PRC, PSOE, Podemos y Grupo Mixto se han unido para aprobar un dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa, que se debatirá y votará en el Pleno del Parlamento el 28 de mayo y que pide a la Fiscalía que investigue el destino de los 18 millones de dinero público destinados al proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño e incorpora las conclusiones de estos cuatro grupos, aunque los regionalistas han suprimido de ellas su petición de dimisión como cargos públicos del expresidente de Cantabria Ignacio Diego y de la exconsejera de Economía Cristina Mazas.

El PP ha votado en contra de las propuestas de resolución de estos cuatro grupos y ha visto como las suyas no eran apoyadas por ninguno de ellos, aunque las mantiene como voto particular de cara al Pleno del día 28. Además, los populares han criticado al PRC por cambiar “radicalmente” sus conclusiones para conseguir los “votos” de otros grupos que les permitan sacarlas adelante.

En el dictamen de la comisión se considera, tal y como sostienen PRC, PSOE, Podemos y Cs, a Diego como máximo responsable político y se sostiene que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el “aval” del entonces presidente de Cantabria -y ahora diputado del PP- a este proyecto.

Además de a Diego, señalan también como responsables de lo ocurrido a Mazas, que era consejera de Economía (ahora es diputada) y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependiente del Gobierno autonómico de la que salieron fondos para Ecomasa.

Así, por ejemplo, y en línea con otros grupos, el PRC sostiene que se ha producido una “gestión fraudulenta” que conllevó a una “clara malversación de fondos públicos” urdida entre Gómez de Cos y los promotores privados del proyecto, Jesús Lavín y Andrés de León, para “beneficiar” a estos empresarios y “perjudicar los intereses de los cántabros y de los trabajadores”.

El PSOE apunta que Gómez de Cos contribuyó en las operaciones financieras y en el “entramado” empresarial y societario que constituyeron De León y Lavín para “sacar dinero de Cantabria”, que en principio iba dirigido a apoyar la fábrica de estufas de Maliaño, y destinarlo a otras de las empresas del grupo.

Cs también ha criticado la actuación de Gómez de Cos y Podemos le ve “colaborador y cooperador necesario” de Lavín y de De León para que estos pudieran conocer las “debilidades” del Gobierno de Cantabria y de sus entidades públicas y conseguir dinero de los cántabros.

Respecto a las acusaciones de los otros grupos contra Gómez de Cos, el PP ha considerado que tienen “mucho delito” y ha opinado que solo el hecho de que se hayan dicho en sede parlamentaria les va a librar a estos partidos de que el afectado se querelle contra ellos.

Voto particular del PP

Los populares han visto rechazadas sus conclusiones al considerar que eran “noveladas”, como ha apuntado el PSOE, o que no podían extraerse de lo acontecido durante los dos años que ha durado la comisión de investigación de Ecomasa ni de las 43 comparecencias que ha incluido. “Las conclusiones que hace el PP son de otra comisión de investigación”, ha ironizado el diputado de Podemos José Ramón Blanco.

El PP se ha reafirmado en las conclusiones presentadas, que consideran que en la comisión de investigación sobre Ecomasa-Nestor Martin “ha quedado acreditado de forma concluyente” que la actuación pública ha sido “intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”.

Para el PP, a los que han “montado” la comisión de investigación de Ecomasa, que ha concluido este miércoles, les ha salido “el tiro por la culata”. “Han venido a buscar tres pies al gato y no han encontrado ni al gato”, ha afirmado Van den Eynde, que las conclusiones introducidas en el dictamen y que serán remitidas a la Fiscalía son “invenciones calenturientas” que tendrán el mismo “efecto” que si lo que se manda al Ministerio Fiscal es una “caja de sobaos”.

Los 'populares' han criticado los “cambios” introducidos por el PRC en sus conclusiones, en las que, por ejemplo, han pasado de señalar que lo sucedido con este proyecto era una “estafa” de 18 millones de dinero público de los cántabros y de 3,2 de los trabajadores despedidos de Teka que pasaron a la fábrica de estufas a llamarlo “operación que ha generado unas pérdidas” por ese montante.

“No es lo mismo estafa, que perder dinero”, ha subrayado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que se ha preguntado “qué rigor” tenían las conclusiones del PRC “si las pueden cambiar por votos”. “Yo no hubiera cambiado mis conclusiones”, ha afirmado este diputado popular.

También los regionalistas han pasado de afirmar que hubo “intimidación, coacción y engaño” a los trabajadores de Teka para que pasaran a Ecomasa a decir que lo que hubo fue “intimidació, presiones y engaños” a éstos.

Mientras que para Van den Eynde, estos “cambios” del PRC a sus conclusiones supone un final “épico” a esta comisión de investigación, los regionalistas han minimizado la trascendencia de estas modificaciones.

Así, la diputada del PRC Rosa Valdés ha negado que estas modificaciones supongan haber cambiado las conclusiones y su compañero de grupo Francisco Ortiz ha defendido que se han hecho “en aras” de conseguir un acuerdo sobre las mismas y ha asegurado que, pese a haber suprimido estos términos, consideran que “realmente se estafó y se coaccionó a los trabajadores de Teka”.

Los trabajadores, víctimas de la estafa

Además del voto particular del PP, Podemos mantiene también un voto particular en relación a su petición de que los trabajadores despedidos de Teka que fueron a parar a Ecomasa sean considerados “víctimas” y “afectados” del “mal funcionamiento” de la Administración.

Esta solicitud de los podemitas ha contado con el apoyo del PP, no así con el de PRC, PSOE y el diputado de Cs, Rubén Gómez, por lo que ha sido rechazada en Comisión.

Los podemitas reclaman que se les debe prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de as cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del Fondo de Garantía Social. Y es que, a juicio de la formación morada, si esto no se introduce en el dictamen, la comisión “no habrá valido de nada”.

Podemos solo ha contado en esta petición con el apoyo del PP, no así del PSOE, PRC o del diputado de Ciudadanos al considerar que son los tribunales los que deben decidir sobre esta cuestión.

Con la sesión de este miércoles, ha concluido la comisión de investigación de Ecomasa impulsada en primera instancia por Podemos y cuya creación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016 en el Parlamento y se constituyó el 1 de julio de ese año.

Un año y medio después de la puesta en marcha de la comisión de investigación de Ecomasa, y tras escuchar a medio centenar de comparecientes, que han desfilado a lo largo de todo este tiempo por el Parlamento de Cantabria, los partidos políticos con representación en la Cámara han llegado a las mismas conclusiones que traían de casa: todos ellos -con la excepción lógica del PP- culpan a Ignacio Diego y a su equipo económico de la pérdida de 18 millones de euros de dinero público, “dilapidados” en el fallido proyecto empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín.

Mientras PRC, PSOE, Podemos, y en menor medida, Ciudadanos, señalan al expresidente de Cantabria y a algunos de sus cargos políticos más cercanos bajo su Gobierno de la “estafa” y la “malversación de fondos” que se produjo en la ruinosa fábrica de estufas de Maliaño, el PP considera “intachable” la actuación pública en esta operación y pide “el mismo grado de responsabilidad que se aplicó a Revilla en el caso GFB, Racing, Cantur o Nueva Papelera del Besaya”.

Es decir, que todos se mantienen en sus posiciones iniciales, pero dejan en manos de la justicia que depure las responsabilidades de cada uno de los actores de este culebrón que marcó la pasada legislatura, y que tiene como víctimas principales a los trabajadores que aportaron a través de las indemnizaciones por el despido de Teka cerca de 3,2 millones de euros que acabaron o en la basura o en los bolsillos de los empresarios, con la falsa promesa de asegurarse así un puesto de trabajo que nunca llego a ser tal.

Los que más dureza han empleado en sus conclusiones han sido los regionalistas, que han llegado a exigir la dimisión del anterior líder del PP, Ignacio Diego, como máximo responsable político del fallido proyecto, así como la de la exconsejera de Economía, Cristina Mazas, de los cargos públicos que ostentan en la actualidad, es decir, que entreguen sus actas de diputados.

También pretenden que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en esta empresa con el objeto de que sea devuelto, y depurar responsabilidades penales si se apreciase la comisión de algún delito, ya que consideran que la de Ecomasa fue una “operación fraudulenta” perpetrada por los dueños de la sociedad con la “connivencia” del Gobierno del Partido Popular.

El PRC sostiene que el anterior Ejecutivo dio 18 millones de euros a un proyecto “inexistente” porque Ecomasa “carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental”, y su gestión estuvo caracterizada por “la improvisación, falta de clientes y mala administración”.

Los regionalistas consideran “acreditada” la participación y vinculación directa del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, “en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín”, que fueron descritos por Diego como “empresarios de éxito” y “con garantías”.

Además de a todos los citados, el PSOE incluye en su crítica al exconsejero de Industria y máximo responsable de Sodercan durante la pasada legislatura, el también popular Eduardo Arasti, al tiempo que solicita que el dictamen de la comisión de investigación se eleve a la Fiscalía para que investigue “el paradero de los 12 millones de euros que se pierden en el entramado empresarial”, lo que, a juicio de los socialistas, “sería de vital importancia para intentar recuperar el dinero publico”.

En sus conclusiones, el PSOE considera que ha quedado demostrada la implicación del Gobierno de Cantabria y que “la aventura empresarial de Ecomasa fue una decisión política, que no estaba planificada y con un elevado riesgo para la recuperación del dinero publico, que no se tuvo en cuenta por parte del ICAF ni de Sodercan”.

Compensaciones para la plantilla

Por su parte, Podemos pide en sus conclusiones que se reconozca a los trabajadores del fallido proyecto empresarial la condición de “afectados por un funcionamiento anómalo de la administración” y se les abonen las indemnizaciones a quienes no la hayan obtenido a través del Fogasa.

El partido morado, que impulsó la comisión de investigación, entiende que se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que Teka aportó al proyecto provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa, algo que en vía judicial se ha desestimado.

