Como si alguien estuviese dudando de que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, el Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha aprobado una moción, presentada por VOX, en defensa de “la españolidad de Ceuta y Melilla” y la “integridad territorial de España”.

Un acuerdo que se ha adoptado con el voto favorable del propio partido proponente, más el Partido Popular, y el rechazo de Partido Riojano, IU-Podemos y Partido Socialista.

Como ha dicho en defensa de la moción la portavoz de VOX María Jiménez, “Ceuta y Melilla son España”, a lo que ha sumado que son frontera no solo del país, sino también Europa, por lo que ha rechazado la “invasión” de territorio ceutí “mientras Pedro Sánchez se iba de vacaciones”.

Una situación, ha añadido, ante la que han reclamado en su propuesta “revisar la relación con Marruecos”, “reforzar las fronteras”, que “quienes entren de manera ilegal sean retornados según la legislación”, lo que ha resumido como “la devolución inmediata de los invasores”.

Todo ello, en palabras de Jiménez, frente a un Gobierno central “que lanza cortinas de humo para esconder su gestión” y “frente a todo lo que están sufriendo en la ciudad”. Especialmente, ha afeado que “las autoridades sabían con anterioridad de la invasión” y ha exigido “transparencia” en las informaciones al respecto “no lo que Pedro Sánchez decida que nos quiere contar”.

“Que los tribunales demuestren las responsabilidades necesarias”, ha defendido Jiménez, quien, pese a reconocer que el Ayuntamiento no cuenta con ninguna competencia en este ámbito, “sí que necesitamos una posición institucional clara con Ceuta y Melilla, porque estamos hablando de un territorio español y de unos ciudadanos españoles que no pueden ni salir a la calle hace meses”.

Desde el PP se ha presentado una enmienda a la moción, no aceptada por VOX, en la que se planteaba, entre otras cuestiones, “una revisión del tratado de buena vecindad con Marruecos”, así como la revisión también de otros acuerdos bilaterales con el reino alauí, además de reclamar a la UE “las acciones necesarias para garantizar las fronteras de Ceuta, que son también fronteras europeas”.

En las argumentaciones de los grupos, por parte del PR+ su portavoz Rubén Antoñanzas ha calificado de “lamentable” la gestión del Gobierno de España en este conflicto, actuando “tarde” y “lo poco que se ha hecho ha sido ineficaz” y mostrando su “solidaridad” con el pueblo ceutí. Ha mostrado su “sorpresa” por la “tibieza” del PP ante esta propuesta, que ha calificado de “electoralista”, mientras que ha pedido a VOX “recordar que les pagan por solucionar los problemas de aquí”.

Especialmente dura ha sido la portavoz de Podemos Amaia Castro, quien ha echado en falta “que ni siquiera ha habido una palabra para las 140 personas que murieron aquel día y los siguientes”. “Sí han atacado a nuestro país. Sí envió Mohamed a 70.000 personas a la frontera, con su policía mirando”, ha reconocido, para achacar la invasión “a sus amigos Trump y Netanyahu, porque Marruecos no da un paso sin ellos” y tachar a VOX “no de patriotas, sino de salvapatrias”.

Por parte del PSOE, su concejala María Marrodán ha asegurado que “el que Ceuta y Melila son España no está en duda”, y que “la soberanía e integridad territorial no se discute”, además de expresar su “solidaridad con los ceutíes” y recordar “a los 140 fallecidos y a los miles de vulnerables que cruzaron aquel día”. A su juicio, la moción “es pura propaganda, parece que ser más patriota es decir la mayor burrada” y ha afeado al PP asumir los postulados de VOX “o porque van a tener que gobernar con ellos o para que no les coman más terreno”.

Por último, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha recordado que “la primera obligación de un presidente del Gobierno es defender la unidad y las fronteras de España”, ante lo que ha preguntado a los socialistas “¿qué les parece la reaccion timorata y cobarde de su Gobierno?” y “¿a qué se debe el temor reverencial a Marruecos? ¿Pegasus?”

En sus palabras, “ha sobrado prepotencia, desdén y desatención, mientras que ahora se busca pausar el problema y meterlo en un cajón”. “Ha faltado sentido de Estado, respeto, empatía”.

Y ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, “referente del municipalismo, defensor de la españolidad de Ceuta y Melilla y abandonado a su suerte por Pedro Sánchez”, además de dejar “sin respuestas” a FSE, comerciantes, docentes, sanitarios “y hasta al Rey lo han tenido metido en un cajón”. Por todo ello, y pese a no haberse aceptado su enmienda, “por coherencia y solidaridad”, los 'populares' han dado su voto favorable a la moción.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Daimiel ha pedido al alcalde del municipio, Leopoldo Sierra, que las declaraciones de rechazo a las macroplantas de residuos y biometano se traduzcan en “resultados tangibles” ante el proyecto de una instalación de este tipo en la localidad, con una capacidad prevista de 486.000 toneladas al año.

Concretamente, este colectivo social ha registrado un ruego para el pleno municipal de octubre en el que pide al alcalde que acelere la elaboración del informe socioeconómico y ambiental sobre Daimiel, lo presente ante la Corporación local y someta a votación la “no conformidad” del Ayuntamiento con la instalación de la planta, remitiendo posteriormente el acuerdo y el informe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo es que el Ayuntamiento emita un rechazo efectivo contra esta instalación, es decir, un veto municipal que impediría la construcción de la macroplanta, en virtud de la última reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, al igual que ha sucedido en Carrión de la Calatrava.

Stop Biometano Daimiel reconoce las manifestaciones públicas realizadas por el alcalde contra este tipo de instalaciones y las actuaciones municipales iniciadas en materia urbanística. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de pasar “de los anuncios a los resultados”.

Afirma que, aunque el alcalde ha anunciado que se modificará el Plan de Ordenación Municipal (POM) y se preparará un informe socioeconómico y ambiental para llevarlo posteriormente al pleno, hay actuaciones concretas que el Ayuntamiento debe completar “de forma urgente”.

No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta

La primera de ellas es el mencionado informe, para poder someterlo a la votación del pleno municipal y remitir el acuerdo a la Junta de Castilla-La Mancha. El propio ruego registrado reclama que este trabajo se acelere y se complete durante este año. “No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta.”

La plataforma considera especialmente relevante que en 2023 el Ayuntamiento emitiera un informe de “compatibilidad urbanística favorable” relacionado con el proyecto. Por ello, entiende que si la posición municipal ha cambiado, ese cambio debe quedar reflejado ahora en actuaciones y acuerdos formales, y no únicamente en “declaraciones públicas”.

Pone como ejemplo la actuación desarrollada por otros municipios próximos. Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava ya han llevado sus respectivas posiciones sobre las macroplantas de biometano a sus órganos plenarios. “Si a estos municipios les ha dado tiempo a hacer su trabajo y llevar su posición al pleno, ¿por qué Daimiel todavía no lo ha hecho?”, se pregunta.

Precisamente por la gran dimensión del proyecto de Daimiel, el Ayuntamiento “debería actuar con especial diligencia”: supone un “gran impacto” en el entorno del Parque Nacional de las Tablas, lo que hace necesario que el Ayuntamiento disponga cuanto antes de “un análisis municipal riguroso sobre sus posibles efectos ambientales, territoriales, económicos y sociales”.

