Las distintas medidas puestas en marcha en Castilla-La Mancha para atender el control de sobrepoblación de conejo han permitido la captura de más de 577.000 de estos animales desde el día 1 de enero.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de presidir la constitución de la primera Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo.

Gómez ha asegurado que la cifra pone de manifiesto tanto la “magnitud del problema” como el esfuerzo que se está realizando para reducir el impacto de la sobrepoblación. La consejera también ha explicado que, de ese número total, los que se capturan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “se están aprovechando” para llevarse a los centros de recuperación de fauna, como alimento para las especies protegidas que se están cuidando, antes de devolverlas a su entorno natural, donde “necesitan conejo vivo para su alimentación”.

En estos centros hay otras especies que “desgraciadamente” no se pueden recuperar y, mientras se mantienen en las instalaciones, también se les proporciona, en este caso, conejos muertos para su alimentación.

Además, el Gobierno autonómico también está estableciendo distintos acuerdos con la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza) y otras organizaciones, para introducir estos animales capturados en “el circuito de carne de conejo para las personas, porque es una carne de excelente calidad y por lo tanto también de reconocido prestigio dentro de lo que es la carne de caza”.

Respecto a la Mesa Regional sobre el Control de Población del Consejo de Campo --tras la que también se constituirán en próximos días las mesas provinciales--, Gómez ha recordado que es una medida que figura entre las 18 que incluye el Plan de Acción para controlar la sobrepoblación de conejo en la región que se presentó hace un mes.

“Lo que pretendemos es que todos estemos implicados en el control del conejo”, ha manifestado la consejera, que ha asumido que si entre todos los implicados no son capaces de poner encima de la mesa cómo ayudar a controlar la sobrepoblación de conejo, “desde luego será imposible” acotarla.

Mesa regional sobre el Control de Población del Conejo de Campo

En la mesa están representadas las organizaciones agrarias, el sector cinegético, otras administraciones públicas distintas de la Administración regional, como las diputaciones o la Delegación del Gobierno en representación de la administración, tanto en lo que corresponde a la parte de Fomento como a las confederaciones geográficas, que tienen infraestructuras que pueden verse afectadas por el conejo; así como los grupos conservacionistas y el sector científico.

Tras la constitución de la Mesa, los asistentes analizarán todas las medidas puestas en marcha para ver si “son eficaces para continuar reforzándolas en el tiempo” o para cambiar o “eliminar del plan” las que vean que no funcionan o ver otras nuevas a analizar para llegar a una solución.

En este contexto, Mercedes Gómez ha recordado que también “están finalizando los trabajos para hacer una convocatoria de ayudas específicas a los agricultores para ofrecerles sistemas de protección frente a los conejos”, y que, de la misma forma, se podrá a su disposición próximamente “jaulas para la captura de estos conejos por parte de los agricultores también en sus parcelas si así nos lo requieren”.

El objetivo es que “aproximadamente cada mes” se ofrezcan datos de cómo va el control de la población de conejo y que estos datos sean públicos “y que todos los ciudadanos y sobre todo los agricultores que son los más afectados lo tengan a su disposición para saber lo que está sucediendo”.

Preguntada por la petición de algunas organizaciones agrarias para que se incluya el mes de mayo dentro de las cazas, Mercedes Gómez ha señalado que la caza con escopeta ese mes va a estar “totalmente” prohibida. “Es un mes en el que hay nidificación de muchas especies y por lo tanto no vamos a crear un conflicto con estas especies ni tampoco con los grupos conservacionistas en este aspecto”.

“Eso quiero que quede claro ya desde el primer minuto”, ha dicho la consejera, quien, no obstante, ha añadido que se está trabajando con la Federación Regional de Caza para crear equipos específicos de cazadores que puedan cazar de noche, que se tendrán que someter a un curso de formación específico que se va a intentar que estén “cuanto antes”.

Asaja reclama un ritmo de capturas “elevado”

De su lado, el vicepresidente de Asaja de Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha valorado que “por fin” se puedan “ver las caras” todas las administraciones implicadas en este problema, “que de momento han estado de espaldas” al mismo, ha opinado, y poder comprobar “el funcionamiento de las medidas”.

“El ritmo de capturas tiene que ser elevado y, si no se ponen medios, ni materiales, ni económicos, ni de personal”, la ejecución de las medidas se quedará “solamente en medidas” y no en soluciones ante los daños que ocasionan los conejos. Ha confiado al respecto en que se aporten remedios y se pueda lanzar al sector “un mensaje de optimismo”.

Ante este asunto, ha comentado Torrero, la actitud de la organización agraria “va a ser siempre la misma” y “ante cualquier negligencia” o “inacción” de cualquier administración, Asaja denunciará ante “las instancias que sean necesarias para que, de una vez por todas, se acabe con este problema”.

Como ha explicado Torrero, Asaja siempre ha defendido “un control efectivo” de la sobrepoblación de conejos bajando población “hasta un nivel normal” y haciendo “un trabajo de mantenimiento año tras año” donde ya se involucran cazadores, la Consejería y los responsables de determinadas infraestructuras a fin de “seguir controlando” la población de esta especie.

Un varón está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) abatiendo un corzo de forma ilegal en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un acto de caza furtiva en el coto denominado 'El Hierro', por lo que se puso en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El 16 de marzo, durante una inspección ocular realizada en este coto, los agentes localizaron restos de sangre y pelo en el camino de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Este hallazgo permitió confirmar que el disparo se efectuó desde un camino público, constituyendo una infracción grave al realizarse el lance desde una zona de seguridad.

Incautados el arma y la cabeza del animal

La investigación continuó en los días posteriores, permitiendo constatar que el animal había sido abatido en horario crepuscular y en plena época de veda. Tras una búsqueda minuciosa en los alrededores, los efectivos localizaron el cuerpo decapitado del espécimen, el cual había sido arrastrado y escondido entre la vegetación para dificultar el hallazgo.

Finalmente, tras las gestiones practicadas los agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos, procediéndose a la incautación del arma empleada, un rifle y a la recuperación de la cabeza del animal, el trofeo.

El investigado ha sido puesto a disposición de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas, ante los cuales deberá responder por un presunto delito contra la flora y la fauna.

Acosado por los pesticidas y atrapado a miles por su canto durante años, el jilguero, el pájaro más vistoso de España, lleva años declinando. Como son muchos parecen inagotables, pero sus poblaciones van para abajo. Salvarlos supone cuidar de lo cotidiano.

“Es ubicuo”, explica el técnico de SEO/Bird life, Luis Martínez, para explicar su popularidad mientras pasea por el parque forestal de Valdebebas en la ciudad de Madrid. Un vecino casi universal. De hecho, se trata de una de las aves más comunes y reconocibles. Tanto como para lucir numerosos nombres. Si no te suena jilguero, a lo mejor lo conoces por colorín, cardelina, sirguero, golorito o sietecolores. Son todos el mismo Carduelis carduelis. El pájaro del cardo.

Su popularidad le hace ser un ejemplo perfecto para ilustrar las amenazas que los pájaros afrontan derivadas de las actividades humanas: desde la destrucción de sus hábitats hasta la captura indiscriminada. Su defensa es la protección de lo cercano. Por eso ha sido elegido el ave del año 2026 por la SEO/Birdlife.

No dejarse engañar por los números

Esta historia se genera en un parque periurbano madrileño, pero valdría lo mismo hablar de un solar en Sevilla u otro jardín cualquiera. También cuadra en las llanuras de cultivo en Ciudad Real o campos abiertos de Castilla y León. En Canarias y en las Balears.

