El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria de Pleno el nombramiento del periodista y escritor, Raúl del Pozo, como Hijo Adoptivo de la ciudad. Se lo han concedido a título póstumo tras su fallecimiento a los 89 años a principios de marzo de 2026, por su destacada labor profesional y por el amor que “siempre profesó a Cuenca”, según dejó patente en entrevistas y libros, tal y como ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, que el autor calificó como “la ciudad más bella del mundo”.

El condecorado

Raúl del Pozo nació en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros.

Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa ‘Entre dos luces’ de TVE y participó en debates y tertulias televisivas.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro ‘Cuenca. La primera Manhattan’, con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la demarcación de Toledo, asegura que no han podido llevar a cabo las visitas que ofrecieron “voluntariamente” para ayudar a los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina a evaluar los riesgos estructurales tras las inundaciones de febrero a consecuencia de la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Después de un tenso y acalorado debate en el Pleno municipal celebrado el 16 de marzo, el PSOE arremetía contra el equipo del alcalde José Julián Gregorio por “falta de transparencia” en la gestión de las inundaciones. El portavoz socialista señalaba que hasta el momento, Gregorio “no ha dado información ni documentación con informes técnicos, si es que realmente existen”, haciendo hincapié en que era necesario para que “los vecinos se puedan defender ante los seguros”.

Por su parte, el equipo de gobierno de PP y Vox alegaba la situación “extraordinaria” del episodio de lluvias, un argumento que no convencía a los socialistas. De su parte, Vox pedía “no politizar las desgracias”.

José Julián Gregorio cargaba contra la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que “está desaparecida” después de las inundaciones. No obstante, apuntaba que dotaría una inversión de 1,2 millones de euros no solo para “evitar inundaciones”, sino con intervenciones en el aliviadero que da al río Tajo, la sustitución “integral” del colector de la Calle Carretas, e incluso la idea de un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para la inspección de las viviendas de los vecinos afectados.

“Las visitas no pudieron iniciarse”

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos (COACM) expone que el día 5 de febrero ofrecieron su ayuda de forma “completamente gratuita y voluntaria”, para realizar un servicio de inspección de viviendas donde podrían evaluar los riesgos estructurales derivados de las inundaciones. Cuatro días más tarde, recalcan que los “técnicos y responsables municipales acordaron trabajar conjuntamente”, y que el 12 de febrero desde el COACM ya contaban con “un grupo de 10 arquitectos voluntarios listos para actuar”.

Aseguran que durante los días siguientes el COACM “mantuvo contacto con el Ayuntamiento, Bomberos y Aqualia”, pero que para actuar necesitaban dos elementos “básicos”: el listado de los inmuebles afectados y el contacto de los propietarios, gestiones que “correspondían al Ayuntamiento”. Por otro lado, exponen que desde el Consistorio les trasladaron el 2 de marzo que organizasen “las visitas de manera autónoma”. Apuntan que ellos aceptaron solicitando que cada pareja de arquitectos fuese acompañado por un agente de la autoridad municipal que “facilitara el acceso a los inmuebles y el contacto con los propietarios”, pero que esa petición “no llegó a concretarse, por lo que las visitas nunca pudieron iniciarse”.

Desde el COAM explican que ante la falta de las condiciones mínimas necesarias y la falta de avances, y dado el tiempo transcurrido desde el siniestro, la comisión de emergencias del Colegio consideró el 18 de marzo que las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención“.

El PSOE de Talavera recrimina a Gregorio que “miente”

El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina recrimina al equipo de gobierno del ayuntamiento (PP-Vox) de “mentir” con respecto a la gestión de las inundaciones ocurridas durante el pasado mes de febrero en la localidad toledana, ya que según destacan “no hay convenio con el Colegio de Arquitectos por la falta de predisposición del Gobierno local”.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha señalado que durante el Pleno extraordinario el propio alcalde “afirmó que iba a firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para revisar el estado de las viviendas de los afectados”; sin embargo, el Colegio, después del tiempo transcurrido desde su disposición, apuntaba que “las circunstancias ya no hacían viable ni oportuna la intervención”.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “el alcalde sabía perfectamente bien que no había facilitado los medios que el Colegio de Arquitectos había pedido para poder realizar las inspecciones técnicas oportunas y, sin embargo, afirmó en Pleno que se iba a firmar un convenio con ellos, mintiendo una vez más a la ciudadanía y, lo que es más grave, a todos los afectados que se encontraban en ese momento en el salón de Plenos”.

Desde el Grupo Socialista han querido agradecer tanto al Colegio de Arquitectos como a la Asociación de Arquitectos por Talavera (AxTa) su “predisposición y agilidad” para ayudar a los vecinos y vecinas afectadas y han lamentado que “ni la agilidad ni la predisposición llegase por parte de un Gobierno local que a día de hoy sigue sin dar explicaciones sobre las inundaciones”.

Los socialistas han apuntado que 49 días después de las inundaciones, el alcalde “no solo no ha dado una sola explicación ni al Grupo Socialista ni a los vecinos afectados, sino que tampoco ha puesto en marcha la Oficina de Atención que fue aprobada por unanimidad en el Pleno”. “Una vez más vemos como los vecinos y vecinas de Talavera se encuentran desamparados ante el abandono del alcalde” han lamentado.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y detallan que “en principio no” van a hacer declaraciones sobre este tema.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha informado de que el próximo viernes, en el pleno del mes de marzo, presentarán una moción para exigir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente.

El Gobierno municipal se refiere al accidente en una nota de prensa como “una presunta negligencia que costó la vida de 46 personas” y, por ello, “cualquier dirigente público con un mínimo de dignidad presentaría su dimisión”, en referencia a las “informaciones de extrema gravedad conocidas en las últimas semanas sin que se hayan anunciado dimisiones ni se hayan dado explicaciones”. “Es incomprensible que no se haya pedido perdón a las familias”, insiste Felipe Arias.

Por ello, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento onubense elevará al pleno la exigencia de dimisión o cese del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif, además de reclamar una investigación independiente.

En el pleno municipal de Logroño se ha hablado de vivienda de protección oficial. El alcalde de Logroño, Conrado Escoar, ha defendido la gestión la gestión del Plan de Vivienda de la ciudad, en el que, como ha avanzado, “se va a poder contar con 1.400 VPO en los próximos años”, frente a lo que ha considerado “bulo, ruido y linchamiento” por parte de la oposición. Así lo ha asegurado el primer edil durante su intervención para cerrar la comparecencia que, a petición propia, había solicitado en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad de este mes de marzo, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, para dar cuenta de la “licitación, construcción y adjudicación de VPO en solares municipales”.

Una comparecencia resultado de las críticas de las últimas semanas por parte sobre todo de PSOE y Partido Riojano respecto a la adjudicación de 104 viviendas protegidas del Plan de Vivienda municipal, que, al ser de promoción privada, ha sido realizada por las propias promotoras.

PP: “Todo se ha realizado con toda legalidad”

En su explicación inicial, Sáinz ha defendido también el Plan de Vivivenda que “dos años y medio despuñes” de su puesta en marcha “está dando sus frutos”, en lo que ha citado “77 viviendas en proindivisos; los 24 VPO para alquiler social con el Gobierno regional en la Plaza de los Cuentos; la enajenación de 15 viviendas en el Casco Histórico; o el desatasco de una veintena de PERIs”.

“Lo que ustedes llaman escándalo, nosotros lo llamamos buena noticia”, ha dicho la edil, quien ha lamentado que “están poniendo en duda, con desinformación sobre la gestión, todo lo que se ha ido realizando con toda la legalidad, no ha habido ninguna irregularidad”. Por eso, ha criticado que “están tergiversando datos, sembrando dudas y saboteando lo que es una buena noticia”.

Ha explicado que se está procediendo “de forma transparente” y el “respaldo de un pliego correcto y garantista”, con un “triple filtro de control”, desde la obligatoriedad del registro en el IRVI hasta los visados por parte del Gobierno regional, hasta el último control por parte municipal.

Y también se ha referido a la diferencia entre la forma de actuar en una promoción de vivienda protegida pública “con sorteos” y de promoción privada “en la que se utilizan otros procedimientos”. “Desde el primer momento, dijimos que no íbamos a renunciar a ninguna herramienta para poner vivenda a disposición de los logroñeses”.

Sáinz ha apuntado que “nadie alegó nada” al pliego de condiciones y ha dado datos sobre los inscritos en el proceso, “porque no son los más de 4.100 que ustedes afirman, porque ahí están de compra, de alquiler tanto de Logroño como de toda La Rioja”. Así, finalmente, “hay 2.310 inscritos en la capital, de los que 500 se inscribieron en una promoción y 900 en otra, con muchos otros que han renunciado por diferentes motivos”.

Y del mismo modo, ha señalado el aumento de las inscripciones en el IRVI, dsde los 117 de 2010 hasta los 361 de 204, “cuando se habló ya de Plan de Vivienda”, y a los 1.777 del año pasado, ya con la vivienda protegida sobre la mesa. “La información ha llegado a la gente”, ha asegurado.

Eva Loza: “no hay indicio de acreditado de irregularidad”

Por parte de los Grupos, la concejala no adscrita Eva Loza ha respaldado al Gobierno local, apuntando que “no hay ni un solo indicio acreditado de irregularidad” y afeando el “linchamiento” a la concejala “que ha alcanzado una dimensión excesiva, llena de demagogia y de populismo”, al tiempo que ha considerado “legítimo y sin nada que reprochar” el modelo.

El PR pide las listas de adjudicatarios

El regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que “no es el primer escándalo urbanístico de esta legislatura, pero no es uno más, porque han sido muchas las personas que se han visto sin oportunidad de poder acceder a una VPO”, para exigir al alcalde “que ponga a disposición de todos las listas de los adjudicatarios, para acallar así las dudas y la desconfianza”.

Podemos: “La adjudicación no ha sido transparente”

Amaia Castro, por parte de Podemos, ha culpado a la concejala de Vivienda “de causar usted misma buena parte del problema” al hablar de que “las viviendas 'podrían haberse dado a dedo', lo que es grave, y pero más grave es cuando dijo que no había sido así, cómo lo sabe; y más todavía cuando las promotoras dicen que el criterio que se tienen que asegurar es la solvencia económica”. “La adjudicación no ha sido transparente”, ha concluido.

