El distrito de Sarrià-Sant Gervasi es el más adinerado de Barcelona, una zona habitualmente tranquila y sin incidentes. Pero la empresa de desalojos ilegales Desokupa irrumpió con el anuncio de que este jueves actuaría a las bravas para desalojar dos inmuebles okupados que, supuestamente, estaban causando problemas de convivencia en la plaza de la Bonanova. Se han producido momentos de tensión, pero el escenario deseado de batalla campal a las puertas de las elecciones municipales no se ha producido debido a un dispositivo de los Mossos d'Esquadra.

Desde principios de año, partidos como Valents o Ciudadanos han estado realizando actos en el barrio y generando una tensión que los vecinos aseguran que no existía antes de que llegaran los políticos. La entrada de Desokupa en el juego ha caldeado todavía más el ambiente. Daniel Esteve, director de la empresa, lleva diez días amenazando a los okupas y compartiendo información sobre presuntos ataques. Esteve aseguró que se iban a desahuciar las fincas a pesar de no contar con una orden judicial.

Pero, poco más de 24 horas antes de la cita, Esteve anunció: “No se va a desalojar nada porque no quiero heridos”. Aún así, la empresa mantuvo la convocatoria, que ha sido contestada con otra concentración en defensa de los inmuebles okupados. La fecha escogida para este desahucio frustrado no es baladí. Mientras se daban estos disturbios, en otras zonas de Barcelona daba comienzo la campaña electoral.

Por un lado, antifascistas. Por otro, vecinos y miembros de Desokupa. Y, en medio, los Mossos d'Esquadra. El amplio dispositivo policial ha evitado el choque de las dos marchas. Muestra de la connotación política de la convocatoria, en la manifestación de Desokupa se han oído cánticos con insultos contra Ada Colau. La policía catalana solo ha tenido que intervenir cuando la manifestación de colectivos antifascistas ha intentado romper sin éxito el cordón policial.

Desokupa no ha podido -o no ha querido- desalojar los inmuebles. Algo que, según abogados consultados, era de prever, ya que acceder por la fuerza a las fincas, esquivando los cordones policiales, para ejecutar un desahucio ilegal habría sido constitutivo de delito de coacciones y de violación de domicilio. Pero la semilla del conflicto ya estaba sembrada y los frutos los han recogido diversos partidos políticos de derecha y extrema derecha, que han hecho del caso de la Bonanova un tema muy presente en sus discursos.

Sin conflictos hasta que se acercaron las elecciones

La Ruïna y el Kubo son las dos fincas okupadas. La primera funciona como centro social, en el que hay biblioteca, se reúnen entidades y se celebran actividades. En el segundo vive cerca de una decena de personas. Hace siete años que los inmuebles, propiedad de la SAREB, están habitados por jóvenes, la mayoría de ellos del barrio. “Se han criado aquí, pero no pueden alquilar por los altos precios. Estas fincas son la única manera de garantizar que haya gente joven en la Bonanova”, aseguran desde el sindicato de vivienda del barrio.

Las fincas no eran del agrado de todos los vecinos de la zona, pero desde el sindicato aseguran que “nunca había habido problemas”. Desde esta entidad aseguran que el conflicto ha llegado a medida que se han ido acercando las elecciones. La Asociación de Vecinos también achaca las hostilidades a “la presencia de partidos políticos” y reiteran que nunca les han llegado quejas. Lo sucedido estas semanas no se entiende, dicen, sin “los intereses partidistas” de aquellos que “sólo quieren votos”.

El 23 de marzo había una orden de desahucio para el Kubo, pero fue suspendida por la jueza debido a la falta de “garantías de seguridad”. Según los Mossos d'Esquadra, la única manera de realizar el desalojo era hacerlo a la vez en ambas fincas, para evitar “el efecto traspaso”. Este mismo jueves, el juez ha rechazado la petición de desalojo exprés de La Ruina solicitada por la Sareb, ya que ley obliga a escuchar a los okupantes, que están debidamente personados en el procedimiento.

El desahucio frustrado convirtió en noticia el caso del Kubo y la Ruïna. Hasta entonces no se habían vivido incidentes destacados, pero partidos como Ciudadanos o Valents lo recogieron como ejemplo para sus discursos de campaña, en los que alertan sobre el incremento de la inseguridad en la ciudad y claman contra ocupación, aunque es un fenómeno que se ha reducido un 17% respecto a 2019.

A pesar de los datos, Eva Parera, candidata de Valents, ha basado gran parte de su precampaña en este tema, hasta el punto de que lleva desde principios de año realizando actos frente estos dos edificios de la Bonanova y ante Can Vies, el centro social ocupado cuyo desalojo provocó fuertes disturbios en 2015. Ambos espacios están en zonas conservadoras y bienestantes, con una renta por encima de la media barcelonesa. En las pasadas elecciones fueron un feudo de Junts, pero también son los dos únicos distritos de Barcelona con secciones censales ganadas por PP o Vox.

Así pues, se trata de barrios en los que los vecinos pueden ser receptores del discurso securitista de los partidos de derecha o extrema derecha. Conscientes de esto y viendo que las encuestas no les auguran suficientes votos como para entrar en el Ayuntamiento, Valents y Ciudadanos se hicieron muy presentes en la Bonanova, donde llegaron a convocar manifestaciones contra la ocupación cada martes. Pocas semanas después, a estos actos se sumó también Vox.

“Fue entonces cuando llegaron los ataques por parte de vecinos, que comenzaron a tirar botellas y piedras a las casas e, incluso, intentaron incendiar el huerto”, relatan desde el sindicato de vivienda. Un huerto en el que, hasta hace pocos meses, participaban algunos vecinos. Como respuesta, colectivos ocupas y antifascistas también organizaron manifestaciones que algunas noches se zanjaron con enfrentamientos. La situación obligó a los Mossos a establecer presencia policial permanente en la zona.

Así, un caso que no había salido de las fronteras del barrio de la zona alta de Barcelona acabó convirtiéndose en un tema de campaña. Pero todo cambió cuando Desokupa decidió saltar también al ruedo y Esteve anunció que ofrecería sus servicios quedaba un mes justo para las elecciones. La proximidad de los comicios y la entrada en juego de una empresa que se ofrecía para ejecutar un desahucio extrajudicial por la fuerza alejó a algunos partidos.

Anna Grau, candidata de Ciudadanos, se desvinculó del líder de Desokupa -a la vez que seguía haciendo campaña- con lemas como “Ni Colau ni Desokupa: Seguridad y Libertad”. Por su parte, Daniel Sirera, alcaldable del PP, también se ha querido alejar de la empresa y pidió por carta a la alcaldesa que mediara para conseguir un desahucio avalado por la Justicia. Los únicos que no se han mostrado abiertamente contrarios al desalojo ilegal de Desokupa son Valents y Vox.

Bajo la amenaza de Desokupa

“Empieza la caza”. “Tic-Tac, ratitas”. Estas son algunas de las afirmaciones que el director de Desokupa ha realizado en su cuenta de Instagram, refiriéndose a los miembros de La Ruïna y El Kubo. Desde que anunció que pretendía desalojarlos, la cuenta de la empresa ha estado dedicada, casi en exclusiva, a las dos fincas.

Desde entonces, se han sucedido diversos vídeos que han ido caldeando el ambiente, asegurando que la acción de Desokupa contaría con 50 trabajadores y “miles” de personas, venidas de “toda España con autocares como para llenar el campo del Barça”. A pesar de asegurar que su intención no era cometer delitos, también lanzaba mensajes como “van a arder las calles”, afirmando que les acompañarían “profesionales de una empresa de seguridad, con chalecos, cascos y perros”.

De la misma manera, Esteve ha ido publicando fotografías de presuntos habitantes de las fincas okupadas, asegurando que eran los autores de diversos ataques a vecinos y vecinas del barrio. Según el fundador de Desokupa, los okupas habrían perpetrado agresiones a menores “con palos”, y habrían salido a la calle a “sembrar el terror” armados con hachas y cascos de moto.

