ante los daños que ocasionan los conejos. Ha confiado al respecto en que se aporten remedios y se pueda lanzar al sector “un mensaje de optimismo”.

Ante este asunto, ha comentado Torrero, la actitud de la organización agraria “va a ser siempre la misma” y “ante cualquier negligencia” o “inacción” de cualquier administración, Asaja denunciará ante “las instancias que sean necesarias para que, de una vez por todas, se acabe con este problema”.

Como ha explicado Torrero, Asaja siempre ha defendido “un control efectivo” de la sobrepoblación de conejos bajando población “hasta un nivel normal” y haciendo “un trabajo de mantenimiento año tras año” donde ya se involucran cazadores, la Consejería y los responsables de determinadas infraestructuras a fin de “seguir controlando” la población de esta especie.

Un varón está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) abatiendo un corzo de forma ilegal en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un acto de caza furtiva en el coto denominado 'El Hierro', por lo que se puso en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El 16 de marzo, durante una inspección ocular realizada en este coto, los agentes localizaron restos de sangre y pelo en el camino de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Este hallazgo permitió confirmar que el disparo se efectuó desde un camino público, constituyendo una infracción grave al realizarse el lance desde una zona de seguridad.

Incautados el arma y la cabeza del animal

La investigación continuó en los días posteriores, permitiendo constatar que el animal había sido abatido en horario crepuscular y en plena época de veda. Tras una búsqueda minuciosa en los alrededores, los efectivos localizaron el cuerpo decapitado del espécimen, el cual había sido arrastrado y escondido entre la vegetación para dificultar el hallazgo.

Finalmente, tras las gestiones practicadas los agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos, procediéndose a la incautación del arma empleada, un rifle y a la recuperación de la cabeza del animal, el trofeo.

El investigado ha sido puesto a disposición de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas, ante los cuales deberá responder por un presunto delito contra la flora y la fauna.

Acosado por los pesticidas y atrapado a miles por su canto durante años, el jilguero, el pájaro más vistoso de España, lleva años declinando. Como son muchos parecen inagotables, pero sus poblaciones van para abajo. Salvarlos supone cuidar de lo cotidiano.

“Es ubicuo”, explica el técnico de SEO/Bird life, Luis Martínez, para explicar su popularidad mientras pasea por el parque forestal de Valdebebas en la ciudad de Madrid. Un vecino casi universal. De hecho, se trata de una de las aves más comunes y reconocibles. Tanto como para lucir numerosos nombres. Si no te suena jilguero, a lo mejor lo conoces por colorín, cardelina, sirguero, golorito o sietecolores. Son todos el mismo Carduelis carduelis. El pájaro del cardo.

Su popularidad le hace ser un ejemplo perfecto para ilustrar las amenazas que los pájaros afrontan derivadas de las actividades humanas: desde la destrucción de sus hábitats hasta la captura indiscriminada. Su defensa es la protección de lo cercano. Por eso ha sido elegido el ave del año 2026 por la SEO/Birdlife.

No dejarse engañar por los números

Esta historia se genera en un parque periurbano madrileño, pero valdría lo mismo hablar de un solar en Sevilla u otro jardín cualquiera. También cuadra en las llanuras de cultivo en Ciudad Real o campos abiertos de Castilla y León. En Canarias y en las Balears.

“No hay que esperar a que la especie esté ya en peligro de extinción para protegerla”, comenta Luis Martínez mientras prepara el telescopio para fisgar alguna pareja de jilgueros. “Lo suyo es poner medidas cuando se detecta que las poblaciones pueden estar reduciéndose”. Estos pajaritos, por su propia naturaleza, suman millones de ejemplares. A simple vista, a nadie –no interesado– puede parecerle que jilgueros (o serines, gorriones y verderones) puedan atravesar una mala racha. Parece contraintuitivo hablar de declive si puedes estimar que hay 15 millones de estos pájaros.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar. “Tenemos el ejemplo de la paloma migratoria americana, apunta Martínez. La Ectopistes migratorius fue en su momento el ave más abundante de Norteamérica –se estima que había entre 3.000 y 5.000 millones de estas palomas–, pero, en tan solo un siglo se extinguió. Martha, el último ejemplar, murió en el zoológico de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914.

