CGT Andalucía agrava su crisis interna: demandas, comunicados cruzados y “forcejeos” en la sede confederal

Lejos de amainar, la tormenta en CGT Andalucía ha subido de intensidad en los últimos días, con nuevas denuncias, conatos de enfrentamiento físico, comunicados cruzados y el bloqueo de las cuentas de la entidad. Cada facción hace uso de las herramientas y apoyos a su alcance, y niega legitimidad a la de enfrente.

El pasado martes, un día antes del juicio para dirimir cuál es el secretariado permanente (algo así como el comité ejecutivo) legítimo de la federación andaluza, hubo empujones por el acceso a la Plenaria Confederal que se celebró en la Calle Sagunto de Madrid. Para los órganos confederales, liderados por el secretario general Miguel Fadrique, allí se produjo un “asalto y agresión” de un grupo de José Antonio Guerrero y Miguel Montenegro, miembros destacados del secretariado permanente de CGT-A elegido en abril de 2023. Estos, a su vez, acusan a Fadrique de poner “matones” para impedir que expusieran la situación andaluza al resto de federaciones del Estado.

El origen de esta pugna está en la convocatoria y celebración de un Congreso Extraordinario de CGT-A en Sevilla, el pasado 30 de noviembre, para elegir un nuevo secretariado permanente (el órgano ejecutivo de la organización) que sustituya al que en abril del año anterior obtuvo el 91% de los votos, liderado por Montenegro y Guerrero.

Estos últimos no reconocen la validez de la convocatoria, el reparto de votos y el liderazgo de la candidatura que pretende desbancarles, ejercido por Pilar Encuentra. Han llevado el asunto a los tribunales, consiguiendo además que el Ministerio de Trabajo siga tratándolos a ellos como los legítimos representantes del sindicato.

En cambio, el secretario general de CGT confederal (Fadrique), que convocó el Congreso, considera que el liderazgo ya es de los electos el 30N. “Hasta que el tribunal se pronuncie los resultados del congreso son los válidos”, interpreta otra fuente que apoya a la candidatura de Encuentra, y que advierte que la interposición de la demanda es una estrategia.

Esta dualidad amenaza con paralizar la acción sindical. Las dos cuentas bancarias con las que operaba CGT-A están bloqueadas y las redes sociales están en disputa.

Versiones contrapuestas

El pasado martes, Guerrero, Montenegro y al menos una veintena de sus partidarios se presentaron en Madrid y quisieron acceder a la plenaria confederal. No pudieron.

Según un comunicado emitido por el Secretariado Permanente de CGT (liderado por Fadrique), se trató de una “acción violenta contra los miembros del Comité Confederal (…) intentando entrar por la fuerza en la sala de reuniones, llegando a tal punto de que dicho grupo de personas arrancaron de cuajo la puerta de dicha Sala”. Allí se asegura que un grupo encabezado por Montenegro y Guerrero agredió “física y verbalmente” a varios miembros del Comité Confederal e insultó a una persona trabajadora en la sede. “Dichas personas retuvieron en el interior de la Sala de reuniones a los miembros del Comité Confederal que estaban en su interior, impidiendo que saliera de la misma una compañera a la que le dio un ataque de ansiedad, al estar taponada la salida”.

Los acusados, y no solo ellos, lo niegan. “No usamos un ariete para derribar la puerta, no la golpeamos, no la violentamos. Simplemente, resistimos el cierre de la puerta a la mayoría de Andalucía mientras otros desde dentro empujaban en la otra dirección”.

El momento de mayor tensión se habría producido cuando se impidió el paso a un tercero ajeno a este grupo, quien confirma esta versión. Se trata del secretario general de la Federación de Hostelería, Alimentación y Comercio, que también ha remitido una carta a Fadrique y el Comité Confederal “para evitar que la versión que habéis lanzado cale como verdadera”. “Yo soy miembro del Comité Confederal y tenía que entrar”, dice Del Amo en conversación con este medio. “El que empuja la puerta soy yo. Bien es verdad que la puerta es de chichinabo”. Del Amo cree que la acusación contra Montenegro y Guerrero, que ni siquiera estaba por allí, tiene por objeto construir un argumento para expulsarlos del sindicato.  

El secretario general de CGT Cantabria, el de Galicia, el del País Valenciano y la Federación de Transportes y Comunicaciones también han remitido a la militancia un documento en el que acusan al Secretario General de “falsear” lo que ocurrió para imponer su relato. El descontento con Fadrique trasciende Andalucía. “Llevamos años sufriendo esto”, lamenta el sindicalista, quien observa un intento de cambiar las esencias del sindicato anarcosindicalista hacia un modelo menos asambleario y más ejecutivo. Y un editorial de la revista anarcosindicalista La Campana, editada por la CGT pontevedresa, alerta de su ruptura con la organización, acusándole de “caudillismo, ”sectarismo“ y ”usurpación autoritaria“. El editorial advierte de una posible ”crisis de ruptura“.

