El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado retirar la exclusividad que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le había concedido a la patronal taurina a la hora de validar los contratos necesarios para autorizar corridas de toros. En la práctica, ese requisito impedía que pequeñas empresas y profesionales independientes a las organizaciones mayoritarias del sector pudieran acceder en igualdad de condiciones a los festejos taurinos.

Esa condición viene impuesta en uno de los artículos del nuevo Reglamento Taurino, que el alto tribunal andaluz ha decidido suspender cautelarmente. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico y contra el que ha recurrido la Junta de Andalucía, la norma “impone una obligación” que supone “la exclusión” de parte de los profesionales taurinos, “restringiendo sus derechos sindicales y laborales”.

La resolución judicial afecta a uno de los sectores que mayor respaldo institucional ha recibido por parte del Gobierno de Moreno. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha llegado a calificar públicamente al Gobierno andaluz como “taurino”. De hecho, la Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una política de apoyo claro a los toros, con iniciativas normativas (como el reglamento taurino aprobado en marzo de 2025), económicas (multiplicando la financiación pública) y de promoción (con el aumento de las retransmisiones de corridas y novilladas en Canal Sur).

El nuevo reglamento consolidaba un sistema que, según denuncian las asociaciones de profesionales independientes, beneficiaba a las organizaciones tradicionales del sector, que son las que acaparan la mayoría de los festejos. La consecuencia es que los pequeños empresarios y trabajadores independientes quedaban orillados al encontrar más trabas para poder trabajar en un sector que aporta el 0,375% del PIB andaluz, genera un impacto económico superior a los 45 millones de euros anuales y da empleo directo a más de 3.100 personas vinculadas direcetamente a los festejos taurinos, según datos de la Junta.

Sin embargo, voces como la de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) denuncian la exisencia de un “monopolio” dentro del sector, en el que la actividad se concentra en las grandes empresas. Por eso su presidente, Luis Miguel Calvo, interpreta la resolución del TSJA como “una victoria de David contra Goliat”, en la que “los magistrados le están dando toda la razón a David y a Goliat le está diciendo que ya está bien de abusar”.

Los visados como “herramienta de poder”

El conflicto gira en torno al visado de los contratos, un trámite administrativo imprescindible para que la Junta autorice la celebración de cualquier festejo taurino. Sin ese documento, la administración no concede el permiso para organizar una corrida, de ahí que el control de los visados se haya convertido durante años en una “herramienta de poder” dentro del sector.

El Reglamento Taurino aprobado por la Junta en marzo de 2025 establecía que esos contratos solo podían ser visados por la comisión de seguimiento del convenio colectivo estatutario, vinculada a la patronal taurina ANOET, que aglutina a las entidades más poderosas del sector. Quedaban, por tanto, excluidos los visados emitidos por la comisión del convenio colectivo nacional taurino extraestatutario, pese a que este también está inscrito legalmente y su validez ya había sido reconocida por la Audiencia Nacional en 2022.

El recurso fue presentado por las asociaciones firmantes de ese otro convenio, entre ellas ASPROT, que denunciaban que la exclusividad del visado privaba de trabajar a numerosos matadores, novilleros, organizadores de festejos, rejoneadores, banderilleros, picadores o mozos de espadas, limitando la libertad de elección de los trabajadores y empresarios “más humildes”.

Ahora, con la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal, recurrida por la Junta según fuentes oficiales, será la propia Junta la que deberá admitir los visados emitidos por ambas comisiones mientras se resuelve el procedimiento principal. La Consejería de la Presidencia, competente en materia de espectáculos taurinos, ya ha incorporado esta medida al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde precisa que la suspensión se mantendrá hasta que recaiga una sentencia firme sobre el procedimiento, que lleva años librándose en los tribunales.

Fin al “monopolio histórico” de la tauromaquia en Andalucía

El auto del TSJA justifica la suspensión cautelar en que mantener la exclusividad podía tener consecuencias inmediatas para buena parte del sector. “De no suspenderse el precepto recurrido”, advierte el auto, “no podrían ejercer sus respectivas profesiones muchísimos profesionales afectados en infinidad de festejos, y empresarios taurinos que ya tienen contados festejos y eventos para fechas cercanas, ganaderos, titulares de plaza de toros, ayuntamientos y corporaciones locales titulares de plaza de toros y público en general”.

Las asociaciones recurrentes recuerdan que comunidades como Castilla y León y Aragón modificaron sus reglamentos para admitir los visados de ambos convenios. Andalucía, en cambio, blindó por ley la exclusividad en el nuevo reglamento que el consejero de la Presidencia llegó a presentar como un “modelo para el conjunto del país”.

Ahora el presidente de ASPROT celebra que la resolución del alto tribunal andaluz marca “un antes y un después” en la tauromaquia andaluza. Para Luis Miguel Calvo, la decisión del TSJA supone “un paso muy importante para no discriminar a unos frente a otros”, al poner fin a un “monopolio histórico” en el sector, permitiendo que profesionales que hasta ahora no podían participar en determinados festejos tengan las mismas oportunidades laborales con independencia del convenio colectivo al que estén adheridos.

“Muchos novilleros han tenido que renunciar a esta profesión, es un momento histórico”, sostiene Calvo, quien interpreta el auto como un avance en la protección de la libertad sindical y del derecho de trabajadores y empresas a acogerse al convenio colectivo de su elección. El procedimiento principal sobre el Reglamento Taurino continúa ahora su tramitación y será la sentencia definitiva la que determine si ese artículo queda anulado de forma permanente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que requiere de forma formal y directa al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles a la anulación de la licencia de obras del hotel ilegal que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata.

El dictamen, adelantado por la Cadena SER y consultado por esta cabecera, va dirigido directamente al alcalde de la localidad almeriense Salvador Hernández y exige que el Consistorio ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación a la entidad Azata del Sol S.L. del 13 de enero de 2003. Una vez realizado este trámite, se dará remisión de la resolución “de forma inmediata” a la Sala, expone el TSJA.

Asimismo, se establece que en caso de no darse cumplimiento al requerimiento, “podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la Sentencia” conforme a lo dispuesto en la normativa. Es decir, el TSJA sustituirá las competencias municipales. Por tanto, se forzará la actuación administrativa y se invalidará la licencia de obras por sus propios medios jurídicos.

Esta resolución se produce días después de que se retrasara la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición el pasado 17 de junio y, a su vez, tras el anuncio de la Junta de Andalucía en el que solicitaba al TSJA que anulara la licencia de obras del complejo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carboneras viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del TSJA desde el año 2021, que fue finalmente firme en diciembre de 2022.

23 años después

Más de dos décadas después, el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas que se encuentra a 14 metros de la orilla del mar parece que tiene los días contados. El Ayuntamiento de Carboneras celebraba un pleno extraordinario el pasado 17 de junio para debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, lo que hubiera permitido avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción. Esto sucedía tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba el visto bueno a la propuesta de resolución del procedimiento.

El pasado miércoles, el pleno bloqueó el procedimiento gracias a una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (ex del PP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar hasta tres informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio.

Fruto de este requiebro, se convocó este martes de urgencia la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, la primera que se da desde marzo del año pasado y por novena vez en una década, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta coincidieron en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. La reunión bilateral constataba que ambas administraciones pretendían solicitar el amparo del TSJA.  

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha dejado en el limbo la zona de bajas emisiones (ZBE) de Málaga. Desde el pasado 30 de noviembre, los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental que circularan por la almendra central de la ciudad se exponían a una multa, pero sólo si circulaban con un coche que no estuviera matriculado en la ciudad. Si lo estaban, no tenían nada que temer.

Ahora los magistrados del TSJA dicen que eso no puede ser: las restricciones a la circulación de vehículos no pueden establecerse en función de donde está registrado cada vehículo, porque eso supone una discriminación que vulnera la unidad de mercado y el principio de libertad de empresa.

Las consecuencias de esto están por ver: la Justicia no se opone a que haya un área restringida con otras condiciones, así que el Ayuntamiento está estudiando qué hacer. De momento, tiene un mes para recurrirla ante el Tribunal Supremo.

La resolución zarandea ahora un régimen de restricción al tráfico en 34 calles de la ciudad que el Ayuntamiento tardó en aplicar. La ley de cambio climático de 2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares a adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad. Entre otras medidas para facilitar la movilidad sostenible o el uso de transporte público o eléctrico, antes del 1 de enero de 2023 debían establecer zonas de bajas emisiones.