José Ramón Blanco, que ha actuado como portavoz de Podemos en la comisión, responsabiliza del fracaso al entonces presidente por autorizar y promover “un proyecto basado en ilusiones y esperanzas”, cuando “justamente por ello, debería haberse preocupado de exigir toda clase de informes financieros, de mercado y de viabilidad”. “Sin embargo, hipotecó la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”, señala la formación morada en sus conclusiones.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas, una línea en la que también incide Ciudadanos, que llama la atención acerca del “negligente control” que se llevó a cabo y señala la “carencia de controles por parte de la administración”.

“Actuación intachable”

Las divergencias en las conclusiones extraídas en esta comisión de investigación surgen únicamente desde la bancada popular, donde no se escatiman adjetivos para salvar la cara y defender la gestión del anterior Gobierno, que llegan a ensalzar sin ningún tipo de autocrítica: “La actuación pública ha sido intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”, refleja el PP en sus conclusiones.

De hecho, su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha solicitado que se aplique al expresidente cántabro, Ignacio Diego, “el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya”, actuaciones todas ellas muy cuestionadas sin embargo desde sus filas durante años.

El PP entiende que no existen más responsabilidades que las de carácter político, y que estas deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto. “La responsabilidad política ha sido plenamente reconocida por los miembros del Gobierno, en virtud de sus competencias y sus efectos han sido depurados en las urnas, como corresponde a cualquier acto político desarrollado dentro de la absoluta legalidad”, recalca Van den Eynde.

En esta estrategia de minimizar el fracaso empresarial y político de Ecomasa, el PP llega a defender que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de la sociedad “ha sido magnificada por intereses políticos” y señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público “no se tiene en consideración” que existió una actividad empresarial durante varios años, “con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública”.

El Juzgado número 5 de Santander ha acordado una prórroga de 18 meses en la instrucción del denominado 'caso Ecomasa' por su “complejidad”. Atiende así la petición de la Fiscalía, que en su solicitud de prórroga argumenta que están “pendientes de dirimir numerosas peticiones de diligencias y sobreseimientos”.

Este procedimiento se abrió a raíz de la querella que los trabajadores de la fábrica de estufas de Ecomasa (EWI)-Nestor Martin en Maliaño presentaron en mayo de 2015 contra los dueños de la empresa, Jesús Lavín y Andrés de León, imputados en la actualidad por estafa agravada y delito de fraude de subvenciones por los 18 millones concedidos por el Gobierno de Cantabria en financiación y avales.

A la causa se adhirieron más tarde como acusación particular Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas, organismos públicos que inyectaron a EWI esos 18 millones de euros en la anterior legislatura bajo el mandato de Ignacio Diego.

“Considerando el tiempo transcurrido y la insuficiencia del plazo inicial de 18 meses señalado al declarar la causa compleja”, el fiscal pide la prórroga del plazo de instrucción por otro año y medio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en su caso la fijación de un nuevo plazo máximo de instrucción.

La petición de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha cursado el pasado 31 de mayo, y en la misma fecha, la jueza instructora, Mercedes Compostizo, titular del Juzgado número 5 de Santander, dio traslado de la solicitud a las partes antes de resolver.

Un mes antes, en abril, la Audiencia Provincial desestimó los recursos del comité de empresa de Ecomasa contra las últimas decisiones de la jueza instructora, adoptadas en febrero de 2016. Ello supone que la instrucción de la causa principal contra Jesús Lavín y Andrés de León ha estado parada durante 14 meses.

La Audiencia ha confirmado el archivo de parte de la imputación inicial contra Lavín y León, en concreto la relativa a los 3,3 millones de euros que Teka aportó a Ecomasa en 2012 como contrapartida por la recolocación de 88 trabajadores en la fábrica de estufas de La Cerrada, que empezó a funcionar en febrero de 2013.

La plantilla defendía que ese dinero era el que les correspondía como indemnización por su salida de Teka, que entonces estaba inmersa en un expediente de regulación de empleo, pero los jueces no les han dado la razón, ya que entienden que al aceptar la recolocación perdieron el derecho a la indemnización. Durante todo este tiempo, los trabajadores han seguido pleiteando en los juzgados de lo Social, primero contra Sodercan y ahora contra el Fogasa.

Junto con el archivo de la parte relativa al dinero recibido por Ecomasa de Teka, la Audiencia también ha ratificado la negativa del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander a admitir a trámite la ampliación de la querella solicitada por el comité de empresa de Ecomasa, que pretendía extender su acusación a tres directivos de Teka.

Más frentes abiertos

El cierre de Ecomasa pese a la inyección de 18 millones de euros de dinero público sigue teniendo otros frentes abiertos además del penal: el proceso concursal en la vía mercantil, que está pendiente de que se fije la fecha del juicio; y la comisión de investigación creada en el Parlamento con el apoyo de los cinco grupos parlamentarios y a iniciativa de Podemos, para depurar responsabilidades políticas.

El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.

La Fiscalía y la administración concursal de la fábrica de estufas han calificado de culpable el concurso de la mercantil, y han solicitado la inhabilitación de Lavín y de León por cinco y ocho años respectivamente, e indemnizaciones por daños y perjuicios.

El Tribunal de Cuentas ha hecho público este lunes el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejercicio 2014, un documento en el que este organismo señala al Gobierno del Partido Popular que presidía en aquellas fechas Ignacio Diego ante el riesgo “evidente” para las arcas públicas de la pérdida de los 18 millones de euros invertidos en el proyecto de Ecomasa a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) o la empresa pública Sodercan.

Los diferentes compromisos y aportaciones del Ejecutivo autonómico en forma de avales, préstamos y participación en capital a la fábrica de estufas que montaron los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León -que ha acabado en los juzgados tras su cierre- vienen reflejados en este informe del Tribunal de Cuentas, en el que se emiten una serie de recomendaciones sobre procedimientos de contratación y contabilidad en el día a día del Gobierno de Cantabria.

La auditoría encargada posteriormente por Sodercan, tras la llegada del bipartito PRC-PSOE, constató que el dinero público no fue a parar a la factoría de Maliaño, sino que fue desviado hacia un entramado societario creado por los promotores del proyecto.

Ecomasa -que comercializaba sus productos bajo el nombre comercial de Nestor Martin- inició su actividad en la comunidad en febrero de 2013 de la mano del Gobierno de Ignacio Diego, acogiendo a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos de Teka como consecuencia del proceso de deslocalización de la compañía.

A cambio de recolocar a 88 empleados, el Ejecutivo cántabro inyectó en la sociedad 18 millones de euros, 12 a través del ICAF y 6 más desde Sodercan. Además, los despedidos en Teka aportaron otros 3,2 millones de euros, la cantidad equivalente a las indemnizaciones por sus despidos. Por su parte, Jesús Lavín y Andrés de León crearon la empresa con 3.000 euros de capital social y llegaron a invertir hasta 226.000 euros.

Contrataciones, sueldos y subvenciones

Según recoge el Tribunal, de las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización destaca que “la estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2014 no responde a lo dispuesto en la Ley de Finanzas de Cantabria, al no haber sido presentadas las subcuentas que la debían conformar, ni de forma agregada ni consolidada”.

El documento, además, critica que los organismos autónomos Servicio Cántabro de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo e Instituto Cántabro de Servicios Sociales “siguen sin elaborar cuentas específicas”.

El informe advierte de que la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Festival Internacional de Santander (FIS) “no respetaron la prohibición que estaba establecida, con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y contrataron a trabajadores con carácter indefinido”.

En este sentido, destaca que Cantabria “no ha articulado un procedimiento para determinar las circunstancias excepcionales que habilitarían la contratación temporal, pese a lo cual diversas empresas y fundaciones realizaron este tipo de contratos”.

El Tribunal de Cuentas añade que la mayor parte de empresas y fundaciones no acreditaron contar con manuales y procedimientos para la contratación de personal basados en los principios de publicidad de las convocatorias, transparencia e imparcialidad en la selección y resalta que las retribuciones de 42 trabajadores superaban los límites establecidos por ley.

También apunta que no se han apreciado avances en el plan de reordenación y racionalización del sector público desde la última fiscalización, y que se han detectado competencias que “pueden ser concurrentes” en entidades a las que no afecta ese plan, como Sodercan, CEP Cantabria y el Icaf.

El Racing y la Fundación Comillas

El Tribunal de Cuentas explica también que el 14 de enero de 2014 se acordó el inicio del procedimiento de revocación de la subvención nominativa al Racing de Santander, ahora cuestionada por los tribunales, de la cual derivaban obligaciones reconocidas en los ejercicios 2012 y 2013 pendientes de pago.

“Sin embargo, en marzo de 2016 se declaró la caducidad del expediente, porque había transcurrido más de un año desde la fecha de inicio del procedimiento de revocación y reintegro sin que este hubiese finalizado”, resalta el informe.

Además, el documento alude a la Fundación Comillas y dice que mantenía sobrevalorada en al menos 2,6 millones de euros su participación en la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas.

os dueños de Ecomasa, Jesús Manuel de Lavín y Andrés de León, se han acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia, este jueves, en la comisión de investigación parlamentaria en torno al fallido proyecto industrial.

Sin embargo, ambos empresarios, que han seguido las recomendaciones de sus respectivos abogados al hallarse esta actuación en fase de investigación judicial -en parte archivada-, han leído sendos comunicados, en los que han defendido la viabilidad de la fábrica de estufas de Maliaño y han achacado su liquidación al cambio de Gobierno, del PP al PRC-PSOE tras las elecciones de mayo de 2015.

“Automáticamente se corta todo el apoyo recibido e incluso compromisos adquiridos con anterioridad”, ha manifestado De Lavín, que ha censurado las declaraciones públicas que se comenzaron a realizar entonces “perjudicando la imagen de la empresa” así como la querella interpuesta por los trabajadores, casi un centenar, y recolocados la mayoría de ellos de Teka.

