A Marta la expulsaron de España el ocho de abril de este 2025 que está terminando. Había llegado desde Colombia en 2002. Hace 23 años. Marta llevaba una vida normal en Zaragoza. Vivía con su familia. Su madre, su padre, sus hijos. Uno de ellos nació ya en España. Trabajó de camarera, trabajó limpiando, en un almacén de ropa, trabajó cuidando ancianos… Muchas veces, sin contrato. Trabajó para familias, para empresas, para empresarios. Pagó sus impuestos, al comprar o al pagar la factura de la luz. Pero sin contrato, no hay papeles.

Marta tuvo un problema con la persona propietaria de su vivienda de alquiler. Fue denunciada. Y Marta fue detenida y enviada a un CIE. Marta pasó internada en el CIE de Barcelona 40 días, hasta que ese 8 de abril sin previo aviso, el abismo. Expulsada a su país del que salió hace 23 años, en el que no vivía, en el que no trabajaba, en el que no pagaba impuestos, en el que no tenía una madre, un padre, varios hijos. La mandaron prácticamente con lo puesto, sin equipaje, sin dinero, sin contactos, sin nada.

Hablamos con Josep París, periodista, que ha contado esta historia, la historia de Marta, que forma parte de una investigación becada por los Premios Montserrat Roig de Barcelona.

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Marta, deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España: “No pude despedirme de mis hijos”

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Un juez federal de Estados Unidos ha hallado “causa probable” para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato judicial por violar su orden del mes pasado para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos con base en la Ley de Enemigos Extranjeros.

El juez James Boasberg de Washington ha dicho en un escrito de más de 40 páginas que el Gobierno demostró una “ignorancia deliberada” ante la orden del 15 de marzo que prohibía la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador en virtud de esa ley de finales del siglo XVIII, con la que el Gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador sin un proceso judicial. Todos ellos estaban acusados de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua.

Cuando Boasberg emitió la orden, dos aviones con venezolanos se dirigían a El Salvador y no habían regresado aún a Estados Unidos. Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, por lo que el juez ha pedido a la Administración que intente demostrar que no incurrió en desacato o, de lo contrario, iniciará audiencias y, posiblemente, remitirá el asunto a la Justicia. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, ha destacado el juez.

El juez ha señalado que la manera más fácil de que el Gobierno evite el desacato es permitir que los migrantes deportados en contra de su orden impugnen su expulsión ante los tribunales. Según su escrito, esto no requeriría el regreso de los migrantes a Estados Unidos y la Administración podría “proponer otros métodos para lograr el cumplimiento”.

El juez ha dejado claro que “el Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.

La Casa Blanca ha negado haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez Boasberg. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que éste emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no ha facilitado la hora de despegue al juez. De hecho, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el Gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo la deportación de cerca de 250 personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII invocada la víspera. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se había ofrecido a encarcelarlos en sus prisiones y ha confirmado el internamiento de 238 venezolanos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano.

El líder salvadoreño había solicitado en las últimas semanas a la nueva administración estadounidense el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó haber cumplido.

A cambio de estas entregas, Rubio detalló en la red social X (antes Twitter) que Bukele ha ofrecido mantener a los deportados, a los que EEUU acusa de ser miembros del Tren de Aragua, declarado por el Gobierno estadounidense como grupo terrorista, “en sus excelentes cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dinero” a los contribuyentes del país norteamericano.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense. Rubio defiende que Donald Trump “está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense” y que la expulsión de “cientos de criminales violentos” nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.

Bukele confirmó la llegada de los 238 venezolanos a través de un mensaje en la misma red social, así como su “inmediata” transferencia a la prisión denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo por un periodo de un año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a estos supuestos integrantes del Tren de Aragua de “monstruos” y ha agradecido a Bukele el apoyo prestado en un mensaje publicado en su red social Truth Social: “Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!”, afirmó, antes de agradecer la “comprensión” de Bukele: “¡No lo olvidaremos!”.

Trump se enfrenta a la justicia

Para acelerar las deportaciones contra estos presuntos miembros de la organización venezolana Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Poco después, un juez federal de Washington, el magistrado James Boasberg, había emitido una orden para bloquear cautelarmente la deportación de cualquier persona migrante bajo esta ley de hace tres siglos. Tras ello, amplió su veto para cubrir a todos los migrantes bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.

El magistrado obligaba en esta orden, que estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, a que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, fuera obligado a volver a Estados Unidos, algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Según publica el diario digital estadounidense Axios, la Casa Blanca ha ignorado de forma consciente esta orden judicial porque ya sobrevolaban “aguas internacionales” y la sentencia no se aplicaba, citando como fuente un alto funcionario de la administración Trump, que señala que el asunto llegará al Tribunal Supremo.

De acuerdo con Axios, los asesores de Trump sostienen que el juez federal James Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden, aunque otra fuente defiende la actuación de la Casa Blanca alegando que la orden judicial llegó “demasiado tarde” para que los aviones pudieran cambiar su rumbo y que su administración no está “desafiando activamente” las órdenes de un tribunal. Lo cierto es que, como señalaba un activista estadounidense que hace seguimiento a asuntos relacionados con la inmigración, en el momento de emisión de la orden los vuelos aún no habían aterrizado en El Salvador.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha solicitado al Ejecutivo estadounidense que demuestre que estas deportaciones no han violado el bloqueo judicial emitido el sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. “Hemos pedido al gobierno que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación”, detallaba en un comunicado recogido por EFE el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.

Según establece el escrito firmado por Donald Trump, se quiere usar la ley para perseguir a los migrantes venezolanos relacionados con el Tren de Aragua, pero como publicaba en febrero EFE al menos tres personas de nacionalidad venezolana han sido detenidas bajo el argumento de estar relacionadas con la banda criminal a pesar de que sus familiares denuncian lo contrario. Dichas personas fueron enviadas a Guantánamo y no tienen antecedentes penales que las asocie con el Tren de Aragua, algo que sí asegura el gobierno, que no ha dado información pública sobre los detenidos en la isla. El único rasgo común que compartían los tres hombres detenidos es que tenían tatuajes.

Caracas rechaza las deportaciones

El Gobierno venezolano ha rechazado este mismo domingo la decisión del presidente estadounidense y considera que “criminaliza, de forma infame e injusta”, a los migrantes venezolanos. Mediante un comunicado emitido por la cancillería del país latinoamericano, Venezuela ha expresado su contundente rechazo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que califica de “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.

El Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro considera que esta decisión “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad” y denuncia una “persecución” sobre los venezolanos en Estados Unidos. “Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas”, enfatiza la cancillería en el comunicado.

“No son terroristas, no son criminales ni 'enemigos extranjeros'. Son víctimas”, defiende el gobierno bolivariano, que acusa además a los dirigentes opositores de solicitar “una y otra vez” la aplicación de medidas“ unilaterales”, así como de crear una “red criminal de coyotes”. Además, insiste en que los venezolanos que abandonaron el país lo hicieron para buscar “alternativas de vida” y por razones económicas cuya causa atribuye al “bloqueo criminal” ejercido sobre Venezuela por Estados Unidos.

“No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes”, añade el comunicado, en el que se avanza que Venezuela acudirá a instituciones internacionales para hacer frente a una decisión que considera “un precedente peligroso” contra toda la región.

El Gobierno se gastará 9,9 millones de euros en los vuelos para deportar a migrantes durante 2018 y 2019. El Ejecutivo ha adjudicado el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha adelantado Europa Press.

En el contrato se incluyen los vuelos que el Ministerio del Interior utilizará en los próximos 18 meses para trasladar, bajo custodia policial, a ciudadanos extranjeros a diversos puntos de España y desde estos, expulsarlos de forma forzosa sus países de origen.

Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex), incluidos en el contrato. Además, las repatriaciones que también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.

Las ONG llevan años denunciando las vulneraciones de derechos humanos que suceden en los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuertos. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto.

El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.

Sin embargo, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos, resulta complicado monitorizar las vulneraciones de derechos humanos que puedan producirse en su transcurso. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias.

Así, un año más, el contrato contempla una cláusula específica que obliga a las compañías adjudicatarias a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto” del contrato, como “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.

El Gobierno alemán ha informado de que, entre enero y septiembre, 222 vuelos de deportación han sido cancelados ante la negativa de los pilotos a realizar esos trayectos para repatriar a solicitantes de asilo rechazados a Afganistán, según recogió la cadena Deutsche Welle.

Según explica la radiotelevisión pública alemana, en los últimos meses, pilotos de la mayor línea aérea del país, Lufthansa, y de Eurowings, su subsidiaria, cancelaron hasta 85 vuelos por este motivo. En aeropuertos como el de Düsseldorf, donde se suspendieron unos 40 vuelos, suelen producirse manifestaciones de protesta contra las deportaciones.