El Ayuntamiento de Málaga arrastró los pies, hasta llegar tarde. Alegó que no había recibido los componentes de las cámaras que vigilan el perímetro, y así alargó hasta noviembre de 2024 la aplicación de la norma, y hasta noviembre de 2025 la imposición de las primeras multas.

El régimen hasta ahora en vigor es así: el primer año todos los coches pudieron pasar sin multa. El segundo (el vigente ahora), sólo podían pasar los que tuvieran etiqueta CERO, ECO, B, C o sin etiqueta si estaban domiciliados en Málaga. A partir de noviembre, sólo los acreditados con etiqueta CERO, ECO o C y los domiciliados en Málaga, cualquiera que fuera su etiqueta o incluso si no la tuviera. Para las furgonetas, la circulación sin restricciones se alargaba cuatro años, pero a partir del quinto el régimen ya era el del resto de vehículos. Los taxis y VTC o vehículos históricos pueden circular sin restricciones.

Este régimen supone que el requisito de la domiciliación en Málaga “afecta a la libre circulación de mercancías y personas, vulnerando el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado”, dicen los magistrados, que no encuentran una justificación técnica “proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria” para esta diferencia de trato.

La Sala anula por eso un Título completo de la Ordenanza de Movilidad, el que afecta a esta normativa, pero no todo lo demás, que sigue en vigor.

Zona vigente, discriminación en cuestión

Vox, que interpuso el recurso, ha celebrado la sentencia que lo estima en parte como un triunfo de sus tesis. El partido ultra veía una motivación exclusivamente recaudatoria en la norma. “Vox ha logrado tumbar la Zona de Bajas Emisiones que restringía la movilidad y castigaba a los malagueños”, dice un post del partido en X.

La realidad es más matizada, porque los magistrados concluyen que la norma estaba justificada de forma “exhaustiva” desde el punto de vista ambiental, y no tumban ni la ordenanza ni la zona, sino la discriminación que permitía, precisamente, que los malagueños empadronados en la ciudad pudieran circular por la ZBE sin ser multados. Una consecuencia probable de este revés judicial para el Ayuntamiento es que ahora se multe también a los malagueños.

“La ZBE está vigente y el sistema sigue captando imágenes”, ha advertido la concejala Trinidad Hernández, explicando que de momento todo sigue como antes: “Los vehículos sin etiqueta no domiciliados en Málaga no pueden acceder y los domiciliados en Málaga que no tengan etiqueta podrán seguir haciéndolo”.

La concejala ha insistido en que la sentencia no “tumba” la ZBE, cuyo perímetro no cuestiona, y concluye que el procedimiento para aprobar la ordenanza fue legal. Estos dos aspectos fueron recurridos por Vox, pero los magistrados rechazan esas alegaciones. “Únicamente determina que las condiciones tienen que ser las mismas para los vehículos domiciliados y los que no”.

La oposición de izquierdas critica la falta de alternativas

La oposición, tanto PSOE y Con Málaga por unos motivos, como Vox por otros, ha sido muy crítica desde el pasado noviembre con la aplicación de la ZBE. La ultraderecha, porque cree que su motivación real no es ambiental. La izquierda, porque entiende que se ha aplicado tarde y sin mecanismos que permitan paliar sus restricciones, como el refuerzo del transporte público o el establecimiento de aparcamientos disuasorios, que el Ayuntamiento anuncia desde hace años pero no ejecuta.

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha calificado este jueves la ZBE de “chapuza” que “castiga a las familias trabajadoras”. Particularmente, trabajadores que han tenido que dejar la ciudad ante el encarecimiento de la vivienda, y que ahora se desplazan a diario a sus puestos de trabajo. Morillas ha pedido al consistorio que no recurra la sentencia, modifique la ordenanza y suspenda el régimen sancionador hasta que haya aplicado medidas de movilidad sostenible y puesto en marcha una red de aparcamientos disuasorios.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez. La denuncia iba también dirigida contra otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

En el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla “tenía conocimiento de los hechos”.

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

“No eres nadie”

Así, según este escrito, adelantado por Diario de Sevilla, la querellante relató que su labor en la Diputación durante cuatro años consistió en “administración y tareas institucionales comunicativas con los diferentes municipios de la provincia”, una tarea que fue “tranquila” hasta que el 27 de noviembre de 2023 fue “objeto de un trato humillante por parte del coordinador del grupo en la Diputación (Demetrio Pérez) que consistió en una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones hacia la querellante delante de compañeros de trabajo y reducción de sus tareas”. “Quien eres tú para llamar a los municipios, no eres nadie, estás achicharrando a llamadas a los municipios, me está dejando en mal lugar en el partido y cuando yo llame ¿Quién me va a contestar?”, era el contenido de las mencionadas afirmaciones.

Prosigue, “este incidente lo puso en conocimiento del querellado Rafael Recio el cual le contestó que hablarían más adelante”. A consecuencia del mismo estuvo de baja cuatro días, “diagnosticada por un trastorno adaptativo”, tras lo que solicitó el alta voluntaria. Así, posteriormente, “su situación laboral empeoró progresivamente, notando que le reducían las tareas”. Llegó a solicitar que se le encomendasen más, lo que fue rechazado al ser “innecesario”, por lo que advirtió de una “marginación en sus tareas”. Su “malestar”, prosigue, fue trasladado a Recio en una carta, tras lo que se convocó una reunión en la que “no se le dejó hablar, siendo conminada a contestar con un sí o un no a las preguntas que Rafael le hacía”.

Asimismo, asegura que “al día siguiente de la reunión el querellado Demetrio presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra la aquí querellante por injurias graves y calumnias”, tras lo que se abrieron unas diligencias. Tras ello, la misma conoció que “Demetrio al comentar la conducta de la querellante hizo referencia a una serie de problemas que ella tiene con su pareja, que había contado a algunas compañeras por confianza y en un ámbito privado y confidencial”, por lo que considera que “al comentarse en público no se ha respetado tal intimidad revelándose secretos de su situación personal que no deben conocerse, dañando su imagen pública y creando en ella un clima de presión y terror”. Los hechos fueron denunciados por el querellante, según el escrito, ante los órganos internos del partido, dando lugar a la apertura de unas diligencias informativas internas que habrían sido resueltas por una resolución dictada por le querellado Recio Fernández, “por el que acordó el archivo por inexistencia de indicios de acoso laboral”.

“No actos sistemáticos de hostilidad y humillación”

Tras analizar la conducta de Recio para “determinar la existencia o no de indicios de comisión de delitos imputados”, el TSJA ha enmarcado que los hechos expuestos respecto a Recio “describen, después de una cierta relación de confianza que resultó fallida, por los motivos que sean, desencuentros y desaprobaciones posteriores, incluso puntuales momentos de tensión, como los que se reflejan en las conversaciones expuestas, pero no actos sistemáticos de hostilidad y humillación”. Detalla que la valoración de los indicios contra el mismo “radicaría exclusivamente en su intervención en parte” de los hechos narrados, mientras que los “insultos y vejaciones” relatados “los habría realizado en exclusiva Demetrio Pérez”.

“Por tanto de la querella se deduce que la única participación que tuvo Rafael Alfonso Recio Fernández queda circunscrita al subjetivo sentimiento de la querellante de que no se le atribuyeron por este querellado las labores, que no precisa, que la querellante solicitaba o de las que era competente para realizar, así como a su actuación en la tramitación de la investigación interna, referida a los requerimientos de concreción en sus respuestas”, apostilla. Por ello, respecto a Demetrio Pérez, aclara que la presente resolución se limita a la persona aforada, en este caso Recio, y “en consecuencia, debe quedar fuera de la presente resolución cualquier actuación realizada por los otros querellados, salvo conexión delictiva entre todos ellos, que desde luego no consta ni puede desprenderse, según lo expuesto, del contenido de la querella y documental aportada con la misma”.

Por todo ello, el tribunal ha procedido a acordar la inadmisión a trámite de la querella presentada, al entender que “los hechos imputados a persona aforada, ni siquiera indiciariamente, presentan caracteres de delito y ello sin necesidad de llevar a cabo otras comprobaciones documentales o acceder a la práctica de la prueba solicitada”. Las costas, por su parte, han sido declaradas de oficio. En conclusión, ha inadmitido a trámite la querella “por no ser los hechos constitutivos de delito atribuible a persona aforada”.

Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de las 18 abogadas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por mantener el genérico masculino en vez de utilizar un término inclusivo y cambiar su título al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La sentencia alude a que no existe una “norma imperativa” en la legislación española que obligue a adoptar esta adecuación lingüística en virtud de la igualdad de género y echa mano de las recomendaciones gramaticales de la Real Academia de la Lengua (RAE) para justificar su decisión.