Esteve sustenta estas afirmaciones con vídeos que le habrían sido facilitados por los vecinos y que él mismo ha cedido a algunos medios de comunicación. “Tenemos fotos y parte de lesiones. Todo listo para presentar denuncia”, asegura. Los Mossos presentaron este miércoles ante el juzgado de guardia un oficio sobre el conflicto pero sin denunciar directamente a Esteve por sus amenazas vertidas en redes sociales.

Por su parte, miembros de las fincas ocupadas aseguran que no ha habido ninguna agresión a ningún vecino y que los vídeos en los que se muestran personas heridas o jóvenes armados con hachas no son actuales.

La intimidación a través de redes sociales es una de las estrategias de esta empresa, que durante años ha sido aupada por medios de comunicación y partidos de derecha y extrema derecha. De esta manera, intentan amedrentar a los supuestos okupas para que salgan de la finca sin tener que recurrir a la presencia de los trabajadores, todos hombres hipermusculados que no dudan en compartir por redes sus entrenamientos en artes marciales y técnicas de combate.

Esta vez, Desokupa no ha actuado, pero porque el desalojo no era el objetivo de la noche. Lo que se buscaba era encender la mecha y dar alas a ciertos partidos para sustentar la narrativa de que la ocupación es un problema en Barcelona.  

Luz Guilarte ha renunciado este lunes a ser la candidata de Ciutadans a la alcaldía de Barcelona y ha dejado el acta de concejala. Así lo ha anunciado en una comparecencia de prensa después que los últimos días se dieran a conocer discrepancias internas en el grupo municipal entre ella y los concejales Paco sierra y Noemí Martín.

“Escojo conservar mi libertad y mi dignidad”, ha defendido Guilarte, quien ha argumentado no poder seguir al frente del proyecto junto a los dos concejales, quienes la destituyeron en una votación que el Ayuntamiento consideró válida. Con este gesto, que se zanjó con dos votos contra uno, Sierra y Martín se convirtieron en presidente y portavoz del grupo, respectivamente. Guilarte pasó a ser portavoz adjunta.

La expresidenta ha acusado a Sierra y Martín de articular una “trama” en contra del partido y ha considerado que “en estas condiciones no es posible seguir en el proyecto y encabezar la candidatura en mayo de 2023”. A estas alturas ya estaba confirmado que Guilarte iba a ser candidata a las elecciones aunque no se hayan celebrado primarias, ya que al no llegar Ciutadans a los 400 militantes en la ciudad, estas no eran necesarias.

“Mis principios me han llevado hoy a tomar una difícil decisión”, ha admitido Guilarte, quien ha añadido que confía que su gesto “facilite que el partido pueda acordara y poner al frente un nuevo liderazgo ajeno a esta situación”. La expresidenta ha confirmado que seguirá como militante de base del partido.

Para sustituir a Guilarte, la previsión es que se le ofrezca la entrada al consistorio al número 9 de la candidatura conjunta del 2019, Fernando Carrera. Ante esto, habría diversas opciones. La primera sería que, de aceptar, Carrera se uniera al grupo de Cs o a Valents (anteriormente Barcelona pel Canvi). La segunda sería que Carrera (que actualmente es asesor del grupo municipal del PSC) se quedara como concejal no adscrito.

Guilarte fue diputada de Cs al Parlament y entró en el consistorio tras las elecciones municipales de 2019 como número dos de la candidatura conjunta de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, liderada por Manuel Valls. Cuando la candidatura se escindió en dos grupos, Guilarte se quedó con los naranjas.

Durante los úlitimos meses, Ciutadans ha tenido que afrontar movimientos internos como la salida de Celestino Corbacho, quien se retiró por motivos personales y supuso la entrada de Noemí Martín. También destaca la salida de Marilén Barceló en mayo de 2021 por desacuerdos con el partido. Barceló pidió integrarse en Barcelona pel Canvi (ahora Valents), pero el Ayuntamiento se lo impidió, así que ahora es edil no adscrita, a pesar de que circunscribe las mismas votaciones que Valents.

1. El ‘efecto Illa’ existía pero es difícil que sea presidente. El PSC ha ganado en votos y en escaños, con 33 diputados, 16 más de los que tenía. Los socialistas se convierten en el referente del espacio contrario al separatismo pero frente a un independentismo que mantiene la mayoría absoluta. Illa ha conseguido que los socialistas vuelvan a ganar unas elecciones en la ciudad de Barcelona, donde no se imponía en unos comicios desde las elecciones europeas del año 2009, y que recuperen el cinturón rojo del área metropolitana, después de que Ciudadanos lo tiñese de naranja. Los estrategas de la campaña de Illa, algunos de ellos venidos desde Madrid (algo inédito en las autonómicas), no supieron calcular la resistencia del voto independentista, que más o menos hastiado de las peleas entre los partidos separatistas y más o menos enfadados por la gestión del Govern, siguen siendo independentistas.

El ministro de Sanidad dejó la cartera en un momento delicado para ir a por todas en Catalunya. Ir a por todas era convertirse en presidente, como rezaba su campaña, y pese a ganar en votos y empatar en escaños con ERC no lo tiene nada fácil para lograrlo. En su primer discurso ya ha anunciado que él sí va a presentarse a la investidura. Su apuesta es un Govern con los ‘comuns’. Solo si ERC le levantase el veto –que llegó a firmar por escrito en la última semana de campaña– lo tendría hecho, algo que los republicanos han dicho por activa, pasiva y por escrito que nunca harán. Así que la de Illa es una victoria, pero tal vez una amarga victoria.

2. Aragonès depende de Junts para ser presidente. ERC nunca ha tenido tan cerca la presidencia. Cerca, pero no segura porque necesita que Laura Borràs y la CUP se lo permitan. La candidata de Junts no ha garantizado su apoyo al cabeza de cartel de ERC en caso de que fuese Aragonès el candidato a la investidura. Ahora la duda es qué precio pondrían tanto el partido de Puigdemont como los anticapitalistas a su apoyo. El expresident, en un tono conciliador, ha proclamado este domingo desde Waterloo que “solo el independentismo puede construir una mayoría de Govern”.

Los republicanos están convencidos de que no quieren iniciar aventuras unilaterales hacia la independencia cuyas consecuencias todavía están pagando ni renunciar a su apuesta por el diálogo para intentar encauzar el conflicto político. Otra de las opciones que no desagrada a ERC es la de un Govern con ERC, ‘comuns’ y CUP. Para que esta alianza fructificase requeriría que socialistas y Junts se abstuviesen en segunda votación para así obtener más votos a favor que en contra. 

3. Borràs ha pagado el divorcio con el PDeCAT. La implosión del antiguo espacio de Convergència le ha pasado factura. A la candidata de Junts le han faltado los votos del PDeCAT para superar holgadamente en votos a ERC puesto que habría tenido 70.000 más. La formación de Puigdemont vaticinaba que podría ganar a los republicanos y si no lo ha logrado ha sido por haberse presentado con tres siglas distintas, las de Junts, PDeCAT y el PNC, el partido de Marta Pascal, que no ha obtenido representación.

Ahora falta ver qué planes tiene Borràs, esto es, si va a complicar mucho o poco la vida a Aragonès, sea para darle su apoyo en la investidura o para intentar repetir una fórmula de gobierno que se ha demostrado más que compleja. Algunos de los nombres que integraban su lista, en especial Joan Canadell, provocan urticaria en las filas republicanas. La negociación entre Junts y ERC será muy complicada y no está nada claro que se pongan de acuerdo.  

4. El independentismo supera el 50% de votos. La suma entre ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT se sitúa cerca del 51% mientras que en las pasadas elecciones se quedaron en el 47,5% de los votos. En escaños, los independentistas amplían la mayoría absoluta de 70 diputados que tenían la pasada legislatura en cuatro, hasta alcanzar los 74 representantes, dos más que su mejor resultado, los 72 que obtuvo la suma de Junts pel Sí y la CUP en 2015. El descenso de la participación entre el electorado no soberanista ha favorecido la ampliación de la mayoría independentista del Parlament.