La caza comercial masiva y la degradación de su hábitat unidas a una pobre variedad genética acabaron con una especie en 100 años cuando tenían en sus alas una historia evolutiva de decenas de miles. Estaban adaptadas a vivir en grandes bandadas, pero, cuando sus grupos se hicieron más pequeños de manera brusca, no pudieron soportarlo. Su caso ha demostrado que, incluso las poblaciones grandes y estables están en peligro por cambios ambientales repentinos.

El jilguero, según SEO, ha padecido un declive del 20% entre 2002 y 2023. No es el único. La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés) ha advertido de que “entre 2002 y 2023, el índice de los 168 pájaros más comunes ha caído un 15% en la Unión Europea”. El desplome insiste, es mucho más acusado en las especies agrarias –como el jilguero– que llega al 42%. “Parece improbable que esta situación se revierta para 2023. Los estados miembro deben reforzar las medidas actuales y poner en marcha nuevas para asegurarse su recuperación”.

Los pájaros son mucho más que unas plumas vistosas o un canto armonioso. “Juegan un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas”, explica EEA. “Proporcionan una variedad de servicios que van desde el control de plagas a la dispersión de semillas al tiempo que contribuyen al ciclo de los nutrientes”.

Una investigación publicada en 2025 en la revista Science demostró que la extinción de aves evapora roles muchas veces insustituibles en los ecosistemas. El trabajo calculó que la humanidad ha provocado hasta ahora la desaparición de unas 600 especies de aves y que, en los próximos dos siglos, las actividades humanas pueden extinguir otras 1.300 variedades en lo que supone “una devastación masiva de biodiversidad”.

Luis Martínez detalla que los jilgueros padecen la agricultura intensiva, por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes que destruyen sus hábitats y fuentes de alimento, además de haber sido uno de los trofeos de caza favoritos de los silvestristas (los aficionados a los pájaros cantores).

Los pesticidas les dejan sin comida, pero además, la agricultura intensiva que hace que todos los campos se pongan en cultivo al mismo tiempo y no deja espacio para parcelas en barbecho donde crecen las plantas que luego generan las semillas que comen, también les afecta.

El silvestrismo, por su parte, está parado por prohibición legal desde 2019. La Comisión Europea advirtió a España de que debía parar esta variedad cinegética que atrapa pájaros indiscriminadamente en redes colocadas en sus zonas de paso. Sin embargo, los cazadores no se han resignado y reclaman recuperar su actividad sin cortapisas. Continúa además activo un mercado negro de pajaritos cantores como el jilguero que alimenta un tráfico ilegal de aves nacional e internacional.

El parque de Valdebebas por el que vuelan estos jilgueros urbanos es un conjunto variado de matorrales, lavandas, almendros, olmos o encinas, mezclados con hierbas silvestres y toda su variedad de flores y semillas. En primavera están verdísimos. Luego pasarán a marrón y amarillo.

Este paseo genera un contraste mental con las praderas verdes uniformes de césped que permanecen como el paradigma de jardín y parque ideales en las ciudades. En realidad, son un paisaje de biodiversidad más bien pobre obtenido a precio de joya: el mantenimiento y la exigencia de agua a mansalva son un alto coste.

“Hay que entender que el marrón también es un color de la naturaleza, subraya Luis Martínez. ”Y, quizá, el que permite la biodiversidad“.

