Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo que visitó la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cierre de la instalación y han advertido de los riesgos demográficos y económicos que conllevan este tipo de decisiones en regiones con menor desarrollo, como Extremadura.

Así consta en el borrador inicial del informe, que se presentará este miércoles ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara. El documento, que aún puede recibir enmiendas antes de su aprobación, no tiene carácter vinculante, pero fija una posición política relevante sobre el futuro de la planta.

Entre sus recomendaciones, los eurodiputados solicitan “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red” y reclaman al Gobierno español una “evaluación de impacto transparente”. También instan a mantener un “diálogo eficaz” con todas las partes implicadas en decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con consecuencias socioeconómicas a nivel regional.

El informe recuerda además que la taxonomía verde de la Unión Europea considera la energía nuclear como una actividad “de transición” para mitigar el cambio climático y advierte de que cualquier cierre industrial en territorios como Extremadura puede acarrear “riesgos demográficos y económicos”. “Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local”, subrayan.

La visita de los eurodiputados respondió a la petición cursada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, que solicitó al Parlamento Europeo conocer sobre el terreno la instalación y analizar el impacto económico, energético y social de su eventual clausura.

El calendario acordado en 2019 entre el Gobierno, sindicatos y empresas fija el cierre del primer reactor el 1 de noviembre de 2027 y del segundo el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado octubre una prórroga hasta junio de 2030, una propuesta

Sigue la polémica por la visita que una delegación de eurodiputados, algunos del PP, ha hecho al Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde han insistido en que existe una gran cantidad de animales y han defendido el aumento de la caza, sobre todo de ungulados: corzos, ciervos y venados, entre otros.

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional, que agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave, ha recibido a la delegación del Parlamento Europeo, a la que ha acompañado durante un recorrido por distintas zonas del Parque con el objetivo de mostrar de primera mano el “deterioro progresivo” que, según la entidad, está provocando la “superpoblación de ungulados”.

Según este colectivo, durante la visita, los eurodiputados han podido comprobar la diferencia entre las áreas donde se ha restringido el acceso de fauna y aquellas en las que existe “sobrepoblación”. En estas últimas, añade, “se ha evidenciado un notable deterioro del hábitat tras cinco años sin acuerdos efectivos para el control poblacional mediante la caza”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, ha valorado el reciente acuerdo firmado para comenzar a gestionar las poblaciones, aunque ha lamentado el retraso acumulado: “Estamos esperanzados por el acuerdo que acabamos de firmar para poder empezar a gestionar y bajar las densidades de población a niveles que por lo menos no empeoren la situación, pero también decepcionados por los años que hemos perdido, que han ocasionado lo que estáis viendo”.

Sánchez ha explicado que actualmente se ha estimado que la población de ungulados se sitúa por encima de cinco veces el límite considerado óptimo. Según ha detallado, será necesario realizar un “esfuerzo muy significativo” durante años y reducir las densidades incluso por debajo de los niveles que el propio parque ha considerado adecuados para revertir la situación.

Precisa este colectivo que el origen del bloqueo se sitúa en el 5 de diciembre de 2020, fecha en la que expiró la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales que permitía el control poblacional. Desde entonces, los propietarios no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio -el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero-, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

Un acuerdo de gestión con enfoque integral

Durante la visita, Javier Pantoja Trigueros, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha puesto en valor el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de diciembre entre la finca Cabañeros (6.300 hectáreas), la mayor de las propiedades privadas del parque, y las administraciones regional y central.

“Es importante no solo por el control de población, sino porque es un acuerdo de gestión de la parte privada del Parque Nacional y se prevén control de poblaciones, seguimiento de especies emblemáticas, control de ecosistemas vulnerables... Es decir, son un conjunto de medidas a nivel holístico con el objetivo de proteger los principales valores del parque”.

En la visita también ha participado Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha advertido de que la superabundancia de ungulados ha generado dos efectos principales. Por un lado, se ha producido “una pérdida grave de biodiversidad, tanto vegetal como animal, al verse desplazadas otras especies en zonas dominadas por rumiantes silvestres y jabalíes”.

Por otro, ha mostrado especial preocupación por la proliferación de algunas enfermedades. “Particularmente ahora nos preocupa bastante la proliferación de garrapatas, que a su vez está asociada a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es una enfermedad emergente que está surgiendo y creciendo en la España mediterránea, muy asociada a situaciones de sobreabundancia”.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha afirmado este miércoles que “no entiende muy bien el sentir” de la visita de varios eurodiputados al Parque Nacional de Cabañeros, al tiempo que ha señalado que son los titulares de fincas privadas quienes deben presentar un plan para controlar los ungulados.

Lo que sí ha señalado la consejera es que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la aprobación de los planes de control de ungulados para el parque que se están presentando a título particular, dejando claro que en Cabañeros solo el seis por ciento de la superficie es pública.

“La responsabilidad en este caso es de la Administración General del Estado, que es quien gestiona el seis por ciento del Parque Nacional. El resto corresponde a los particulares, y los particulares tienen instrumentos perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que ya ha habido “algún propietario” que ha firmado un convenio tanto con la Administración General del Estado como con el Gobierno regional para que se apruebe ese plan de ungulados “y ejercer un control dentro de la población que tiene de caza mayor en sus fincas”.

“No entendemos muy bien el sentir de esta visita. Por supuesto, agradecemos siempre que los parlamentarios europeos pisen el terreno y conozcan mejor qué es lo que sucede en los territorios para ayudarnos siempre a mejorar, sobre todo en la normativa y en la legislación que emana de la Unión Europea”, ha dicho la consejera.

Pide a eurodiputados que “revisen bien todo con ojos críticos”

En este sentido, sí que ha agradecido esta visita aunque ha pedido a los eurodiputados que “revisen bien todo con ojos críticos”, viendo “exactamente” cuál es la situación, “no porque uno pueda dar más voces o porque uno pueda entender que pueda tener un problema tenga que ser la generalidad y lo que le sucede a todo el mundo”.

De ahí que haya destacado que Cabañeros no deja de ser “uno de los parques más emblemáticos” del centro de la Península Ibérica. “Merece la pena no solo pasearse por allí, sino realmente disfrutar y ver que se están haciendo muchas acciones para seguir defendiendo lo que es este espacio público”.

Sin embargo, ha insistido en que “lo más importante” es que sean los propios propietarios de las fincas privadas quienes presenten ese plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control.

Todo ello, ha concluido, con el fin de que baje la población de ciervos en las zonas donde realmente haya una sobrepoblación que pueda estar provocando una daños a la flora y a otra fauna “de este lugar emblemático”.

Los eurodiputados españoles Alvise Pérez y Esteban González Pons todavía no han actualizado los ingresos que reciben al margen de su actividad como Europarlamentarios. Los eurodiputados pueden tener otros empleos, con permiso del Parlamento, además de ingresos por la escritura de libros o las conferencias, pero tienen la obligación de declararlos a la Eurocámara cuando estos superan los 5.000 euros.

Según el diario Politico, hay 14 europarlamentarios que no han cumplido a tiempo sus obligaciones en materia de transparencia. Los dos españoles son el político de ultraderecha Alvise Pérez y el dirigente del PP Esteban González Pons. En el primer caso, señala este medio, el agitador ultra declaró que los ingresos exactos generados por su actividad en redes se actualizarían al final de cada año, pero no ha actualizado los ingresos tras el año 2024.