“No hay que esperar a que la especie esté ya en peligro de extinción para protegerla”, comenta Luis Martínez mientras prepara el telescopio para fisgar alguna pareja de jilgueros. “Lo suyo es poner medidas cuando se detecta que las poblaciones pueden estar reduciéndose”. Estos pajaritos, por su propia naturaleza, suman millones de ejemplares. A simple vista, a nadie –no interesado– puede parecerle que jilgueros (o serines, gorriones y verderones) puedan atravesar una mala racha. Parece contraintuitivo hablar de declive si puedes estimar que hay 15 millones de estos pájaros.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar. “Tenemos el ejemplo de la paloma migratoria americana, apunta Martínez. La Ectopistes migratorius fue en su momento el ave más abundante de Norteamérica –se estima que había entre 3.000 y 5.000 millones de estas palomas–, pero, en tan solo un siglo se extinguió. Martha, el último ejemplar, murió en el zoológico de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914.

La caza comercial masiva y la degradación de su hábitat unidas a una pobre variedad genética acabaron con una especie en 100 años cuando tenían en sus alas una historia evolutiva de decenas de miles. Estaban adaptadas a vivir en grandes bandadas, pero, cuando sus grupos se hicieron más pequeños de manera brusca, no pudieron soportarlo. Su caso ha demostrado que, incluso las poblaciones grandes y estables están en peligro por cambios ambientales repentinos.

El jilguero, según SEO, ha padecido un declive del 20% entre 2002 y 2023. No es el único. La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés) ha advertido de que “entre 2002 y 2023, el índice de los 168 pájaros más comunes ha caído un 15% en la Unión Europea”. El desplome insiste, es mucho más acusado en las especies agrarias –como el jilguero– que llega al 42%. “Parece improbable que esta situación se revierta para 2023. Los estados miembro deben reforzar las medidas actuales y poner en marcha nuevas para asegurarse su recuperación”.

Los pájaros son mucho más que unas plumas vistosas o un canto armonioso. “Juegan un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas”, explica EEA. “Proporcionan una variedad de servicios que van desde el control de plagas a la dispersión de semillas al tiempo que contribuyen al ciclo de los nutrientes”.

Una investigación publicada en 2025 en la revista Science demostró que la extinción de aves evapora roles muchas veces insustituibles en los ecosistemas. El trabajo calculó que la humanidad ha provocado hasta ahora la desaparición de unas 600 especies de aves y que, en los próximos dos siglos, las actividades humanas pueden extinguir otras 1.300 variedades en lo que supone “una devastación masiva de biodiversidad”.

Luis Martínez detalla que los jilgueros padecen la agricultura intensiva, por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes que destruyen sus hábitats y fuentes de alimento, además de haber sido uno de los trofeos de caza favoritos de los silvestristas (los aficionados a los pájaros cantores).

Los pesticidas les dejan sin comida, pero además, la agricultura intensiva que hace que todos los campos se pongan en cultivo al mismo tiempo y no deja espacio para parcelas en barbecho donde crecen las plantas que luego generan las semillas que comen, también les afecta.

El silvestrismo, por su parte, está parado por prohibición legal desde 2019. La Comisión Europea advirtió a España de que debía parar esta variedad cinegética que atrapa pájaros indiscriminadamente en redes colocadas en sus zonas de paso. Sin embargo, los cazadores no se han resignado y reclaman recuperar su actividad sin cortapisas. Continúa además activo un mercado negro de pajaritos cantores como el jilguero que alimenta un tráfico ilegal de aves nacional e internacional.

El parque de Valdebebas por el que vuelan estos jilgueros urbanos es un conjunto variado de matorrales, lavandas, almendros, olmos o encinas, mezclados con hierbas silvestres y toda su variedad de flores y semillas. En primavera están verdísimos. Luego pasarán a marrón y amarillo.

Este paseo genera un contraste mental con las praderas verdes uniformes de césped que permanecen como el paradigma de jardín y parque ideales en las ciudades. En realidad, son un paisaje de biodiversidad más bien pobre obtenido a precio de joya: el mantenimiento y la exigencia de agua a mansalva son un alto coste.

“Hay que entender que el marrón también es un color de la naturaleza, subraya Luis Martínez. ”Y, quizá, el que permite la biodiversidad“.

Los defensores del medio ambiente no son los únicos críticos con las políticas desplegadas por la Xunta desde la Consellería de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, Ángeles Vázquez, se acaba de poner en contra también a los cazadores, a pesar de que el Gobierno gallego se ha inclinado por aplicar políticas favorables para sus intereses. El motivo son las medidas aplicadas para “controlar” la población de jabalí en Galicia, que se han traducido en la declaración de una emergencia cinegética, es decir, en autorizar que se cace esta especie sin limitaciones. “Su efectividad real en el campo es sencillamente ridícula”, afirma la Unión de Tecores y Cazadores de Galicia (Unitega), que agrupa a unas 11.000 personas y cerca de un centenar de tecores -terrenos cinegéticamente ordenados-.

A la crítica de la falta de efectividad le añaden varias más. Unitega cree que los anuncios relacionados con el jabalí son una estrategia propagandística por parte de la Consellería de Medio Ambiente, un “paripé” para sostener que ha tratado de reducir el número de ejemplares y, en caso de complicaciones, como una posible entrada de la peste porcina africana, poder descargar responsabilidades sobre los cazadores. “La realidad que vivimos día a día en el monte demuestra que la administración nos quiere utilizar como una cortina de humo. La intención es clara: descargar sobre las espaldas de los tecores toda la responsabilidad en caso de que se acaba produciendo un positivo de peste porcina en Galicia”, asegura la agrupación, que pone el foco también sobre un desencuentro que ha llevado a que los cazadores aireen su oposición a las políticas de la Xunta. Rechazan que se introduzca una modalidad típica de la caza menor, que es la denominada caza en mano, para el jabalí, que es caza mayor. Avisan de que va a haber menos control y un aumento del riesgo de accidentes.

El secretario de Unitega, Antonio Mota, insiste, en conversación con elDiario.es, en que la Consellería de Medio Ambiente está dando mucha publicidad a la emergencia cinegética para trasladar “una imagen de que se están tomando medidas”. La Xunta está recurriendo a estos permisos para cazar jabalíes sin límite desde hace unos años. Primero lo justificó con las denuncias de los ganaderos por las pérdidas causadas al entrar estos animales en los terrenos cultivados y con los accidentes de tráfico con ejemplares implicados. Con el brote de peste porcina africana en Catalunya, detectado en esta especie, la vinculó también a la prevención para evitar la enfermedad.

Mota avisa de que, mientras tanto, hay “una ceguera voluntaria” sobre lo que considera “verdaderas vías” potenciales para la entrada de la peste porcina: productos cárnicos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad y la introducción de los mismos por parte de humanos. Considera que la administración autonómica debería hacer una campaña informativa para avisar de los riesgos de que queden restos en zonas naturales o transitadas por personas a las que puedan acceder jabalíes. Y cree que las autovías A-6 y A-52 son “puntos calientes” porque los viajeros que pasan por ellas pueden dejar atrás, por ejemplo, un bocadillo de embutido contaminado. Recuerda que esta fue la teoría a la que se le dio más peso en el brote registrado en diciembre de 2025 en Catalunya.

“Es mucho más fácil firmar papeles de emergencia cinegética en un despacho y señalar al cazador que realizar un trabajo de campo y prevención real en las infraestructuras viarias”, protesta Unitega, que dice que “el silencio ya no es una opción” para los cazadores porque consideran que “la inacción institucional y las medidas puramente de cara a la galería” están abocando a “un desastre sanitario” del que creen que van a ser culpados de forma “premeditada”. Las medidas de la Xunta, insisten, “son tan poco realistas que apenas hay solicitudes”. Mota indica que lo normal es que la caza del jabalí se permita los jueves, sábados, domingos y festivos y que, con la emergencia cinegética, estos animales pueden ser abatidos todos los días. Pero es “innecesario”, dada la cantidad de jornadas en las que ya se puede hacer. La actividad, recalca, se concentra el fin de semana y solo algunos jubilados salen también los jueves.

“Una vez más, la Consellería de Medio Ambiente trabaja para la galería: solo buscan transmitir a la parte de la sociedad ajena a la caza una falsa sensación de control, tanto respecto a la peste porcina africana como a los continuos daños agrícolas o los accidentes de tráfico provocados por la fauna. Y no, no está bajo control”, afea la agrupación.