5. El fracaso anunciado de Ciudadanos. No por esperado es menos noticia. Ciudadanos nació en Catalunya, creció en esta comunidad y ha firmado este domingo el resultado que confirma el fiasco de un partido que no supo gestionar la victoria de las anteriores elecciones. Ha perdido 30 diputados, se queda en seis. En votos significa que se ha dejado un millón de papeletas. Un batacazo que llega después de una legislatura en la que Inés Arrimadas abandonó el Parlament para irse al Congreso de los Diputados, su mano derecha, Carlos Carrizosa, no ganó las primarias pero acabó siendo el candidato porque la dirección decidió apartar a Lorena Roldán, que acabó en la lista del PP. Un enredo que, sumado a la falta de estructura de un partido que sigue sin tener ni una sola alcaldía en Catalunya, que no supo aprovechar el éxito del 21-D hace cuatro años para reforzarse, y que confirma ahora la caída libre iniciada en las generales de noviembre del 2019 cuando la demarcación de Barcelona fue la provincia de España donde más cayó al perder un 53% de los votos. Arrimadas ha convocado a su comité ejecutivo para este lunes. Otro lunes negro en la sede del partido naranja.  

6. Ya están aquí. La extrema derecha ha entrado en el Parlament. Ese es uno de los titulares de estas elecciones y una muy mala noticia. Vox se convierte en cuarta fuerza de la Cámara y ha barrido a Ciudadanos y al PP. En Girona y Lleida, ni populares ni Ciudadanos obtienen representación mientras que Vox ha conseguido un diputado por cada demarcación. En Tarragona consigue dos, el PP no entra (pese a que Alejandro Fernández es de allí) y los naranjas se quedan con uno. La extrema derecha obtiene en Barcelona el resto de diputados hasta los 11 que ha conseguido.

7. Los ‘comuns’ resisten. Jéssica Albiach no lo tenía fácil pero la candidata de los comuns ha aguantado los ocho diputados que tenían en esta legislatura. Durante toda la campaña ha evitado situarse en alguno de los dos bloques, independentista y no independentista. Su propósito es que PSC y ERC levanten sus respectivos vetos para así propiciar un Govern de izquierdas y entrar en él. Estas elecciones han demostrado que es un partido prácticamente inexistente fuera de Barcelona puesto que fuera de esta provincia solo consiguen representación en Tarragona y con un diputado.   

8. El vaso medio lleno para Sánchez. El presidente del Gobierno puede estar contento con el resultado de Illa pero si el candidato del PSC no obtiene los apoyos necesarios para ser investido, puede que se encuentre en la tesitura de tener que dar un apoyo desde fuera a ERC como mal menor para evitar una repetición electoral y garantizarse que los republicanos le aseguran una mínima estabilidad en el Congreso. Los republicanos argumentan que tienen mejor relación con dirigentes del PSOE que con los del PSC. Los puentes entre la Moncloa y la sede de ERC nunca se han roto, tampoco en campaña. 

9. Más problemas para Casado. La extrema derecha ha superado por primera vez al PP en un Parlamento. Que los populares tenían un problema con Catalunya es algo que ni ellos mismos negaban. Daría para una tesis, como reconocen en la dirección. Pero la situación es mucho peor de lo que pensaban al iniciar la campaña: el partido de Abascal casi multiplica por cuatro los escaños populares: 11 a 3. “Ha sido un resultado muy malo”, asumía Alejandro Fernández. En su camino se ha cruzado la reaparición de Bárcenas pero ese no es solo uno de los motivos y seguramente ni siquiera el principal. Se queda con tres diputados y únicamente el candidato milita en el partido. Los otros dos escaños los ocuparán Lorena Roldán, que procedía de Ciudadanos y Eva Parera, que estaba en el partido de Manuel Valls.

10. Récord de abstención. Pandemia, descontento y lluvia. Tres elementos que hacían prever un aumento de la abstención. La participación se ha quedado en el 53%, la más baja de la historia pero superior a la de Euskadi y Galicia, que también votaron en pandemia aunque con unos datos epidemiológicos mucho mejores y en el verano. La organización, con horarios extraños para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, también los contagiados, funcionó y eso es una buena noticia para todos, también para los que, por los motivos que sea, prefirieron quedarse en casa.

L’auge del teletreball, l’impacte dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i també la tipologia dels habitatges i de les famílies durant el confinament o la percepció política quant a la gestió de la pandèmia. Vet ací uns quants dels aspectes que analitza l’enquesta sobre situació, valoració i percepció vinculada a la COVID-19, feta pel grup d’investigació GIPEiOP (Grup d’Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública) de la Universitat de València.

Els resultats estan basats en les respostes de 8.387 persones que es van recollir per tot Espanya entre el 28 d’abril i el 14 de maig, coincidint amb l’inici del període de

desescalada de les mesures de confinament.

Atés que la majoria de les respostes es van recollir durant els primers dies del treball de camp, però, el període efectiu d’aquesta enquesta podria situar-se entre el 28 d’abril i el 4 de maig.

Per exemple, el 92% de les respostes es van donar abans del dia 2 de maig (primer dia en què es va permetre, per franges horàries, eixir a fer exercici físic a l’exterior) o el 96,8% durant la primera setmana, amb només l’1,3% de les respostes recollides durant l’última setmana del treball de camp.

Contràriament al que acostuma a passar en les enquestes de GIPEiOP, en què sol haver-hi més participació masculina, en aquesta enquesta el nombre de dones participants ha superat el d’homes (54,4% contra el 45,6%, en dades brutes).

Entre les dades més destacades que inclou l’estudi, destaca que el 30,4% dels enquestats ha passat el confinament en parella; el 12,45%, a soles i el 16,4% no té balcó o cap element exterior a casa. El 91,1% dels habitatges disposen, almenys, de 50 metres quadrats i el 7,2%, entre 35 i 50 metres quadrats.

Durant el confinament, el 26,2% dels enquestats han teletreballat, mentre que un 7,1% s’han vist implicats en un ERTO. Un 2,2% han afirmat haver sigut acomiadats durant l’estat d’alarma.

En general, durant els dies de confinament, s’ha eixit de casa per fer les coses justes i sense por. Això no ha sigut cap obstacle perquè una de cada tres persones (un 33% de les persones enquestades) sí que haja manifestat que ha tingut por d’eixir, mentre que la majoria ha eixit una mica atemorida. Aquesta por i altres factors expliquen que el 43,4% manifesten que han modificat els hàbits de son durant la pandèmia.

Quant a l’impacte sanitari del coronavirus, la majoria de les persones enquestades assenyalen que no han tingut cap dels símptomes associats al coronavirus. Un 12,2%, però, indiquen que han tingut símptomes compatibles, però que no tenen cap mena de confirmació objectiva, ja que no se’ls ha fet cap prova.

La valoració de la gestió sanitària a Espanya és bastant semblant a l’econòmica, encara que en tots dos casos se suspén el Govern. La nota mitjana (sobre 10) en la gestió sanitària ha sigut de 4,08 i la nota mitjana de la gestió econòmica ha sigut de 3,82.

Per països es valora altament la gestió de Portugal (7,17) i Alemanya (6,33), mentre que es considera que la del Regne Unit (2,82) i la dels EUA (1,79) són clarament millorables.

L’enquesta ofereix un apartat final sobre l’estimació d’intenció de vot, segons la qual el PSOE tornaria a ser el partit més votat d’Espanya (27,25%), seguit del PP (21,18%), Vox (15,79%), Unides Podem (10,59%) i Ciutadans (5,64%). Els indecisos en el moment de l’enquesta arribaven al 26,6%.

El ple de la Diputació de Castelló aprovarà aquest dimarts una declaració institucional consensuada per tots els grups polítics que rebutja els “disturbis i actuacions violentes” a Catalunya i expressa el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat desplegades, incloent la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i policies locals.