En la última declaración, presentada en 2025 pero en referencia a los ingresos del año anterior, percibía casi 20.000 euros al mes. Su equipo declaró a Politico que “Todos los ingresos recibidos han sido debidamente declarados de acuerdo con la normativa aplicable”, recoge el portal web.

En el caso del eurodiputado popular, que también es escritor, el desfase se debe a la liquidación de los derechos de autor, señala su equipo a elDiario.es. González Pons ha escrito varias novelas y un poemario, por lo que debería sumar lo percibido por el contrato de edición y las liquidaciones por ventas u otros usos de la obra.

Según explica su oficina, la liquidación de los derechos se realiza en primavera, generalmente en mayo, y será entonces cuando el eurodiputado pueda aportar esta información. Respecto a las novelas anteriores, explican que González Pons dejó de ser eurodiputado un par de años, que coincide con la publicación de las obras anteriores.

Ayer martes, el eurodiputado socialista, César Luena, informaba del bloqueo por parte del PP y VOX para que se debatiera “nuevamente” la supresión de los carriles bici en Logroño en el Parlamento Europeo. “Los tres grupos de extrema derecha y el PP han rechazado una petición de Logroño en Bici y Ecologistas en Acción La Rioja para que el asunto pudiera debatirse de nuevo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pero la petición continúa formalmente abierta”, explicaba Luena.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Logroño ha valorado esta cuestión que ha presentado como una batalla ganada asegurando incluso que “la UE da la razón al Consistorio logroñés”. Han sido los concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y de Administración Pública, Francisco Iglesias, quienes han informado “sobre el archivo de la petición presentada por Ecologistas en Acción-Logroño en Bici, y defendida por el eurodiputado socialista, César Luena”. Los responsables municipales han explicado que “ayer se celebró una sesión en la que se acordó rechazar esta petición tras una comunicación de la propia Comisión del 7 de abril de 2025 que concluía que no se observaba ningún incumplimiento en la ejecución del proyecto”. El fundamento de la inadmisión, han añadido, “es doble: por una parte, la respuesta de la Comisión competente que deja claro que la actuación municipal es adecuada y, por oro lado la votación, para que ni siquiera se debata ya en el propio Parlamento Europeo”.

Un archivo que para el Ayuntamiento de Logroño les da la razón sobre la gestión que el actual Gobierno local está realizando de los fondos europeos en materia de movilidad y carriles bici. Es más, consideran que las conclusiones de la Comisión Europea son “claras y rotundas, tal y como recoge la respuesta: la Comisión no ha identificado ninguna evidencia que sugiera una posible reversión de algún hito u objetivo previamente considerado cumplido satisfactoriamente por España en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, basándose en las acciones descritas en esta petición”. Por lo que reiteran que “el Ejecutivo local no está en contra de los carriles bici, tal y como algunos colectivos y partidos políticos intentan dar a entender, estamos demostrando nuestra apuesta diaria por un modelo de movilidad sostenible basado en la convivencia y en la prioridad para el peatón. Un modelo en el que estamos incorporando carriles ciclopeatonales y en el que la partición ciudadana es clave para la toma de decisiones. Hemos puesto en orden una movilidad seria y de convivencia, escuchando a la ciudad y a nuestros vecinos”, ha explicado Sanz.

La investigación continúa abierta

Sin embargo, la batalla ganada por el Ayuntamiento de Logroño no lo es tal para el eurodiputado socialista, César Luena, porque insiste que “la petición continúa formalmente abierta, es decir, la investigación sobre los carriles bici de Logroño sigue abierta en el Parlamento Europeo”.

Así y a través de una nota de prensa, Luena habla de las “incorrecciones en las informaciones vertidas por el Ayuntamiento de Logroño” e insiste en que “la investigación sigue abierta en el Parlamento y en la Comisión Europea”. Incorrecciones como la votación de ayer “que no trataba sobre el archivo de la petición, sino sobre si esta debía volver a debatirse en la propia Comisión de Peticiones, debate que fue rechazado por PP y VOX”. Ayer, aclara, “no tuvo lugar ninguna sesión de la Comisión de Peticiones, sino una reunión de coordinadores, es decir, de los distintos grupos políticos”.

Asimismo el eurodiputado socialista desmiente al Ayuntamiento de Logroño y señala que el documento de la Comisión Europea del 7 de abril de 2025 al que alude el Consistorio “no avala en ningún momento la gestión de los fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Logroño, la Comisión no entra a validar ni a respaldar la gestión del Ayuntamiento, sino que se limita a constatar que esos proyectos aún no formaban parte de hitos previamente evaluados”. Es más, “la Comisión Europea evaluará el cumplimiento satisfactorio de los objetivos relacionados con la inversión de la que el proyecto objeto de la petición puede formar parte en un futuro en el contexto de la solicitud de pago correspondiente”.

De esta forma, según el eurodiputado riojano, la petición los colectivos ecologistas tiene aún recorrido en Europa y advierte de que “mientras Logroño en Bici y Ecologistas en Acción La Rioja mantengan su reivindicación y compromiso con una movilidad más sostenible en Logroño seguirá apoyándoles desde el Parlamento y Comisión Europea”. De hecho, este mismo miércoles ha presentado una pregunta con solicitud de respuesta escrita en la que refleja que “la petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre este asunto no avanza en su tramitación por el bloqueo del PPE y la ultraderecha, pese a la preocupación de colectivos locales de movilidad sostenible y protección ambiental”. Y ante esta situación pregunta que si “en caso de verificarse una desviación de los fines de los proyectos aprobados, ¿qué mecanismos de corrección podría aplicar la Comisión?”.

Los problemas con la Fiscalía del Tribunal Supremo para el eurodiputado y padre fundador del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, pueden tener un paso previo en la Audiencia Nacional.

Mientras que la Fiscalía ya ha remitido al Supremo el escrito en el que un empresario del sector de las criptomonedas asegura haber pagado 100.000 euros en efectivo al político español (tras constatar la existencia de indicios de delito en ese cobro en metálico), la Audiencia Nacional tiene abierta otra investigación instigada por dos asociaciones de consumidores, presuntamente perjudicados por el hundimiento y cierre de Madeira Invest Club.

El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dictó este martes un auto declarando la apertura de diligencias previas a la posible comisión de delitos contra la mercantil Madeira Invest Club. La denuncia inicial la lanzó la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), que tiene unos 200 asociados y está presente en otros pufos financieros investigados por los tribunales como son el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields.

A la misma denuncia se han sumado la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) y distintos despachos de abogados que ya buscan posibles afectados por la causa y que se cifran en varios miles. Cabe recordar que este club financiero, del que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió que no contaba con su autorización para operar, prometía rentabilidades de hasta el 53% en inversiones de arte digital y bienes de lujo.