Mato se detiene también sobre la nueva modalidad que quiere permitir la Xunta para cazar el jabalí. Expone que los cazadores en Galicia suelen salir organizados en cuadrillas, en las que hay al menos ocho personas y en las que una de ellas actúa como responsable del grupo. Al aplicar la modalidad de la caza en mano, señala, serían suficientes dos personas para recorrer el monte en busca de animales a los que disparar. Pero para matar a un jabalí son necesarias balas. “Es otro nivel. Pasamos de una caza organizada a una caza que puede ser bastante más incontrolada”, protesta. La intención de la Xunta, según trasladó en reuniones recientes con representantes de los cazadores, es publicar en breve la orden en la que se va a permitir esta modalidad para abatir jabalíes, con la idea de hacerla opcional y que sean los tecores los que decidan si solicitarla o no. Mota dice no tener dudas de que habrá un cierto número que sí lo hará y eso le preocupa.

El asturiano Ramón González García, de 53 años, permanece desaparecido desde ayer, lunes, cuando salió por la mañana desde su domicilio, en Oviedo, en dirección al monte, en el concejo asturiano de Caso. Equipos de rescate de Asturias y León participan en un amplio operativo de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

A las labores de rastreo se han incorporado en las últimas horas como voluntarios cuatro efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, en la que trabajó como ingeniero técnico, junto a familiares y amigos.

Hallado su vehículo

Hasta el momento solo ha podido ser localizado su vehículo en el aparcamiento de Wamba, aunque los miembros del dispositivo de rastreo tratan por todos los medios de encontrar alguna pista que pueda conducir hasta su paradero.

La conmoción ha sido máxima desde que se tuvo conocimiento de que el allerano Ramón González, un experto montañero y cazador, no había regresado a su domicilio la pasada madrugada.

Se da la circunstancia de que llegó a participar junto a sus compañeros de la Brigada de Salvamento Minero en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Málaga, en enero de 2019.

Ramón González llegó a participar en Málaga junto a sus compañeros en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en 2019

En las inmediaciones de San Isidro

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en colaboración con Emergencias del 112 de Castilla y León han desplegado un importante operativo de búsqueda en el entorno del puerto de San Isidro desde que su esposa comunicó, a la una y media de esta madrugada, que seguía sin noticias de su marido.

Un portavoz de la Guardia Civil de Asturias ha explicado a elDiario.es Asturias que tuvo conocimiento de la desaparición del ovetense a través de una llamada telefónica recibida en la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía y de la que se dio traslado al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia.

Intensa búsqueda

La esposa del desaparecido había informado que su marido había salido de casa por la mañana por la mañana. Al tener conocimiento a través de la mujer de que la familia tiene una propiedad en el concejo allerano, de donde es natural Ramón Isidro González, la Guardia Civil desplazó a una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Moreda para comprobar si podría encontrarse ahí, sin que esta gestión diera resultado.

A continuación, reproducimos el vídeo remitido a este periódico por la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias sobre la búsqueda en San Isidro.

En torno a las 2.20 horas de la pasada madrugada, los agentes localizaron su vehículo, por lo que se dio aviso al COS de la Guardia Civil de León para coordinar el operativo de búsqueda.

Seguidamente, según los datos de la Comandancia asturiana, desde la comunidad autónoma vecina se envió a la zona a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Rastreo por la ruta de montaña

El 112 Asturias informó este martes que el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rastreó la zona de noche, nada más tener conocimiento de la desaparición, desde Caso y simultáneamente una patrulla de la Guardia Civil de León recorría los caminos cercanos a La Bamba.

A primera hora de esta mañana tres helicópteros, el de Bomberos de Asturias, el de la Guardia Civil y el de Servicio de Emergencias de Castilla y León han sobrevolado, sin éxito la zona.

No coge el teléfono

La aeronave de SEPA sobrevoló desde el pico Torres hasta Los Ubales, pero la meteorología en el lugar, con viento y tormentas, impidió continuar el rastreo aéreo.

Según los datos de que dispone el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, el aviso les llegó a las 01.07 horas el aviso. En esa llamada, un familiar del desaparecido explicó que éste había salido al monte, “sin decir dónde iba”, y pese a que trataron de localizarlo, “no respondía al teléfono”. Posteriormente la familia ya presentó oficialmente una denuncia por su desaparición.

Localizan el vehículo

Un amigo del desaparecido comunicó que había visto su coche en el aparcamiento de Wamba, por lo que se desplazaron a ese lugar los equipos de rescate para comprobarlo.

Desde el 112 de Asturias se mantiene contacto con el Servicio de Emergencias de Castilla y León para coordinar un dispositivo conjunto entre ambas comunidades.

El helicóptero y la Unidad Canina

Al frente del operativo del SEPA está un jefe de zona de Bomberos. Además del Grupo de Rescate se ha movilizado a bomberos del SEPA del parque de Caso y La Morgal, Unidad de Drones, Unidad Canina y Guardería de Medio Natural del Principado.

Todas las actuaciones encaminadas a la localización del desaparecido han sido infructuosas hasta el momento, por lo que desde el Principado se ha acordado esta mañana que a este operativo se sumen el helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias.

Tres equipos mixtos

En torno a las tres de esta tarde, el 112 Asturias difundía una nota de prensa donde especificaba que el dispositivo de rastreo del SEPA se encontraba trabajando con tres equipos mixtos distribuidos en tres zonas.

Uno de ellos se desplazó hacia el lago Ubales, otro hacia Peña El Viento y el tercero en sentido descendente hacía donde se localizó el coche en el aparcamiento de Wamba. En esta zona trabaja también la Unidad de Drones del Bomberos ya que la meteorología en la zona, con tormentas, viento y granizo, impide operar en otras zonas.

Esta tarde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado en el inicio de la pista de Wamba, a la espera de poder continuar con el operativo de búsqueda mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados, según ha informado la Federación de Caza de Castilla-La Mancha .

La sentencia considera probado que el acusado mató a 'Nenúfar', una hembra de lince que había sido liberada en el año 2017 y que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, al incurrir en un delito contra la fauna por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza de zorros sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. Posteriormente se confirmó la muerte de sus cuatro cachorros, uno de ellos se encontró muerto.

La jueza ha impuesto además una pena de multa de 1.440 euros euros durante cuatro meses, a razón de 12 euros diarios, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros. WWF España reclamaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270 000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría. La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.

La hembra de lince ibérico “Nenúfar” fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas (Toledo) por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo. En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del SEPRONA logró localizar e identificar al acusado. Este reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando. En una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el SEPRONA no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado, según informa WWF España.

La Federación de Caza pide “extremar la responsabilidad”

Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado “la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética” y ha subrayado su “implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas”, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.

El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.

En este sentido, la federación regional insiste en el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades “en la mejora de la especie”, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.

WWF España celebra la condena pero la considera “insuficiente”

WWF España que se personó en el caso como acusación popular celebra la condena al acusado de lo que califica de “ grave delito contra la fauna”. Cree que la sentencia supone una condena importante en cuanto a la responsabilidad civil pero la considera “insuficiente” en el ámbito penal, ya que se pedían hasta tres años de cárcel.

La organización conservacionista recuerda que el lince ibérico estaba catalogado como especie “en peligro de extinción” por la Lista Roja de la UICN en el momento de los hechos, es una especie protegida también a nivel estatal - en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial - y autonómico –en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla La Mancha-.

“Los disparos, las trampas ilegales y el veneno todavía siguen afectando a los linces, y tras los atropellos, suponen la segunda causa de mortalidad no natural para la especie”, explica la organización. La transposición de la Directiva Penal Ambiental, subraya, “es una oportunidad para mejorar en la lucha contra los delitos contra la fauna” que, aseguran, “no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso. A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias”, lamentan.

A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10 % de las muertes de lince por estas causas.

WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes. La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.