Los defensores del medio ambiente no son los únicos críticos con las políticas desplegadas por la Xunta desde la Consellería de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, Ángeles Vázquez, se acaba de poner en contra también a los cazadores, a pesar de que el Gobierno gallego se ha inclinado por aplicar políticas favorables para sus intereses. El motivo son las medidas aplicadas para “controlar” la población de jabalí en Galicia, que se han traducido en la declaración de una emergencia cinegética, es decir, en autorizar que se cace esta especie sin limitaciones. “Su efectividad real en el campo es sencillamente ridícula”, afirma la Unión de Tecores y Cazadores de Galicia (Unitega), que agrupa a unas 11.000 personas y cerca de un centenar de tecores -terrenos cinegéticamente ordenados-.

A la crítica de la falta de efectividad le añaden varias más. Unitega cree que los anuncios relacionados con el jabalí son una estrategia propagandística por parte de la Consellería de Medio Ambiente, un “paripé” para sostener que ha tratado de reducir el número de ejemplares y, en caso de complicaciones, como una posible entrada de la peste porcina africana, poder descargar responsabilidades sobre los cazadores. “La realidad que vivimos día a día en el monte demuestra que la administración nos quiere utilizar como una cortina de humo. La intención es clara: descargar sobre las espaldas de los tecores toda la responsabilidad en caso de que se acaba produciendo un positivo de peste porcina en Galicia”, asegura la agrupación, que pone el foco también sobre un desencuentro que ha llevado a que los cazadores aireen su oposición a las políticas de la Xunta. Rechazan que se introduzca una modalidad típica de la caza menor, que es la denominada caza en mano, para el jabalí, que es caza mayor. Avisan de que va a haber menos control y un aumento del riesgo de accidentes.

El secretario de Unitega, Antonio Mota, insiste, en conversación con elDiario.es, en que la Consellería de Medio Ambiente está dando mucha publicidad a la emergencia cinegética para trasladar “una imagen de que se están tomando medidas”. La Xunta está recurriendo a estos permisos para cazar jabalíes sin límite desde hace unos años. Primero lo justificó con las denuncias de los ganaderos por las pérdidas causadas al entrar estos animales en los terrenos cultivados y con los accidentes de tráfico con ejemplares implicados. Con el brote de peste porcina africana en Catalunya, detectado en esta especie, la vinculó también a la prevención para evitar la enfermedad.

Mota avisa de que, mientras tanto, hay “una ceguera voluntaria” sobre lo que considera “verdaderas vías” potenciales para la entrada de la peste porcina: productos cárnicos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad y la introducción de los mismos por parte de humanos. Considera que la administración autonómica debería hacer una campaña informativa para avisar de los riesgos de que queden restos en zonas naturales o transitadas por personas a las que puedan acceder jabalíes. Y cree que las autovías A-6 y A-52 son “puntos calientes” porque los viajeros que pasan por ellas pueden dejar atrás, por ejemplo, un bocadillo de embutido contaminado. Recuerda que esta fue la teoría a la que se le dio más peso en el brote registrado en diciembre de 2025 en Catalunya.

“Es mucho más fácil firmar papeles de emergencia cinegética en un despacho y señalar al cazador que realizar un trabajo de campo y prevención real en las infraestructuras viarias”, protesta Unitega, que dice que “el silencio ya no es una opción” para los cazadores porque consideran que “la inacción institucional y las medidas puramente de cara a la galería” están abocando a “un desastre sanitario” del que creen que van a ser culpados de forma “premeditada”. Las medidas de la Xunta, insisten, “son tan poco realistas que apenas hay solicitudes”. Mota indica que lo normal es que la caza del jabalí se permita los jueves, sábados, domingos y festivos y que, con la emergencia cinegética, estos animales pueden ser abatidos todos los días. Pero es “innecesario”, dada la cantidad de jornadas en las que ya se puede hacer. La actividad, recalca, se concentra el fin de semana y solo algunos jubilados salen también los jueves.