Por su parte, De León ha considerado que no se dio “tiempo suficiente” para que pudiera “madurar” Ecomasa, que era “viable”, pero que pese a ello se “dejó caer”, ha lamentado. Según ha dicho, le llegaron a comentar por teléfono que Sodercan, entonces bajo el mando de los socialistas, dejó “cerrar la compañía por razones políticas”.

Y, a continuación, ha instado a que se pregunte al actual consejero delegado de esta empresa pública, Salvador Blanco, quién ha salido beneficiado -ha dicho- desde el punto de vista político y también empresarial con el cierre de Ecomasa, ya que uno de los competidores tiene “buenas relaciones” con el PSOE.

“Era el proyecto de nuestra vida”, ha manifestado este empresario, que ha negado que con su puesta en marcha se causara un perjuicio económico de 18 millones a las arcas públicas, y ha defendido por contra que el proyecto generó beneficios al Estado de al menos 8 millones.

Al hilo, ha asegurado que todas las disposiciones de dinero público aprobadas se usaron “correctamente”, ya que se destinaron a los fines para las que fueron autorizadas.

Y aunque el portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eyden, ha negado vinculación personal entre este empresario y el líder del partido y expresidente cántabro, Ignacio Diego, Andrés de León ha querido hacer “justicia” al dirigente 'popular', y ha subrayado que no le “mueven intereses personales” para hacerlo, sino su labor al frente del Ejecutivo, donde ha sido una persona “tenaz”, “trabajadora”, “valiente” y “comprometida”.

Al tiempo, ha dicho que entiende y disculpa también el “enfado” de los trabajadores con los propietarios de Ecomasa, pero no que cuestionen la actuación del entonces presidente del Gobierno. Cree además que los empleados fueron “utilizados como arma arrojadiza” en la campaña electoral.

En cuanto a su gestión en la fábrica, De León ha alegado que no despidieron a “ningún” trabajador, sino que apostaron por sacar adelante el proyecto con “toda” la plantilla.

Frente a ello, los nuevos gestores redujeron a 60 los operarios, ha señalado el empresario, que ha tachado de “error” el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pues si bien no fue la causa del cierre de la factoría cree que sí “dañó” su imagen.

Y en relación con esto último, Andrés de León se ha vuelto a preguntar si el proyecto era viable -aunque fuera con 60 trabajadores- “por qué se dejó caer la compañía” y no se le dio una “oportunidad para que se salvara”.

De los empleados, ha destacado que les abonaron todas las pagas, y ha asegurado que la media de sus remuneraciones mensuales es un 40% superior no ya al salario mínimo interprofesional, sino al convenio de metal, en medio de la “mayor crisis” del país.

Y del plan de negocio, Andrés de León ha negado que fuera un “power point de 14 hojas”, como aseguraron los administradores concursales en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, sino un plan de “más de 40 páginas”.

“Calumnias”

Finalmente, durante la lectura de su declaración ha asegurado que los promotores del proyecto han perdido más de 3 millones de euros, “parte” de su salud y la “pena” de someterse a la opinión pública.

En este sentido, Jesús Lavín ha subrayado su “implicación”, tanto “emocional” como “económica” en Ecomasa, un proyecto en el que “siempre he creído” y al que ha dedicado una aportación de 3,2 millones “de mi patrimonio personal”.

Asimismo, ha negado que otro tanto, los más de 3 millones a los que aluden los trabajadores, salieran de ellos “ni de sus indemnizaciones” por ser despedidos de Teka, sino que al optar por ser recolocados en otra factoría no tenían derecho a percibirlas, ha aclarado en el turno de conclusiones Van den Eynden.

A su juicio, el proyecto “sobrevivió” hasta mediados de 2015, cuando “dos hechos” llevaron la liquidación de la planta de estufas. De un lado, el “cambio de Gobierno”, con el que se “corta” el apoyo a esta actuación, y por otro, la querella interpuesta por los trabajadores contra los dueños de la factoría.

A los empleados, Lavín les ha reprochado “calumnias” vertidas, como que no recibieran cursos de formación, o que los propietarios de la empresa se “apropiaran” de sus indemnizaciones por despido, acusaciones vertidas a través de los medios de comunicación y que llevaron, todo ello, a “finiquitar” Ecomasa, que “tenía un gran futuro”.

La comisión de investigación que arranca este miércoles en el Parlamento de Cantabria parte de una premisa común en la que coinciden todos los grupos políticos: el proyecto empresarial de Ecomasa-Nestor Martin fue un “fracaso absoluto” que causó un grave quebranto a las arcas públicas de Cantabria. Con ese punto de partida, PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos tratarán de establecer a lo largo de los próximos meses las responsabilidades políticas de una apuesta fallida que dilapidó más de 18 millones de euros públicos y otros tres a costa de los trabajadores que llegaban despedidos de Teka.

De todas formas, el arranque de la comisión de investigación este miércoles es más formal que real, puesto que servirá únicamente para establecer un plan de trabajo, según avanzó su presidente, el diputado regionalista Fernando Fernández. Todos los partidos podrán comenzar a solicitar la documentación y los informes que avalaron la inversión por parte del Ejecutivo que dirigía Ignacio Diego (PP) y las comparecencias de los implicados tendrán que esperar hasta después del verano, dado que la actividad parlamentaria para hasta septiembre.

En cuanto a las expectativas, la opinión de los grupos va desde el escepticismo hasta el temor a que la comisión de investigación se convierta en un arma arrojadiza con tintes políticos. Los precedentes durante la pasada legislatura, con sendos procesos alrededor de Cantur y GFB, indican el alto nivel de crispación que puede llegar a provocar un órgano de este tipo en el seno del Parlamento.

Desde el Partido Regionalista de Cantabria, que estará representando por tres miembros, insisten en que su único objetivo es “establecer a dónde fueron a parar los 18 millones de euros de dinero público invertido en la empresa Ecomasa-Nestor Martín, así como los tres millones de las indemnizaciones que los 87 trabajadores de Teka pusieron para tener un puesto de trabajo”.

“El PRC no contribuirá a que la comisión se convierta en una persecución destructiva del adversario político”, subrayan los regionalistas, que creen que “la comisión debe servir para esclarecer si las decisiones que se adoptaron en cada momento eran las correctas y quiénes las tomaron y en base a qué criterios”. También advierten que si como resultado de la investigación se desprenden indicios de algún delito se enviará la documentación al juzgado y a la Fiscalía para que se añada al proceso judicial que está pendiente de resolución en los tribunales.

En esta misma línea se pronuncia su socio de Gobierno en el bipartito. La portavoz del PSOE, Silvia Abascal, ha explicado a eldiario.es que los informes del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Sodercan o la Consejería de Industria, que sirvieron para aprobar las sucesivas ayudas públicas, “aportarán mucha luz” para saber qué pasó en un proyecto empresarial en lo que los trabajadores están ahora despedidos y se sienten “estafados”.

Ambos partidos, que ahora sostienen al Ejecutivo autonómico, insisten en que “no serán obstáculo para que se facilite la documentación y las comparecencias que sean razonables y que aporten claridad a la investigación al caso Ecomasa-Nestor Martin”, algo de lo que dudan Podemos y Ciudadanos, las formaciones políticas que impulsaron esta comisión y que ahora se han quedado fuera de la mesa que manejará los tiempos y marcará el calendario.

Falta de transparencia

Precisamente, los primeros pasos de esta comisión de investigación se dieron envueltos en la polémica, lo que ha provocado acusaciones de “falta de transparencia” desde las filas de los dos partidos con menor representación parlamentaria. José Ramón Blanco, diputado de Podemos, confía en que a pesar de todo “valga para algo” y se esclarezcan las responsabilidades políticas. “¿Por qué no hubo un control y un seguimiento del uso del dinero público”, señala el representante de la formación morada como pregunta clave. 

Blanco, que mantiene un contacto permanente con el comité de empresa y los líderes sindicales de la fallida Ecomasa-Nestor Martin, pretende hacer de altavoz e intentar que los trabajadores estén presentes en un debate que prevé áspero y de tono bronco. “Será imposible evitar que se tiren los trastos a la cabeza. Si entran en ese circo, no podremos hacer mucho”, reconoce el diputado, que considera que el Gobierno debería ser responsable subsidiario de lo sucedido y hacer frente a una parte, si no a la integridad, del dinero que la plantilla invirtió en la fábrica de estufas.

“Las expectativas se han reducido bastante después de ver la composición de la mesa”, señala también el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez. Para el diputado naranja, “hay que tomárselo con relativa calma” porque la documentación será ingente y requiere de un estudio pausado. “Indistintamente del proceso judicial en marcha, hubo una gestión nefasta por parte del Gobierno, que malgastó 18 millones de euros en una apuesta cuanto menos rara”, opina. 

“Comisión extemporánea”

“Lógicamente no esperamos que aclare nada desde el punto de vista penal o judicial. En realidad, es una comisión de investigación extemporánea, a diferencia de la de Cantur o GFB, porque en este caso ya hay distintos procesos abiertos en los tribunales”, asegura por su parte Eduardo Van den Eynde, portavoz del Partido Popular, que confía en que “quede absolutamente claro que la labor del Gobierno fue legal, más allá de la cuestionable labor de sus socios privados”. En opinión del diputado del PP, aunque la operación saliera mal, la actuación de sus compañeros de filas durante la pasada legislatura “no fue negligente”. 

Además, tampoco cree que esta comisión pueda servir de “arma arrojadiza” contra su partido porque “no hay ningún imputado”. “El proyecto estaba vivo cuando llegó el actual Gobierno y fueron ellos los que cortaron la financiación del plan de viabilidad que estaba vigente”, concluye.