Vox Castilla-La Mancha presentará una iniciativa parlamentaria para que la montería sea declarada Bien de Interés Cultural en la región.

La montería es una modalidad de caza mayor, tradicional y colectiva que consiste en batir una zona de monte utilizando perros para levantar reses, tales como jabalíes, ciervos o gamos, hacia puestos fijos donde se encuentran los cazadores. Esta modalidad se realiza entre octubre y febrero.

El pasado mes de enero, se conocía que en la finca pública 'Dehesa de Castilseras' el Seprona investigaba que se hubiesen abatido un 48% más del cupo de caza autorizado, sucediéndose así una “masacre” de cientos de animales.

Ahora, el líder de Vox Castilla-La Mancha, David Moreno, ha defendido que se trata de una práctica de caza mayor “ancestral y milenaria, profundamente arraigada en nuestra historia y en el medio rural”. Ha señalado que este tipo de reconocimiento BIC ya sucede en Andalucía desde 2017 y en Extremadura desde 2022. Según Moreno, Castilla-La Mancha es junto con estas comunidades autónomas “una de las tres grandes regiones en la práctica de la montería” y ha dicho que genera “más de 6.500 empleos directos”.

A su vez, ha criticado que el presidente regional, Emiliano García-Page ha obrado con un “incumplimiento reiterado” ya que en “2023 se comprometió a impulsar esta declaración en el marco del Pacto Regional por la Caza”.

El Gobierno regional cree en la caza como “motor de desarrollo”

Se da la circunstancia, además, de que el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha afirmado durante su visita a la Feria Cinegética en Madrid que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree en la caza como “motor de desarrollo”, puesto que “crea empleo y fija población, como lo demuestran los estudios más recientes”.

Almodóvar ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo “medidas pioneras” en el sector de la caza firmando convenios de formación con los actores principales, promoviendo las licencias gratuitas para los residentes y también la adhesión de Castilla-La Mancha a la licencia interautonómica que permitirá cazar con un solo permiso en diez comunidades de España.

La derecha y ultraderecha españolas quieren a los cazadores como aliados en su disputa electoral por los votos rurales. Así que, ante la posibilidad de que se decreten restricciones en la Unión Europea a la caza de la codorniz por el mal estado de la especie, nueve gobiernos autonómicos del Partido Popular le han pedido al Ministerio de Agricultura que ignore la ciencia y defiendan en Bruselas que no se limiten las capturas, a pesar de que no hacer nada ante el declive deja a España a merced de un expediente sancionador de Bruselas.

Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Región de Murcia y La Rioja han remitido una carta a este Ministerio –sin prestar atención a que Transición Ecológica está implicado– en la que dicen que no hay “un criterio científico claro” para avalar restricciones de caza. También añaden que se “obvian estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz”. Se refieren a un proyecto patrocinado e impulsado por las federaciones de caza.

El Partido Popular sale así en defensa del sector cinegético, un terreno que el partido ultraderechista Vox ha conseguido caracterizar como algo propio. “Vox defiende la caza como esencial para la prosperidad de las áreas rurales y un emblema de la identidad nacional”, analiza esta investigación de la Universidad de Toronto. “Equipara ser español con los valores y tradiciones rurales” y “ha ligado el campo a la masculinidad tradicional y los valores nacionalistas”.

En este sentido, la caza es una actividad fuertemente masculinizada: hay unos 325.000 federados hombres y 4.600 mujeres. De los 1,4 millones de licencias de armas usables para la caza registradas por el Ministerio del Interior, solo hay 58.000 de mujeres.

En la lucha por esa área de influencia, el PP afirma en su carta a Agricultura que “la postura del Ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación”.

La idea diseminada por los cazadores es que la ciencia no sostiene que la codorniz atraviese un mal momento que justifique limitar las muertes causadas a escopetazos. Y los gobiernos del Partido Popular han salido a respaldar esa postura. Los mismos cazadores han pedido a los gobiernos autonómicos que acudan en su defensa. Y es lo que estas nueve regiones han hecho.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) declaraba en enero pasado que “las posibles limitaciones no están avaladas por datos científicos”. Y añadían: “Pedimos a las comunidades autónomas una postura firme”.

Ahora, una vez que el Gobierno (por boca tanto del Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica) ha admitido que no pueden “seguir sin hacer nada” y que hay que planear una reducción en las capturas, la RFEC insiste en que las medidas “deben ser consensuadas con el sector cinegético”.

Acto seguido, las nueve comunidades han enviado la carta al ministerio en la que repiten los argumentos de la federación. “No hay criterio científico claro”. La Junta de Extremadura le ha puesto voz a esta postura: confía en que “el Estado no permita que una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños”.

El propio Ministerio de Agricultura, al que los cazadores y las comunidades ven como posible aliado, ya ha aceptado que debe rebajarse el nivel de caza sobre la codorniz. En caso contrario, en el horizonte se dibuja un expediente de sanción europeo. El subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, ha admitido que “hay que evitar un procedimiento de infracción. Da mala imagen de España y del sector”.

Matan igual jóvenes que adultos

Carles Carboneras y Beatriz Arroyo son los investigadores que lideraron el consorcio científico cuyas conclusiones técnicas utilizó la Comisión Europea para proponer un parón en la caza de codornices. Ambos cuentan ahora a elDiario.es que “se ha puesto mucho énfasis en quitar validez a los datos científicos utilizados en los análisis, que a su vez sirvieron de base para las recomendaciones técnicas”.

“Nuestros análisis revelan que la supervivencia de adultos, y sobre todo de jóvenes, son muy bajas comparadas con los datos históricos”, cuentan los científicos del Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) y “demuestran que sería necesaria una productividad altísima –que cada hembra criara con éxito unos 15 pollos cada año– para mantener a la población. Esas tasas de reproducción son poco realistas en las condiciones actuales”.

Ambos aclaran que para tomar decisiones hace falta atender a muchos parámetros, no basta con limitarse a la tendencia poblacional como hacen los cazadores con su proyecto Coturnix. “Nuestra modelización muestra que un incremento significativo en la supervivencia de los ejemplares juveniles podría comportar, por sí sola, la recuperación de la población en cuanto a la vía migratoria”.

Pero el problema es que los jóvenes y los adultos son “indistinguibles a simple vista”. Es decir, cuando los cazadores apuntan no pueden saber si la pieza tiene un año o tres. Disparan y la rociada de perdigones acaba con la codorniz ya sea juvenil o adulta.

Por eso su recomendación técnica fue proponer “una moratoria de caza o una reducción muy importante de, al menos, un 75%”. Ahí es cuando los cazadores se levantaron en armas políticas.

La decisión se toma a nivel europeo porque la codorniz es una especie migratoria que pasa por muchos países antes de regresar en el invierno a África. De hecho, a la luz de los informes remitidos por el consorcio científico, el grupo de expertos en las directivas de aves y hábitats de la Comisión Europea ha concluido: “Es evidente que seguir como hasta ahora no es una opción”.

Igual que con la tórtola

Los científicos recuerdan el caso de la tórtola europea: “Tras cuatro años de moratoria [cuota cero], la recuperación ha sido suficiente para permitir la reapertura de la caza, de forma controlada, consensuada entre los países, y con una base científica”.

Sin embargo, la tórtola también ilustra la insumisión autonómica del Partido Popular cuando toca limitar la caza. En 2019, la Fiscalía tuvo que conminar a los gobiernos regionales a que dejaran de incluir a la tórtola como especie cazable porque España tenía abierto un expediente sancionador en Bruselas justamente por no “proteger adecuadamente” a esta ave codiciada por los cazadores.

La Real Federación de Caza tildó entonces este escrito de “amenaza”. En ese momento, la mala situación de la tórtola europea había hecho que el plan de recuperación incluyera una moratoria de todas las capturas. Establecer una cuota cero. Ante esto, los cazadores terminaron por proponer que bastaría con que se rebajaran las capturas un 50%, pero ya era tarde. Era el momento del parón temporal que permitiera a las tórtolas recuperarse.