Vox: “La adjudicaicón se ha hecho como se tenía que hacer”

La edil de Vox Patricia González Lacarra ha calificado “el relato que está fabricando la oposición como engañoso y que genera una alarma innecesaria”, con “afirmaciones falsas cuando dicen PSOE y PR+ que la adjudicación no se ha hecho bien, están creando una sospecha sobre un proceso en el que parece que lo que les molesta es que sea de promoción privada”. “La adjudicación se ha hecho como se tenía que hacer”, ha concluido.

PSOE: “¿Le dan miedo los nombres que puedan aparecer?

Por parte del PSOE ha intervenido en primer lugar el concejal Iván Reinares, quien ha hablado de “situación grave” por la que ha apelado directamente al alcalde “para que responda”, especialmente, sobre la lista de adjudicatarios, “¿o le da miedo los nombres que puedan aparecer?”, se ha preguntado. Y el portavoz del Grupo Luis Alonso ha completado la intervención señalando que “hay 2.200 personas que se sienten estafadas”, para un proceso “sin concurrencia ni publicidad”.

PP: “Los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”

Y desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha afirmado que “el procedimiento se ajusta a la normativa, y lo saben”, acusando a la oposición de “una campaña de insinuación permanente de irregularidades donde no las hay, los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa”.

Escobar: “De quien nada hizo, nada se puede esperara”

Para cerrar la comparecencia, el alcalde ha cuestionado a los socialistas sobre si “se sienten ustedes cómodos con lo que están haciendo, siempre hacen lo mismo: primero, el embosque a ver qué pasa; segundo, sabotaje por la vía del ruido y del linchamiento; y llegarmos al tercero, que será que el Plan de Vivienda lo hizo el PSOE”.

Por contra, ha puesto en valor este Plan, en el que ha incluido dos temas aprobados hoy mismo -la modificación del PGM para 45 viviendas en colaboración con el Gobierno y la posibilidad de acuerdo con la SAREB “con la que ya se está hablando”, además de las 24 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos “que estarán este año”-, por lo que ha asegurado que “el Plan de Vivienda sigue su curso”.

“De quién nada hizo, nada se puede esperar, y el bulo, la crispación y el ruido es el pero camino, pero con eso no van a construir una sola vivienda, al contrario, están dañando el procedimiento”, ha incidido Escobar, quien ha insistido en “seguir trabajando en lo que es una emergencia social, la vivienda”. Algo que ha centrado sobre dos ejes: “activar la gestión urbanística, para aprovechar todas las oportunidades del PGM”, con 23 actuaciones “que van a acabar poniendo a disposición en los próximos años, incluyendo Ramblasque, más de 1.400 VPO” en toda la ciudad.

Y, en segundo lugar, apostando por “convertir patrimonio municipal en vivienda protegida, rehabilitada o libre, y reinvirtiendo lo que se logre de esa enajenación en más vivienda”, en lo que ha citado otra actuación con el Gobierno riojano para 110 VPO y, sin dar más detalles, otra futura actuación en Varea.

En el mismo pleno muncipal se ha votado la moción del Partido Riojano que pedía que “se garantizara la concurrencia pública, la publcidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal, reforzando el control municipal.

En contra de recuperar los sorteos

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de marzo, ha rechazado -con el 'sí' de PR+ y Podemos, el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Vox y la edil no adscrita Eva Loza- una moción regionalista “para garantizar la concurrencia pública, la publicidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal”, reforzando el control municipal.

Para ello, su portavoz, Rubén Antoñanzas, ha planteado que “se dé máxima difusión pública de cada promoción, con información detallada de los requisitos, plazos y listados de inscritos y adjudicatarios, seleccionados -ha recalcado- mediante sorteo público ante notario”. Todo esto, ha dicho, “para el futuro, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado ahora”, aunque ha reclamado también al alcalde “que, para el presente, entregue el listado de los adjudicatarios y dé una explicación sobre lo ocurrido”, ya que, como ha recordado, “la única opción que tienen hoy las familias de rentas medias y los jóvenes para acceder a una vivienda en Logroño es la vivienda protegida”. Sin embaro, la propuesta no ha salido adelante y no habrá sorteos.

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, tal y como se ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal a partir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para “clarificar una posible interpretación del Plan General”. Se formaliza una norma que impide “claramente” la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que “la normativa urbanística actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior”.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, “cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas”.

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, “porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamentos o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas”.

La Plataforma Ciudadana CáceresVerde ha intervenido este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres para expresar su “preocupación, tristeza y protesta encendida” ante el inminente inicio de las obras de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. El colectivo cuestiona la legitimidad política del proyecto, denuncia la eliminación de una fila de árboles y anuncia la entrega de más de 1.700 firmas recogidas en apenas dos días en defensa del actual bulevar junto a Adenex.

La intervención se ha producido en el turno de ruegos y preguntas y en nombre de la plataforma, sus portavoces han reprochado al equipo de Gobierno que la “felicidad” expresada públicamente por el alcalde, Rafa Mateos, no sea compartida por “muchas de las personas que habitamos esta ciudad”.

El Ayuntamiento prevé publicar en las próximas semanas el concurso para una obra presupuestada en 2,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto contempla un rediseño del espacio que amplía el paseo y, según el Gobierno local, conserva el arbolado.

Sin embargo, CáceresVerde sostiene que la reforma es “innecesaria en los términos en los que se ha planteado” y que no respeta la estructura histórica del bulevar, configurado como plataforma central arbolada con hileras de árboles a ambos lados. La plataforma recuerda que ya solicitó por escrito en octubre de 2023 que cualquier actuación contara con directrices de personas expertas en urbanismo y conservación patrimonial, además de abrir un proceso real de participación ciudadana.

En su intervención, el colectivo también cuestiona el argumento del alcalde, Mateos, de que el proyecto estaba avalado por los resultados electorales de mayo de 2023 al figurar en el programa del Partido Popular. Según los datos expuestos por la plataforma, de las 77.440 personas con derecho a voto, 20.445 respaldaron la candidatura popular, lo que supone el 26,4% del censo.

Uno de los puntos centrales de la crítica es el arbolado. Aunque el equipo de Gobierno ha afirmado que se respetará el “número de árboles”, la plataforma denuncia que el proyecto elimina una fila completa y sustituye ejemplares de gran porte por otros jóvenes. Además, recuerda que un informe técnico municipal ya señaló en 2024 la imposibilidad de trasplantar la mayoría de los árboles de la avenida.

CáceresVerde también ha traído a colación la suspensión de la anterior licitación, ordenada el 22 de marzo de 2024 tras un informe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica que advertía de posibles infracciones en la preparación del contrato y señalaba la falta de exigencias relativas al respeto del entorno y del arbolado.

Durante su intervención, la plataforma vinculó esta reforma con otras actuaciones urbanas que, a su juicio, han supuesto pérdida de identidad verde en la ciudad, y alertó del deterioro de espacios emblemáticos como la Estufa Fría. Asimismo, lamentó los daños sufridos recientemente por el arbolado urbano tras la borrasca Kristin y pidió que las decisiones políticas no tengan “el efecto de la borrasca más destructora”.

En relación con la participación ciudadana, CáceresVerde criticó que el proceso abierto por el Ayuntamiento se produjera cuando el proyecto ya estaba decidido y aprobado, y que la consulta se realizara en el mes de agosto. Según la plataforma, la normativa municipal establece que la consulta debe realizarse antes de adoptar decisiones, no después.

La asociación concluyó su intervención apelando al Pleno como órgano representativo del conjunto de la ciudadanía y reclamando que el arbolado y los espacios verdes sean considerados patrimonio histórico y refugios climáticos imprescindibles para la convivencia urbana.

Como ya advirtió la historiadora Pilar Bacas en una tribuna publicada en marzo de 2024 en El Periódico de Extremadura, antes de licitar la obra el Ayuntamiento debía fijar directrices claras elaboradas por urbanistas y personas expertas en conservación del patrimonio para garantizar el respeto a la normativa sobre Patrimonio Histórico y Paisaje Urbano. CáceresVerde sostiene que esa advertencia sigue plenamente vigente y reclama que, antes de transformar un espacio incorporado a la ciudad en 1931, se priorice la protección de su estructura histórica y se abra un proceso de participación real que no sea meramente formal e inútil.

La corporación municipal de Gijón/Xixón debatirá en su sesión plenaria del próximo miércoles, día 11, una propuesta de Vox para que se prohíba el uso del burka, niqab u “otras prendas similares” en los edificios municipales; una iniciativa que mantiene dividido al equipo de gobierno local ya que mientras Foro votará en contra, el PP ha anunciado ya su respaldo. Los grupos municipales de IU y Podemos tampoco la van a apoyar.

La concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, defenderá la necesidad de prohibir el uso de estas prendas en los edificios municipales al considerar que “la utilización de prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico -argumenta en su exposición de motivos- impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas”, independientemente de la motivación cultural o religiosa de quien las porte.

El PP, a favor

Esta iniciativa contará únicamente con el apoyo explícito del PP que enmarca este respaldo en la posición mantenida por la dirección nacional del partido, liderada por Alberto Núñez Feijóo en relación con la regulación del uso de prendas que impidan la identificación personal en espacios públicos.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, del PP, estima que este tipo de prendas plantean problemas de seguridad y son “contrarias a valores irrenunciables como la igualdad y la dignidad de la mujer” y entiende que estos principios deben prevalecer “sobre cualquier consideración cultural o religiosa”.

Foro, IU y Podemos, en contra

La alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, se muestra radicalmente en contra de esta prohibición y así lo manifestará en la sesión plenaria. Su voto contrario se justifica en que este tipo de medidas carecen de respaldo legal y se remitirá al criterio del Tribunal Supremo (TS) que anuló la ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en espacios municipales por vulnerar derechos fundamentales.

Los grupos municipales de IU y Podemos fijarán su posicionamiento en contra en la sesión plenaria y han descartado darle publicidad a la iniciativa de Vox que, en su opinión, forma parte de una “espiral de racismo y xenofobia”.

