Amper ha designado al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, nuevo presidente del consejo de administración de la compañía en sustitución de Clemente Fernández González, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su reunión de este viernes, el consejo de administración de Amper ha aceptado la dimisión de Fernández como presidente y consejero de la sociedad con efectos desde el 9 de octubre de 2020, fecha en la cual también cesa en sus funciones como primer ejecutivo de la compañía, según informa Europa Press.

Posteriormente, el consejo ha nombrado por cooptación a Morenés como consejero independiente no ejecutivo para cubrir la vacante de Fernández con efectos desde este viernes, fecha en la que Morenés también ha asumido personalmente las funciones inherentes al cargo de presidente.

Morenés, ya fue nombrado hace alrededor de un año presidente del consejo de administración de Amper Ingenio, empresa surgida tras la adquisición por parte de Amper del 50% más una de las acciones de Ingenio 3000.

Asimismo, el que fuera ministro de Defensa entre 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy y embajador en Estados Unidos entre marzo de 2017 y septiembre de 2018, también fue nombrado el pasado mes de abril presidente del consejo de administración de la empresa Kuitver Energía.

Tras el nombramiento de Morenés, el consejo de Amper queda compuesto por seis miembros, ya que, además del nuevo presidente, forman parte del mismo César Revenga Buigues, como consejero ejecutivo; Pedro Andrés Casado Vicente, Fernando Castresana Moreno y Jaime Serrano Madrid, como consejeros Independientes, y Jesús Mardomingo Cozas, como secretario no consejero.

En el comunicado a la CNMV, los miembros del consejo de administración de Amper dejan “expresa constancia del reconocimiento a la categoría profesional y personal” de Clemente Fernández y de su “gratitud por su extraordinaria contribución al desarrollo de la sociedad”.

Unidos Podemos ha pedido este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que actúe ante la “corrupción de Estado” que a su juicio implicó que el Gobierno de Mariano Rajoy retrasara durante dos años la fabricación de fragatas en los astilleros de Navantia de Ferrol para adaptarlas a los misiles de la multinacional armamentística MBDA, que presidió en España el exministro Pedro Morenés. La diputada del grupo confederal, Yolanda Díaz, ha exigido a Robles que lleve el caso ante la Fiscalía anticorrupción y que así “aprovechen la oportunidad de depurar responsabilidades”. 

“Esto es corrupción y la corrupción del PP es un problema para la industria española”, ha asegurado Díaz durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. La parlamentaria de Unidos Podemos ha reclamado así a Robles “medidas frente al corruptor, el señor Morenés” y ha criticado las “puertas giratorias” que a su juicio han aflorado a raíz de la publicación de este caso por eldiario.es.

Robles, por su parte, ha defendido que “este Gobierno cuando ha llegado al ministerio” ha decidido que “las políticas de seguridad son políticas de Estado”. No obstante, ha reconocido que su equipo ha visto contratos que le “han gustado menos”, en clara referencia al asunto de las fragatas. Sin entrar a valorar la gestión realizada por el anterior equipo del PP, la ministra de Defensa ha insistido en que las fragatas “son imprescindibles para la armada española” y para “dotar de puestos de trabajo a Navantia, en Ferrol”.

Tal y como adelantó este diario, el empeño del anterior Gobierno en colocar a las embarcaciones militares ese modelo de misil fabricado por la multinacional en la que Morenés ejerció como alto ejecutivo hasta que fue nombrado ministro por Rajoy el que aplazó el inicio de los trabajos en los astilleros que la empresa pública tiene en Ferrol. Durante la gestión de Morenés y Cospedal, Defensa impuso como “prioritaria” la implantación en las fragatas F-110 de los misiles Sea Ceptor, un tipo de proyectil que nunca había sido usado por la Armada Española y que la compañía del ministro estaba intentando colocar en el mercado internacional de la Defensa.

Esa insistencia retrasó dos años el proyecto de diseño técnico, según fuentes del Gobierno, y llegó a provocar un enfrentamiento entre la cúpula de la Armada y la Dirección General de Armamento, controlada por el ministro. 

Las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy para contratar armamento de la multinacional armamentística MBDA que Pedro Morenés presidió en España hasta su entrada en el Gobierno retrasaron durante años la puesta en marcha del contrato para construir cinco fragatas en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, fue ese empeño del anterior Gobierno en colocar a las embarcaciones militares ese modelo de misil fabricado por la multinacional en la que Morenés ejerció como alto ejecutivo hasta que fue nombrado ministro por Rajoy el que aplazó el inicio de los trabajos en los astilleros que la empresa pública tiene en Ferrol.

Durante la gestión de Morenés y Cospedal, Defensa impuso como “prioritaria” la implantación en las fragatas F-110 de los misiles Sea Ceptor, un tipo de proyectil que nunca había sido usado por la Armada Española y que la compañía del ministro estaba intentando colocar en el mercado internacional de la Defensa.

Esa insistencia retrasó dos años el proyecto de diseño técnico, según fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es, y llegó a provocar un enfrentamiento entre la cúpula de la Armada y la Dirección General de Armamento, controlada por el ministro. Fue en pleno verano, semanas después de la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y de la toma de posesión de Margarita Robles como responsable de Defensa, cuando se desbloqueó la situación, se descartó la compra de ese modelo de misil y se sortearon los últimos trámites para que Navantia empiece, por fin, a construir las fragatas, algo que está previsto para los próximos meses.

Fuentes del entorno de Morenés reconocen que la Armada estaba en contra de implantar los misiles de la compañía MBDA, un gigante transnacional que factura miles de millones de euros y vende a un centenar de países, pero niegan una participación activa por parte del ministro en la elección del material bélico que su exempresa pretendía colocar en el mercado.

El programa técnico con el que Defensa trabajó durante la etapa de Morenés y Cospedal como ministros (entre 2015 y junio de 2018) calificaba como opción prioritaria“ la instalación de los misiles Sea Ceptor que fabricaba la empresa de Morenés. El Gobierno de Sánchez decidió a principios de agosto tumbar el plan de sus antecesores y apostar por la solución más cómoda y que menos problemas de integración planteaba a la construcción de las fragatas: volver a la idea original de instalar los misiles desarrollados por el consorcio NATO del que España forma parte y que ya se usan en las fragatas F-100. Defensa asegura ahora que ”está trabajando para que los trámites previos a la firma de la orden de ejecución finalicen los antes posible“ y se pueda recuperar tiempo para cumplir el calendario del programa con Navantia, una empresa pública que depende de la SEPI.

En una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, el Gobierno confirma que la discusión sobre las opciones para armar el buque retrasaron la puesta en marcha de un proyecto clave para una comarca, Ferrolterra, que lleva décadas sufriendo las consecuencias de la desindustrialización y cuyos trabajadores han salido a la calle para reclamar carga de trabajo.

Defensa tenía que elegir como armamento para los barcos de guerra entre los misiles que ofertaba la empresa de Morenés y otro modelo que ya está en servicio en las fragatas F-100, el Sea Sparrow Block 2.

Esta segunda opción tenía la ventaja, según las fuentes consultadas, de ser un modelo desarrollado por un consorcio internacional (NATO Sea Sparrow) del que España forma parte desde 1991 y al que se comprometió financiación de manera regular durante 15 años. El propio Morenés autorizó en 2013 un desembolso de 16,4 millones de euros de los presupuestos de la Armada para participar en la solución técnica del misil que, sin embargo, su gabinete acabaría calificando como “opción alternativa” frente al que fabricaba la empresa en la que él mismo había sido alto ejecutivo, como presidente de su filial española.

En resumen, el Gobierno del PP pagó por el desarrollo de un misil con los principales socios militares de España mientras intentaba comprar otro modelo diferente en el mercado privado. Las gestiones para implantar el armamento impuesto por la dirección del Ministerio retrasaron la definición del proyecto técnico, imprescindible antes de dar luz verde al inicio de la construcción de las fragatas.

En una intervención parlamentaria, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, insinuó hace unas semanas la existencia de “intereses empresariales” del PP en la decisión sobre las armas que llevarían las fragatas. Durante aquella sesión de control al Gobierno y a preguntas del PP, Robles aseguró: “Como consecuencia de su actuación, los ciudadanos españoles están teniendo que pagar mucho dinero para suplir sus omisiones y que puedan tener trabajo en Navantia en Ferrol y Cartagena”.

El entorno de Morenés defiende que sus gestiones no supusieron un retraso “porque nunca hubo un calendario de construcción” para esas fragatas. “Lo único que hizo la dirección general de armamento fue buscar un misil de fabricación europea para no depender en exclusiva del material americano. El ministro no tuvo participación alguna en esa decisión”, sostienen las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2015 el lanzamiento del programa tecnológico previo a la construcción de las fragatas F-110 que incluía las indicaciones sobre el tipo de misil que quería implantarse en el conjunto. Morenés se ausentó de esa deliberación para evitar un conflicto de intereses y dejó en manos del Ministerio de Hacienda la firma del programa que supuso un primer desembolso de 12 millones de euros. Durante todo el proceso su Ministerio manifestó la preferencia por el armamento de su exempresa, MBDA.