“Una vez más, la Consellería de Medio Ambiente trabaja para la galería: solo buscan transmitir a la parte de la sociedad ajena a la caza una falsa sensación de control, tanto respecto a la peste porcina africana como a los continuos daños agrícolas o los accidentes de tráfico provocados por la fauna. Y no, no está bajo control”, afea la agrupación.

Mato se detiene también sobre la nueva modalidad que quiere permitir la Xunta para cazar el jabalí. Expone que los cazadores en Galicia suelen salir organizados en cuadrillas, en las que hay al menos ocho personas y en las que una de ellas actúa como responsable del grupo. Al aplicar la modalidad de la caza en mano, señala, serían suficientes dos personas para recorrer el monte en busca de animales a los que disparar. Pero para matar a un jabalí son necesarias balas. “Es otro nivel. Pasamos de una caza organizada a una caza que puede ser bastante más incontrolada”, protesta. La intención de la Xunta, según trasladó en reuniones recientes con representantes de los cazadores, es publicar en breve la orden en la que se va a permitir esta modalidad para abatir jabalíes, con la idea de hacerla opcional y que sean los tecores los que decidan si solicitarla o no. Mota dice no tener dudas de que habrá un cierto número que sí lo hará y eso le preocupa.

El asturiano Ramón González García, de 53 años, permanece desaparecido desde ayer, lunes, cuando salió por la mañana desde su domicilio, en Oviedo, en dirección al monte, en el concejo asturiano de Caso. Equipos de rescate de Asturias y León participan en un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

A las labores de rastreo se han incorporado en las últimas horas como voluntarios cuatro efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, en la que trabajó como ingeniero técnico, junto a familiares y amigos.

Hallado su vehículo

Hasta el momento solo ha podido ser localizado su vehículo en el aparcamiento de Wamba, aunque los miembros del dispositivo de rastreo tratan por todos los medios de encontrar alguna pista que pueda conducir hasta su paradero.

La conmoción ha sido máxima desde que se tuvo conocimiento de que el allerano Ramón González, un experto montañero y cazador, no había regresado a su domicilio la pasada madrugada.

Se da la circunstancia de que llegó a participar junto a sus compañeros de la Brigada de Salvamento Minero en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Málaga, en enero de 2019.

Ramón González llegó a participar en Málaga junto a sus compañeros en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en 2019

En las inmediaciones de San Isidro

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en colaboración con Emergencias del 112 de Castilla y León han desplegado un importante operativo de búsqueda en el entorno del puerto de San Isidro desde que su esposa comunicó, a la una y media de esta madrugada, que seguía sin noticias de su marido.

Un portavoz de la Guardia Civil de Asturias ha explicado a elDiario.es Asturias que tuvo conocimiento de la desaparición del ovetense a través de una llamada telefónica recibida en la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía y de la que se dio traslado al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia.

Intensa búsqueda

La esposa del desaparecido había informado que su marido había salido de casa por la mañana por la mañana. Al tener conocimiento a través de la mujer de que la familia tiene una propiedad en el concejo allerano, de donde es natural Ramón Isidro González, la Guardia Civil desplazó a una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Moreda para comprobar si podría encontrarse ahí, sin que esta gestión diera resultado.

A continuación, reproducimos el vídeo remitido a este periódico por la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias sobre la búsqueda en San Isidro.

En torno a las 2.20 horas de la pasada madrugada, los agentes localizaron su vehículo, por lo que se dio aviso al COS de la Guardia Civil de León para coordinar el operativo de búsqueda.

Seguidamente, según los datos de la Comandancia asturiana, desde la comunidad autónoma vecina se envió a la zona a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Rastreo por la ruta de montaña

El 112 Asturias informó este martes que el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rastreó la zona de noche, nada más tener conocimiento de la desaparición, desde Caso y simultáneamente una patrulla de la Guardia Civil de León recorría los caminos cercanos a La Bamba.