Desde la compañía alegan motivos de seguridad para explicar la decisión de los pilotos y aseguran que, a menudo, su personal mantiene una conversación previa con los pasajeros que están a punto de ser deportados. “La decisión de no llevar a un pasajero es tomada, en último término, por el piloto, caso por caso. Si él o ella tiene la impresión de que la seguridad del vuelo podría verse afectada, debe rehusarse a transportar al pasajero”, explicó Michael Lamberty, portavoz de Lufthansa, según informa el Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Afganistán, un destino de riesgo

Las autoridades germanas consideran algunas zonas de Afganistán como lugares seguros para los solicitantes deportados, a pesar de la violencia en la que está sumido el país desde hace décadas. Las deportaciones desde Alemania se están intensificando, pero también aumenta de forma significativa el número de demandantes de protección internacional que recurren sus expulsiones.

Según denunció Amnistía Internacional el pasado octubre, además de Alemania, otros gobiernos europeos como Noruega, Holanda y Suecia han deportado a cerca de 10.000 personas a Afganistán, donde “corren un serio peligro de sufrir tortura, secuestro, homicidio u otros abusos graves”.

A pesar de los “altos índices de violencia” registrados en el país, el número de personas repatriadas de esta nacionalidad se ha triplicado entre 2015 y 2016, según datos oficiales de la Unión Europea: pasó de 3.290 a 9.460 personas. Muchas de estas personas, señala la ONG, regresan a un país más peligroso que cuando volvieron. El “auge” de deportaciones se ha producido cuando Afganistán “está registrando los índices más altos de víctimas civiles de su historia”, recuerdan desde AI.

Las ONG llevan años denunciando las vulneraciones de derechos humanos que suceden en los vuelos de deportación. Comprobar los testimonios de los repatriados que han asegurado ser víctimas de un uso excesivo de la fuerza policial se hace prácticamente imposible: los operativos están blindados por un compromiso de silencio que pesa sobre todo el personal a bordo.

Sin embargo, las 25 páginas del protocolo policial sobre repatriaciones, creado en 2007 tras la muerte de Osamuyi Aikpitanyi  durante su deportación a Nigeria desde España, dan cuenta de hasta dónde puede llegar el “operativo de seguridad” activado en estos aviones.

Repasamos lo que sí se sabe acerca de los vuelos de deportación organizados por España. 

¿Cómo son los vuelos de deportación?

Pueden ser de varios tipos. Por un lado, las expulsiones forzosas se pueden producir en vuelos comerciales, como ocurrió en el avión con destino Dakar del que acabaron expulsadas algunas de las personas que protestaron contra la deportación este fin de semana. En estos casos, el resto de pasajeros viajan al país de origen del repatriado en una aerolínea común y, en el avión, sin ser avisados, se encuentran la escena.

Por otro lado, el Ministerio del Interior fleta vuelos cada cierto tiempo en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) con el objetivo de deportar a un gran número de personas. En ocasiones, realizan paradas en más de un país.

¿Cómo funcionan los macrovuelos de deportación?

La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Policía Nacional es el grupo encargado de organizar la ejecución de las repatriaciones colectivas, ya sea en aviones fletados para este fin o en vuelos comerciales. 

Los operativos están caracterizados por una fuerte presencia policial. Cada uno de los dispositivos de deportación está formado por un grupo de policías vestidos de paisano con un chaleco identificativo. El número de escoltas, como mínimo, debe igualar la cifra de personas expulsadas. El equipo siempre deberá estar integrado, además, por personal sanitario, según el Protocolo policial que establece las “normas de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea o marítima”.  Los deportados pueden ir amarrados durante todo el trayecto.

Los testimonios de personas repatriadas recogidos por eldiario.es denuncian el uso “desproporcional” de la fuerza con el objetivo de reprimir la resistencia de aquellas personas que se oponen a tomar el vuelo.

¿La Policía puede usar la violencia física en los vuelos de deportación?

La normativa interna que rige qué puede y qué no puede hacer la Policía Nacional en un vuelo de deportación deja abierta la puerta al uso de sedantes en los vuelos, el empleo de medidas coercitivas en el mismo avión donde también son expulsados menores, la utilización de “prendas o cinturones inmovilizadores”, “lazos de seguridad”... 

Según la normativa, el uso de la fuerza “deberá ser proporcionado y respetar los derechos individuales de los repatriados”. Sin embargo, según ONG como Amnistía Internacional, no hay mecanismos para vigilar si esa violencia es proporcional o no.

El protocolo interno añade en dos ocasiones (y subraya) un único límite específico: “En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”. Es decir, no lo pueden matar. 

En 2015, un vídeo difundido por Stop Deportación captó los golpes de una agente policial a una persona que iba a ser repatriada en un vuelo comercial:

Los escoltas de las personas repatriadas no podrán ir armados y tienen prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Qué medios usa la Policía dentro del avión para evitar la resistencia?

El protocolo interno incluye un listado de los medios que pueden emplear los agentes: lazos de seguridad, prendas o monos de vestir “para aquellos repatriados que lo necesiten”; cascos para los que “manifiesten con violencia o de forma perturbadora, que sea de características materiales y técnicas que impidan que no se autolesionen”; “cinturones y prensas inmovilizadoras homologadas; cinta reforzada (adhesiva) y ”lazos de seguridad“.

La cinta adhesiva suele ser utilizada, según fuentes policiales consultadas por eldiario.es, para atar a aquellos repatriados que ponen resistencia de pies y manos, “como una momia”, antes de subirles a la fuerza al avión. Está prohibido usarla de mordaza. 

¿Cómo se usan las sedaciones forzosas?

A pesar de que la Policía Nacional asegura que el uso de sedantes para facilitar la repatriación de inmigrantes que se resisten a ser expulsados “está prohibido”, el protocolo que determina las normas de actuación en estos dispositivos policiales  deja una puerta abierta al empleo de esta técnica.

El Ministerio del Interior permite las sedaciones forzosas en los vuelos de deportación siempre y cuando el médico que acompaña al operativo, un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía, apruebe su utilización “por razones de seguridad” o, en su caso, el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo –una empresa privada que ha ganado el concurso publico en el caso de Madrid–.

“El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesaria por razones de seguridad del vuelo”, determina el protocolo policial.

Las razones esgrimidas por la Policía Nacional para justificar los supuestos en los que, bajo prescripción facultativa, se recurre al uso de sedantes en estos operativos son la “seguridad del vuelo y de sus ocupantes ” y la propia integridad de la persona sedada. Pero volvemos al problema de base: ningún organismo independiente puede controlar su uso. 

¿Alguna persona ha muerto en un vuelo de deportación organizado por España?

Sí. En junio de 2007, Osamuyi Aikpitanyi, un joven nigeriano de 23 años, falleció en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca. 

¿Por qué se dice que los vuelos de deportación son secretos?

La Dirección General de la Policía no aporta datos concretos de los vuelos de deportación al considerarlo un “operativo policial”. La única institución que ofrece información al respecto es la Defensora del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

Además, las empresas adjudicatarias del servicio de deportación firman un “pacto de silencio” con el Gobierno. Entre las condiciones técnicas y económicas especificadas en el concurso público, una de las exigencias que deben cumplir es la confidencialidad. Lo que ocurre en el avión se queda en el avión.

El protocolo policial también prohíbe a los agentes “tomar fotografías mientras se esté prestando servicio” para, apunta, salvaguardar “los derechos y protección de la intimidad y la propia imagen de los escoltas y repatriados”.

¿Cómo se puede controlar entonces qué ocurre en los vuelos de deportación?

El único control en España sobre lo que ocurre en el interior de las operaciones de repatriación lo ejerce el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, a través de la supervisión esporádica de estos vuelos. En los casos de los vuelos de deportación de Frontex, la Defensora del Pueblo debe avisar con antelación de la realización de la visita. En 2016, vigiló tres de los 174 operativos de retorno efectuados.

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó  en septiembre de 2001  en septiembre de 2001a todos los estados miembros la realización de informes médicos previos y posteriores a la expulsión para garantizar que el estado de salud se mantiene tras la deportación. También solicitó una mayor transparencia en estos operativos y el impulso de un sistema de control independiente de los vuelos de repatriación europeos. De esta forma, se podría aumentar la vigilancia sobre el empleo de sedantes o el uso de la fuerza. 

En esta línea, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Dirección General de la Policía la realización de un informe médico previo a la deportación, así como la creación de “un libro de registro” en el que la Policía Nacional incluya “los medios de contención” empleados en cada operativo. Por el momento, la DGP no ha respondido a dichas solicitudes, según el último informe anual del MPT.

¿Cuáles son las empresas adjudicatarias del servicio de repatriación de los macrovuelos de deportación?