“Estamos hablando de una instalación de 486.000 toneladas de residuos al año en el entorno de Las Tablas de Daimiel. Ante un proyecto de esta magnitud no basta con decir que se está trabajando: los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuándo se va a terminar el trabajo. Daimiel necesita hechos, no palabras”, concluye la plataforma.

Los grupos municipales del Partido Popular y de Vox, que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Seseña, han votado en contra de la proposición presentada en el pleno municipal por el Grupo 'Más Seseña. Vecinos por Seseña' en la que pedían que la Corporación local contratara un estudio “externo, especializado e independiente” sobre los episodios de malos olores, la calidad del aire y sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente en los barrios Seseña Nuevo, Vallegrande y el núcleo urbano.

Esta iniciativa vecinal se ha producido con motivo del proyecto de la empresa Lavaderos Europa S.L. para implantar un nuevo sistema de tratamiento de depuración basado en oxígeno en su planta de Seseña para reducir los fuertes olores que afectan a los vecinos y vecinas.

A principios de septiembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil comenzó a investigar las denuncias relacionadas con los malos olores y las posibles emisiones de este lavadero de cisternas industriales.

El problema no es nuevo. Los residentes próximos al lavadero aseguran que llevan años soportando los olores, aunque sostienen que durante los últimos meses los episodios se han intensificado. La situación sería especialmente molesta durante el verano, cuando, según explican, resulta prácticamente imposible mantener abiertas las ventanas o utilizar con normalidad patios y espacios exteriores.

Ahora, el Grupo Municipal 'Más Seseña' señala que durante el debate de su propuesta en el pleno municipal, ambos partidos justificaron su rechazo en que consideran necesario esperar a comprobar los resultados de la obra y del nuevo sistema de oxígeno que la mencionada empresa ha anunciado para minimizar los olores.

Reducir o enmascarar un olor no nos dice qué sustancias había en el aire, en qué concentración, de dónde procedían ni si podían afectar a la salud

'Más Seseña' considera no obstante que esta decisión confunde dos actuaciones distintas: una mejora interna “promovida por una empresa” y una evaluación “pública e independiente” destinada a conocer la composición del aire y el origen real de los episodios.

“Que una empresa acometa una obra para reducir sus olores puede ser positivo, pero no sustituye a un estudio independiente. Reducir o enmascarar un olor no nos dice qué sustancias había en el aire, en qué concentración, de dónde procedían ni si podían afectar a la salud. Los vecinos tienen derecho a conocerlo con datos objetivos”, ha señalado Cecilia Redondo Calabuig, portavoz del Grupo Municipal 'Más Seseña. Vecinos por Seseña'.

Según explica este Grupo Municipal, su propuesta no ignoraba el nuevo sistema de oxígeno, sino que pedía “comprobarlo expresamente”. Incluía una campaña anterior y otra posterior a su puesta en funcionamiento, en “condiciones comparables”, además de mediciones durante episodios reales, periodos de actividad e inactividad, altas temperaturas y cargas máximas. También exigía revisar todos los posibles focos, sin atribuir de antemano la responsabilidad a ninguna instalación.

Por ello, afirma que esperar a que la obra esté terminada tiene una “consecuencia técnica evidente”: puede hacer que se pierda la línea de base necesaria para saber “qué había antes y cuánto ha cambiado después”. A su juicio, la opción “prudente” era iniciar ya la contratación y coordinar el calendario de mediciones con la implantación del nuevo sistema.

Argumentan que la propia documentación técnica facilitada por Lavaderos Europa menciona la emisión de ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (H2S) en el proceso. La proposición pedía medirlo de forma continua y con equipos adecuados para concentraciones ambientales, junto con los demás compuestos y partículas relevantes, y evaluar por separado “la molestia odorífera y el posible riesgo toxicológico”.

Compendio de quejas y solicitudes formales

De hecho, este Grupo Municipal ha presentado quejas y solicitudes formales ante el Ayuntamiento en 2025 y 2026, y ante las consejerías de Sanidad y de Desarrollo Sostenible en agosto de 2026. Además, el pleno ya había aprobado por unanimidad solicitar una estación de medición de la calidad del aire.

Seseña, añade, cuenta además con un precedente: tras el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de 2016, el Ayuntamiento encargó a la Universitat Rovira i Virgili estudios externos sobre aire, suelo, cultivos y riesgos para la salud, explicados después públicamente.

“Si entonces se entendió que la tranquilidad de la población requería conocimiento independiente, no se entiende que ahora el PP y Vox prefieran esperar sin conocer qué están respirando los vecinos”, ha afirmado Redondo.

'Más Seseña' anuncia que continuará reclamando mediciones independientes, transparencia y una respuesta coordinada de todas las administraciones. La formación insiste en que las actuaciones de la empresa pueden formar parte de la solución, pero su eficacia y los efectos sobre la calidad del aire “deben ser comprobados por técnicos sin relación con las instalaciones potencialmente investigadas y con resultados íntegramente públicos”.

Hace justo una semana que el PP, Vox y PSOE consiguieron ponerse de acuerdo en el pleno municipal de Talavera de la Reina para votar en contra de la instalación de plantas de biometano en esta ciudad. Lo hicieron, eso sí, durante un bronco debate de reproches mutuos, que hacía presagiar que el consenso duraría poco. Y así ha sido.

Solo unos días después de este acuerdo, el alcalde, José Julián Gregorio (del PP, que gobierna en coalición con Vox), pidió un estudio “independiente” para determinar dónde y cómo ubicar dichas instalaciones.

Esto último es lo que han interpretado el PSOE como un “volantazo” en el consenso del pleno municipal. Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, quien afirmó estar “perplejo” tras ver que el alcalde votó a favor de modificar el POM y de suspender la concesión de licencias a plantas de biogás, mientras se tramite dicha modificación, y que, menos de 24 horas después, saliera públicamente a defender una posición “completamente distinta”.

Los ediles de la oposición han recordado que en el pleno municipal no se aprobó nada sobre esa petición del alcalde y, por tanto, “no hay que pedir ningún estudio ni a una empresa, ni a la universidad, ni a la ONU, ni a la Unesco” porque lo que se votó fue “que no se instalaran plantas y que se paralizaran las licencias”. Por ello, se preguntan “a qué juega el alcalde levantando la mano en el pleno para votar una cosa y haciendo al día siguiente una rueda de prensa para decir exactamente lo contrario”.

PSOE: el Ayuntamiento puede decidir

De igual modo, han considerado “muy llamativo” que José Julián Gregorio haya planteado ahora realizar un estudio externo, “lo que curiosamente coincide con la propuesta que defiende la empresa que quiere instalar una planta a la entrada de Talavera, cerca de Cazalegas”.

Por ello, los socialistas han informado que preguntarán tanto en las comisiones informativas del próximo lunes como en el pleno del viernes diversas cuestiones que esperan que el Gobierno local conteste.

Finalmente, los socialistas también han recordado que el Ayuntamiento de Talavera tiene competencias para decidir qué actividades y qué empresas pueden instalarse en el término municipal y en qué tipos de suelos.