Ante las consideraciones expuestas, el TSJA rechaza de forma “íntegra” el recurso de apelación interpuesto por las letradas y, por tanto, confirma la sentencia del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según ha podido comprobar este medio. Así, se razona que la decisión del órgano colegial fue “autónoma, soberana y democrática” y viene amparada en el artículo 12 de la ley 10/2003, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, “sin que entrañe el uso de un lenguaje sexista que implique una discriminación por razón de sexo”, en base a lo dictado por la Constitución y a las leyes estatales, autonómicas e internacionales.

Con ello, cita la primera sentencia de la magistrada de Sevilla, en donde se expresa que “dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”. Además, se hace referencia a que las leyes de igualdad “prohíben un lenguaje sexista”, en cambio, el TSJA sostiene que “la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla no lo es”. Por tanto, las recomendaciones de los planes de igualdad o del mismo Preámbulo del Estatuto General de la Abogacía “no impide el uso de otras ni las prohíbe”. De esta forma, se legitima el acuerdo votado el 25 de junio de 2022 que llevó a la parte afectada a presentar la demanda conjunta.

Asimismo, sostiene que “la Real Academia de la Lengua Española ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”, a lo que añade que “la RAE mantiene que la Constitución admite de forma expresa que el término Abogado se use como lenguaje inclusivo”. A renglón seguido se cita el informe emitido por el Colegio de Abogados de Sevilla, en el que se alude el uso de masculino genérico en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros.

Sin embargo, se omite que la reforme impulsada por el PSOE y Sumar en julio de 2025 sí que se adaptó al lenguaje inclusivo y, por tanto, la Cámara Baja pasó a llamarse simplemente “Congreso”. El cambio de nomenclatura no se trasladó al edificio ni a la Constitución posteriormente, ya que, en el primer caso, la fachada forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural y, cualquier modificación, requeriría de la autorización de Patrimonio Histórico, mientras que la Carta Magna necesitaría una reforma constitucional.

Sevilla en comparación con el resto del país

En 2022, ya había más de 30 Colegios de Abogados que pasaron a denominarse Colegios de la Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela, de un total de 83 entidades. Pese a lo ocurrido en varias provincias, el Colegio de Abogados de Sevilla señalaba en su propia web tras la polémica suscitada por aquella votación que la opción de mantener el nombre, con más de 300 años de historia, se ratificaba a través de una “amplia mayoría” de los colegiados y colegiadas asistentes a la Junta General Extraordinaria.

En la primera sentencia del juzgado de Sevilla, la magistrada expresó que, aunque “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, no podía “interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”. En alusión al Estatuto General de la Abogacía Española de 2021, mantuvo que “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”, determinó.

En este sentido, el TSJA concluye que, aún siendo “correcto” el término inclusivo “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”.

“La RAE no es una norma”

Un aspecto que para la abogada María Jesús Correa, una de las 18 abogadas recurrentes, resulta “peligroso”. “La sentencia reduce la conflictividad a un problema gramatical”, asevera en declaraciones a este medio, “pero no se mete en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”. “Según la jueza, la decisión no es discriminatoria porque la RAE aprueba el uso del genérico masculino, no porque no se vulneren las normas que hay en materia de igualdad”, comenta. Y añade: “la RAE no es una norma, sino que contempla una serie de recomendaciones lingüísticas”. Además, alude que el Colegio, al igual que otro organismos, se debe como corporación pública a la legislación vigente, por tanto, a la adaptación y reformulación de su título.

La abogada especialista en violencia de género comenzó este proceso en noviembre de 2016, hace una década. Con el fin de que el lenguaje inclusivo llegara a la entidad centenaria, presentó en el Registro General del ICAS una misiva dirigida a la Junta de Gobierno para cambiar la denominación de la corporación, apelando al principio constitucional de Igualdad recogido en la Constitución. Como respuesta, el decanato de la entidad trasladó que se abordaría tal debate en el futuro con la reforma de los Estatutos. Así, se desestimó el cambio de nomenclatura en 2022 y, tras las sentencias del juzgado de Sevilla y del TSJA, preparan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La denominación Colegio de la Abogacía de Sevilla es un paso más hacia la eliminación de barreras lingüísticas, que contribuye a la desigualdad de género en nuestro ámbito profesional, donde se hace aún más necesaria la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación”, reflexiona. Este logro se le resiste al grupo de abogadas después de que en 2024 Sevilla cambiara el nombre de la Calle de los Letrados por el de la Plaza de la Abogacía. Momento que contó con la participación de Óscar Fernández, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. A preguntas de este medio sobre la sentencia del TSJA, han declinado hacer valoraciones al respecto.

Este proceso también se intentó en la provincia vecina. La abogada granadina Montse Linares intentó que el cambio se produjera en el Colegio de Abogados de Granada en el mismo año 2022, sin embargo, fue acogida con frialdad, ya que solo votaron en el proceso 738 asociados de los 3.509 de los que consta el organismo. La iniciativa no fructificó, denunciando la letrada una campaña de difamación en su contra. Hubo un grupo de abogados que realizó un montaje para difundir por redes sociales que la modificación partía de la “dictadura de lo políticamente correcto” y recibió mensajes similares a su correo electrónico tildando su apuesta como “meras burdas infundadas y sin fundamento, mas que tizne ideológico sesgado”. Así, Granada y Sevilla continúan sin optar por el lenguaje inclusivo.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 84 años que supuestamente mató a su mujer el pasado viernes en el municipio de Marbella.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se le investiga por la comisión de un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho. El hombre, de 84 años, prestó declaración en sede judicial y contestó a las preguntas que se le formularon.

La Sección de Violencia, según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer, ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar a cabo la muerte de la que era su esposa, de 83 años.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando, sobre las 11:00 horas, se halló el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño. Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado este lunes el asesinato como caso de violencia de género, elevando a diez las víctimas en Andalucía en lo que va de año.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido archivar definitivamente la investigación judicial por la muerte Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en la capital hispalense y que murió ahogado el pasado 29 de diciembre tras caer al río Guadalquivir a raíz de una persecución por parte de varios agentes de la Policía Local. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, sentencia la Sala.

En auto fechado este 15 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es y contra el que no cabe recurso alguno, se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el doble carpetazo en la fase instructora tanto en enero como en abril, y que ahora la Audiencia confirma “en su integridad” dada su “extensa y ajustada argumentación” con la que ya descartó la existencia de los delitos que planteaba la familia (un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación).

La Audiencia repasa el ya conocido relato de los hechos hasta el momento en que Mamouth “se aproximó poco a poco a la zapata del río y, sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos a las 16.29 horas”.

De todo ello “no se desprende indicio alguno de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes de la Policía Local que procedieron al seguimiento y al intento de detención de una de las personas que se dedicaban a la venta ambulante de material supuestamente falsificado”, dice el auto, zanjando que “la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente”.

El “comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth”

Así resume el caso el auto: “Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima. En la conducta de los agentes de la policía local no se aprecia ni excesos, ni desproporción. Éstos se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huida agarrarse al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río”.

Asimismo, la Audiencia insiste en que la actuación de los agentes “rodeando y acercándose a Mamouth no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial”. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel. El que Mamouth optase por agarrarse al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos para evitar que los agentes le dieran alcance y que a continuación cayera al río y se ahogara no era un riesgo previsible, como tampoco lo sería que una persona en una persecución por la acera cruzase la calzada justo en el momento de pasar un vehículo por ella, y en todo caso, tiene su origen no en la conducta desplegada por los agentes sino en la decisión tomada por Mamouth”, ejemplifica el auto.

“El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido”, insiste la Audiencia, que añade que “no hubo omisión del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación profesional por el hecho de perseguirle y rodearle”. “No cabe, por tanto, hablar de indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte de los agentes de la policía local al no apreciarse el más mínimo atisbo de negligencia en su actuación”, señala el auto.

Por otra parte, “tampoco” entiende la Audiencia que exista “el menor indicio del delito de omisión del deber de socorro” ya que “hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la Policía Local. ”Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima“, explica el auto.

Hechos, atestados, vídeos e informes

Por último, “la omisión que se denuncia, de haberse producido, de lo que no existe el menor indicio, no entendemos que integre el delito de prevaricación” al que también aludía la familia ya que “no existe el menor dato de que de forma consciente y voluntaria se hubiera omitido o se hubiera retrasado la llamada al 061, exigiendo el tipo penal que la conducta se lleve a cabo a sabiendas de la ilegalidad”. También señala el auto en ese punto que “los bomberos, tras rescatar a Mamouth B., le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le realizaron un electrocardiograma siendo negativo, certificando su fallecimiento, con lo que el retraso en la llegada del 061 resultaría irrelevante”.