La declaració fa una crida al respecte de la legalitat, la defensa de la Constitució i la “unitat democràtica”. “La Diputació de Castelló insisteix que l'exercici de la llibertat d'expressió i de manifestació no pot derivar en cap moment cap a la violència i condemna qualsevol actuació o disturbi que, de manera oportunista, s'empara en aquestes llibertats”, assenyala la declaració.

El Partit Popular va presentar el passat octubre una proposta de declaració per a agrair a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat la seua actuació a Catalunya “en defensa dels drets civils enfront de la violència”. PSPV i Compromís van presentar el 6 de novembre una moció alternativa i finalment aquest dimarts el Ple aprovarà la declaració institucional, aquesta vegada sí, consensuada amb tots els grups polítics amb representació en la institució provincial.

La declaració consensuada rebutja els “disturbis i les actuacions violentes” produïts a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem pel “procés” i condemna aquests comportaments “siga quina siga la procedència”. Compromís va defensar durant la negociació del text la “qüestió del dret a la manifestació pacífica”, segons fonts de la formació.

La portaveu adjunta del PP en la Diputació, Elena Vicente-Ruiz, ha agraït al PSPV i a Compromís que s'hagen sumat en un text alternatiu. “L'esperit precisament de la nostra iniciativa del passat octubre era obtindre aquest suport conjunt, perquè creiem que com a institució hem de recolzar als qui han treballat als carrers per a retornar els drets i les llibertats que els violents estaven arrabassant als catalans”, apunta Vicente-Ruiz.

Compromís ha denunciat l'aparició de diverses pintades i cartelleria de Ciutadans en la capital de la Plana. A través d'una sèrie d'imatges, el portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat: “Aquesta utilització del mobiliari i els espais públics no és ni acceptable ni legal fora del període electoral”. La propaganda de Ciutadans, segons ha explicat Compromís en un comunicat, ha aparegut durant els últims dies en l'avinguda d'Almassora, el carrer d'Herrero i la voltants del centre comercial La Salera.

Per aquest motiu, ha exigit a Cs la “immediata retirada d'aquesta propaganda irregular” i ha demanat a la resta de partits el “suport unànime” a la petició de Compromís, “donat que l'actitud de Ciutadans ha sigut poc responsable i molt oportunista amb l'amenaça d'una nova convocatòria electoral trucant a la porta”.

El mes de juliol passat la formació taronja exigia la neteja de diverses pintures atribuïdes a les Brigades Antifeixistes de Castelló (BAF) i reclamava la seua immediata retirada davant el que considerava “contingut sectari i partidista”. El portaveu de Ciutadans manifestava llavors que no permetrien que les parets de Castelló es convertiren “en murals d'adoctrinament públic” i exigia al govern que “vetlara” per protegir d'aquesta amenaça tots els castellonencs.

Així mateix, el portaveu de Compromís ha demanat al partit de Rivera “que deixe d'embrutar la ciutat com està fent”. La coalició ha assegurat que s'han detectat “desenes d'utilitzacions fraudulentes de la via pública com a espai publicitari”, un ús que la llei “només permet en períodes oficials de campanya electoral i el termini de la qual s'obri el mateix dia per a totes les forces candidates”. A més, ha explicat que els espais “han de ser consensuats per tots els partits” i s'assignen “en funció dels suports rebuts en les urnes”.

Les explicacions de l'alcalde d'Oriola són “insuficients”, ha assenyalat el portaveu de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament d'Oriola, Juan Ignacio López-Bas, després de conèixer la resposta d'Emilio Bascuñana a la informació *publicada per eldiario.es en la qual es revela que va cobrar sis anys sense acudir al treball en la direcció territorial de Sanitat, a la qual havia sigut adscrit.

El soci de govern del PP en l'Ajuntament d'Oriola ha considerat “molt greu” el cas i López-Bas ha afirmat que “davant el mínim dubte, l'alcalde hauria de donar totes les explicacions i fer un pas arrere”.

El regidor de Cs ha demanat a la Conselleria de Sanitat “que es pronuncie sobre aquest assumpte i acredite en quina situació ha estat aquest senyor durant sis anys”. “Entenem que algú li ha d'haver signat les nòmines i aqueixes persones han d'esclarir aquesta situació i confirmar en quines circumstàncies laborals estava”, ha afegit, al mateix temps que ha advocat per “esbrinar si l'Administració autonòmica ha estat mantenint treballadors de manera irregular per a poder depurar responsabilitats més enllà de l'alcalde”.

“Una vegada obtinguda la informació completa d'aquest assumpte, Ciutadans exigirà totes les responsabilitats que procedisquen. Volem arribar fins al final”, ha assegurat el portaveu de la formació taronja.

Hi ha un costum molt estès a Espanya quasi equivalent a la picardia que tanta literatura ha omplert. El van anomenar 'titulitis' i la paraula porta recollida en el diccionari acadèmic des del 2001. Quasi vint anys després, encara té algun rebrot entre els representants polítics.

Amb l'escàndol provocat pel màster de Cristina Cifuentes i del suposat tracte de favor de la Universidad Rey Juan Carlos a càrrecs i afins al PP madrileny, la titulació acadèmica dels representants públics està en el punt de mira.

Si en el PP s'observa una preferència per les universitats privades i catòliques, en el cas de Ciutadans no hi ha un criteri homogeni. Alguns diputats acumulen línies en el seu currículum, mentre que uns altres són més breus en les seues descripcions. A més, la formació que mostren els parlamentaris del partit taronja canvia en funció del portal consultat. Generalment, es llueixen més en Linkedin i en la web del partit i són més escarits en l'espai de les Corts Valencianes.

Alguns parlamentaris comenten pels passadissos del Parlament valencià i per les xarxes socials que altres companys presumeixen de tenir títols i insinuen que han unflat els seus currículums.

Emilio Argüeso, secretari de la Mesa de les Corts Valencianes, assenyala en el portal de Ciutadans que té els següents estudis: Llicenciat en Criminologia i Periodisme per la Universitat de Múrcia, Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica d'Àvila i Màster en Ciències Forenses. No obstant això, en el seu perfil de Linkedin, la xarxa professional, el diputat inclou quatre llicenciatures, dos graus i cinc màsters: llicenciatures en Dret, Criminologia, Periodisme i Publicitat, aquesta última en curs, és a dir, sense acabar; grau en Educació infantil pel CEU i Grau en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya, tots dos en curs també; d'altra banda, un màster en Psicologia per la Universitat Catòlica d'Àvila també en curs, un màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal en la Universitat de Lleida així mateix en curs, un màster en Drets Humans finalitzant i un màster en Anàlisi i Prevenció del Crim, que també està estudiant, a més del citat màster en Ciències Forenses. Sis carreres (grau i llicenciatura) i cinc màsters des del 2005, encara algunes només estan a mig fer. En el portal de les Corts Valencianes solament ressenya les titulacions que té finalitzades: tres llicenciatures en Dret, Periodisme i Criminologia i el màster en ciències forenses.

El diputat ha enviat a aquest diari la documentació que acredita els títols oficials i la matrícula dels cursos encara no finalitzats. Argüeso explica que es matricula solament d'algunes assignatures, en la modalitat de matrícules parcials, i que tots els programes els cursa a distància, ja que no pot assistir a classe pel seu treball. Per exemple, en un dels títols que és a punt de finalitzar porta sis anys.

Respecte a la resta de diputats de Ciutadans, coincideix la informació en els tres portals, encara que no tots tenen Linkedin. Emigdio Tormo és Llicenciat en Dret per la Universitat Sant Pablo CEU d'Elx, segons el seu perfil en Cs i en Linkedin, on no s'observen variacions acadèmiques.

Mari Carmen Sánchez, la portaveu, assenyala que és llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat d'Alacant en tots dos portals, així com Toni Subiela, diplomat en Criminologia per la Universitat de València. La diputada Maria José García indica que és enginyera tècnica d'obres públiques per la Universitat Politècnica de València, mentre que Rosa García només mostra que és tècnic administratiu.