Los misiles elegidos por el departamento de Morenés suponían un problema de ingeniería para su adaptación a las fragatas pero ofrecían la ventaja de plantear un desarrollo de aplicación para los tres ejércitos. El Sea Ceptor es un misil de corto alcance, desarrollado por MBDA como parte de un proyecto para Reino Unido. La idea de desarrollo se basa en la construcción de un misil compatible para los tres ejércitos y que ofrezca sus diferentes versiones adaptables a las lanzaderas navales, de tierra o aire. La Marina española era la entrada que MBDA buscaba para vender sus productos a los tres ejércitos. Tras el desembolso provocado por el ensayo, la operación ha quedado desactivada con el cambio de Gobierno.

4.000 millones y diez años de carga de trabajo

La construcción de las Fragatas F-110 supondrá un volumen de inversión de 4.000 millones de euros y dará carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores.

El ministro de Defensa del Gobierno de Mariano Rajoy Pedro Morenés cerró personalmente el contrato para vender 400 bombas a Arabia Saudí. Él mismo abordó en 2015 los detalles de la venta a través de correspondencia cruzada con el príncipe heredero y ministro de Defensa de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, actualmente en el centro de todas las sospechas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Morenés, vinculado profesionalmente a la industria armamentística hasta su entrada en el Gobierno de Rajoy, consiguió con sus gestiones que EE.UU. no pusiera problemas al traspaso de unas bombas de fabricación americana.

El Gobierno de Rajoy sabía que Arabia Saudí buscaba el apoyo de España a su participación en la guerra de Yemen. El régimen saudí lo explicitó por escrito en la solicitud enviada a España para iniciar el proceso de compra de las bombas. Así consta en la documentación administrativa que intercambiaron ambos países y que Defensa custodia bajo la calificación de documentación “reservada”.

Corría el año 2015 y España acababa de pagar el último plazo de unas bombas que había comprado a Estados Unidos años antes. Tras una primera comunicación en la que se solicitaba el material para su uso en Yemen, el propio Morenés y el príncipe saudí cerraron personalmente los detalles de la operación de venta a través de cartas en la que ambos trataron cuál sería el destino final del armamento. Fuentes del entorno de Morenés confirman su participación directa en la operación y aseguran que “la relación epistolar entre ministros suele ser bastante frecuente”.

Según el relato de Morenés, en su carta al príncipe saudí le exigió garantías para que las bombas vendidas por España no fueran usadas en la guerra de Yemen, sino en la lucha contra Daesh, a través de la coalición de 34 países islámicos que los saudíes lideraban en ese momento. eldiario.es ha pedido acceso a esa misiva y Morenés se ha negado a entregarla al considerar que se trata de “información con carácter reservado”.

En respuesta a la misiva del ministro español, el príncipe Mohamed Bin Salmán aceptó las condiciones y mostró su compromiso de no usar las bombas en la guerra de Yemen. ¿Qué valor tiene un compromiso de ese tipo en el desarrollo de una guerra? Según el equipo del exministro de Rajoy, fue motivo suficiente para impulsar la operación de venta. Sin embargo, esas cartas tuvieron otro efecto: desbloquear la imprescindible autorización de Estados Unidos (fabricante del material) para que la transacción pudiera llevarse a efecto. 

Las bombas que España vendió a los saudíes formaban parte del arsenal del Ejército del Aire. Al tratarse de un material de fabricación estadounidense, la administración Obama debía dar su plácet para el traspaso de los dispositivos. “Antes de proceder a la venta preguntamos a los americanos explicándoles que el uso final de las bombas iba a ser la lucha contra Daesh”, asegura un alto cargo del Ministerio de Defensa durante el mandato de Morenés. EE.UU. no puso problemas y la transacción se acabó cerrando en un contrato que firmó la sustituta de Morenés, María Dolores de Cospedal.

Estados Unidos no siempre autoriza el traspaso de material fabricado en su país. Fue lo que le ocurrió al socialista José Bono cuando en 2006 cerró la venta de 12 aviones militares a Venezuela. Los aparatos contaban con un sistema de navegación de fabricación americana y aquel país decidió oponerse a la operación. Finalmente, los aparatos fueron enviados a Venezuela pero sin los sistemas de navegación por los que EE.UU. reclamaba su derecho de veto. En el caso de las bombas vendidas a los saudíes, bastó con la referencia a la correspondencia cruzada entre Morenés y Bin Salmán para sortear cualquier posible oposición de la administración americana. 

Bombas casi caducadas 

Las bombas vendidas por España “estaban próximas a la caducidad”, afirman desde el entorno del exministro del PP que califican la operación como muy ventajosa: “Permite deshacerte de un material antiguo y con el dinero obtenido comprar otro nuevo”. En la actual cúpula del Ministerio de Defensa no opinan lo mismo: “Reponer el material nos va a costar más dinero del que hemos recibido”, asegura un alto cargo del Ministerio a eldiario.es. 

Según fuentes conocedoras de la operación, Arabia Saudí no necesitaba unas bombas que se quedaron alojadas en España hasta este mismo año. Las mismas fuentes afirman que la transacción suponía un apoyo implícito a las operaciones desarrolladas por Arabia Saudí en la guerra de Yemen.  

La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a acusar a sus predecesores de haber impulsado el apoyo de España a la guerra de Yemen “de espaldas al Parlamento”. Robles realizó esas afirmaciones a finales de septiembre desde la tribuna del Congreso en medio de la polémica generada en el Gobierno de Pedro Sánchez por las contradicciones sobre la gestión de ese contrato. La ministra era partidaria de paralizar la entrega de las bombas y Moncloa acabó desautorizándola para evitar problemas mayores en otros contratos apalabrados con Arabia Saudí.  

Esta redacción se ha puesto en contacto con el exministro Pedro Morenés que ha rechazado realizar declaraciones sobre aquella operación de venta de armamento. “No va a hablar sobre esto”, aseguran desde su entorno. El exministro de Rajoy es un perfecto conocedor de la industria del armamento, sector al que se dedicó profesionalmente antes de su entrada en el Gobierno. Una de las empresas en las que trabajó como consejero y representante, Instalaza, fabricaba bombas de racimo como las usadas en Gadafi en Libia. El exministro también trabajó en la empresa MBDA Systems, especializada en la fabricación de misiles.

El ejecutivo ha relevado de su cargo a Pedro Morenés, que hasta hoy era embajador de nuestro país en Estados Unidos. La decisión ha sido adoptada en el Consejo de Ministras de este viernes. Le sucederá en el cargo Santiago Cabanas, hasta ahora embajador y máximo representante del Gobierno en Argelia. Además, el exministro de Exteriores Alfonso Dastis ha sido nombrado embajador en Italia.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya anunció el cese de Morenés el pasado mes de julio; dos semanas después de la polémica que el ex-embajador mantuvo con el presidente catalán Quim Torra el pasado 27 de junio ante el auditorio del Instituto Smithsonian.

El instituto canceló las intervenciones de ambos después de que el president de la Generalitat abandonase el acto de recepción del festival —en el que participaba como invitada Catalunya— a raíz del discurso que estaba haciendo el embajador español en Estados Unidos, el exministro de Defensa Pedro Morenés. No obstante, el ministro aseguró que la decisión no tenía que ver con estos hechos y apoyó su actuación. De hecho, eldiario.es ya había adelantado la intención del Gobierno de cesar a embajadores políticos como Morenés o Wert el pasado mes de junio.

Morenés fue nombrado por Rajoy en marzo de 2017, cinco meses después de abandonar el Ministerio de Defensa. El exministro llegó al Gobierno desde la empresa privada, relacionado con compañías armamentísticas como Instalaza o el Grupo Segur, especializado en servicios de seguridad. Tras abandonar el Gobierno, Morenés tenía muy complicado volver a sus anteriores ocupaciones por los dos años de incompatibilidad que marca la ley para las actividades privadas que tengan relación con las competencias del cargo ejercido.

Tras dejar Washington, Morenés no podrá volver de inmediato a la industria de las armas, ya que su periodo de incompatibilidad no finaliza hasta noviembre de este año.

Tercera embajada de Dastis

Para el exministro de Exteriores Alfonso Dastis, Roma es su tercer destino como embajador, después de haber sido embajador en Países Bajos y representante permanente ante la UE.

Diplomático desde 1983, ha ocupado diversos puestos en el ministerio, donde fue director de la unidad de apoyo del comité organizador de la presidencia española de la Unión Europea y posteriormente secretario general de Asuntos Europeos.

El instituto norteamericano Smithsonian, organizador del Folklife Festival, ha retirado este jueves de su apertura del certamen de este año los discursos del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del exministro y actual embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés.

La decisión del mítico museo estadounidense se ha producido después de que el president de la Generalitat abandonase este miércoles el acto de recepción del festival -en el que participa como invitada Catalunya- a raíz del discurso que estaba haciendo el embajador español en Estados Unidos, el exministro de Defensa Pedro Morenés.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que la organización ha planteado eliminar todos los discursos, también de la delegación armenia, y que ellos han accedido a la propuesta. Según ha comunicado el portavoz de la organización de los actos, se han suprimido para evitar que la inauguración del Folklife Festival “se convirtiera en un foro para los puntos de vista políticos”.