Y además de la petición del estudio que ha realizado el alcalde, tan solo un par de días después de que se llegara a este ‘acuerdo’ en el pleno, el equipo de Gobierno municipal, de PP y Vox, realizaba una propuesta al Gobierno de Castilla-La Mancha: entre otras medidas, propuso que en el futuro decreto autonómico que regulará y restringirá este tipo de instalaciones, se aumente la distancia mínima a los núcleos urbanos de dos a cinco kilómetros.

El portavoz del Ayuntamiento, Jesús García-Barroso, así lo detalló en la presentación de las alegaciones del Consistorio al mencionado decreto. Junto con esta medida, también planteó la prohibición expresa de importar o introducir en el circuito regional sustratos procedentes de otras comunidades autónomas, así como mantener en el órgano ambiental autonómico las competencias técnicas de validación e instrucción, evitando trasladar a los municipios responsabilidades o cargas de gestión que no les corresponden.

Evidentemente, al Gobierno castellanomanchego, encargado de sacar adelante ese decreto, no le ha gustado nada. El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha contestado al Ayuntamiento que por mucho que “intente cargar el muerto” a la Junta, a su presidente, Emiliano García-Page, o a la exalcaldesa de la ciudad Tita García, quien “ha traído el biometano a Talavera” ha sido su alcalde, José Julián Gregorio, y su socio de gobierno, en referencia a Vox.

“Ahora piden informes, pero los informes los tenían que haber hecho negativos y no positivos en su momento. Ahora presenta recursos de alzada, pero es un recurso contra sus propios actos, porque los informes del Ayuntamiento de Talavera que obran en el expediente dicen que querían cuatro plantas de biometano en Talavera”.

Ha recordado que fue el propio Ayuntamiento del PP y Vox quien validó los informes del expediente y le ha exigido modificar el POM en lugar de “cargar el muerto” a la Administración regional.

La Junta afirma que ningún expediente para Talavera es “prioritario”

En relación con los proyectos de las plantas de biometano en esta ciudad, ha manifestado que el Gobierno regional ya ha contestado al Ayuntamiento talaverano desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, afirmando “rotundamente” que de los expedientes que afectan a Talavera de la Reina y que se encuentran en tramitación en la Dirección General de Calidad Ambiental, ninguno está clasificado como “prioritario”.

Asimismo, ha indicado que han pedido la misma información a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, anticipando que la respuesta es la misma: “Un ‘no’ rotundo”.

En el caso de las declaraciones de impacto y las autorizaciones ambientales integradas, la Junta de Comunidades actúa como juez y no como parte. “En función de la documentación que nos llega y lo que dice, esos documentos son positivos o negativos y la documentación que ha presentado José Julián Gregorio ha sido positiva y cuando era negativa, luego el propio Ayuntamiento tenía otra que la transformaba en positiva”, ha indicado David Gómez Arroyo.

En este sentido, Gómez Arroyo ha indicado que José Julián Gregorio debe dejar de decir “un día no, al siguiente sí y pasado mañana, ya veremos”, porque eso genera “confusión” en los talaveranos y talaveranas y “desconfianza en los inversores”.

Es lo que sucede en el caso de las plantas de biometano. A juicio del Gobierno regional, este asunto se está solucionado gracias a un pleno extraordinario convocado por la anterior alcaldesa y donde “debe avanzar el alcalde es en la modificación del POM y dejar de confundir ya pidiendo informes y cosas que sólo existen en su imaginación”.

El Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Fuentes ha denunciado que el alcalde Juan Carlos Romero Garrote lleva “más de seis meses sin convocar el Pleno ordinario” que debe celebrar el ayuntamiento, incumpliendo en dos ocasiones la obligación legal recogida en el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que fija la periodicidad mínima con la que deben celebrarse estas sesiones.

Según los socialistas, la última sesión ordinaria se remonta al mes de enero, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar el Pleno “pese al tiempo transcurrido”.

Antonio Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista cree que “el que nada debe, nada teme”, asegura el portavoz socialista Antonio Torres, quien cree que esta actitud “solo genera más dudas sobre lo que se está ocultando a los vecinos. Exigimos que se cumpla la ley y que se convoque el Pleno lo más pronto posible”.

Al edil socialista no le vale, advierte, el argumento de la falta de secretario municipal, “ya que el Ayuntamiento ha contado con este puesto cubierto en todo momento”.

“Falta de información y reclamaciones sin respuesta”

A la paralización de los plenos se suma, según la oposición, “una falta reiterada de transparencia por parte del equipo de gobierno”. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en varias ocasiones el acceso al padrón de aguas, sin haber obtenido fecha para su consulta, pese a que la ley reconoce el derecho de la oposición a examinar la documentación municipal.

El edil asegura que sí que se ha recibido respuesta del alcalde confirmando que se lo enseñará porque “tiene buena fe”.

A ello se añade la situación del nuevo pozo de agua, ejecutado y financiado por la Diputación de Cuenca hace más de un año, “que continúa sin estar conectado a la red y operativo”.

Los socialistas también recogen un número creciente de reclamaciones vecinales por los recibos e importes de la tasa del agua, “que hasta el momento no habrían recibido respuesta por parte del Ayuntamiento”.

El concejal socialista asegura que estas cuestiones “afectan directamente al derecho de los vecinos a saber cómo se gestionan los asuntos y los recursos de nuestro pueblo y sus propios intereses. Vamos a seguir reclamando su resolución, tanto dentro como fuera del Pleno”, ha zanjado.

El Auditorio Municipal del municipio toledano de Sonseca pasará de llevar el nombre del Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, a llamarse Auditorio Reyes Católicos, salvo que la decisión se revierta.

El cambio se planteaba en el último pleno municipal, a propuesta del equipo de Gobierno que conforman PP y Vox, con el rechazo del Grupo Municipal Socialista que cree que “no responde a un reconocimiento de la historia o del patrimonio local, sino que es una decisión de carácter ideológico”. También lo rechaza IU.

El PSOE se ha dirigido a la alcaldesa, la 'popular' Victoria Martín de San Pablo, y le pide que “rectifique” la medida, al no contar con el preceptivo respaldo necesario en el Pleno. Advierte el grupo municipal socialista que, de no dar marcha atrás, acudirá a los tribunales.

Los socialistas recuerdan que el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones establece un procedimiento específico para modificar la denominación de edificios o espacios públicos. Dicho procedimiento exige una “mayoría cualificada” para su aprobación.

Entienden que los hechos “podrían ser constitutivos de un posible delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, si finalmente se acreditara que se dictó una resolución arbitraria siendo plenamente consciente de su ilegalidad”.

En su opinión, “lo que no puede hacer un alcalde es cambiar las reglas del juego democrático cuando el resultado no le favorece. Si para conseguir un acuerdo es necesario incumplir el Reglamento municipal y alterar el procedimiento establecido, ya no estamos ante una simple discrepancia política, sino ante unos hechos de enorme gravedad que deben ser esclarecidos y, en su caso, depurados por los tribunales”, concluyen los socialistas.