A primera hora de esta mañana tres helicópteros, el de Bomberos de Asturias, el de la Guardia Civil y el de Servicio de Emergencias de Castilla y León han sobrevolado, sin éxito la zona.

No coge el teléfono

La aeronave de SEPA sobrevoló desde el pico Torres hasta Los Ubales, pero la meteorología en el lugar, con viento y tormentas, impidió continuar el rastreo aéreo.

Según los datos de que dispone el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, el aviso les llegó a las 01.07 horas el aviso. En esa llamada, un familiar del desaparecido explicó que éste había salido al monte, “sin decir dónde iba”, y pese a que trataron de localizarlo, “no respondía al teléfono”. Posteriormente la familia ya presentó oficialmente una denuncia por su desaparición.

Localizan el vehículo

Un amigo del desaparecido comunicó que había visto su coche en el aparcamiento de Wamba, por lo que se desplazaron a ese lugar los equipos de rescate para comprobarlo.

Desde el 112 de Asturias se mantiene contacto con el Servicio de Emergencias de Castilla y León para coordinar un dispositivo conjunto entre ambas comunidades.

El helicóptero y la Unidad Canina

Al frente del operativo del SEPA está un jefe de zona de Bomberos. Además del Grupo de Rescate se ha movilizado a bomberos del SEPA del parque de Caso y La Morgal, Unidad de Drones, Unidad Canina y Guardería de Medio Natural del Principado.

Todas las actuaciones encaminadas a la localización del desaparecido han sido infructuosas hasta el momento, por lo que desde el Principado se ha acordado esta mañana que a este operativo se sumen el helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias.

Tres equipos mixtos

En torno a las tres de esta tarde, el 112 Asturias difundía una nota de prensa donde especificaba que el dispositivo de rastreo del SEPA se encontraba trabajando con tres equipos mixtos distribuidos en tres zonas.

Uno de ellos se desplazó hacia el lago Ubales, otro hacia Peña El Viento y el tercero en sentido descendente hacía donde se localizó el coche en el aparcamiento de Wamba. En esta zona trabaja también la Unidad de Drones del Bomberos ya que la meteorología en la zona, con tormentas, viento y granizo, impide operar en otras zonas.

Esta tarde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado en el inicio de la pista de Wamba, a la espera de poder continuar con el operativo de búsqueda mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados, según ha informado la Federación de Caza de Castilla-La Mancha .

La sentencia considera probado que el acusado mató a 'Nenúfar', una hembra de lince que había sido liberada en el año 2017 y que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, al incurrir en un delito contra la fauna por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza de zorros sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. Posteriormente se confirmó la muerte de sus cuatro cachorros, uno de ellos se encontró muerto.

La jueza ha impuesto además una pena de multa de 1.440 euros euros durante cuatro meses, a razón de 12 euros diarios, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros. WWF España reclamaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270 000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría. La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.

La hembra de lince ibérico “Nenúfar” fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas (Toledo) por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo. En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del SEPRONA logró localizar e identificar al acusado. Este reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando. En una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el SEPRONA no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado, según informa WWF España.

La Federación de Caza pide “extremar la responsabilidad”

Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado “la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética” y ha subrayado su “implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas”, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.

El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.

En este sentido, la federación regional insiste en el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades “en la mejora de la especie”, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.

WWF España celebra la condena pero la considera “insuficiente”

WWF España que se personó en el caso como acusación popular celebra la condena al acusado de lo que califica de “ grave delito contra la fauna”. Cree que la sentencia supone una condena importante en cuanto a la responsabilidad civil pero la considera “insuficiente” en el ámbito penal, ya que se pedían hasta tres años de cárcel.

La organización conservacionista recuerda que el lince ibérico estaba catalogado como especie “en peligro de extinción” por la Lista Roja de la UICN en el momento de los hechos, es una especie protegida también a nivel estatal - en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial - y autonómico –en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla La Mancha-.