La portavoz de la institución estadounidense ha indicado a Europa Press que fue “desafortunado” que la recepción previa del miércoles que “buscaba honrar a los participantes del evento y darles la bienvenida a Washington, se convirtiera en el escenario para la discordia política”.

Torra consideró que el discurso de Morenés estaba siendo “absolutamente intolerable y ofensivo hacia el país [en referencia a Catalunya] y la institución”, según publicó en Twitter su jefa de prensa, Anna Figuera.

Torra fue el primero de los dos en tomar la palabra en el evento con un discurso en el que aludió a la crisis política catalana y a los dirigentes independentistas encarcelados. Acto seguido habló Morenés, momento en el que Torra abandonó el acto junto a la delegación que le acompañaba, molesto con el discurso del embajador español.

El Folklife Festival se celebra anualmente desde 1967 en Washington con países y regiones del mundo como invitadas, y en la edición de este año los lugares invitados son Cataluña y Armenia.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, abandonó este miércoles un acto en Washington molesto por el discurso que estaba haciendo el embajador español en EEUU, el exministro de Defensa Pedro Morenés.

El incidente ocurrió a última hora de la tarde, durante la recepción oficial de inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife, en el que participa como invitada Catalunya, y a la que asistían Torra y Morenés.

Torra fue el primero de los dos en tomar la palabra en el evento con un discurso en el que aludió a la crisis política catalana y a los dirigentes independentistas encarcelados. Acto seguido habló Morenés, momento en el que Torra abandonó el acto junto a la delegación que le acompañaba, molesto con el discurso del embajador español.

Torra consideró que el discurso de Morenés estaba siendo “absolutamente intolerable y ofensivo hacia el país [en referencia a Catalunya] y la institución”, según publicó en Twitter su jefa de prensa, Anna Figuera.

También pidió la dimisión de Morenés e instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a responder “si comparte” las palabras de su embajador. “Un discurso en el que se nos tilda de mentirosos y que falsea lo que pasa en Catalunya”, añadió.

Fuentes de la embajada española en Estados Unidos no quisieron comentar el incidente, aunque lamentaron que los medios de comunicación no tuvieran acceso al acto para corroborar lo sucedido.

Este jueves, el propio museo Smithsonian ha retirado los discursos programados del president y el embajador español en Estados Unidos de la apertura del Folklife Festival, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos. 

El Gobierno muestra su apoyo a Morenés

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido que le parece “conveniente que un cargo institucional diga lo que no es real ni legal”, en referencia al discurso de Morenés.

Calvo ha respaldado así, en una entrevista en TVE, al embajador español en EEUU, señalando que este tipo de situaciones “no convienen” ni a España ni a Catalunya. La vicepresidenta ha recalcado que “nadie y menos un cargo público puede hablar de presos políticos”, porque en España ese tipo de presos “no existen y eso deteriora la imagen de una democracia garantista como la nuestra”.

Por otro lado, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha ensalzado la actuación de Morenés, a quien define como “un embajador en su sitio que defendió a España”. “Que el Gobierno tome muy buena nota”, ha enfatizado.

Además, Hernando ha señalado que Torra pretende “seguir sembrando la hispanofobia a lo largo y ancho del planeta”.

El PDeCAT pide la comparecencia de Borrell y Morenés 

El PDeCAT ha pedido la comparecencia de Morenés y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el Congreso de los Diputados. En los pasillos del parlamento, el portavoz adjunto del partido, Jordi Xuclà, ha señalado que es “urgente” que el embajador explique en la Comisión de Asuntos Exteriores por qué usó una tribuna para hacer un discurso “político” de “réplica” a un presidente electo.

A su juicio, las declaraciones de Morenés “están fuera de sus competencias”: “Los embajadores están al servicio de los ciudadanos y de sus representantes electos, y no puede ser que un servidor público vaya a un acto con un discurso político”.

En este sentido, la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat ha hecho llegar al gabinete del ministro de Asuntos Exteriores el malestar el Govern por lo que consideran una “agresión verbal” a Torra. “Es incomprensible que aún hoy se produzcan este tipo de escenarios”, ha comentado el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall: “No parece en ningún sentido aceptable y es contradictorio con una retórica de diálogo que se pregona desde el Gobierno central”.

El diputado de ERC Gabriel Rufián también ha comentado la polémica sobre el discurso del embajador de España en EEUU: “Es lógico que un señor de la guerra diga lo que dijo y se comporte como se comportó”. “Es lamentable que un cargo tan importante como Morenés mienta de manera tan flagrante en un sitio tan importante”, ha denunciado Rufián en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

El Gobierno de Pedro Sánchez cesará al exministro de Educación José Ignacio Wert como embajador en París ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La misma suerte le espera al exministro de Defensa Pedro Morenés, a quien Moncloa retirará de la embajada de España en Washington. La decisión está tomada, aseguran fuentes diplomáticas pero “el cuando no está decidido”. 

El relevo de Morenés en Estados Unidos deberá esperar a la visita oficial que los reyes harán a ese país esta misma semana (entre el 14 y el 19 de junio). Junto a los monarcas, en ese viaje estará el nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell. El cambio de embajador en Washington implicará que Sánchez tendrá que elegir a un candidato para liderar las relaciones diplomáticas de España con la Administración Trump.

Morenés fue nombrado por Rajoy en marzo de 2017, cinco meses después de abandonar el Ministerio de Defensa. El exministro llegó al Gobierno desde la empresa privada, relacionado con compañías armamentísticas como Instalaza o el Grupo Segur, especializado en servicios de seguridad. Tras abandonar el Gobierno, Morenés tenía muy complicado volver a sus anteriores ocupaciones por los dos años de incompatibilidad que marca la ley para las actividades privadas que tengan relación con las competencias del cargo ejercido. 

Durante los meses que esperó su nombramiento, Morenés estuvo cobrando la indemnización como exministro, hasta que llegó su designación para la embajada americana, que en breve deberá abandonar. Tras dejar Washington, Morenés no podrá volver de inmediato a la industria de las armas, ya que su periodo de incompatibilidad no finaliza hasta noviembre de este año. 

Wert también se cae 

El Gobierno de Pedro Sánchez también pondrá fin a la estancia del exministro José Ignacio Wert al frente de la embajada en París ante la OCDE. El nombramiento como embajador de Wert en agosto de 2015 fue uno de los movimientos más polémicos de Rajoy para colocar a sus allegados. En aquel momento se acusó al Gobierno de maniobrar para llevar al exministro a París, donde su mujer ejerce de directora general adjunta de Educación de la OCDE. Los alrededor de 10.000 euros mensuales de salario, además de la vivienda de 500 metros cuadrados de la que disfruta en ese cargo situaron a Wert como el ejemplo de las puertas que el Gobierno podría hacer girar con el único impulso del Boletín Oficial del Estado.

Respecto a la salida de Wert, fuentes del Gobierno aseguran que su cese se producirá “más o menos” al tiempo que el de Morenés. 

Ambos exministros forman parte de la cuota de los llamados “embajadores políticos”. No son los primeros que, sin formación diplomática son nombrados por el Ejecutivo para cargos de importancia. Ese fue el caso del también exministro del PP Federico Trillo, que encabezó la legación diplomática en Londres. El Partido Socialista hizo lo propio con el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien fue nombrado tras una prolongada campaña para conseguir la Embajada de España ante la Santa Sede.

Les pressions per a parar la recuperació per a la gestió pública de l’àrea sanitària de la Ribera –on està situat l’hospital d’Alzira– arriben al Palau de la Generalitat per terra mar i aire, malgrat que el president Ximo Puig –i la consellera de Sanitat, Carmen Montón– ha dit des d’un principi que la reversió era imparable. A les denúncies en els tribunals de Ribera Salud –una desena de recursos– s’han sumat els llibres i les conferències d’exalts càrrecs del socialisme felipista contractats per la mateixa concessionària per a parlar bé de la privatització sanitària.

Una altra de les estratègies de desestabilització de la decisió democràtica del Govern valencià han estat les pressions diplomàtiques. Així, tant l’ambaixador d’Espanya als EUA, l’exministre de Defensa Pedro Morenés, com la mateixa ambaixada nord-americana a Espanya s’han posat en contacte amb Ximo Puig perquè canvie d’opinió. I és que el 50% de Ribera Salud és propietat de la multinacional nord-americana Centene. L’altre 50% pertany al Banc Sabadell.

Així doncs, fa mig any va ser l’exministre de Defensa, Pedro Morenés, el que en el seu lloc d’ambaixador d’Espanya a Washington va intentar mitjançar amb la Generalitat perquè Ribera Salud continuara amb la privatització a pesar d’acabar-se el contracte el pròxim 31 de març. El contacte es va substanciar en una telefonada a Puig a petició de la multinacional. La conversa va ser cordial, però va obtenir un no rotund del president, que des del minut u ha estat a favor de recuperar la gestió de l’àrea d’Alzira, privatitzada pel PP d’Eduardo Zaplana fa just vint anys.

