El Ayuntamiento de Pareja, en Guadalajara, ha aprobado por unanimidad, con el respaldo de los dos grupos políticos de la Corporación (PP y PSOE), su rechazo al parque eólico 'Titán', proyectado sobre uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

El pleno acuerda impulsar todas las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para solicitar la paralización del proyecto y defender un entorno que constituye “uno de los principales patrimonios naturales y económicos de la localidad”.

La iniciativa responde a la tramitación de los parques eólicos 'Titán', 'Mimas' y 'Dione', promovidos para su hibridación con instalaciones fotovoltaicas ya existentes. En el caso de Pareja, el proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores en un enclave forestal situado sobre el casco urbano.

Un acuerdo unánime para proteger el territorio

El alcalde de Pareja, Javier del Río, destaca que este proyecto ha levantado “una frontal oposición” en todos los vecinos, colectivos y asociaciones. “Por ello, nuestro ayuntamiento, de forma decidida y unánime, va a estar siempre al lado de los vecinos, de la defensa de un espacio natural de gran valor que pertenece a todos, y de un monte que forma parte de la identidad cultural y de la forma de vida tradicional de Pareja y de la Alcarria”.

El área afectada constituye “un espacio forestal público de extraordinaria riqueza ambiental”, situado sobre el propio pueblo, que alberga numerosas especies de flora y fauna protegidas y por el que discurre el río Ompólveda, recientemente declarado Reserva Natural Fluvial, que vierte sus aguas en el azud de Pareja y del que se abastece el municipio“, añade Javier del Río.

El regidor afirma que “no hablamos únicamente de un paisaje de gran belleza, que también, sino de un patrimonio cultural y natural de enorme valor ecológico que debemos conservar para las generaciones futuras”.

Además de las afecciones ambientales recogidas en la documentación del expediente, el Ayuntamiento y las asociaciones locales consideran que la implantación del parque tendría importantes consecuencias para el desarrollo económico del municipio.

El modelo de crecimiento de Pareja está estrechamente vinculado al turismo de naturaleza, al turismo deportivo y al aprovechamiento sostenible de su entorno natural, actividades que constituyen “los principales motores de la economía local”.

“Nuestro futuro pasa precisamente por conservar aquello que nos hace diferentes. La belleza de nuestro paisaje, nuestros montes, nuestros senderos, nuestra miel y nuestros recursos naturales son la base de muchas iniciativas empresariales y del modo de vida de nuestros vecinos. Un proyecto de estas características supondría un impacto imposible de revertir”, recalca del Río.

Solicitud de paralización

El acuerdo plenario contempla la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y ambientales necesarios para formular las alegaciones correspondientes durante la tramitación del expediente.

Asimismo, el acuerdo unánime del Ayuntamiento solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la paralización del proyecto dentro del ámbito de sus respectivas competencias, al tiempo que faculta al alcalde para realizar cuantas gestiones resulten necesarias en defensa de los intereses municipales.

Además, el Ayuntamiento, de forma conjunta con la asociación 'Alcarria viva', están realizando numerosas iniciativas para manifestar la oposición vecinal al proyecto, como recogida de firmas, y presentación de alegaciones conjuntas.

Del Río concluye afirmando que la planificación energética debe realizarse “con criterios ambientales, sociales y territoriales”. “Hay lugares donde, simplemente, no debería plantearse una actuación de estas características”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha vuelto a demostrar que los acuerdos aprobados en el pleno “solo se cumplen cuando a él le interesa”, como ha ocurrido con la moción aprobada con motivo del Día del Orgullo, pues no ha cumplido uno de sus puntos más simbólicos como era la colocación de la bandera LGTBI en dependencias municipales.

“Hemos podido comprobar durante todo el fin de semana como la bandera no se ha colocado en ningún momento a pesar de que el pasado viernes el pleno local aprobó esta medida dentro de la moción presentada por los socialistas, ha denunciado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez.

“¿Por qué cree que puede saltar a la torera un acuerdo aprobado democráticamente?”

Por eso han solicitado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Alcalde, para que dé explicaciones sobre las razones por las que se ha incumplido este acuerdo plenario que fue aprobado por una mayoría.

“¿Por qué se cree José Julián Gregorio que puede saltarse a la torera un acuerdo de Pleno aprobado democráticamente por la mayoría de la corporación?” han preguntado los socialistas, quienes han considerado “muy grave” que el propio alcalde decida qué acuerdos plenarios cumple y cuáles no.

“Nos imaginamos que este incumplimiento responde más a los intereses políticos de los dos socios de gobierno que a cualquier cuestión administrativa”, han criticado los socialistas, que añaden que los acuerdos plenarios “no son una sugerencia ni una recomendación, son decisiones democráticas que deben cumplirse, gusten más o menos al alcalde”.

Se pondrá el martes 30 de junio, responde el equipo de Gobierno

Tras la denuncia del Grupo Municipal Socialista, el equipo de Gobierno ha reaccionado con un escueto comunicado aclarando que, tras el acuerdo del Pleno municipal del 26 de junio y “tras la emisión de un informe de la Secretaría Municipal del pasado viernes a última hora de la tarde”, la bandera LGTBI se instalará “a lo largo del día de mañana martes 30 de junio, en dependencias municipales”. 

El Día Internacional del Orgullo LGTBI se celebró ayer domingo, 28 de junio.

“Recortar la voz vecinal no es participación”. Con estas palabras ha querido denunciar la Federación de Asociaciones Vecinales de Toledo la decisión del equipo de Gobierno municipal, del PP y Vox, de recortar a la mitad el tiempo de participación de las asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad.

La Federación de Asociaciones Vecinales apunta que este cambio se ha producido en el reglamento que regula los plenos del Consistorio local, y que consiste en reducir de diez a cinco minutos el tiempo de intervención de las entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública municipal.

“No es una cuestión menor ni un simple ajuste técnico: es un claro retroceso democrático”, apuntan. Consideran “profundamente preocupante” que, mientras desde el Ayuntamiento se habla constantemente de “escuchar a la ciudadanía” y de “fomentar la participación”, las medidas reales “vayan precisamente en la dirección contraria”.

Destaca la Federación que recortar el tiempo de intervención de las asociaciones vecinales y entidades sociales significa “limitar su capacidad para trasladar problemas, propuestas y reivindicaciones que afectan directamente a los barrios y a la vida diaria de la ciudad”.