Hasta ahora, ni Encuentra ni Fadrique han querido valorar ante este medio la situación. Tampoco quisieron hacerlo cuando fueron contactados para ofrecer su versión antes de la publicación de la primera información sobre este asunto. Este martes, Fadrique ha remitido al comunicado y Encuentra ha emplazado a la semana que viene, por si alguno de sus compañeros “quisiera intervenir” para dar explicaciones.

Una batalla judicial con varios frentes

La pugna por el control de CGT-A se dirime también ante el Tribunal Superior de Justicia, que debe resolver la demanda contra CGT y Fadrique por la celebración del Congreso Extraordinario de la discordia.

Se discute la validez de la convocatoria; la tabla de votos (donde no se contaron los de algunos sindicatos afiliados que no estaban al día de sus cuotas); y la candidatura liderada por Encuentra. El juicio, previsto para el pasado miércoles, fue suspendido para dar la posibilidad de que la demanda se amplíe. De momento, el juez ha concedido legitimidad a Guerrero y Montenegro para actuar en nombre de CGT-A. Además, 21 sindicatos han denunciado el desarrollo del Congreso y el sindicato de Oficios Varios de Úbica ha demandado al sindicato que propuso a Encuentra.

Los demandantes atribuyen a Fadrique una participación decisiva en los acontecimientos y entrevén motivos “políticos”. Rafael Fenoy, miembro histórico del sindicato en el Campo de Gibraltar, lo niega y alude a un descontento de una parte de la afiliación con las cuentas. “Hicimos préstamos a seis o siete sindicatos nuestros para ayudarles en acción sindical y expansión. Unos 40.000 euros, y eso provocó que fuésemos a una plenaria de un comité confederal extraordinario en Antequera, donde presentamos las cuentas y salieron aprobadas”, se defiende Montenegro: “Es una excusa”.

Fenoy también dice que la convocatoria del Congreso estuvo bien hecha porque la solicitaron 15 secretarios generales que “tienen sus competencias” y que exigir la celebración de asambleas previas es un “invento”. “No puede ser que alguien se reúna consigo mismo y tome las decisiones por sí. Los secretariados son equipos de gestión, no de toma de acuerdos. Si tengo el sello y lo pongo sin mandato de mi asamblea, ejerzo el autoritarismo, y eso no es lo que dicen los Estatutos”, rebate Montenegro. El artículo 17 dice que el “máximo órgano de decisión” es la Asamblea, y que “será preceptiva su celebración para asistir con plenos derechos a Plenos Confederales, Conferencias y Congresos” ordinarios o extraordinarios, así como “para la elección de cargos de gestión”.

De los 15 sindicatos que, a través de sus secretariados, pidieron el Congreso, el más numeroso celebró a posteriori una asamblea desautorizando a su secretario general, lo que haría caer el quórum necesario. Según Montenegro, ahora mismo apoyan el relevo tres de los cinco sindicatos de Granada, los dos de Costa granadina, los dos de Huelva y los cinco de Sevilla. Los demás, hasta 45, estarían con el secretariado que lidera Guerrero.  

Respecto a la candidatura de Encuentra, Fenoy subraya que Fadrique validó su candidatura, y que haber sido candidata a las municipales en Sevilla en 2023 no impide que pueda participar. Los Estatutos dicen: “En el caso de que la participación en candidaturas políticas afecte a cargos de la organización, deberán presentar la dimisión, no pudiendo desempeñar cargo en la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla mientras dure el mandato al que se presentó”. La comisión de garantías de CGT-A ha emitido un dictamen que recomienda inhabilitar de militancia a Pilar Encuentra, a la que afea que “intente hacerse pasar por secretaria general de CGT-A”, y cesa en su cargo a los secretarios que avalaron su candidatura. No obstante, esto debe ratificarse en un Pleno o congreso.

Pese a las llamadas al diálogo desde otros territorios, ese escenario parece hoy lejano, y ambos grupos piden al otro que se haga a un lado. “No se han percatado de la desafección que hacia ellos tiene una parte muy importante de la CGT-A”, dice Fenoy. “Tenemos el reconocimiento de la mayoría de nuestros sindicatos. Si no nos avalaran no merecería la pena”, zanja por su parte Montenegro.