La seua companya Mercedes Ventura també mostra un llarg currículum. Assenyala que és llicenciada en Psicologia, amb un màster en Psicologia del Treball, doctora en Psicologia del Treball i de les Organitzacions. En la web de les Corts, al marge de la titulació anterior, afig una matrícula cum laude pel doctorat i que està finalitzant els seus estudis de la llicenciatura de Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya, encara que fa anys (des de la implantació del Pla Bolonya) que els estudis són de grau. La parlamentària forma part de la plantilla de la Universitat Internacional de la Rioja, on també s'arrepleguen aquests títols.

Per la seua banda, Toni Woodward és llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de València i administrador de finques titulat per la Universitat d'Alacant, mentre que Juan Còrdova és Doctor en Microbiologia Molecular per la Universitat de València i metge.

Justament ha sigut aquesta formació la que, unes hores després que els no adscrits que van abandonar Ciutadans presentaren la mateixa iniciativa, ha demanat que s'habilite un espai en el portal de Transparència de les Corts perquè els diputats acrediten amb documentació oficial els seus estudis acadèmics.

La seua portaveu, Mari Carmen Sánchez, ha explicat que l'objectiu d'aquesta proposta és “no sols fiscalitzar la veracitat d'un màster, sinó comprovar que tota la informació que apareix en els currículums, tant relativa a la formació com a l'experiència laboral, és certa i contrastable”. La síndica també ha indicat que “en un exercici de transparència i humilitat, tots els grups haurien de mostrar-se favorables a aquesta proposta”.

Ciutadans solo ha convencido este miércoles a los diputados del PP para reclamar desde el Parlament la dimisión de su presidente, Roger Torrent. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha fracasado en su intento de que el pleno aprobara una propuesta de resolución no vinculante, instando al cese de Torrent por lo que considera un ejercicio de sus funciones “de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas”.

La diputada del PSC Eva Granados ha coincidido en parte con la propuesta asegurando que Torrent podría ejercer de forma más adecuada sus competencias, algo que, según ha recordado, su grupo ya le ha trasladado en diversas ocasiones. Sin embargo se ha negado a votar a favor de la dimisión al entender que es momento de “apagar el incendio” y no de “echar más gasolina”. “Ciudadanos hace mucho diagnóstico pero de soluciones ni una”, ha zanjado Granados.

Arrimadas había anunciado la petición de dimisión de Torrent acusándolo de no haber convocado aún el pleno que le reclamaron el pasado 13 de marzo. En su defensa de la iniciativa, Arrimadas ha vuelto a considerar que Torrent no es un presidente neutral, y ha aprovechado para justificar la intervención del autogobierno por la vía del 155. “No ha caído del cielo, ha pasado porque ustedes declararon la independencia y dividieron a la sociedad catalana”, ha indicado Arrimadas.

El debate sobre la propuesta de resolución se ha acabado convirtiendo en una sucesión de reproches contra el grupo que lo proponía, Ciutadans, a quien tanto los grupos independentistas como PSC y Catalunya en Comú Podem les han tildado de “irresponsables”.

“Su propuesta profundiza en la política de bloques. No nos hagan perder el tiempo porque saben que la dimisión de Torrent no se producirá”, ha dicho Jéssica Albiach (Catalunya en Comú Podem). Desde JxCat, Marta Madrenas ha asegurado que C's pretende que la mayoría independentista “acepte el candidato a president que proponga Rajoy”, y Gerard Gómez del Moral (ERC) ha tildado a los de Arrimadas de “pirómanos”. “Hacen broma y titulares fáciles con el sufrimiento”, ha criticado. Maria Sirvent (CUP) ha acusado a C's de provocar “fractura social” por oponerse a la inmersión lingüística y “defender la precariedad laboral”.

Sólo el PP ha apoyado la iniciativa de Ciutadans. El diputado popular Alejandro Fernández ha pedido a la mayoría independentista evitar la “batasunización” de Catalunya. “Van a tener que asumir que toda solución de futuro para el conflicto de convivencia que vivimos actualmente pasa por tres principios: todos tenemos identidad, sentimientos y dignidad”, ha aseverado.

Además del punto sobre la dimisión de Torrent, Ciutadans presentaba diversos puntos llamando al pleno a condenar “las inadmisibles declaraciones de persona non grata” en municipios, o defendiendo que “el futuro Govern de la Generalitat trabaje desde el respeto pleno a la legalidad estatutaria”. Ninguno de las propuestas de la formación han sido aprobadas al ser rechazadas en bloque por las fuerzas independentistas.

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha vuelto a apuntar este lunes contra Roger Torrent, la máxima autoridad catalana en ausencia de Govern. Según ha anunciado la diputada, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Parlament en la que le ha reclamado su dimisión por lo que ha considerado una vulneración de sus derechos por no haber convocado el pleno que reclamaron hace dos semanas.

Ciutadans llevará además un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por esta cuestión, al considerar que Torrent ha actuado con “arbitrariedad”. La jefa de la oposición sin embargo no ha sido capaz de citar los artículos del reglamento que Torrent habría violado, ya que, aunque la ley asegura que un quinto de los diputados pueden promover un debate parlamentario, deja al presidente de la Cámara la potestad de convocarlo sin poner límites temporales.

Para los de Arrimadas sin embargo resulta un agravio comparativo que el presidente esté pensando en convocar un pleno urgente esta misma semana a petición de los 70 diputados independentistas y no tenga la misma urgencia cuando lo reclama su grupo, el más numeroso del Parlament con 36 representantes.

El grupo registró el pasado 13 de marzo una propuesta de resolución en la que reclamaba que Roger Torrent se presentantes ante el Parlament y declarase que no había podido encontrar un candidato viable a la investidura, una idea inédita en el Parlament y sin acomodo reglamentario explícito que, sin embargo, los letrados de la Cámara señalaron como posible vía para que los plazos de la investidura comenzasen.

Ciutadans pretendía así desbloquear la legislatura, algo que ya ocurrió en el debate de investidura fallido de los pasados jueves y sábado. Con todo, Arrimadas asegura que mantienen la propuesta para que Torrent “dé la cara”. Fuentes de los grupos no descartaban este lunes por la mañana que la propuesta de resolución de Ciutadans se acabase llevando al pleno que prevén convocar este miércoles, aunque esta cuestión deberá fijarse en una Junta de Portavoces.

Más allá de la actuación de Torrent a la hora de fijar el calendario parlamentario, Arrimadas ha cargado contra el presidente por las declaraciones vertidas en los últimos días, en plena tormenta política por el encarcelamiento de los diputados y posterior detención de Carles Puigdemont en Alemania. “Hizo un discurso en el que dijo que los políticos no tenemos que someternos al poder judicial, una afirmación que no tiene cabida en democracia”, ha asegurado Arrimadas.

Al entender de la oposición, Torrent está “acrecentando la división y la confrontación” de los catalanes al comportarse “como el presidente del Parlament solo de los independentistas”, ha considerado Arrimadas. Entre las críticas vertidas le ha acusado de proponer a tres candidatos a la investidura inviables o de acoplar los plazos parlamentarios al calendario judicial.

“Vaig sentir vergonya en escoltar el portaveu del PSOE assenyalant als familiars de les víctimes”. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat als socialistes que esperen a derogar la presó permanent revisable. “Si el Tribunal resol que és constitucional seguirà vigent i si no, caldrà adaptar-ho, però em sembla que derogar en calent i mantenir una posició que ni tan sols uneix als votants del PSOE no va ser el més assenyat”, ha manifestat.

De visita a València en Falles, el dirigent ha justificat davant una pena a la qual s'oposava el seu partit fa mesos que l'assassinat del xiquet de 8 anys a Almeria haja servit a la seua formació i al PP per a, tot apel·lant al dolor, intentar evitar la derogació d'aquest tipus penal proposta pel PSOE.

El debat, no obstant això, no va quedar en el Congrés. Superada la jornada parlamentària, el líder taronja contínua carregant contra els socialistes. “És fàcil parlar quan no et passen aquestes coses”, li retreia aquest divendres al portaveu socialista Juan Carlos Cano. Les paraules del diputat del PSOE, que va advertir del perill de legislar en calent, li han servit al dirigent taronja per a dir que aquest partit no respecta a les víctimes. “L'únic portaveu que les va respectar va ser [Juan Carlos] Girauta”, ha dit.