Por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado este jueves la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que restringe “al máximo” la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos en la capital guipuzcoana. La edil de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, del PNV, señala que el objetivo es “garantizar el destino preferente del parque residencial al uso de vivienda”. Por esa razón, los únicos alojamientos que no serán afectados serán los campings, agroturismos y casas rurales, ya que no suponen la utilización de espacios en los que se podría construir vivienda.

La modificación del PGOU diferencia dos ámbitos basado en la saturación de alojamientos turísiticos. La zona uno está compuesta por los barrios Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulía, Centro, Gros e Ibaeta, lso cuales se consideran saturados y, por ende, no se podrá abrir ningún alojamiento turístico más. Arzallus explica que en la zona dos, compuesta del resto de barrios de la ciudad, será posible la autorización de permisos de alojamientos turísticos “de forma restringida y mediante planes especiales”.

El concejal Víctor Lasa, de Elkarrekin en Donostia, opina que esta medida ha “llegado tarde”. Partiendo de la misma idea, Markel Ormazabal, de EH Bildu, ha añadido que la modificación “no es suficiente” para hacer frente a la situación habitacional que sufre la ciudad. Por otra parte, el consejal de Obras y Proyectos, Juantxo Marrero, del PSE-EE, aplaude la modificación que lleva a Donostia a seguir “siendo, ante todo, un lugar para vivir”. “Es otra medida dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna ante la situación de emergencia habitacional que sufrimos”, ha dicho. Con un mayor foco al turismo, la edil Vanesa Vélez, del PP, considera que la restricción es un “paso importante” para avanzar hacia un “turismo sostenible en la ciudad”.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado este jueves, durante el desarrollo del pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de la ciudad, que desde este viernes se reabrirá por completo el Parque del Iregua, que mantenía cerrada por obras su margen izquierda. Este anuncio ha dado pie a un momento de protestas por parte de la oposición, especialmente el portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas y la concejala no adscrita Eva Loza, dado que este tema se había ya debatido a raíz de una moción presentada por el PP reclamando al Gobierno central precisamente esa reapertura.

Así, en el debate previo de la propuesta, el portavoz del PP Miguel Sáinz había argumentado “falta de sensibilidad” con la ciudad, por mantener cerrada la margen izquierda del parque con una obra “que debería haber terminado en febrero de 2025. Mientras, Antoñanzas ha criticado ”el poco peso que tiene el alcalde en Madrid“; María Jiménez, de VOX, ha considerado ”legítimo exigir certezas y plazos“ al Gobierno central; y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha dicho ”estar de acuerdo en pedir la reapertura, pero no así, con oportunismo político“.

En todo caso, la noticia que ha dado el alcalde de la reapertura del parque desde este viernes, que como han afirmado los 'populares', se ha conocido este viernes, finalmente, y pese a haberse producido el debate, a la retirada de la moción. En su intervención “tras ser reiteradamente aludido”, Escobar ha aprovechado para repasar el inicio de un año 2026 “intenso, pero que empieza bien”, citando para comenzar “que tenemos presupuestos en vigor”, lo que ha contrapuesto a los PGE o a los “malos pronósticos para la financiación de los ayuntamientos”.

Con todo, ha aludido a la rebaja del IBI; una tasa del paro del 8,4 por ciento y “en tono descendente”; la incorporación de nuevos proyectos “de naturaleza industrial y turística”; o la tendencia “bastante más favorable” del comercio. Ha añadido el “mantenimiento del foco social” en la vivienda; temas -“hasta 22 operaciones”- “enquistados que se están desatascando”; “uno de los mayores impulsos urbanísticos de la ciudad”, en Ramblasque; un modelo de atención social preventivo; o que “Logroño siga siendo una ciudad cada vez más verde y saludable”.

Y tras el trabajo desarrollado con el Ministerio, con el anuncio de la reapertura mañana mismo, Escobar ha reseñado que “el Parque se reincorpora al elenco de espacios verdes de una ciudad, dentro de un objetivo unánime, que se tener un Logroño cada vez más verde y saludable”. También el PP había ya retirado la segunda moción que había presentado a la sesión plenaria de este jueves, y con la que se instaba igual al Ejecutivo central a terminar la Ronda Sur en la ciudad.

Más puntos de recarga

Se ha rechazado también una moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE en la que, como ha argumentado el edil Álvaro Foncea, se proponía dar “un impulso decidido” a los puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad, una vez que se ha dado ya por finalizado el expediente municipal “fallido” para esta implantación.

Alegando aspectos como el despliegue de cargadores en otras ciudades; el aumento de ventas de vehículos eléctricos; el problema de las emisiones; o el avance de la normativa, ha recordado que “en el PSOE siempre hemos defendido una transición hacia modos más limpios y saludables de movilidad”, por lo que ha pedido “acelerar” la tramitación de un nuevo pliego para contratar estos puntos.

Por parte del PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha aprovechado su intervención para criticar la no admisión de una comparecencia pedida por el regionalista, una crítica que la presidenta del pleno ha afeado, reseñando que “estaba mal hecha” y emplazando al edil a presentarla de nuevo “bien”.

Por parte de VOX, su concejal Patricia González Lacarra ha tildado la moción de “ideológica, un 'copia y pega' nacional”, mientras que ha criticado que “nos piden que apoyemos medidas que dicen imprescindibles, y ése es el problema, que van pidiendo medidas según el relato pero sin entrar en debate”, ante lo que ha pedido al PSOE que “se centren en temas realmente importantes para la ciudad, como el comercio”.

El edil de Transportes, Ángel Andrés, para finalizar el debate, ha lamentado que “esto no es una moción, no me ha dado ningún dato”, frente a lo que ha contrapuesto “mejoras en el transporte público, un BiciLog de lo mejor” y sobre los cargadores, ha dicho que “ya se pusieron en marhca, en 2023 se adjudicaron 140 cargadores, pero luego la empresa se retiró de la licitación”.

Por eso, ha explicado que “tenemos que esperar como marca la ley para poder licitar, tenemos los deberes hechos, estamos esperando a que el Consejo Consultivo dictamine para poder licitar, y en el momento en que eso se resuelva, se licitará y se volverán a poner en marcha unos cargadores que son importantes para Logroño”.

El pleno ha rechazado, con los votos en contra de PP y VOX, una moción presentada por el Grupo Socialista, para “la reforma integral de la regulación municipal de las ayudas de emergencia social”, en la que se ha aceptado una enmienda del PR+ para incluir a mujeres supervivientes del sistema prostituyente.

Una reforma necesaria, ha argumentado sobre la moción el concejal del PSOE Iván Reinares, “sensata, trabajada y abierta al consenso”, una propuesta que “no se presenta cerrada, sino para abrir el debate y para iniciar un trabajo serio con los profesionales y con todos los grupos municipales”, para “responder a las necesidades reales de la ciudad”. Necesidades que, como ha subrayado el portavoz del Partido Riojano Rubén Antoñanzas, están alcanzando niveles “alarmantes”, con la pobreza infantil y juvenil “creciendo” por lo que ha reclamado “soluciones”, al tiempo que ha criticado que no se ejecute la totalidad del presupuesto municipal de Servicios Sociales.

En contra se han manifestado VOX -que había planteado una enmienda rechazada por el PSOE por “discriminatoria”-, cuya portavoz, María Jiménez, ha considerado que la propuesta “no es más que una maniobra política”, y ha defendido introducir “la perspectiva de familia” o “el arraigo” entre los criterios de concesión de estas ayudas “para poner prioridades en la justicia social”.

Finalmente, por el PP, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha lamentado que “siempre se pone en evidencia la tramitación de las ayudas de emergencia” y ha criticado que “no se puede jugar con algo tan delicado” al tiempo que ha llamado a la tranquilidad, porque “todas las peticiones están atendidas, y si hubiera habiudo más, había dinero”.

A ello ha sumado que “ya se está trabajando en la ordenanza” correspondiente, que “es muy compleja, no se puede hacer a la ligera”. “Nos es imposible aprobar esta moción porque ya se está trabajando en ello y se traerá en su momento a la parte resolutiva, respeten el trabajo de los profesionales”, ha concluido la edil.

Por último, se ha rechazado también una propuesta del Grupo Municipal VOX, para “la evaluación y planificación integral de los recursos residenciales de carácter social en Logroño”, como ha dicho la portavoz de la formación María Jiménez, tras la “adquisición por parte del Gobierno de La Rioja de un edificio histórico en la ciudad por más de 2 millones para alojamiento de menores extranjeros no acompañados”.

Una moción criticada por el resto de Grupos, que la han tachado desde “xenófoba y profundamente inhumana”, como ha dicho la concejala no adscrita Eva Loza; “populista” y para “generar conflicto social”, en palabras de Rubén Antoñanzas; moción “ideológica” y “basada en un bulo” para la edil socialista Esther Espinosa; hasta planteamiento “demagogo” y con “absoluto desconocimiento” de las políticas sociales públicas, como ha esgrimido la edil del PP Celia Sanz.

El Plan Estratégico de Cultura de Oviedo para los próximos diez años ('PECO 2035') ha salido adelante con el refrendo de los concejales del PP, PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la concejala no adscrita Elena Figaredo durante el pleno municipal celebrado este lunes.

Es la hoja de ruta que marcará el programa cultural de la capital asturiana durante la próxima década y solo contó con el rechazo de las dos concejalas de Vox, Sonsoles Peralta y Alejandra González Roque.

Entre las actuaciones previstas destacan la futura Casa de las Artes y las intervenciones en el ámbito de la antigua fábrica de armas de La Vega, donde se plantea una nueva biblioteca central, un espacio escénico, una escuela de cine y un centro de creación contemporánea con área expositiva.

El rechazo de Vox

Las dos ediles de Vox han argumentado su rechazo al PECO 2035 en la ausencia de una defensa de los toros como manifestación cultural.

Este documento ha sido elaborado por la Fundación Kreanta y Ergosfera, con el asesoramiento del equipo de 'Oviedo 2031'.

El plan es el resultado de un amplio proceso participativo que ha incorporado las aportaciones de agentes culturales, ciudadanía, expertos e instituciones.