Testigo, pese a su inmunidad como eurodiputado

Según ha explicado a elDiario.es, Jaime Navarro, presidente de ANCES, la asociación ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito solicitando que Alvise Pérez devuelva los 100.000 euros que le dio Álvaro Romillo, apodado CryptoSpain, para poder resarcir a parte de los afectados por la posible estafa. En ese sentido, Romillo se ha puesto a “disposición” de la Justicia y también se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con el patrimonio que aún mantiene y el dinero que figura en cuentas bancarias portuguesas. En el mismo escrito, además, la asociación solicita que el eurodiputado de SALF declare como testigo, una figura jurídica que le obligaría a acudir a ser interrogado pese a la inmunidad de la que goza en el Parlamento Europeo.

Como ha venido contando elDiario.es, el pasado 6 de abril Madeira Invest Club logró llenar el hipódromo de La Zarzuela. Allí, Alvise tomó la palabra y dijo a los invitados: “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contrapolítica a un Estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”.

Cinco meses después de aquel evento en el hipódromo, y tras promesas de rentabilidades imposibles, la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Supremo investigan posibles delitos y sus damnificados comienzan a organizarse.

Los eurodiputados riojanos, Esther Herranz (PP) y César Luena (PSOE), han mostrado su “completa disposición” para afrontar y tomar soluciones desde Bruselas ante los problemas del campo y abordar su rentabilidad. También se han comprometido con las organizaciones agrarias para defender el presente y el futuro del sector. Herranz y Luena han valorado la reunión mantenida ayer con las OPAS riojanas y FECOAR ante el inicio de la legislatura en el Parlamento Europeo.

Las organizaciones agrarias emplazaban a los eurodiputados a mantener esta reunión ya que el sector primario europeo “se está viendo afectado por numerosas dificultades que ocasionan una grave pérdida de rentabilidad y abandono de muchos agricultores y ganaderos”. Los representantes del sector agrario riojano consideraron “imprescindible y urgente que las instituciones europeas tomen conciencia del problema cuanto antes”.

A ellos les pedían abordar “de forma inmediata decisiones que reorienten la actual PAC (en su sentido más amplio), de manera que el sector primario europeo sea considerado como lo que realmente es, un sector estratégico para Europa y sus ciudadanos, pero también un sector muy vulnerable y seriamente amenazado”.

Ester Herranz (PP): “Una reunión productiva abierta a otros encuentros”

La eurodiputada del PP ha asegurado que la reunión celebrada ayer en la Casa de los Periodistas de Logroño fue “francamente interesante”. Como ha reconocido, “hemos tenido la oportunidad de hablar con las organizaciones agrarias para conocer sus preocupaciones máximas y los retos a los que se enfrentan”.

Por supuesto “los temas estrella” que se han tratado han estado relacionados con “el vino, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas... cuál es la reforma de la PAC que esperan encontrar y también, por supuesto, la competencia desleal que se produce con los productos que vienen de países terceros y a los que no se les exigen los mismos requerimientos”.

En definitiva, expresa, “una reunión productiva que queda abierta a otros encuentros. Quedo, como siempre he hecho, a disposición de ellos para ayudarles desde Bruselas tanto a ellos como al Gobierno de La Rioja que está siempre trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de productores como son los sindicatos agrarios o las cooperativas”.

César Luena: “Sector estratégico, pero siempre con una mirada sostenible”

Por parte del eurodiputado socialista, César Luena, considera que esta reunión ha sido “una buena oportunidad” para conocer los problemas del campo. Como ha reconocido “desde el PSOE, estamos siempre disponibles para seguir con este diálogo constructivo con todas las organizaciones del sector del campo riojano, de la agricultura y de la ganadería”.

Luena ha destacado que el arranque de esta nueva legislatura en Europa ha comenzado “dos buenas noticias” que se han tratado en la reunión. Por un lado, “el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura, un documento impulsado la pasada legislatura y que ya es una realidad. Y, por otro lado, también la primera reunión que será la semana que viene del grupo de alto nivel de política vitivinícola”.

Entre los temas tratados en la reunión ha destacado “la consideración por parte de todos del campo y de la agricultura y de la ganadería como un sector estratégico”. “Ahora bien, y es un matiz que yo les he hecho, siempre teniendo en cuenta que debe ser compatible con las ambiciones y las obligaciones del Pacto Verde Europeo”, ha afirmado.

Porque “a estas alturas explicar el calentamiento global, el deterioro de los ecosistemas es algo que ya no hace falta porque todo el mundo es consciente, todo el mundo menos los negacionistas. Y no estamos hablando de este caso”. Por tanto, finaliza, “sector estratégico, pero siempre con una mirada sostenible, con una mirada verde”.

También se ha compartido “la necesidad de mantener el presupuesto en la Política Agrícola Común y de seguir impulsando los pagos directos, que deben ser cada vez más flexibles”. Finalmente también se ha abordado una visión conjunta acerca de la necesidad del relevo generacional.

Jesús Ángel Garrido y David Mena han sido propuestos como nuevos directores generales de Fondos Europeos y de Tributos del Ejecutivo autonómico, respectivamente. Ambas propuestas de nombramiento deberán ser ratificadas a través de un acuerdo en la próxima reunión del Consejo de Gobierno para que sean efectivos.

El hasta ahora director general de Tributos del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha sido propuesto como nuevo director general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE del Ejecutivo regional, tras la incorporación de Esther Herranz a su escaño en el Parlamento Europeo.

Jesús Ángel Garrido (Logroño, 26 de mayo de 1971) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Economista de profesión, Garrido ha sido concejal del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, diputado autonómico y desde julio de 2023 ha desempeñado el cargo de director general de Tributos del Gobierno de La Rioja.

Bajo la dirección del titular de la Consejería, tal y como se recoge en el Decreto 51/2023, de 14 de julio, la Dirección general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE tiene, entre otras funciones, la captación de fondos europeos e internacionales, así como la gestión y coordinación de programas de fondos estructurales. Del mismo modo, se encarga de coordinar y asesorar a los distintos órganos para la correcta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como de dirigir la Oficina de La Rioja en Bruselas.

A su vez, la vacante en la Dirección General de Tributos será cubierta con la incorporación al Ejecutivo del diputado autonómico, David Mena (Valencia, 15 de febrero de 1974), diplomado en Ciencias Empresariales y Gestor Administrativo de profesión que, entre otras responsabilidades, ha desempeñado el cargo de alcalde de Santo Domingo de la Calzada entre 2019 y 2023.

Entre las funciones de esta Dirección General destacan la de proponer medidas de política fiscal, estudiar los efectos económicos de los tributos y la recaudación, así como la gestión de la implantación de nuevos tributos, recargos y revisión de los existentes.

El canal de Telegram de Alvise Pérez está más hiperactivo que de costumbre. El asesinato de un niño de 11 años en Mocejón ha servido como excusa al agitador de extrema derecha para una práctica habitual en sus redes: vincular sin datos delincuencia, violencia e inmigración. Este tipo de mensajes de contenido racista han aumentado desde que tomase posesión de su acta como eurodiputado, hace ahora un mes, que le blinda ante los tribunales ordinarios al ser aforado. 