Reducir nuestra voz a la mitad es un mensaje político muy claro: molesta la participación cuando es crítica, incómoda o exige responsabilidades

“Las entidades ciudadanas no acudimos al pleno para hacer propaganda ni perder el tiempo. Representamos a cientos de vecinos y vecinas, trabajamos diariamente sobre el terreno y llevamos años cubriendo muchas veces las carencias de las administraciones. Reducir nuestra voz a la mitad es un mensaje político muy claro: molesta la participación cuando es crítica, incómoda o exige responsabilidades”, subrayan.

Por eso, este colectivo se pregunta cuáles serán las siguientes medidas: “¿Poner más trabas burocráticas? ¿Limitar qué temas pueden plantearse? ¿Convertir la participación en un simple trámite vacío y controlado?”.

Concluyen remarcando que la participación ciudadana “no puede ser un decorado para las fotos institucionales” ni una “palabra bonita” en los discursos oficiales. Por el contrario, defienden que debe ser “un compromiso real con el diálogo, la escucha y el respeto hacia el tejido asociativo” de Toledo.

Exigen finalmente que el Ayuntamiento rectifique, bajo la premisa de que la democracia “se fortalece escuchando más a la ciudadanía, no silenciándola” y en que “una ciudad con menos participación es una ciudad con menos democracia”.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos del Ayuntamiento de Albacete van a aprobar una moción conjunta en defensa de la cuchillería en el próximo Pleno municipal.

Se trata de un texto pactado con la Asociación de Cuchillerías y Afines (Aprecu) e inspirado en sus peticiones, para “liderar un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta que va a aprobar el Pleno el próximo jueves se dirige “al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado” pidiendo que las futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Asimismo, el texto de la moción pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier futura modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

Otro objetivo de la moción es “impulsar declaraciones institucionales tanto en la Diputación de Albacete como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado, de apoyo al sector cuchillero albaceteño y de rechazo de la criminalización a la industria cuchillera”.

Ciudad de la Cuchillería

En la moción se argumenta que “Albacete es la Ciudad de la Cuchillería por excelencia en toda España, y aglutina el 90% de la producción cuchillera nacional”, y se recuerdan los seis siglos de tradición cuchillera en la ciudad. Por ello, “de la mano de Aprecu defendemos el oficio cuchillero y promovemos una idea clara: la navaja no es un arma en sí misma, sino una herramienta de trabajo, de uso tradicional y una seña de identidad histórica”.

El texto recoge la preocupación del sector por recientes informaciones sobre una posible reforma del Reglamento de Armas para incorporar restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, y se recuerda que “Aprecu y el Ayuntamiento comparten la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana, pero hay que diferenciar entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima de un sector histórico, industrial, artesanal y económico que representa miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural. El ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal, y debe actuarse contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, pero nunca criminalizar su uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo”.

También se recuerda que “Aprecu viene trasladando hace meses su preocupación por la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operan conforme a la legislación vigente, perjudicando a esas empresas y a los propios consumidores”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha atacado al concejal del PSOE, Javier Fernández Antolín, por su vinculación con el “sanchismo” y por su labor como profesor universitario. “Me da mucha pena que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”, ha afirmado el regidor como reacción a las críticas de edil socialista sobre el soterramiento ferroviario y el empadronamiento de Carnero en la ciudad para poder presentarse a las elecciones de 2023.

Fernández Antolín, edil que dejó Ciudadanos para presentarse en la lista del PSOE en 2023 y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, ha criticado la gestión municipal en torno al soterramiento y ha acusado al Ayuntamiento de sostener una “falacia” sobre la viabilidad del proyecto. El edil del PSOE ha asegurado que algunos representantes del equipo de gobierno de PP y Vox actuaban con “trapacerías” dentro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)

En su intervención, en respuesta a diferentes propuestas realizadas por Vox, entre ellas la persecución de los “empadronamientos ilegales”, ha cuestionado también el empadronamiento de Carnero antes de las elecciones municipales de 2023. “El señor Carnero vivía y vive en Simancas y, sin embargo, está empadronado en Valladolid”, ha afirmado. “El fraude lo tiene usted sentado a su izquierda —sitió que ocupaba el regidor—”, ha agregado para recplciar a la teniente de alcalde, Irene Carvajal.

Tras esto, Carnero decidía ar respuesta al concejal socialista reprochándole el uso del término “trapacero” y ha aprovechado para reprocharle su paso de Ciudadanos al PSOE. “¿Usted cree que yo le podría llamar trapacero por haber abandonado una formación como era Ciudadanos para irse con la 'banda del sanchismo'?”, ha comentado

El alcalde de Valladolid fue a más con Antolín. “Lo único que sí me da es muchísima pena que esté con el sanchismo, y lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad”.

Entre los reproches de la oposición, Carnero ha insistido otras dos veces más: “A mí lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas”.

El alcalde ha defendido la legalidad de su empadronamiento en Valladolid y ha recordado sus vínculos personales y familiares con la ciudad. “Yo he vivido en la calle Amor de Dios, he vivido en la calle Estadio y estoy empadronado en la calle San Quirce, a la cual acudo todos los días de mi vida”, afirmó.

Ya al acabar el pleno, Carnero ha decidido retirar sus palabras y ha pedido disculpas a Fernández Antolín. “Si le ha molestado lo que yo he dicho, yo estoy dispuesto a retirarlo”, ha señalado. El regidor ha indicado que eliminaba del acta la referencia a la universidad y ha apostillado: “Ni usted es como ha aparecido ni yo soy como he dicho cuando me he referido a usted en esa cuestión”.

Pese a ello, el alcalde ha reiterado su malestar por las acusaciones vertidas por el concejal socialista sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la gestión de la integración. “Me ha molestado mucho que nos llame a todos nosotros o que interprete que llevamos a cabo actitudes trapaceras, porque es mentira”, ha zanjado mientras ofrecía a Fernández Antolín poder retractarse también.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos. 

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado tres enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el pleno el miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que “donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de ocho alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda. Lo que antes era un millón de euros ahora son ocho millones”. “No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque”, ha dicho Antoñanzas. 

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida. “No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur”, ha aseverado.

Al igual, Antoñanzas ha reclamado que “el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque”. “Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos”, ha asegurado. 

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado establecer el desarrollo de este sector por fases, que en cada una de ellas se establezca un porcentaje mínimo de ejecución de VPO, que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen. 

“Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas”, ha puntualizado. 

Antoñanzas ha incidido en que “planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico. Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos”. 