Dar respuesta a las necesidades

El concejal de Cultura, David Álvarez, ha ensalzado la importancia de la aprobación de este plan que sitúa la cultura como “un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía”.

Durante su intervención en el pleno, explicó que este documento viene a dar respuesta a las necesidades identificadas durante el último año de trabajo colectivo en el marco de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

El Plan Estratégico de Cultura parte de una visión integral de la cultura como herramienta clave para la cohesión social, la igualdad y el desarrollo urbano sostenible.

El acceso a la cultura

El equipo de gobierno ha subrayado la importancia de garantizar el acceso a la cultura con independencia del origen, la situación socioeconómica, la edad, el género o las capacidades de las personas.

Uno de los objetivos centrales del PECO 2035 es consolidar la cultura como motor estratégico de Oviedo en los próximos años. Para ello, el documento incorpora una estrategia de equipamientos culturales orientada a optimizar y reordenar la red existente, así como a ampliarla con nuevos espacios necesarios para el impulso de la ciudad.

Las cinco líneas estratégicas

El plan no se presenta como un programa coyuntural vinculado exclusivamente a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, sino como una transición estructural de largo recorrido. En este marco, la candidatura actúa como catalizador para acelerar procesos de cambio que se desplegarán a lo largo de la próxima década.

El PECO 2035 se articula en torno a cinco grandes líneas estratégicas, orientadas a fortalecer la gobernanza cultural; impulsar el sector cultural y la creación artística; promover una vida cultural participativa, accesible, equitativa e inclusiva; integrar la cultura como motor del desarrollo urbano sostenible y la cohesión social; y posicionar el patrimonio cultural y el paisaje como ejes de desarrollo, garantizando su protección, puesta en valor y uso responsable.

La valoración de IU

Entre los principales defensores de este plan se encuentra el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, que en su exposición dejó claro que “quien rechaza el plan rechaza la capitalidad cultural de Oviedo”.

Llamazares aseguró que situar la cultura en el centro de la acción pública implica un compromiso de ciudad que permite articular otros ámbitos como el turismo, el comercio o el desarrollo económico y defendió un modelo de gobernanza compartida que incorpore al conjunto de Asturias al proyecto cultural de la ciudad.

La opinión del Grupo Municipal Socialista

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, reafirmó la cultura como un derecho fundamental, apostando por su democratización y por una relación estrecha entre cultura y educación. Sin embargo, fija una serie de principios que considera irrenunciables, junto con la condicionante de que el modelo aprobado -sostiene- esté basado en la evaluación y la transparencia: “Que sea un presupuesto cultural realista y estable o que suponga la descentralización y democratización real de la cultura”.

Fernández Llaneza valoró especialmente la atención al patrimonio industrial y la vocación europea del PECO 2035, y subrayó la importancia de que su desarrollo se lleve a cabo con independencia del resultado de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura.

La edil no adscrita y Vox

La concejala no adscrita, Elena Figaredo, por su parte, incidió en la importancia de la cultura como motor industrial y transformación económica.

Solo Vox se posicionó en contra de la aprobación del plan. Alejandra González Roque argumentó que su grupo municipal no comparte el enfoque cultural del documento, al considerar que no se incorpora una defensa explícita de la tauromaquia como manifestación cultural y sí contempla la promoción de la lengua propia, aspectos que motivaron su rechazo al texto.

El equipo de gobierno, por el contrario, sostuvo que con la aprobación del Plan Estratégico de Cultura 2025–2035, Oviedo avanza en la consolidación de un modelo cultural de largo recorrido, basado en los derechos culturales, la participación y la sostenibilidad, y refuerza su compromiso con una política cultural entendida como eje central del desarrollo de la ciudad.

Han pasado más de tres años desde que los vecinos y vecinas de una gigantesca urbanización en el municipio de Albalate de Zorita (Guadalajara) denunciaron que parte del dinero que pagan para conservar y mantener las instalaciones se destinaban a urbanizar terrenos de una empresa privada que después ponía las parcelas a la venta..

Aseguraban que lo hacía en connivencia con el Consejo Rector de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) que se ocupa de la gestión y el mantenimiento de la urbanización, que hoy en día sigue inacabada, a pesar de que su construcción data de los años 70 del siglo XX y cuenta con más de 5.000 parcelas.

De esta entidad forma parte Mar de Castilla SA, la empresa propietaria de buena parte de los terrenos, tanto urbanizados como sin urbanizar, que posteriormente comercializa. Una empresa que cuenta con mayoría entre los miembros del Consejo Rector.

La Asociación de Propietarios ‘Nueva Sierra’, que agrupa a 600 vecinos y vecinas, acusa a la empresa de no cumplir con su obligación “histórica” de urbanizar (y de pagarlo) desde hace más de tres décadas.

Desde que hicieron pública esta situación y protagonizaron varias movilizaciones, hubo elecciones municipales, en mayo de 2023, y la asociación vecinal se presentó a los comicios bajo las siglas del Grupo Independiente GRIAL. Consiguió representación en el Ayuntamiento: dos concejalías, una para Diana da Silva, presidenta de la asociación de propietarios.

Con ello, la asociación vecinal estaba convencida de que podrían tener acceso a más información y que la urbanización fuera terminada y recepcionada por el ayuntamiento. Pero no ha sido así. Ni con el PSOE, que gobernaba en la anterior legislatura y perdió las elecciones, ni con el PP, que las ganó en 2023.

El vaivén en la Alcaldía y 14 renuncias en dos años

Desde junio de 2023 Albalate de Zorita ha tenido ya dos alcaldes y hasta 14 concejales de la oposición han presentado su renuncia de forma sucesiva en un pueblo donde gobierna el PP y tienen representación el PSOE y dos agrupaciones locales, tanto el Grupo Independiente GRIAL, que tiene dos ediles, como Hablamos Albalate, que tiene uno.

Julio Vicente Villalba, alcalde del PP elegido en junio de 2023 se marchó a mediados de 2025 y dejó también su acta. Llevaba meses acarreando problemas de salud. Su número dos Maribel Ortiz había ejercido en funciones durante ocho meses y asumió la Alcaldía. Dos ediles del PSOE dejaron el acta, también uno de los ediles de GRIAL y los once que conformaban la candidatura de Hablamos Albalate declinaron acceder al acta de concejal tras dimitir el edil electo. Ha tenido que ser la Junta Electoral Central la que ha designado a un representante de entre los vecinos para ocupar esa plaza. Lo hizo en una resolución publicada en el BOE el pasado 11 de noviembre, al no haber más candidatos en la lista electoral que Hablamos Albalate presentó hace dos años.

El objetivo inicial de GRIAL al presentarse a las elecciones no se ha cumplido. Diana da Silva explica a elDiario.es de Castilla-La Mancha que ante la falta de información que solicita por escrito el grupo municipal, ella misma se ha personado en varias ocasiones en el Ayuntamiento para pedirla. Todo ello después de que fuera rechazada su propuesta para abrir una comisión de seguimiento y transparencia sobre lo que ocurre en la urbanización.

Los vecinos denuncian ante la asamblea de la urbanización —y también han intentado hacerlo a través de su representación en el ayuntamiento— que la entidad urbanística que gestiona esta macrourbanización privada abusa de sus competencias. La Asociación de Propietarios ha intentado en varias ocasiones anular las decisiones que se toman en las asambleas vecinales.

La última iniciativa ha sido el recurso de alzada interpuesto el pasado mes de noviembre, alegando “indefensión” de los vecinos. Han instado al ayuntamiento a “tomar medidas como último garante y director de todos los procesos urbanísticos, sean de transformación, ejecución o conservación” y consideran que el consistorio es “la administración urbanística con obligación y potestades suficientes para imponer al Consejo Rector de la entidad el cumplimiento de la normativa urbanística”.

No es la primera vez que lo hacen. Es tan solo uno de los requerimientos que los vecinos han intentado, sin éxito a los últimos años. El caso ha llegado a los tribunales, vía contencioso-administrativo, ante el juzgado número 1 de Guadalajara, a la espera de resolución.

En paralelo, según ha podido saber este medio, la Fiscalía de Guadalajara inició una investigación tras la denuncia de otro vecino en marzo de 2023 y se presentó el caso ante el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara, donde se abrieron diligencias previas.

De verdad que necesito que un juez me diga ya cuáles son mis competencias y se aclare la responsabilidad de la entidad y la del ayuntamiento. Hasta entonces, estamos en el limbo

Maribel Ortiz — Alcaldesa de Albalate de Zorita

La alcaldesa asegura que sus competencias están “limitadas” y que el ayuntamiento está a la espera de la resolución de tres contenciosos-administrativos en los juzgados. “Estoy esperando a que un juez me diga cuáles son las competencias del ayuntamiento. Tengo la esperanza y la necesidad de que con los contenciosos un juez resuelva”.

Maribel Ortiz argumenta que el de Albalate de Zorita es “un ayuntamiento pequeño que no puede hacer frente a la gestión de una urbanización de estas dimensiones como se nos pide”. También rechaza su papel efectivo para paralizar las asambleas vecinales donde se aprueban presupuestos e inversiones. “He dejado de ir, no tengo obligación, porque es un circo: el presidente de la entidad falta al respeto a los vecinos y al revés”.

La edil explica que asiste a las reuniones del Consejo Rector donde está representado el ayuntamiento “para defender sus intereses”. Paradójicamente ella misma es vecina de la urbanización. “Este es un problema de hace más de medio siglo”. Y no se resuelve. “No estoy a favor de nadie y menos de la entidad”, asegura, tras reconocer que la relación entre la empresa gestora y el ayuntamiento “no es buena” o que “las otras administraciones públicas tampoco ayudan mucho”.

Dice sentirse abrumada. “Hemos estado un año sin arquitecto, otro año sin secretaria, ocho meses con un alcalde de baja por sufrir un ictus y yo llevo seis meses como alcaldesa. Jamás estuve en política y he tenido que asumirlo todo, con los problemas de una urbanización que, como muchas en España, no está recepcionada por el ayuntamiento porque no está terminada”.

Aduce además que “el ayuntamiento es un órgano de control, pero no de jerarquía” ante la entidad que gestiona la urbanización, tras una consulta realizada a la Diputación. “No puedo paralizar una asamblea”.