La Audiencia defiende el papel de la jueza instructora al acordar el sobreseimiento de las actuaciones “tras valorar jurídicamente los hechos denunciados, el examen de los atestados, los videos aportados y los informes médicos del fallecido, sin que aprecie motivo alguno para continuar con la tramitación de la causa y seguir practicando diligencias de investigación, al carecer los hechos de relevancia penal, con lo que la práctica de nuevas diligencias [como pedía la familia] solo prolongarían innecesariamente la instrucción, sin que tal decisión conlleve la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El punto fuerte del sistema judicial es justo el que no se ve: el procedimiento de decisión. Por eso, Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) está convencido de que al ámbito jurídico le falta abrir sus puertas, rasgarse el velo y dotarse de mayor transparencia. “El problema es que la Justicia tiene un efecto cónclave, sacraliza y provoca la desconfianza”, porque “cuando algo entra en un juzgado nadie sabe qué pasa”, afirma.

Con una mirada crítica, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reflexiona sobre esta y otras cuestiones en su nuevo libro “El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo” (Debate, 2025) que ha presentado este jueves en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 

Su objetivo con el libro es claro: “Buscar otra manera diferente de suscitar algo de confianza en el sistema judicial”. Pasquau pretende contar y provocar una conversación sobre un conjunto de temáticas de las que normalmente no se hablan, pero que son importantes para la ciudadanía. En el ámbito jurídico “se debe abandonar el efecto corporativo”, insiste.

Durante su obra y en un intento de abrir ese “cónclave”, el jurista también trata de identificar los defectos y vicios propios, como un ejercicio de introspección dentro del oficio y análisis del mismo. “Es imprescindible también saber qué riesgos dependen de nosotros”, destaca. 

Después de más de dos décadas como profesional de la justicia, Pasquau relata los entresijos de un oficio en el que cualquier equivocación puede llegar al punto de arruinar vidas y que de cuyos aciertos depende que se imparta o no justicia, se reparte una herida o empeoren las que ya están hechas. 

En cuanto a las malas praxis que existen en el procedimiento judicial, el autor destaca que “el sistema será fiable si sigue cumpliendo su función pese a que haya malos jueces. Si no sobrevive, no es un buen sistema”, alegando que las buenas prácticas deben ser las mayoritarias. 

Además, Miguel Pasquau aborda en el libro temas que generan polémica y se posiciona de forma muy clara; como el papel de los medios de comunicación, las presiones de los jueces o la relación de la figura del juez con los demás poderes y esferas del Estado.

Pasquau también es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada y tiene una gran afición literaria que ha desarrollado a lo largo de su vida. Tanto es así que el magistrado cuenta con cuatro novelas publicadas: se estrenó como escritor con la obra “Recuerda que yo no existo” (Almuzara, 2014) y la última, “Aunque todo se acabe” (Ediciones Miguel Sánchez), la publicó en 2021.  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido la querella criminal interpuesta por la Fiscalía contra el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla, un caso que ha sacudido el Parlamento autonómico al poner en cuestión la libertad de expresión y la inviolabilidad de la que gozan sus señorías para trasladar sus opiniones políticas fuera de la Cámara.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces desmontan los duros argumentos que esgrime el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, para acusar al diputado de Adelante de ejercer una suerte de “libertinaje de opinión”, “un derecho al insulto” y “un exceso verbal” por haber cuestionado la actuación de los agentes que persiguieron en moto durante un kilómetro y “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que se ahogó en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre.

El portavoz de Adelante Andalucía acudió a la manifestación de protesta que convocó la comunidad senegalesa y africana en Sevilla el pasado 2 de enero para apoyar su reivindicación de abrir una investigación más a fondo de lo ocurrido. García se grabó un vídeo, que más tarde difundió en sus redes sociales, denunciando “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”. Esas expresiones motivaron una querella de dos sindicatos policiales, a la que se sumó después la Fiscalía Superior del TSJA, que envió a dos agentes de paisano al Parlamento andaluz para notificar en mano la denuncia al aludido. Un hecho sin precedentes en la historia autonómica.

La conclusión de los jueces es diametralmente opuesta a la del Ministerio Público: “No hay injurias graves a la policía, no hay calumnia, no hay incitación al odio, sino ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente protegido”, replican en su auto, notificado al letrado mayor del Parlamento el pasado 6 de mayo.

Pero el escrito de los magistrados, que firma el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y del que es ponente el jurista Miguel Pasquau Liaño, va mucho más allá de la defensa férrea de la libertad de expresión, “principio básico de la democracia”.

Los jueces entran de lleno en el debate abierto por el diputado -“racismo institucional, violencia policial, represión”-, y legitiman cada expresión, vislumbrando, de paso, un profundo conocimiento y una clara empatía respecto a la situación de desprotección que padecen y denuncian los inmigrantes en este país, y los manteros en particular.

“Nada impide a un español opinar”

En el auto, los jueces replican al fiscal, con rotundidad, que “nada impide, desde el punto de vista penal, a un ciudadano español sostener en público, con razón o sin ella, que perseguir policialmente a inmigrantes manteros es expresión de un racismo institucional, si lo que se pretende es defender que deberían suprimirse o cambiarse las leyes y políticas que lo permiten. Y si puede hacerlo un ciudadano cualquiera, también, o aún con mayor razón, un diputado en su cometido de dar visibilidad a cualesquiera reivindicaciones políticas”. 

En consecuencia, “la decisión no puede ser otra que la inadmisión a trámite de la querella, a fin de impedir la incoación en vano de un procedimiento penal”, avisa desde el primer instante el documento.

En su querella, el teniente fiscal endurecía aún más los argumentos de la denuncia interpuesta por los sindicatos policiales contra el parlamentario, llegando a calificar las opiniones de García como un delito “de odio”, aunque se trataba de una querella por injurias al “prestigio” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, otro delito que tiene una tipificación menor en el Código Penal.

Muñoz Oya acusaba al portavoz de Adelante Andalucía de motivar “un hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales”, hablaba de “concretos actos de apoyo explícito a la violencia contra ellos” y señaló al diputado por “incitar a actuar violentamente contra” los agentes. “No es libertad de expresión. Es odio y ataques al honor”, concluía en su escrito.

El TSJA defiende la actuación de los agentes que persiguieron a Mamouth, admite el malestar que pudo generarles la crítica del diputado de Adelante, pero invalida por completo los argumentos del fiscal al querellarse contra sus opiniones, porque le asiste, por encima de su inviolabilidad como parlamentario, la libertad de expresión, consagrada en la Constitución.

“El cauce exento de sanción penal de la libertad de expresión ha de ser ”lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor“, sin correr el riesgo de ”hacer del Derecho penal un factor de disuación del ejercicio de la libertad de expresión“, reza el auto, citando jurisprudencia ”contundente“ del Tribunal Constitucional.

Sacudida al Parlamento andaluz

El escrito de la Fiscalía contra un diputado causó estupor en el Parlamento andaluz, donde todos los partidos han coincidido en pedir a los servicios jurídicos que encarguen un informe sobre el caso de García y los límites de la inviolabilidad de los diputados -derecho blindado en el Estatuto de Autonomía- ante posibles “delitos de opinión”.

Más allá del contenido de sus palabras, el Ministerio Público llega a censurar la potestad del parlamentario por ejercer la crítica política contra una institución pública, como la Policía Local, fuera de la Cámara que le otorga esa inviolabilidad como diputado. Muñoz Oya arremete contra García por “extender la responsabilidad de lo ocurrido al ámbito político” y “por contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de una institución o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJA defiende que el trabajo de García es precisamente ese: “el debate político”. Los jueces argumentan que la expresión “racismo institucional”, pronunciada por el diputado andalucista, “no es en absoluto un insulto ni una ofensa ni una injuria, sino un concepto político de muy larga tradición acuñado en la lucha contra las desigualdades por razón de raza, etnia u origen (...) utilizado reiteradamente como lema por los movimientos de apoyo al colectivo de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante no autorizada (coloquialmente ”manteros“) para criticar la consideración de tal actividad como delito y la política de represión de la misma. Es, digamos, equiparable a expresiones como ”Justicia machista“ o patriarcal”.

En aquella manifestación convocada por la comunidad africana en Sevilla, el diputado de Adelante, según el auto, “está expresando una opinión y pretende cambios de políticas, legislación o prácticas”.