Este domingo, en un pueblo de la provincia de Toledo, un niño fue asesinado mientras jugaba con unos amigos. Apenas unas horas después, cuando todavía no circulaba un solo dato del presunto autor, el agitador publicaba un post en su canal del Telegram en el que se hacía eco de la noticia, hablaba de “decapitaciones y puñaladas diarias” y colocaba otro titular del día: “Otro chico de 16 años ha resultado herido de gravedad al ser apuñalado por la espalda por 5 MENAS en una calle de San Blas-Canillejas”. 

Es una práctica recurrente. Convertir un suceso aislado en una realidad extendida. Pero con un añadido problemático: en ninguno de los dos casos hay información que sitúe como autores a personas migrantes. Para Pérez, sin embargo, la realidad es otra, ficticia, que vende a sus casi 700.000 seguidores para sus intereses políticos.

El eurodiputado no se ha quedado ahí. Ha difundido la supuesta matrícula del coche del supuesto asesino y ha publicado una captura de Google Maps en la que aparecía una mezquita cerca del campo de fútbol en el que el niño fue asesinado. “Los vecinos de Mocejón: ‘El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años’. Medios VS Realidad”, ha escrito en Twitter. 

Los datos policiales que han trascendido sobre el presunto autor, que ha confesado los hechos, hablan de una persona de nacionalidad española, que vive en Madrid y con familiares directos en el pueblo. 

Pero Pérez insiste en acomodar su prejuicio a lo sucedido. En un post posterior citaba unas fuentes de la Guardia Civil que “especulaban” con que el asesinato fuese en realidad una “prueba de acceso a una banda latina”. ¿Qué hay entonces de la mezquita y ese supuesto autobús con 50 africanos que llegó al pueblo hace unos días? 

El eurodiputado nunca ha escondido la xenofobia de su propuesta política. En su programa electoral llevaba la creación de una gran cárcel en la que meter a políticos, criminales y también migrantes. En su canal de Telegram suele aprovechar este tipo de sucesos para agitar sus discursos de odios contra las personas migrantes. 

Pero en las últimas semanas, su actividad se ha intensificado, precisamente en verano, en el que los sucesos suelen cobrar más relevancia informativa ante el parón de la política y tras unas semanas en las que ha aumentado la llegada de migrantes a Canarias y a Ceuta. 

Alvise Pérez cuenta desde el 9 de junio con una ventaja para esparcir sus bulos y sus mensajes de odio: inmunidad parlamentaria. El eurodiputado ya ha tenido problemas con la Justicia por la información que sale de su canal. Hace dos meses, el Supremo lo condenó por difundir en Twitter fotos de la periodista Ana Pastor cenando con su marido, Antonio García Ferreras, afirmando que forman parte de una “mafia”. El Alto Tribunal le obligó a pagar 7.000 euros a la presentadora.

El registro de su Telegram en los últimos días es elocuente: un vídeo en el que señala a un grupo de personas únicamente por el color de su piel; un mensaje en el que habla de la “peor década de inmigración masiva magrebí de la historia de España” y otro mensaje en el que habla de un “supuesto tiroteo” en un centro de menores migrantes a pesar de que esos disparos se produjeron contra el edificio y no dentro de él, como intenta deslizar. 

Bulo contra el periodista Raúl Solís

El agitador de extrema derecha publicó en las últimas horas otro bulo, esta vez contra el periodista Raul Solís, al que acusó de estar “envuelto en presuntas conversaciones de índole sexual con niños y menores de edad”. La información falsa la acompañó de capturas de pantalla burdamente manipuladas para sostener su infundio y que también ha publicado su jefe de prensa, acreditado como periodista en el Congreso, Vito Quiles. 

Solís, que fue jefe de prensa de Podemos en Andalucía y actualmente trabaja como redactor en Diario Red, el medio del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, recibía el apoyo de la secretaria general de ese partido, Ione Belarra. “Esto es de lo más asqueroso que he visto nunca. Todo mi apoyo @RaulSolisUE. Los poderes públicos que no hacen nada para pararles los pies a estos odiadores profesionales que intoxican a nuestra sociedad son los responsables de esta situación”, escribió, en un mensaje en redes sociales. 

Tras los mensajes de Quiles, Belarra ha enviado este martes una petición al Congreso de los Diputados para que retire al jefe de prensa de Alvise Pérez su credencial de acceso a la Cámara Baja. “Quiles se vale de la condición de supuesto periodista que le brinda el Congreso para desinformar, llegando en este caso a verter mentiras extremadamente graves -publicadas también por Alvise- contra otro periodista y desatando una campaña de acoso, insultos y amenazas contra su vida”, argumentan fuentes del partido, que afirman que Solís ha recibido amenazas de muerte tras la publicación de esos bulos.

La secretaria general de Podemos recuerda en su carta a la Mesa del Congreso las “continuas interrupciones y faltas de respeto a los periodistas que realizan su labor en la cámara” por parte de Quiles, al que acusa de publicar una información “manifiestamente falsa y difamatoria” contra Solís, “que ha provocado que este reciba graves insultos y amenazas públicas”, según la carta a la que ha tenido acceso este diario.

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández ha dado a conocer este martes, a través de una nota de prensa, que la multinacional francesa Saint Gobain ha recibido casi de dos millones de euros en ayudas procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en los últimos diez años, para su planta en Avilés. Se trata de ayudas por valor de 1,7 millones de euros para el periodo 2014-2020 y de, al menos, 140.000 euros durante la implementación del actual presupuesto europeo 2021-2027.

 Fernández considera “inaceptable” que una empresa europea se beneficie de fondos destinados a mejorar la cohesión de la UE y la competitividad de sus capacidades productivas y, al mismo tiempo, se niegue a mantener sus inversiones o, incluso, amenace con un cierre, como en el caso de la planta de Sekurit en Avilés. “Desde Europa, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, ha señalado.

Por ello, el eurodiputado asturiano ha remitido una carta al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, con el respaldo de otros 40 eurodiputados de España, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Portugal, Austria, Dinamarca y Finlandia, donde le exigen que analice pormenorizadamente las ayudas recibidas por la compañía y si su decisión de cierre es compatible con los propósitos expresados por el Ejecutivo comunitario.

Según ha señalado, la Comisión Europea ha insistido en que las grandes empresas perceptoras de fondos europeos deben, en líneas generales, mantener sus inversiones “al menos cinco años” tras recibir dichos fondos.

Nueva Estrategia Industrial para Europa

La Comisión presentó su ‘Nueva Estrategia de Política Industrial para Europa’ en la que pide avanzar hacia una Unión más competitiva y resiliente, así como reforzar las capacidades de producción para apostar por una Europa “unida y soberana”. Los eurodiputados piden ahora que la Comisión analice si los propósitos anunciados por la compañía son compatibles con esta estrategia.

Por otra parte, los eurodiputados -entre los que se encuentran la jefa del grupo Socialistas y Demócratas, Iratxe García, el jefe de la delegación socialista alemana, Rene Repasi y la eurodiputada francesa, Aurore Lalucq-, han enviado otra carta al CEO del grupo Saint Gobain, Benoit Bazin, en la que le informan de las medidas que han tomado y le reclaman que mantenga la planta avilesina operativa con su actual plantilla.

Ambas comunicaciones llegan una semana después de que Fernández se reuniera con el comité de empresa de la compañía en Avilés, donde se comprometió a elevar antes las instituciones europeas la decisión de cierre de la división Sekurit.