La última adjudicación ha sido concedida a Air Nostrum y Barceló Viajes, a las que el Ejecutivo ha destinado 11.880.000 euros en 2017 y 2018 para encargarse del servicio aéreo de repatriaciones.

Hasta esta último concurso público, Air Europa fue la encargada de prestar este servicio durante los años anteriores. 

¿Pueden los pasajeros o la tripulación de un vuelo comercial frenar una deportación?

En las repatriaciones forzosas llevadas a cabo en vuelos comerciales, el piloto puede exigir a la Policía Nacional la cancelación de la deportación. Él tiene la última palabra sobre el vuelo y puede negarse a despegar en estas circunstancias. En este sentido, los pasajeros pueden influir en la decisión del capitán con sus quejas.

En 2015, un piloto de la compañía marroquí Air Maroc se negó a embarcar en su nave a un inmigrante esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional que iba a ser deportado en un vuelo comercial rumbo a Guinea Bissau con escala en Casablanca. Alegó que en su nave no subían personas maniatadas. 

Tampoco es la primera vez que los pasajeros que se oponen a las deportaciones sufren represalias. En marzo de 2015, diez personas fueron detenidas acusadas de provocar “un motín” en un vuelo comercial de Iberia entre Madrid y Dakar tras escuchar los gritos de un hombre senegalés custodiado por la policía. El repatriado llevaba cinco años en España y había pedido la residencia, informó Europa Press. 

“Quienes miramos los ojos de ese chico vimos claramente que lo que estaba pasando era inhumano”. Así se ha expresado este lunes Mikel Basarte, uno de los once pasajeros expulsados el pasado sábado del vuelo Barcelona-Dakar en el que viajaba un ciudadano senegalés que fue expulsado de España después de la protesta de algunos pasajeros del vuelo.

Los once pasajeros, que fueron identificados por la Guardia Civil y se quedaron en tierra cuando el vuelo despegó finalmente horas más tarde, han asegurado que su expulsión del aparato y la posterior denegación de viajar fue “totalmente arbitraria” y pedido explicaciones a Vueling, la compañía operadora del vuelo.

Consultada por este diario, una portavoz de la compañía ha explicado que los once pasajeros no pudieron coger el vuelo que salió horas después de la protesta porque estaban retenidos por la Guardia Civil. Asimismo, ha recordado que los pasajeros pueden poner una reclamación a la compañía si así lo consideran oportuno y que pueden comprar otro billete para el siguiente vuelo Barcelona–Dakar de este sábado.

Desde Vueling han remarcado que los once pasajeros no están vetados ni en ninguna lista negra, y han añadido que, a día de hoy, la compañía no se plantea acciones legales contra ellos.

Por su lado, Basarte ha asegurado que hubo personas que no dijeron nada que se quedaron sin coger el vuelo y otras en contra de la deportación que sí pudieron viajar. Según su testimonio, decenas de pasajeros del avión se levantaron de sus asientos tras escuchar gritos provenientes de la parte trasera del avión. “No quiero volver, je suis malade”, gritaba el ciudadano senegalés que se encontraba en la última fila, maniatado y acompañado de dos hombres, han relatado los pasajeros expulsados.

Cerca de la última fila se encontraba otra de las pasajeras identificadas por la policía. Núria Costa ha recordado “la expresión de sufrimiento” del hombre que gritaba. “Sentimos esa vulnerabilidad, nos emocionamos”, ha dicho. “Ante los gritos de una persona maniatada, una persona con un mínimo de humanidad se levanta y pide saber qué pasa. Nosotras somos once de ellas”, ha añadido Basarte.

Ofrecimiento de mediación

Los pasajeros afirman que no han recibido ningún tipo de notificación de la compañía. “De momento se están estudiando vías legales y se está mirando cómo proceder contra Vueling. Hasta ahora ningún responsable de la empresa se ha puesto en contacto con estas personas”, ha dicho el abogado Andrés García Berrio, que está asesorando el grupo de pasajeros expulsados. 

“Pedimos que no se incoe ningún tipo de procedimiento administrativo ni penal contra estos once pasajeros. Queremos explicaciones”, ha asegurado contundente García Berrio, que se ha ofrecido como mediador entre el grupo y la compañía. Según ha explicado, de enfrentarse a algún tipo de procedimiento administrativo, los pasajeros podrían enfrentarse a multas de entre 45.000 y 90.000 euros.

También ha denunciado la “absoluta falta de información del trato de la compañía hacia ellos” y ha afirmado que sólo se trata “de un grupo de gente que pidió explicaciones” ante la situación de la persona que terminó siendo deportada. El abogado, cara conocida de la campaña a favor del cierre de los CIE, ha recordado que las normas de la policía para proceder a deportaciones “permiten sedaciones o deportaciones en situaciones que claramente vulneran los derechos humanos”.

Además, ha avisado de un vuelo “de deportaciones masivas” desde Barcelona a Guinea Conakry previsto para el próximo 24 de julio. Según él, está previsto que viajen en el vuelo internos del CIE que iniciaron una huelga de hambre hace una semana.

Los pasajeros reunidos ante la prensa este lunes pretendían volar hacia Dakar (Senegal) el pasado fin de semana en un vuelo de la compañía Vueling que salía a primera hora de la tarde. Sin embargo, fueron expulsados e identificados por la Guardia Civil. Ocurrió después que un grupo se levantara de sus asientos en protesta por la expulsión de un ciudadano senegalés que estaba en el aparato y que, según los testigos, gritaba visiblemente afectado pidiendo no ser deportado.

Anna Domínguez se disponía a irse de vacaciones a Senegal este sábado cuando subió a un avión en el que, en su parte trasera, viajaba un hombre expulsado de España. La expulsión se ejecutó el mismo sábado horas después de que algunos pasajeros retrasaran la salida del vuelo tras protestar por la situación que se generó a bordo, donde el hombre, en un estado de extremo nerviosismo, gritó durante una hora y media. “Es una locura que el hombre deportado cogiera otro avión en la situación en la que estaba”, lamenta Domínguez.

Consultada sobre su versión de los hechos, una portavoz de Vueling ha explicado que la tripulación del vuelo no se dirigió al expulsado puesto que estaba bajo custodia policial. Asimismo, ha puntualizado que los agentes informaron al comandante, antes de subir al avión, de que el hombre expulsado no era un deportado, sino un “inadmitido” en España que tenía que volver a Senegal.

La portavoz de Vueling también ha explicado que el piloto no podía denunciar este sábado a ningún pasajero ya que tiene que ser el departamento legal de la compañía quien autorice cualquier acción a tomar, algo que estudiarán a partir de este lunes. Según Vueling, la tripulación intentó que los pasajeros se sentaran pero, al ver que algunos se mantenían de pie, el comandante decidió que la Guardia Civil asumiera el mando de la situación.

Por contra, Domínguez critica la falta de información de la tripulación del vuelo de Vueling y que dos hombres no identificados –presumiblemente, policías de paisano– la señalaron al bajar del avión, lo que le ha valido, explica, una denuncia por alterar el orden del vuelo en base a la ley de seguridad aérea, aunque no sabe quién la ha interpuesto porque no tiene “ningún papel”.

¿Cuál era el motivo de su viaje a Senegal?

Iba de vacaciones a Senegal con mi pareja. El embarque estaba casi terminado, la gente se acababa de sentar en sus asientos. Estaba sentada en la fila 15 del avión. De repente, oímos a un hombre gritar desde la parte trasera del avión.

¿En qué fila estaba el hombre deportado?

El hombre estaba sentado en la última fila del avión y junto a él estaban sentados dos hombres. La fila de asientos que tenían delante estaba vacía.

¿Cómo reaccionan los pasajeros y la tripulación cuando el hombre empieza a gritar?

En aquel momento ni yo ni creo que ningún pasajero podía sospechar que el hombre sería deportado. Al oír los gritos, es normal, algunos pasajeros empiezan a levantarse y a girarse mirando hacia el final del avión. Nadie sabía qué pasaba. Lo primero que pensé es que el hombre era un pasajero con un ataque de pánico por miedo a volar. La tripulación no le hizo ni caso: las azafatas no le miraban a la cara y el piloto no acudió a ver qué pasaba. Actuaban como si nada.

¿Qué gritaba el hombre?

Yo al principio solo oí gritos en francés. Posteriormente algunos pasajeros me explicaron que el hombre gritaba, en francés, “no quiero volver, no quiero volver”. Ahí es cuando algunos pasajeros ven que se trataba de una deportación y empiezan a protestar. Estuvimos una hora y medio dentro del avión y el piloto no explicó nada en ningún momento y dejó que el hombre estuviera gritando. 

¿Todos los pasajeros estaban de pie? ¿Todos protestaban?