Es, pues, “un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuyo control penal jamás puede rozar consideraciones simplemente éticas, o de estilo, y ni siquiera de verdad o falsedad, pues la libertad de expresión ampara la defensa y difusión de opiniones o valoraciones que parezcan indefendibles para la mayoría social, incluso si resultan excesivas, desagradables, molestas u ofensivas para una persona, un colectivo o una institución, siempre que la finalidad de zaherir no prevalezca y se anteponga a la de expresar una opinión sobre una cuestión de alcance político”, concluyen los magistrados.

“La función policial comporta violencia y represión (legítimas)”

Los jueces también defienden que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayan-; y recuerdan antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés; Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

En todos los casos, la actuación de los agentes provocó “actos de protesta, concentraciones y manifestaciones organizadas por asociaciones y organizaciones de lucha contra el racismo, que ”denuncian sistemáticamente el binomio “racismo institucional” y “violencia policial”, lemas que aglutinan a una no insignificante diáspora de organizaciones y movimientos, por sustentar la opinión de que el hecho de perseguir para incautar mercancías y detener a los manteros es un exceso de represión contra el que protestan“, subraya el auto.

Los magistrados defienden la función policial y da por válido el sobreseimiento del caso que abrió un juzgado para investigar la muerte de Mamouth y la actuación de los agentes (ahora recurrido por su familia ante la Audiencia de Sevilla). Pero el auto resume el caso en una frase rotunda, donde concluye que sin la persecución policial la muerte del mantero senegalés no se habría producido: Se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, concluye.

Respeto a las instituciones

Por último, lo jueces cierran el auto haciendo un análisis sobre el alcance del artículo 504.2 del Código Penal, que invocaron los querellantes al denunciar las “graves injurias” a la Policía. El auto subraya la importancia de esa sobreprotección jurídica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero añade: “no lo están más que otras instituciones como el Gobierno de la Nación, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Supremo, o el Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma”.

“No hace falta hacer una relación o recordatorio de contundentes críticas habitualmente proferidas en medios de comunicación contra representantes de tales instituciones, o contra la institución misma, en asuntos delicados (confinamiento, vacunación, muertes en residencias, compraventa de armas, presentación de proyectos de ley, dictado de sentencias en asuntos controvertidos, etc.)”, recuerdan los jueces.

En efecto, en esta legislatura de polarización extrema, los partidos de la derecha han cuestionado -dentro y fuera de los parlamentos- prácticamente a todas las instituciones del Estado, acusando a Pedro Sánchez de “colonizarlas”. Empezando por el propio presidente del Gobierno, a quien dirigentes de PP y Vox le niegan toda legitimidad democrática, y le califican de “autócrata”, “tirano”, “felón”, “sinvergüenza”, “psicópata” o directamente “hijo de puta”.

Y los dirigentes de izquierdas han roto el tabú que hacía intocables a los jueces, sus instrucciones y sus sentencias, hablando de “lawfare o cacería política”, tildando de “vergonzosas” sus fallos o llamándoles “corruptos” y “prevaricadores”, como hizo la líder de Podemos, Ione Belarra, en referencia al exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, lo cual motivó una protesta unánime del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz de Adelante Andalucía ha comparecido este martes para valorar el auto del TSJA: “Hoy se acaba este esperpento que nunca debió producirse, pero el caso de Mamouth sigue abierto, con muchas cosas por resolver, muchas preguntas, y desde Adelantes nos ponemos al servicio de la familia y de la comunidad senegalesa”, ha asegurado.

García se ha mostrado contento con la decisión de los jueces, pero espera que el informe jurídico del Parlamento andaluz clarifique aún más hasta dónde llega la inviolabilidad de los diputados ante supuestos “delitos de opinión”. “Hablar de racismo institucional, de violencia policial y de represión es perfectamente legítimo. Los policías son instituciones y las instituciones son criticables, se tienen que acostumbrar a que son criticables. El trabajo de un diputado es hacerse eco de reivindicaciones políticas. Lo que yo hice fue ir a una manifestación y hacerme eco de una situación muy triste”, concluye.

El 31 por ciento de los juicios o vistas que se señalaron el año pasado en los tribunales andaluces se suspendieron, lo que provoca “una grave disfunción” en el funcionamiento de la Justicia y agrava el atasco de casos pendientes de resolución en esta comunidad, según expone el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en la memoria anual de actividad del alto tribunal andaluz.

En la jurisdicción Social se llegaron a suspender por diversas causas más de la mitad de los juicios que había señalados; concretamente el 54 por ciento; de modo que de los 67.798 previstos solo se materializaron 31.291, según arroja la última memoria del TSJA, consultada por Europa Press.

Las suspensiones conllevan que el hueco que estaba previsto para ese día no pueda cubrirse con la inclusión de otro juicio o señalamiento, lo que constituye un “obstáculo” para la buena marcha de los órganos jurisdiccionales y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso.

Por ello, el TSJA insiste en la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en los periodos previos al señalamiento, de modo que cuando llegue el día del juicio se hayan resuelto y pueda celebrarse.

Aunque las cifras evidencian una disminución de las suspensiones de juicios en 2024 respecto al año anterior, el TSJA recuerda que en 2023 se dispararon las actuaciones procesales suspendidas por el impacto de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios. Una situación de conflictividad laboral que se prolongó durante varios meses.

El valor global de los juicios suspendidos en 2024 fue de un 31 por ciento, oscilando entre el 25 por ciento de las jurisdicciones civil y penal, y el 54 por ciento de la jurisdicción social. Esta sigue siendo la que ostenta mayor porcentaje de suspensiones, aunque ha disminuido del 62 al 54 por ciento.

Por su parte, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han celebrado 11.070 juicios de los 17.184 previstos y los Juzgados de Primera Instancia han celebrado 49.948 juicios de los 64.338 señalados. Un menor porcentaje de suspensión se da en juzgados con causas sensibles, como pueden ser los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que el pasado año celebraron 2.140 juicios penales de los 2.423 señalados; y los Juzgados de Menores, que llevaron a cabo 3.329 juicios de los 3.932 que había previstos.

El portavoz de Adelante y diputado autonómico, José Ignacio García, ha informado este viernes de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha comunicado una querella en su contra por un presunto delito de injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La querella parte de que José Ignacio García enmarcó en un caso de “racismo institucional y de violencia policial” la muerte de Mamouth Bakhoum, el vendedor ambulante senegalés que acabó ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre tras ser perseguido por unos agentes de la Policía Local de Sevilla.

Ante el anuncio de la querella, el portavoz de Adelante Andalucía ha asegurado que mantiene sus declaraciones y ha considerado que esta querella de la Fiscalía del TSJA –anunciada después de que dos sindicatos policiales le denunciasen ante el Ministerio Público– forma parte de “la deriva autoritaria del Estado” y supone “un ataque a la libertad de expresión de los cargos públicos” y “un atropello a los derechos de cualquier ciudadano”.

Asimismo, ha expresado que ofrecerá “resistencia” porque “otras personas tienen menos herramientas que un diputado para plantar cara” y por eso, él se siente “en la obligación de hacerlo”. “Vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y de los colectivos y activistas, vamos a defender la libertad de expresión y reunión y las protestas sociales que sean oportunas”, ha concluido el parlamentario andaluz.

Reclamar “justicia para Mamouth”

Tras la denuncia inicial de los sindicatos policiales ante la Fiscalía, José Ignacio García defendió sus declaraciones públicas durante una concentración de protesta protagonizada por el colectivo de senegaleses de Sevilla en demanda de “justicia para Mamouth” y de que trascienda “la verdad” de lo sucedido.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, alegó al día siguiente del suceso que el senegalés de 43 años tuvo un comportamiento “inesperado, sorpresivo e incongruente” al no soltar su hatillo de productos tras ser sorprendido por los agentes como marcan las “reglas del juego”, asegurando que se arrojó él mismo al río después de que los agentes le siguieran.

Los agentes niegan así que mediase una “persecución”, mientras compañeros de venta del difunto y voces del colectivo de senegaleses recelan de dicha versión y aseguran que hubo una “persecución” en toda regla. En este sentido, los compañeros de Mamouth desconfían de que alguien que había “salido a vender y que lleva (adelante) a su familia” se arrojase sin más al agua del río. De ahí que reclamen saber “la verdad”, mientras la Policía Local aseguran que sus agentes intentaron “salvarle por todos los medios”, saltando dos de los agentes al agua en un intento de rescatarle.