L’última pressió ha vingut directament de l’ambaixada dels EUA a Espanya. En aquest cas ha estat mitjançant una carta i en nom d’un “conseller comercial en funcions”, no en boca de l’ambaixador. La missiva defensa la inversió del grup Centene i les virtuts del model de col·laboració publicoprivada. La resposta, com la que va donar a l’exministre de Mariano Rajoy, el contracte amb Ribera Salud en l’àrea de la Ribera s’ha acabat. Encara li queda faena en les àrees privatitzades de la Marina, Torrevella i Elx.

Aquest divendres el president Ximo Puig ha reunit Montón i el director general de Ribera Salud perquè la transició entre el model privatitzat i el públic siga tranquil·la.

El astillero centenario La Naval de Sestao, abocado al concurso de acreedores y abandonado al menos en estos momentos por los Gobiernos central y vasco, terminó el ejercicio de 2012 con 56,6 millones de fondos propios. Por el contrario, en los últimos tres años, La Naval ha acumulado unas pérdidas de 107,5 millones de euros (solo en 2016 fueron 79 millones en números rojos) y el pasado año tuvo que dotar 47 millones en provisiones ante las pérdidas que arrastraba. Cuatro buques esperan en las gradas del astillero para ser entregados a los clientes, pero no hay dinero para construirlos. Parece el mundo al revés.

Tras la reunión de este viernes entre el comité de empresa y el Gobierno vasco, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha descartado la entrada del Ejecutivo en una mesa de negociación a tres bandas con el Gobierno central y el comité de empresa porque, “en estos momentos, no se dan las circunstancias ni lo ve necesario”. Lo prioritario para el Ejecutivo de Urkullu es “centrarse todos, accionistas, equipo directivo, trabajadores e instituciones en que ese concurso de acreedores se prepare de la mejor manera posible y más eficiente. No nos cerramos a la constitución de esa mesa pero hoy no la vemos necesaria”, ha zanjado.

¿Cómo es posible que una empresa con carga de trabajo, con más pedidos que nunca, esté en una crisis tan profunda y se vea abocada a la quiebra? Precisamente, se lo preguntaba el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el arranque del curso político en la comparecencia ante los periodistas ante los problemas que atraviesa La Naval de Sestao, Construcciones Navales del Norte, centenario astillero privatizado hace una década y que da empleo a más de 220 personas directamente y a unas 1.800 indirectamente. Accionistas minoritarios, sindicatos, trabajadores, partidos e instituciones miran a la “mala gestión” de la compañía en los últimos años, situación que ha explotado en 2017, pero que desde 2015 investiga un juzgado de Barakaldo, demanda penal contra la dirección de la empresa y los accionistas mayoritarios instada por uno de los accionistas minoritarios, Iniciativas Navales del Norte, grupo entre los que se encuentra el exdirector general tras su privatización, José Luis Álvarez , Manuel Iturrate y el exministro de Defensa Pedro Morenés.

2013 fue el año de los problemas para los astilleros españoles a raíz de las denuncias por el sistema tax lease, algo que llevó al sector a muy pocos centímetros del precipicio. En diciembre de 2013, el director general de La Naval de Sestao, Iñaki Irasuegui, sabía que se la jugaba. Negociaba media docena de contratos, tanto para construir barcos, como para explotar nuevos nichos de negocio, como el eólico u “estructura de otro tipo”, según admitía en una entrevista concedida entonces a este diario. Por aquel entonces, la carga de trabajo solo llegaba al mes de marzo. Pero los contratos finalmente llegaron. El sector abandonó la incertidumbre con el nuevo sistema de financiación del 'tax lease' -el anterior fue declarado ilegal en el verano de 2013 por Bruselas- y La Naval volvió a contratar la construcción de nuevos barcos. ¿Qué ha pasado entonces entre 2014 y finales de 2016, cuando las luces rojas comenzaron a ser más que evidentes en el astillero sestaorra?

Es verdad que el sector se movía en aguas procelosas: la competencia de los astilleros coreanos y chinos -que copan más del 85% de los pedidos, principalmente en barcos estándar de gran tamaño-. Y más allá del sistema del tax lease había otras debilidades: perdida de importancia paulatina del sector marítimo vasco -sobre todo “en la actividad de las empresas de bienes de equipo” -según revela un documento sobre el sector de 2013 del Foro Marítimo Vasco- escaso número de armadores de buques mercantes, y un reducido numero de ingenierías.

Según un análisis económico interno de La Naval al que ha tenido acceso eldiarionorte.es y que estuvo encima de la mesa en la reunión del pasado jueves entre la dirección, los accionistas minoritarios y el comité de empresa, los actuales socios mayoritarios, Ingeteam (38%), accedieron a la presidencia del Consejo de Administración en 2013 con un remanente de 56,4 millones de euros que permitía sobrellevar holgadamente, en tiempos de crisis general y del sector en particular, pérdidas que en aquel año no pasaron de los 150.000 euros. En 2016, último ejercicio cerrado, no sólo se han dilapidado los casi 60 millones ahorrados, sino que los fondos propios marcan 51 millones en números rojos.

Si en 2012, con un solo barco en la grada, se obtuvieron 167 millones en ingresos y 7 de beneficios, en 2016, con cuatro pedidos, los ingresos fueron 146 millones y el balance arrojó un saldo negativo de ¡79 millones! A la pregunta que se hacía el lehendakari Urkullu, los socios minoritarios, los trabajadores y buenos conocedores del sector consultados por este diario responden con rotundidad: los contratos de construcción de nuevos buques han sido ruinosos y no sólo no han evitado las pérdidas sino que las han multiplicado.

En ello están incidiendo los sindicatos cuando aluden a la “mala gestión” de Ingeteam al frente de La Naval. Y también han deslizado que esa compañía y el otro socio principal, Astilleros Murueta, se han beneficiado de contratos de servicios externalizados por el astillero, no ofreciendo precisamente los precios más competitivos. 

Las cuentas de La Naval muestran que desde 2013 hasta 2016 Ingeteam ha multiplicado por tres sus ingresos como proveedora de servicios de ingeniería a La Naval, pasando de 4 a 13 millones anuales. En las denominadas “operaciones vinculadas”, que son las realizadas por la compañía con sus empresas propietarias, el 76% de los contratos han recaído en Ingeteam, según datos internos que ahora corren de mano en mano ante la situación de momento final que parece vivir La Naval.

Fuentes de la empresa señalan que “como resultado de las distintas reclamaciones de los accionistas minoritarios sobre las operaciones vinculadas” en La Naval, el letrado asesor “expresó su opinión sobre la dudosa legalidad/conveniencia” de esos movimientos y presentó su dimisión. Eso ocurrió en febrero de 2013. En julio, la auditora Ernest & Young entregó un informe en el que reseñaba que “si las condiciones que se ofrecen a los socios suministradores son distintas a las que tienen suministradores independientes” se limita la competencia y, en consecuencia, “se impide a la compañía obtener el mejor precio de mercado”, según el informe presentado el pasado viernes en la reunión. En el encuentro, la dirección reiteró su voluntad de instar el concurso de acreedores, ya sea de liquidación del astillero o de continuidad, si aparece un inversor que presente un plan industrial, algo que hoy por hoy no se vislumbra.

“Depurar las responsabilidades del Consejo”

Desde entonces, la relación entre los socios mayoritarios y minoritarios de La Naval es de batalla soterrada -además de evidente en el juzgado con una demanda que sigue viva- lo que ha incluido ceses en los distintos órganos de control y ventas de participaciones, como la salida de los noruegos de Knutsen en una operación de venta de acciones en la que también querían haber participado los minoritarios agrupados en Iniciativas Navales del Norte. Sin embargo, el mayor momento de tensión llegó en junio de 2015 cuando Iniciativas Navales del Norte, la principal entre las empresas minoritarias y en la que participa el exministro de Defensa Pedro Morenés, llevó a Ingeteam a los tribunales precisamente por la deriva económica del proyecto mientras crecían los ingresos de Ingeteam en operaciones derivadas. Desde entonces, el juzgado de Barakaldo que instruye la causa ha citado como imputados a una decena de responsables de la empresa y los denunciantes han ido ampliando la querella con los datos económicos de los siguientes ejercicios.

Algo que tampoco ha pasado desapercibido a los representantes de los trabajadores. En el citado encuentro del pasado viernes, el comité de empresa recordó a la dirección que ya 2014 les habían advertido de “todas las desviaciones de dinero, todas las pérdidas” y dónde creían los sindicatos que se estaba produciendo una pésima gestión. “Parece que se hayan despertado de la siesta, parecen que ellos no sean los responsables, me refiero a Ingeteam y a Murueta, que han sido los mayoritarios y los que han tomado las decisiones”, apuntó el miembro del comité Txema Velón (UGT). El comité acusa a los accionistas mayoritarios de mantener “sin control” el astillero “para enriquecerse, pensando más en sus empresas vinculadas que en el futuro” de La Naval

“Confiamos en los tribunales para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar del Consejo de Administración, de accionistas beneficiados presuntamente de forma irregular y de la dirección de la compañía”, señalan los minoritarios. “Y sobre todo ”esperamos que la Justicia declare nulos los contratos de operaciones vinculadas presuntamente irregulares y condene a los que se han lucrado en contra de los intereses de CNN, a devolver las cantidades afectadas“. 