Rivera, en la seua obstinació en patrimonializar el dolor de les víctimes, ha comentat que tenen el seu suport “i el del tot el poble espanyol”. Ciutadans, insisteix el líder, és l'“únic partit que ha demostrat respectar a les víctimes” en un debat que ha qualificat com a “vergonyós” pels enfrontaments entre PP i PSOE. “Els legisladors estem obligats a debatre serenament per a resoldre les falles del nostre Codi Penal”. El president de Ciutadans demana al PSOE que no seguisca endavant amb el debat i espere a la resolució del Tribunal Constitucional, que no continue amb el que qualifica com una “derogació en calent”.

Aquesta informació ha sigut corregida en relació amb una primera versió titulada “Albert Rivera insisteix en la cadena perpètua i acusa els socialistes de no respectar a les víctimes”

Les formacions que des de fora del Consell van fer costat a la llei de creació d'À Punt i els seus organismes directius seran les que esmenen aqueixa mateixa norma per a corregir les borses de treball. Setmanes després de les crítiques a l'ens i a l'Executiu autonòmic per considerar que els barems de mèrits han portat al fet que els extreballadors de RTVV copen davant altres professionals la nova empresa pública, ambdues formacions volen tancar aquest conflicte com més aviat millor.

Quasi el 90% dels llocs de treball de la plataforma seran ocupats per empleats de l'antic ens, segons algunes estimacions. Un resultat que deixava fora noves generacions de periodistes, reconeixien des dels partits del Pacte del Botànic, però també professionals amb experiència que van veure truncada la seua possibilitat de treballar en els mitjans de comunicació públics. De l'exercici d'autocrítica de Podem, soci del Consell, i que amb el seu anterior portaveu va impulsar la llei de creació de l'ens, ha sorgit una esmena que pretén que les borses de treball definitives es convoquen abans que la televisió complisca tres anys d'emissions. En concret, el termini màxim que dóna la seua iniciativa seria la convocatòria d'ocupació pública el 2020. La formació morada insisteix que es fixe immediatament la data del procés de selecció, a fi de no allargar la incertesa de forma indefinida i corregir el primer resultat.

D'altra banda, des de Ciutadans advoquen per reduir per norma el pes de l'experiència dels extreballadors per a les places definitives. En la seua esmena presentada el mateix matí del dilluns, a part de posar algunes condicions pressupostàries -que els salaris no suposen més del 30% del pressupost de l'ens- modifica la llei de servei públic per a establir el percentatge que, al seu judici, ha de ser el màxim que premie als empleats de RTVV. Per a corregir els resultats de la borsa temporal, haver treballat en l'antiga Canal 9 no hauria de suposar més d'un 5% sobre la puntuació total, ni més d'un 3% haver estat prestant els serveis temporals en À Punt.

La formació taronja també pretén una rebaremació de les borses de treball temporals, actualment en procés d'adjudicació, per a les quals proposa que el límit de puntuació dels periodistes i tècnics procedentes de l'anterior ens públic no supere el 20% dels mèrits totals. Una esmena bastant complicada si no es demana una paralització del procés o s'executa amb caràcter retroactiu, cosa que no està entre els plans que ha mostrat el diputat Toni Subiela en presentar les propostes. “No es tracta d'anar contra ningú (...) ni de paralitzar el procés”, ha explicat en roda de premsa, tot considerant “rar” que s'adjudicaren tots els llocs mentre es tramita la seua petició, cas d'aprovar-se.

Quan es va redactar la llei, ha enunciat Subiela, es va acordar valorar l'haver treballat en RTVV per a crear una plantilla provisional que agilitara l'engegada d'À Punt, però “no per a dissenyar una plantilla completa” ni “revertir un ERO de forma encoberta”, ha considerat per a després afegir que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació actua amb certa lleugeresa o amb una lògica que el diputat no troba.

Els socialistes ja han valorat l'esmena de Ciutadans, que consideren que pot millorar el resultat. Així ho ha expressat el portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, que considera que “el resultat definitiu de les borses no és del grat de quasi cap partit, per no dir de cap”. En Compromís també veuen amb bons ulls ambdues iniciatives, encara que prefereixen, com els seus companys de Govern, prendre's un temps per a estudiar-les amb deteniment.

El PSPV i els socis del Botànic (Compromís i Podem) podran donar solució a la lamentació que va pronunciar el síndic socialista, Manolo Mata, en afirmar que “hem tancat la porta a una generació de periodistes” en referència al gran volum de extreballadors de RTVV en les borses provisionals de treball d'À Punt.

Ciutadans els ofereix una esmena a la Llei de Creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana en la qual proposen rebaixar del 20% els mèrits puntuables per haver treballat en l'anterior ens audiovisual -condició imposada en les borses de treball “a causa de les necessitats d'agilitat”- a un màxim d'un 5% en la provisió definitiva de llocs de treball als que s'accedira mitjançant proves de selecció.

En la primera provisió per a À Punt el gran pes que tenia la condició de d'extreballador de RTVV va suposar que únicament un 8% del personal que va accedir a aquestes borses foren noves incorporacions. Així, a més del taxatiu lament de Mata, des de Compromís el seu síndic Fran Ferri va afirmar que personalment ell haguera fet les coses de forma “diferent”; des de Podem César Jiménez va recordar que el procés de creació de l'ens va ser “complicat”, i que malgrat que es pretenia una plantilla que conjugara experiència i joventut, “és evident que de moment no ho estem aconseguint”.

Aquesta desproporció va provocar que la mateixa Unió de Periodistes plantejara un recurs contra la formulació d'aquestes borses, recurs que recentment ha reformulat evitant la petició de la suspensió cautelar donat que ja s'han creat 128 contractes i el col·lectiu periodístic ha preferit evitar perjudicar directament aquestes persones.

Des d'À Punt es va reconèixer aquesta desproporció i es va matisar que quan s'acabe el procés aquests nivells es maquillaran, però solament arribant al 25% de noves incorporacions.

Los grupos de la oposición en el Parlament buscan a toda costa que los plazos hacia la disolución automática de la Cámara y la repetición electoral. Para ello Ciutadans y PSC han anunciado este martes dos iniciativas diferentes, ambas en forma de petición de amparo al Tribunal Constitucional, para forzar a que el presidente Roger Torrent dé pasos que activen el reloj de la investidura.

El PSC ha registrado este mediodía un recurso ante el TC reclamándole que anule la decisión de Torrent de aplazar sine die el debate de investidura de Puigdemont. Según ha explicado Miquel Iceta, no poner fecha al primer debate de la legislatura es bloquearla, por lo que ha reclamado que el presidente haga una nueva ronda con los grupos para proponer a un candidato o bien constate que no hay presidenciables viables. “Lo que no puede ser es que el reloj no corra”, ha asegurado Iceta.

Los socialistas no consideran que Torrent deba esperar a que el Constitucional decida sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont, cuya interposición y medidas cautelares llevaron al presidente a suspender el pleno. Por esta razón han anunciado que el recurso de amparo ha sido presentado este mismo martes, con la esperanza de que el TC lo resuelva “a la mayor brevedad”.

A diferencia del PSC, Ciutadans no ha registrado aún el recurso de amparo, aunque Inés Arrimadas ha asegurado que lo hará en los próximos días si Torrent no rectifica “hoy mismo”. Pese a que el reglamento del Parlament no estima plazos para que el presidente convoque los plenos, Arrimadas ha acusado a Torrent de “saltarse el reglamento” por no haber puesto fecha al pleno que reclamaron el jueves pasado.

“Se está haciendo de manera arbitraria”, ha considerado la ganadora de las elecciones, esgrimiendo el agravio compartivo respecto al grupo de Catalunya en Comú, cuya propuesta de resolución ha sido admitida a trámite en la reunión de la Mesa de este martes. La propuesta de Ciutadans de celebrar un pleno por la vía del artículo 71 del reglamento no necesita admisión a trámite, ya que es aceptada automáticamente si se tiene un 20% de los diputados de la Cámara.