“Racismo institucional”

Al respecto, José Ignacio García lamentaba la “enormemente trágica muerte” de Mamouth Bakhoum, insistiendo en que, a su parecer, “todo esto es fruto del racismo institucional y la violencia policial”, por lo que reclamaba “una investigación independiente y que se publiquen los vídeos y toda la información de lo que ocurrió”.

En ese marco, consideraba que el objeto de la mencionada denuncia en su contra por parte de dos sindicatos policiales no es otro que “meter miedo” a los colectivos sociales y de migrantes, con el mensaje de que “si uno levanta la voz contra la injusticia y el racimo le pueden pasar cosas malas”. “Quieren que la gente se lo piense dos veces y no hable, que se autocensure”, alertaba el portavoz de Adelante Andalucía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Congreso Extraordinario de CGT Andalucía (CGT-A) y, con ello, las elecciones de las que salió elegida una nueva dirección de la federación andaluza de la organización anarcosindicalista.

En una sentencia dictada este miércoles, los magistrados concluyen que la dirección confederal (estatal) no respetó los Estatutos de la organización, que obligan a que la convocatoria tenga el respaldo de un tercio de los afiliados andaluces. La decisión del alto tribunal andaluz supone devolver la plena legitimidad al secretariado permanente de CGT-A elegido en abril de 2023 con un 91% de los votos, encabezado por Juan Antonio Guerrero Márquez como secretario general y Miguel Montenegro como secretario de organización.

El Congreso Extraordinario que ahora se anula se celebró el 30 de noviembre, y la dirección saliente denunció ante los tribunales las maniobras de la dirección confederal, encarnada por Miguel Fadrique (secretario general de CGT desde junio de 2022), para convocar el Congreso y descabalgarla a pesar de no contar con un apoyo mayoritario entre la afiliación.

La disputa ha provocado desde entonces un cisma en la organización. Tanto el secretariado permanente salido del Congreso, liderado por Pilar Encuentra, como el liderado por Guerrero, se decían legítimos representantes de CGT-A. Ya el 30 de noviembre se vivieron escenas de tensión en el local sevillano en el que se celebró el Congreso Extraordinario, donde al menos una decena de personas increparon a los recién elegidos entre acusaciones de “atraco”.

La pugna subió de intensidad y escaló a nivel estatal cuando, a principios de febrero, se produjo un forcejeo por el acceso a la sede madrileña del sindicato. A voces y empujones, Montenegro fue rechazado, y acusó a la dirección confederal de poner “matones”. Esta replicó acusándole de liderar “una acción violenta”. Sin embargo, varias federaciones desmintieron esta versión y acusaron a Fadrique de tratar de imponer un relato falso para purgar a los líderes andaluces.

Los críticos de Fadrique también le acusan de intentar “verticalizar” CGT quitándole su esencia asamblearia y libertaria, al desfederar secciones no afines y expulsar a afiliados díscolos. En julio de 2024 la Audiencia Nacional condenó a CGT por vulnerar los derechos fundamentales de sus afiliados del sindicato del sector ferroviario: Fadrique convocó unas elecciones sin estar legitimado. La Audiencia Nacional anuló la convocatoria y las elecciones.

Incumplimiento de los Estatutos

La nueva sentencia del TSJA, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, hace algo similar: anula las elecciones, devuelve la plena legitimidad al liderazgo de Guerrero y Montenegro y zanja de momento la batalla andaluza. Fadrique señala que “se va a recurrir, evidentemente”.

En estos meses, ambas partes se han arrogado la dirección de CGT-A, las cuentas bancarias han estado bloqueadas y las cuentas de algunas redes sociales estuvieron en disputa Pilar Encuentra fue entrevistada como “nueva secretaria general” en Rojo y Negro, la revista de la CGT dependiente de la dirección confederal. Pero Montenegro y Guerrero no han dejado de hablar en nombre de CGT-A y el Ministerio de Trabajo ha seguido reconociéndolos como secretariado permanente por estar el asunto ante los tribunales.

La resolución del TSJA les da la razón. Los magistrados razonan que la convocatoria, impuesta por Fadrique desde la Secretaría General Confederal de CGT, no respetó los Estatutos que obligan a contar con el respaldo de un tercio de la militancia para convocar un Congreso Extraordinario: “Resulta con innegable claridad que la convocatoria de un Congreso Extraordinario ha de ser solicitada por 1/3 de los afiliados, que no por 1/3 de los sindicatos integrantes de la CGT-A, como parecen entender los demandados”.

La sentencia subraya que una decisión como esa, de máxima trascendencia en una organización sindical, se amolde “escrupulosamente” a las reglas de funcionamiento interno, algo que no habría ocurrido. Aquí, la dirección de CGT-A había recibido la solicitud de convocatoria de un tercio de sus sindicatos, a los que pidió las actas de las asambleas para comprobar que la petición estaba respaldada por los afiliados. Nunca las recibió, porque nunca hubo asambleas. Y la única que sí se celebró, la del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT Sevilla, tuvo un resultado “flagrantemente negativo” (en palabras del TSJA) en contra de celebrar el congreso.

Ante la negativa de CGT-A a convocar mientras no tuviera las actas, la dirección de CGT confederal convocó el Congreso Extraordinario sustituyendo a la dirección de CGT-A.

Actuación “lógica y razonable” de CGT-A

Los jueces amparan la actuación de Guerrero y Montenegro, que califican de “lógica y razonable”: examinar si se daban los requisitos para convocar y requerir a los solicitantes que acreditaran que la convocatoria estaba respaldada por el mínimo de afiliados exigido por los Estatutos.

“Tal y como el Secretariado Permanente ha dicho hasta la saciedad, las garantías estatutarias no se cumplían”, señala Montenegro, que atribuye la convocatoria del Congreso ahora anulado a los “intereses espurios de un grupúsculo, que quieren situar al sindicato en órbitas de los partidos políticos”.

“Solicitamos a toda la afiliación, militancia, secciones sindicales, sindicatos y Federaciones, paciencia para que pueda reconducirse este mal sueño al que nos ha llevado un individuo que no puede seguir ni un minuto más como Secretario General de CGT”, dice en alusión a Fadrique, quien no ha querido valorar la sentencia para este medio. Tampoco lo ha hecho Pilar Encuentra.

CGT-A cuenta con unos 11.500 afiliados, 600 delegados sindicales y 45 sindicatos afiliados. Es mayoritaria en el sector del telemarketing, el de auditorías y estudios de mercado, en las Agencias de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) y de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), o en ayuntamientos como Jerez o Alcalá del Valle (Cádiz).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condena a un profesor de piano a tres años de prisión por agresión sexual a dos menores de 10 y 11 años en la provincia de Cádiz.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en 2017, cuando el acusado impartía clases en un conservatorio de la provincia. Las dos alumnas, que asistían a lecciones individuales de una hora semanal, sufrieron tocamientos por parte del profesor.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a un año y medio de prisión por cada uno de los dos delitos de agresión sexual. Sin embargo, el condenado presentó un recurso ante el TSJA, alegando error en la valoración de la prueba y vulneración del principio jurídico in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado).

En su defensa, el acusado negó los tocamientos de carácter sexual, argumentando que solo corregía la postura corporal de las menores durante la ejecución musical.

Condena confirmada

No obstante, el TSJA considera “innegable” que la prueba fundamental se basa en el testimonio de las víctimas, que la Audiencia Provincial calificó como “verosímil y veraz”. La sentencia señala que no se detectaron motivos de malquerencia ni intenciones de perjudicar injustamente al acusado.

Años después, ambas menores compartieron sus experiencias y, tras revelarlas a sus madres, presentaron la denuncia ante la Policía. Tras analizar la prueba, el TSJA concluye que la valoración de la Audiencia Provincial fue correcta y desestima el recurso, confirmando la condena.

Canal Sur Televisión ha admitido en directo que vulneró el derecho fundamental de una de sus trabajadoras a hacer huelga el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. Lo hizo en el informativo de la tarde noche de este viernes “para toda Andalucía”, en cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fue en los últimos minutos del noticiario cuando la presentadora dio obligada del fallo en un folio: “Estimamos parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales, formulada por la Confederación General de Trabajo (CGT), contra la empresa pública de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión Sociedad Anónima. Con intervención del Ministerio Fiscal, declaramos vulnerado el derecho de huelga de la parte actora, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el día 8 de marzo de 2022, en el que doña Isabel García, delegada de CGT, ejerció su derecho de huelga y condenamos a las demandadas a abonar al sindicato actor una indemnización por daño moral de 7.500 euros, y a proceder a la lectura del fallo de esta sentencia en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha obligado a la RTVA a cumplir íntegramente el fallo condenatorio dictado por Tribunal Supremo el pasado octubre, “procediendo a la lectura” de la sentencia condenatoria “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía”. El ente público ya lo había emitido, pero sólo en la desconexión provincial para Córdoba -donde trabaja la demandante-, pero la Justicia volvió a ordenarle que lo hiciera público en un informativo regional “para toda Andalucía”, uno de los más vistos en la cadena.