La urbanización y las tensiones políticas y vecinales

Mientras, y en el ayuntamiento, las tensiones entre el equipo de Gobierno y quienes representan a los vecinos de la urbanización han escalado hasta una tensión que ha terminado en los tribunales.  

Fue en una de esas ocasiones cuando se desató la última polémica. El pasado 12 de noviembre, Diana da Silva, concejala de GRIAL y presidenta de la Asociación de Vecinos 'Nueva Sierra' acudió por enésima vez al Ayuntamiento para solicitar información sobre la urbanización —en concreto las licencias concedidas para la tala de árboles— a la Secretaría del Ayuntamiento. Acudió la alcaldesa, Maribel Ortiz (PP). Comenzaron a discutir y desde la Alcaldía llamaron a la Guardia Civil, que se personó en las dependencias del Consistorio.

En el atestado que se llevó a cabo, al que ha tenido acceso este medio, la Guardia Civil constata que la concejala de GRIAL acudió para entrevistarse con la secretaria y el arquitecto del Ayuntamiento, a lo que se negó la administrativa. La alcaldesa informó a los agentes de que esta última estaba “muy nerviosa y alterada” porque la concejala había amenazado con publicar en redes sociales que no se la atendía debidamente.

La alcaldesa informó entonces a los agentes de su intención de denunciar a Diana da Silva por coacciones, amenazas y acoso. Esta última sufrió entonces una crisis de ansiedad y fue atendida en el sitio por los servicios médicos, según consta en el parte sanitario. Tras encontrarse mejor, manifestó igualmente su intención de denunciar por “no ser atendida” en el Ayuntamiento.

El juicio por la denuncia de la alcaldesa, la secretaria y la administrativa contra Diana da Silva por presuntas coacciones, amenazas y acoso estaba previsto para el martes, día 16 de diciembre, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Guadalajara, pero la jueza acordó un aplazamiento porque faltaban documentos. De momento, no hay fecha para la nueva vista.

Se están riendo de los vecinos y desde que estamos las dos concejalas, ha ido incluso a peor. No nos hacen caso ni desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno regional, cuando esto es un agujero negro urbanístico

Diana Da Silva — Concejala en Albalate de Zorita y presidenta de la Asociación de Propietarios 'Nueva Sierra'

“El ayuntamiento facilita toda la información que está en nuestras manos. No puede decir que no tiene acceso porque toda está depositada en los juzgados debido a los contenciosos que ella misma [Diana da Silva] ha interpuesto”, sostiene la alcaldesa.

El caso es que en mitad de las tensiones y del periplo judicial, siguen sin resolverse los problemas de la urbanización ‘Nueva Sierra de Altomira’. Desde la asociación vecinal relatan que el último episodio que ha causado indignación a los propietarios es la tala de árboles “de forma indiscriminada”. Una acción relacionada con el Plan de Autoprotección contra incendios en la urbanización para el que la alcaldesa esgrime un informe favorable de la Diputación Provincial a la hora de conceder licencia.

Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones contar con la versión de la empresa que gestiona la urbanización, sin éxito. “Se están riendo de los vecinos y desde que estamos las dos concejalas, ha ido incluso a peor. No nos hacen caso ni desde el Ayuntamiento ni desde el Gobierno regional, cuando esto es un agujero negro urbanístico”, detalla la portavoz de GRIAL.

Otra vecina: “Tengo problemas desde que soy concejala”

Al margen de esta cuestión, también dice haber tenido problemas la otra concejala de este grupo independiente y miembro también de la asociación vecinal, María Dolores Torrero. Ocupó este puesto el pasado mes de marzo en sustitución del edil que concurrió por el grupo en mayo de 2023 y que renunció por cuestiones laborales.

Para entrar a su casa en la urbanización, Torrero, que tiene una discapacidad que afecta a su movilidad, debe pasar por un camino de tierra que es propiedad de Mar de Castilla. El pasado mes de septiembre, mientras ambas concejalas estaban en un pleno municipal, acudió un albañil y le comunicó a su hija que iban a colocar una puerta y dos vallas para cerrar el camino.

“No hay otra manera de acceder a mi vivienda. Cuando compré la casa, lo hice precisamente por ese acceso, porque me permite llegar con el coche hasta la puerta”, explica.

Tras solicitar información al respecto, el Ayuntamiento le comunicó que la empresa tiene derecho a cerrar ese camino y cumple todos los requisitos legales, “sin tener en cuenta que es el único acceso a una parcela con vivienda y que se convierte en camino de servidumbre”.

Esta concejala también afirma haber recibido amenazas de acciones legales por parte del Consistorio por sus solicitudes de información. “Dicen que les estoy hostigando, pero es que estos problemas yo solo los tengo desde que soy concejala. Y si la ley avala esto, desde luego la ética y la moral, no”.

La alcaldesa sugiere que presente una denuncia y asegura que el “acoso” también lo sufrió el anterior equipo de Gobierno en la pasada legislatura. Gobernaba el PSOE. “No se trata de ideologías, es que no es fácil. De verdad que necesito que un juez me diga ya cuáles son mis competencias y se aclare la responsabilidad de la entidad y la del ayuntamiento. Hasta entonces, estamos en el limbo”, insiste.

El PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado sacar adelante el Plan de Navidad de la Policía Local presentado por el Gobierno municipal con el voto de calidad del alcalde José Luis Sanz tras la abstención de Vox. La propuesta –que había sido tumbada por la oposición al completo en el pleno del 26 de noviembre– entra en vigor finalmente este viernes 19 de diciembre, levantándose así el Plan de Emergencias en Nivel 1 activo desde el 28 de noviembre, que permitía movilizar a los agentes con carácter obligatorio ante la falta de acuerdo.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha agradecido la abstención de Vox como un “ejercicio de responsabilidad”, algo que ha reprochado a los grupos de izquierda que han mantenido su negativa al plan. “Son capaces de hacer política hasta con la seguridad de nuestros vecinos y ese es el acto más irresponsable que puede cometer un gestor público”, criticó el también delegado de Hacienda.

Se trata de la tercera vez que se presentaba el plan en el pleno municipal, esta vez debatido por la vía de urgencia. José Luis Sanz intentó aprobar el dispositivo a las puertas de las fiestas navideñas destinando 5,6 millones de euros para hacer frente a las horas extra necesarias para movilizar a los agentes. Ese documento –rechazado frontalmente por los sindicatos policiales– reducía casi a la mitad la duración del dispositivo respecto al año pasado y, además, contaba con un informe demoledor en su contra firmado por la Intervención municipal.

El órgano encargado de fiscalizar la gestión presupuestaria del Consistorio había emitido un reparo suspensivo al advertir que el plan de 5,6 millones vulneraba los límites legales y que el gasto en productividades había crecido de forma “exponencial” —de 10 millones en 2021 a 30 en el ejercicio actual— hasta agotar el crédito disponible en abril. El informe avisaba de que aprobar de golpe el pago de horas extra que contemplaba podía derivar en responsabilidades legales si el asunto terminaba en los tribunales.

Finalmente, la propuesta recoge un reconocimiento de 4,6 millones de euros y ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT.

Críticas de los partidos de izquierda

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido su voto al considerar que “las pocas novedades” del Plan son “las garantías del gobierno para que la seguridad no se vea comprometida durante estas fiestas”. Pese a ello, ha subrayado que “no es un cheque en blanco” y ha pedido al Ayuntamiento “que se ponga manos a la obra” para solucionar la situación del Cuerpo de Policía Local.

El resto de partidos de la oposición se han mostrado duros con la propuesta del Ayuntamiento. El concejal socialista, Juan Carlos Cabrera, ha señalado a Vox como “cómplice de denostar la Policía Local” y ha criticado la gestión del actual equipo de Gobierno como “una chapuza generalizada”.

En esta línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha defendido su rechazo al Plan en “defensa de los intereses de los trabajadores”. “Esto no es una solución política, es mover el problema a otro sitio”, ha afirmado.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una moción impulsada por Vox, secundada por el PP y rechazada por la totalidad de los grupos de izquierdas -PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més-. La iniciativa ha sido aprobada en una sesión que ha estado marcada por duros reproches y en la que los socialistas han calificado de “vergonzosa y bochornosa” la propuesta.

Aunque el recurso de declarar a una persona non grata en un ayuntamiento no tiene efectos legales -no impide al presidente entrar ni actuar en esas localidades-, su uso se ha convertido en una herramienta de presión política y de señalamiento mediático en un contexto de elevada polarización. La moción impulsada en la capital balear es, por tanto, meramente simbólica.

La propuesta ha sido defendida por el portavoz de la formación de extrema derecha, Fulgencio Coll, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo central de ejercer “una corrupción esférica” y de un supuesto “menosprecio” hacia Palma que, en su opinión, justificaría la medida. En palabras de Coll, la declaración busca “demostrar una vez más que la mayoría de españoles desean que este presidente se vaya del Gobierno”, a pesar de que las últimas mediciones del CIS sitúan a Sánchez como el líder político mejor valorado.

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Llorenç Bauzà (PP), sostiene que “hay motivos suficientes” para declarar al líder del Gobierno persona non grata, argumentando que el texto “no reprueba a un presidente sino a alguien que se ha saltado todos los límites morales y, tal vez, legales”.

Por su parte, el socialista Xisco Ducrós ha advertido de de la propuesta supone “un ataque directo a la democracia”, al recalcar que Sánchez fue elegido legítimamente y un pleno municipal no puede cuestionar esa legitimidad. “PP y Vox nunca han estado por resolver los problemas de la ciudadanía ni por la democracia”, ha reprochado.

Mientras tanto, Unidas Podemos y Més per Palma han recriminado que la moción no afronta los problemas reales de la ciudadanía y que el uso de declaraciones simbólicas de este tipo alimenta la polarización más que la convivencia política. En este sentido, la portavoz del grupo ecosoberanista, Neus Truyol, ha señalado que su grupo “no hará seguidismo del espectáculo de Vox y PP”, mientras la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, considera que la moción busca “incendiar y generar una disputa partidista”.