El Ayuntamiento de Logroño ha respondido a los “reparos de la COTUR a Rambalsque” de los que hace unos días hablaba el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas. La portavoz municipal, Celia Sanz, ha asegurado a los medios de comunicación tras la rueda habitual de la Junta de Gobierno que se prevé elevar a pleno “en pocas semanas” un nuevo acuerdo para aprobar definitivamente el proyecto del sector Ramblasque.

Sobre el informe de la COTUR ha recordado que el dictamen es “preceptivo, se ha emitido y ese informe actualmente está siendo analizado y estudiado a nivel técnico por los técnicos de esta casa”. Y ha añadido que “en pocas semanas habrá una propuesta de acuerdo emitida por nuestros servicios técnicos que elevaremos al pleno para aprobar definitivamente ese proyecto de Ramblasque”, ha adelantado Sanz. La aprobación requiere, en primer lugar, de una modificación del Plan General Municipal, también en tramitación.

En este sentido, ha abundado en que “estamos analizando ese informe de la COTUR, de manera que, una vez que se haya procedido a ese estudio, y con los preceptivos informes, se hará una propuesta de acuerdo para que en escasas semanas se eleve esa propuesta al pleno para ser aprobada definitivamente”. Una modificación del PGM, que se ya aprobó de manera inicial en el pleno, que “está prevista que se lleve con las características que se consideren necesarias en cuanto a valoraciones de todo tipo que se hayan hecho”.

“Nuestro objetivo es cumplir con algo que habíamos trasladado y a lo que hemos dado prioridad en todo momento, la necesidad que Logroño tiene para seguir construyendo vivienda, que es lo que este equipo de Gobierno se ha comprometido”, ha dicho Sanz, que ha unido “el una situación que estaba ahí enquistada desde hace más de 20 años”.

Todo, en una zona, ha apuntado la portavoz que “es el mayor potencial residencial que tiene la ciudad y por la que este equipo de Gobierno ha apostado ante esa demanda de vivienda que existe y con esa intención de que esa zona quede completamente reactivada, no solamente en cuanto a viviendas, sino también en la creación de un vial y en necesidades que los vecinos están demandando”.

Con este planteamiento sobre la mesa y respecto a los plazos de desarrollo, Celia Sanz ha apuntado que “una vez que esté aprobado definitivamente es cuando ya tendremos que ver los siguientes hitos administrativos y a medida que eso se vaya produciendo lo iremos comunicando”. “A priori nuestra hoja de ruta está muy bien definida, pero una vez que esté aprobado definitivamente es cuando pasaremos al siguiente hito administrativo que comunicaremos desde luego con absoluta transparencia igual que hemos hecho hasta la fecha”, ha finalizado.

La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño ha llegado al pleno municipal. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves la prestación de este servicio en Logroño frente a las crítica de buena parte de la oposición por la “privatización” y el “mal servicio”.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Mixto Podemos “para recuperar la calidad, la estabilidad y el control público del SAD en Logroño”. Una propuesta que ha sido rechazada con el 'no' de PP y Vox, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

En defensa de su moción, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha subrayado que “el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial del Ayuntamiento, del que dependen más de 2.000 familias, ”un servicio que no puede depender de un fondo que busca el beneficio económico“, citando ”numerosas quejas que están llegando por parte de los usuarios“.

Frente a eso, ha reclamado “reafirmar los principios del SAD, con criterios de continuidad asistencial, atención centrada en la persona o estabilidad de equipos”; “reforzar la inspección y el control municipal del contrato”; “habilitar un canal de comunicación y seguimiento con los usuarios y sus familias”; “actuar ante los incumplimientos de la empresa adjudicataria”; y “avanzar hacia la remunicipalizacion del SAD”.

En respuesta a la moción, desde el PR+ se ha reclamado la financiación “necesaria” y tener en cuenta “a las empresas de aquí”. Por parte de VOX, reconociendo “preocupación” por problemas en el servicio, ha considerado la propuesta como “simplista” e “ideológica”. El PSOE, por su parte, ha planteado la creación de una ordenanza específica y de una empresa municipal de servicios sociales “para una mejor gestión directa”.

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha dicho que “genera profunda tristeza escuchar el mensaje que están lanzando, parece que es un desastre y nada más lejos de la realidad, está ayudando a muchas personas y con una gestión muy buena, los logroñeses pueden venir con confianza, estamos viviendo aumento de horas y de usuarios”. Ha reconocido la edil que una de las quejas principales de la prestación del servicio es el cambio de personal, señalando que “el mercado ahora mismo no nos ofrece personas formadas”, aunque ha citado acciones “en las que estamos trabajando para poder contar con más personal”.

A ello ha sumado que “estamos implantando el SAD de cercanía, con lo que se está intentando poner solución al cambio de personal”, un proceso que “se está haciendo poco a poco”. “Todo cambio asusta, hemos estado haciendo acompañamiento personalizado para llevar adelante ese cambio y se han reconducido practicamente todas las situaciones”, ha asegurado Sáinz, quien ha incidido para finalizar en que “la valoración del servicio donde se ha ido implantando es positiva”.

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria de Pleno el nombramiento del periodista y escritor, Raúl del Pozo, como Hijo Adoptivo de la ciudad. Se lo han concedido a título póstumo tras su fallecimiento a los 89 años a principios de marzo de 2026, por su destacada labor profesional y por el amor que “siempre profesó a Cuenca”, según dejó patente en entrevistas y libros, tal y como ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, que el autor calificó como “la ciudad más bella del mundo”.

El condecorado

Raúl del Pozo nació en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros.

Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa ‘Entre dos luces’ de TVE y participó en debates y tertulias televisivas.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro ‘Cuenca. La primera Manhattan’, con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la demarcación de Toledo, asegura que no han podido llevar a cabo las visitas que ofrecieron “voluntariamente” para ayudar a los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina a evaluar los riesgos estructurales tras las inundaciones de febrero a consecuencia de la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Después de un tenso y acalorado debate en el Pleno municipal celebrado el 16 de marzo, el PSOE arremetía contra el equipo del alcalde José Julián Gregorio por “falta de transparencia” en la gestión de las inundaciones. El portavoz socialista señalaba que hasta el momento, Gregorio “no ha dado información ni documentación con informes técnicos, si es que realmente existen”, haciendo hincapié en que era necesario para que “los vecinos se puedan defender ante los seguros”.

Por su parte, el equipo de gobierno de PP y Vox alegaba la situación “extraordinaria” del episodio de lluvias, un argumento que no convencía a los socialistas. De su parte, Vox pedía “no politizar las desgracias”.