Era de preveer que la Comisión de Investigación sobre Nestor Martin no fuera un camino de rosas. Los cinco grupos políticos con representanción en el Parlamento (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) destriparán a lo largo de los próximos meses este fallido proyecto empresarial, en el que el anterior Ejecutivo del PP, presidido por Ignacio Diego, invirtió 18 millones de euros en una fábrica de estufas que no llegó a cumplir los dos años de actividad. Además, los trabajadores despedidos de Teka y recolocados en Nestor Martin perdieron otros 3,2 millones, la cantidad correspondiente a sus indemnizaciones.

Con estos mimbres, es predecible que los representantes del PP se tengan que defender como gato panza arriba del resto de formaciones, que pedirán cuentas por el desastroso resultado de esta operación financiada con el dinero de todos los cántabros.

Sin embargo, el grupo de trabajo ha echado a andar este viernes y las críticas han ido a recaer, además de en los populares, en los socios de Gobierno (PRC y PSOE) por no ceder a ninguna de los nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos) representación en la Mesa, encargada de decidir sobre comparecencias y documentación.

En una sesión celebrada en el Parlamento, se ha aprobado que el regionalista Fernando Fernández sea el presidente de la Comisión; la popular Mercedes Toribio, la viceperesidenta y el socialista Víctor Casal, como secretario. También formarán parte de la Comisión Rubén Gómez, de Ciudadanos, y José Ramón Blanco, de Podemos.

Estos dos últimos dirigentes han criticado que los partidos mayoritarios no hayan querido negociar la composición de la Mesa y han asegurado que su ausencia puede afectar a la “transparencia”. “El caso Nestor Martín (Ecomasa) es un caso muy complejo y muy político y que se puede utilizar como arma arrojadiza con mucha facilidad y, por tanto, entendíamos que los dos partidos que no han tenido relación en ningún caso con esta situación en el pasado, debíamos estar en la Mesa intentando así, de esta manera, despolitizar, en la medida de lo posible las acciones de la Mesa”, ha argumentado el portavoz de C's.

En la misma línea, el representantande de Podemos ha manifestado su “temor” a que pueda ocurrir “algo parecido” que en la Comisión que abordó la proposición de ley del PP para regular en la Ley del Suelo el derecho al realojo y en la que comparecieron, además de distintos representantes políticos, vecinos del barrio de El Pilón y Prado San Roque de Santander, afectados por desarrollos urbanísticos. Estas comparecencias, a diferencia de las intervenciones políticas, fueron a puerta cerrada por decisión de PP, PRC y PSOE.

Cuestión de proporcionalidad

Por su parte, PP, PRC y PSOE han salido al paso de las críticas y han argumentado que la composición de la Mesa es “proporcional al peso” que los ciudadanos dieron a los distintos partidos en las elecciones de mayo. “No es una cuestión de acuerdos, es una cuestión de proporcionalidad”, ha señalado el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

“Lo normal es que uno obtenga la representación en función de los votos que tiene”, ha incidido su homólogo del PP, Eduardo Van den Eynde, que ha asegurado “no entender muy bien las quejas” de C's y Podemos.

Igualmente, estos partidos han negado que la composición de la Mesa vaya a tener “ninguna influencia” en los trabajos de la Comisión. 

Por otro lado, las comparecencias está previsto que comiencen en septiembre, tras el parón que la Cámara hace durante la temporada estival.

La crisis industrial en Cantabria continúa acumulando cifras negativas sin alternativas a corto plazo. La parálisis institucional y el deterioro del tejido empresarial en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis está a punto de acabar definitivamente con una de las mayores fortalezas de una economía cada vez más dependiente del turismo, que el pasado año batió un récord negativo: contabilizó menos de 36.000 ocupados industriales por primera vez desde 1996 y máximos históricos de contratación temporal y precaria después de perder más de 15.000 empleos desde 2008.

La lista de grandes empresas en dificultades no para de crecer: Sniace o Greyco continúan cerradas pese a las reiteradas promesas del Gobierno de Cantabria; el futuro de las plantas de Solvay, Robert Bosch o Sidenor está amenazado por los procesos de reconversión en el que están inmersas sus compañías matrices; Saint Gobain abandonó su producción en Vioño de Piélagos después de casi un siglo de actividad; y algunos 'proyectos estrella' amparados por la Administración regional, como Nestor Martin o GFB, resultaron un auténtico fracaso que ha causado graves perjuicios a las arcas públicas.

Queda lejos por tanto la época dorada de la industria pesada en Cantabria, que se instaló en la comarca del Besaya y convirtió a Torrelavega en el eje neurálgico de un sector que empleada entonces a miles de trabajadores. Ahora, instituciones públicas, patronal y sindicatos tratan de elaborar una hoja de ruta que permita recuperar parte de esa pujanza, con la declaración como Zona de Urgente Reindustrialización y una mesa de trabajo específica para combatir unas tasas de paro muy por encima de la media.

El declive de la comarca del Besaya

Como máximo exponente de este declive está Sniace, que despidió a toda su plantilla hace más de dos años y que sigue pendiente de una reapertura que no acaba de concretarse. Los más de 500 trabajadores que perdieron su empleo en aquel momento han continuado en la lucha y cruzan los dedos para que la ampliación de capital que lanzará próximamente la compañía, por valor de 15 millones de euros, salga adelante para abrir de nuevo las tres fábricas que el grupo empresarial tiene en el complejo de la capital del Besaya.

A unos cientos de metros se encuentra Solvay, que recientemente ha pedido el apoyo del Ejecutivo autonómico después de advertir de los “altos costes” de la energía en España comparados con otros países como Francia, que le impiden “mejorar la competitividad”. La multinacional puso de esta forma sobre la mesa la amenaza de la deslocalización, una realidad que “solo se podría evitar con nuevas inversiones para mantener empleo de calidad del personal propio y el de las contratas”, según el sindicato USO.

También en la comarca del Besaya, en el municipio de San Felices de Buelna, sigue latente el cierre de Greyco, una fundición que ha pasado por todo tipo de vicisitudes y que mantiene a cerca de 60 familias en vilo. El Gobierno de Miguel Ángel Revilla anunció su reapertura para el pasado mes de noviembre, con una aportación económica a través de fondos públicos, pero la búsqueda de nuevos inversores sigue sin concretarse después de más de medio año de negociaciones.

Un fracaso de los sucesivos gobiernos

“No es casualidad que registremos los niveles de empleo más bajos en la industria desde los años noventa, cuando salíamos de otra profunda crisis económica y de una dura reconversión industrial, si ahora se registran casi un 97% de contratos temporales y los trabajadores firman una media de más de tres contratos en el año, el porcentaje más alto conocido hasta el momento”, aseguran los secretarios generales de las federaciones de Metal, Construcción y Afines y de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT en Cantabria, Luis Díez y José Ramón Pontones.

Si es sangrante la pérdida continúa de empleos, lo son más todavía los intentos de los sucesivos gobiernos por aportar soluciones desde la Administración regional. En apenas dos legislaturas, proyectos como la fábrica de fibroyeso de GFB o la planta de estufas de Nestor Martin han dilapidado cerca de 60 millones de euros de inversión pública con resultados nefastos: ambas empresas acabaron cerrando, despidiendo a sus empleados y sometidas a una investigación judicial por el uso de fondos de manera fraudulenta.

Ya está en marcha la 'maquinaria' parlamentaria para crear la Comisión de Investigación sobre el 'caso Nestor Martin'. El portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha registrado este martes la solicitud, que, finalmente, ha sido firmada por todos los partidos, incluido el PP que en un principio había manifestado su rechazo a esta iniciativa y que a última hora ha cambiado su postura.

La celebración de las elecciones generales y el debate de los presupuestos autonómicos, que se celebrarán en diciembre, retrasarán su inicio. El Parlamento de Cantabria parará su actividad entre el 5 y el 20 diciembre debido a la campaña electoral. Además, enero es un mes inhábil para la Cámara, con lo que, previsiblemente, no será hasta finales de febrero cuando arranquen las comparecencias que ayuden a esclarecer qué ha pasado con los 18 millones de euros invertidos por el anterior Gobierno en la fábrica de estufas, que tras apenas tres años de actividad, ha quedado liquidada.

Los protagonistas de este fallido proyecto industrial también deberán dar explicaciones por los 3,2 millones de euros que aportaron los 88 trabajadores que habían sido despedidos en Teka y que a cambio de recolocarse en la nueva factoría, cedieron la cantidad equivalente a sus indemnizaciones.

Una vez registrada la petición, será la Mesa del Parlamento la que admita la solicitud, un trámite que se llevará a cabo “a finales de esta semana o principios de la que viene”, según ha apuntado el diputado de Podemos. Posteriormente, tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta en el pleno, para volver nuevamente a la Mesa, que debe elaborar un plan de trabajo y acordar el número de integrantes de la Comisión, en la que estarán representados todos los partidos con representación parlamentaria.

Siguiendo la proporción en cuanto al número de escaños obtenidos en mayo por cada formación, el órgano de investigación estará formado por cuatro diputados del PP, tres del PRC, dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos. A todos ellos se les entregará la documentación que obra en poder del Gobierno y tras su estudio, cada grupo requerirá las comparecencias que estime oportunas, así como el calendario de las mismas.

A preguntas de los medios, el líder de Podemos ha señalado que aun es pronto para concretar a las personas que su partido citará a declarar pero ha adelantado que entre ellas seguro que estarán altos miembros del anterior Ejecutivo del PP, como el exconsejero de Economía, Eduardo Arasti, el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, varios directos generales y personal de Sordercan, entre otros.

Igualmente, Blanco ha señalado que los exempleados de la fábrica le han transmitido su deseo de participar activamente en la comisión de investigación, ya que tienen “mucho que aportar”. Los trabajadores se sienten “estafados” por Ignacio Diego, al que responsabilizan de haberles implicado en Ecomasa-Nestor Martin.