Muñoz ha incidido en que cuando se propone una iniciativa de estas características debería ser por cuestiones morales y de derechos humanos. Por ello, Podemos ha presentado una enmienda para declarar persona non grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su “gobierno genocida”. Según ha defendido, la suya no es una propuesta “vacía como la de Vox”, sino “una respuesta ética y responsable”. La enmienda, sin embargo, ha sido rechazada.

“Se ha olvidado de decir que Israel fue atacado por un estado o gobierno terrorista de la manera más cruel, razón por la que fue declarada la guerra”, ha justificado el portavoz de Vox, obviando que diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la respuesta del Gobierno israelí mediante bombardeos sobre la población civil o el bloqueo de ayuda humanitaria no puede justificarse por el ataque inicial de Hamás.

La decisión del Ayuntamiento de Palma de declarar a Sánchez persona non grata no es aislada. En las últimas semanas, otros municipios españoles han movido fichas similares, entre ellos Albacete, cuyo Consistorio aprobó en noviembre una propuesta similar también con el respaldo de PP y Vox y con críticas de PSOE y Unidas Podemos, que tacharon la iniciativa de un ataque a las instituciones democráticas. Asimismo, en Cuenca y Cantabria se han debatido sin éxito iniciativas parecidas.

A menos de 72 horas del pleno para aprobar los presupuestos municipales de Sevilla de 2026, Vox ha endurecido la negociación con el gobierno local de José Luis Sanz. La portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha exigido este martes medidas concretas para dar su apoyo a las cuentas, entre ellas, “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad” y dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

El alcalde hispalense cuenta con tener el presupuesto prácticamente encarrilado gracias a un acuerdo con Vox, similar al alcanzado para las cuentas de este año. Sin embargo, el partido de extrema derecha ha dejado claro que su respaldo depende de la implementación de estas medidas, además de otras 16 enmiendas ya aceptadas por el gobierno municipal, que incluyen ajustes en partidas de igualdad, cooperación al desarrollo y promoción cultural.

No obstante, Peláez ha insistido en que, pese a los avances en la negociación, el apoyo de Vox aún “no está garantizado”. “A día de hoy, nuestro respaldo al presupuesto de 2026 lleva aparejado una serie de acuerdos políticos que para Vox son de suma importancia y, sin ellos, será muy difícil, por no decir imposible, apoyar las cuentas”, ha advertido la portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla.

Nuevas exigencias de Vox

En este sentido, Peláez ha pedido en nombre de Vox que el Gobierno municipal “evite que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad” mediante un protocolo “reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días”. Además, ha reclamado la desconexión de las cámaras de control de la Zona de Bajas Emisiones “y dejar de emitir multas de manera automática”, por considerarlo una medida que “ataca a los trabajadores y a las familias, a todos los que no pueden adquirir un vehículo de última generación o eléctrico”.

Hasta ahora, el PP al frente de la alcaldía de Sevilla había aceptado 16 de las 18 enmiendas de la formación de ultraderecha, el 90%, lo que conlleva nuevos recortes en partidas del Servicio de la Mujer, en planes de igualdad y en cooperación al desarrollo. A menos de tres días de que se aprueben las cuentas para el año que viene, Vox intenta presionar para que se incluyan todas sus propuestas en el pacto. Con esta estrategia, el partido de Abascal busca asegurar que su influencia se traduzca en medidas concretas antes de dar su voto favorable, dejando claro que la negociación no está asegurada hasta el último momento.

El Pleno extraordinario de presupuestos se celebrará este viernes, 19 de diciembre, un día después de la aprobación del presupuesto autonómico andaluz, en el que Vox también ha presentado una enmienda a la totalidad. El alcalde José Luis Sanz aplaudió este lunes el acuerdo con la extrema derecha para garantizar la estabilidad de las cuentas, insistiendo en que las medidas pactadas se centran en “los problemas de la ciudad y se alejan de los temas ideológicos que nos pueden separar”.

Vox mantiene su rechazo al Plan de Navidad

En paralelo, la portavoz de Vox ha indicado que su grupo mantiene su rechazo al Plan de Navidad, que prevé una partida de 4,6 millones de euros, argumentando que el gobierno municipal no ha negociado la propuesta y que la financiación podría agotarse antes de tiempo. “Si en 2025 el gobierno se quedó sin dinero en mayo, cabe pensar que en 2026 se quedarán sin dinero para productividades en abril”, ha concluido.

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento rechazaba este lunes incluir en el orden del día del Pleno ordinario de este jueves 18 el Plan de Navidad. Este nuevo Plan cuenta con el apoyo del sindicato mayoritario aunque con el voto en contra de CSIF, SPLS y CCOO. La aprobación de este punto supondría el levantamiento del Plan de Emergencias en Nivel 1 activado en la ciudad desde el pasado viernes 28 de noviembre.

Sanz hacía este lunes un llamamiento a la “responsabilidad” de los grupos políticos para sacar adelante la propuesta. Los tres grupos de la oposición votaron en contra del anterior Plan de Navidad presentado en el último pleno de noviembre.

De nuevo, Albacete ha vuelto a noticia de alcance nacional. Y no por ser una ciudad de progreso y con una excelente calidad de vida, méritos que han sido fruto del esfuerzo, el trabajo y las ilusiones de su ciudadanía. No. Lo ha sido por lo escuchado y visto en el último Pleno municipal, celebrado el pasado jueves, reprobando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que debería abochornar a cualquier persona que se considere demócrata.

Este acuerdo de la vergüenza puso en evidencia la fragilidad a la que se enfrenta en estos momentos la democracia. La permisividad hacia las actitudes franquistas de uno de los concejales de esta Corporación, José Ramón Conesa, expulsado de Vox y ahora como no adscrito con derecho a sueldo, sitúan al alcalde de Albacete y presidente provincial del Partido Popular, Manuel Serrano, en las filas de los intolerantes, de quienes lucen sin rubor símbolos preconstitucionales, la bandera franquista y el emblema de la Falange, y con proclamas que más bien parecen discursos del No-Do pronunciados en la plaza de Oriente.

Curiosamente, de esta manera eligió Manuel Serrano conmemorar 50 años de democracia en nuestro país, que dieron comienzo tras una dictadura eterna e insoportable. El alcalde de esta ciudad permitió no solo que el señor Conesa mostrara esos elementos que suponen una humillación a las víctimas de la dictadura, sino que la sesión se convirtiera en un ataque al espíritu que debe garantizar el mantenimiento del sistema político que nos ha permitido vivir en paz en el último medio siglo, autorizando que se cuestionara la legitimidad de la elección del actual presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tras alcanzar un acuerdo mayoritario y de progreso.

De esta manera eligió Manuel Serrano conmemorar 50 años de democracia en nuestro país, que dieron comienzo tras una dictadura eterna e insoportable. El alcalde de esta ciudad permitió no solo que el señor Conesa mostrara esos elementos que suponen una humillación a las víctimas de la dictadura, sino que la sesión se convirtiera en un ataque al espíritu que debe garantizar el mantenimiento de nuestro sistema político

La zafia y macarra intervención de Conesa no sorprende a nadie. Es costumbre de este señor provocar una y otra vez a quienes se sienten agraviados por sus comportamientos antidemocráticos. Lo peor de todo es la manera en la que Manuel Serrano miró hacia otro lado, ante la exhibición de quienes sueñan con que vuelvan los regímenes en los que la voluntad del pueblo es papel mojado.

Pero entrando en el fondo de la cuestión, más allá de si el Pleno municipal es el foro para debatir estas propuestas y su validez -de hecho el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en este sentido y ha sentenciado que los ayuntamientos carecen de habilitación legal para realizar declaraciones de esta naturaleza- lo que buscaban era hacer ruido, como fuegos de artificio, para ocultar los avances que este país, y por ende, esta ciudad ha alcanzado bajo la presidencia de Pedro Sánchez en la revalorización de las pensiones, en el incremento del salario mínimo interprofesional, en la creación del Ingreso Mínimo Vital, en las ayudas al transporte público, en el aumento de las becas educativas…

Se han impulsado obras más que importantes —la reforma del barrio de La Pajarita, la continuación de la A-32 o la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales—, pero además, el Ayuntamiento de Albacete recibirá el próximo año, en concepto de entregas a cuenta por parte del Gobierno de España, 60 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,32 % con respecto a 2025.

Además, con Pedro Sánchez, la ciudad ha recibido una lluvia de millones que nos han permitido transformar un centro colapsado y contaminado en un espacio para el paseo, la conversación y el entendimiento, además de una puesta al día de instalaciones municipales como la estación de autobuses.

Y mientras que en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete se debatían estas cuestiones, que para el PP, los tránsfugas y Vox pueden ser capitales, pero que no aportan nada ni a Albacete ni a la a las personas que vivimos en esta ciudad, en el Congreso de los Diputados, las derechas rechazaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones en el próximo trienio, el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Este rechazo del PP, partido que gobierna en esta ciudad, supondrá que nuestro Ayuntamiento verá mermados sus presupuestos en cinco millones de euros durante los próximos tres años, es decir, 15 millones de euros para mejora de infraestructuras, zonas verdes, construcción de viviendas o puesta en valor del transporte público.

Si Manuel Serrano se considera el alcalde de todos y de todas debería romper relaciones con los concejales no adscritos, y comenzar a poner como primer objetivo de su cuaderno de ruta los intereses de Albacete. De otra manera, quedará demostrado de nuevo que su única pretensión es mandar con una mayoría absoluta comprada a base de sueldos públicos, mientras que la ciudad pierde el tren del progreso, la modernidad y la creación de empleo, es decir, cuanto peor, mejor.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Albacete, convocada con carácter de urgencia estudia medidas legales para anular el pleno municipal en el que se declaró 'persona non grata' a Pedro Sánchez, gracias a una moción presentada por un edil expulsado de Vox, que ocupa ahora un sillón como no adscrito, y que fue apoyada por el Partido Popular. Este edil es una pieza clave para que los 'populares' puedan sacar adelante sus proyectos en la ciudad.

Los socialistas han instado tamibén al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, a cumplir “con su deber”, como responsable y garante de que el Pleno Municipal. Y es que, según denuncian, permitió que el edil José Ramón Conesa pudiera “enaltecer la dictadura franquista” o “exhibir en sede plenaria simbología fascista, vulnerando la Ley de Memoria Democrática”.