José Julián Gregorio cargaba contra la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que “está desaparecida” después de las inundaciones. No obstante, apuntaba que dotaría una inversión de 1,2 millones de euros no solo para “evitar inundaciones”, sino con intervenciones en el aliviadero que da al río Tajo, la sustitución “integral” del colector de la Calle Carretas, e incluso la idea de un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para la inspección de las viviendas de los vecinos afectados.

“Las visitas no pudieron iniciarse”

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos (COACM) expone que el día 5 de febrero ofrecieron su ayuda de forma “completamente gratuita y voluntaria”, para realizar un servicio de inspección de viviendas donde podrían evaluar los riesgos estructurales derivados de las inundaciones. Cuatro días más tarde, recalcan que los “técnicos y responsables municipales acordaron trabajar conjuntamente”, y que el 12 de febrero desde el COACM ya contaban con “un grupo de 10 arquitectos voluntarios listos para actuar”.

Aseguran que durante los días siguientes el COACM “mantuvo contacto con el Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia”, pero que para actuar necesitaban dos elementos “básicos”: el listado de los inmuebles afectados y el contacto de los propietarios, gestiones que “correspondían al Ayuntamiento”. Por otro lado, exponen que desde el Consistorio les trasladaron el 2 de marzo que organizasen “las visitas de manera autónoma”. Apuntan que ellos aceptaron solicitando que cada pareja de arquitectos fuese acompañado por un agente de la autoridad municipal que “facilitara el acceso a los inmuebles y el contacto con los propietarios”, pero que esa petición “no llegó a concretarse, por lo que las visitas nunca pudieron iniciarse”.

Desde el COAM explican que ante la falta de las condiciones mínimas necesarias y la falta de avances, y dado el tiempo transcurrido desde el siniestro, la comisión de emergencias del Colegio consideró el 18 de marzo que las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención“.

El PSOE de Talavera recrimina a Gregorio que “miente”

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina recrimina al equipo de gobierno del ayuntamiento (PP-Vox) de “mentir” con respecto a la gestión de las inundaciones ocurridas durante el pasado mes de febrero en la localidad toledana, ya que según destacan “no hay convenio con el Colegio de Arquitectos por la falta de predisposición del Gobierno local”.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha señalado que durante el Pleno extraordinario el propio alcalde “afirmó que iba a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para revisar el estado de las viviendas de los afectados”; sin embargo, el Colegio, después del tiempo transcurrido desde su disposición, apuntaba que “las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención”.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “el alcalde sabía perfectamente bien que no había facilitado los medios que el Colegio de Arquitectos había pedido para poder realizar las inspecciones técnicas oportunas y, sin embargo, afirmó en Pleno que se iba a firmar un convenio con ellos, mintiendo una vez más a la ciudadanía y, lo que es más grave, a todos los afectados que se encontraban en ese momento en el salón de Plenos”.

Desde el Grupo Socialista han querido agradecer tanto al Colegio de Arquitectos como a la Asociación de Arquitectos por Talavera (AxTa) su “predisposición y agilidad” para ayudar a los vecinos y vecinas afectadas y han lamentado que “ni la agilidad ni la predisposición llegase por parte de un Gobierno local que a día de hoy sigue sin dar explicaciones sobre las inundaciones”.

Los socialistas han apuntado que 49 días después de las inundaciones, el alcalde “no solo no ha dado una sola explicación ni al Grupo Socialista ni a los vecinos afectados, sino que tampoco ha puesto en marcha la Oficina de Atención que fue aprobada por unanimidad en el Pleno”. “Una vez más vemos como los vecinos y vecinas de Talavera se encuentran desamparados ante el abandono del alcalde” han lamentado.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y detallan que “en principio no” van a hacer declaraciones sobre este tema.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha informado de que el próximo viernes, en el pleno del mes de marzo, presentarán una moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente.

El Gobierno municipal se refiere al accidente en una nota de prensa como “una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas” y, por ello, “cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión”, en referencia a las “informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones”. “Es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias”, insiste Felipe Arias.

Por ello, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento onubense elevará al pleno la exigencia de dimisión o cese del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif, además de reclamar una investigación independiente.

En el pleno municipal de Logroño se ha hablado de vivienda de protección oficial. El alcalde de Logroño, Conrado Escoar, ha defendido la gestión la gestión del Plan de Vivienda de la ciudad, en el que, como ha avanzado, “se va a poder contar con 1.400 VPO en los próximos años”, frente a lo que ha considerado “bulo, ruido y linchamiento” por parte de la oposición. Así lo ha asegurado el primer edil durante su intervención para cerrar la comparecencia que, a petición propia, había solicitado en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad de este mes de marzo, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, para dar cuenta de la “licitación, construcción y adjudicación de VPO en solares municipales”.

Una comparecencia resultado de las críticas de las últimas semanas por parte sobre todo de PSOE y Partido Riojano respecto a la adjudicación de 104 viviendas protegidas del Plan de Vivienda municipal, que, al ser de promoción privada, ha sido realizada por las propias promotoras.

PP: “Todo se ha realizado con toda legalidad”

En su explicación inicial, Sáinz ha defendido también el Plan de Vivivenda que “dos años y medio despuñes” de su puesta en marcha “está dando sus frutos”, en lo que ha citado “77 viviendas en proindivisos; los 24 VPO para alquiler social con el Gobierno regional en la Plaza de los Cuentos; la enajenación de 15 viviendas en el Casco Histórico; o el desatasco de una veintena de PERIs”.

“Lo que ustedes llaman escándalo, nosotros lo llamamos buena noticia”, ha dicho la edil, quien ha lamentado que “están poniendo en duda, con desinformación sobre la gestión, todo lo que se ha ido realizando con toda la legalidad, no ha habido ninguna irregularidad”. Por eso, ha criticado que “están tergiversando datos, sembrando dudas y saboteando lo que es una buena noticia”.

Ha explicado que se está procediendo “de forma transparente” y el “respaldo de un pliego correcto y garantista”, con un “triple filtro de control”, desde la obligatoriedad del registro en el IRVI hasta los visados por parte del Gobierno regional, hasta el último control por parte municipal.

Y también se ha referido a la diferencia entre la forma de actuar en una promoción de vivienda protegida pública “con sorteos” y de promoción privada “en la que se utilizan otros procedimientos”. “Desde el primer momento, dijimos que no íbamos a renunciar a ninguna herramienta para poner vivenda a disposición de los logroñeses”.