Fernández se sumará el jueves 16 de mayo a la manifestación convocada por los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha utilizado su intervención de este jueves en el Hemiciclo del Parlamento Europeo para negar la “catástrofe ecológica” que ha afectado a las costas de Galicia, Asturias y Cantabria a raíz de un vertido de 26 toneladas de pellets. Sin embargo, sus comentarios no han quedado sin réplica gracias a la política portuguesa del Bloco de Esquerda Marisa Matías, que le ha agradecido que confirme “su negacionismo ambiental”.

Al inicio de su discurso, Tertsch ha visto necesario aclarar que el día 18 de febrero hay elecciones en Galicia, “una región preciosa donde ha habido un vertido de pellets, como ocurre en Tarragona continuamente, y no hace que tengamos un encuentro aquí”, a partir ahí, ha negado que la 'marea de pellets' se trate de una “catástrofe ecológica” llegando a asegurar que “en algunas playas es más fácil encontrar monedas de dos euros que los pellets esos”.

El político de extrema derecha también ha aprovechado para acusar al Gobierno de estar dando un golpe de estado, conectando lo sucedido en el norte de España con la amnistía porque “cualquier cosa les vienen bien”. El eurodiputado también ha arremetido contra el “Gobierno blandito” de Galicia, al que ha acusado de hacer seguidismo de la Agenda 2030 que, a su juicio, “es culpable de lo que está pasando allí”. 

Durante su turno de palabra, la portuguesa Marisa Matías ha afeado que Tertsch haya dado “una demostración tan clara de desprecio por las personas y por su sufrimiento”. “El pueblo gallego está siendo de nuevo víctima de una catástrofe ambiental”, ha aclarado Matías, que ha ironizado al agradecer la claridad de “los políticos de la derecha española, tanto por confirmar su negacionismo ambiental como su desprecio total por las personas que están sufriendo”.

El eurodiputado socialista murciano, Marcos Ros, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que revise el cumplimiento de las medidas propuestas para solventar la “crítica” situación en la que se encuentra el Mar Menor recogidas en el informe sobre la laguna que se aprobó en esta Cámara el pasado 25 de octubre.

“El Gobierno de López Miras lleva un año ignorando las exigencias del Parlamento Europeo para salvar el Mar Menor”, ha lamentado Ros, “en lugar de atender a las recomendaciones que vienen de Bruselas, ha cedido unas competencias tan importantes como las de ordenación del territorio a los negacionistas de Vox para mantenerse en el poder”.

El 25 de octubre del año pasado se aprobó un informe como resultado de la visita de eurodiputados al Mar Menor que tuvo lugar en febrero de 2022. Este informe demanda una serie de medidas, “la mayoría de ellas son competencia del Gobierno regional y siguen sin aplicarse, como La Ley del Mar Menor, que lleva tres años en un cajón”.

El informe propone una transición agraria en la zona, acabar con las extracciones ilegales de agua y las explotaciones ganaderas sin evaluación ambiental o aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.

Ros ha expresado que “un año después, la situación ha empeorado”: “El Plan de Ordenación Territorial depende del líder de Vox y la amenaza de nuevas construcciones se cierne sobre la laguna”.

Por este motivo, ha dirigido una carta a la Comisión de Peticiones, firmada junto a la coordinadora socialista de la Comisión, Cristina Maestre, para demandar que “se revise el cumplimiento de las medidas propuestas en el informe”.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo contempla volver a “a tratar el asunto en un plazo razonable para evaluar los avances y hacer un seguimiento con las autoridades españolas, tanto nacionales como autonómicas, y la Comisión Europea de las medidas adoptadas para restaurar el estado de la laguna”.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga a los eurodiputados a pagar más impuestos por el sueldo que cobran del Parlamento Europeo. Los jueces de lo contencioso han establecido que los emolumentos que cobran, casi 9.000 euros brutos al mes, están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que su situación no puede equipararse a la situación de un trabajador en el extranjero, exento de pagar ese tributo. Hace unas semanas, tal y como adelantó este periódico, el Supremo también agrandó la factura que antiguos eurodiputados deben pagar por sus pensiones complementarias.

Los magistrados han estudiado el caso de Gabriel Mato Adrover, eurodiputado del Partido Popular y, desde el año pasado, secretario de Asuntos Exteriores del partido que preside Alberto Núñez Feijóo en su dirección nacional. Según la Justicia, cobró su sueldo de europarlamentario pero entre 2010 y 2013 dejó de ingresar más de 60.000 euros al entender que ese dinero no estaba sujeto a IRPF. Ni la Agencia Tributaria ni los tribunales canarios le dieron la razón y decidió acudir al Tribunal Supremo para defender que no debía pagar esos impuestos.

Entre sus argumentos, estaba que su sueldo anual ya se veía mermado por un impuesto comunitario, similar al IRPF español, y que eso incurría en doble imposición. En 2011, por ejemplo, cobró más de 95.000 euros del Parlamento y pagó casi 21.000 por este impuesto europeo. Además, entiende el político canario, debía acogerse a la exención que marca la ley para trabajadores de empresas radicadas en el extranjero o por considerarse un rendimiento de trabajo.

El Tribunal Superior de Canarias fue el primero en rechazar los argumentos del eurodiputado del PP: “Resulta de todo punto descabellado el tratar de equiparar el Parlamento Europeo con una entidad no residente, ya que los parlamentarios europeos ostentan la representación de los ciudadanos de la Unión Europea”, dijo esa sentencia. Unos argumentos que acaba de confirmar la sala tercera del Tribunal Supremo.

Esas posibilidades de exención de pagar IRPF que citaba Mato Adrover no se aplican a un diputado del Parlamento Europeo. Eso exige que entre el contribuyente y el empleador esta una relación laboral por cuenta ajena o funcionarial. Algo que no existe en el caso de un eurodiputado: “No existe relación laboral, en cualquiera de sus posibles aspectos, ni estatutaria, ni existe dependencia alguna de sus miembros con la Cámara”, dicen los jueces.

El Supremo también reprocha a Gabriel Mato, miembro de la directiva del PP de Alberto Núñez-Feijóo desde hace menos de un año, que pretenda equiparar el Parlamento Europeo donde trabaja desde 2009 a una empresa no residente en España. Las empresas, dice el Supremo, tienen unos fines económicos o sociales que no tienen nada que ver con el Parlamento Europeo. “Ni constituye un lugar fijo de negocio, ni encaja en algunos de los ejemplos al uso como las sucursales, agencias, oficinas o talleres”, dice el Supremo. “Se trata de favorecer a empresas y su grado de internacionalización y a trabajadores individualmente considerados que deben de desplazarse al extranjero por motivos de trabajo, lo cual mal se compadece con el carácter institucional y fines parlamentarios en una organización política y económica común de varios países y el papel que cumple la Eurocámara”.

Esta sentencia llega poco después de que el mismo Tribunal Supremo estableciera que las antiguas pensiones complementarias que los eurodiputados pudieron disfrutar hasta 2009 debían tributarse en parte como un rendimiento de trabajo pero en parte también como un rendimiento inmobiliario, aumentando la factura de varios antiguos parlamentarios que habían llevado su caso a los tribunales.