Pensando ya en el inevitable concurso de acreedores -el plazo oficial es hasta el 7 de octubre, pero los accionistas mayoritarios no quieren apurarlo-, la recuperación de ese dinero “mejoraría sensiblemente” el patrimonio de La Naval y o bien se podría retomar la actividad del astillero (Balearia analiza si cancelar la fabricación de un ferry) o bien se podría atender mejor la deuda adquirida y que suma 150 millones de euros.

Segur Ibérica, la empresa que presidió el ex ministro de Defensa Pedro Morenés antes de entrar al cargo debe 11,9 millones de euros a Hacienda, según la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria este viernes con datos correspondientes al cierre de 2016. Es la primera vez que el grupo Segur entra en la lista de morosos publicada por el Gobierno.

El exministro presidió el consejo de administración del grupo de seguridad privada Segur entre noviembre de 2011 y enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Mientras Morenés fue el titular de Defensa, Segur Ibérica se llevó más de 93 millones en adjudicaciones del Gobierno, según reveló una investigación de eldiario.es.

La mitad fue adjudicada en tres contratos celebrados en vísperas de elecciones generales de 2015.

Solo en diciembre de 2015, el último mes de la legislatura, Segur Ibérica recibió más de 37 millones en adjudicaciones del Gobierno. Esta cifra igualó todo lo que había recibido en el resto de la legislatura presidida por Mariano Rajoy,  tal y como adelantó eldiario.es.

Más empresas de seguridad en la lista de morosos

Además de Segur Ibérica, muchas empresas de seguridad aparecen en listado de morosos de la Agencia Tributaria a 31 de diciembre de 2016. Entre ellas, Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

El empresario, que acumula decenas de contratos para vigilar edificios del Gobierno, Metro de Madrid o el Gobierno de Canarias, es otra novedad de este año en la lista de deudores del Gobierno. En total, la deuda de su empresa con la Agencia Tributaria asciende a los 2,96 millones de euros. 

Esa deuda se corresponde, según la compañía, con el retraso dos pagos de IVA a 31 de diciembre de 2016, fecha del cierre de la lista dada a conocer este viernes. Fuentes de Seguridad Integral Canaria aseguran que esa deuda ya está satisfecha y que el retraso es producto de tensiones de tesorería provocadas, entre otras cuestiones, por la demora de las administraciones en pagar los contratos que tiene concertados con ella.

La compañía de seguridad Seguriber, propiedad de la empresaria Mónica de Oriol, aparece en el nuevo listado de morosos con una deuda de 2,14 millones de euros. Oriol fue presidenta del Círculo de Empresarios y también consejera de la tecnológica Indra.

Oriol abandonó en marzo la presidencia del Círculo de Empresarios tras agotar un mandato en el que, entre otras polémicas, mostró preferencia por contratar “a una mujer de más de 45 o de menos de 25 años” para evitar “el problema” de que se quede embarazada o arremeter contra las personas “ con cero cualificación” que, dijo, no valen “para nada”. También ha acaparado titulares por la construcción de una  cancha de polo en una zona de protección ambiental.

El Gobierno de España ha nombrado embajador en Washington a Pedro Morenés, el preferido por la Casa Blanca y por el Pentágono. Daba el perfil: hombre muy conservador, atlantista y empresario de seguridad y armamento; en su momento, especializado en bombas de racimo. Felicidad a este lado del Atlántico, quién mejor para mediar y cumplir las órdenes de Trump de elevar el presupuesto militar hasta el 2% del PIB.

La decisión forma parte de  la narración ultraconservadora del PP en el Gobierno. Como nos ha recordado Cospedal, ministra de Defensa ,“si no está garantizada la seguridad , da igual tener garantizada la sanidad pública o la educación”. El problema no es ese, sino que les da igual que no haya sanidad pública y educación. Lo importante es la seguridad, es decir, el negocio de las armas. De momento, son 12.000 millones, que esa fue la cifra que le espetó Trump a Rajoy, en inglés, por supuesto. Ya se lo han traducido a Cospedal y Montoro. Y si las cuentas no cuadran, no importará. La Europa de hoy, que lo es cada  vez menos, en ocasiones perturbada por el déficit, no lo tendrá en cuenta.

El Gobierno español, una vez enjugadas las lágrimas de cocodrilo por la victoria de Trump, se da la mano con los sectores más ultraderechistas de los Estados Unidos, representados en el ala más radical del partido republicano. Ya lo decían los seguidores de Freedom works, así como del Tea Party: menos estado, muy poco estado, que cada uno se pague su educación y sanidad pero, eso sí, mucha seguridad , mucha policía, con sus leyes restrictivas de derechos, mucho ejército y armas que los sustenten. No es que quieran poco estado, que también, es que, en su hipocresía, el poco estado lo quieren para ellos, para promover o proteger sus intereses. 

Los presupuestos de Trump así lo ponen de manifiesto. Sobra todo, por ejemplo, el Obamacare. Al extravagante presidente americano le han tumbado su proyecto sanitario  alternativo, pero no nos engañemos, lo han rechazado por corto los más radicales de la derecha americana, los llamados Freedom Caucus, primos hermanos de los arriba citados, y primos no muy lejanos de los populares de La Moncloa.

Atlantistas

El fichaje de Morenés coincide con la pomposa pero muy triste celebración de los sesenta años del Tratado de Roma. Más que gris, no sólo porque se diluye por el Brexit, sino porque decae en su propia consistencia, lejos de la ciudadanía, muy lejos de los principios fundamentales de una Europa unida. En la foto, muy  pocos europeístas, mucho nacionalista pero, sobre todo, atlantistas rebosantes. Algunos observadores han señalado la oportunidad de progresar hacia la unión política, hacia la Europa federal,  una vez salido el Reino Unido. No nos hagamos ilusiones,  Europa se construye con europeístas, no con atlantistas.

Adornados con discursos falsarios, los protagonistas de los fastos no quieren más Europa , sino menos. Un ejemplo es la política de seguridad y defensa, lo que se llamó pomposamente pilar europeo de Defensa. Ha bastado con que llegue al poder un ultra como Trump para que nos saquen las vergüenzas. Quiere que nos paguemos nuestra defensa y en eso tiene razón, aunque lo que de verdad dice es que se la paguemos a él, aumentando nuestros presupuestos, aportando más a la OTAN, sosteniendo su industria  armamentista que él se encargará del resto. Lo de siempre, America First, y mandando.

La Unión Europea, de fiesta, tomada de uno en uno o en su conjunto, no ha servido para acometer un compromiso serio de mantener nuestra independencia y cumplir con los compromisos contraídos con los europeos en los Tratados, sino para correr a Washington a quedar complacientes  con el César.

Un despropósito y la prueba palpable de que la Europa soñada es una entelequia o un marco alemán camuflado en el  trampantojo de acuñación europea que llamamos euro. Trump, que no deja de ser el tonto útil del extremismo de derechas americano, se saldrá con la suya: menos Europa, más armamento, nada de pilar europeo de Defensa y un portaaviones gigantesco en la Gran Bretaña. Y encima nos han fichado a un galáctico. 

El Gobierno adjudicó contratos por valor de 115 millones de euros a las empresas con las que Pedro Morenés, ya exministro de Defensa, estuvo vinculado antes de entrar al cargo. En total, las sociedades del Grupo Segur (Segur Ibérica, Segur Control y Consorcio de Servicios), Instalaza y MBDA han firmado 108 contratos con la Administración central mientras Morenés fue el titular de la cartera de Defensa, a la luz de los datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recogidos y analizados por eldiario.es.

Pedro Morenés ocupó distintos puestos de dirección en esas empresas justo antes de ser nombrado ministro de Defensa. Desde entonces hasta su cese, el 4 de noviembre de 2016, los contratos del Gobierno a esas compañías suman 115 millones de euros. De esos, 22 fueron adjudicados directamente por el Ministerio de Defensa.

El exministro presidió el consejo de administración del grupo de seguridad privada Segur entre noviembre de 2011 y enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Mientras Morenés fue el titular de Defensa, Segur Ibérica se llevó más de 93 millones en adjudicaciones del Gobierno.

Importes adjudicados a las empresas vinculadas a Morenés durante su etapa como ministro

En rojo, los contratos adjudicados directamente por Defensa, y en gris, del resto de ministerios

Fuente: Contratación del Estado, BOE

Morenés fue también consejero en la empresa de armamento Instalaza, dedicada a la fabricación de municiones y granadas, desde junio de 2007 hasta octubre de 2011, dos meses antes de entrar al cargo. Instalaza recibió 23 adjudicaciones por 20,5 millones de euros durante su etapa como ministro. Todos los contratos fueron adjudicados por el Ministerio de Defensa.

La multinacional francesa MBDA, dedicada al diseño y fabricación de misiles, también contó con Morenés como director ejecutivo desde junio de 2010 hasta su llegada al Ministerio, en diciembre de 2011. La empresa de misiles recibió tres adjudicaciones de Defensa en julio de 2016 por 1,1 millones de euros mientras Morenés fue ministro. El extitular de la cartera Defensa tuvo que abstenerse en la compra de fragatas por sus vínculos con esta empresa de misiles, tal y como adelantó El BOE nuestro de cada día.