Al final todos los pasajeros del avión, no solo la gente que estaba de cerca de la última fila, se levantó. Pero muchos no eran todavía conscientes de que era una deportación. Algunos sí intentaban parar la deportación, pero otros simplemente no sabían qué pasaba. Y dos hombres que estaban unas filas por delante de nosotros empezaron a increpar y a gritar a los pasajeros que protestaban por la deportación.

¿Qué hizo entonces?

Intentamos calmar la situación porque los dos hombres se comportaron de malas maneras. Gritaban “que la estáis liando defendiendo los derechos humanos, que no queréis volar o qué”, y a una chica que estaba grabando le intentaron quitar el móvil.

Todo eso todavía dentro del avión.

Sí. El piloto solo cogió el micrófono para decir, una hora y media después, que todo el mundo bajara del avión, el deportado y todos los demás pasajeros. La gente estaba nerviosa.

¿Cómo fue el desembarque del avión?

Ahí la cosa se puso peor. Los mismos dos hombres que increparon a las personas que protestaban por la deportación empezaron a señalar a gente, primero a seis personas y luego a once, yo entre ellas, cuando bajábamos del avión. Decían que habíamos instigado una revuelta a bordo. Yo en todo momento estuve de pie en mi fila sin saber qué pasaba, no salí al pasillo hasta qué nos hicieron bajar.

¿Dónde y cómo la señalan esos dos hombres no identificados?

En el finger, al bajar del avión, mi pareja está hablando con un guardia civil. Yo me dirijo hacia allí y el guardia civil me indica que siga caminando. Sigo caminando pero uno de estos dos hombres de dentro del avión me señala con el dedo y dice “no no, ella también”. A mi no me para la Guardia Civil, me para un señor que todavía no sé quién es, y me gustaría saberlo, y me dice que yo había instigado “una revuelta”.

Y ahí se queda retenida en el finger mientras los pasajeros y el hombre deportado bajan del avión.finger

Todo el pasaje, incluido el hombre deportado, baja del avión menos cinco personas. Los agentes nos piden a cinco personas el DNI para identificarnos y nos dicen que nos iban a denunciar por alterar el orden en base a la ley de seguridad aérea. Estuvimos un rato más en el finger y luego, acompañados por agentes de la Guardia Civil, fuimos a recoger las maletas, que tardaron tres horas en salir. A los otros seis denunciados los fueron a buscar al otro avión.

¿Es el piloto o la Guardia Civil quién les denuncia? ¿De qué se les acusa?

No lo sabemos. No tenemos ningún papel. Algunos vimos al piloto firmar un papel pero no sabemos cuál. El hombre que me señala al bajar del avión incluso dijo que yo estaba grabando cuando yo no grabé nada, se puede comprobar en mi móvil.

¿Qué pasó después?

Los agentes de la Guardia Civil nos dicen que no saben si podremos volar y que vayamos a Vueling. Y en el mostrador de Vueling, un empleado nos comunicó que no podríamos volar con Vueling, ni a Senegal ni a ningún sitio. Nos lo dijo de viva voz, sin ningún papel, y nos dijo que si queríamos que pusiéramos una queja por correo electrónico o por teléfono. Le pedimos si podíamos hablar con un responsable o un directivo, pero no hemos podido todavía.

Y de momento no puede volver a volar con Vueling.

Vueling no ha actuado de la forma en qué tenía actuar. El piloto no informó en ningún momento de lo que pasaba, y permitió que dos pasajeros que no se identificaron en ningún momento señalaran a dedo once personas que no hemos podido coger otro vuelo. Estoy vetada como pasajera de Vueling como si fuera una criminal.

¿Les informaron de que finalmente el hombre fue expulsado?

No. El hombre estaba gritando y pasándolo muy mal. Hasta que no pasó un rato yo no comprendí que era un deportado pero en cualquier caso no podíamos volar así, era una cuestión de humanidad. Es una locura que el deportado cogiera otro avión en la situación en la que estaba. Nadie hacía nada, la tripulación era como si oyera llover.

¿Hay algún senegalés entre los identificados?

Los once denunciados somos personas jóvenes y blancas que íbamos con mochila. Nos pretenden señalar como unos cabecillas de una revuelta que no hicimos. En el vuelo había gente a favor y gente en contra de la deportación. No tuve la sensación de que fuera un motín, básicamente porque tanto yo como la mayoría del pasaje durante mucho rato no sabíamos qué pasaba. Nadie nos informaba, solo oíamos a un hombre gritar.

De las 7.597 personas internadas en los Centros de Internamiento para Extranjeros, 2.205 fueron expulsadas, según el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Según Interior, el objetivo por el que se priva de libertad a migrantes por estar en situación irregular en estos criticados centros es proceder a su expulsión, pero no se cumple

En 2016, el Gobierno ha participado en 170 operativos de repatriación, en los que ha deportado a un total de 2.226 personas

Evolución del porcentaje de personas expulsadas en los CIE (2011-2016)

Fuente: Defensor del Pueblo

La efectividad de los Centros de Internamiento para Extranjeros, que acumulan numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos, ha caído aún más en 2016. Aunque el Ejecutivo defiende que el objetivo de la privación de libertad en estos centros de migrantes en situación irregular es la expulsión, el 70% de quienes pasaron por ellos no fueron deportados. Estuvieron encerrados para nada.

En un momento en el que el Gobierno planea la creación de tres nuevos CIE en España y la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado acaba de bloquear el cierre “urgente” del centro de Algeciras solicitado por el resto de fuerzas políticas, la publicación del Informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNT) da un nuevo golpe a la defensa de la necesidad de los centros de internamiento para extranjeros.

Según recoge el MNP, perteneciente al Defensor del Pueblo, el 29% de las personas encerradas en los CIE fue deportado el año pasado. De las 7.597 personas internadas en estos centros, 2.205 regresaron a la fuerza a sus países de origen. Se trata del único informe oficial que recoge datos de la Dirección General de Policía sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros y los operativos de deportación.

Las cifras específicas de cada uno de los siete CIE que existen en España reflejan la escasa operatividad de todos ellos: el índice de expulsión no supera el 60% en ninguno de estos y el número de deportados permanece por debajo de la mitad de internados en la mayoría de estos lugares.

Si bien el índice de expulsión ha bajado durante 2016, la cifra de internamientos se ha incrementado un 9% con respecto al año anterior. No obstante, las órdenes judiciales para proceder al encierro de migrantes irregulares han descendido en los últimos cinco años. Con respecto a 2011, han bajado un 33,6%, según los datos presentados por la Defensora del Pueblo.

Evolución del número de personas internadas en los CIE (2011-2016)

Fuente: Defensor del Pueblo

Los CIE que menos expulsiones registran en comparación con el número de internamientos son los localizados en lugares estratégicos para privar de libertad a aquellas personas que alcanzan agotadas las costas españolas de forma irregular: Las Palmas, Tenerife y Algeciras. El centro del municipio gaditano es el que, con diferencia, más migrantes ha encerrado en su interior durante el año pasado (3.101) y, sin embargo, tan solo el 15% de estos ha sido deportado. Es aquí donde el Ejecutivo piensa crear uno de los tres nuevos CIE anunciados, aunque por el momento no ha aportado más detalles sobre sus planes.

Desde Barcelona, solo un 21,3% de quienes han pasado por el centro de Zona Franca ha sido expulsado. Durante todo el 2016, el CIE de Aluche (Madrid) ha encerrado a 1.526 personas. De ellas, 704 personas han sido repatriadas a sus países de origen, un 46,1%. El número de migrantes deportados supera la mitad de quienes han sido privados de libertad únicamente en los centros de Murcia (57,9%) y Valencia (59,1%).

Algunas de las circunstancias en las que viven los internos que preocupaban a la Defensora del Pueblo se han solucionado, apuntan, pero muchas de las recomendaciones esbozadas por la institución para mejorar las condiciones de los CIE no han sido aplicadas.

El MNP destaca la falta de asistencia médica durante las 24 horas del día en algunos de los centros visitados, la no realización de analíticas a los migrantes cuando son internados con el objetivo detectar posibles enfermedades infectocontagiosas o las deficiencias en el registro de los medios antidisturbios empleados en el interior de los CIE.

Distribución de las personadas internadas en CIE por nacionalidad en 2016

Fuente: Defensor del Pueblo

179 operativos de repatriación en 2016

A lo largo del 2016, el Ejecutivo español ha participado en 179 operativos de repatriación a través de los que se han devuelto a sus países de origen a 2.626 personas. Durante el 2016, el Ministerio del Interior ha organizado seis macrovuelos de deportación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), ha colaborado en ocho vuelos de Frontex organizados por otros Estados miembro y ha gestionado la deportación de 217 personas en siete vuelos internacionales. En total, 517 migrantes han sido repatriados a través de esta vía.

La mayoría de deportados han sido trasladados a sus países a través de las fronteras de Ceuta y Melilla (aquellos procedentes de Marruecos) y en barco (868 personas argelinas).