Sáinz ha apuntado que “nadie alegó nada” al pliego de condiciones y ha dado datos sobre los inscritos en el proceso, “porque no son los más de 4.100 que ustedes afirman, porque ahí están de compra, de alquiler tanto de Logroño como de toda La Rioja”. Así, finalmente, “hay 2.310 inscritos en la capital, de los que 500 se inscribieron en una promoción y 900 en otra, con muchos otros que han renunciado por diferentes motivos”.

Y del mismo modo, ha señalado el aumento de las inscripciones en el IRVI, dsde los 117 de 2010 hasta los 361 de 204, “cuando se habló ya de Plan de Vivienda”, y a los 1.777 del año pasado, ya con la vivienda protegida sobre la mesa. “La información ha llegado a la gente”, ha asegurado.

Eva Loza: “no hay indicio de acreditado de irregularidad”

Por parte de los Grupos, la concejala no adscrita Eva Loza ha respaldado al Gobierno local, apuntando que “no hay ni un solo indicio acreditado de irregularidad” y afeando el “linchamiento” a la concejala “que ha alcanzado una dimensión excesiva, llena de demagogia y de populismo”, al tiempo que ha considerado “legítimo y sin nada que reprochar” el modelo.

El PR pide las listas de adjudicatarios

El regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que “no es el primer escándalo urbanístico de esta legislatura, pero no es uno más, porque han sido muchas las personas que se han visto sin oportunidad de poder acceder a una VPO”, para exigir al alcalde “que ponga a disposición de todos las listas de los adjudicatarios, para acallar así las dudas y la desconfianza”.

Podemos: “La adjudicación no ha sido transparente”

Amaia Castro, por parte de Podemos, ha culpado a la concejala de Vivienda “de causar usted misma buena parte del problema” al hablar de que “las viviendas 'podrían haberse dado a dedo', lo que es grave, y pero más grave es cuando dijo que no había sido así, cómo lo sabe; y más todavía cuando las promotoras dicen que el criterio que se tienen que asegurar es la solvencia económica”. “La adjudicación no ha sido transparente”, ha concluido.

Vox: “La adjudicaicón se ha hecho como se tenía que hacer”

La edil de Vox Patricia González Lacarra ha calificado “el relato que está fabricando la oposición como engañoso y que genera una alarma innecesaria”, con “afirmaciones falsas cuando dicen PSOE y PR+ que la adjudicación no se ha hecho bien, están creando una sospecha sobre un proceso en el que parece que lo que les molesta es que sea de promoción privada”. “La adjudicación se ha hecho como se tenía que hacer”, ha concluido.

PSOE: “¿Le dan miedo los nombres que puedan aparecer?

Por parte del PSOE ha intervenido en primer lugar el concejal Iván Reinares, quien ha hablado de “situación grave” por la que ha apelado directamente al alcalde “para que responda”, especialmente, sobre la lista de adjudicatarios, “¿o le da miedo los nombres que puedan aparecer?”, se ha preguntado. Y el portavoz del Grupo Luis Alonso ha completado la intervención señalando que “hay 2.200 personas que se sienten estafadas”, para un proceso “sin concurrencia ni publicidad”.

PP: “Los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”

Y desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha afirmado que “el procedimiento se ajusta a la normativa, y lo saben”, acusando a la oposición de “una campaña de insinuación permanente de irregularidades donde no las hay, los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”.

Escobar: “De quien nada hizo, nada se puede esperara”

Para cerrar la comparecencia, el alcalde ha cuestionado a los socialistas sobre si “se sienten ustedes cómodos con lo que están haciendo, siempre hacen lo mismo: primero, el embosque a ver qué pasa; segundo, sabotaje por la vía del ruido y del linchamiento; y llegarmos al tercero, que será que el Plan de Vivienda lo hizo el PSOE”.

Por contra, ha puesto en valor este Plan, en el que ha incluido dos temas aprobados hoy mismo -la modificación del PGM para 45 viviendas en colaboración con el Gobierno y la posibilidad de acuerdo con la SAREB “con la que ya se está hablando”, además de las 24 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos “que estarán este año”-, por lo que ha asegurado que “el Plan de Vivienda sigue su curso”.

“De quién nada hizo, nada se puede esperar, y el bulo, la crispación y el ruido es el pero camino, pero con eso no van a construir una sola vivienda, al contrario, están dañando el procedimiento”, ha incidido Escobar, quien ha insistido en “seguir trabajando en lo que es una emergencia social, la vivienda”. Algo que ha centrado sobre dos ejes: “activar la gestión urbanística, para aprovechar todas las oportunidades del PGM”, con 23 actuaciones “que van a acabar poniendo a disposición en los próximos años, incluyendo Ramblasque, más de 1.400 VPO” en toda la ciudad.

Y, en segundo lugar, apostando por “convertir patrimonio municipal en vivienda protegida, rehabilitada o libre, y reinvirtiendo lo que se logre de esa enajenación en más vivienda”, en lo que ha citado otra actuación con el Gobierno riojano para 110 VPO y, sin dar más detalles, otra futura actuación en Varea.

En el mismo pleno muncipal se ha votado la moción del Partido Riojano que pedía que “se garantizara la concurrencia pública, la publcidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal, reforzando el control municipal.

En contra de recuperar los sorteos

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de marzo, ha rechazado -con el 'sí' de PR+ y Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Vox y la edil no adscrita Eva Loza- una moción regionalista “para garantizar la concurrencia pública, la publicidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal”, reforzando el control municipal.

Para ello, su portavoz, Rubén Antoñanzas, ha planteado que “se dé máxima difusión pública de cada promoción, con información detallada de los requisitos, plazos y listados de inscritos y adjudicatarios, seleccionados -ha recalcado- mediante sorteo público ante notario”. Todo esto, ha dicho, “para el futuro, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado ahora”, aunque ha reclamado también al alcalde “que, para el presente, entregue el listado de los adjudicatarios y dé una explicación sobre lo ocurrido”, ya que, como ha recordado, “la única opción que tienen hoy las familias de rentas medias y los jóvenes para acceder a una vivienda en Logroño es la vivienda protegida”. Sin embaro, la propuesta no ha salido adelante y no habrá sorteos.

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, tal y como se ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal a partir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para “clarificar una posible interpretación del Plan General”. Se formaliza una norma que impide “claramente” la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que “la normativa urbanística actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior”.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, “cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas”.

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, “porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamentos o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas”.

