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Margarita Robles encadena otra crisis de confianza: de fichaje estrella de Sánchez a ministra desautorizada

Moncloa rectifica el plan de la ministra de Defensa de dar marcha atrás a la venta de armas a Arabia Saudí ante la posibilidad de que las usara contra Yemen

El PSOE se inclina así por seguir la senda del PP, que utilizó una treta burocrática para saltarse la ley de comercio de armas

La portavoz del Gobierno relega el plan de Defensa para denegar la venta a una "opinión" y  dice que las decisiones en el Ejecutivo se toman de forma colegiada

Robles ha pasado de ser el fichaje estrella de Sánchez en el PSOE a ser desautorizada en el Consejo de Ministros donde ocupa un rol secundario

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Margarita Robles y Josep Borrell conversan en una reunión informal del Consejo de Ministras en Quintos de Mora presidida por Pedro Sánchez.

Margarita Robles y Josep Borrell conversan en una reunión informal del Consejo de Ministras en Quintos de Mora presidida por Pedro Sánchez. MONCLOA

Margarita Robles fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez la segunda vez que se enfrentó a las urnas. Fue su número dos y a la vez, un golpe de autoridad en un partido que le cuestionaba constantemente. La jueza era una incorporación polémica por su pasado en Interior durante la investigación de la guerra sucia de los GAL. Pero los socialistas suelen conjurarse para los procesos electorales, así que la incorporación del candidato no tuvo contestación interna.

La jueza se quedó al lado de Sánchez cuando fue derrocado en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y fue una de las 15 ‘díscolas’ al mantener el ‘no’ en la investidura de Mariano Rajoy en la que el PSOE decidió abstenerse para salir del bloqueo. Esa posición y su respaldo expreso a Sánchez en las primarias de un partido en el que ni siquiera milita le propiciaron críticas despiadadas. “Margarita, hijaputa, antes de hablar afíliate”, fue el comentario que hizo el entonces secretario general del grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, en un encuentro con jóvenes del partido.

Heredia acabó pidiendo perdón y la victoria de Sánchez llevó a Robles a la portavocía del PSOE en el Congreso. Una decisión que pareció osada a muchos socialistas por poner al frente del grupo en el que no estaba ni siquiera el líder a alguien de fuera del partido. A Sánchez le convencía, por un lado, que Robles –con su memoria de opositora– saliera en los ‘cara a cara’ con Rajoy sin un papel. Sin embargo, la magistrada independiente traía de cabeza al resto con sus actuaciones por libre.  Algunos de sus tropiezos más relevantes fueron su ‘no’ al 155 cuando el PSOE esquivaba ese tema sensible que acabó apoyando o el respaldo que le dio al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando cuestionó a uno de los jueces del ‘caso de la manada’.

Cuando Sánchez prometió su cargo como presidente del Gobierno, todas las quinielas situaban a Robles en su gabinete. Así fue y se supo rápido. Pero la sorpresa fue la cartera: la magistrada que tenía experiencia en Interior se ponía al frente del Ministerio de Defensa. Se quedaba, eso sí, el CNI. Algunos socialistas apuntaron entonces a que la decisión respondió a la idea de colocarla en un departamento menos político.

Un ministerio poco político y una decisión ideológica

Ese ministerio, habitualmente alejado del ruido, no evitó a Robles tomar una decisión muy ideológica cuando ni siquiera llevaba cien días al frente de Defensa: ordenó  paralizar una venta de 400 bombas a Arabia Saudí para evitar que se fuesen usadas contra la población de Yemen, como observadores internacionales han constatado que sucede con armas similares. Después de la publicación por parte de la Cadena Ser, que fue confirmada por eldiario.es, se autoimpuso el silencio. Hasta que sonó la voz de alarma ante la posibilidad de que el régimen absolutista se vengara de la suspensión de esa venta cancelando un contrato multimillonario con la empresa Navantia para la construcción de cinco corbetas. La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, aseguró que se había tratado “de una conexión mediática más que otra cosa”.

Celaá dejó claro que España mantendría sus compromisos con Arabia Saudí y que los trabajadores del astillero podían estar tranquilos. En Moncloa rebajaron el anuncio de Defensa a una “declaración de intenciones” y dejaban en manos de una comisión integrada por ocho ministerios la decisión definitiva.