“Los disparos, las trampas ilegales y el veneno todavía siguen afectando a los linces, y tras los atropellos, suponen la segunda causa de mortalidad no natural para la especie”, explica la organización. La transposición de la Directiva Penal Ambiental, subraya, “es una oportunidad para mejorar en la lucha contra los delitos contra la fauna” que, aseguran, “no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso. A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias”, lamentan.

A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10 % de las muertes de lince por estas causas.

WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes. La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.

Vox Castilla-La Mancha presentará una iniciativa parlamentaria para que la montería sea declarada Bien de Interés Cultural en la región.

La montería es una modalidad de caza mayor, tradicional y colectiva que consiste en batir una zona de monte utilizando perros para levantar reses, tales como jabalíes, ciervos o gamos, hacia puestos fijos donde se encuentran los cazadores. Esta modalidad se realiza entre octubre y febrero.

El pasado mes de enero, se conocía que en la finca pública 'Dehesa de Castilseras' el Seprona investigaba que se hubiesen abatido un 48% más del cupo de caza autorizado, sucediéndose así una “masacre” de cientos de animales.

Ahora, el líder de Vox Castilla-La Mancha, David Moreno, ha defendido que se trata de una práctica de caza mayor “ancestral y milenaria, profundamente arraigada en nuestra historia y en el medio rural”. Ha señalado que este tipo de reconocimiento BIC ya sucede en Andalucía desde 2017 y en Extremadura desde 2022. Según Moreno, Castilla-La Mancha es junto con estas comunidades autónomas “una de las tres grandes regiones en la práctica de la montería” y ha dicho que genera “más de 6.500 empleos directos”.

A su vez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page ha obrado con un “incumplimiento reiterado” ya que en “2023 se comprometió a impulsar esta declaración en el marco del Pacto Regional por la Caza”.

El Gobierno regional cree en la caza como “motor de desarrollo”

Se da la circunstancia, además, de que el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha afirmado durante su visita a la Feria Cinegética en Madrid que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree en la caza como “motor de desarrollo”, puesto que “crea empleo y fija población, como lo demuestran los estudios más recientes”.

Almodóvar ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo “medidas pioneras” en el sector de la caza firmando convenios de formación con los actores principales, promoviendo las licencias gratuitas para los residentes y también la adhesión de Castilla-La Mancha a la licencia interautonómica que permitirá cazar con un solo permiso en diez comunidades de España.

La derecha y ultraderecha españolas quieren a los cazadores como aliados en su disputa electoral por los votos rurales. Así que, ante la posibilidad de que se decreten restricciones en la Unión Europea a la caza de la codorniz por el mal estado de la especie, nueve gobiernos autonómicos del Partido Popular le han pedido al Ministerio de Agricultura que ignore la ciencia y defiendan en Bruselas que no se limiten las capturas, a pesar de que no hacer nada ante el declive deja a España a merced de un expediente sancionador de Bruselas.

Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Región de Murcia y La Rioja han remitido una carta a este Ministerio –sin prestar atención a que Transición Ecológica está implicado– en la que dicen que no hay “un criterio científico claro” para avalar restricciones de caza. También añaden que se “obvian estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz”. Se refieren a un proyecto patrocinado e impulsado por las federaciones de caza.

El Partido Popular sale así en defensa del sector cinegético, un terreno que el partido ultraderechista Vox ha conseguido caracterizar como algo propio. “Vox defiende la caza como esencial para la prosperidad de las áreas rurales y un emblema de la identidad nacional”, analiza esta investigación de la Universidad de Toronto. “Equipara ser español con los valores y tradiciones rurales” y “ha ligado el campo a la masculinidad tradicional y los valores nacionalistas”.

En este sentido, la caza es una actividad fuertemente masculinizada: hay unos 325.000 federados hombres y 4.600 mujeres. De los 1,4 millones de licencias de armas usables para la caza registradas por el Ministerio del Interior, solo hay 58.000 de mujeres.