La “advertencia” de la Secretaría del Ayuntamiento

En el Pleno donde se aprobó la medida, no estuvieron varios concejales del PSOE. Tampoco comparecieron los concejales de IU, quienes en un comunicado previo explicaron que la razón era, precisamente, no debatir ni facilitar la aprobación del cambio de nombre. “La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad”, aseguran, además de no tener intención “de reconocer el legado histórico de los Reyes Católicos o su relación con Sonseca”. De hecho, ya existe una avenida principal que lleva su nombre.

“La secretaria municipal advirtio durante la propia sesión, que no se alcanzaba la mayoría exigida por el Reglamento para proceder a la votación del cambio de nombre”, añaden desde el PSOE.

La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad

IU Sonseca

Y es que, dicen, “la normativa municipal establece que, en primer lugar, debe intentarse la aprobación por unanimidad de los 17 concejales de la Corporación. En caso de no alcanzarse, únicamente puede celebrarse una segunda votación si están presentes, al menos, 12 concejales y el acuerdo obtiene un mínimo de nueve votos favorables”.

El PSOE remarca que, pese a esa advertencia, “la alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones”.

El nombre salió adelante con los votos favorables de los concejales del Partido Popular y de VOX.

La alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones

PSOE Sonseca

Los socialistas creen que la actuación del equipo de gobierno tuvo “presuntamente como única finalidad eludir deliberadamente las mayorías reforzadas exigidas por la normativa municipal, alterando el procedimiento legalmente establecido para conseguir la aprobación del cambio de denominación”.

El PP habla de “preocupante actitud antidemocrática” de PSOE e IU

Desde el PP dice que PSOE e IU tuvieron una “premeditada y concertada estrategia” de no acudir al Pleno municipal “ para que la votación fuera válida”, en un comunicado. Dan por hecho que el acuerdo no lo fue, pero acusan a la oposición de “intentar pervertir la mayoría absoluta que ostentan PP y Vox” , con una “manifiesta y preocupante actitud antidemocrática”.

Les tachan también de “ruin y lamentable actitud” y justifican que tienen la mayoría absoluta (nueve concejales de un total de 17) y creen que con esa “mayoría cualificada” anuncian que “en cualquier momento” se llevará la propuesta de nuevo a Pleno.

Justifican el cambio recordando que la propuesta ya se llevó a otro pleno municipal en 2024. “En aquel entonces no hubo acuerdo, desmintiendo así que sea una imposición política de otro partido como afirma el PSOE” y de paso asegura que “imposiciones y cesiones las suyas a IU durante los últimos 25 años”.

Vox no se ha pronunciado al respecto, al menos no por la misma vía que lo han hecho el resto de grupos municipales (a través de las redes sociales), con un intercambio de comunicados.

El PP afea también que el nombre del Auditorio Nelson Mandela se aprobó en 2014 en un gobierno de coalición del PSOE e IU y que se hizo a través “de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca” .

En 2024 el nombre de Nelson Mandela salió de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca

PP Sonseca

Ellos también dicen que “fue una designación absolutamente ideológica ya que dicha figura no tiene ninguna relación con Sonseca ni con su historia, como exige este reglamento”.

Piden la nulidad del pleno y la dimisión de la alcaldesa

Mientras tanto, el Grupo Socialista ha anunciado que solicitará que el próximo Pleno declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo por el que se aprobó el cambio de nombre, al considerar que fue adoptado prescindiendo del procedimiento previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Los socialistas consideran que, “con independencia de las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de estos hechos, la alcaldesa debería presentar su dimisión de manera inmediata”. Argumentan en su petición el hecho de que haya “quebrantado la confianza que debe presidir el ejercicio de la máxima responsabilidad institucional del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de Pareja, en Guadalajara, ha aprobado por unanimidad, con el respaldo de los dos grupos políticos de la Corporación (PP y PSOE), su rechazo al parque eólico 'Titán', proyectado sobre uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

El pleno acuerda impulsar todas las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para solicitar la paralización del proyecto y defender un entorno que constituye “uno de los principales patrimonios naturales y económicos de la localidad”.

La iniciativa responde a la tramitación de los parques eólicos 'Titán', 'Mimas' y 'Dione', promovidos para su hibridación con instalaciones fotovoltaicas ya existentes. En el caso de Pareja, el proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores en un enclave forestal situado sobre el casco urbano.

Un acuerdo unánime para proteger el territorio

El alcalde de Pareja, Javier del Río, destaca que este proyecto ha levantado “una frontal oposición” en todos los vecinos, colectivos y asociaciones. “Por ello, nuestro ayuntamiento, de forma decidida y unánime, va a estar siempre al lado de los vecinos, de la defensa de un espacio natural de gran valor que pertenece a todos, y de un monte que forma parte de la identidad cultural y de la forma de vida tradicional de Pareja y de la Alcarria”.

El área afectada constituye “un espacio forestal público de extraordinaria riqueza ambiental”, situado sobre el propio pueblo, que alberga numerosas especies de flora y fauna protegidas y por el que discurre el río Ompólveda, recientemente declarado Reserva Natural Fluvial, que vierte sus aguas en el azud de Pareja y del que se abastece el municipio“, añade Javier del Río.

El regidor afirma que “no hablamos únicamente de un paisaje de gran belleza, que también, sino de un patrimonio cultural y natural de enorme valor ecológico que debemos conservar para las generaciones futuras”.

Además de las afecciones ambientales recogidas en la documentación del expediente, el Ayuntamiento y las asociaciones locales consideran que la implantación del parque tendría importantes consecuencias para el desarrollo económico del municipio.

El modelo de crecimiento de Pareja está estrechamente vinculado al turismo de naturaleza, al turismo deportivo y al aprovechamiento sostenible de su entorno natural, actividades que constituyen “los principales motores de la economía local”.

“Nuestro futuro pasa precisamente por conservar aquello que nos hace diferentes. La belleza de nuestro paisaje, nuestros montes, nuestros senderos, nuestra miel y nuestros recursos naturales son la base de muchas iniciativas empresariales y del modo de vida de nuestros vecinos. Un proyecto de estas características supondría un impacto imposible de revertir”, recalca del Río.

Solicitud de paralización

El acuerdo plenario contempla la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y ambientales necesarios para formular las alegaciones correspondientes durante la tramitación del expediente.

Asimismo, el acuerdo unánime del Ayuntamiento solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la paralización del proyecto dentro del ámbito de sus respectivas competencias, al tiempo que faculta al alcalde para realizar cuantas gestiones resulten necesarias en defensa de los intereses municipales.

Además, el Ayuntamiento, de forma conjunta con la asociación 'Alcarria viva', están realizando numerosas iniciativas para manifestar la oposición vecinal al proyecto, como recogida de firmas, y presentación de alegaciones conjuntas.

Del Río concluye afirmando que la planificación energética debe realizarse “con criterios ambientales, sociales y territoriales”. “Hay lugares donde, simplemente, no debería plantearse una actuación de estas características”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha vuelto a demostrar que los acuerdos aprobados en el pleno “solo se cumplen cuando a él le interesa”, como ha ocurrido con la moción aprobada con motivo del Día del Orgullo, pues no ha cumplido uno de sus puntos más simbólicos como era la colocación de la bandera LGTBI en dependencias municipales.