Los escasos “incidentes” en los vuelos, según la Policía

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recoge los “incidentes” registrados durante los operativos de repatriación en base a los partes realizados por la Dirección General de Policía. En ellos, mencionan el uso de la fuerza y grilletes con el objetivo de reducir e inmovilizar a quienes presentan una actitud “violenta y poco colaboradora” durante el operativo de repatriación.

En los casos en los que la Policía reconoce emplear la fuerza o inmovilizar a los deportados, defiende que los agentes la utilizan de forma “mínima e indispensable” para “minimizar el riesgo”. También añaden algunos “forcejeos” entre la Policía y las personas deportadas. En uno de ellos, apuntan, resultaron heridos el repatriado y el agente. En otro caso, dicen, únicamente el agente.

Los únicos heridos citados en los incidentes incluidos en la Defensoría del Pueblo fueron, según los datos policiales, trasladados a centros hospitalarios, sin destacar lesiones graves.

El relato de los diez incidentes ocurridos, según los datos policiales, en los 174 operativos de repatriación desarrollados en 2016 choca con algunos de los testimonios recogidos por ONG, en los que los migrantes hablan de violencia policial, el uso de sedaciones forzosas e inmovilización a personas que no muestran resistencia.

Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos secretos por lo que, desde la Policía Nacional, suelen negarse a dar información a la prensa alegando motivos de seguridad.

El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.

¿Cómo vigilar el respeto de los DDHH en los vuelos?

El único control en España sobre lo que ocurre en el interior de las operaciones de repatriación lo ejerce el MNP, a través de la supervisión esporádica de estos. En los casos de los vuelos de deportación de Frontex, la Defensora del Pueblo debe avisar con antelación de la realización de la visita. En 2016, vigiló tres de los 174 operativos de retorno efectuados.

Como solución a aumentar el monitoreo sobre el respeto de los derechos humanos de las personas deportadas, el MNP ha efectuado una recomendación a la Dirección General de la Policía para que en los vuelos de repatriación “se realizara siempre un reconocimiento médico de forma expresa y previa a todo ciudadano extranjero que fuera a ser expulsado”. Con ello se busca “confirmar que no existe inconveniente desde el punto de vista médico para materializar la expulsión”.

Este parte médico también ayudaría a vigilar el empleo de la fuerza por parte de la policía y comprobar la versión policial en relación a la existencia de heridos. Aunque la Comisaría General de Extranjería y Fronteras respondió a la Defensora del Pueblo que “está estudiando la viabilidad de poner en marcha esta medida”, en las inspecciones sobre los operativos de repatriación, detalla el informe, “solo se constató que tenían ese informe las personas que necesitaban tomar algún tipo de medicamento”.

Con el fin de controlar el uso de medios antidisturbios, el MNP también ha pedido a la Policía Nacional la habilitación de un “libro de registro” de todos los medios de contención empleados en los vuelos de deportación. Por el momento la Defensora no ha recibido respuesta. Otra de las propuestas para dar más transparencia a los vuelos consistente en el establecimiento de un mecanismo de reclamación para que los migrantes que vean sus derechos vulnerados puedan realizar una reclamación en el mismo operativo policial.

Según relata la Defensora en su informe, los agentes deberían entregarle una copia de su queja y recibir información de “las vías existentes para presentar una reclamación en su país de destino a través de las Embajadas de España”. La Dirección General de la Policía lo ha rechazado.

Karim (nombre ficticio) responde al teléfono de su madre desde Casablanca: “Bueno, aquí estoy, sobreviviendo”. Acaba de ser deportado desde el CIE de Madrid tras “varios intentos de suicidio” con los que, dice, trataba de evitar terminar donde ahora está. “Me han mandado a Marruecos sin nada, en pijama, sin dinero y sin documentos”, explica el joven de 23 años.

Su deportación, denunciada este martes por SOS Racismo, provocó el apoyo de varios concejales del Ayuntamiento de Madrid, que solicitaron una vez más el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Desde Marruecos, Karim habla con eldiario.es para explicar su versión sobre las condiciones en las que se produjo la expulsión del país que abandonó cuando tenía 14 años.

La Policía Nacional, consultada por eldiario.es, rechaza dar información sobre esta deportación.

¿Cómo está? ¿cómo están siendo estos primeros días en Marruecos tras la deportación?

Bueno, sobreviviendo. Me deportaron hace cinco días. Estoy mal, jodido. Nunca pensé que lo que me hicieron se podía hacer en un país desarrollado como España.

¿Cuándo llegó a España?

En 2008. Era menor, tenía 14 años. Llegué a España como polizón, en uno de los ferris Tánger-Algeciras. Hasta cumplir los 18, todo fue muy bien. Estaba mucho mejor que en Marruecos, había más oportunidades. Hasta venía el autobús para llevarnos al colegio con nuestras mochilas... En Marruecos tenía que andar 14 kilómetros porque allí solo podía ir a la escuela en autobús los hijos de familias que tenían mucho dinero.

Cuando cumplí 18 años renové los papeles, pero me metí en problemas. Perdí la residencia cuando entré en prisión. Robé, cometí un error, y no lo quiero pagar con mi vida. No encontraba a nadie que me aconsejase y tenía que sobrevivir de alguna manera.

Con 19 años recién cumplidos fui a la cárcel, donde he estado tres años. Yo ya he pagado por lo que he hecho, pero a la salida de prisión la Policía Nacional me estaba esperando. Me llevaron a la Comisaría de León y después al CIE de Aluche para expulsarme.

SOS Racismo ha denunciado que su desesperación llegó hasta el punto de intentar suicidarse en varias ocasiones.

Para no volver a Marruecos hice todo lo que pude. En el CIE lo vi todo negro. Ya no veía esperanza ninguna. Una vez intenté suicidarme con un cinturón en el calabozo y otra, en el CIE. Las cámaras me vieron a tiempo. Después, llamaron al Samur.

Me decían que por qué lo hacía, que tenía una vida por delante. Pero mi vida estaba en España, no en Marruecos. No me dejaron una segunda oportunidad.

¿Cómo fue la deportación?

Me mandaron a Marruecos como a un perro. En pijama, sin mi documentación, sin dinero, sin ropa. No me lo comunicaron con antelación para llamar a algún familiar. Me pusieron una inyección en el culo y notaba que me quedaba como un bobo.

¿Cuándo le pusieron esa inyección? ¿Le informaron o le dijeron de qué medicación se trataba?

No me informaron de nada. Estaba en la sala de aislamiento y entraron cinco policías y una enfermera. Ella fue quien me lo inyectó. Antes me habían intentado dar medicación, pero no quise tomarlas. Al día siguiente iba como si fuese dormido. Vinieron los policías por la noche, me esposaron y me llevaron al aeropuerto con el resto. No entendía nada del cansancio, del aislamiento o por eso que me pusieron.

¿La Policía empleó la fuerza contra usted?

No, no me pegó. Se tiraron hacia mí para ponerme las esposas y para ponerme un casco, porque pensaban que me iba a intentar suicidar otra vez. Yo solo buscaba mi libertad como sea, porque ya pagué por mi delito.

Estuvo unos días en la sala de aislamiento del CIE de Madrid. ¿Cómo es ese lugar?

Es como una jaula, un cuarto muy pequeño, como un calabozo. Tiene ventanas cerradas con agujeros y hay una cámara, aunque no sé si funciona.

Dice que le expulsaron sin ninguno de sus bienes personales.

Nada más llegar al aeropuerto, donde estaba el resto de personas que iban a ser deportadas, a mí me llevaron a otra sala con las esposas. Los otros tenían sus pasaportes, sus ropas... y yo, con el pijama.

Tenía la ropa en el cuarto de seguridad, se lo dije a un agente, él me lo sacó, pero luego nadie me dio mi maleta ni mis documentos.

Vive en Casablanca, pero la Policía les dejó en Tánger. ¿La Policía le entregó el sobre con dinero que, según la normativa, debe dar a los deportados para poder costear el trayecto hasta sus respectivas casas?

No. Nada. No me dieron nada. Solo iba con el pijama.

Fuimos en avión hasta Jerez de la Frontera, en autobús hasta Algeciras y en barco hasta a Ceuta. Allí, la policía nos identificó y nos devolvió. No imaginas la vergüenza que pasé andando por ahí con el pijama.

Menos mal que los marroquíes que fueron deportados conmigo fueron muy buenos y me ayudaron. Me compraron algo de ropa y fuimos a un hotel, pero en el hotel no me dejaban quedarme por no llevar conmigo los documentos.

Entonces, tuve que ir a una comisaría. Pedía que me diesen un papel para poder dormir en algún sitio y no me lo daban. Había un chico joven por allí que se apiadó y nos dijo que podíamos quedarnos en su casa. Estuve allí tres días hasta que pude conseguir dinero para llegar a Casablanca.