Mientras se cerraba la medida, la RFEC afirmaba que “la prohibición de la caza de la especie supondrá, sin duda alguna y tal y como advierte la comunidad científica, un problema mucho mayor para la especie”. En un comunicado sostenían que “denunciamos la falta de imparcialidad de la Fiscalía” y llegaron a decir que la diligencia iba “en contra de toda la comunidad científica”.

Finalmente, la moratoria se decretó. La tórtola tuvo un respiro y ha remontado. Los cazadores pueden volver a dispararles desde 2025. Está por ver qué ocurre con las codornices.

El Parlamento de La Rioja aprobaba la pasada semana, con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, una moción para prorrogar durante una década más el uso de plomo en la munición de caza. La medida ha levantado una fuerte polvareda en el sector ambientalista; Ecologistas en Acción califica de “altamente irresponsable” esta decisión que, aseguran, antepone los intereses electorales de un colectivo que apenas representa al uno por ciento de la población frente a la salud general de la ciudadanía y el entorno natural.

La organización conservacionista denuncia que esta prórroga contraviene directamente las directrices de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica, que maneja plazos de apenas 18 meses para la sustitución de este metal. Según los colectivos ambientales, existen alternativas técnicas “perfectamente viables” en la actualidad, por lo que atribuyen la resistencia del sector cinegético a una cuestión de “usos, costumbres e ideologías negacionistas” más que a una imposibilidad material de adaptación.

El foco de la crítica se centra en la peligrosidad del plomo, un metal pesado altamente tóxico que se disemina por toneladas cada año en los campos riojanos. Ecologistas en Acción recuerda que no se trata solo de un problema de conservación de especies, sino de una amenaza directa para las personas. El plomo es un veneno acumulativo que afecta gravemente al sistema nervioso y los riñones, siendo especialmente dañino para la infancia y el desarrollo fetal, donde puede causar daños cerebrales irreversibles.

Un aspecto especialmente preocupante para una región agrícola como La Rioja es la filtración de este metal en la cadena alimentaria. La nota advierte que las raíces de los cultivos absorben el plomo presente en suelos contaminados por la actividad cinegética. Hortalizas de hoja verde como la lechuga o la espinaca, y productos de raíz como la patata o la zanahoria —fundamentales en la huerta riojana—, son proclives a asimilar estas partículas que terminan finalmente en el plato del consumidor.

La organización lamenta que el PSOE riojano se haya sumado a esta iniciativa, situándose en una postura contradictoria con la que mantiene el Gobierno de España y la evidencia científica. Consideran que otorgar diez años más de margen es, en realidad, una “patada hacia delante” para evitar afrontar un problema de salud pública, bajo la premisa de que, cumplido el plazo, el sector volverá a presionar para obtener nuevas moratorias.

Finalmente, desde Ecologistas en Acción instan a las formaciones políticas a rectificar y priorizar el cumplimiento de la normativa europea. Para la organización, la salvaguarda de los acuíferos y de la seguridad alimentaria en La Rioja no puede quedar supeditada a lo que consideran “caprichos del sector cinegético”, instando a una vigilancia más estricta sobre la contaminación por metales pesados en nuestro territorio.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.

Los micrófonos abiertos son, a veces, reveladores. Uno de estos aparatos durante el I Foro de la Codorniz celebrado el pasado 11 de marzo en Valladolid recogió la conversación mantenida entre uno de los promotores del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza, José Antonio Pérez Garrido, y otro de los asistentes. Las palabras giran en torno a la situación y abundancia de la especie. Los informes oficiales hablan de una regresión importante, mientras los cazadores sostienen que la codorniz está en buena situación y, por lo tanto, no hay que tomar medidas restrictivas sobre su actividad como planea proponer el Gobierno en la Unión Europea a cambio de no decretarse una moratoria total.

En un momento dado, ante la afirmación de que la codorniz es un animal cuyas poblaciones se miden por millones de ejemplares –por lo que los individuos matados por los cazadores no influyen demasiado–, Pérez Garrido realiza una analogía en estos términos: “Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

El diálogo del vídeo es el siguiente:

– “El tamaño poblacional, estamos hablando de una especie de millones de ejemplares”.

– “Claro. Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

– “Mira José Antonio esto es todo una cuestión del hombre blanco”.

Así concluyen, para luego adentrarse en una disertación sobre la percepción de las especies en extinción. Pérez Garrido es además el dinamizador en la comunidad autónoma del proyecto de censos de codorniz Coturnix financiado por la aseguradora de cazadores Mutuasport –dirigida por el presidente de la Federación Andaluza de caza, José María Mancheño– y cuyos resultados son esgrimidos por el sector cinegético para afirmar que, en España, se hace una caza de la especie “sostenible”.

Contactado por este diario para poder matizar sus palabras, Pérez Garrido insiste en que la comparación se refiere a “una población muy grande que no está ni comprobado que haya una disminución en España sino de la presencia cuando la cazamos. Sobre una población global muy grande, una posible merma de una pequeña parte de la población no debería ser significativa”.

Según el cazador, por eso hacía la comparativa: “Si tenemos 1.300 millones de chinos y por causas naturales (un volcán o una epidemia) se mueren 100 millones, efectivamente, cuando tú piensas en 100 millones de muertos es una barbaridad, pero es que quedan 1.200 millones de chinos. ¿La población de chinos está en peligro?–se pregunta el cazador– No. No está en peligro”, contesta.

Y continua su comparativa con la situación de la codorniz: “¿Hay que hacer una repoblación de chinos para recuperar esos 100 millones que mueren? No. Hay 1.200 millones de chinos. Podríamos compararlo con una población de batusis, que quedan 1.500. En una población así, se mueren 100 y sí es preocupante. Es una merma del 10%. Cuando nos vamos a cifras muy grandes que haya una pequeña desaparición no es importante”. Y remata su argumentación diciendo que “pasa con otras especies. Pero yo lo comentaba así en camaradería con un compañero para hacerlo más exagerado”.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

La afición a la caza de los Borbones ha dejado un rastro documental que, siglos después, resulta ser una valiosa fuente de información para los científicos. En un estudio publicado en el European Journal of Wildlife Research, el investigador independiente Juan Jiménez y Miguel Clavero, del CSIC, detallan los datos encontrados en el Asiento de Caza, un manuscrito conservado en el Palacio Real que describe meticulosamente las capturas del rey Fernando VI entre 1745 y 1755.

En esos 11 años, que incluyen la mayor parte de su reinado, el monarca abatió 38.701 animales de 62 especies diferentes, con una media de unas diez muertes cada día. Los registros muestran que el rey acudía a cazar casi el 75% de los días del año y, en las jornadas dedicadas a especies concretas, llegaba a matar una media de 37 palomas, 15 conejos, 12 codornices, cuatro gamos, dos ciervos y dos lobos.

Yo encontré este documento. Estaba buscando datos de cacerías reales antiguas y me topé con esta joya en los archivos del Palacio Real

Juan Jiménez — Investigador independiente y coautor del trabajo

“Yo encontré este documento”, relata Jiménez a elDiario.es. “Estaba buscando datos de cacerías reales antiguas, porque los biólogos naturalistas tenemos una visión muy pobre sobre la biodiversidad del pasado, y me topé con esta joya en los archivos del Palacio Real”. “La relevancia del trabajo es que podemos sacar mucha información sobre biodiversidad del pasado a partir de los registros de estas cacerías”, añade Clavero. “Y también nos muestra que el rey era un cazador que prácticamente le tiraba a todo lo que se movía”.