“Hemos podido comprobar durante todo el fin de semana como la bandera no se ha colocado en ningún momento a pesar de que el pasado viernes el pleno local aprobó esta medida dentro de la moción presentada por los socialistas, ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez.

“¿Por qué cree que puede saltar a la torera un acuerdo aprobado democráticamente?”

Por eso han solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Alcalde, para que dé explicaciones sobre las razones por las que se ha incumplido este acuerdo plenario que fue aprobado por una mayoría.

“¿Por qué se cree José Julián Gregorio que puede saltarse a la torera un acuerdo de Pleno aprobado democráticamente por la mayoría de la corporación?” han preguntado los socialistas, quienes han considerado “muy grave” que el propio alcalde decida qué acuerdos plenarios cumple y cuáles no.

“Nos imaginamos que este incumplimiento responde más a los intereses políticos de los dos socios de gobierno que a cualquier cuestión administrativa”, han criticado los socialistas, que añaden que los acuerdos plenarios “no son una sugerencia ni una recomendación, son decisiones democráticas que deben cumplirse, gusten más o menos al alcalde”.

Se pondrá el martes 30 de junio, responde el equipo de Gobierno

Tras la denuncia del Grupo Municipal Socialista, el equipo de Gobierno ha reaccionado con un escueto comunicado aclarando que, tras el acuerdo del Pleno municipal del 26 de junio y “tras la emisión de un informe de la Secretaría Municipal del pasado viernes a última hora de la tarde”, la bandera LGTBI se instalará “a lo largo del día de mañana martes 30 de junio, en dependencias municipales”. 

El Día Internacional del Orgullo LGTBI se celebró ayer domingo, 28 de junio.

“Recortar la voz vecinal no es participación”. Con estas palabras ha querido denunciar la Federación de Asociaciones Vecinales de Toledo la decisión del equipo de Gobierno municipal, del PP y Vox, de recortar a la mitad el tiempo de participación de las asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad.

La Federación de Asociaciones Vecinales apunta que este cambio se ha producido en el reglamento que regula los plenos del Consistorio local, y que consiste en reducir de diez a cinco minutos el tiempo de intervención de las entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública municipal.

“No es una cuestión menor ni un simple ajuste técnico: es un claro retroceso democrático”, apuntan. Consideran “profundamente preocupante” que, mientras desde el Ayuntamiento se habla constantemente de “escuchar a la ciudadanía” y de “fomentar la participación”, las medidas reales “vayan precisamente en la dirección contraria”.

Destaca la Federación que recortar el tiempo de intervención de las asociaciones vecinales y entidades sociales significa “limitar su capacidad para trasladar problemas, propuestas y reivindicaciones que afectan directamente a los barrios y a la vida diaria de la ciudad”.

Reducir nuestra voz a la mitad es un mensaje político muy claro: molesta la participación cuando es crítica, incómoda o exige responsabilidades

“Las entidades ciudadanas no acudimos al pleno para hacer propaganda ni perder el tiempo. Representamos a cientos de vecinos y vecinas, trabajamos diariamente sobre el terreno y llevamos años cubriendo muchas veces las carencias de las administraciones. Reducir nuestra voz a la mitad es un mensaje político muy claro: molesta la participación cuando es crítica, incómoda o exige responsabilidades”, subrayan.

Por eso, este colectivo se pregunta cuáles serán las siguientes medidas: “¿Poner más trabas burocráticas? ¿Limitar qué temas pueden plantearse? ¿Convertir la participación en un simple trámite vacío y controlado?”.

Concluyen remarcando que la participación ciudadana “no puede ser un decorado para las fotos institucionales” ni una “palabra bonita” en los discursos oficiales. Por el contrario, defienden que debe ser “un compromiso real con el diálogo, la escucha y el respeto hacia el tejido asociativo” de Toledo.

Exigen finalmente que el Ayuntamiento rectifique, bajo la premisa de que la democracia “se fortalece escuchando más a la ciudadanía, no silenciándola” y en que “una ciudad con menos participación es una ciudad con menos democracia”.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos del Ayuntamiento de Albacete van a aprobar una moción conjunta en defensa de la cuchillería en el próximo Pleno municipal.

Se trata de un texto pactado con la Asociación de Cuchillerías y Afines (Aprecu) e inspirado en sus peticiones, para “liderar un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta que va a aprobar el Pleno el próximo jueves se dirige “al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado” pidiendo que las futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Asimismo, el texto de la moción pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier futura modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

Otro objetivo de la moción es “impulsar declaraciones institucionales tanto en la Diputación de Albacete como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado, de apoyo al sector cuchillero albaceteño y de rechazo de la criminalización a la industria cuchillera”.

Ciudad de la Cuchillería

En la moción se argumenta que “Albacete es la Ciudad de la Cuchillería por excelencia en toda España, y aglutina el 90% de la producción cuchillera nacional”, y se recuerdan los seis siglos de tradición cuchillera en la ciudad. Por ello, “de la mano de Aprecu defendemos el oficio cuchillero y promovemos una idea clara: la navaja no es un arma en sí misma, sino una herramienta de trabajo, de uso tradicional y una seña de identidad histórica”.

El texto recoge la preocupación del sector por recientes informaciones sobre una posible reforma del Reglamento de Armas para incorporar restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, y se recuerda que “Aprecu y el Ayuntamiento comparten la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana, pero hay que diferenciar entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima de un sector histórico, industrial, artesanal y económico que representa miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural. El ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal, y debe actuarse contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, pero nunca criminalizar su uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo”.

También se recuerda que “Aprecu viene trasladando hace meses su preocupación por la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operan conforme a la legislación vigente, perjudicando a esas empresas y a los propios consumidores”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha atacado al concejal del PSOE, Javier Fernández Antolín, por su vinculación con el “sanchismo” y por su labor como profesor universitario. “Me da mucha pena que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”, ha afirmado el regidor como reacción a las críticas de edil socialista sobre el soterramiento ferroviario y el empadronamiento de Carnero en la ciudad para poder presentarse a las elecciones de 2023.

Fernández Antolín, edil que dejó Ciudadanos para presentarse en la lista del PSOE en 2023 y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha criticado la gestión municipal en torno al soterramiento y ha acusado al Ayuntamiento de sostener una “falacia” sobre la viabilidad del proyecto. El edil del PSOE ha asegurado que algunos representantes del equipo de gobierno de PP y Vox actuaban con “trapacerías” dentro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)

En su intervención, en respuesta a diferentes propuestas realizadas por Vox, entre ellas la persecución de los “empadronamientos ilegales”, ha cuestionado también el empadronamiento de Carnero antes de las elecciones municipales de 2023. “El señor Carnero vivía y vive en Simancas y, sin embargo, está empadronado en Valladolid”, ha afirmado. “El fraude lo tiene usted sentado a su izquierda —sitió que ocupaba el regidor—”, ha agregado para recplciar a la teniente de alcalde, Irene Carvajal.