La Plataforma Ciudadana CáceresVerde ha intervenido este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres para expresar su “preocupación, tristeza y protesta encendida” ante el inminente inicio de las obras de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. El colectivo cuestiona la legitimidad política del proyecto, denuncia la eliminación de una fila de árboles y anuncia la entrega de más de 1.700 firmas recogidas en apenas dos días en defensa del actual bulevar junto a Adenex.

La intervención se ha producido en el turno de ruegos y preguntas y en nombre de la plataforma, sus portavoces han reprochado al equipo de Gobierno que la “felicidad” expresada públicamente por el alcalde, Rafa Mateos, no sea compartida por “muchas de las personas que habitamos esta ciudad”.

El Ayuntamiento prevé publicar en las próximas semanas el concurso para una obra presupuestada en 2,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto contempla un rediseño del espacio que amplía el paseo y, según el Gobierno local, conserva el arbolado.

Sin embargo, CáceresVerde sostiene que la reforma es “innecesaria en los términos en los que se ha planteado” y que no respeta la estructura histórica del bulevar, configurado como plataforma central arbolada con hileras de árboles a ambos lados. La plataforma recuerda que ya solicitó por escrito en octubre de 2023 que cualquier actuación contara con directrices de personas expertas en urbanismo y conservación patrimonial, además de abrir un proceso real de participación ciudadana.

En su intervención, el colectivo también cuestiona el argumento del alcalde, Mateos, de que el proyecto estaba avalado por los resultados electorales de mayo de 2023 al figurar en el programa del Partido Popular. Según los datos expuestos por la plataforma, de las 77.440 personas con derecho a voto, 20.445 respaldaron la candidatura popular, lo que supone el 26,4% del censo.

Uno de los puntos centrales de la crítica es el arbolado. Aunque el equipo de Gobierno ha afirmado que se respetará el “número de árboles”, la plataforma denuncia que el proyecto elimina una fila completa y sustituye ejemplares de gran porte por otros jóvenes. Además, recuerda que un informe técnico municipal ya señaló en 2024 la imposibilidad de trasplantar la mayoría de los árboles de la avenida.

CáceresVerde también ha traído a colación la suspensión de la anterior licitación, ordenada el 22 de marzo de 2024 tras un informe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica que advertía de posibles infracciones en la preparación del contrato y señalaba la falta de exigencias relativas al respeto del entorno y del arbolado.

Durante su intervención, la plataforma vinculó esta reforma con otras actuaciones urbanas que, a su juicio, han supuesto pérdida de identidad verde en la ciudad, y alertó del deterioro de espacios emblemáticos como la Estufa Fría. Asimismo, lamentó los daños sufridos recientemente por el arbolado urbano tras la borrasca Kristin y pidió que las decisiones políticas no tengan “el efecto de la borrasca más destructora”.

En relación con la participación ciudadana, CáceresVerde criticó que el proceso abierto por el Ayuntamiento se produjera cuando el proyecto ya estaba decidido y aprobado, y que la consulta se realizara en el mes de agosto. Según la plataforma, la normativa municipal establece que la consulta debe realizarse antes de adoptar decisiones, no después.

La asociación concluyó su intervención apelando al Pleno como órgano representativo del conjunto de la ciudadanía y reclamando que el arbolado y los espacios verdes sean considerados patrimonio histórico y refugios climáticos imprescindibles para la convivencia urbana.

Como ya advirtió la historiadora Pilar Bacas en una tribuna publicada en marzo de 2024 en El Periódico de Extremadura, antes de licitar la obra el Ayuntamiento debía fijar directrices claras elaboradas por urbanistas y personas expertas en conservación del patrimonio para garantizar el respeto a la normativa sobre Patrimonio Histórico y Paisaje Urbano. CáceresVerde sostiene que esa advertencia sigue plenamente vigente y reclama que, antes de transformar un espacio incorporado a la ciudad en 1931, se priorice la protección de su estructura histórica y se abra un proceso de participación real que no sea meramente formal e inútil.

La corporación municipal de Gijón/Xixón debatirá en su sesión plenaria del próximo miércoles, día 11, una propuesta de Vox para que se prohíba el uso del burka, niqab u “otras prendas similares” en los edificios municipales; una iniciativa que mantiene dividido al equipo de gobierno local ya que mientras Foro votará en contra, el PP ha anunciado ya su respaldo. Los grupos municipales de IU y Podemos tampoco la van a apoyar.

La concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, defenderá la necesidad de prohibir el uso de estas prendas en los edificios municipales al considerar que “la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico -argumenta en su exposición de motivos- impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, independientemente de la motivación cultural o religiosa de quien las porte.

El PP, a favor

Esta iniciativa contará únicamente con el apoyo explícito del PP que enmarca este respaldo en la posición mantenida por la dirección nacional del partido, liderada por Alberto Núñez Feijóo en relación con la regulación del uso de prendas que impidan la identificación personal en espacios públicos.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, del PP, estima que este tipo de prendas plantean problemas de seguridad y son “contrarias a valores irrenunciables como la igualdad y la dignidad de la mujer” y entiende que estos principios deben prevalecer “sobre cualquier consideración cultural o religiosa”.

Foro, IU y Podemos, en contra

La alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, se muestra radicalmente en contra de esta prohibición y así lo manifestará en la sesión plenaria. Su voto contrario se justifica en que este tipo de medidas carecen de respaldo legal y se remitirá al criterio del Tribunal Supremo (TS) que anuló la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en espacios municipales por vulnerar derechos fundamentales.

Los grupos municipales de IU y Podemos fijarán su posicionamiento en contra en la sesión plenaria y han descartado darle publicidad a la iniciativa de Vox que, en su opinión, forma parte de una “espiral de racismo y xenofobia”.

Por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado este jueves la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que restringe “al máximo” la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos en la capital guipuzcoana. La edil de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, del PNV, señala que el objetivo es “garantizar el destino preferente del parque residencial al uso de vivienda”. Por esa razón, los únicos alojamientos que no serán afectados serán los campings, agroturismos y casas rurales, ya que no suponen la utilización de espacios en los que se podría construir vivienda.

La modificación del PGOU diferencia dos ámbitos basado en la saturación de alojamientos turísiticos. La zona uno está compuesta por los barrios Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulía, Centro, Gros e Ibaeta, lso cuales se consideran saturados y, por ende, no se podrá abrir ningún alojamiento turístico más. Arzallus explica que en la zona dos, compuesta del resto de barrios de la ciudad, será posible la autorización de permisos de alojamientos turísticos “de forma restringida y mediante planes especiales”.