“Muertas a mano del rey”

El monarca cazaba en Madrid y alrededores la mayor parte del año, principalmente en El Pardo, pero también en la Casa de Campo y El Retiro. En primavera y otoño se movía a Aranjuez y El Escorial, y en cada uno de estos Sitios Reales cazaba casi cada día. “Utilizaba armas de avancarga, que son las que se cargaban por delante”, explica Jiménez. “Esto es muy trabajoso, con lo que imagino que un grupo de armeros le estaría cargando continuamente las armas”. La ayuda explicaría estas cifras impresionantes para un solo cazador que, según los documentos, eran “piezas muertas de mano del rey”. La afirmación cuadra con lo hallado en otros inventarios, como el de Carlos IV, donde se especifica lo que caza el rey y lo que cazan sus invitados, que suele ser mucho menos.

La mayoría de las piezas abatidas por Fernando VI (más del 87%) eran de caza menor: conejo europeo, perdiz roja, liebre ibérica, palomas y codornices. Los 15.021 conejos del registro constituyen casi el 40% de los individuos cazados, seguidos de liebres y perdices. “Esto suma muchísimos individuos”, subraya Clavero. “Cuando está matando palomas, principalmente en el Retiro, mata muchísimas, y las cifras de conejos también son impresionantes”. 

Esta fijación diaria de Fernando VI por apretar el gatillo era de dominio público, hasta el punto de inspirar la cultura política de la época. Tal como refleja el histórico romance valenciano “El cazador más sabio”, publicado durante su reinado, la caza era su afición más característica y servía como alegoría para educarle en labores de Estado. “Es la caza un ejercicio digno de un Rey, pues sabemos que si para el cuerpo es gusto, para el alma documento”, dice el romance.

Muchos lobos y ausencia de linces

Según el Asiento de Caza, dentro de la caza mayor, el monarca abatió 1.354 gamos, 605 jabalíes y 492 ciervos durante los 11 años registrados. En cuanto a los carnívoros, el manuscrito documenta la muerte de 555 zorros y 331 lobos, además de hacer mención a la captura de dos únicos felinos (probablemente gatos monteses). Estos datos constatan la enorme presión a la que se sometía a las especies de mayor tamaño en los Sitios Reales, con promedios diarios muy elevados en las jornadas específicas.

Llama la atención la cantidad de lobos. Cada día que va a matar lobos mata una media de dos individuos

Miguel Clavero — Investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y coautor del artículo

“Llama la atención la cantidad de lobos”, dice Clavero. “Cada día que va a matar lobos mata una media de dos individuos”. Por otro lado, Juan Jiménez encuentra reveladora la total ausencia de presas como el lince ibérico. “Nos extrañó muchísimo que no hay un solo dato de lince”, observa. “Otra especie sorprendente es el corzo. No hay ni un solo corzo en todos los sitios”. Para los biólogos, esto sugiere que ambas especies escaseaban hace casi trescientos años.

Jiménez también ha encontrado un documento con los registros de las cazas de “alimañas” en el monte de El Pardo durante el siglo XVIII, que detalla los pagos sistemáticos realizados a los guardas y “zorreros” encargados de eliminar depredadores para proteger las piezas de caza del rey. El investigador describe estos documentos como la prueba de una matanza “absolutamente descomunal”, ya que ha contabilizado pagos por más de 300.000 animales abatidos en un periodo de menos de 30 años. Se cuentan por miles especies como zorros, garduñas, tejones, nutrias, hurones, turones y gatos monteses. Y tampoco aparece registrado ni un solo lince ibérico.

Miguel Clavero considera muy llamativo que no se observen desapariciones de especies (como zorros, lobos o córvidos) a pesar de la “escabechina” y la enorme presión de caza de la época. Aunque los Sitios Reales funcionaron históricamente como espacios protegidos, debido a que solo cazaba el rey y el resto del territorio circundante estaba sobreexplotado, Clavero cree que si hubieran sido los únicos refugios de conservación, muchas especies habrían desaparecido por la altísima cantidad de muertes. En su opinión, debieron existir áreas naturales adyacentes, o de más difícil acceso, que proporcionaron un flujo constante de animales y explicaría que no se extinguieran.

Los reyes más cazadores

Aunque no se han hallado registros tan amplios de otros monarcas, Juan Jiménez ha localizado en los archivos históricos datos de cacerías concretas de otros Borbones, en periodos de un solo año o un día. Estos números muestran que Fernando VI no lidera el ranking histórico de los reyes españoles más letales con la escopeta. El más activo fue su sobrino, Carlos IV, conocido popularmente como “el cazador”, que llegó a matar a 8.773 animales salvajes en un solo año, 1793, con una media de 24 piezas diarias. Le sigue en esta clasificación Alfonso XIII, quien a principios del siglo XX tenía números muy similares a los de Carlos IV y protagonizó una cacería en la madrileña Casa de Campo en 1922 donde derribó 1.003 piezas en un solo día.

El ranking de los Borbones cazadores: piezas cazadas al día (media)

3.518 al año, media basada en el total de 38.701 muertes documentadas en 11 años

Muertes registradas el 18 de noviembre de 1786. No hay datos anuales exactos registrados

Considerando los totales anuales de 1793 (8.773) y 1805 (7.356)

Según los datos anuales disponibles (entre 7.000 y 8.700)

Fernando VI

1746-1759

Carlos III

1759-1788

Carlos IV

1788-1808

Alfonso XIII

1902-1931

Fuente: Jiménez y Clavero, 2026

El ranking de los Borbones cazadores: piezas cazadas al día (media)

3.518 al año, media basada en el total de 38.701 muertes documentadas en 11 años

Muertes registradas el 18 de noviembre de 1786. No hay datos anuales exactos registrados

Considerando los totales anuales de 1793 (8.773) y 1805 (7.356)

Según los datos anuales disponibles (entre 7.000 y 8.700)

Fernando VI

1746-1759

Carlos III

1759-1788

Carlos IV

1788-1808

Alfonso XIII

1902-1931

Fuente: Jiménez y Clavero, 2026

El sucesor y hermanastro de Fernando VI, Carlos III, también fue un cazador muy activo que se echaba al monte casi a diario. Aunque no existe un cómputo anual exacto de su reinado, los archivos revelan el alcance masivo de sus jornadas: en un solo día, el 18 de noviembre de 1786, abatió 145 ciervos y gamos además de dos jabalíes, auxiliado por sus tres hijos y un batallón de unos 2.000 operarios. Frente a ellos, el promedio de algo más de 3.500 animales anuales abatidos por Fernando VI lo sitúa por debajo de sus sucesores en esta estadística, si bien la minuciosidad y antigüedad de su diario de caza es lo que ahora está ayudando a los ecólogos.

Según Jiménez, la afición de los Borbones por la caza se remonta a Luis XIV, rey de Francia, quien aconsejó a sus descendientes la práctica de la caza para combatir la hipocondría, considerada como hereditaria en su dinastía; consejo que siguió su nieto Felipe de Anjou en sus años mozos en Francia y amplió al ocupar el trono de España como Felipe V y a sus sucesores hasta Fernando VII (1808-1833), el único que interrumpió la tradición. “Después, Alfonso XII y Alfonso XIII también fueron muy cazadores”, comenta Jiménez. “El rey emérito [Juan Carlos I] también lo fue, pero parece que ya se ha perdido la tradición”.

Más allá de la anécdota histórica, los investigadores proponen en su estudio que estos archivos son piezas fundamentales para la “ecología histórica”. Conocer los pasatiempos de Fernando VI, Carlos IV o Alfonso XIII, proponen, permite reconstruir los estados ecosistémicos de hace casi tres siglos, una época previa a las grandes alteraciones provocadas en los siglos XX y XXI. “Esto produce un sesgo evidente, porque conocemos con detalle lo que cazaron algunos reyes, pero nadie tiene ni idea de lo que cazaba el pueblo llano, porque nadie lo apuntaba y también podría ser muy significativo”, advierte Jiménez. Y, a fin de cuentas —concluye—, que a una especie la persiga un rey o los ciudadanos de a pie, “a la naturaleza le da igual”.