La cadena pública andaluza, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Según el ente público, era “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“. Pero el sindicato CGT alegó que el ámbito de la huelga convocada el 8M de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa y forma parte del Comité Intercentros de la RTVA, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

“La emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, advierten desde el sindicato. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto del fallo”, continúa CGT, que añade que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha requerido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur), para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia del pasado mes de julio, ratificada en octubre por el Tribunal Supremo, “procediendo a la lectura” de la sentencia “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía” y en la que se condenaba a la cadena pública por la vulneración de un derecho fundamental como el del derecho a huelga.

“Canal Sur ha recibido esta mañana de 10 de enero la providencia a la que se refiere y, en el CSN2 de esta noche, en cadena, se dará lectura al fallo”, aseguran a elDiario.es Andalucía fuentes del ente público.

La emisora, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Era, según la cadena pública, “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“, argumentó la RTVA. Pero, según las alegaciones de CGT, el ámbito de la huelga convocada el 8 de marzo de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa forma parte del Comité Intercentros, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

Recordaba CGT que “la emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto de la sentencia”, argumento CGT, que añadía que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

La capital asturiana ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al ayuntamiento, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, a destinar 873.854 euros en inversión “real” en mejoras para el Servicio de Extinción de Incendios, al constatar que ese dinero lo ha destinado a sufragar, entre otros, gastos corrientes.

Este es un patrón común a Ayuntamientos, Diputaciones y comunidades autónomas que están destinando el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo tanto a gastos corrientes como a áreas diferentes al que por su naturaleza les correspondía.

En Asturias hay tres cuerpos de bomberos: Oviedo, Gijón y el Principado (SEPA). Este último presta el servicio en todos los concejos de Asturias menos en estas dos ciudades. El 23 de octubre pasado, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la inadmisión del recurso del Principado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que le obliga a invertir 7,5 millones correspondientes a los años 2017 a 2021, a los cuales hay que añadir 2022, 2023 y 2024.

El destino de una contribución especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA rechazó, el pasado 23 de diciembre, a través de un auto la solicitud del Ayuntamiento para la aclaración de la sentencia que declara la obligación de invertir 873.854,58 euros en el servicio de extinción de incendios y salvamento (SEIS).

El alto tribunal asturiano considera que la sentencia está muy clara y entiende que la petición municipal “encaja más propiamente en una disconformidad del Ayuntamiento de Oviedo con la sentencia dictada por esta Sala, tratando de volver a debatir los mismos extremos”, dando así la razón a los Bomberos del SEIS.

Así, el TSJA confirma la sentencia dictada en noviembre, al considerar que el dinero que recauda el Ayuntamiento de las aseguradoras “no se corresponde con lo que es propio de las tasas, sino más ajustado a contribuciones especiales”, por lo que debe ser destinado íntegramente a inversiones y no a gasto corriente, tal y como ordena el Supremo en una sentencia del 11 de noviembre de 2020, que estimó el recurso interpuesto por el sindicato Corriente Sindical de Izquierda a favor de los Bomberos del Ayuntamiento de Gijón.

Es decir, se trata de un dinero que debe revertir exclusivamente en mejoras en el servicio de prevención y extinción de incendios, como compras de vehículos y programas informáticos o mejoras en los edificios, entre otros.

Habrá más reclamaciones

Ahora, el TSJA estima en parte el recurso promovido en representación de Bomberos de Oviedo, donde se acredita que el ayuntamiento ovetense recaudó en 2022 la cantidad de 910.126,51 euros en concepto de tasas, de los que solo destinó 36.271,93 euros a inversiones reales en el Servicio de Extinción de Incendios, por lo que debe invertir la diferencia, 873.854,58 euros.

La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Oviedo está eludiendo la obligatoriedad de destinar tales cantidades “única, exclusiva e íntegramente” a inversiones reales en este servicio, como dictó el TS.

No obstante, los bomberos de la capital asturiana van a seguir adelante y presentarán en breve la reclamación de los casi 1.800.000 euros que corresponde invertir de los años 2023 y 2024, a la vez que van a exigir que en 2025 el dinero recaudado de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) se destine totalmente a inversiones. Un dinero que, aseguran, servirá para mejorar la seguridad de la ciudad y renovar unos equipos que, según corroboran, están obsoletos.

El subinspector del SEIS de Oviedo Emilio Martínez ha explicado a elDiario.es Asturias que las necesidades son muchas y los recursos destinados a mejoras son escasos, a pesar de que el mantenimiento y las piezas a sustituir de los vehículos son caros porque tienen mucho desgaste, por lo que tendrían que estar prácticamente cada uno o dos años renovando material, algo que no ocurre.

Ante esta situación, los trabajadores recurrieron al asesoramiento profesional del abogado Javier Calzadilla que acudió a los tribunales de justicia para reclamar que el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo se destinara a inversiones reales y los tribunales de justicia le dieron la razón.

Tras la sentencia, el ayuntamiento ha mostrado su intención de llegar a un acercamiento, aunque de momento solo ha sido de palabra.

“Todavía no hay nada firmado, pero parece que el ayuntamiento está por la labor y la idea es que nos juntemos varios mandos y con el consenso de la Jefatura de Servicio elaboremos un plan de viabilidad”, comenta el subinspector.

Las necesidades

La prioridad para los trabajadores está clara: necesitan que en 2025 se implante el sistema de gestión informática para modernizar un servicio que se ha quedado obsoleto, ya que actualmente siguen utilizando el papel, la compra de materiales, especialmente mangaje (mangueras) y la mejora de las comunicaciones.

Una vez conseguidos estos objetivos, el siguiente paso sería de cara a 2026, 2027 y 2028 que se fuera procediendo a la renovación de los vehículos que más desgaste sufrieron.

El subinspector cita por ejemplo, que sería importante que se adquiriera un vehículo o una bomba urbana ligera para acceder a calles estrechas, así como a pueblos pocos accesibles. También considera necesario que contaran con un furgón de animales y otro de transporte de personas porque en Oviedo no hay un furgón con ocho o nueve plazas y cuando se van a hacer relevos o cursos formativos a veces tienen que ir en los coches particulares o la adquisición también de un vehículo de altura.

Ese plan de viabilidad habría que revisarlo a los cuatro años y valorar su desarrollo, ya que el dinero de este tributo es anual. Emilio Martínez reconoce que esta sentencia no solo redundará en una mejora de medios materiales para el servicio, sino que además permitirá ofrecer la máxima seguridad a la ciudadanía y a ellos mismos como trabajadores.

Lo que recoge la Ley

La Ley de Haciendas Locales establece que un cinco por ciento al año de todas las pólizas contra incendios contratadas y un 2,5 por ciento de las pólizas multirriesgo han de ser devueltas a las administraciones que tienen servicio de Bomberos para contribuir a la ampliación y mejora del servicio.

En la práctica, la mayoría de las administraciones destinan este tributo, en su mayor parte, a gasto corriente y de personal, lo que supone cientos de miles de euros al año que dejan de invertirse en mejoras para un servicio más eficaz y seguro.

El abogado que llevó el caso tanto de Gijón como del Principado de Asturias, y ahora de Oviedo, Javier Calzadilla, está defendiendo desde 2015 los intereses de Bomberos de varios lugares de España.

Reconoce que la sentencia del Supremo fue pionera y marcó “un antes y un después” al abrir la posibilidad a que colectivos de Bomberos de todos los municipios y comunidades autónomas puedan reclamar la aplicación de lo recaudado por este tributo a inversiones reales.

“Esta sentencia implica que a partir de ahora los vecinos y vecinas de Oviedo están más seguros. En general, la gente piensa que realizan trabajo solo en la extinción de incendios, pero hay muchísimo más detrás como actuaciones en la prevención de caídas de tejas o de fachadas en los edificios, de las excarcelaciones en accidentes de tráfico, etcétera. Les imparten información, pero no tienen medios para desarrollarla”, asegura el abogado.

Las reclamaciones en otras autonomías

Javier Calzadilla ha demandado a varios ayuntamientos y comunidades autónomas en representación de los Bomberos. Además de Madrid y Asturias, está presentando demandas en Almería, Granada, Cantabria, Torrelavega, Vitoria y San Sebastián.