Tras esto, Carnero decidía ar respuesta al concejal socialista reprochándole el uso del término “trapacero” y ha aprovechado para reprocharle su paso de Ciudadanos al PSOE. “¿Usted cree que yo le podría llamar trapacero por haber abandonado una formación como era Ciudadanos para irse con la 'banda del sanchismo'?”, ha comentado

El alcalde de Valladolid fue a más con Antolín. “Lo único que sí me da es muchísima pena que esté con el sanchismo, y lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”.

Entre los reproches de la oposición, Carnero ha insistido otras dos veces más: “A mí lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas”.

El alcalde ha defendido la legalidad de su empadronamiento en Valladolid y ha recordado sus vínculos personales y familiares con la ciudad. “Yo he vivido en la calle Amor de Dios, he vivido en la calle Estadio y estoy empadronado en la calle San Quirce, a la cual acudo todos los días de mi vida”, afirmó.

Ya al acabar el pleno, Carnero ha decidido retirar sus palabras y ha pedido disculpas a Fernández Antolín. “Si le ha molestado lo que yo he dicho, yo estoy dispuesto a retirarlo”, ha señalado. El regidor ha indicado que eliminaba del acta la referencia a la universidad y ha apostillado: “Ni usted es como ha aparecido ni yo soy como he dicho cuando me he referido a usted en esa cuestión”.

Pese a ello, el alcalde ha reiterado su malestar por las acusaciones vertidas por el concejal socialista sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la gestión de la integración. “Me ha molestado mucho que nos llame a todos nosotros o que interprete que llevamos a cabo actitudes trapaceras, porque es mentira”, ha zanjado mientras ofrecía a Fernández Antolín poder retractarse también.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos. 

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado tres enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el pleno el miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que “donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de ocho alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda. Lo que antes era un millón de euros ahora son ocho millones”. “No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque”, ha dicho Antoñanzas. 

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida. “No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur”, ha aseverado.

Al igual, Antoñanzas ha reclamado que “el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque”. “Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos”, ha asegurado. 

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado establecer el desarrollo de este sector por fases, que en cada una de ellas se establezca un porcentaje mínimo de ejecución de VPO, que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen. 

“Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas”, ha puntualizado. 

Antoñanzas ha incidido en que “planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico. Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos”. 

El Ayuntamiento de Logroño ha respondido a los “reparos de la COTUR a Rambalsque” de los que hace unos días hablaba el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas. La portavoz municipal, Celia Sanz, ha asegurado a los medios de comunicación tras la rueda habitual de la Junta de Gobierno que se prevé elevar a pleno “en pocas semanas” un nuevo acuerdo para aprobar definitivamente el proyecto del sector Ramblasque.

Sobre el informe de la COTUR ha recordado que el dictamen es “preceptivo, se ha emitido y ese informe actualmente está siendo analizado y estudiado a nivel técnico por los técnicos de esta casa”. Y ha añadido que “en pocas semanas habrá una propuesta de acuerdo emitida por nuestros servicios técnicos que elevaremos al pleno para aprobar definitivamente ese proyecto de Ramblasque”, ha adelantado Sanz. La aprobación requiere, en primer lugar, de una modificación del Plan General Municipal, también en tramitación.

En este sentido, ha abundado en que “estamos analizando ese informe de la COTUR, de manera que, una vez que se haya procedido a ese estudio, y con los preceptivos informes, se hará una propuesta de acuerdo para que en escasas semanas se eleve esa propuesta al pleno para ser aprobada definitivamente”. Una modificación del PGM, que se ya aprobó de manera inicial en el pleno, que “está prevista que se lleve con las características que se consideren necesarias en cuanto a valoraciones de todo tipo que se hayan hecho”.

“Nuestro objetivo es cumplir con algo que habíamos trasladado y a lo que hemos dado prioridad en todo momento, la necesidad que Logroño tiene para seguir construyendo vivienda, que es lo que este equipo de Gobierno se ha comprometido”, ha dicho Sanz, que ha unido “el una situación que estaba ahí enquistada desde hace más de 20 años”.

Todo, en una zona, ha apuntado la portavoz que “es el mayor potencial residencial que tiene la ciudad y por la que este equipo de Gobierno ha apostado ante esa demanda de vivienda que existe y con esa intención de que esa zona quede completamente reactivada, no solamente en cuanto a viviendas, sino también en la creación de un vial y en necesidades que los vecinos están demandando”.

Con este planteamiento sobre la mesa y respecto a los plazos de desarrollo, Celia Sanz ha apuntado que “una vez que esté aprobado definitivamente es cuando ya tendremos que ver los siguientes hitos administrativos y a medida que eso se vaya produciendo lo iremos comunicando”. “A priori nuestra hoja de ruta está muy bien definida, pero una vez que esté aprobado definitivamente es cuando pasaremos al siguiente hito administrativo que comunicaremos desde luego con absoluta transparencia igual que hemos hecho hasta la fecha”, ha finalizado.

La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño ha llegado al pleno municipal. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves la prestación de este servicio en Logroño frente a las crítica de buena parte de la oposición por la “privatización” y el “mal servicio”.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Mixto Podemos “para recuperar la calidad, la estabilidad y el control público del SAD en Logroño”. Una propuesta que ha sido rechazada con el 'no' de PP y Vox, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

En defensa de su moción, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha subrayado que “el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial del Ayuntamiento, del que dependen más de 2.000 familias, ”un servicio que no puede depender de un fondo que busca el beneficio económico“, citando ”numerosas quejas que están llegando por parte de los usuarios“.

Frente a eso, ha reclamado “reafirmar los principios del SAD, con criterios de continuidad asistencial, atención centrada en la persona o estabilidad de equipos”; “reforzar la inspección y el control municipal del contrato”; “habilitar un canal de comunicación y seguimiento con los usuarios y sus familias”; “actuar ante los incumplimientos de la empresa adjudicataria”; y “avanzar hacia la remunicipalizacion del SAD”.

En respuesta a la moción, desde el PR+ se ha reclamado la financiación “necesaria” y tener en cuenta “a las empresas de aquí”. Por parte de VOX, reconociendo “preocupación” por problemas en el servicio, ha considerado la propuesta como “simplista” e “ideológica”. El PSOE, por su parte, ha planteado la creación de una ordenanza específica y de una empresa municipal de servicios sociales “para una mejor gestión directa”.

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha dicho que “genera profunda tristeza escuchar el mensaje que están lanzando, parece que es un desastre y nada más lejos de la realidad, está ayudando a muchas personas y con una gestión muy buena, los logroñeses pueden venir con confianza, estamos viviendo aumento de horas y de usuarios”. Ha reconocido la edil que una de las quejas principales de la prestación del servicio es el cambio de personal, señalando que “el mercado ahora mismo no nos ofrece personas formadas”, aunque ha citado acciones “en las que estamos trabajando para poder contar con más personal”.

A ello ha sumado que “estamos implantando el SAD de cercanía, con lo que se está intentando poner solución al cambio de personal”, un proceso que “se está haciendo poco a poco”. “Todo cambio asusta, hemos estado haciendo acompañamiento personalizado para llevar adelante ese cambio y se han reconducido practicamente todas las situaciones”, ha asegurado Sáinz, quien ha incidido para finalizar en que “la valoración del servicio donde se ha ido implantando es positiva”.