¿Qué le dijo su madre cuando le vio volver?

Qué me va a decir... Estaba mal, pero no sabe toda la historia. No le he contado todo el maltrato psicológico que he sufrido.

¿Por qué?

Porque no. No sé.

De sus palabras se desprende un rechazo total a regresar a su país. ¿Por qué decidió migrar a España con solo 14 años?

Mi vida era muy complicada. Tenía que comprar alcohol para mi padre, las discusiones de mi padre y mi madre... yo quería escapar de este ambiente. No sé, es difícil de explicar. Dije: 'Yo aquí no me quedo'. Aquí no hay ningún derecho... Pensaba que en Europa habría más oportunidades. Y yo amo España.

¿Cómo afronta su vida ahora en Marruecos?

Madre mía. No quiero ni pensarlo... Voy a volver a España. Lo tengo claro, aunque me muera en el intento. Pero aquí no me puedo quedar.

La gente aquí se aprovecha de gente como nosotros... Conozco casos en los que se vuelven locos. Conocí a un chaval al que deportaron de Italia y estaba fatal. Andaba como desorientado, como si estuviese en otro sitio. No quiero que me pase eso.

Air Europa ha perdido el negocio de los vuelos de deportación. El Gobierno ha optado por conceder el contrato al grupo formado por Air Nostrum y Barceló Viajes, a las que destinará 11.880.000 euros en 2017 y 2018 con el objetivo de renovar el servicio de repatriaciones el próximo mes de mayo, según se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de la misma cifra establecida en el contrato de años anteriores.

Tanto Air Europa como la unión formada por Air Nostrum y Barceló Viajes presentaron sus respectivas ofertas al Ministerio del Interior para lograr obtener el servicio de los vuelos secretos de deportación de inmigrantes en situación irregular, así como su traslado desde diversos puntos del territorio nacional a otros países, muchas veces realizados desde los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE).

Según publicó Europa Press, la oferta de Barceló Viajes contemplaba unos precios que alcanzarán los 17.160 euros por hora de vuelo en el caso de las deportaciones de más de 200 personas. Los precios varían en función de la capacidad de la nave. Air Nostrum pidió 7.030 euros por hora de vuelo de deportación con hasta 75 plazas; 8.215 euros por hora cuando sean de 76 a 120 plazas y 13.260 euros para traslados de hasta 200 personas.

Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, este no es el coste definitivo de un vuelo de deportación. Este contrato hace referencia únicamente a la adjudicación del servicio prestado por la aerolínea pero a ello hay que añadir los gastos derivados del fuerte operativo policial desplegado en cada vuelo, y los propios Centros de Internamiento para Extranjeros.

El reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías presentes en cada dispositivo de deportación debe igualar al número de repatriados.

Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.

Denuncias de vulneraciones de derechos humanos

Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto. El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.

La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.

Sin embargo, las vulneraciones de derechos humanos son muy complicadas de demostrar, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias.

“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto de la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo (...), serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo en cuanto se refiera a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, (..) y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”, reza el pliego con las prescripciones técnica de la anterior convocatoria.

En plena batalla de varios ayuntamientos, en especial el de Barcelona, en contra de los centros de internamientos de extranjeros (CIE), la Defensora del Pueblo ha publicado su informe anual que los supervisa. Según los datos de la institución, en 2015 aumentó la proporción de personas que no pudieron ser expulsadas tras su encierro: en total un 59%, respecto al 53% de 2014.

La ineficacia de los centros de internamiento es una de las críticas a estos edificios, además de las críticas a las vulneraciones de los derechos humanos en su interior.

Los CIE son centros dirigidos por la Dirección General de Policía –dependientes por tanto del Ministerio del Interior–, cuya función es retener a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia en España con el objetivo de repatriarlos. Esa misión es la que queda de nuevo en evidencia con las cifras del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura(MNP) del Defensor del Pueblo: el número de internos en CIE en 2015 fue de 6.930, de los que fueron expulsados 2.871.

Las cifras que más destacan son las del CIE de Las Palmas, con solo un 2,8% de personas expulsadas tras su encierro, el de Algeciras, con el 20,5% y el de Barcelona, con un 27,7%.

Entre los motivos por los que los inmigrantes no son repatriados suelen destacar la incapacidad para saber de qué país proceden, que no haya acuerdos de repatriación con su país de origen y que se exceda el tiempo máximo de internamiento (60 días) sin que se completen todos los trámites necesarios, entre otros.

Diferentes colectivos sociales piden que cese esta práctica de detención porque, además de ineficaz, la considera innecesaria por el sufrimiento que ocasiona a los internos.

Críticas al funcionamiento de los CIE

En su función de control, la Defensora del Pueblo visitó el pasado año los centros de internamiento de CIE de Tarifa y Algeciras. La institución destaca que “sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica, lo que sería recomendable”, que “resulta necesaria la ampliación del servicio de asistencia jurídica” a sus internos o que en Tarifa “no existe presencia permanente médica” y no han adoptado el protocolo de prevención de suicidios, entre otras.

La defensora también recomienda la asistencia social y cultural prevista en el Reglamento de los CIE y que no se aplica en estos centros. En el CIE de Tarifa, el informe indica que no se cumple con la recomendación de la institución en materia de viedovigilancia de ciertos espacios, para controlar el cumplimiento de los derechos en su interior.

Datos de expulsiones totales

En total, el informe recoge que España expulsó a 10.594 ciudadanos extranjeros en 2015, según los datos facilitados por la Dirección General de la Policía. La cifra suma a las 6.869 personas que fueron expulsadas y a las 3.725 devueltas (“personas que trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras”).

De las 6.869 personas que fueron expulsadas, 5.864 tenían antecedentes penales y el resto, fueron deportados por estancia irregular.

Los datos reflejan que 3.133 extranjeros personas fueron expulsadas en operativos de deportación específicos, por lo que el resto habrían sido devueltos a sus países en vuelos regulares, con datos que recoge de la Comisaría de Extranjería y Fronteras. El grupo más amplio, 1.463 fueron ciudadanos marroquíes expulsados por Ceuta en 79 operaciones distintas. Asimismo, figuran 918 personas repatriadas a Argelia en 82 viajes en barco.

160 personas fueron trasladadas en cinco vuelos de repatriación de la agencia europea de fronteras Frontex organizados por España y 80 embarcados en 10 vuelos de Frontex organizado otros países.

Llegadas en patera

Respecto a las llegadas irregulares a España en embarcaciones, el Mecanismo Nacional de la Tortura recoge los datos del Ministerio del Interior y señala que en 2015, llegaron 16.851 personas en pateras y cayucos. La tendencia al alza se consolida: en 2014, fueron 12.549; en 2013, 3.237.

A la Península llegaron 4.248 personas, otras 9.169 lo hicieron a Melilla, 2.455 arribaron a Ceuta, 955 a las Islas Canarias y 24 a las Islas Baleares.

Vuelos de repatriación

En el año 2015 el Mecanismo ontra la Tortura supervisó cuatro vuelos de deportación financiados por FRONTEX. En tres casos, los operativos estuvieron organizados por España, con destino a: el 28 de enero a Bogotá (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana); el 15 de abril a Islamabad (Pakistán); y el 24 de abril a Tirana (Albania) y Tbilisi (Georgia). El cuarto operativo, del 23 de julio y con destino Lagos (Nigeria), fue organizado por Holanda y contó con la participación de España.

En tres operativos la supervisión se alargó hasta la llegada a destino, mientras que en el de Pakistán la visita se centró en la recepción de los ciudadanos extranjeros, traslado hasta la aeronave y el embarque. Los vuelos de deportación son prácticas policiales muy opacas, de las que apenas se informan por ser “operativos policiales”, en las que el Gobierno planea gastar casi 12 millones en 2016 y 2017.

La mayoría de las personas entrevistadas por la institución “se quejaron de haber sido avisados con poca antelación de la materialización de la expulsión y haber tenido problemas para comunicarse con su familia en su país de origen o para recoger todas sus pertenencias”. Aunque la delegación no presenció hechos violentos, sí recogió la queja de una persona que denunciaba haber sufrido malos tratos en el traslado desde el CIE.

El informe incluye que la Administración ha rechazado la recomendación de la Defensora del Pueblo de hacer exámenes médicos a las personas antes del embarque para asegurar que la salud de esa persona le permite volar, aunque se ha aceptado la recomendación de hacerlo en caso de repatriación fallida.

Cuando se echa la llave, tras la cerradura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid quedan también personas que han huido de la guerra, la violencia y la persecución en sus países. El Derecho Internacional les garantiza la opción de solicitar asilo en otro país, pero el Estado español, con frecuencia, se la quita.

