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La paralización de la venta de armas a Arabia Saudí abre una crisis política a Pedro Sánchez y le obliga a rectificar

La decisión de Defensa genera una “discrepancia” con el reino absolutista que amenaza un contrato millonario que afecta a unos 6.000 trabajadores

Moncloa reduce a una “declaración de intenciones” el anuncio de Defensa de frenar la venta de 400 bombas y que tendrá que verse en una comisión interministerial

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La ministra de Defensa, Margarita Robles EFE

La  paralización de un contrato de venta de armas a Arabia Saudí que anunció el Ministerio de Defensa ha provocado una nueva crisis política a Pedro Sánchez y su primer problema diplomático.  El Gobierno se ha visto obligado a rectificar al abrir la puerta a una marcha atrás en esa decisión ante la reacción del reino absolutista y la presión iniciada por los trabajadores de Navantia por la posibilidad de perder el proyecto para la construcción de cinco navíos que suponen unos ingresos de alrededor de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos.

Moncloa trató de suavizar la decisión de Margarita Robles: “Defensa ha hecho una declaración de intenciones”, aseguraban fuentes gubernamentales, que dejaban entrever que la decisión no se consultó previamente con los demás departamentos involucrados. Esas mismas fuentes subrayan que en el caso del armamento se produce un “cruce de competencias por su tipología”. Afecta a Defensa, pero también a Comercio, Exteriores o Hacienda, por ejemplo. En Defensa han mantenido un perfil bajo desde que la Cadena SER adelantó la decisión, que fue confirmada por el departamento de Robles a eldiario.es.

Ahora el Ejecutivo deja la decisión en manos de una comisión integrada por ocho ministerios, encargada de autorizar las ventas de armas. Sin embargo, esa comisión –que es la misma que tiene que decidir sobre si la venta de las corbetas es acorde a la ley española– ya autorizó la exportación de las bombas a Arabia Saudí en 2015. La decisión de Moncloa es que ahora "todo" esté "bajo estudio” de nuevo.

"Nos mantenemos firmes en las relaciones de colaboración con Arabia Saudí y obviamente con los compromisos adquiridos por las partes", expresó la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá. El Gobierno deja claro así que conjugará los intereses de Arabia Saudí y de los trabajadores de Navantia y no descarta mantener la venta de las 400 bombas por un importe de 9,2 millones de euros. Este tipo de armamento es el mismo que las fuerzas del régimen saudí han utilizado para bombardear infraestructuras civiles básicas como hospitales y plantas de agua en Yemen. Bombas producidas por EEUU, Reino Unido y Brasil que no llegaron a detonar han sido encontradas en objetivos bombardeados por Arabia Saudí.  

No es la primera vez que Sánchez se ve obligado a rectificar a uno de sus ministros. Hace apenas diez días el presidente corrigió a la titular de Justicia, Dolores Delgado, que se había negado a pagar la defensa del juez del procés Pablo Llarena. En ese caso también pesó la posición del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Pero en esta ocasión el conflicto ha traspasado fronteras: Celaá ha admitido una “discrepancia” con el país del Golfo, aunque ha tratado de rebajar el problema al asegurar que no se trata de una “crisis diplomática”.

Violaciones de derechos humanos

Sin embargo, ha admitido que el Gobierno está trabajando para “llegar a una resolución satisfactoria para todas las partes”. Además de los contactos con Arabia Saudí, el Ejecutivo ha estado en contacto con el de Susana Díaz “a todos los niveles”. La presidenta andaluza trasladó “preocupación” por el asunto al tener “conocimiento de que se podía rescindir" el contrato para la construcción de las cinco corbetas que obtuvo Navantia y exigió a Sánchez que trabajara para mantenerlo. Díaz recordó que en la consecución de esa firma multimillonaria había “trabajado mucha gente y durante mucho tiempo”. El acuerdo lo sellaron el entonces presidente, Mariano Rajoy, y el jefe del Estado, Felipe VI.

La paralización de la venta de las bombas de precisión láser supone abrir el melón de las exportaciones de armas a Arabia Saudí. La ley española que regula el comercio de armas no hace distinciones entre el armamento a exportar: cuando “existan indicios” de que un país está cometiendo crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos o transferencias de material militar a terceros o grupos terroristas, debe impedirse la venta.

Además, aunque las corbetas no sean navíos con un gran potencial ofensivo, también pueden ser destinadas a misiones que contrarias al derecho internacional. En este momento la marina saudí mantiene un bloqueo naval sobre Yemen, uno de los motivos que han llevado al país a la hambruna.

La secretaria de Estado de Comercio, que ostenta la presidencia de la comisión encargada de aprobar las exportaciones, ha confirmado este viernes en el Congreso que la “autorización definitiva” de la venta de las corbetas aún no se ha producido. La ONU es clara al respecto: En un informe publicado en agosto, alerta de que la coalición liderada por los saudíes "ha impuesto severas restricciones navales y aéreas, en distintos grados, desde marzo de 2015. Hay indicios racionales para creer que estas restricciones constituyen una violación de la norma de proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Esos actos, junto a la intención requerida, pueden equivaler a crímenes internacionales".

Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas bajo Control, formada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, alerta de que “existe un riesgo sustancial de que las corbetas de Navantia puedan usarse para imponer el bloqueo marítimo que condena a la hambruna a Yemen o atacar a la población civil y cometer crímenes de guerra”. Mientras, los trabajadores de la empresa pública se movilizan y la crisis en el Gobierno de Sánchez está servida.

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