Dos personas han sido puestas a disposición judicial como presuntos autores de la muerte de dos ciervos sementales dentro de una granja cinegética de la provincia de Ciudad Real.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real han instruido diligencias por un supuesto delito de robo, fundamentado en que los ejemplares abatidos eran sementales criados y mantenidos en un ámbito doméstico dentro de una granja cinegética, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tratándose de animales sometidos a cuidados veterinarios específicos, alimentación y control por parte de sus propietarios, adquieren jurídicamente una consideración distinta a la de las especies en libertad, integrándose plenamente en el patrimonio de la explotación.

De esta manera, la granja cinegética ha valorado los daños en 240.000 euros. Esta cifra responde a una valoración técnica que contempla el valor cinegético de los trofeos, los gastos de mantenimiento y crianza especializada de ambos sementales y el lucro cesante derivado de la pérdida de la descendencia que estos animales debían aportar a la explotación en los años de vida productiva que tenían proyectados.

Un caso de caza furtiva “no convencional”

La Guardia civil asegura que este “no es un caso convencional” de caza furtiva sobre fauna silvestre y que la correcta resolución del caso se ha apoyado en una “ardua” labor investigadora de los agentes, que han ido recabando pruebas, testificales e indicios suficientes para llevar a determinar la implicación directa de las dos personas involucradas “sin ningún género de dudas”.

Tras la localización de los presuntos autores, se ha procedido a la intervención de varias armas de fuego de su propiedad. Dichas armas serán cotejadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con los proyectiles extraídos de los cuerpos de los sementales, con el fin de determinar científicamente su uso en la comisión del delito.

Tanto las diligencias policiales como los dos investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Medalla de Andalucía a la Cultura concedida al torero Morante de la Puebla por la Junta de Andalucía con motivo del 28F, que ha generado por lo pronto el rechazo de colectivos animalistas, es un nuevo guiño del Gobierno andaluz a un sector como el taurino, que no ha dejado de reivindicar (y financiar) desde la llegada de Juan Manuel Moreno (PP) a la Presidencia. Pero el de los toros no es el único colectivo mimado por el PP, que también no deja de reforzar al de los cazadores, y valga un último botón como muestra: asociaciones cinegéticas han acaparado más de un tercio de los reconocimientos que se hacen por el 28F en las provincias, un galardón que se les concede por su contribución... al medio ambiente.

Al margen de las medallas de rango andaluz, la Junta entrega su equivalente en cada provincia, que en este caso se llaman Banderas de Andalucía. En la edición de este año, se han llevado este reconocimiento al mérito medioambiental tres entidades cinegéticas en tres de las ocho provincias: El Cartucho en Cádiz, la Sociedad de Caza Lebrijana en Sevilla y la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza.

En todos los casos, el Ejecutivo andaluz pone el acento en que estas asociaciones, como el resto de las que operan en Andalucía, abogan por lo que se define como una “caza social”. De fondo, no obstante, no hay que perder de vista el hecho de que en los últimos años se vive una dura pugna por el voto rural (sobre todo con Vox), a lo que hay que unir la circunstancia –que no parece casual– de que en pocos meses habrá elecciones autonómicas en Andalucía.

Ayuda a la “conservación del medio natural”

De la Sociedad Federada de Caza El Cartucho, con sede en Barbate, se subraya por ejemplo que desarrolla una “actividad continuada de colaboración en la gestión y conservación del medio natural” en el ámbito del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. De hecho, en 2023 se convirtió en la primera asociación de cazadores en Andalucía que en asumir la custodia de los montes públicos de un parque natural.

En cuanto a la Delegación Onubense de la Federación Andaluza de Caza, es la segunda sucursal provincial de este organismo regional en recibir este reconocimiento, después de que lo recibiese la de Granada en 2024. La Junta destaca que promueve “una caza responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, colaborando en “la gestión y conservación de la fauna silvestre, la protección de los ecosistemas y el fomento de prácticas cinegéticas que garanticen el equilibrio natural”.

Por último, en Sevilla se ha llevado la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la Sociedad de Caza Lebrijana, creada en 1984. En 2022 adquirió la condición de entidad colaboradora en materia de flora y fauna, “contribuyendo a la conservación y mejora de los hábitats”, ayudando a “la biodiversidad en la marisma del Guadalquivir, un ecosistema complejo con gran diversidad de ambientes y procesos”. De paso, le reconoce una actividad que “favorece la recuperación de especies como la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa”.

Varias modalidades declaradas BIC

En la justificación de estos galardones, la Junta resalta que la caza es un aprovechamiento “fuertemente arraigado en Andalucía”. Además, defiende que, “practicada con responsabilidad”, contribuye a la conservación de la biodiversidad, “manteniendo los equilibrios naturales además de contribuir a la economía y a fijar población en el territorio”.

Desde a llegada al Gobierno andaluz en 2019 del PP liderado por Juan Manuel Moreno, los gestos de complicidad con el mundo cinegético han sido constantes. Así, en 2020 se declaró la montería como Bien de Interés Cultural (BIC) inscribiéndola en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Actividad de Interés Etnológico. De esta manera, se le reconocía “su gran arraigo, valores sociales, culturales y medioambientales”.

En 2023 se le unió como BIC la cetrería, “reconociéndola como patrimonio vivo con valores históricos y culturales y para fomentar su trasmisión generacional y conservación”. Y desde de septiembre de 2025 se ha declarado también como BIC la caza de perdiz con reclamo, siendo 2026 la primera temporada con competiciones con este nuevo estatus de protección cultural.

Bonificaciones a los cazadores e impacto económico

Los mensajes de apoyo del Ejecutivo andaluz a la caza son continuas, como las que repite la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, que reitera una y otra vez que es “una herramienta de gestión del medio natural y un elemento estructural del desarrollo rural”. “De ahí nuestro apoyo firme y sin fisuras al sector”, reitera, como que en los presupuestos autonómicos para 2026 se ha mantenido la bonificación del 30% de las tasas por expedición de licencias de caza en Andalucía, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores. Los mayores de 65 años están exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50%.

Según los datos que suele poner sobre la mesa el Gobierno de Juan Manuel Moreno, la actividad cinegética genera en Andalucía alrededor de 45.000 empleos (de los cuales 12.000 son directos) y tiene un impacto económico estimado en 3.500 millones de euros en el Producto Interior Bruto andaluz. Solo la caza menor aporta aproximadamente 200 millones de euros anuales, “contribuyendo de forma decisiva a la dinamización económica de amplias zonas rurales y a la fijación de población en municipios donde, en muchos casos, constituye uno de los principales recursos económicos”.

Según el último censo, en Andalucía hay 162.625 cazadores con licencia en vigor, de los que alrededor de 90.000 se encuentran federados. En la comunidad están registrados 7.558 cotos de caza, privados o deportivos, que abarcan el 83% del territorio andaluz y casi siete millones de hectáreas.

Sigue la polémica por la visita que una delegación de eurodiputados, algunos del PP, ha hecho al Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde han insistido en que existe una gran cantidad de animales y han defendido el aumento de la caza, sobre todo de ungulados: corzos, ciervos y venados, entre otros.

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional, que agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave, ha recibido a la delegación del Parlamento Europeo, a la que ha acompañado durante un recorrido por distintas zonas del Parque con el objetivo de mostrar de primera mano el “deterioro progresivo” que, según la entidad, está provocando la “superpoblación de ungulados”.

Según este colectivo, durante la visita, los eurodiputados han podido comprobar la diferencia entre las áreas donde se ha restringido el acceso de fauna y aquellas en las que existe “sobrepoblación”. En estas últimas, añade, “se ha evidenciado un notable deterioro del hábitat tras cinco años sin acuerdos efectivos para el control poblacional mediante la caza”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, ha valorado el reciente acuerdo firmado para comenzar a gestionar las poblaciones, aunque ha lamentado el retraso acumulado: “Estamos esperanzados por el acuerdo que acabamos de firmar para poder empezar a gestionar y bajar las densidades de población a niveles que por lo menos no empeoren la situación, pero también decepcionados por los años que hemos perdido, que han ocasionado lo que estáis viendo”.