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria de Pleno el nombramiento del periodista y escritor, Raúl del Pozo, como Hijo Adoptivo de la ciudad. Se lo han concedido a título póstumo tras su fallecimiento a los 89 años a principios de marzo de 2026, por su destacada labor profesional y por el amor que “siempre profesó a Cuenca”, según dejó patente en entrevistas y libros, tal y como ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, que el autor calificó como “la ciudad más bella del mundo”.

El condecorado

Raúl del Pozo nació en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros.

Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa ‘Entre dos luces’ de TVE y participó en debates y tertulias televisivas.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro ‘Cuenca. La primera Manhattan’, con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la demarcación de Toledo, asegura que no han podido llevar a cabo las visitas que ofrecieron “voluntariamente” para ayudar a los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina a evaluar los riesgos estructurales tras las inundaciones de febrero a consecuencia de la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Después de un tenso y acalorado debate en el Pleno municipal celebrado el 16 de marzo, el PSOE arremetía contra el equipo del alcalde José Julián Gregorio por “falta de transparencia” en la gestión de las inundaciones. El portavoz socialista señalaba que hasta el momento, Gregorio “no ha dado información ni documentación con informes técnicos, si es que realmente existen”, haciendo hincapié en que era necesario para que “los vecinos se puedan defender ante los seguros”.

Por su parte, el equipo de gobierno de PP y Vox alegaba la situación “extraordinaria” del episodio de lluvias, un argumento que no convencía a los socialistas. De su parte, Vox pedía “no politizar las desgracias”.

José Julián Gregorio cargaba contra la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que “está desaparecida” después de las inundaciones. No obstante, apuntaba que dotaría una inversión de 1,2 millones de euros no solo para “evitar inundaciones”, sino con intervenciones en el aliviadero que da al río Tajo, la sustitución “integral” del colector de la Calle Carretas, e incluso la idea de un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para la inspección de las viviendas de los vecinos afectados.

“Las visitas no pudieron iniciarse”

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos (COACM) expone que el día 5 de febrero ofrecieron su ayuda de forma “completamente gratuita y voluntaria”, para realizar un servicio de inspección de viviendas donde podrían evaluar los riesgos estructurales derivados de las inundaciones. Cuatro días más tarde, recalcan que los “técnicos y responsables municipales acordaron trabajar conjuntamente”, y que el 12 de febrero desde el COACM ya contaban con “un grupo de 10 arquitectos voluntarios listos para actuar”.

Aseguran que durante los días siguientes el COACM “mantuvo contacto con el Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia”, pero que para actuar necesitaban dos elementos “básicos”: el listado de los inmuebles afectados y el contacto de los propietarios, gestiones que “correspondían al Ayuntamiento”. Por otro lado, exponen que desde el Consistorio les trasladaron el 2 de marzo que organizasen “las visitas de manera autónoma”. Apuntan que ellos aceptaron solicitando que cada pareja de arquitectos fuese acompañado por un agente de la autoridad municipal que “facilitara el acceso a los inmuebles y el contacto con los propietarios”, pero que esa petición “no llegó a concretarse, por lo que las visitas nunca pudieron iniciarse”.

Desde el COAM explican que ante la falta de las condiciones mínimas necesarias y la falta de avances, y dado el tiempo transcurrido desde el siniestro, la comisión de emergencias del Colegio consideró el 18 de marzo que las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención“.

El PSOE de Talavera recrimina a Gregorio que “miente”

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina recrimina al equipo de gobierno del ayuntamiento (PP-Vox) de “mentir” con respecto a la gestión de las inundaciones ocurridas durante el pasado mes de febrero en la localidad toledana, ya que según destacan “no hay convenio con el Colegio de Arquitectos por la falta de predisposición del Gobierno local”.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha señalado que durante el Pleno extraordinario el propio alcalde “afirmó que iba a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para revisar el estado de las viviendas de los afectados”; sin embargo, el Colegio, después del tiempo transcurrido desde su disposición, apuntaba que “las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención”.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “el alcalde sabía perfectamente bien que no había facilitado los medios que el Colegio de Arquitectos había pedido para poder realizar las inspecciones técnicas oportunas y, sin embargo, afirmó en Pleno que se iba a firmar un convenio con ellos, mintiendo una vez más a la ciudadanía y, lo que es más grave, a todos los afectados que se encontraban en ese momento en el salón de Plenos”.

Desde el Grupo Socialista han querido agradecer tanto al Colegio de Arquitectos como a la Asociación de Arquitectos por Talavera (AxTa) su “predisposición y agilidad” para ayudar a los vecinos y vecinas afectadas y han lamentado que “ni la agilidad ni la predisposición llegase por parte de un Gobierno local que a día de hoy sigue sin dar explicaciones sobre las inundaciones”.

Los socialistas han apuntado que 49 días después de las inundaciones, el alcalde “no solo no ha dado una sola explicación ni al Grupo Socialista ni a los vecinos afectados, sino que tampoco ha puesto en marcha la Oficina de Atención que fue aprobada por unanimidad en el Pleno”. “Una vez más vemos como los vecinos y vecinas de Talavera se encuentran desamparados ante el abandono del alcalde” han lamentado.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y detallan que “en principio no” van a hacer declaraciones sobre este tema.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha informado de que el próximo viernes, en el pleno del mes de marzo, presentarán una moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente.

El Gobierno municipal se refiere al accidente en una nota de prensa como “una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas” y, por ello, “cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión”, en referencia a las “informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones”. “Es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias”, insiste Felipe Arias.

Por ello, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento onubense elevará al pleno la exigencia de dimisión o cese del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif, además de reclamar una investigación independiente.

En el pleno municipal de Logroño se ha hablado de vivienda de protección oficial. El alcalde de Logroño, Conrado Escoar, ha defendido la gestión la gestión del Plan de Vivienda de la ciudad, en el que, como ha avanzado, “se va a poder contar con 1.400 VPO en los próximos años”, frente a lo que ha considerado “bulo, ruido y linchamiento” por parte de la oposición. Así lo ha asegurado el primer edil durante su intervención para cerrar la comparecencia que, a petición propia, había solicitado en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad de este mes de marzo, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, para dar cuenta de la “licitación, construcción y adjudicación de VPO en solares municipales”.

Una comparecencia resultado de las críticas de las últimas semanas por parte sobre todo de PSOE y Partido Riojano respecto a la adjudicación de 104 viviendas protegidas del Plan de Vivienda municipal, que, al ser de promoción privada, ha sido realizada por las propias promotoras.

PP: “Todo se ha realizado con toda legalidad”

En su explicación inicial, Sáinz ha defendido también el Plan de Vivivenda que “dos años y medio despuñes” de su puesta en marcha “está dando sus frutos”, en lo que ha citado “77 viviendas en proindivisos; los 24 VPO para alquiler social con el Gobierno regional en la Plaza de los Cuentos; la enajenación de 15 viviendas en el Casco Histórico; o el desatasco de una veintena de PERIs”.