Según el último informe de la Asociación Karibu, algunas de las solicitudes de asilo de estas pesonas son ignoradas, habiéndose incluso llegado a deportar a personas que afirmaban haber realizado una solicitud que nunca se llegó a tramitar.

Fue el caso de Christopher, un nigeriano de 20 años que huyó después de que una bomba de Boko Haram matara a su padre, y a quien España expulsó en un vuelo de deportación colectivo. Días antes de que le notificaran que sería deportado, dice que había rellenado la fotocopia en la que depositó todas sus esperanzas de ser protegido en nuestro país. Pero no funcionó. Aquel papel quedaría en el fondo del buzón del director del Centro, junto con otras tantas solicitudes que tampoco se tramitarían nunca.

Este es el procedimiento único y habitual. En varios casos no se les entrega a los internos un documento que pruebe que su solicitud ha sido recibida, pese a que el Juzgado de Control mencionara explícitamente su derecho a recibirlo. Así que esperan sin certeza.

El juego del asilo

Lo que le ocurrió a Christopher es el ejemplo de la enésima traba que afrontan las personas de origen subsahariano en nuestro país cuando intentan solicitar asilo. Las oficinas habilitadas para ello desde 2014 en territorio de Ceuta y Melilla se encuentran del otro lado de la valla, y la policía marroquí no les deja acceder a ellas.

Ya en el CETI, entre los que han conseguido cruzar, el informe de Karibu apunta que muchos prefieren esperar a pedir asilo al llegar a la Península, para que los trámites no alejen sus posibilidades de estar más próximos a Europa.

Así que también esperan, y cuando cualquiera de ellos es encerrado en el CIE –la mayoría, varios años más tarde de su llegada a España–, las condiciones no mejoran. Los internos conocen sus derechos a través de un folleto informativo desgastado y con partes ilegibles, según describe el informe de la ONG.

El propio Juzgado de Control del CIE describió toda esta situación como “la evidencia de que hay personas internas, especialmente procedentes del continente africano, que han huido de sus países por motivos que pudieran tener su encaje en la legislación de materia de asilo y refugio”. Es decir: podría haber entre ellos potenciales refugiados, aunque los procedimientos legales de nuestro país no lo hubieran reconocido aún.

Estas personas, además, “son internadas sin que hayan tenido ni tan siquiera la posibilidad de ejercer las peticiones de asilo que pudieran ampararles”, concluye el Juzgado.

Detenciones para llenar vuelos de deportación

Karibu denuncia que en fechas próximas a la salida de un vuelo colectivo de repatriación la policía aumenta las identificaciones y detenciones de personas originarias del país al que irá ese avión, “con el afán de aumentar la eficiencia del operativo”.

Algunos ni siquiera reciben la notificación de expulsión doce horas antes de la salida del vuelo, como exige el reglamento, o la reciben con falta de datos e información, lo que dificulta que puedan organizar su regreso e informar a sus familiares.

En ciertos casos, cuando no consiguen que la persona sea expulsada, en lugar de llevarla de nuevo al CIE la “abandonan” en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha documentado Karibu. “Estas personas quedan abandonadas y ni tan siquiera reciben el documento acreditativo de su estancia en el CIE, además de que si su equipaje ya ha sido facturado, desaparece con el vuelo y se quedan sin nada”, describe el informe.

Un perfil vulnerable

A la ansiedad que genera en los internos el estar privados de libertad y la incertidumbre de no saber si serán o no deportados, se suma, en algunos casos, otros factores que les convierten en personas vulnerables. “Hemos encontrado dos posibles menores, dos mayores de 65 años, 13 personas con enfermedades crónicas, 10 con enfermedades mentales, nueve con hijos menores a su cargo y cinco mujeres posibles víctimas de trata de seres humanos”, describe la ONG.

Como Kingsley, de 45 años, que huyó de Nigeria hace 17 años junto con su mujer y sus dos hijos, y a quien España denegó el asilo nada más llegar. Desde entonces trabaja como transportista autónomo en el sur de España y aporta los únicos ingresos que reciben su mujer y sus hijos.

Cuando Kingsley ingresó en el CIE, la situación de su familia no fue suficiente motivo para frenar las intenciones de deportación. Sólo cuando él se negó a embarcar en el avión en el que iba a ser expulsado, alguien canceló su viaje y le fue devuelto al CIE, donde quedó en libertad al día siguiente.

La suya es una historia con final feliz a medias. “Cuando le sacaron del CIE no tenía medios para regresar a Sevilla, por lo que la organización le compró el billete de regreso a su casa. Estaba muy preocupado por la situación económica de su familia y temía haber perdido a sus clientes habituales tras dos meses sin atenderles”, relata Karibu.

Mientras las mejoras no llegan

Tras las numerosas quejas de ONG por las “deficientes” infraestructuras de los CIE, el propio reglamento reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad del centro. Pero las mejoras nunca llegan. “El papel escrito se topa con la realidad cuando comprobamos que apenas han mejorado las condiciones de internamiento respecto años anteriores”, dice el informe de Karibu.

¿El motivo? Que el mismo texto especifica que “no conllevará un incremento del gasto público”. Es decir, que se reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de las instalaciones, pero no se destina a ello un presupuesto adicional al empleado en años anteriores.

Mientras tanto, los internos viven sin agua caliente ni calefacción en invierno, con una única muda de ropa, y durmiendo en habitaciones (a las que la ONG prefiere referirse como “celdas”) que en ningún caso disponen los cuatro metros cuadrados recomendables por persona según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Pasan los días esperando, con la incertidumbre de saber si serán o no deportados, y de si algún día alguien hará caso a las solicitudes de asilo depositadas en aquél buzón del Director. 

En sus palabras no se aprecia rastro de su país de origen. Su acento gallego no ha desaparecido ni un ápice. “Soy galego total”, decía a eldiario.es hace un año, pocas semanas después de su deportación a Senegal. Lo sigue siendo, pero a más de 3.000 kilómetros de distancia y con la prohibición de regresar. Pape llegó a España a los 14 años y fue expulsado de forma forzosa a los 25 tras perder su residencia legal por su situación de desempleo. “No me acostumbro. No me siento de aquí, estoy como perdido”, dice el joven desde Dakar.

Hace un año, Pape contaba a eldiario.es cómo fue su deportación, qué pasa en el interior de uno de esos vuelos secretos utilizados por el Gobierno para deportar a migrantes en situación irregular. La sensación de desasosiego descrita en noviembre de 2014 se mantiene. Se encuentra perdido, excluido en un país que no siente como propio. El Ejecutivo deportó a este joven ignorando su arraigo en España, y estas son las consecuencias.

“Imagina. Llegué a España con 14 años... Cuando llegué a Senegal no entendía a la gente, había olvidado el idioma. No 'daba hablado' bien...”, explica Pape, dejando escapar aún expresiones en gallego. “Ha pasado un año y estoy igual. Estoy desubicado, como perdido... No me siento de aquí”, dice con decepción.

Pape vomita rabia al otro lado del teléfono. “Ha sido un año jodido. Cada día es un infierno. Una puta mierda”. Parece aprovechar para desbordar ese dolor que evita transmitir a quien le llama cada día desde Galicia. A ella, Sheila, su esposa, la mujer con la que convivió en Galicia durante cuatro años. “No me lo dice, él se aguanta para no preocuparme, pero lo pasa muy, muy mal... hay días que está fatal”, explica la joven gallega a eldiario.es.

Desde Dakar, Pape se preocupa por ellos. “Sheila y yo hemos planeado muchas cosas... Todo se va a ir al carajo”. Desde A Coruña, Sheila piensa en cómo está él. “Lo que más me agobia es que caiga enfermo. Cuando te vas como turista tienes que ponerte una serie de vacunas, pero nadie se preocupa por ello con los deportados. Él llevaba más de diez años sin pisar su país... Pero, les da igual, es inhumano”.

Por defender el futuro de ese 'nosotros', la joven gallega viajó al país de su novio dos meses después de su expulsión forzada. Se casaron. Pero desde entonces esperan.

Después de solicitar el reconocimiento de su matrimonio por parte del Consulado de España en Dakar, llevan un año aguardando que el Gobierno les diga que sí, que realmente son pareja, que por eso hablan horas cada día, que sus cinco años de relación son reales. Una de las pocas posibilidades para que Pape vuelva a casa reside en esa respuesta, que no llega.

ONG y movimientos sociales como Pueblos Unidos o la Plataforma por el Cierre de los CIE han documentado diferentes casos en los que el Ejecutivo deporta a migrantes sin valorar su arraigo en España. Según denuncian, en ocasiones, las expulsiones son notificadas con poca antelación, lo que impide a sus abogados tener el tiempo suficiente para interponer un recurso. Esta situación ocurre con mayor frecuencia cuando la Policía emplea el mecanismo de las devoluciones exprés, tramitadas en menos de 72 horas.