Los datos señalan que Defensa fue el Ministerio que mayor número de contratos adjudicó a las empresas vinculadas a su exministro y el tercero en cuanto al montante de los contratos, por detrás de Fomento y Hacienda.

Los importes adjudicados por cada ministerio a las empresas vinculadas a Morenés

En rojo, los contratos adjudicados directamente por Defensa, y en gris, del resto de ministerios

Fuente: Contratación del Estado, BOE

Instalaza, las opacas granadas del Ejército

La sociedad Instalaza, radicada en Zaragoza, está especializada en la venta de armas y municiones. Las granadas de mano Alhambra y los lanzagranadas que vende son los únicos homologados por Defensa. Estas homologaciones, que se renovaron de nuevo en diciembre de 2016, sirven para “autorizar su uso” por parte del Ministerio.

Las autorizaciones del Ministerio se remontan a 1995, justo antes de la llegada del Gobierno de Aznar. Gracias a ellas, Instalaza se ha convertido en un suministrador de armamento habitual de Defensa, antes y después de la llegada del ministro, Pedro Morenés.

Instalaza es el tercer suministrador de armas y municiones del Ejército, según datos de una investigación de El Confidencial.  Por delante, solo están las gigantes armamentísticas Santa Bárbara Sistemas y Expal (Maxamcorp), cuyos consejos de administración también han contado con altos cargos del Ministerio de Defensa.

Evolución de las adjudicaciones de Defensa a Instalaza (2009-2016)

En rojo, los contratos adjudicados por procedimiento negociado, y en gris, a través de un concurso

Fuente: Contratación del Estado, BOE

Este suministro del Ministerio se hace en las condiciones más opacas. 21 de los 23 contratos adjudicados por Defensa mientras Morenés era ministro se hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. De esta forma, la Administración elige sin concurso quién será la empresa adjudicataria tras hacer consultas con un mínimo de tres empresas.

Este procedimiento opaco se ha convertido en la regla habitual en los contratos de Defensa, según desveló una investigación de Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio: el 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hizo a través de esa regla.

Segur Ibérica, beneficiada en vísperas de elecciones

Las sociedades del grupo Segur, una de las empresas de seguridad privada más grandes de España, recibieron 93 millones en contratos del Gobierno durante la etapa de Morenés como ministro. La mitad fue adjudicada en tres contratos celebrados en vísperas de elecciones generales de 2015.

Solo en diciembre de 2015, el último mes de la legislatura, Segur Ibérica recibió más de 37 millones en adjudicaciones del Gobierno. Esta cifra igualó todo lo que había recibido en el resto de la legislatura presidida por Mariano Rajoy, tal y como adelantó eldiario.es.

Evolución de las adjudicaciones del Gobierno al Grupo Segur (2009-2016)

En azul, los contratos adjudicados directamente por el Ministerio de Defensa, y en gris, del resto de ministerios

Fuente: Contratación del Estado, BOE

Dos adjudicaciones millonarias de Renfe y Hulleras del Norte encabezan los nuevos contratos del Grupo Segur a final de la anterior legislatura. El 1 de diciembre, la empresa estatal de ferrocarriles Renfe repartió entre nueve empresas su macrocontrato de seguridad y vigilancia por 176 millones. Segur Ibérica se hizo con el lote de mayor importe, por 27 millones, por encima de Prosegur.

También en mayo de 2016, con el Gobierno en funciones y justo un mes antes de las segundas elecciones generales del 26J, la empresa que presidió Morenés tuvo su segundo mejor mes en adjudicaciones del Gobierno desde 2009. Un contrato de 11 millones de euros para vigilar los centros de la empresa pública Navantia, dedicada a la construcción naval civil y militar, fue la mayor adjudicación de Segur Ibérica en esas fechas.

Morenés y la industria de Defensa

Los vínculos de Morenés con la industria de armamento también se extienden a otras empresas de armas como Gamo o Construcciones Navales del Norte. Ninguna de las dos compañías recibió contratos del Gobierno ni antes ni durante su etapa como ministro.

Abandonada ya esa responsabilidad, las incompatibilidades de altos cargos dificultan la vuelta al sector privado durante los dos años tras su cese. Sin embargo, la ley permite que los altos cargos puedan reincorporarse a las empresas en las que hubieran trabajado antes de ocupar su puesto público, así que Morenés no tendría problema en volver a compañías como Instalaza o Segur Ibérica.

Una investigación de eldiario.es desveló que la Oficina de Conflictos de Intereses, que se encarga de dictaminar si existe incompatibilidad o no al trabajar para una empresa privada después del cese, sólo ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos en diez años. 

El futuro de Pedro Morenés no estará, por el momento, en la industria de armamento. Según El País, Morenés será “con toda probabilidad” el nuevo embajador de España en Estados Unidos.

La Comisión Europea censura la política de contrataciones públicas del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés. Así lo reconoce la comisaria de Mercado Interior, Elżbieta Bieńkowska, en una respuesta escrita a los eurodiputados de IU Javier Couso y Marina Albiol.

“La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España en relación con un contrato público concreto destinado al suministro de prendas de vestir para el Ministerio de Defensa y con la utilización de una orden administrativa interna que permite no aplicar la Directiva 2004/18/CE (que está siendo sustituida por la Directiva 2014/24/UE) para la adquisición de determinados artículos. Ya hemos entablado un diálogo con las autoridades españolas a este respecto”, relata la comisaria.

Couso y Albiol relataban “la adjudicación el pasado diciembre de contratos por valor de 37 millones de euros al grupo Segur, presidido por Morenés hasta tomar posesión de su cargo. Una vez más, estas nuevas contrataciones se han hecho siguiendo mecanismos de contratación irregulares, bien a través del procedimiento restringido –que permite a la Administración seleccionar las empresas que pueden presentarse al concurso– o del procedimiento negociado sin publicidad –por el que se hacen adjudicaciones sin concurso–”.

Y preguntaban: “¿Piensa la Comisión iniciar una investigación por la posible violación continuada de la normativa europea aplicable relativa a la contratación pública (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) y, en general, de lo establecido por la Directiva 2009/81/CE? ¿Piensa la Comisión exigir información detallada al Gobierno español para analizar «debidamente» estos posibles incumplimientos?”

“Partiendo únicamente de la información presentada por Sus Señorías”, responde Bieńkowska, “la Comisión no está en condiciones de ofrecer un análisis jurídico formal sobre si la situación que describen en relación con el Ministro de Defensa español constituye o no un conflicto de interés, asunto que, en principio, deberían determinar los órganos jurisdiccionales nacionales”.

El Ministerio de Defensa pagará 582.780 euros por el mantenimiento de los jardines que hay en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Entre las 420 hectáreas de superficie con los que cuenta esta unidad, destacan 693.800 metros cuadrados destinados al campo de golf ubicado en el aeródromo.

Según informan desde la instalación deportiva, el uso de este centro está restringido a militares y a civiles invitados por miembros del Ejército del Aire. El año pasado esta base acogió el torneo de golf 'Ministerio de Defensa'.

Durante el puente de mayo se hizo pública la adjudicación de este contrato en el Boletín Oficial del Estado. FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) será la empresa que se encargue del servicio de conservación de jardines y zonas rústicas de la base durante el próximo año por “obtener la mayor puntuación” y “cumplir los requisitos exigidos en los pliegos”.

En el pliego de prescripciones técnicas que acompaña al anuncio del contrato, se especifica que la compañía deberá destinar, como mínimo, dos especialistas en jardinería exclusivamente al campo de golf durante la temporada de otoño e invierno y cuatro durante los meses de primavera y verano. Asimismo, la jefatura del centro deportivo podrá solicitar “la presencia del personal con ocasión de la celebración de torneos y trabajos excepcionales que deban realizarse fuera de la jornada laboral o en fines de semana”.

Este documento también recoge en qué condiciones deben conservar los trabajadores las diferentes partes del campo. Por ejemplo, explican que en el caso de los hoyos el “mantenimiento fundamental consiste en el cambio de copas, motivado por una gran intensidad del juego”; y que en los búnkers –obstáculo de arena para dificultar el juego– la tierra se debe rastrillar “manualmente” para “eliminar las piedras existentes”. A pesar de estas explicaciones tan específicas, no se desglosa qué estimación del total del presupuesto, 582.780 euros, se destinará específicamente a esta instalación deportiva.

Además del campo de golf, la base aérea de Torrejón cuenta con 262.116 metros cuadrados de zonas ajardinadas y 3.250.153 metros cuadrados de zonas rústicas. La conservación de estos terrenos también está incluida en el contrato que acaban de adjudicar a FCC.

245.000 euros para el golf en Cuatro Vientos

Este no es el único caso en el que se destina dinero público a la conservación de un campo de golf, tal y como informó eldiario.es el pasado mes de agosto, el Ministerio de Pedro Morenés también aprobó un contrato por 245.000 euros para el mantenimiento del césped de las instalaciones deportivas localizadas en la base aérea de Cuatro Vientos. En aquella licitación, la adjudicataria fue una filial de Sacyr, Valoriza Servicios Medioambientales.