En la lucha por esa área de influencia, el PP afirma en su carta a Agricultura que “la postura del Ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación”.

La idea diseminada por los cazadores es que la ciencia no sostiene que la codorniz atraviese un mal momento que justifique limitar las muertes causadas a escopetazos. Y los gobiernos del Partido Popular han salido a respaldar esa postura. Los mismos cazadores han pedido a los gobiernos autonómicos que acudan en su defensa. Y es lo que estas nueve regiones han hecho.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) declaraba en enero pasado que “las posibles limitaciones no están avaladas por datos científicos”. Y añadían: “Pedimos a las comunidades autónomas una postura firme”.

Ahora, una vez que el Gobierno (por boca tanto del Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica) ha admitido que no pueden “seguir sin hacer nada” y que hay que planear una reducción en las capturas, la RFEC insiste en que las medidas “deben ser consensuadas con el sector cinegético”.

Acto seguido, las nueve comunidades han enviado la carta al ministerio en la que repiten los argumentos de la federación. “No hay criterio científico claro”. La Junta de Extremadura le ha puesto voz a esta postura: confía en que “el Estado no permita que una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños”.

El propio Ministerio de Agricultura, al que los cazadores y las comunidades ven como posible aliado, ya ha aceptado que debe rebajarse el nivel de caza sobre la codorniz. En caso contrario, en el horizonte se dibuja un expediente de sanción europeo. El subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, ha admitido que “hay que evitar un procedimiento de infracción. Da mala imagen de España y del sector”.

Matan igual jóvenes que adultos

Carles Carboneras y Beatriz Arroyo son los investigadores que lideraron el consorcio científico cuyas conclusiones técnicas utilizó la Comisión Europea para proponer un parón en la caza de codornices. Ambos cuentan ahora a elDiario.es que “se ha puesto mucho énfasis en quitar validez a los datos científicos utilizados en los análisis, que a su vez sirvieron de base para las recomendaciones técnicas”.

“Nuestros análisis revelan que la supervivencia de adultos, y sobre todo de jóvenes, son muy bajas comparadas con los datos históricos”, cuentan los científicos del Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) y “demuestran que sería necesaria una productividad altísima –que cada hembra criara con éxito unos 15 pollos cada año– para mantener a la población. Esas tasas de reproducción son poco realistas en las condiciones actuales”.

Ambos aclaran que para tomar decisiones hace falta atender a muchos parámetros, no basta con limitarse a la tendencia poblacional como hacen los cazadores con su proyecto Coturnix. “Nuestra modelización muestra que un incremento significativo en la supervivencia de los ejemplares juveniles podría comportar, por sí sola, la recuperación de la población en cuanto a la vía migratoria”.

Pero el problema es que los jóvenes y los adultos son “indistinguibles a simple vista”. Es decir, cuando los cazadores apuntan no pueden saber si la pieza tiene un año o tres. Disparan y la rociada de perdigones acaba con la codorniz ya sea juvenil o adulta.

Por eso su recomendación técnica fue proponer “una moratoria de caza o una reducción muy importante de, al menos, un 75%”. Ahí es cuando los cazadores se levantaron en armas políticas.

La decisión se toma a nivel europeo porque la codorniz es una especie migratoria que pasa por muchos países antes de regresar en el invierno a África. De hecho, a la luz de los informes remitidos por el consorcio científico, el grupo de expertos en las directivas de aves y hábitats de la Comisión Europea ha concluido: “Es evidente que seguir como hasta ahora no es una opción”.

Igual que con la tórtola

Los científicos recuerdan el caso de la tórtola europea: “Tras cuatro años de moratoria [cuota cero], la recuperación ha sido suficiente para permitir la reapertura de la caza, de forma controlada, consensuada entre los países, y con una base científica”.