El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella ha sido imputado y puesto bajo arresto este sábado por supuesta corrupción pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de la investigación sobre presuntas injerencias de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo.

La Fiscalía belga ha informado de la imputación y la detención provisional de Tarabella, de 59 años, la cuarta persona detenida en relación con este caso, por supuestamente haber facilitado la injerencia de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo, recogen medios locales.

La semana pasada la Eurocámara había retirado la inmunidad parlamentaria tanto a Tarabella como al italiano Andrea Cozzolino, también socialdemócrata, quien por su parte fue detenido y puesto en prisión preventiva el viernes en una clínica de Nápoles (sur de Italia), siguiendo una orden de arresto europeo de las autoridades belgas.

El hecho de que se haya levantado la inmunidad parlamentaria a ambos diputados permite a los investigadores realizar cualquier acto procesal, en particular registrar su domicilio, interrogarles y, en su caso, llevarlos ante el juez de instrucción.

Registros de la Policía

La Policía belga llevó a cabo el viernes nuevos registros en la casa y la oficina de Bruselas de Cozzolino, así como en el ayuntamiento de Anthisnes (este de Bélgica), ciudad de la que es alcalde Tarabella, quien ha sido interrogado este sábado por segundo día consecutivo, tras pasar la noche en la celda.

La Policía también abrió el viernes una caja fuerte que Tarabella había alquilado en un banco de Lieja, según el diario “Le Soir”, que ha recordado que su domicilio ya había sido registrado el pasado diciembre.

El abogado de Tarabella, Maxime Toller, ha dicho este sábado a la cadena pública francófona RTBF que su cliente “respondió a todas las preguntas de los investigadores con franqueza y en un ambiente tranquilo”.

“No se presentaron nuevos elementos para corroborar las acusaciones de transmisión de dinero, ni se presentó nada nuevo”, ha afirmado, y ha asegurado que las únicas pruebas contra su cliente es lo que haya declarado Pier Antonio Panzeri.

Las declaraciones de Panzeri

Panzeri está considerado el epicentro de la trama corrupta y hace unas semanas alcanzó un acuerdo con la justicia por el que comenzó a tirar de la manta a cambio de una rebaja en su futura condena. Más allá de las sospechas que desde el inicio tienen los investigadores, el exparlamentario italiano apuntó directamente a Tarabella.

“Basta la difamación de una persona, reconocida como jefe de una organización criminal, para provocar tal tsunami y mancillar injustamente al señor Tarabella”, ha señalado el letrado.

Según ha indicado, Tarabella “sigue afirmando su inocencia” y que “nunca recibió dinero ni regalos a cambio de favores”.

Panzeri habría admitido el pago a Tarabella de entre 120.000 y 140.000 euros en varios plazos por su ayuda en casos relacionados con Qatar.

El escándalo del Qatargate

El procedimiento contra estos dos eurodiputados ha sido más lento debido a la prerrogativa de la inmunidad de la que gozan. En el caso de la entonces vicepresidenta de la institución y socialdemócrata griega Eva Kaili sí pudo ser detenida —y permanece en prisión provisional desde diciembre— porque la Policía pudo alegar que la pilló en “flagrante delito” al avisar de la redada a su padre, que trató de huir de un hotel en Bruselas con una maleta cargada de billetes.

El procedimiento para levantar la inmunidad de los dos eurodiputados señalados por la Justicia belga para que pueda investigarles ha sido exprés en este caso desde que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, recibió la petición de las autoridades belgas. La trama corrupta noqueó hasta cierto punto a los parlamentarios, especialmente al Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que es al que pertenecían los implicados, y a la Cámara como tal, que desde hace tiempo batalla por mejorar su reputación. El Qatargate ha sido todo un golpe. 

Por su parte, la Comisión Europea también ha tomado precauciones tras las revelaciones de corrupción y ha paralizado los contratos que tenía con una de las organizaciones presuntamente vinculadas con la trama. El director general de No Peace without Justice, Niccolò Figà-Talamanca, fue detenido en diciembre, en el primer golpe judicial contra la trama, aunque fue liberado con una pulsera electrónica. Según explicó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, la semana pasada, se han suspendido dos proyectos que estaban en marcha con esa organización con la que el gobierno comunitario trabaja desde el año 2006. En total, se firmaron nueve contratos en ese periodo por un importe de 2,7 millones de euros de los que siete ya han finalizado. A la espera del análisis que haga la Comisión, se han paralizado 1,4 millones de euros por los otros dos proyectos que han quedado en stand by.

Después de varios intentos, la eurodiputada y portavoz federal de la Izquierda Unida (IU), Sira Rego, ha conseguido sacar adelante la Misión de la visita al Mar Menor, por lo que se ha trasladado acompañada de más eurodiputados hasta la Región de Murcia para ver el estado en el que se encuentra la laguna costera. “El Mar Menor es una joya para nuestro país, pero también para Europa, y está en una situación extraordinariamente vulnerable”, ha lamentado Rego durante una entrevista telefónica.

¿Cuál es el motivo de esta nueva reunión con los eurodiputados? ¿Qué se espera de esta misión?

Fundamentalmente, determinar cómo está el Mar Menor y evaluar las decisiones que nos han llevado a esta situación pero, sobre todo, ver cuál es el marco europeo de explicación de políticas, porque creemos que es importante que se hagan una serie de recomendaciones para revertir el problema. En general, hay un amplio consenso en torno a que el Mar Menor está en una situación muy precaria. Y que la agricultura intensiva, industrial es el mayor foco del problema aunque también hay otras razones. Hay una alta tasa de contaminación que viene fundamentalmente por el uso de fertilizantes en agricultura, de los vertidos en el Mar Menor posteriores, que son los que están generando este problema ambiental en la laguna. Parece que siempre hay contradicción entre las decisiones que plantean unos y que plantean otros, pero en definitiva, creemos que se trata de establecer un marco sensato para que se cambie la situación.

¿ Qué aspectos se han tratado con el Gobierno Regional?

Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, y también estuvimos un ratito con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Nos transmitieron su compromiso con este problema. Hay que recordar que el Partido Popular lleva muchos años gobernando en la Región de Murcia y hay que muchas de las competencias que tienen que ver con resolver o con provocar el problema en la laguna del Mar Menor son autonómicas. Es bastante sorprendente que las medidas las han tomado hace apenas un par de años. Y no son suficientes porque no plantean en ningún caso intervenir en el origen de la contaminación. No nos ha dado la sensación de que se hagan realmente cargo de la situación, ni de que estén tomando medidas de suficiente alcance. Al final, lo que nos trasladan el resto de autoridades, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) o colectivos organizados que vienen avalados por informes científicos, es que se está haciendo un esfuerzo por monitorizar el consumo de agua, pero no tanto por resolver la cuestión de la contaminación. Las previsiones no son favorables, nos relatan que seguramente por el aumento de las temperaturas volveremos a ver imágenes terribles del estado de la laguna.

¿Cuáles son las razones que han propiciado este gran problema medioambiental?