Sánchez ha explicado que actualmente se ha estimado que la población de ungulados se sitúa por encima de cinco veces el límite considerado óptimo. Según ha detallado, será necesario realizar un “esfuerzo muy significativo” durante años y reducir las densidades incluso por debajo de los niveles que el propio parque ha considerado adecuados para revertir la situación.

Precisa este colectivo que el origen del bloqueo se sitúa en el 5 de diciembre de 2020, fecha en la que expiró la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales que permitía el control poblacional. Desde entonces, los propietarios no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio -el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero-, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

Un acuerdo de gestión con enfoque integral

Durante la visita, Javier Pantoja Trigueros, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha puesto en valor el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de diciembre entre la finca Cabañeros (6.300 hectáreas), la mayor de las propiedades privadas del parque, y las administraciones regional y central.

“Es importante no solo por el control de población, sino porque es un acuerdo de gestión de la parte privada del Parque Nacional y se prevén control de poblaciones, seguimiento de especies emblemáticas, control de ecosistemas vulnerables... Es decir, son un conjunto de medidas a nivel holístico con el objetivo de proteger los principales valores del parque”.

En la visita también ha participado Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha advertido de que la superabundancia de ungulados ha generado dos efectos principales. Por un lado, se ha producido “una pérdida grave de biodiversidad, tanto vegetal como animal, al verse desplazadas otras especies en zonas dominadas por rumiantes silvestres y jabalíes”.

Por otro, ha mostrado especial preocupación por la proliferación de algunas enfermedades. “Particularmente ahora nos preocupa bastante la proliferación de garrapatas, que a su vez está asociada a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es una enfermedad emergente que está surgiendo y creciendo en la España mediterránea, muy asociada a situaciones de sobreabundancia”.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha culminado tres importantes operativos contra la caza furtiva en distintos puntos de la provincia de Cáceres, que se han saldado con la detención de una persona y la investigación penal de otras nueve. También se han intervenido armas de fuego y diversos medios técnicos supuestamente empleados para actividades ilegales.

En la primera, denominada Operación KIMAD, los agentes lograron desarticular un grupo criminal especializado en caza mayor furtiva, que operaba en los términos municipales de Logrosán y Madrigalejo, extendiéndose hasta Acedera y Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz. Se les atribuye la muerte de 18 ejemplares (ciervos, gamos, muflones y jabalíes), con un perjuicio económico estimado en 85.000 euros.

Durante la fase de explotación de esta operación, se practicaron registros autorizados por el Tribunal de Instancia 1 de Logrosán, donde se intervinieron silenciadores, visores térmicos, pasamontañas, cepos, numerosos trofeos sin procedencia legal acreditada y diversas armas de fuego que han sido remitidas para cotejo balístico. Dos personas han sido investigadas y una detenida por estos hechos.

La segunda actuación se desarrolló en la comarca de Los Ibores, centrada en una montería organizada en un coto privado. Los agentes detectaron que la caza invadía terrenos colindantes sin autorización, con varios cazadores fuera de lindes legales y sueltas de rehalas en zonas no autorizadas.

Además, durante la operación en Los Ibores se identificó a un cazador que utilizaba un rifle sin licencia y que había sido dejado cargado y abandonado en el puesto, generando un riesgo grave para la seguridad.

Como resultado, cinco personas han sido investigadas: tres por delitos contra la flora y fauna y dos por tenencia ilícita de armas.

La tercera intervención tuvo lugar en Valencia de Alcántara, tras el hallazgo de una cierva a la que le habían extraído los lomos y extremidades tras ser abatida de un disparo. La investigación permitió vincular a dos personas con el acto de furtivismo mediante análisis de vehículos, indicios físicos y testimonios obtenidos en la zona.

Todos los operativos se han realizado dentro de la estrategia de vigilancia permanente que mantiene el SEPRONA en el sector cinegético, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental y prevenir prácticas que pongan en riesgo la biodiversidad de la provincia.

Las diligencias instruidas en los tres casos han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes de Cáceres, dando continuidad al proceso penal y garantizando la investigación de todos los responsables implicados. 

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha afirmado este miércoles que “no entiende muy bien el sentir” de la visita de varios eurodiputados al Parque Nacional de Cabañeros, al tiempo que ha señalado que son los titulares de fincas privadas quienes deben presentar un plan para controlar los ungulados.

Lo que sí ha señalado la consejera es que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la aprobación de los planes de control de ungulados para el parque que se están presentando a título particular, dejando claro que en Cabañeros solo el seis por ciento de la superficie es pública.

“La responsabilidad en este caso es de la Administración General del Estado, que es quien gestiona el seis por ciento del Parque Nacional. El resto corresponde a los particulares, y los particulares tienen instrumentos perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que ya ha habido “algún propietario” que ha firmado un convenio tanto con la Administración General del Estado como con el Gobierno regional para que se apruebe ese plan de ungulados “y ejercer un control dentro de la población que tiene de caza mayor en sus fincas”.

“No entendemos muy bien el sentir de esta visita. Por supuesto, agradecemos siempre que los parlamentarios europeos pisen el terreno y conozcan mejor qué es lo que sucede en los territorios para ayudarnos siempre a mejorar, sobre todo en la normativa y en la legislación que emana de la Unión Europea”, ha dicho la consejera.

Pide a eurodiputados que “revisen bien todo con ojos críticos”

En este sentido, sí que ha agradecido esta visita aunque ha pedido a los eurodiputados que “revisen bien todo con ojos críticos”, viendo “exactamente” cuál es la situación, “no porque uno pueda dar más voces o porque uno pueda entender que pueda tener un problema tenga que ser la generalidad y lo que le sucede a todo el mundo”.

De ahí que haya destacado que Cabañeros no deja de ser “uno de los parques más emblemáticos” del centro de la Península Ibérica. “Merece la pena no solo pasearse por allí, sino realmente disfrutar y ver que se están haciendo muchas acciones para seguir defendiendo lo que es este espacio público”.

Sin embargo, ha insistido en que “lo más importante” es que sean los propios propietarios de las fincas privadas quienes presenten ese plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control.

Todo ello, ha concluido, con el fin de que baje la población de ciervos en las zonas donde realmente haya una sobrepoblación que pueda estar provocando una daños a la flora y a otra fauna “de este lugar emblemático”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que si el Ministerio de Juventud e Infancia decide prohibir la participación y la asistencia de menores a eventos relacionados con la caza se puede generar una “controversia” en cuanto a garantizar el relevo generacional de esta actividad en la región.

En una entrevista a Europa Press, la consejera de Desarrollo Sostenible ha reaccionado así a que el Ministerio de Juventud e Infancia se plantee prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se “ejerza violencia contra los animales”, como los espectáculos taurinos o la caza, a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

Mercedes Gómez ha dicho no entender muy bien esta propuesta, aunque desde la región respetarían la decisión que tomara el Gobierno central en este sentido.

“Respetaremos evidentemente lo que se decida a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, pero sí que es cierto que tenemos en nuestro caso una obligación de intentar fomentar la caza y que haya relevo generacional entre nuestros jóvenes”.

Es por ello que, en este debate de que puedan o no asistir menores, “sería más oportuno hablar de edades y no hablar solo de menores, porque hay una diferencia bastante importante en este ámbito”, ha remarcado.

En este punto, señala que en este tipo de eventos las instrucciones y las reglas de seguridad deben estar bien establecidas, independientemente de la edad que uno tenga. “Pero si además hay cazadores jóvenes, como puedan ser chavales de 14 años, pues con mayor motivo. Siempre custodiados por un adulto, como dice precisamente el reglamento de armas”.

A juicio de la consejera, “hay que tener en cuenta que el reglamento de armas habla de menores a partir de 14 años”. “No estamos hablando de niños, un chaval con 14 años ya tiene criterio. El propio reglamento de armas le permite poder tener a su disposición una serie de armas”, ha afirmado.

Cree la titular de Desarrollo Sostenible que se está lanzando una idea un “poco” errónea y añade que, además, la caza es un deporte.