En cuanto al funcionamiento de la Comisión, todos aquellas personas que sean llamadas a testificar están obligadas a hacerlo porque lo contrario sería un delito. Por otro lado, las conclusiones que cada grupo extraiga han de plasmarse en un dictamen que será debatido en el Pleno. Las mismas no serán vinculantes para los tribunales, sin perjuicio de que la Mesa de la Cámara apruebe dar traslado al Ministerio Fiscal.

“Rumorología”

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, ha explicado que su partido ha decidido adherirse a la iniciativa porque “mucho mejor que la rumorología y mucho mejor que las falsas acusaciones que sobrevuelan continuamente en el debate político es que se conozcan de verdad los hechos”.

Así, el portavoz popular se ha mostrado convencido de que con la Comisión de Investigación quedará a salvo la actuación y la honorabilidad de las personas que desde el gobierno promovieron este proyecto empresarial que al final ha resultado fallido, “fundamentalmente porque el gobierno actual ha querido liquidarlo definitivamente, porque todavía los propios gestores decían que existía viabilidad y que se podía haber mantenido”.

En este sentido, Van den Eynde ha insistido en que hay que derivar responsabilidades políticas hacia el nuevo gobierno y conocer “por qué ha tomado esa decisión que ha supuesto la finalización de la planta”.

El descalabro de Ecomasa-Nestor Martin, la fábrica de estufas en la que el Gobierno de Cantabria invirtió 18 millones de euros, tendrá dos vías paralelas de investigación: la judicial, ya en marcha, y la política, que se iniciará este martes con el registro de una petición al Parlamento de Cantabria para que abra una comisión dedicada exclusivamente a depurar las responsabilidades políticas oportunas.

La iniciativa ha sido promovida por Podemos y tendrá el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, el partido que formaba el Gobierno en la anterior legislatura, cuando Nestor Martin inició la actividad en Maliaño. PRC, PSOE y Ciudadanos han manifestado su apoyo a la apertura de la comisión de investigación desde la tribuna del Parlamento, donde se ha debatido una proposición no de ley en la que la formación morada solicitaba al Gobierno de Cantabria que devolviese a los trabajadores de la fábrica los 3,2 millones de euros que habían aportado.

El centenar de empleados de la factoría provenían de Teka, que en 2011 deslocalizó una línea de producción de cocinas que facturaba en Santander para trasladarla a Turquía. A cambio de recolocarse en la nueva empresa, cedieron el dinero de sus indemnizaciones -entre 30.000 y 35.000 euros de media- en una operación avalada por el anterior Gobierno del PP.

Esta propuesta, sin embargo, no ha salido adelante. Solo los dos diputados de Podemos -Alberto Bolado se ha ausentado del pleno- han votado a favor, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido. Los grupos regionalista y socialista han votado en contra, ya que, según han expuesto, sería “ilegal”, además de crear un “agravio comparativo” con otros empleados de empresas en quiebra.

En la exposición de motivos, el líder de Podemos, José Ramón Blanco, ha alertado de que la situación familiar de los trabajadores comienza a ser “extrema” y ha criticado la “irresponsabilidad” del anterior Gobierno, presidido por Ignacio Diego, al que ha responsabilizado directamente por su relación con Andrés de León y Jesús Lavín, los gestores del fallido proyecto industrial.

Según ha recordado Blanco, los trabajadores “confiaron en la palabra de Diego”, que les prometió un “empleo garantizado”, y destinaron sus indemnizaciones al proyecto porque “no imaginaban que se les podía estar engañando con un futuro esperanzador, que pronto se convertiría en pesadilla”.

Para el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, que el Ejecutivo adelante el dinero y luego lo reclame judicialmente, como pide Podemos, “no es la fórmula más correcta” y por ello ha instado al Gobierno a buscar “alternativas” para “resarcir” a los trabajadores, al igual que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, Silvia Abascal, quien además ha hecho hincapié en el “amiguismo” que ha primado en Ecomasa.

Tal y como ha recordado la diputada socialista, el Ejecutivo del bipartito ya se ha personado en la causa judicial abierta a raíz de los que los trabajadores denunciaran a los gestores por estafa, apropiación indebida y fraude.

Desde las filas regionalistas, Pedro Hernando, ha resaltado que “cien familias se han visto engañadas por unos empresarios apoyados por el Gobierno” y ha manifestado que “me gustaría poder decir que el Gobierno les va a devolver el dinero, pero no puede” porque “legalmente no es posible”.

El popular Eduardo Van den Eynde ha sido el encargado de defender la gestión del Gobierno de Diego. Ha tachado de “hipócritas” al bipartito porque públicamente dan su apoyo a los empleados y, sin embargo, liquidan la empresa “cuando era viable”. “Cuando estaba en vías de solución, el Gobierno mata el proyecto cerrando las vías de financiación”, ha criticado.

“Esto no es GFB ni el Racing”, ha insistido en reiteradas ocasiones el diputado del PP, que ha destacado la buena fe del anterior Ejecutivo para buscar una solución a la deslocalización de Teka. Van den Eynde ha asegurado que todos los informes avalaban que el proyecto era viable pero luego “se tuerce” por cuestiones sobrevenidas, como un accidente en la fábrica o la caída del mercado.

“Es una venganza política, y los trabajadores son las víctimas. No digan que les apoyan”, ha concluido el diputado ante la atenta mirada de una decena de empleados que han seguido el debate desde la tribuna de invitados.

La abogada de los trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin, María Teresa Ortíz, estudia presentar en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander un escrito solicitando que la querella criminal dirigida contra los exgestores de la fábrica Jesús Lavín y Andrés León se dirija también contra el Gobierno de Cantabria, que invirtió durante la pasada legislatura 18 millones de euros en este proyecto industrial que está a punto de liquidarse.

Esta solicitud, que seguramente se efectuará la próxima semana, se produce después de destaparse la estrecha relación que mantienen Jesús Lavín y el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, quien impulsó y avaló desde este organismo público la inyección de capital por parte del Gobierno. Ambos fueron socios en una promotora inmobiliaria hasta que Gómez de Cos fue designado por el PP como cargo público, tras lo cual nombró a su hermano administrador mancomunado de la sociedad.

Este hecho, unido a la declaración ante el juez de los exgestores y al resultado de la auditoría encargada por el actual Ejecutivo (PRC-PSOE), han acrecentado las sospechas de los trabajadores sobre la actuación del anterior Gobierno de Cantabria (PP), al que siempre han reprochado su “falta de diligencia” a la hora de fiscalizar esta importante inversión pública.

En una rueda de prensa en la rueda de prensa en la que han comparecido junto a los diputados de Podemos para presentar una iniciativa parlamentaria, el comité de empresa ha asegurado que no descarta ampliar la querella e iniciar acciones judiciales contra el Gobierno, que fue el que les convenció para adentrarse en el proyecto.

Un proyecto del PP

Ecomasa-Nestor Martin llegó a la Comunidad Autónoma de la mano del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ofreció incentivos económicos a sus promotores a cambio de recolocar a buena parte de los trabajadores que recientemente habían sido despedidos por Teka al deslocalizar esta empresa la fabricación de cocinas a Turquía.

Los 88 empleados que encontraron cobijo en la nueva factoría cedieron los 3,2 millones de euros que les correspondían de las indemnizaciones por despido a cambio de “un trabajo estable”, según les prometió Ignacio Diego.

La fábrica, dedicada a la comercialización de estufas de pellets, arrancó su actividad en la región en febrero de 2012 y actualmente está a punto de cerrar su liquidación -prevista para el 14 de noviembre- después de haber entrado en concurso de acreedores y haber sometido a la plantilla a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en sus apenas tres años de actividad.

“Rescatar a las personas”

En esta línea, el grupo parlamentario Podemos ha registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a personarse en el procedimiento judicial abierto tras la demanda de los trabajadores y a “asumir su responsabilidad” devolviendo a los afectados las cantidades de sus indemnizaciones, así como el equivalente al año de prestación por desempleo que han consumido durante su regulación, que el comité de empresa cifra en un millón de euros. En total, 4,2 millones.

En la rueda de prensa celebrada en la sede del Parlamento, los diputados de la formación morada José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez han calificado de “estafa” la actuación del anterior Gobierno y han defendido que si el Ejecutivo puede rescatar infraestructuras como el Puerto de Laredo también debe hacerlo con las personas. “En un país que rescata bancos y autopistas y una comunidad que quiere rescatar un puerto que no tiene barcos, no hay que tener miedo a rescatar a las personas”, ha defendido Blanco, quien ha apuntado que la situación económica de los 88 trabajadores es “traumática”.

“Para Podemos lo primero son las personas”, ha insistido desde Podemos, que propone al Gobierno el rescate de las familias y que, posteriormente, reclame judicialmente el dinero.

Igualmente, el partido ha anunciado que buscará apoyos para iniciar una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, para la cual se necesita al menos la firma de dos grupos políticos.

Además de esta petición, el comité de empresa ha reclamado al bipartito que recoloque al mayor número de trabajadores posible en la media docena de empresas que tienen interés por instalarse en Cantabria, según ha anunciado recientemente “a bombo y platillo” el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, quien precisamente mantuvo la semana pasada un encuentro con los representantes de los trabajadores.

El Gobierno “lo sabía”

El estudio elaborado por Hub Advisory a instancias de la Sociedad pública para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) -que posee el 30% de las acciones- desveló que Lavín y León habían creado un entramado societario utilizando Ecomasa como empresa matriz y que habían llevado a cabo diversos movimientos de capital entre las numerosas filiales.

El pasado 15 de octubre, en su testimonio en calidad de imputados por apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, ambos aseguraron que los responsables del Gobierno autonómico eran plenamente conocedores de estos movimientos y que, de hecho, en las escrituras figura que el primer préstamo recibido se destinaría a “inversiones en el extranjero”.