En la comunidad autónoma de Madrid, la cuantía que debería haberse invertido en Bomberos se calcula que asciende a 42 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2023. Por el contrario, se derivaron a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias. En este caso, el letrado ya ha presentado la demanda en el TSJ de Madrid contra la desestimación de la reclamación administrativa por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, denunciando que estos cinco últimos años no se ha aplicado por el ejecutivo autonómico madrileño la doctrina del Supremo.

Una de las sentencias más recientes hace alusión al servicio de extinción de incendios del Gobierno de Cantabria, cuya firmeza se declaró por el TSJ cántabro el pasado mes de octubre y condena al gobierno regional a invertir en el servicio más de seis millones de euros.

Las alegaciones en algunos casos son cuanto menos paradójicas. Hay sitios como en Vitoria donde el interventor argumentaba que la inversión en un frontón es también del servicio de extinción de incendios porque incluye un revestimiento para evitar llamas. O en San Sebastián, donde se alegaba algo similar respecto a unas espalderas.

“Es un patrón común de las administraciones públicas destinar el dinero de los fondos de Unespa a otras partidas, con independencia de quién sea el partido que gobierne”, advierte Javier Calzadilla, quien pese a todo confía en que las administraciones públicas “acaben por fin asumiendo que es obligatorio destinar a inversiones en los parques de bomberos las elevadas sumas cobradas a las aseguradoras”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una nueva sentencia favorable al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en relación con la jornada reducida de verano, rechazando así el recurso presentado por el Sindicato de Empleados Municipales (SEM). Esta resolución, fechada el 19 de septiembre de 2024, confirma la sentencia anterior dictada en octubre de 2023 por el Juzgado de lo Social n.º 7 de Sevilla, que ya desestimaba las pretensiones del sindicato.

El Consistorio había implementado la jornada reducida este verano en cumplimiento de las recomendaciones de su Servicio de Prevención, basadas en el Real Decreto-ley 4/2023 de medidas urgentes por elevadas temperaturas. La delegada de Recursos Humanos del consistorio, María Teresa García, ha subrayado que la medida se adoptó “en beneficio de la seguridad y el bienestar de los empleados”. Según García, el Ayuntamiento ha actuado “rigurosamente dentro del marco legal, respetando los acuerdos y convenios colectivos vigentes”.

La sentencia del TSJA es clara en su argumentación, afirmando que no hubo vulneración del derecho a la libertad sindical ni del derecho a la negociación colectiva. El tribunal concluye que el Ayuntamiento no estaba obligado a negociar la medida previamente, tal como alegaba el sindicato.

Una “correcta actuación”

Con esta segunda resolución judicial a favor del Consistorio, García ha expresado su satisfacción, afirmando que la sentencia “ratifica con mayor contundencia nuestra correcta actuación”. Además, ha reiterado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido siempre la protección de sus empleados frente a las altas temperaturas del verano, dentro del marco establecido por la normativa vigente.

La Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha admitido la demanda presentada por ocho abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023. Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

Cabe recordar que aquella modificación estatutaria del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobada el 25 de julio de 2022, validó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de 'Colegio de la Abogacía de Sevilla'. La aprobación del nombre del Colegio, al margen de este procedimiento judicial que acaba de abrir el TSJA, está paralelamente judicializada tras una demanda contencioso-administrativa también dirigida contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. La demanda tramitada ahora por el TSJA impugna “la totalidad del texto estatutario al prescindir del uso de un lenguaje inclusivo y no sexista”, especifican las abogadas.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera ese contencioso, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla. Fuentes de la Consejería de Justicia dicen que, al cierre de esta información, no tienen notificación alguna en este sentido por parte del TSJA.

Las demandantes entienden que la Junta “ha incurrido en un defecto de omisión en la previa calificación de la legalidad” ya que el texto estatutario del Colegio “no es ajustado a Derecho por vulnerar lo establecido en la legislación, autonómica, nacional e internacional, e incumplir las prohibiciones de discriminación contenidas en las mismas, que imponen la obligación de erradicar el sexismo en el lenguaje como una exigencia para desarrollo del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en consecuencia, la resolución recurrida es nula de pleno derecho”.

“Falta de control de la legalidad”

La modificación del texto estatutario aprobada por la Consejería de Justicia y publicado en BOJA el pasado noviembre no obvia la cuestión del lenguaje inclusivo y, de hecho, su 'Disposición Adicional Única' hace mención específica a ello diciendo que “todas las referencias que se encuentren en el presente estatuto sobre personas, colectivos o cargos cuyo género sea el masculino, hacen referencia al género gramatical neutro, entendiéndose incluidos tanto mujeres como a hombres”. Eso denota, según la demanda, “la falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje del texto” por parte de la Consejería.

La demanda, que cita numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión 'abogado', que exigiría la doble referencia a 'abogado' y 'abogada', o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por 'Abogacía', que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

Según el escrito de las abogadas, “todo el texto del articulado” es “absolutamente discriminatorios por razón de género”, “contrario a la legalidad vigente” y supone “una frontal vulneración del ordenamiento jurídico”. “El uso sexista del lenguaje está prohibido por la normativa vigente en España, y si bien es un texto no elaborado por la propia Administración Pública, sí requiere de su aprobación, previo análisis, por parte de esta, la cual ha realizado respecto de un texto cuyo lenguaje discrimina abiertamente a las mujeres que ejercen la profesión de abogacía”, relata la demanda.

La demanda se refiere a un “elocuente” informe emitido por la Agencia de la Competencia en julio de 2023, incorporado al expediente administrativo en su análisis del texto estatutario y en el que, a pesar de no hacer mención alguna al uso del lenguaje inclusivo y no sexista en los estatutos colegiales, la administración actuante “lo utiliza a lo largo y ancho del informe utilizando expresiones como 'profesionales de la abogacía', 'Colegio de la Abogacía', y 'Abogacía'. ”Sorprende pues que un organismo público que utiliza de manera natural el lenguaje no sexista, sabedor de la normativa vigente en la materia, no solo no recrimine ni repruebe la falta de uso en el texto estatutario que analiza y al que se refiere sino que ni tan siquiera la somete a valoración alguna respecto del riguroso control de legalidad que debe de ejercer sobre él“, resumen las abogadas.

Fenómenos léxicos y estructurales

Además de recorrer las normativas en materia de igualdad entre hombre y mujeres en este sentido, la demanda reflexiona acerca del asunto y dice que “el lenguaje sexista ha ayudado durante siglos a establecer unas relaciones injustas entre los sexos. En el castellano existen una serie de mecanismos verbales mediante los que la discriminación sexual, directa o indirectamente, se recrea, reproduce y mantiene; y ello es así porque tales mecanismos operan reflejando, construyendo, perpetuando y naturalizando el sexismo y el androcentrismo”.

A ese respecto recoge algunos de esos fenómenos léxicos y estructurales que “en el uso 'normal' de la lengua castellana actúan contra la mujer, como ”la ausencia de nombres para denominar profesiones en femenino, especialmente las más prestigiosas“. ”Denominar en masculino a una mujer que practica una profesión o cargo invisibiliza a las mujeres que lo ocupa, presenta su caso como una excepción que demuestra, no que las demás mujeres podrían, sino que ni podrían ni deberían, y marca con una dificultad más el acceso a algunos cargos, reservando el masculino para actividades prestigiadas“.

Otro de esos “fenómenos” es “la ocultación de la mujer en el lenguaje por el empleo reiterado de voces masculinas en sentido genérico (los castellanos, los abogados, los profesionales...), y, como consecuencia, la identificación de lo masculino con la humanidad”. “Tal ocultación tiene unas implicaciones importantes en el desarrollo de la identidad personal y social, y son eminentemente androcéntricos porque ocultan la presencia femenina o la subordinan a la masculina”, recoge la demanda.

Entre sus conclusiones, las demandantes señalan que “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado, no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua”. Ello validaría “uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/sexo masculino y causa la desaparición del género/sexo femenino”.

En ese sentido apuntan que “el problema de discriminación e invisibilidad se produce cuando utilizamos un sustantivo sexuado masculino, que tiene su femenino correspondiente, para referirnos a mujeres y hombres. Por ejemplo, ”si afirmamos que 'en Sevilla hay diez mil abogados' se ignora que existen abogadas en Sevilla, las ha arrinconado, las ha apartado del mundo simbólico, las ha borrado de la realidad textual, creando en nuestro imaginario imágenes masculinas“.