Ciutadans además ha anunciado que pedirá una junta extraordinaria de portavoces que desean que se celebre este mismo martes. En esta junta pretenden “hablar” de su propuesta de pleno y que Torrent “dé la cara” sobre su decisión de no poner fecha. “Catalunya no puede esperar a las peleas entre ERC y Puigdemont. Si el señor Torrent sigue paralizando vamos a ir al TC a presentar un recurso de amparo”, ha advertido Arrimadas.

No hi haurà acord per a la reforma de la llei electoral valenciana. Almenys, no prèviament a la presentació de la proposició de llei. Ciutadans, els vots del qual són imprescindibles per a aprovar la iniciativa (necessita un mínim de 66 diputats que els partits del Botànic no sumen) considera indispensables una sèrie de requisits que no es preveuen en aquesta proposta per a donar-hi suport.

El partit d’Albert Rivera a la Comunitat Valenciana, que sí que està d’acord en alguns punts, com la rebaixa de la llei electoral, considera ara que això és “un pegat” i que volen fer “la faena ben feta”, com ha explicat la seua portaveu, Mari Carmen Sánchez. Per a complir algunes de les seues exigències, com la circumscripció única, cal modificar l’Estatut valencià, que fa anys que està paralitzat en el Congrés. En aquesta legislatura, la reforma s’ha ajornat més de 40 vegades, segons va denunciar Compromís, a proposta de PP i Ciutadans, que han demanat ampliar el termini d’esmenes.

La formació taronja defensa que no s’ha mogut un àpex i que vol reformes més ambicioses: llistes obertes, primàries, circumscripció única... “que la reforma siga completa, que valga la pena”.

Els partits del Botànic consideren que la portaveu valenciana ha rebut un toc d’atenció de la direcció nacional, que negocia una altra reforma electoral a escala estatal. Sánchez no ha avançat si, a pesar d’estar d’acord amb la baixada de la barrera al 3% i les llistes cremallera, aprovaran el projecte de PSPV, Compromís i Podem. Aquestes tres formacions continuaran la redacció de la proposta, negociada des del principi de la legislatura, que es presentarà en les pròximes setmanes perquè passe pel Consell i comence el tràmit.

El portaveu de Podem, Antonio Estañ, considera que Cs dóna versions contradictòries i que: “no té sentit que exigisquen uns avanços que depenen d’un Estatut bloquejat per Ciutadans”. En la mateixa línia s’ha mostrat Fran Ferri, el qual ha criticat que si s’ha paralitzat la reforma en les Corts ha estat moltes vegades per petició de Ciutadans, que va demanar ajornar-la per les eleccions catalanes.

Podem pretén fiscalitzar els contractes amb la Generalitat de les empreses propietat dels empresaris valencians que han reconegut davant l'Audiència Nacional que van finançar il·legalment al Partit Popular en les eleccions de 2007 i 2008. Per a açò ha presentat una Proposició No de Llei en les Corts Valencianes en la qual demana obrir una recerca administrativa per a cercar possibles irregularitats en l'adjudicació o possibles sobrecostos injustificats.

Aquesta mesura obligarà a retratar-se a Compromís i PSPV que en el Consell no acaben de veure clar obrir un procés intern per a fiscalitzar les adjudicacions a aquests empresaris. Des de Podem van explicar també que buscaran el suport de Ciutadans i, fins i tot del PP, partit que amb Isabel Bonig al capdavant ha tibat les seues relacions amb la patronal. La PNL ha sigut presentada per registre d'entrada i encara no té data de presentació.

La proposició del partit morat proposa “realitzar una inspecció per a conèixer quants empresaris vinculats a la trama Gürtel tenen a dia d'avui contractes amb la Generalitat”. A més, pretén que el Consell informe les Corts sobre quins contractes dels empresaris vinculats a la trama Gürtel s'han signat en aquesta legislatura i quins han sigut les garanties legals per a realitzar aquestes contractacions en la Generalitat.

El partit que dirigeix Antonio Estañ vol també que s'analitzen els contractes de les empreses vinculades al cas Gürtel que encara avui treballen amb la Generalitat para, “en el cas de detectar-se irregularitats o que incomplisquen la legalitat contractual, cancel·lar-los i establir les multes oportunes”. La proposta també vol avançar en mesures per a garantir una major transparència i millorar la concurrència en la contractació pública. En alguns casos, aquestes empreses de la Gürtel representen vertaders oligopolis en sectors com en aigua o la gestió de depuradores.

El partido ganador de las elecciones catalanas está convencido de no prestar un diputado a los de Xavier García Albiol para que el PP pueda constituirse en grupo propio. En una nota difundida este jueves la formación justifica esta decisión en términos de estrategia, asegurando que si el PP tuviera grupo el bloque independentista se haría con la mayoría de todas las comisiones.

Según los cálculos de Ciutadans, el hecho de que el PP y la CUP compartan el grupo Mixto hará que ambas formaciones deban repartirse al 50% el único representante que este grupo lleva a las comisiones, por lo que en la mitad la mayoría se decantara hacia el independentismo pero en la otra mitad no. El partido responde así con sus propios cálculos a la afirmación lanzada por el PP la semana pasada de que dejarlos sin grupo equivalía a dar la mayoría a los independentistas.

Ciutadans hace sus cálculos con comisiones de 21 miembros, una cifra aproximada a las comisiones que se han venido haciendo en las últimas legislaturas pero que en esta podría aumentarse para dar entrada a representantes de todas las candidaturas. Si esto ocurriese los cálculos del partido podrían cambiar, aunque al bloque constitucionalista en ningún caso le favorecería que el PP no compartiera grupo con la CUP. La decisión sobre cuántos miembros ha de tener una comisión la toma además la Mesa, en la que el independentismo tiene mayoría.

“El PP miente cuando dice que si está en el Grupo mixto habrá mayoría absoluta de los independentistas en todas las comisiones”, asegura el partido de Arrimadas. “Es exactamente al revés: con el diputado que el PP pide que le regale Ciudadanos, los independentistas tendrían mayoría absoluta siempre en todas las comisiones”.

Por esta razón, el principal grupo catalán propone que el PP se constituya únicamente en subgrupo, una fórmula contemplada en el reglamento que da algunos derechos, como asistir a las Juntas de Portavoces con voz y voto o ejercer la iniciativa legislativa. A lo que no da derecho el subgrupo es a cobrar la subvención electoral por el 'mailing', que en el caso del PP asciende a una pérdida de 800.000 euros.

Desde el partido de Arrimadas aseguran que el PP no merece cobrar esta suma dado los pobres resultados conseguidos en las elecciones. “Lo que no vamos a hacer es estafar a los ciudadanos para modificar el resultado de las urnas pasteleando por subvenciones como han hecho PP y PSOE durante toda la vida con los nacionalistas. Eso es vieja política”, asegura el partido.

En Ciutadans ha sentado especialmente mal los dardos recibidos desde el PP por esta cuestión. Desde la cúpula de los populares han sido inclementes contra el partido catalán, llegando el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, a hablar de “mezquindad” de Albert Rivera. A estas acusaciones responde Ciutadans con contundencia, recordando que “ha quedado como última fuerza en las elecciones catalanas sacando los peores resultados de su historia en Catalunya”.

Por esto, a juicio de C's, “el PP debería preguntarse qué ha hecho mal en estas elecciones para tener ese resultado en las urnas” y no “cambiar lo que votaron los ciudadanos con un pasteleo para que todos los catalanes les paguen la campaña de su bolsillo”. En la guerra del bloque constitucionalista no se dispara con munición ligera.

El bloque de la oposición catalana no ha empezado la legislatura en armonía interna. El crecimiento de Ciutadans a costa de los malos resultados del PP todavía pasa factura en la relación entre las dos formaciones, una bronca que lejos de solucionarse se ha enconado en los últimos días por la negativa de los de Inés Arrimadas a ceder un diputado al PP para que estos puedan obtener grupo.