Sin que ese órgano interministerial se haya reunido –lo hará el próximo 19 de septiembre para analizar y autorizar otros contratos–, el Gobierno ha decidido ejecutar la venta de las armas sin el pleno convencimiento de que las bombas no se vayan a utilizar contra la población civil: "El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por tanto, no se van a equivocar matando a yemeníes", fue la respuesta más tajante de la portavoz en ese sentido.

Lo de Celaá fue una desautorización en toda regla: "Hubo una opinión que el Gobierno ha cerrado decidiendo el cumplimiento de ese contrato con Arabia Saudí. El Gobierno es un órgano que configura su postura de manera colegiada", dijo la ministra portavoz después de que la polémica hubiese abierto una crisis con el Gobierno andaluz de Susana Díaz y sobre todo con los trabajadores de Navantia que salieron a la calle tan pronto como vieron amenazado el contrato de las corbetas y los 6.000 empleos.

Robles se había quedado en un segundo plano  durante toda la polémica –que se prolongó durante más de una semana– y huyó del foco mediático. La única vez que se ha pronunciado sobre el asunto fue en el Senado el pasado lunes, donde evitó aclarar si la venta se había paralizado o no. "Está en estudio, paralizado, parado, como ustedes quieran llamarlo. La obligación del Ministerio de Defensa es estudiar todos y cada uno de los contratos", eludía Robles sobre el contrato las bombas.

No obstante, en Defensa la decisión no sentó bien y consideraron que se había “generado un problema donde no lo había” motivado por falta de conocimiento de la situación incluso desde dentro del Gobierno. Las bombas de Arabia Saudí abrieron una grieta entre los ministerios de Defensa y Exteriores.

Ante las acusaciones de “fuego amigo” que han salido desde Defensa, Borrell quisó rebajar la tensión. “No voy a polemizar con un compañero”, ha afirmado este viernes, evidenciando la batalla entre ministerios que han generado las bombas de precisión y que se ha decantado del lado del titular de Exteriores y del presidente del Gobierno, partidarios de no enturbiar las relaciones con la monarquía absolutista saudí con el contrato de las corbetas aún en sus primeras fases.

Según fuentes socialistas, la posible cancelación de la venta de los proyectiles había irritado a Arabia Saudí, pese a que  Riad no ha tomado represalias formales contra un nutrido grupo de países europeos que han restringido el envío de algunos tipos de armas al país. Tampoco ha hecho ningún posicionamiento oficial en este caso. “Fuego amigo”, repiten desde Defensa.

Fiarse de la palabra saudí: la misma treta que el PP

Las declaraciones de Borrell y Celaá apuntan a que el Gobierno socialista seguirá la senda marcada por Mariano Rajoy y sus ministros de Defensa, Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal. Los conservadores usaron una treta burocrática para sortear la ley y seguir enviando armas a los monarcas saudíes: una declaración adjunta a los contratos de ventas de armas en la que estos se comprometen a no utilizarlas contra civiles o para cometer crímenes de guerra; usos en los que  la legislación española prohíbe tajantemente al Gobierno autorizar su exportación.

Morenés y Cospedal siguieron autorizando la exportación de armas a Riad incluso después de 2015, cuando empezaron a documentarse las violaciones del derecho internacional que las fuerzas saudíes cometen en Yemen. Siempre bajo el mismo pretexto que ha utilizado este viernes Borrell: el Gobierno no tiene ninguna prueba de que Arabia Saudí no cumple su palabra.

El problema es que es imposible para el Gobierno tener una constancia directa de que las armas españolas se emplean de forma diferente a lo estipulado con Arabia Saudí. El equipo de Cospedal reconoció a este medio que, once años después de la aprobación de la ley, aún no se había desarrollado ningún protocolo para controlar las armas una vez que estas llegan a su destino. España no tiene ninguna forma de controlar que los saudíes incumplen su palabra, por lo que no tiene ninguna razón para restringir las ventas.

En cualquier caso, la ley no hace referencia a que el Gobierno deba tener una constancia directa del uso ilegal de las armas. Basta con los posicionamientos “emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas”. La propia Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y numerosas ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han pedido a los estados que detengan los envíos de armas a Arabia Saudí por sus violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen. "No hay especificación en el contrato, pero por las características del láser no parecer que vayan enfocadas a ese fin", trató de zanjar Celaá un debate, en el que Robles sigue sin decir una sola palabra después de su primera derrota interna en el gabinete de Sánchez.

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