En la causa también está imputada la exdirectora general de Empleo, María Ángeles Sopeña, por un supuesto fraude en los cursos de formación que los trabajadores no recibieron aunque sí fueron titulados, y que estaban subvencionados por la Unión Europea con el apoyo del Servicio estatal de Empleo.

En declaraciones a este diario, la abogada de los trabajadores ya apuntó el pasado mes de mayo que la querella dirigida inicialmente contra Lavín y León podría acabar salpicando a altos cargos del Ejecutivo del PP, y todo parece indicar que Sopeña no será la única que tenga que acudir a la sede judicial de Las Salesas.

Una auditoría forense realizada por la firma Ernest & Young sobre Ecomasa, por encargo expreso de la sociedad pública Sodercan, destapó las primeras sospechas sobre la actuación de Jorge Gómez de Cos al frente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que impulsó y avaló desde este organismo público la inyección de casi 18 millones de euros por parte del Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura en un proyecto ruinoso, que se encuentra en pleno proceso de liquidación, con todos sus trabajadores despedidos y con sus promotores imputados por estafa, fraude y aprobación indebida.

Ese contundente informe sobre el entramado empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín -dueños de la empresa que comercializaba sus productos bajo la firma Nestor Martin- llevó al actual Ejecutivo a denunciar ante la Fiscalía de Cantabria la desaparición de las aportaciones millonarias de dinero público realizadas con el consentimiento del antiguo director gerente del ICAF, que ahora se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse las relaciones personales y empresariales de Gómez de Cos con uno de los propietarios de Ecomasa, del que fue socio mancomunado hasta pocos meses antes de dar luz verde a la inversión pública en la empresa de su amigo.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ya denunció que el ICAF no había analizado correctamente el plan de viabilidad de la fábrica de estufas, la actividad para la que fue creada Ecomasa. Según apuntó en la rueda de prensa en la que confirmó que el Ejecutivo iba a emprender acciones legales, el proyecto que presentaron a la entidad pública preveía copar el 60% del mercado español y el 20% del mercado europeo en su primer año de producción. “Si el ICAF o Sodercan hubieran analizado el proyecto, se hubieran dado cuenta de que era totalmente inviable”, sentenció Díaz Tezanos.     

Según publica este jueves El Diario Montañés, el alto cargo del Gobierno nombrado por el Partido Popular, encargado de analizar la viabilidad del proyecto en el que se embarcaron los trabajadores despedidos de Teka aportando sus finiquitos por un valor superior a los tres millones de euros, cesó en sus responsabilidades de administrador mancomunado en la empresa que compartía con Jesús Lavín poco después de su toma de posesión en el ICAF, cediendo el puesto en esta sociedad limitada a su hermano.

Una relación que el actual consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC), ha calificado como “preocupante”, aunque ha querido mostrarse “tremendamente prudente” en sus declaraciones ante los medios de comunicación a la espera de que se pronuncie la justicia. De hecho, ha expresado su “confianza absoluta” en el proceso judicial abierto y en que la Fiscalía actúe “con diligencia” para esclarecer lo ocurrido en torno al proyecto y a la inversión realizada por parte del Gobierno de dirigía Ignacio Diego (PP).

Martín también ha reconocido que esta nueva conexión destapada por la auditoría “empieza a indicar una tendencia” en torno a Ecomasa, en proceso de liquidación después de que la pasada legislatura recibiera 18 millones de euros de ayudas del Ejecutivo autonómico, una inversión que desde el bipartito PRC-PSOE esperan recuperar cuando concluya la investigación que se ha abierto al respecto.

Hombre de confianza de Ignacio Diego

El nombramiento de Jorge Gómez de Cos al frente del ICAF en agosto de 2011, que se encarga de la financiación pública de empresas y proyectos considerados “estratégicos” para la comunidad autónoma, tuvo el sello del líder de los populares cántabros. Ignacio Diego designó como máximo responsable del organismo a este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria con experiencia en compañías como Price Waterhouse, Bravo Enterprises, Alacer Gestión o Candemat, donde coincidió con el expresidente de Cantabria.

La dirección del ICAF parece abonada al escándalo, ya que el predecesor de Gómez de Cos al frente de la institución, Luis Egusquiza, también llevó a cabo una gestión muy polémica y está imputado por su participación en la venta del Racing al indio Ahsan Ali Syed, en un proceso judicial que continúa abierto.

Una inversión en el extranjero

Los promotores del proyecto de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, se sentaron este pasado miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados. Ambos están imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas, en un procedimiento judicial incoado a instancias de una querella criminal presentada por los propios trabajadores el pasado mes de mayo, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria.

Los empleados siempre han sospechado que tanto el dinero que ellos aportaron como el invertido por el Ejecutivo autonómico se había destinado a otros fines y no al funcionamiento de Ecomasa, algo que su abogada dice haber confirmado en esa primera comparecencia ante el juez. 

Según la letrada María Teresa Ortiz, los exgestores de Ecomasa aseguraron en su declaración que “el Gobierno de Cantabria sabía que el dinero del primer préstamo no era para la planta de estufas de Maliaño, sino para invertir en el extranjero”. De hecho, la representante legal de la plantilla ha explicado que Andrés de León y Jesús Lavín reconocieron que el Instituto Cántabro de Finanzas conocía de esta circunstancia “desde el primer momento”, algo que está “documentado en las escrituras del préstamo” y que refuerza la tesis de los trabajadores.

A la instrucción de esta querella se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Ejecutivo autonómico ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de los responsables políticos que dieron luz verde a las inyecciones de capital.

Comienzan a depurarse las responsabilidades del 'caso Ecomasa-Nestor Martin'. Los promotores del proyecto Andrés de León y Jesús Lavín se han sentado este miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados. Ambos están imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas. 

Bajo la gestión de León y Lavín, la fábrica de estufas que se instaló en el año 2012 en Camargo recibió 18 millones de euros del Gobierno de Cantabria y otros 3,2 millones procedentes del casi centenar de trabajadores despedidos en Teka, que a cambio de recolocarse cedieron sus indemnizaciones. En apenas tres años de actividad, la empresa ha aprobado dos expedientes de regulación de empleo y ha entrado, recientemente, en fase de liquidación.

El procedimiento judicial se ha incoado a instancias de una querella criminal presentada por los propios trabajadores el pasado mes de mayo, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria. Los empleados siempre han sospechado que tanto el dinero que ellos aportaron como el invertido por el Ejecutivo autonómico se había destinado a otros fines, y no al funcionamiento de Ecomasa. “En tres años de actividad es imposible que se haya gastado aquí”, afirmaban por aquel entonces.

Sus sospechas se han confirmado después de conocerse la auditoría encargada por Sodercan, la empresa pública que posee el 30% del accionariado de la empresa. Según refleja ese informe, una gran parte de los más de 21 millones de euros se derivaron hacia un entramado societario creado por León y Lavín. Ante estos hechos, el Gobierno de Cantabria ha presentado en la Fiscalía una denuncia solicitando que abra una investigación

La vista celebrada en Las Salesas se ha prolongado durante más de dos horas. Un grupo de trabajadores ha increpado a su llegada a los antiguos gestores, a quienes han recibido al grito de: “¡Chorizos! ¡Devolvednos nuestro dinero!”. Y es que el ánimo entre sus filas está por los suelos después de que el Juzgado de lo Social haya rechazado su recurso solicitando que se declararan nulos sus despidos en Teka, una de las pocas esperanzas que tenían de poder recuperar los 35.000 euros que cedieron de media. Se sienten “engañados, estafados e hipotecados”.   

En primer lugar ha declarado como testigo el vicesecretario del comité de empresa, José Manuel Ortíz, quien ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados. Por su parte, Lavín y León han negado haberse lucrado con este proyecto. Al contrario, han asegurado que han arriesgado su patrimonio. Ambos empresarios crearon la sociedad con 3.000 euros -el capital mínimo- y a lo largo de la actividad de Ecomasa han llegado a invertir 226.000 euros, frente a los más de 20 aportados por Gobierno y trabajadores. Y ante las preguntas de la parte demandante, se han acogido a su derecho a no declarar.

También ha declarado como imputada la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo con el anterior Gobierno del PP, María Ángeles Sopeña, en este caso por un supuesto fraude vinculado a los cursos de formación. Según denunciaron los trabajadores, fueron titulados por unos cursos que no habían recibido y por los cuales la empresa recibió unos 120.000 euros provenientes de la Unión Europea y del antiguo INEM.

La abogada de los trabajadores, María Teresa Ortíz, no descarta que en el proceso judicial -que se encuentra en fase de instrucción- puedan acabar imputados otros miembros del anterior Ejecutivo. En el Consejo de Administración de Ecomasa-Nestor Martin han estado representantes de Sodercan, entidad pública dependiente de la Consejería de Industria.

El Gobierno de Cantabria ha acordado este jueves presentar ante la Fiscalía una denuncia por la desaparición de los 18 millones de euros invertidos por el anterior Ejecutivo del PP en la empresa Ecomasa. La auditoría encargada por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) ha constatado que el dinero público no fue a parar a la fábrica de estufas de Maliaño sino que fue desviado hacia un entramado societario creado por Jesús Lavín y Andrés de León, promotores del proyecto.

Ecomasa -que comercializaba sus productos bajo el nombre comercial de Nestor Martin- inició su actividad en la comunidad en febrero de 2013 de la mano del Gobierno de Ignacio Diego (PP), acogiendo a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos de Teka como consecuencia del proceso de deslocalización de la compañía.

A cambio de recolocar a 88 empleados, el Ejecutivo cántabro inyectó en la sociedad 18 millones de euros, 12 a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y 6 más desde Sodercan. Además, los despedidos en Teka aportaron otros 3,2 millones de euros, la cantidad equivalente a las indemnizaciones. Por su parte, Jesús Lavín y Andrés de León crearon la empresa con 3.000 euros de capital social y llegaron a invertir hasta 226.000 euros.