Finalmente se ha producido la imagen inédita en el Congreso: la silla vacía del ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante la comparecencia a la que le habían convocado oficialmente para dar explicaciones sobre la postura que defendió en la cumbre de la OTAN en la que se aprobó una operación en el mar Egeo para luchar contra las mafias que trafican con refugiados. Todos los grupos han reprochado al Gobierno en funciones su ausencia durante los turnos de palabra, que se han mantenido en la Comisión de Defensa pese a que no estaba el compareciente.

El Gobierno justifica su ausencia mediante un informe elaborado por los servicios jurídicos de Moncloa, que avalan su tesis de que no debe someterse al control de los actuales diputados porque no fue este Congreso el que le otorgó la confianza para gobernar. “La Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control -entre las que se encuentra la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa-”, fue la respuesta que transmitió el Ejecutivo al presidente del Congreso tras convocarse oficialmente la comparecencia.

La Comisión se ha celebrado sin la comparecencia de Morenés. Los portavoces parlamentarios han tenido sus tiempos para intervenir igualmente. Todos los grupos, excepto el PP, han reprochado al Gobierno que eluda el control parlamentario. “Buenos días, ministro ausente”, ha comenzado el portavoz del PSOE, Germán Rodríguez, que ha asegurado que el plantón supone una falta de respeto para los ciudadanos. “Es un epitafio para un gobierno que no ha respetado al Congreso y al que los españoles han puesto fin”, ha expresado el diputado socialista.

Ciudadanos también ha criticado la actitud del Ejecutivo y ha reprochado que unas veces “diga una cosa y otras al contraria” en referencia a José Manuel García Margallo y el secretario de Estado para las relaciones con la UE, que sí han comparecido. También PNV ha rechazado que existan “espacios de impunidad en la actuación del Gobierno”. Incluso UPN, socio del PP, se ha mostrado contrariado por la ausencia del ministro: “Hay más razones a favor de la comparecencia porque hablamos del Ministerio de Defensa, que está en funciones y presta funciones importantes en este caso”, ha dicho Carlos Salvador.

La portavoz de Podemos-En Comú-En Marea, Tania Sánchez, también ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy: “El ejercicio de control del Parlamento no puede suspenderse en ninguno de los casos. La función del Parlamento es controlar a los gobiernos”, ha expresado Sánchez, que ha enunciado las preguntas que tenía a “una silla vacía”.

El portavoz del PP ha comenzado su intervención atacando a la diputada de Podemos, a quien ha acusado de querer su “cuota de telediario”. El diputado conservador ha sostenido que el grupo de Podemos no mostró “ningún interés” en esa comparecencia y que solo lo hizo “uno de la casta, viejo”, ha ironizado ya que fue el PSOE quien solicitó la presencia de Morenés. El PP ha repetido los argumentos que esgrime Moncloa para justificar la ausencia del titular de Defensa.

El PSOE, que contará con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, llevará al próximo Pleno el debate sobre elevar una queja ante el Tribunal Constitucional para que determine quién tiene la razón en este conflicto institucional: si el Gobierno en funciones, que sostiene que no tiene que ser controlado por el Congreso, o los grupos, que aseguran que el control es una de sus funciones.

Patxi López intentará “convencer” al Gobierno

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Defensa, el socialista José María Barreda, ha asegurado que informará oficialmente a Patxi López y al órgano de gobierno de la Cámara Baja del plantón de Morenés para que ponga en marcha el procedimiento oportuno: “Se levantará acta de lo que ha sucedido y daré cuenta de ello al presidente y a la Mesa para que se adopten las medidas oportunas”, ha explicado al iniciar la reunión.

El presidente del Congreso ha anunciado que emplazará al Gobierno en funciones a una reunión para intentar solución el conflicto que existe entre las dos instituciones, que sostienen tener sendos informes que avalan sus posturas: el de los letrados del Congreso establece que se puede ejercer control sobre las funcione que tiene que desempeñar el Ejecutivo interino mientras que el de los servicios jurídicos de Moncloa señala que no puede realizarse esa función.

En una rueda de prensa, López ha explicado que llamará al secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para que se reúnan este viernes con el objetivo de solucionar el conflicto. López intentará “convencer” a los conservadores de que deben someterse al examen de los diputados si así lo decide la Mesa del Congreso. No obstante, el presidente del Congreso intentó sin éxito a través de una carta a la vicepresidenta convercer al Ejecutivo de que asistiera a esta primera comparecencia. La respuesta de Soraya Sáenz de Santamaría fue negativa.

El Congreso se prepara para una nueva situación inédita: el anunciado plantón del Gobierno. Por primera vez, un ministro convocado formalmente para comparecer en una comisión amenaza con no aparecer. Será el titular en funciones de Defensa, Pedro Morenés, a quien los grupos parlamentarios han citado para que explique la postura que defendió en la cumbre de la OTAN del pasado 11 de febrero en la que se decidió una operación en el Mar Egeo para luchar contra las mafias que trafican con refugiados. 

La Mesa de la Cámara aceptó la petición de comparecencia, que está oficialmente convocada y prevista para este jueves a las 10.00. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que no acudirá a esa comparecencia de control ni a las futuras que se puedan convocar.

El argumento de Moncloa es que el Gobierno en funciones “ni puede ni debe estar sometido a un control parlamentario por una Cámara con la que no tiene ninguna relación”. El informe jurídico en el que sustenta su postura explica que el actual gabinete no recibió la confianza del Parlamento que salió de las urnas el 20D sino del anterior y que, por tanto, no se puede ejercer la función de control sobre él. 

Ante la convocatoria de la Comisión de Defensa, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes envió un escrito al presidente del Congreso, Patxi López, acompañado del informe en el que aseguraba que “la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control -entre las que se encuentra la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa-”.

Es la única notificación que han recibido los grupos respecto al 'no' del Gobierno a la presencia de Morenés en la Comisión de Defensa más allá de las declaraciones que hicieron tanto la vicepresidenta como José Luis Ayllón, el responsable de las relaciones del Gobierno y las Cámaras. 

Los diputados de la Comisión de Defensa asistirán a la convocatoria a la espera de que se presente el ministro, aunque dan por hecho que, a la vista de lo argumentado desde Moncloa, no aparecerá. En ese caso, el PSOE ha anunciado que expresará “su desacuerdo” para que conste en acta e instará a la Mesa de la Comisión que notifique lo sucedido a la Mesa del Congreso para que “adopte las medidas oportunas”, según ha explicado el portavoz socialista, Germán Rodríguez.

Los pasos que anunció el PSOE, avalados por Patxi López, es que de producirse el “acto de rebeldía” de Morenés, pedirán que en el próximo Pleno se vote apelar al Tribunal Constitucional para que resuelva el “conflicto institucional”. A pesar de que Podemos y Ciudadanos respaldarán la medida, los plazos para que se pronuncie el alto tribunal hacen imposible que se resuelva antes de que haya un nuevo Gobierno o de que se disuelvan las Cortes. El Gobierno de Rajoy podrá librarse de someterse al control parlamentario. 

Los socialistas argumentan que el informe de los letrados de la Cámara Baja determinaron que sí se pueden llevar a cabo medidas de control al Gobierno sobre las funciones que tiene atribuidas en este periodo de interinidad. El portavoz de Defensa, Germán Rodríguez, ha argumentado, además, que solo han pedido a Morenés “información” sobre la operación aprobada por la OTAN que, a su juicio, es necesaria porque “condiciona la orientación política” del próximo Gobierno. 

Desde que se constituyeron las Cortes, han comparecido dos miembros del Gobierno: el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para informar de la cumbre europea sobre el Brexit y el secretario de Estado para la UE, que lo ha hecho este miércoles para fijar una postura sobre el acuerdo que debe adoptar e Consejo Europeo sobre la crisis de refugiados. Ambas comparecencias se celebraron de manera previa a las reuniones en Bruselas. Desde el PSOE creen que la actual reticencia del Ejecutivo busca “blindar a Rajoy” para que no tenga que dar explicaciones sobre esa cumbre después de que se celebre, como sucede en el periodo ordinario de sesiones, y evitar que tenga que responder a las preguntas de la oposición. 

Solo en el mes de diciembre, cuando se celebraron las elecciones, las adjudicaciones al Grupo Segur sumaron la misma cantidad que en el resto de legislatura

Dos contratos millonarios con Renfe y la empresa estatal Hulleras del Norte consiguen el mejor mes en contratos desde 2009 para el grupo de seguridad

Un encargo de ocho millones de euros fue adjudicado el 22 de diciembre, con el Gobierno ya en funciones

El Gobierno adjudicó en el último mes de la legislatura contratos por 37 millones de euros al grupo de empresas que Pedro Morenés, ministro de Defensa, presidió antes de entrar al cargo (entre noviembre de 2011 y enero de 2012). Solo en diciembre de 2015, las empresas del Grupo Segur han recibido el mismo importe que en el resto de la legislatura, a la luz de los datos de la Plataforma de Contratación del Estado recogidos y analizados por eldiario.es.

Con estos datos, 2015 se convierte en el mejor año en contratos del Gobierno al Grupo Segur desde 2009, último año del que hay datos disponibles en la plataforma. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, que ha negado cualquier tipo de influencia del ministro en estas contrataciones.