El concejal Víctor Lasa, de Elkarrekin en Donostia, opina que esta medida ha “llegado tarde”. Partiendo de la misma idea, Markel Ormazabal, de EH Bildu, ha añadido que la modificación “no es suficiente” para hacer frente a la situación habitacional que sufre la ciudad. Por otra parte, el consejal de Obras y Proyectos, Juantxo Marrero, del PSE-EE, aplaude la modificación que lleva a Donostia a seguir “siendo, ante todo, un lugar para vivir”. “Es otra medida dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna ante la situación de emergencia habitacional que sufrimos”, ha dicho. Con un mayor foco al turismo, la edil Vanesa Vélez, del PP, considera que la restricción es un “paso importante” para avanzar hacia un “turismo sostenible en la ciudad”.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado este jueves, durante el desarrollo del pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de la ciudad, que desde este viernes se reabrirá por completo el Parque del Iregua, que mantenía cerrada por obras su margen izquierda. Este anuncio ha dado pie a un momento de protestas por parte de la oposición, especialmente el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas y la concejala no adscrita Eva Loza, dado que este tema se había ya debatido a raíz de una moción presentada por el PP reclamando al Gobierno central precisamente esa reapertura.

Así, en el debate previo de la propuesta, el portavoz del PP Miguel Sáinz había argumentado “falta de sensibilidad” con la ciudad, por mantener cerrada la margen izquierda del parque con una obra “que debería haber terminado en febrero de 2025. Mientras, Antoñanzas ha criticado ”el poco peso que tiene el alcalde en Madrid“; María Jiménez, de VOX, ha considerado ”legítimo exigir certezas y plazos“ al Gobierno central; y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha dicho ”estar de acuerdo en pedir la reapertura, pero no así, con oportunismo político“.

En todo caso, la noticia que ha dado el alcalde de la reapertura del parque desde este viernes, que como han afirmado los 'populares', se ha conocido este viernes, finalmente, y pese a haberse producido el debate, a la retirada de la moción. En su intervención “tras ser reiteradamente aludido”, Escobar ha aprovechado para repasar el inicio de un año 2026 “intenso, pero que empieza bien”, citando para comenzar “que tenemos presupuestos en vigor”, lo que ha contrapuesto a los PGE o a los “malos pronósticos para la financiación de los ayuntamientos”.

Con todo, ha aludido a la rebaja del IBI; una tasa del paro del 8,4 por ciento y “en tono descendente”; la incorporación de nuevos proyectos “de naturaleza industrial y turística”; o la tendencia “bastante más favorable” del comercio. Ha añadido el “mantenimiento del foco social” en la vivienda; temas -“hasta 22 operaciones”- “enquistados que se están desatascando”; “uno de los mayores impulsos urbanísticos de la ciudad”, en Ramblasque; un modelo de atención social preventivo; o que “Logroño siga siendo una ciudad cada vez más verde y saludable”.

Y tras el trabajo desarrollado con el Ministerio, con el anuncio de la reapertura mañana mismo, Escobar ha reseñado que “el Parque se reincorpora al elenco de espacios verdes de una ciudad, dentro de un objetivo unánime, que se tener un Logroño cada vez más verde y saludable”. También el PP había ya retirado la segunda moción que había presentado a la sesión plenaria de este jueves, y con la que se instaba igual al Ejecutivo central a terminar la Ronda Sur en la ciudad.

Más puntos de recarga

Se ha rechazado también una moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE en la que, como ha argumentado el edil Álvaro Foncea, se proponía dar “un impulso decidido” a los puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad, una vez que se ha dado ya por finalizado el expediente municipal “fallido” para esta implantación.

Alegando aspectos como el despliegue de cargadores en otras ciudades; el aumento de ventas de vehículos eléctricos; el problema de las emisiones; o el avance de la normativa, ha recordado que “en el PSOE siempre hemos defendido una transición hacia modos más limpios y saludables de movilidad”, por lo que ha pedido “acelerar” la tramitación de un nuevo pliego para contratar estos puntos.

Por parte del PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha aprovechado su intervención para criticar la no admisión de una comparecencia pedida por el regionalista, una crítica que la presidenta del pleno ha afeado, reseñando que “estaba mal hecha” y emplazando al edil a presentarla de nuevo “bien”.

Por parte de VOX, su concejal Patricia González Lacarra ha tildado la moción de “ideológica, un 'copia y pega' nacional”, mientras que ha criticado que “nos piden que apoyemos medidas que dicen imprescindibles, y ése es el problema, que van pidiendo medidas según el relato pero sin entrar en debate”, ante lo que ha pedido al PSOE que “se centren en temas realmente importantes para la ciudad, como el comercio”.

El edil de Transportes, Ángel Andrés, para finalizar el debate, ha lamentado que “esto no es una moción, no me ha dado ningún dato”, frente a lo que ha contrapuesto “mejoras en el transporte público, un BiciLog de lo mejor” y sobre los cargadores, ha dicho que “ya se pusieron en marhca, en 2023 se adjudicaron 140 cargadores, pero luego la empresa se retiró de la licitación”.

Por eso, ha explicado que “tenemos que esperar como marca la ley para poder licitar, tenemos los deberes hechos, estamos esperando a que el Consejo Consultivo dictamine para poder licitar, y en el momento en que eso se resuelva, se licitará y se volverán a poner en marcha unos cargadores que son importantes para Logroño”.

El pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y VOX, una moción presentada por el Grupo Socialista, para “la reforma integral de la regulación municipal de las ayudas de emergencia social”, en la que se ha aceptado una enmienda del PR+ para incluir a mujeres supervivientes del sistema prostituyente.

Una reforma necesaria, ha argumentado sobre la moción el concejal del PSOE Iván Reinares, “sensata, trabajada y abierta al consenso”, una propuesta que “no se presenta cerrada, sino para abrir el debate y para iniciar un trabajo serio con los profesionales y con todos los grupos municipales”, para “responder a las necesidades reales de la ciudad”. Necesidades que, como ha subrayado el portavoz del Partido Riojano Rubén Antoñanzas, están alcanzando niveles “alarmantes”, con la pobreza infantil y juvenil “creciendo” por lo que ha reclamado “soluciones”, al tiempo que ha criticado que no se ejecute la totalidad del presupuesto municipal de Servicios Sociales.

En contra se han manifestado VOX -que había planteado una enmienda rechazada por el PSOE por “discriminatoria”-, cuya portavoz, María Jiménez, ha considerado que la propuesta “no es más que una maniobra política”, y ha defendido introducir “la perspectiva de familia” o “el arraigo” entre los criterios de concesión de estas ayudas “para poner prioridades en la justicia social”.