El PSOE califica estos comportamientos como un “delito”.

La Ejecutiva local acordó también exigir a los dos concejales tránsfugas, expulsados de Vox, que dimitan y entreguen sus actas.

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE, Emilio Sáez, cree que “en el Pleno Municipal celebrado ayer se evidencio, por qué Manuel Serrano, en una decisión sin precedentes en la historia de nuestro Ayuntamiento, continua manteniéndoles el sueldo a dos tránsfugas, que ni asisten a comisiones informativas, ni convocatorias de los órganos de gobierno municipales, pero a los que el Ayuntamiento de Albacete habrá pagado 300.000 euros cuando concluya el mandato municipal”.

El Pleno municipal evidenció por qué Manuel Serrano, en una decisión sin precedentes en la historia de nuestro Ayuntamiento, continua manteniéndoles el sueldo a dos tránsfugas, que ni asisten a comisiones informativas, ni convocatorias de los órganos de gobierno municipales, pero a los que el Ayuntamiento de Albacete habrá pagado 300.000 euros cuando concluya el mandato municipal

Emilio Sáez — Presidente de la Ejecutiva local del PSOE en Albacete

Ayer, ha incidido, “se demostró, con la moción que presentaron para declarar a Pedro Sánchez persona non grata, cual es el cometido y función de estos dos tránsfugas: traer al Pleno lo que el señor alcalde no se atreve a traer; decir lo que el señor alcalde no tiene valor para decir en púbico, y que en el Pleno se vote lo que Manuel Serrano quiere que se vote y se apruebe.”

“Ni el presidente Page se merecía que el Pleno del Ayuntamiento deje Albacete le insultara en plena pandemia, con la misma figura con la que ayer se volvió a insultar y desprestigiar al presidente Pedro Sánchez. Curiosamente, en ambos casos, detrás estaba el mismo urdidor, Manuel Serrano”, ha sentenciado Emilio Sáez.

En este punto, el secretario general también ha aludido a que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, en el sentido de que los ayuntamientos carecen de la “necesaria habilitación legal”, para declaraciones de esta naturaleza, cuestionando que “la Administración Local tenga la capacidad de atribuir calificativos a sus administrados, de modo que se concluye que este tipo de acuerdos son contrarios a derecho”.

De ahí, que el PSOE de Albacete, ha concluido el secretario general de la Agrupación Local Socialista, estudie las medidas legales, para que la Justicia se pronuncie sobre la decisión adoptada ayer por el Ayuntamiento de Albacete, así como sobre el hecho de que “el alcalde tolere y permita que en el Pleno se exhiban símbolos franquistas y se realice apología y exaltación del régimen del dictador”.

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa. La han apoyado los grupos municiales de Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Los partidos opuestos han tachado la propuesta de ser “un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata”.

Se da la circunstancia de que Conesa fue expulsado de Vox en 2024 por abstenerse en la votación de los presupuestos que presentó el PP en aquel año. Pasó a ser edil no adscrito y ahora su iniciativa la han apoyado tanto los 'populares', que gobiernan en el Ayuntamiento, como sus antiguos compañeros de partido. El pasado mes de septiembre dijo en un pleno municipal que la Guerra Civil “la ganaron los nacionales con el Generalísimo al frente”.

Ahora, en la defensa de su propuesta, este concejal ha dicho que España “se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia” y que se forjó con “pactos contra natura” apoyados “por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas”. El edil no adscrito ha destacado que Sánchez “tiene imputado a todo su entorno más cercano” y que “cada vez está más acorralado por la justicia”.

Por su parte, la líder municipal de Vox, Lorena González, ha justificado su apoyo a la moción introducida por su excompañero de trabajo en base “a los numerosos casos de corrupción por aliarse con traidores a España y hacer de la mentira y el engaño su principal bandera política”.

Desde el Grupo Popular, que dispone del mayor número de votos en el pleno, han decidido votar a favor tras alegar que Pedro Sánchez “ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes”, además de haber desplegado “políticas erráticas e intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática”, según ha sostenido la edil Rosa González de la Aleja, quien ha matizado que, pese a la decisión de apoyar la moción, “a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas”.

En el lado contrario, el líder del Grupo Municipal Socialista, José González, ha criticado a Vox por alinearse con una moción presentada por un concejal no adscrito “al que hasta ahora no reconocía” tras su marcha del partido. Ha defendido algunas de las iniciativas del Gobierno central, como la subida de las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional.

PSOE: el objetivo es “dinamitar las reglas de la democracia”

“La figura del presidente del Gobierno es una figura que engloba a todos y todas las españolas”, ha explicado el edil, quien ha insistido en que la intención de la moción “es dinamitar las reglas de la democracia y crear una cultura del odio”.

Finalmente, la portavoz del Grupo Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha recordado que el concejal Conesa “protagonizó en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo” y ha matizado que Sánchez llegó a la Presidencia “logrando unir una mayoría de votantes” en un ejercicio democrático legítimo.

El partido de izquierdas ha mostrado su “total rechazo a cualquier planteamiento de quien enaltece dictaduras” y ha criticado el apoyo de Vox y PP a la iniciativa, la cual ha considerado un intento de conseguir “relevancia mediática mediante el insulto institucional”. De esta manera la moción ha sumado un total de 16 votos a favor y 9 en contra. La declaración de persona non grata a un ciudadano español no tiene repercusiones legales, más allá de las simbólicas.

El propio Tribunal Constitucional considera que dicho repudio no atenta contra el honor de las personas, si bien ha admitido en su jurisprudencia que atribuir calificativos a sus administrados tal vez no sea la función de un Consistorio.

Un hombre que portaba una bandera preconstitucional a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, en la madrileña calle de Velázquez, agredió ayer sexualmente a dos activistas de Femen que, con el pecho descubierto, se encontraban en el lugar donde se celebraba una misa en homenaje al dictador Francisco Franco, coincidiendo con los 50 años de su muerte. “Fascismo legal, vergüenza nacional” o “al fascismo, ni honor ni gloria”, gritaron las mujeres.

Quienes asistían a la eucaristía organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre las increparon. “Putas”, “guarras” o “fuera de aquí”, fueron algunos de los insultos que los asistentes a misa dedicaron a la dos mujeres, mientras que el hombre aprovechaba para manosearlas, en una imagen captada por los medios de comunicación y otras personas que se encontraban en el lugar.

El episodio lo ha comentado este viernes el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, durante el pleno municipal. Allí se hablaba de la próxima celebración del 25N, el Día Internacional de Eliminación de Violencia Contra la Mujer. Mientras que el PP exigía “lealtad institucional de la izquierda” y “rigor en la lucha contra la violencia de género”, y Vox mantenía su discurso negacionista sobre la violencia de género, el concejal de IU afeaba que las derechas rechacen la ley de garantía integral de la libertad sexual que prepondera el consentimiento de la mujer sobre las agresiones a las que se pueden ver sometidas.

Y se refería a lo ocurrido ayer, 20 de noviembre, que tuvo como protagonista a un “repugnante franquista contra una de las manifestantes con motivo de las misas celebradas por un dictador”, en alusión al hombre que aprovechó para toquetear los pechos a dos manifestantes en Madrid.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, una vez terminado el Pleno Municipal, Txema Fernández, preguntado por esta cuestión, condenaba la actitud del hombre que tocó “sin consentimiento a una joven en las puertas de una iglesia” y lo tildaba de “deleznable”.

“La única valoración que tenemos que hacer desde Izquierda Unida es que la ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro, actúe de oficio contra este miserable que ha intentado violentar o que ha violentado a dos jóvenes que estaban utilizando la calle como medio de expresión”.

En su opinión “es repugnante y es una buena noticia tener una ley que puede entrar de oficio cuando se producen estos hechos y catalogarlos como violencia sexual cuando no hay consentimiento”. Sobre esta cuestión, incidía, “en este caso era claro que no hay consentimiento ni explícito ni de ninguna forma de las jóvenes para que se las toque o se pueda tocar su cuerpo”.

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, le ha dicho hoy a Conrado Escobar en el Debate del Estado de la Ciudad que “se quiere alejar tanto de VOX que se está quedando algo a la izquierda”. “Dele una vuelta”, le ha pedido. Además, ha criticado que la ciudad “no solo no ha mejorado, sino que va a peor”, ante lo que ha reclamado al alcalde “autocrítica” y un “cambio de rumbo” en la gestión de la capital riojana.

“El PP se echa flores, cuando la realidad demuestra lo contrario”, ha insistido la portavoz de VOX, quien ha lamentado que los ciudadanos “están encontrando incertidumbre y desconfianza respecto a una administración que no les atiende con la eficacia y la transparencia que esperan”.

Jiménez también le ha afeado “el desequilibrio presupuestario de 8 millones de euros”, lo que se traduce en “recortes” que conducen a que “los servicios publicos están mermando en cantidad y calidad”. “Se quiere salvar además metiendo la mano en los bolsillos de los logroñeses”, ha dicho sobre las subidas de impuestos, modificaciones presupuestarias o suplementos de créditos que, ha creído, “deberían ser la excepción y son la norma”.

Vox también ha criticado la “improvisación”, los “ajustes sobre la marcha”, o la “falta de planficación”, ejemplidicando con las Fiestas de San Mateo, las que ha considerado, “las peores de la historia”.

“Y mientras, se siguen presentando con autocomplacencia”, ha dicho Jiménez, quien ha considerado que la ciudadanía “estáa perdiendo calidad de vida, va pagando más impuestos y teniendo menos calidad en los servicios”. Se ha referido en concreto a temas como la vivienda, “sin una política clara”. En comercio, ha criticado que “un dato -en referencia a que hay más aperturas que cierres en el primer semestre del año- no hace tendencia” y ha insistido en la “falta de proyecto” al respecto.

La respuesta del alcalde

En su respuesta, Conrado Escobar se ha referido especialmente a la crítica ideológica, asegurando que “estoy en la moderación y en el centro”. “No tengo ningún problema en tender la mano y alcanzar acuerdos sin complejos, lo mismo con VOX que con Podemos-IU, en lo que sea bueno para la ciudad”, ha considerado.