No hablaría de la agricultura en general, pero sí de un modo de agricultura, aunque hay otros elementos que no hay que perder de vista vinculados a la presión urbanística u otros focos de contaminación. Además, nos hemos encontrado con muchos agricultores y agricultoras que nos han mostrado casos positivos, respetuosos. Pero hay otro modelo específico en el que hay que intervenir para bloquear los efectos que está teniendo sobre el medio ambiente para buscar un equilibrio. Se trata, además, de una práctica concreta sostenida en el tiempo que hay que regular. Nos encontramos con otro problema añadido que tiene que ver con los regadíos ilegales. Luego, hay que basarse en los datos que plantea la comunidad científica para tomar decisiones de carácter político. cultores lo están haciendo muy bien, es decir, que esto tampoco sería un problema.

Su partido ya hizo una petición para hacer una visita de inspección al Mar Menor hace dos años.

Sí, pero no recibimos apoyo ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox. Solamente del Partido Socialista, y no salió. La segunda ocasión que la propusimos sí que tuvimos apoyo suficiente. Creo recordar que Vox y Ciudadanos votaron en contra pero tuvimos el sí de PP, PSOE y Verdes.

En cuanto a las hectáreas ilegales de Cartagena ¿Cree que se van a tomar las medidas correspondientes?

Hay un control preciso de los regadíos ilegales y el Gobierno regional tiene parte de las competencias para revertir esa situación, por lo que debe tomar cartas en el asunto.

¿Qué soluciones aportan desde la Administración regional?

En las reuniones que hemos mantenido nos han apabullado con muchísimos datos y medidas de carácter muy reciente, que siempre van a ser un tratamiento del problema al final del proceso, no en origen. Por lo que hemos visto, no se está haciendo una intervención seria y responsable con respecto a los focos de emisión de contaminación. No parece que el Gobierno de la Región de Murcia tenga voluntad de hacerlo así.

¿Podría hacer una valoración de esta misión?

Creo que ha habido una dejación grande y una enorme irresponsabilidad política aquí en la Región de Murcia con respecto al Mar Menor. Se ha permitido una serie de prácticas que podían haber estado reguladas para evitar el impacto que han tenido. Pero lamentablemente ahora nadie se hace cargo de la situación. Las administraciones tienen que ser responsables y el Gobierno de Murcia y las administraciones locales son fundamentalmente las que tienen las competencias de la gestión del territorio, la gestión agrícola y de cesión de licencias urbanísticas. Ahora toca tomar decisiones para salvar al Mar Menor.

Miembros de la Eurocámara se han reunido esta mañana con las seis organizaciones peticionarias de la investigación de la degradación medioambiental del Mar Menor. La reunión ha sido el pistoletazo de salida a la serie de encuentros que mantendrá esta Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) para comprobar si sobre la laguna salada se está aplicando el derecho europeo, y de no ser así, ofrecer alternativas de carácter extrajudicial.

Sira Rego, eurodiputada integrante de la delegación por Unidas Podemos, ha subrayado que la visita parlamentaria es “clave” y “tiene la responsabilidad de dar respuesta a lo que se ha expuesto”: “Por más que organizaciones ecologistas, medios de comunicación, afectados y vecinos de Murcia han denunciado a lo largo de los años esta situación, no se ha escuchado y se ha hecho caso omiso”, ha lamentado.

El próximo jueves, la misión irá a las áreas afectadas del Mar Menor: El Albujón, Salinas de Marchamalo, Los Urrutias, Santiago de la Ribera, el Parque Regional de Salinas de San Pedro y Saladar Lo Poyo y se reunirá con científicos como el exdirector del Instituto Español de Oceanografía Julio Mas.

Rego ha agradecido “el rigor científico y la defensa del territorio” de las organizaciones peticionarias de la visita, que son Pacto Por el Mar Menor, Asociación de Naturalistas del Sureste, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca, la Cofradía de Pescadores del Mar Menor, IU-Los Verdes de la Región de Murcia; el abogado Diego de Ramón; el PSOE de Los Alcázares; y Victoria Alcaraz Marín.

Entre las demandas más importantes realizadas por los diferentes peticionarios destaca la de incrementar la fiscalización de las ayudas económicas europeas destinadas a recuperar el Mar Menor, evitando que se malgasten en infraestructuras ineficaces o menos urgentes, como ocurre con los tanques de tormenta, como ha ratificado la representante del Ayuntamiento de Los Alcázares.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha recordado a los europarlamentarios que han transcurrido dos décadas desde la primera denuncia por incumplimiento de la Directiva de Nitratos en el entorno del Mar Menor y en el conjunto de la Región de Murcia, “sin que la Comunidad Autónoma, responsable de su aplicación, tomara medidas efectivas para su solución”: “Si la Unión Europea hubiera trasladado antes el incumplimiento de la normativa al Tribunal de Luxemburgo, el Mar Menor no habría llegado a la situación actual, y la naturaleza, la sociedad y las actividades económicas en torno al Mar Menor no habrían sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad política”, han reprochado.

Desde IU-Los Verdes Región de Murcia, su coordinador regional José Luis Álvarez-Castellanos ha destacado el “asombro” de los eurodiputados ante “la incompatibilidad de las prácticas agrícolas y el Mar Menor”: “Hemos tenido que explicar muy bien que la agricultura, sana y adecuada, es perfectamente compatible con la conservación del Mar, siempre que se redimensione y se controle. El volumen de regadío que soporta el Campo de Cartagena es colosal y debe pararse”.

La decisión de visitar la laguna salada desde el Parlamento Europeo se tomó un mes después de que la albufera sufriera una anoxia -falta de oxígeno en el agua- y perecieran miles de especies marinas a mediados de agosto de 2021. La medida fue propuesta por los grupos de izquierda y durante la misión acudirán a las zonas contaminadas.

El murciano Marcos Ros da voz de nuevo a la Región en el Parlamento Europeo. La salida de Reino Unido de la Unión con el Brexit ha obligado a recomponer el mapa de la institución europea, y en esa carambola Ros pasa a engrosar las filas de los  eurodiputados socialistas. Aterrizó en Bruselas hace apenas dos semanas: “Todavía estoy inmerso en la locura de los inicios, con la sensación del que siempre llega tarde a clase”, bromea al otro lado del teléfono. Arquitecto de profesión, concejal del Ayuntamiento de Murcia durante ocho años (2003-2011),  parte del equipo docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la UPCT, y vicerrector de Campus y Sostenibilidad, se declara europeísta convencido y asegura que el Mar Menor será su principal caballo de batalla en la Eurocámara.

Con las maletas en marcha, y a pocas horas de coger un avión para pasar el fin de semana en Murcia, Marcos Ros nos dedica unos minutos.

¿Qué tal las primeras impresiones?

Muy positivas. Me he incorporado a la delegación socialista española, que es grande y numerosa, somos ahora 21. La acogida de mis compañeros ha sido muy buena, como es lógico, ha habido mucho compañerismo y mucho ambiente de trabajo. Estamos también en el grupo S&D (Socialistas y Demócratas) del Parlamento Europeo. Me siento muy respaldado. 

Se ha declarado europeísta en diversas ocasiones.