Finalmente, por el PP, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha lamentado que “siempre se pone en evidencia la tramitación de las ayudas de emergencia” y ha criticado que “no se puede jugar con algo tan delicado” al tiempo que ha llamado a la tranquilidad, porque “todas las peticiones están atendidas, y si hubiera habiudo más, había dinero”.

A ello ha sumado que “ya se está trabajando en la ordenanza” correspondiente, que “es muy compleja, no se puede hacer a la ligera”. “Nos es imposible aprobar esta moción porque ya se está trabajando en ello y se traerá en su momento a la parte resolutiva, respeten el trabajo de los profesionales”, ha concluido la edil.

Por último, se ha rechazado también una propuesta del Grupo Municipal VOX, para “la evaluación y planificación integral de los recursos residenciales de carácter social en Logroño”, como ha dicho la portavoz de la formación María Jiménez, tras la “adquisición por parte del Gobierno de La Rioja de un edificio histórico en la ciudad por más de 2 millones para alojamiento de menores extranjeros no acompañados”.

Una moción criticada por el resto de Grupos, que la han tachado desde “xenófoba y profundamente inhumana”, como ha dicho la concejala no adscrita Eva Loza; “populista” y para “generar conflicto social”, en palabras de Rubén Antoñanzas; moción “ideológica” y “basada en un bulo” para la edil socialista Esther Espinosa; hasta planteamiento “demagogo” y con “absoluto desconocimiento” de las políticas sociales públicas, como ha esgrimido la edil del PP Celia Sanz.

El Plan Estratégico de Cultura de Oviedo para los próximos diez años ('PECO 2035') ha salido adelante con el refrendo de los concejales del PP, PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la concejala no adscrita Elena Figaredo durante el pleno municipal celebrado este lunes.

Es la hoja de ruta que marcará el programa cultural de la capital asturiana durante la próxima década y solo contó con el rechazo de las dos concejalas de Vox, Sonsoles Peralta y Alejandra González Roque.

Entre las actuaciones previstas destacan la futura Casa de las Artes y las intervenciones en el ámbito de la antigua fábrica de armas de La Vega, donde se plantea una nueva biblioteca central, un espacio escénico, una escuela de cine y un centro de creación contemporánea con área expositiva.

El rechazo de Vox

Las dos ediles de Vox han argumentado su rechazo al PECO 2035 en la ausencia de una defensa de los toros como manifestación cultural.

Este documento ha sido elaborado por la Fundación Kreanta y Ergosfera, con el asesoramiento del equipo de 'Oviedo 2031'.

El plan es el resultado de un amplio proceso participativo que ha incorporado las aportaciones de agentes culturales, ciudadanía, expertos e instituciones.

Dar respuesta a las necesidades

El concejal de Cultura, David Álvarez, ha ensalzado la importancia de la aprobación de este plan que sitúa la cultura como “un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía”.

Durante su intervención en el pleno, explicó que este documento viene a dar respuesta a las necesidades identificadas durante el último año de trabajo colectivo en el marco de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

El Plan Estratégico de Cultura parte de una visión integral de la cultura como herramienta clave para la cohesión social, la igualdad y el desarrollo urbano sostenible.

El acceso a la cultura

El equipo de gobierno ha subrayado la importancia de garantizar el acceso a la cultura con independencia del origen, la situación socioeconómica, la edad, el género o las capacidades de las personas.

Uno de los objetivos centrales del PECO 2035 es consolidar la cultura como motor estratégico de Oviedo en los próximos años. Para ello, el documento incorpora una estrategia de equipamientos culturales orientada a optimizar y reordenar la red existente, así como a ampliarla con nuevos espacios necesarios para el impulso de la ciudad.

Las cinco líneas estratégicas

El plan no se presenta como un programa coyuntural vinculado exclusivamente a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, sino como una transición estructural de largo recorrido. En este marco, la candidatura actúa como catalizador para acelerar procesos de cambio que se desplegarán a lo largo de la próxima década.

El PECO 2035 se articula en torno a cinco grandes líneas estratégicas, orientadas a fortalecer la gobernanza cultural; impulsar el sector cultural y la creación artística; promover una vida cultural participativa, accesible, equitativa e inclusiva; integrar la cultura como motor del desarrollo urbano sostenible y la cohesión social; y posicionar el patrimonio cultural y el paisaje como ejes de desarrollo, garantizando su protección, puesta en valor y uso responsable.

La valoración de IU

Entre los principales defensores de este plan se encuentra el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que en su exposición dejó claro que “quien rechaza el plan rechaza la capitalidad cultural de Oviedo”.

Llamazares aseguró que situar la cultura en el centro de la acción pública implica un compromiso de ciudad que permite articular otros ámbitos como el turismo, el comercio o el desarrollo económico y defendió un modelo de gobernanza compartida que incorpore al conjunto de Asturias al proyecto cultural de la ciudad.

La opinión del Grupo Municipal Socialista

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, reafirmó la cultura como un derecho fundamental, apostando por su democratización y por una relación estrecha entre cultura y educación. Sin embargo, fija una serie de principios que considera irrenunciables, junto con la condicionante de que el modelo aprobado -sostiene- esté basado en la evaluación y la transparencia: “Que sea un presupuesto cultural realista y estable o que suponga la descentralización y democratización real de la cultura”.

Fernández Llaneza valoró especialmente la atención al patrimonio industrial y la vocación europea del PECO 2035, y subrayó la importancia de que su desarrollo se lleve a cabo con independencia del resultado de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura.

La edil no adscrita y Vox

La concejala no adscrita, Elena Figaredo, por su parte, incidió en la importancia de la cultura como motor industrial y transformación económica.

Solo Vox se posicionó en contra de la aprobación del plan. Alejandra González Roque argumentó que su grupo municipal no comparte el enfoque cultural del documento, al considerar que no se incorpora una defensa explícita de la tauromaquia como manifestación cultural y sí contempla la promoción de la lengua propia, aspectos que motivaron su rechazo al texto.

El equipo de gobierno, por el contrario, sostuvo que con la aprobación del Plan Estratégico de Cultura 2025–2035, Oviedo avanza en la consolidación de un modelo cultural de largo recorrido, basado en los derechos culturales, la participación y la sostenibilidad, y refuerza su compromiso con una política cultural entendida como eje central del desarrollo de la ciudad.