Tras apenas tres años de actividad, en los que se aprobaron dos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), Ecomasa entró el pasado mes de abril en preconcurso de acreedores. Ante estos hechos, el comité de empresa aprobó iniciar acciones penales contra los administradores por apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, tal y como adelantó este diario.

Esta demanda, que se encuentra en fase de instrucción, se ve reforzada tras la auditoría elaborada por Ernst&Young, que aprecia hechos que pueden ser constitutivos de delito. El informe ha sido dado a conocer, en rueda de prensa, por la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, quien ha detallado que “en las próximas horas” el departamento jurídico de Sodercan presentará una denuncia ante la Fiscalía.

Según ha explicado Díaz Tezanos, los auditores han confirmado el desvío de fondos previstos para la actividad de Ecomasa hacia un entramado de empresas creado por Lavín y León, aunque no han podido conocer con exactitud el destino de los fondos, ya que estas dos personas han impedido el acceso a todos los datos.

A este respecto, la vicepresidenta ha detallado que Lavín y León enviaron “varios burofaxes” a Hub Advisory -el administrador único de Ecomasa nombrado por el Gobierno del PP en febrero de 2015, cuando los problemas económicos eran cada vez más acuciantes- para que no proporcionara información sobre la empresa ni ninguna otra sociedad del grupo.

Entre los movimientos que sí han podido detectar figuran la salida de fondos para la adquisición de maquinaria a otra empresa propiedad de Lavín por valor de algo más de 2 millones de euros; la compra de participaciones de Chimeneas Barcelona por 898.000 euros; la participación en la ampliación de capital de una empresa de Chile o la compra por importe de 1,8 millones de la marca Somen Fire, que “había sido creada a comienzos de 2014” y que resultó “ruinosa”.

Con estas operaciones se produjo una descapitalización progresiva y se perdió la esencia de la actividad de Ecomasa, puesto que “se priorizó la financiación de otras empresas del grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto”, ha resaltado la vicepresidenta.

Así, el Ejecutivo pedirá la apertura de diligencias con la intención de que la justicia abra una investigación que ayude a esclarecer el destino de los 21,2 millones de euros aportados por la Administración pública y por los exempleados de Teka y, en su caso, que se inicie un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades oportunas.

Igualmente, la también líder de los socialistas cántabros ha abogado por determinar las responsabilidades políticas y, en este sentido, ha dicho que espera las explicaciones del “principal valedor e impulsor del proyecto, Ignacio Diego”.

Copar el mercado

Otro de los datos que arroja el informe es el sorprendente y ambicioso plan empresarial presentado por Lavín y León al Gobierno popular para que aprobara la inversión de capital público. Según sus datos, en su primer año de actividad, Nestor Martín, que partía de una producción inexistente, no tenía marca comercial ni cartera de clientes, coparía el 60% del mercado de estufas de pellets en España y el 20% del mercado europeo.

“Si el ICAF o Sodercan hubieran analizado el proyecto, se hubieran dado cuenta de que era totalmente inviable”, ha sentenciado Díaz Tezanos.

Finalmente, a preguntas de los medios, ha apuntado que el Gobierno PRC-PSOE aguardará a que la Fiscalía se pronuncie para decidir si abre o no una investigación parlamentaria.

El proceso de liquidación de Ecomasa, la fábrica de estufas de Maliaño que comercializaba sus productos bajo la marca Nestor Martin, puede dejar en la calle de forma inminente a toda la plantilla, lo que ha provocado que los trabajadores estén estudiando la posibilidad de constituir una cooperativa para conservar sus empleos y salvar una situación crítica, después de meses de protestas y movilizaciones.

“Si es factible y viable, el Gobierno ayudará y apoyará”, ha asegurado ante esta posibilidad la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que ha insistido durante una intervención pública en que actualmente “el Ejecutivo está buscando inversores para el proyecto”. De hecho, y según ha explicado la portavoz de la Administración autonómica, los empleados de Ecomasa mantuvieron la semana pasada una reunión en la Sociedad de Desarrollo Regional (Sodercan) donde apuntaron la alternativa de hacerse cargo del fallido negocio.

Mientras se clarifica el escenario, el Gobierno de Cantabria sigue a la espera de la auditoría forense que ha encargado para conocer el destino de los 21 millones de euros invertidos en esta empresa. “No solo se trata de saber a dónde han ido a parar esos millones, sino, sobre todo, si es posible recuperar parte de los fondos, especialmente los 3,5 millones de los trabajadores”, ha apuntado la vicepresidenta.

Una inversión ruinosa

La empresa Ecomasa World Investments S.L. abrió en febrero de 2013 y ha recibido desde entonces unos 18 millones de euros del Gobierno de Cantabria, así como 3,2 millones procedentes de las indemnizaciones de los trabajadores que subrrogó de la fábrica Teka en Santander.

La factoría no funciona desde principios de mes debido a la falta de tesorería para continuar con la producción y el medio centenar de trabajadores que quedaban de la plantilla original -que ascendía a 98- estaban inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que ahora, con la decisión de los administradores concursales de iniciar el proceso de liquidación de la fábrica, el despido de la plantilla y la venta de todos los activos, será de extinción.

La querella promovida por los trabajadores de Nestor Martin contra los promotores de la sociedad tendrá consecuencias de manera inminente. El cierre de la empresa, temporal o no, parece un hecho después de la presentación del concurso de acreedores y la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que enviará al paro esta misma semana a toda la plantilla de la fábrica de estufas.

Los actuales responsables del Ejecutivo autonómico dicen que son “conscientes de la desesperación” de los empleados de la factoría ante la situación de quiebra de la empresa, “apuesta personal del expresidente Ignacio Diego”, a dos días de cerrar sus puertas hasta que haya fondos para retomar la producción, pero insisten en que “no es responsable” invertir más dinero público de la comunidad autónoma en un proyecto que, a su juicio, es “fallido” y que “no tiene ningún futuro”. “Sería malgastarlo”, ha reconocido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Sin embargo, la situación de esta empresa, que la pasada legislatura recolocó a un centenar de trabajadores que fueron despedidos de Teka y que aportaron al capital social casi tres millones y medio de euros de sus finiquitos, tendrá recorrido también en los tribunales. De hecho, la opacidad en la concesión de ayudas públicas por valor de 18 millones ha acabado con la imputación de la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE) y de los dos gestores de la fábrica de estufas.

Todos ellos declararán el próximo 21 de septiembre ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, al estar acusados por su actuación en la empresa. Según ha adelantado Europa Press, los dos gestores estarían imputados por delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental; en tanto que la exdirectora del SCE lo estaría únicamente por este último delito, el de falsedad documental.

Preguntada sobre el asunto, la exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura, Cristina Mazas, ha salido en defensa de su subordinada y ha reiterado que los 18 millones de euros de ayudas que recibió del Ejecutivo autonómico se hicieron “con todos los parabienes técnicos”. También ha reconocido implícitamente una de las principales sospechas de los trabajadores, que es la utilización de ese dinero público en actividades que se desarrollan fuera de la planta camarguesa.

El nuevo Gobierno de Cantabria ya ha encargado una auditoría forense para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público que invirtió el anterior Ejecutivo del PP en la empresa Nestor Martin-Ecomasa. En caso de que se detecten irregularidades, el bipartito acudirá a la Fiscalía, tal y como ha anunciado este viernes la vicepresidenta de la comunidad autónoma, Eva Díaz Tezanos, quien también ha avanzado que el resultado se conocerá en unos quince días.

La fábrica de estufas llegó a Cantabria en 2012 procedente de Bélgica y de la mano del Gobierno de Ignacio Diego, quien tenía relación directa con los promotores del proyecto Jesús Lavín y Andrés de León. La empresa se instaló en el municipio de Camargo y acogió a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos en Teka, que deslocalizó su producción de cocinas de Santander a Turquía.

A cambio de esta recolocación, la Administración regional 'gratificó' a Nestor Martin con una inversión cercana a los 15 millones de euros. Además, los ex empleados de Teka cedieron los 3,2 millones de euros de indemnización que les correspondía por los despidos. Por su parte, Lavín y León aportaron al capital social 3.000 euros, según han apuntado los trabajadores en distintas ocasiones.

Tras apenas tres años de actividad, dos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y la inyección de más capital público, Nestor Martin entró el pasado mes de abril en pre concurso de acreedores, ante la “indignación” de los empleados, que se sentían “doblemente estafados”. Por un lado, por haber perdido la indemnización de sus despidos y, por otro, como cántabros, por la “importante” inversión del Gobierno perdida.

Un mes después, el comité de empresa aprobó iniciar acciones penales contra los administradores de la empresa por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria.

La querella ha sido recientemente admitida a trámite por la Fiscalía. El caso podría acabar 'salpicando' a algún alto cargo del anterior Gobierno, ya que la Administración posee el 30% del accionariado. En el Consejo de Administración de la empresa han estado representantes de Sodercan, la empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, dirigida entonces por Eduardo Arasti.

Los trabajadores mantienen la sospecha de que buena parte de los 18 millones de euros invertidos por el Gobierno regional y los casi 3,5 que ellos mismos aportaron “ha salido de España”. En este sentido, subrayan que “en tres años de actividad aquí es imposible que se haya gastado”. Y, al hilo de esto, apuntan que la matriz de la empresa quebró recientemente con un agujero de unos 20 millones de euros.

Los trabajadores de Greyco y de Nestor Martin están acostumbrados a las malas noticias. Su trayectoria laboral ha estado salpicada de conflictos, huelgas y reivindicaciones. Han tenido la soga al cuello en muchas ocasiones y han sufrido en los últimos meses un situación paralela, con la amenaza de cierre de sus respectivas factorías sobre sus cabezas. Una amenaza real, que mantiene en vilo sus respectivos puestos de trabajo.