“Lo que ustedes llaman escándalo, nosotros lo llamamos buena noticia”, ha dicho la edil, quien ha lamentado que “están poniendo en duda, con desinformación sobre la gestión, todo lo que se ha ido realizando con toda la legalidad, no ha habido ninguna irregularidad”. Por eso, ha criticado que “están tergiversando datos, sembrando dudas y saboteando lo que es una buena noticia”.

Ha explicado que se está procediendo “de forma transparente” y el “respaldo de un pliego correcto y garantista”, con un “triple filtro de control”, desde la obligatoriedad del registro en el IRVI hasta los visados por parte del Gobierno regional, hasta el último control por parte municipal.

Y también se ha referido a la diferencia entre la forma de actuar en una promoción de vivienda protegida pública “con sorteos” y de promoción privada “en la que se utilizan otros procedimientos”. “Desde el primer momento, dijimos que no íbamos a renunciar a ninguna herramienta para poner vivenda a disposición de los logroñeses”.

Sáinz ha apuntado que “nadie alegó nada” al pliego de condiciones y ha dado datos sobre los inscritos en el proceso, “porque no son los más de 4.100 que ustedes afirman, porque ahí están de compra, de alquiler tanto de Logroño como de toda La Rioja”. Así, finalmente, “hay 2.310 inscritos en la capital, de los que 500 se inscribieron en una promoción y 900 en otra, con muchos otros que han renunciado por diferentes motivos”.

Y del mismo modo, ha señalado el aumento de las inscripciones en el IRVI, dsde los 117 de 2010 hasta los 361 de 204, “cuando se habló ya de Plan de Vivienda”, y a los 1.777 del año pasado, ya con la vivienda protegida sobre la mesa. “La información ha llegado a la gente”, ha asegurado.

Eva Loza: “no hay indicio de acreditado de irregularidad”

Por parte de los Grupos, la concejala no adscrita Eva Loza ha respaldado al Gobierno local, apuntando que “no hay ni un solo indicio acreditado de irregularidad” y afeando el “linchamiento” a la concejala “que ha alcanzado una dimensión excesiva, llena de demagogia y de populismo”, al tiempo que ha considerado “legítimo y sin nada que reprochar” el modelo.

El PR pide las listas de adjudicatarios

El regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que “no es el primer escándalo urbanístico de esta legislatura, pero no es uno más, porque han sido muchas las personas que se han visto sin oportunidad de poder acceder a una VPO”, para exigir al alcalde “que ponga a disposición de todos las listas de los adjudicatarios, para acallar así las dudas y la desconfianza”.

Podemos: “La adjudicación no ha sido transparente”

Amaia Castro, por parte de Podemos, ha culpado a la concejala de Vivienda “de causar usted misma buena parte del problema” al hablar de que “las viviendas 'podrían haberse dado a dedo', lo que es grave, y pero más grave es cuando dijo que no había sido así, cómo lo sabe; y más todavía cuando las promotoras dicen que el criterio que se tienen que asegurar es la solvencia económica”. “La adjudicación no ha sido transparente”, ha concluido.

Vox: “La adjudicaicón se ha hecho como se tenía que hacer”

La edil de Vox Patricia González Lacarra ha calificado “el relato que está fabricando la oposición como engañoso y que genera una alarma innecesaria”, con “afirmaciones falsas cuando dicen PSOE y PR+ que la adjudicación no se ha hecho bien, están creando una sospecha sobre un proceso en el que parece que lo que les molesta es que sea de promoción privada”. “La adjudicación se ha hecho como se tenía que hacer”, ha concluido.

PSOE: “¿Le dan miedo los nombres que puedan aparecer?

Por parte del PSOE ha intervenido en primer lugar el concejal Iván Reinares, quien ha hablado de “situación grave” por la que ha apelado directamente al alcalde “para que responda”, especialmente, sobre la lista de adjudicatarios, “¿o le da miedo los nombres que puedan aparecer?”, se ha preguntado. Y el portavoz del Grupo Luis Alonso ha completado la intervención señalando que “hay 2.200 personas que se sienten estafadas”, para un proceso “sin concurrencia ni publicidad”.

PP: “Los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”

Y desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha afirmado que “el procedimiento se ajusta a la normativa, y lo saben”, acusando a la oposición de “una campaña de insinuación permanente de irregularidades donde no las hay, los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”.

Escobar: “De quien nada hizo, nada se puede esperara”

Para cerrar la comparecencia, el alcalde ha cuestionado a los socialistas sobre si “se sienten ustedes cómodos con lo que están haciendo, siempre hacen lo mismo: primero, el embosque a ver qué pasa; segundo, sabotaje por la vía del ruido y del linchamiento; y llegarmos al tercero, que será que el Plan de Vivienda lo hizo el PSOE”.

Por contra, ha puesto en valor este Plan, en el que ha incluido dos temas aprobados hoy mismo -la modificación del PGM para 45 viviendas en colaboración con el Gobierno y la posibilidad de acuerdo con la SAREB “con la que ya se está hablando”, además de las 24 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos “que estarán este año”-, por lo que ha asegurado que “el Plan de Vivienda sigue su curso”.

“De quién nada hizo, nada se puede esperar, y el bulo, la crispación y el ruido es el pero camino, pero con eso no van a construir una sola vivienda, al contrario, están dañando el procedimiento”, ha incidido Escobar, quien ha insistido en “seguir trabajando en lo que es una emergencia social, la vivienda”. Algo que ha centrado sobre dos ejes: “activar la gestión urbanística, para aprovechar todas las oportunidades del PGM”, con 23 actuaciones “que van a acabar poniendo a disposición en los próximos años, incluyendo Ramblasque, más de 1.400 VPO” en toda la ciudad.

Y, en segundo lugar, apostando por “convertir patrimonio municipal en vivienda protegida, rehabilitada o libre, y reinvirtiendo lo que se logre de esa enajenación en más vivienda”, en lo que ha citado otra actuación con el Gobierno riojano para 110 VPO y, sin dar más detalles, otra futura actuación en Varea.

En el mismo pleno muncipal se ha votado la moción del Partido Riojano que pedía que “se garantizara la concurrencia pública, la publcidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal, reforzando el control municipal.

En contra de recuperar los sorteos

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de marzo, ha rechazado -con el 'sí' de PR+ y Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Vox y la edil no adscrita Eva Loza- una moción regionalista “para garantizar la concurrencia pública, la publicidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal”, reforzando el control municipal.

Para ello, su portavoz, Rubén Antoñanzas, ha planteado que “se dé máxima difusión pública de cada promoción, con información detallada de los requisitos, plazos y listados de inscritos y adjudicatarios, seleccionados -ha recalcado- mediante sorteo público ante notario”. Todo esto, ha dicho, “para el futuro, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado ahora”, aunque ha reclamado también al alcalde “que, para el presente, entregue el listado de los adjudicatarios y dé una explicación sobre lo ocurrido”, ya que, como ha recordado, “la única opción que tienen hoy las familias de rentas medias y los jóvenes para acceder a una vivienda en Logroño es la vivienda protegida”. Sin embaro, la propuesta no ha salido adelante y no habrá sorteos.