En mi generación creo que todos lo somos, los que nacimos en los 70 vivimos ya la España de la democracia. A mí me pilló con 12 años (1986) la entrada en la Unión Europea. La adolescencia es una etapa fantástica en la que se forjan los valores, las ambiciones, los intereses. Y ahí hubo una transformación radical, la que vivimos desde el 86 al 96, los diez primeros años. Los cambios en derechos y libertades, en ciudadanía, fueron increíbles. Pero también hubo un gran esfuerzo en inversiones: hospitales, universidades, carreteras y otras infraestructuras.

Las generaciones que ahora tienen entre 35 y 55 años, son las más europeístas; tengo esa sensación. Y ahora tenemos la obligación de enganchar a los más jóvenes.

¿En qué situación nos deja el Brexit?

Es un mal momento para la UE, no es un buen escenario. Creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar y tomarlo como una oportunidad y reforzar algunas patas del proyecto europeo que se han quedado colgadas como el pilar social o el identitario, para que los ciudadanos se sientan partícipes. Otro aspecto que el socialismo va a trabajar es el pilar ambiental, tenemos que ser bandera de proa de todos los países del planeta a la hora de aplicar políticas de adaptación al cambio climático. La legislatura pasada fue la del papel y esta ha de pasar del papel a las acciones, incrementar los fondos y demostrar que se puede porque no nos queda tiempo.

Hablando de políticas ambientales, ¿cómo se plantea la defensa del Mar Menor en Europa?

Pretendo que el Mar Menor tenga una presencia importante en el Parlamento Europeo. Hasta ahora ha tenido más bien poca. La pasada legislatura había dos eurodiputados de la Región de Murcia pero no se les ha escuchado hablar del Mar Menor. Ramón Luis Valcárcel parece que se olvidó de sus raíces al llegar a Bruselas, y la eurodiputada de Podemos (Lola Sánchez) tuvo problemas con su partido. Hace dos o tres semanas la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidía dónde enviar misiones para visitar territorios de la UE y conocer in situ asuntos problemáticos. Estaba encima de la mesa la propuesta de visitar el Mar Menor pero no salió adelante porque PP, Cs y Vox votaron por otras candidaturas. Luego te cansas de oír aquí a los consejeros de Partido Popular y a Ciudadanos con el tema de la laguna salada, o a Vox. Pero cuando llega la hora de la verdad, en el Parlamento Europeo, no votan por el Mar Menor.

Es un problema muy enraizado en la Región.

Verás, en 2001 se aprobó en Murcia la primera ley del suelo de la Comunidad, que se reformó en 2005; y después llegó la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Región de Murcia (Loturm) de 2015. La ordenación del territorio es competencia exclusiva de la Comunidad y somos de las pocas que no tenemos un plan de ordenación del territorio, por lo que es muy difícil la gestión de los usos, y ordenar ambientalmente un espacio tan singular como el Mar Menor si no hay una voluntad del Gobierno de la Región. En el decreto ley del Mar Menor se recoge que van a hacer un plan de ordenación del territorio pero solo de esa zona, y ni siquiera abarca toda la cuenca donde hay regadíos que utilizan fertilizantes y que van a parar a la laguna.

Por otra parte, en el Mar Menor había seis Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que debían convertirse en Zonas de Especial Conservación y ha sido la Comisión Europea la que ha tenido que darle un toque a la Comunidad porque no estaban cumpliendo. Al final lo han hecho en octubre deprisa y corriendo.

¿Quiere decir que la Comunidad no está haciendo su trabajo?

Las competencias de ordenación y ambientales son de la Comunidad y no, no han hecho su trabajo. Hay tres directivas europeas que afectan al entorno: la directiva Hábitats, Ave y la de Nitratos. El cumplimiento y la aplicación es responsabilidad de la Región pero la vigilancia es responsabilidad europea, y yo instaré a que estén muy pendientes. Vamos a iniciar una batería de acciones para pedir a la Comisión y al Parlamento que determinen responsabilidades y se aporten soluciones.

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha prometido su cargo como la única eurodiputada de esta comunidad autónoma, y ha señalado que en vísperas de que en el seno de la Unión Europea se produzcan importantes negociaciones, hay que “trabajar intensamente para que nuestra comunidad autónoma se siga beneficiando de los proyectos y de las políticas comunitarias”.

Maestre ha argumentado que muchos de los grandes proyectos que se han desarrollado en Castilla-La Mancha han sido posibles gracias a los fondos europeos, y ahora que se va a negociar una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) o el reparto de los fondos estructurales, “tenemos que procurar que nuestra región esté muy presente para que sigamos creciendo y desarrollándonos con la ayuda de la Unión Europea”.

La eurodiputada socialista también ha incidido en otro aspecto fundamental para Castilla-La Mancha como es el agua. En este sentido, ha indicado que desde Europa siempre se ha mirado con mucha atención la situación por la que atraviesa el río Tajo. “Vamos a seguir llevando nuestra voz para que desde las instituciones europeas, que siempre han demostrado una especial sensibilidad en este tema, nos ayuden a acabar, de una vez por todas, con el oprobio que supone el trasvase Tajo-Segura”, sentenció.

Por otra parte, también ha querido destacar que con la victoria del PSOE España inicia “un nuevo tiempo en la Unión Europea ”en el que trabajará por volver a recuperar el espacio “que nuestro país perdió con los gobiernos del PP”.

Carles Puigdemont no se ha presentado a su cita en Madrid ante la Junta Electoral Central, en cumplimiento de los trámites necesarios para convertirse en eurodiputado. En vez de eso, su abogado, Gonzalo Boye, ha llegado al Congreso con un poder en la mano, solicitando la posibilidad de representar al expresident y al exconseller Antoni Comín. El Congreso se ha negado a la pretensión del letrado de los políticos independentistas, cerrando el paso a la estrategia que pretendía habilitar una toma posesión a distancia, con participación notarial y delegación en terceras personas.

La Junta Electoral Central había citado para este lunes a los parlamentarios españoles que obtuvieron escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones del 26M. En ese acto, los candidatos electos han jurado o prometido acatar la constitución, como paso previo a la obtención de su credencial. La JEC enviará a Bruselas una lista con los diputados que hayan obtenido esa condición. El nombre de Puigdemont no estará en ese listado, según explican fuentes parlamentarias.

El abogado Gonzalo Boye ha explicado ante los periodistas que Puigdemont ya ha prometido “ante la autoridad belga” el acatamiento de la Constitución. El letrado asegura que su defendido se presentó hace unos días ante un notario de aquel país para dejar constancia de su voluntad favorable a cumplir con el trámite, a excepción de su carácter presencial. Ese documento y el poder en favor de su abogado es lo que la defensa de Puigdemont pretendía usar para sortear el trámite previo a la obtención del acta de eurodiputado.

La defensa del político independentista se aferra al argumento de que la orden de detención en España contra el político catalán es lo único que le aleja de obtener la condición de eurodiputado. Para los próximos días anuncian nuevas gestiones ante el Parlamento Europeo en su intento de convertir a Puigdemont en eurodiputado.

La presencia de expresident de la Generalitat en el Congreso se daba por descartada para la jornada de este lunes. A pesar de ello, la cámara ha previsto un dispositivo policial reforzado, con especial atención a las entradas y accesos a la Sala Constitucional, en donde se ha celebrado la sesión de acatamiento ante la Junta Electoral Central. Finalmente, Puigdemont no ha aparecido.