Sin embargo, este lunes se han roto todos los paralelismos y la jornada ha dejado un sabor de boca muy diferente a unos y a otros. Mientras que los obreros de Greyco tienen ahora un horizonte temporal más despejado, con la posibilidad de reapertura a lo largo del mes de septiembre, los empleados de Nestor Martin comienzan a perder las esperanzas tras la más que probable negativa del Gobierno de Cantabria a realizar una nueva inyección económica en la fábrica de estufas. Un palo aún más duro teniendo en cuenta que el grueso de la plantilla llegó como consecuencia de su despido de Teka.

En el caso de la fundición de San Felices de Buelna, el Gobierno de Cantabria ha anunciado oficialmente este lunes que ha alcanzado un acuerdo con Urbaneta Capital, un fondo buitre que se dedica a la compra-venta de empresas en dificultades, para reflotar la empresa Greyco y reabrir la planta del Valle de Buelna a lo largo del próximo mes, una vez comprobado el estado de las instalaciones tras seis meses cerradas y en las que los robos han sido continuos.

Según ha comunicado el nuevo Ejecutivo autonómico, la reanudación de la actividad permitirá la reincorporación de la plantilla de forma paulatina, en función de la evolución de la carga de trabajo de la planta. El acuerdo, impulsado por el consejero de Innovación e Industria, Francisco Martín, “supone el apoyo del Ejecutivo al plan industrial presentado por Urdaneta Capital y permitirá superar el concurso de acreedores” en que se encontraba la fundición cántabra desde principios de este año. De hecho, en los próximos días será ratificado por los administradores concursales.

En términos económicos, el Gobierno cántabro contribuirá a la reapertura de Greyco con un crédito participativo por importe de 750.000 euros este año y un crédito hipotecario de hasta un millón de euros en 2016. La inversión total prevista para reflotar la fábrica de San Felices de Buelna ronda los cuatro millones de euros. Urdaneta Capital prevé alcanzar en un plazo de seis meses el volumen de actividad que garantice la viabilidad futura de la planta, especializada en la fabricación de componentes para automoción.

Tal y como han explicado reiteradamente a los trabajadores, a los administradores concursales y a los responsables políticos de Industria, su objetivo es retomar la actividad en los segmentos de mercado tradicionales, ampliar la gama de productos a nuevas aleaciones y extender el alcance geográfico del negocio de Greyco a nuevos mercados, fundamentalmente mediante la cooperación con fundiciones en la India.

Con este fin, la empresa pondrá en marcha de inmediato un plan de choque de mantenimiento, orientado a garantizar la calidad de la producción. Urdaneta Capital es una sociedad de inversión especializada en la reestructuración de pymes industriales europeas y fomentar su desarrollo en India y Asia.

Dinero a fondo perdido

Casi de forma simultánea, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno regional “no puede meter más dinero” en la fábrica de estufas Nestor Martín porque allí ya “se han metido 18 millones de euros que han desaparecido” y “no se puede jugar con el dinero público”.

El líder del PRC también ha avanzado que “probablemente” se abra una comisión de investigación para dilucidar qué ha pasado con el dinero que el anterior Ejecutivo del PP ha otorgado a esta empresa, aunque ha asegurado que ya se sabe que, “de esos 18 millones, cinco se han ido a Francia a una comercializadora que cerró”.

El presidente regional ha descartado la opción de seguir inyectando dinero a la fábrica de Maliaño porque el Gobierno tiene un “informe de los técnicos” que indica que eso es inviable ya que “seguir metiendo dinero, con la estructura y el modelo actual de empresa, sería meter hoy tres y mañana otros cuatro”.

A pesar de que el Gobierno no aportará más capital, Revilla ha considerado que “algo de viable” debe de ser la empresa cuando “hay algunos que se empiezan a interesar”. No obstante, ha augurado que, quizás, esos interesados “a lo mejor están esperando a que haya un concurso de liquidación de la empresa para comprarla barata”.

“Nosotros vamos a intentar por todos los medios que no cierre pero meter más dinero a fondo perdido cuando hay un informe que dice que eso es meter dinero temporalmente para luego volver a una situación angustiosa dentro de unos meses pues no. No podemos jugar con el dinero público”, ha señalado el presidente de Cantabria.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha asegurado hoy que la empresa pública Sodercán será la que estudie y responda la petición de una nueva línea de crédito de 1,5 millones de euros solicitada por la empresa Nestor Martin.

Sota ha asegurado que con la constitución, la próxima semana, del consejo de administración de Sodercán, titular del 100% de los derechos políticos de esa sociedad, se solicitará un informe sobre la trayectoria de la sociedad desde su inicio. Según el consejero la empresa en su poco más de dos años de trayectoria ha recibido 18 millones de euros de dinero público, más los 3,2 millones que aportaron los trabajadores.

Juan José Sota ha realizado estas declaraciones al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se ha conocido un informe del administrador único de la sociedad, que recoge las consideraciones sobre la situación de la empresa en estos momentos.

El consejero ha asegurado que la partida de 3 millones de euros de los presupuestos regionales para esta empresa “ya está prácticamente consumida”, por lo que la cantidad que se solicita ahora “es una nueva línea de financiación, aparte de esa”. El consejero ha asegurado que esta nueva línea de financiación solicitada desde la empresa conduce a unas cifras de 18 millones de dinero público, lo que unido a los más de 3 millones que aportaron los trabajadores supone una cantidad muy elevada para la corta trayectoria que ha tenido la sociedad.

Sota también ha asegurado que el informe del administrador único de Nestor Martin señala que “no se ve un horizonte lo suficientemente claro” para la continuidad de la empresa. Asimismo, el consejero ha asegurado que no existe ningún inversor que quiera acometer y ponerse al frente de la sociedad y no se está cumpliendo el plan de viabilidad en cuanto a las ventas.

Por otro lado, ha señalado que la Comunidad Autónoma está afectada por una “serie de condicionantes financieros” que “ha de cumplir”.

El Ejecutivo regional se encuentra en una “situación económica muy complicada” lo que implica que el Consejo de Gobierno tiene algunas limitaciones para actuar en asuntos concretos relacionados con temas financieros como son avales, así como en lo que respecta a las ampliaciones o reestructuraciones de deuda o de crédito. “Nos encontramos con una dificultad añadida ya que la comunidad está en una situación económica que nos viene dada, así como ocurre con la situación la de la empresa”, ha recordado.

“Éste es un proyecto que nosotros ya vimos fallido” ha apuntado el consejero, quién ha recalcado que se trataba de “una apuesta personal del anterior presidente del Gobierno”, la cual “ha consumido mucho dinero público” y en estos momentos el informe del administrador único no ofrece “un horizonte lo suficientemente claro que nos indique que esta sociedad pueda continuar en el más inmediato futuro”.

El Gobierno de Cantabria tendrá que decidir en el plazo de “dos semanas” sobre la empresa Nestor Martín, que está en una situación “francamente difícil”. En concreto, el Ejecutivo deberá elegir entre “cerrar” la planta de Maliaño (Camargo) dedicada a la fabricación de estufas y “perder” los 18 millones aportados por la Administración regional o destinar 3 millones más para mantenerla abierta y “con la duda de qué pasará”.

Así lo ha planteado el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, al término de una reunión con el comité de empresa y administradores concursales de la factoría, que se ha prolongado durante más de una hora y de la que ha salido “con el corazón encogido”, ya que la situación de la fábrica es “bastante peor de lo que pensaba”.

Según ha explicado a los periodistas, los gestores de Nestor Martín -que cuenta con más de medio centenar de trabajadores, tras el despido de 42- han planteados las dos opciones citadas.

La primera de ellas pasaría por el cierre de la fábrica y por asumir la pérdida de los 18 millones desembolsados por el Gobierno de Cantabria, y a los que se suman 3 millones más aportados por los empleados, que “arriesgaron” sus indemnizaciones tras el despido de Teka (empresa de la que fueron recolocados en Nestor Martin) y que también han “perdido”.

La segunda consistiría en aportar “a corto plazo”, en “un mes”, 3 millones de euros más para hacer frente al circulante necesario para continuar la fabricación de estufas para esta temporada (por ejemplo, para la adquisición de materias primas que permitan mantener la producción).

Esta última opción estaría ligada, además, a la aparición de un socio, extremo para el que se podría “esperar un poco más” de los 30 días fijados para el desembolso de dinero. De apostar por esta alternativa, Sodercan buscaría un inversor para que el Gobierno salga del accionariado de Nestor Martin y pueda consolidar también las pérdidas que ha sufrido la Administración con este proyecto.

Pero, como ha apuntado el consejero, si no hay circulante, no tendría sentido buscar un socio inversor. Y en el caso de que lo haya, otra alternativa pasaría por la formación de una cooperativa de los propios trabajadores, que están dispuestos a dar “todas las facilidades” y a “poner todo lo que esté en nuestras manos para que el proyecto salga adelante”, según ha manifestado el presidente del comité, Luis Gómez. El sindicalista ha mencionado al respecto medidas como bajada salarial o flexibilidad laboral, a sumar al Expediente de Regulación de Empleo en el que se encuentra la plantilla hasta 2017.

“DESOLADOR”

“Así de crudo y así de triste” es el panorama en que se encuentra Nestor Martin y el futuro al que se enfrenta la planta camarguesa, ha expresado el consejero, que va trasladar a sus compañeros del Consejo de Gobierno esta situación, ya que hay varios departamentos implicados.

El titular de Industria ha lamentado la pérdida de 21 millones de euros, entre Gobierno y trabajadores, en un plazo “tan corto” de explotación de una empresa de estas características. “Es desolador”, ha manifestado, al tiempo que ha reconocido que los trabajadores han pasado por un “vía crucis”.

Y aunque ha apuntado que Nestor Martin “parece técnicamente viable”, y que los gestores están negociando con los acreedores y tratando de mantener la producción -la red comercial se ha mantenido “viva” y hay pedidos- para intentar evitar el cierre, el consejero ha admitido que la búsqueda de un socio es “un tema muy delicado”.