Sin embargo, la tórtola también ilustra la insumisión autonómica del Partido Popular cuando toca limitar la caza. En 2019, la Fiscalía tuvo que conminar a los gobiernos regionales a que dejaran de incluir a la tórtola como especie cazable porque España tenía abierto un expediente sancionador en Bruselas justamente por no “proteger adecuadamente” a esta ave codiciada por los cazadores.

La Real Federación de Caza tildó entonces este escrito de “amenaza”. En ese momento, la mala situación de la tórtola europea había hecho que el plan de recuperación incluyera una moratoria de todas las capturas. Establecer una cuota cero. Ante esto, los cazadores terminaron por proponer que bastaría con que se rebajaran las capturas un 50%, pero ya era tarde. Era el momento del parón temporal que permitiera a las tórtolas recuperarse.

Mientras se cerraba la medida, la RFEC afirmaba que “la prohibición de la caza de la especie supondrá, sin duda alguna y tal y como advierte la comunidad científica, un problema mucho mayor para la especie”. En un comunicado sostenían que “denunciamos la falta de imparcialidad de la Fiscalía” y llegaron a decir que la diligencia iba “en contra de toda la comunidad científica”.

Finalmente, la moratoria se decretó. La tórtola tuvo un respiro y ha remontado. Los cazadores pueden volver a dispararles desde 2025. Está por ver qué ocurre con las codornices.

El Parlamento de La Rioja aprobaba la pasada semana, con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, una moción para prorrogar durante una década más el uso de plomo en la munición de caza. La medida ha levantado una fuerte polvareda en el sector ambientalista; Ecologistas en Acción califica de “altamente irresponsable” esta decisión que, aseguran, antepone los intereses electorales de un colectivo que apenas representa al uno por ciento de la población frente a la salud general de la ciudadanía y el entorno natural.

La organización conservacionista denuncia que esta prórroga contraviene directamente las directrices de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica, que maneja plazos de apenas 18 meses para la sustitución de este metal. Según los colectivos ambientales, existen alternativas técnicas “perfectamente viables” en la actualidad, por lo que atribuyen la resistencia del sector cinegético a una cuestión de “usos, costumbres e ideologías negacionistas” más que a una imposibilidad material de adaptación.

El foco de la crítica se centra en la peligrosidad del plomo, un metal pesado altamente tóxico que se disemina por toneladas cada año en los campos riojanos. Ecologistas en Acción recuerda que no se trata solo de un problema de conservación de especies, sino de una amenaza directa para las personas. El plomo es un veneno acumulativo que afecta gravemente al sistema nervioso y los riñones, siendo especialmente dañino para la infancia y el desarrollo fetal, donde puede causar daños cerebrales irreversibles.

Un aspecto especialmente preocupante para una región agrícola como La Rioja es la filtración de este metal en la cadena alimentaria. La nota advierte que las raíces de los cultivos absorben el plomo presente en suelos contaminados por la actividad cinegética. Hortalizas de hoja verde como la lechuga o la espinaca, y productos de raíz como la patata o la zanahoria —fundamentales en la huerta riojana—, son proclives a asimilar estas partículas que terminan finalmente en el plato del consumidor.

La organización lamenta que el PSOE riojano se haya sumado a esta iniciativa, situándose en una postura contradictoria con la que mantiene el Gobierno de España y la evidencia científica. Consideran que otorgar diez años más de margen es, en realidad, una “patada hacia delante” para evitar afrontar un problema de salud pública, bajo la premisa de que, cumplido el plazo, el sector volverá a presionar para obtener nuevas moratorias.

Finalmente, desde Ecologistas en Acción instan a las formaciones políticas a rectificar y priorizar el cumplimiento de la normativa europea. Para la organización, la salvaguarda de los acuíferos y de la seguridad alimentaria en La Rioja no puede quedar supeditada a lo que consideran “caprichos del sector cinegético”, instando a una vigilancia más estricta sobre la contaminación por metales pesados en nuestro territorio.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.