Los diputados tienen hasta el próximo lunes 29 para constituir los grupos parlamentarios, requiriéndose al menos cinco miembros por grupo. Tanto al PP como a la CUP les falta uno que, de no ser prestado por otras formaciones les obligaría a integrarse en el Mixto, en el que a su vez cada formación puede constituirse en subgrupo. La CUP da por hecho que no conseguirá grupo esta legislatura, mientras que los de Xavier García Albiol no se dan por satisfechos y presionan a Ciutadans.

La bronca arreció este miércoles, cuando el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, calificó de “mezquindad” la negativa de Arrimadas. La líder catalana contraatacó este jueves con un tuit en el que aducía razones de ahorro público para no dar grupo a sus rivales:

Arrimadas se refería a que sin grupo el PP perdería los derechos que sólo estos disfrutan, como el cobro de la subvención directa de los gastos de 'mailing'. En el caso de la formación conservadora asciende a 800.000 euros, una elevada cifra que da cuenta del desproporcionado presupuesto con el que el PP encaró la campaña catalana.

Después de que Ciutadans se reafirmara en su posición contraria al préstamo de diputados, Xavier García Albiol ha cargado este jueves duramente contra la formación naranja, a quien ha acusado de “falta de patriotismo”. Los conservadorees no ocultan su enfado por una apelación al voto útil de Ciutadans que, según creen, ha perjudicado duramente al PP y no ha sido útil para arrebatar el Govern a los independentistas.

El PP asegura que la negativa de Ciutadans a facilitar la formación de su grupo daría al independentismo la mayoría de todas las comisiones. Con el reglamento en la mano, esta afirmación es dudosa. Es cierto que si PP y CUP acaban compartiendo grupo deberán repartirse la presencia en las comisiones, la mitad para cada uno, por lo que el independentismo tendría el control de al menos la mitad de las comisiones.

Pero también ocurre que la salida del PP del grupo Mixto dejaría a la CUP con representación en todas las comisiones, por lo que la pérdida para el independentismo sería mínima. Con o sin grupo del PP, el buen uso parlamentario recomendaría que las comisiones se hagan algo más numerosas que en la anterior legislatura, permitiendo que en proporción todas las candidaturas tengan al menos un representante.

Albiol carga contra Arrimadas

Según ha asegurado Albiol, Arrimadas ha “renunciado” a presentarse a la investidura pese a haber ganado las elecciones. “Ciutadans anunció en la anterior legislatura que quería hacer una moción de censura y ahora que han ganado las elecciones, renuncian a ser una alternativa”, ha considerado el jefe del PP catalán, que ha asegurado sentir “una cierta desolación” por no tener “un candidato constitucionalista que quiera enfrentarse a Puigdemont”.

La bronca entre ambas formaciones está servida, en un momento de arranque de legislatura en el que el constitucionalismo deseaba proyectarse como un bloque único. Tanto es así que, durante la primera sesión de legislatura, hubo dos gestos que rompieron la unidad de criterio de las tres formaciones. El primero, hecho por Miquel Iceta, en el momento que aseguró que a diferencia de C's y PP su formación sí estaba de acuerdo con una interpretación del reglamento que permitiese la delegación de voto para los diputados presos, de acuerdo con el auto del Supremo.

El segundo gesto, de menos peso político pero que ha dolido más en Ciutadans, fue el misterioso noveno voto en blanco, que reveló que algún diputado del bloque no deseaba que el candidato de la formación de Arrimadas llegara a la presidencia de la Mesa. El constitucionalismo encara la legislatura prometiendo dar guerra al independentismo pero, por el momento, la batalla que no acaban de cerrar es la interna.

Uno de los diputados del llamado bloque constitucionalista, en el que se agrupan Ciutadans, PSC y PP, ha optado por no dar su apoyo al candidato de los primeros en la votación a la presidencia del Parlament. Lo ha hecho a conciencia, porque la votación para elegir al presidente se ha repetidos dos veces -cosas del reglamento-, y en ambas el candidato de Ciutadans ha recibido un voto menos (56) de los que suma el bloque constitucionalista (57), mientras que los votos en blanco han sumado nueve, uno más que los diputados con los que cuentan los comuns.

Hasta aquí los hechos constatables. El voto a la Mesa, por reglamento, se hace en urna y es secreto, por lo que el autor puede llevarse su voto a la tumba si lo desea. Pero el misterio del noveno voto en blanco ha desatado las especulaciones sobre la identidad del diputado rebelde. Hasta el punto que todos los partidos del bloque han negado tener al díscolo en sus filas.

El primer sospechoso ha sido Ramon Espadaler, diputado de las listas del PSC que proviene de la disuelta Unió, la formación histórica que durante tres décadas fue la mitad de CiU. Desde el partido de Iceta se ha corrido a hacer un desmentido “categórico” de que en su grupo hubiera habido voto diferencial. El partido tenía un acuerdo con Ciutadans y el PP por el que su candidato, David Pérez, iba a conseguir asiento en la Mesa.

El propio Espadaler lo ha desmentido poco después, asegurando que cuando tenga que votar diferente a sus compañeros de grupo no lo hará a escondidas:

Desde las filas socialistas se ha apuntado en un primer momento a la hipótesis del error, que la segunda votación ha desarmado, y, entonces, se ha señalado a la posibilidad de que el PP estuviese vengándose de sus principales competidores electorales por sus resistencias a prestarles un diputado para formar grupo.

Pero el PP se ha desmarcado rápidamente de esta teoría. Los de Albiol niegan que ninguno de sus cuatro diputados haya dado un voto en blanco a la votación de la Mesa y devuelven la pelota con la boca pequeña al PSC. De lo que nadie ha dudado es de que Espejo-Saavedra ha obtenido al menos el voto de todos sus compañeros de partido.

El noveno voto en blanco no encuentra dueño, pero se ha emitido. No ha cambiado nada, por lo que Inés Arrimadas ha preferido restarle importancia en la intervención con la que ha reaccionado a la primera sesión plenaria de la legislatura. Pero, pese a eso, el diputado que no quería que Espejo-Saavedra fuera presidente del Parlament seguirá escondido entre los escaños del bloque constitucionalista en la próxima sesión.

Si alguien tenía duda de cuál será una de las estrategias centrales de Ciutadans esta legislatura, las declaraciones de sus dirigentes los últimos días lo dejan claro: alinear a los 'comuns' con el bloque independentista pese a que los de Xavier Domènech aseguran no posicionarse ni con unos ni con otros.

Después de que el martes lo hiciera su compañero de partido Carlos Carrizosa, este miércoles Inés Arrimadas ha vuelto a cargar contra Catalunya en Comú por negarse a facilitarles la presidencia del Parlament, asegurando que “han cerrado la puerta a que vuelva la sensatez a Catalunya”. “No han querido ni negociar”, se ha quejado la líder del bloque anti independentista, que ha opinado que “cuando hay que elegir los señores de Podemos siempre están al lado de los independentistas”.

La candidata más votada en las pasadas elecciones considera que una Mesa del Parlament presidida por un independentista no reflejaría el resultado del 21D, pese a la mayoría de diputados independentistas en la Cámara. Al parecer de Arrimadas, una mayoría secesionista en la Mesa abocará al Parlament a repetir la última legislatura.

En el mismo sentido, la de Ciutadans ha criticado a JxCat y ERC por el preacuerdo alcanzado para intentar la investidura en ausencia de Carles Puigdemont. Según ha recordado Arrimadas, “el reglamento del Parlament no es debatible ni se decide en Bélgica comiendo mejillones”, por lo que ha considerado que no se puede investir a un candidato que no se presente ante el Parlament.

“No se puede presidir la Generalitat estando huido”, ha añadido la aún jefa de la oposición, que ha añadido que “un presidente holograma solo haría que se denigrase más la imagen de este Parlament y los catalanes nos merecemos que el Parlament vuelva a tener el respeto y la seriedad que nunca debió perder”.