Tal y como había adelantado eldiario.es, el grupo de empresas que presidió Morenés percibió contratos por otros 37 millones de euros entre enero de 2012 y octubre de 2015, con Rajoy como presidente. Una cifra que se duplica con las nuevas adjudicaciones de diciembre: 76 millones de euros desde la llegada del actual ministro de Defensa al cargo. eldiario.es se ha puesto en contacto con la empresa adjudicataria, que ha declinado dar su versión de los hechos.

Las adjudicaciones del Gobierno al Grupo Segur (2009-2015)

Fuente: Contratación del Estado | gráfico: Raúl Sánchez

Dos adjudicaciones millonarias de Renfe y Hulleras del Norte encabezan los nuevos contratos del Grupo Segur al final de la legislatura. El 1 de diciembre, la empresa estatal de ferrocarriles (RENFE) repartió entre nueve empresas su macrocontrato de seguridad y vigilancia por 176 millones. Segur Ibérica se hizo con el lote de mayor importe, por 27 millones, por encima de Prosegur.

El contrato garantiza a estas empresas el servicio de seguridad de las estaciones de tren y sedes de Renfe durante los próximos tres años. Se tramitó a través del procedimiento restringido, que permite a la Administración seleccionar a las empresas que pueden presentarse al concurso, “a su solicitud y en atención a su solvencia”.

Las adjudicaciones del Gobierno al Grupo Segur durante los meses de 2015

Fuente: Contratación del Estado | gráfico: Raúl Sánchez

Hulleras del Norte (Hunosa) adjudicó el 22 de diciembre, dos días después de las elecciones y con el Gobierno en funciones, un contrato por 8,5 millones de euros a Segur Ibérica. Hunosa es una empresa que se dedica a la extracción minera y es cien por cien pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Economía. Su tramitación se realizó de forma ‘urgente“, que es cuando los contratos responden a ”una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público“.

El Grupo Segur es la tercera empresa de seguridad más importante de España, según reza la propia página web oficial de la sociedad. La Administración General del Estado ha contratado a las empresas del grupo para vigilar sedes de RTVE, Defensa, Renfe, Hacienda, Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o los museos de El Prado y Reina Sofía. Por ejemplo, entre las 15 adjudicaciones a Segur Ibérica en el último trimestre del año se encuentra un contrato de seguridad y protección personal para un alto cargo de la CNMV por 76.000 euros o la vigilancia de las sedes de la CNMV en Madrid y Barcelona por 730.000 euros.

Los 15 contratos adjudicados a Segur Ibérica en el último trimestre de 2015

Fuente: Contratación del Estado | gráfico: Raúl Sánchez

El vínculo de Morenés con Segur Ibérica

Pedro Morenés presidió el consejo de administración de Segur Ibérica entre el 29 de noviembre de 2011 y el 30 de enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil. El 22 de diciembre, cuando todavía presidía la matriz del grupo Segur, fue nombrado ministro de Defensa.

Precisamente, el ministro tuvo que abstenerse en la compra de fragatas por sus vínculos con una empresa de misiles y con Segur Ibérica, tal y como adelantó El BOE nuestro de cada día. Navantia, de titularidad pública, y la tecnológica Indra son las compañías que finalmente se llevaron ese concurso de los programas de armamento.

Además, no es el único lazo que une a Morenés con las empresas del sector: también fue consejero en otras empresas de la industria de defensa antes de su etapa como ministro. Es el caso de Instalaza, empresa dedicada a la fabricación de las granadas Alhambra, las únicas homologadas por el Ministerio de Defensa. Una información de El Confidencial aseguraba que la cartera de Morenés “ocultó al Congreso compras de Defensa a esta empresa por 30 millones de euros”.

Un año antes de ser ministro, Pedro Morenés fue presidente de Construcciones Navales del Norte, empresa dedicada a la construcción de buques de alta tecnología y de MBDA, en España, una multinacional dedicada al diseño y fabricación de misiles.

Adjudicaciones directas desde Defensa

Desde la llegada del ministro al cargo, Defensa ha adjudicado diez contratos a las empresas del Grupo Segur por 390.000 euros. El 80% de esos contratos fueron realizados a través del procedimiento negociado sin publicidad, por el que pueden hacerse adjudicaciones sin concurso y negociando directamente con las empresas. El Ministerio de Defensa ha adjudicado el 70% de sus contratos en 2014 con este procedimiento opaco, según desveló una investigación del proyecto “¿Quién cobra la obra?”

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que “no han firmado” ningún contrato con el Grupo Segur, ya que los Ejércitos “tienen completa autonomía” para hacer sus propias adjudicaciones. Cuatro de los diez contratos firmados con Defensa se hicieron en departamentos dependientes de los ejércitos de Tierra y del Aire. No obstante, los seis restantes fueron adjudicados por áreas ubicadas dentro de la Secretaría de Estado de Defensa, que depende orgánicamente del ministro.

Sin embargo, los importes de las adjudicaciones directas del Ministerio de Defensa han caído desde la llegada de Morenés. En 2009 y 2010, con la socialista Carme Chacón al frente a la cartera, Segur Ibérica firmó contratos por valor de más de tres millones de euros para la vigilancia de la Dirección General de Armamento y Material y las residencia de las Residencias Militares Alcázar y Don Quijote. Cifras muy superiores a las adjudicadas directamente por el actual ministro.

“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de armamento.

“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las fuerzas armadas”, explica Bernardo Navazo, analista de defensa. Precisamente, las tres comparten un pasado como empresas públicas. Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo mundial de venta de material de defensa General Dynamics.

Un informe del Tribunal de Cuentas en 2007 denunció sobrecostes en la privatización de Santa Bárbara, que, según el texto, costó casi 500 millones de euros. “Al final, tienen muchas relaciones con el Estado”, comenta Navazo.

“En el sector de la defensa y en grandes programas no hay muchos competidores en España”, admiten fuentes del Ministerio de Defensa, que admiten que al final se elige a quien tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Dos casos de puertas giratorias han afectado a Santa Bárbara desde que la sociedad fue vendida por el Gobierno.

Alfonso Ramonet, embajador de España en grandes capitales como Tokio o Washington, fue presidente de la compañía entre 2003 y 2007, justo tras su privatización. Aunque la más directa ha sido la que afectó a su consejero delegado entre 2010 y 2013, Carlos Villar Turrau. Militar de carrera, fue Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa entre 2001 y 2006 y Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEMAD) entre 2006 y 2008.

Especializado en grandes vehículos blindados, Santa Bárbara es la adjudicataria de los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por 3.856 millones de euros. Todavía restan por abonar más de 2.500 millones por esos dispositivos. Además, sigue siendo el principal suministrador de material de defensa del Estado, según el análisis de datos realizado por El Confidencial. Entre 2010 y 2015, recibió 105 millones de euros en compras habituales de repuestos, armamento y municiones.

“Estas empresas son muy parasitarias del Estado y la mayoría tienen todavía participaciones estatales” explica Pere Ortega, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Navantia, antes Izar, es la primera empresa de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522 millones de euros. Según Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional, Navantia, además, tiene “un monopolio” derivado del acuerdo que tiene la sociedad con la Armada.

Fonfría plantea la disyuntiva que existe sobre la contratación de gran armamento por parte del Ministerio: “Si abres el abanico a la competencia internacional, se corre el riesgo de dilapidar varias décadas de apoyo a la industria española y reducir su capacidad tecnológica para el futuro”. Precisamente, fue la creación de un tejido tecnológico e industrial en el sector de la defensa la razón para fomentar estos programas de armamento. Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, reconoció, sin embargo, que estos programas “no habían aumentado la autonomía tecnológica e industrial de España” ya que el acento se puso sobre la “mera adquisición y producción”.

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE) es la patronal de la industria de defensa en España. Aseguran que dan empleo directo a más de 50.000 personas y facturan 9.000 millones de euros anuales. Su junta directiva la forman, entre otros, las empresas que se han llevado estos programas: Airbus, Navantia y Santa Bárbara Sistemas.

El presidente de la asociación es Adolfo Menéndez. Licenciado en Derecho, también compagina su labor como consejero en representación del Gobierno en la tecnológica Indra, aunque su pasado político es anterior. Fue subsecretario de Defensa entre 1996 y 2000, cuando se firmaron los mayores compromisos de pago de los programas de armamento.

EADS CASA (Airbus), miembro de la junta directiva de TEDAE, es también uno de los mayores contratistas de los programas. Nació como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser propiedad casi estatal en décadas posteriores.

Al igual que Santa Bárbara, fue privatizada en 1999 durante el Gobierno de Aznar. La compra el Grupo Interés Económico Airbus y pasa a denominarse EADS CASA. Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros, junto con Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP), con la que comparte los programas del Eurofighter.

“Al final, estos proyectos nacieron para ayudar a estas industrias”, denuncia Ortega, que argumenta que los programas de armamento aseguran la continuidad de la empresa durante “30 años”. Por el momento y si no se renegocian los programas, Defensa tiene pendientes pagos con estas empresas por 21.000 millones de euros. El último calendario de pagos firmado por el actual ministro Pedro Morenés, también con origen profesional en las empresas de armamento, alarga los compromisos hasta 2030. Más de treinta años después de la firma del primer programa, en 1997.