Ha afeado a Jiménez que “no ha hecho ni una propuesta”. “Ha dicho categóricamente que necesitamos un cambio de rumbo y que el Ayuntamiento debe tener transparencia y rigor, y en eso estamos de acuerdo, pero no ha sido capaz, quizá por inexperiencia, de plantear ninguna propuesta”.

“Está un poco verde”, le ha dicho a la portavoz de VOX con ironía, para, a continuación, criticar que “cae en contradicciones: dice que falta visión, y tenemos la de 2050, pero no le gusta; y pide realismo, pero tampoco plantea nada”, por lo que el regidor municipal ha considerado que “su discurso se queda en la evanescencia y en la nada, así es difícil el debate”.

“Sí que es cierto que la confianza se tiene que trabajar, nunca doy por sentado el respaldo de la gente. Todos los días les tengo que pedir la confianza a los ciudadanos, todos los días toca pedir disculpas y recibir abucheos, va en el cargo y hay que aceptarlo. Pero lo que siempre persigo es cuidar esa confianza, que es el mayor activo que tenemos los políticos”, ha reflexionado Conrado Escobar.

En sus palabras, desde VOX “es difícil aterrizar en Logroño si el discurso le viene dado de otro lado, o si nos viene bien para lograr votos”, al tiempo que ha reseñado que “no me va a poder decir ningún recorte, porque no los hay, lo que hemos hecho es hacer lo que nos pide, que es gestionar bien”.

Para Escobar, “cuando uno asume la gestión en un Ayuntamiento, no se trata solo de aplicar un programa electoral, porque el programa del PP ya no es nuestro, es de todos”, señalando precisamente que “la primera fase de ese programa, lo primero que se espera de él es que la ciudad funcione”.

Poniendo en este sentido ejemplos como, en seguridad, el aumento de actuaciones policiales suben y la bajada de los delitos; el récord de usuarios del transpore urbano; uso “multitudinario” de Bicilog; el “buen clima laboral” en el Ayuntamiento; la limpieza, “ya trabajando en un grupo para su mejora; o el aumento de actividad comercial, en concreto, en referencia a los bajos del Mercado de San Blas.

“Esto es gestión, rigor y transparencia. Es aplicar un programa de Gobierno que ya es de todos, y cuya primera fase es que la ciudad funcione. Si eso ocurre, podemos estar satisfechos. Y si a partir de ahí, nos ofrece alguna propuesta encantado”, ha finalizado el alcalde de Logroño.

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha acusado este martes al alcalde Conrado Escobar de “falta de liderazgo” de un Gobierno municipal “desnortado”, con gestión “ineficaz” y que ha cometido “numerosos errores”. Así lo ha asegurado Antoñanzas en su discurso con el que se ha abierto la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, hoy centrada en las intervenciones de los Grupos Municipales.

“Después de 28 meses sigue sin modelo de ciudad, tiene los grandes proyectos parados o sin financiación y abusa de la improvisación en su gestión diaria”, ha criticado el regionalista. Algo a lo que ha sumado que “a lo largo de este año ha cometido numerosos errores dejando a su Gobierno desnortado y sin cortafuegos para contener las llamas que han provocado su constante falta de planificación”, ha incidido dirigiéndose a Conrado Escobar, errores, ha añadido “han contribuido a que la ciudad esté paralizada y sin un plan de choque que favorezca el crecimiento económico y la inversión”.

En este sentido se ha referido en primer lugar al presupuesto municipal 2025, que “aprobó tarde y mal”, ha criticado. “No entró en vigor el 1 de enero, pese a contar con mayoría absoluta y nació con un pecado original de 8 millones de euros de déficit en gasto corriente, que a día de hoy no ha corregido y que ya repercute en la presión fiscal, en el gasto corriente y en los servicios públicos”.

Aún en el ámbito económico, Antoñanzas ha apuntado al “gran descontrol del gasto”, para “recortar 8 millones de euros de gasto presupuestario”, en lo que ha hecho “modificaciones presupuestarias”, subiendo “partidas superfluas”, como festejos o protocolo, mientras que “paralelamente, Intervención ha retenido de su presupuesto 2,6 millones de euros de partidas tan sensibles como servicios sociales, parques y jardines, cooperación al desarrollo o limpieza”.

Además, ha apuntado que “lleva acumulados estos dos años 23 contratos que ha habido que legalizar”; la inversión, “que está paralizada”, mientras, ha asegurado, “sigue engañando a los vecinos diciendo que va a invertir en las mejoras de los barrios inflando la venta de suelo que no se va a producir”.

Todo ello, a su juicio, “se debe, fundamentalmente, a su falta de liderazgo, ha demostrado ser incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales, carece de habilidades para liderar su equipo, el Ayuntamiento y mucho menos Logroño”, considerando que esa falta de organización en el Gobierno local se extiende al Ayuntamiento “con unidades descabezadas” y poniendo como ejemplo de esa situación lo ocurrido con la Terraza San Mateo.

Respecto al ámbito económico, se ha mostrado “sorprendido por el uso que hace de los datos para vendernos un progreso que lamentablemente es irreal”, según ha dicho, señalando que “Logroño ha perdido en un año 804 empresas”. La “broma” fallida de Bosonit; el “expolio” del Centro Tecnológico de La Rioja “que el Gobierno regional ha quitado a Logroño para llevarlo a Albelda”; el “castigado” comercio han sido algunos de los temas que ha citado.

“La realidad es que Logroño ha perdido competitividad y ha dejado de ser competitiva para la inversión privada, salvo para bloques de pisos turísticos. Urge un cambio de política y una estrategia clara, un gran pacto de ciudad”, ha recalcado Antoñanzas, quien ha hecho especial hincapié en vivienda “con muchas fotos, pero ninguna llave” y aunque ha reconocido que “su plan fue un inicio”, ha criticado que “ha resultado insuficiente y va muy lento”.

Sobre el Plan General Municipal, ha recordado que “no hay”, para lamentar la tramitación al respecto, porque “desoyó los informes técnicos, rompió consensos, aprobó con sus únicos votos los nuevos criterios urbanísticos, por no hablar de las actas alteradas”. Y ha sumado Ramblasque, en el que “no lucha por conseguir más vivienda protegida” mientras que ha asegurado que el PR+ “luchará por conseguir que llegue al 50% a cambio de la edificación regalada”.

“Dijo que Logroño necesitaba impulsar 1.500 viviendas al año. Yo le ofrezco 1.200 en el soterramiento, donde, por cierto, seguimos sin tener la disponibilidad de los terrenos. Escuchándole ayer parece que ha olvidado que es vicepresidente de la Sociedad del soterramiento. Ejerza su cargo, deje de criticar al Ministerio y defienda los intereses de Logroño”, ha reclamado.

Por todo ello, ha dicho ver “con preocupación la atonía y falta de impulso” del Gobierno local, esperando cuestiones como la ordenanza de terrazas; la implantación de la zona de bajas emisiones: Así mismo, le ha afeado: “No han solucionado los problemas de convivencia en el Casco Antiguo” o “ha generado conflictos vecinales” en El Campillo; “se van a gastar 3 millones en hacer un parque y arreglar un hall” en la antigua estación de autobuses“; o que la limpieza ”brilla por su ausencia en las calles“.

“Soy consciente de que hago una fortísima oposición y un exigente control al Gobierno municipal. Pero también es constructiva y propositiva. Una oposición firme y rigurosa no es un obstáculo ni un impedimento para mantener espacios de diálogo y consenso para trabajar por el bien de Logroño”, ha señalado, afirmando que “lo que considere que sea bueno para Logroño contará siempre con mi apoyo”.

Así, ha calificaco como “anomalía democrática” que “en el último año no se haya sentado ni una vez con el PR+”, que, ha recordado, ha planteado iniciativas “para trabajar temas importantes de ciudad”, lamentando que “ha optado por rechazarlas de manera sistemática”, pese a lo que ha querido finalizar garantizando que “seguiré trabajando sin descanso por el bien de Logroño”.

La respuesta del alcalde

“¿Qué sería de Logroño sin Rubén Antoñanzas?”, ha comenzado respondiendo el alcalde, centrándose en defender al grupo popular, que se “está vaciando y se seguirá vaciando por los logroñeses”, ha dicho. Ha rechazado, por contra, las acusaciones del regionalista sobre falta de transparencia del Ejecutivo local que, ha dicho Escobar, “no son verdad, todas la modificaciones del presupuesto o del PGM se traen aquí y están todas respaldadas por los técnicos”.

Ha culpado a la “mala gestión heredada” por l que ha defendido que ha su llegada “lo primero era ordenar y desatascar ese desbarajuste presupuestario y de gestión que nos encontramos y se ha solucionado”. “Hemos conseguido que la ciudad funcione”. “Hemos conseguido además -ha subrayado- que los logroñeses recuperen el mando de la ciudad”, repasando logros como diversas actuaciones en barrios, el futuro centro intergeneracional de la antigua estación, las Cien Tiendas “que encaran una nueva etapa de ilusión”, o el colegio de san bernabé, entre otros.

Y ha lamentado sobre todo las críticas de Antoñanzas sobre el PGM, que, le ha cuestionado, “pero ¿qué me cuenta si estuvo cuatro años aquí dormido?” “No hicieron nada, nosotros tomamos decisiones, porque nos lo pide sobre todo la principal emergencia de la ciudad, que es la vivienda”, ha asegurado, recordando próximas actuaciones en VPO, especialmente de alquiler comenzando por el barrio de Varea, si bien ha reconocido que la tramitación es “exasperantemente lenta”.

Respecto al Casco Antiguo, ha señalado actuaciones como la ordenanza de terrazas o el solar de Bosonit cuyos usos se modificarán para vivienda, que irán al pleno de noviembre, en “un trabajo político que nos une a todos, porque en el Casco Antiguo está el alma de la ciudad, me voy a vaciar para que siga siendo lo que debe ser, el santo y seña de Logroño”. “La ciudad funciona y es previsible, con seguridad jurídica e intangibles como la ilusión que se está haciendo patente. Seguiremos con un trabajo tenaz y coordinado para que Logroño sea cada vez más dinámico y más vivo”, ha concluido Conrado Escobar.