Desde la Fundación Raices, especializada en menores extranjeros no acompañados, alertan sobre los graves efectos que acarrea la deportación de los migrantes que llegan solos y viven su adolescencia en España. Y recuerdan: “Además, las personas que hayan sido tutelados por una institución española pueden obtener la nacionalidad española en un año. Las deportaciones de personas con este perfil no deberían producirse”.

Su vida en Senegal

Con su vida en Galicia estancada, ahora Pape vive con sus hermanas y su madre, a quienes antes ayudabas económicamente desde España. Su madre trabaja vendiendo desayunos cada mañana. Él aún no ha encontrado empleo estable. “No hay trabajo y para mí, después de haber estado tanto tiempo fuera, es más complicado”, dice Pape. “A veces me sale algo temporal como carpintero. Por un día de trabajo, cobro cerca de 1,50 euros, que me da para desayunar o cenar”, relata.

“Menos mal que estoy con mi familia, no podría más si no les tuviese... Pero hasta ellos quieren que vuelva a España porque aquí no pinto nada. Todos los día me vigilan, no quieren que salga fuera por la noche porque, para personas como yo, es más peligroso”, sostiene el joven.

Ni él siente Senegal como su país, ni su alrededor le trata como tal. “Llevo un año aquí, pero ven que no soy de aquí. Vamos, piensan que soy extranjero”, se autocorrige. “¡Cómo no voy a parecerlo! Tardé tres meses en volver a hablar bien el Wolof, lo había olvidado”, admite Pape.

“Aquí ahora ya no tengo amigos. Solo mis primos, que emigraron a Italia... Estuvieron unos meses pero ya han regresado”. En su tiempo libre huye a la playa, y se refugia en la misma pasión en la que dedicaba horas y horas en Galicia. “Suelo ir todos los días un rato a entrenar, a jugar al fútbol, para no comerme la cabeza”.

“Esto es una movida... Menudo año”, resume Pape. “Echo de menos mi antigua vida”, dice antes de sacar a relucir su rabia de nuevo, esas ganas de volver alcanzar el pasado. “Estaba bien con mi chica, me 'jode' mucho. No entiendo por qué nos pasa esto. No somos mala gente. No me meto en líos, ni he vendido drogas ni nada, pero me han tratado como un asesino. De un día para otro te encierran un mes en una 'cárcel' (el Centro de Internamiento para Extranjeros), te meten en un avión a la fuerza...”.

“¿Soy mala persona para merecer esto?”

A veces no puede evitar pensar en si tiene alguna responsabilidad en todo lo que le está pasando. “Le pregunté a mi padre: '¿Soy mala persona para merecer esto?' Él me respondió: 'No, eres joven y no sabes muchas cosas de a vida. Es un pequeño tropiezo pero ahora ya sabes lo que es... Malo será que no puedas volver a España algún día”.

Precisamente él, su padre, fue quien le animó a subirse en esa patera, en la que pasó días de terror. Llegó a Canarias, una de las rutas migratorias más peligrosas para llegar a España, en una embarcación repleta de gente asustada. Recuerda los momentos de oscuridad durante su viaje, y la desesperación que le rodeaba. “Pasé mucho miedo, la gente moría a mi alrededor, y solo queríamos una vida mejor. Delante de mí, murieron dos personas, se suicidaron por miedo, se tiraron al mar por el pánico. Cuando los vi, perdí el conocimiento”.

Él sí llegó. Al ser menor de edad, pasó a ser tutelado por el Estado, por lo que fue enviado a Galicia. Allí creció, allí estudió, allí construyó una vida. Trabajó durante años como electricista, hasta que la crisis, como a tantos otros, le empujó al desempleo. Y el desempleo, a su vez, le arrojó a la clandestinidad. “No pude renovar la residencia por no tener trabajo”, explica el joven.

Despedidas a través de una mampara

En noviembre de 2014, de un día para otro, Pape ya no estaba en Galicia. La Policía le envió al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid. Empezó la incertidumbre. Sheila se derrumba al intentar describir aquellos días en los que temía un final que acabó por cumplirse.

“Fatal, no sabes cómo lo va a pasar. De un día para otro le llevan a Madrid, le dejan un mes allí, te cuenta cómo los tratan...”, dice con la misma voz entrecortada que hace un año. Sheila se despidió en una sala del CIE custodiado por la policía aunque su entonces novio no había cometido delito alguno. Una mampara les separaba cuando se dijeron adiós.

Pape quiere regresar a España, su felicidad está en A Coruña, donde creció, donde vivía con Sheila, donde estudió la educación secundaria... Pero así no. Así, nunca más. “Por muchas ganas que tenga, no volvería a viajar en patera nunca más. Sufrí mucho, no lo puedo hacer más en mi vida”, responde Pape.

Tampoco se arrepiente. “Mereció la pena porque había cambiado mi vida. Tenía otra vida muy feliz. Pero el Gobierno español me dio unos papeles, que luego me quitó cuando me quedé sin trabajo. Y por eso esto aquí...”.

El Gobierno destinará 11.880.000 euros en 2016 y 2017 a costear los vuelos secretos de deportación de inmigrantes en situación irregular, operativos cargados de críticas de ONG y expulsados casi imposibles de contrastar debido a la opacidad oficial que les caracteriza. El Ejecutivo ha iniciado los trámites de la convocatoria del concurso público para el “transporte aéreo de repatriados”, que estará sostenido con este presupuesto máximo, muy similar al del anterior ejercicio.

El anterior concurso, dotado de un presupuesto de 12 millones de euros para 2015 y 2016, fue adjudicado a Air Europa y Swift Air, empresas que seguirán ocupándose de este servicio hasta mayo de este año, según fuentes del Ministerio del Interior. Es entonces, dentro de cinco meses, cuando entrará en vigor la adjudicación que resulte de la convocatoria actual, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de enero.

Aunque el precio que le cuesta cada vuelo de deportación a las arcas públicas es desconocido, el pliego de la convocatoria anterior lo cifraba en decenas de miles de euros: una hora de trayecto podía alcanzar los 22.000 euros como máximo, según Interior.

Los números que marcó entonces el Gobierno variaban en función de la capacidad de la nave. Una hora en el aire de recorrido en las naves más pequeñas (de 75 plazas) se pagó a 9.000 euros en 2015. Si se trataba de un avión de 76 a 120 plazas, la hora cuesta 10.500 euros; de 121 a 200 asientos el precio se sitúa en 17.000 euros. La hora de vuelo en los traslados en aviones con capacidad para más de 200 pasajeros se pagan hasta mayo de este año a 22.000 euros. Por el momento, el Ministerio del Interior no ha concretado las condiciones de la nueva convocatoria.

El Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134  vuelos en 2014 con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia, según los únicos datos oficiales existentes al respecto, recogidos por la Defensora del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Aunque las denuncias de abusos policiales en el interior de los vuelos no se reflejan en el informe, la institución pide al Gobierno la grabación de estos operativos “en especial cuando la repatriación se considera conflictiva”.

Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.

Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, este no es el coste definitivo de un vuelo de deportación. La convocatoria publicada en el BOE hace referencia únicamente a la contratación del servicio prestado por la aerolínea pero, recuerdan, a ello hay que añadir los gastos derivados del fuerte operativo policial desplegado en cada vuelo, y los propios Centros de Internamiento para Extranjeros.

El reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías presentes en cada dispositivo de deportación debe igualar al número de repatriados.

¿Qué pasa en los vuelos?

El Ejecutivo tan solo ha confirmado la iniciación de trámites para la adjudicación de un nuevo contrato público. Durante los dos años anteriores, Air Europa se ha encargado de las expulsiones en grandes vuelos con destino a América Latina, África subsahariana, Europa del Este y Asia, explican fuentes de la Campaña por el Cierre de los CIE que hacen seguimiento de los procesos de reptriación. Swift Air se dedicaba a los vuelos con destino a Marruecos, vía Melilla o Jerez de la Frontera, así como a los traslados internos entre diversos CIE dentro del Estado español, recuerdan.

Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto. El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las  sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.

La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.

Sin embargo, las vulneraciones de derechos humanos son muy complicadas de demostrar, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que obligan a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias (las actuales se desconocen por el momento). Lo que pasa en el avión, permanece en el avión.

El BOE recoge hoy la formalización del contrato entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Air Europa y Swiftair para el traslado de extranjeros a sus países de origen o a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El presupuesto para estos servicios durante un año es de casi 12 millones de euros, aunque el coste final dependerá del número de vuelos realizados.

No es la primera vez que la UTE resulta adjudicataria de este contrato. En 2013 ya fue la empresa elegida y el presupuesto máximo era muy similar: 11.880.000 euros frente a las 11.985.600 de esta convocatoria.

Eso sí, entonces se adjudicó mediante negociado y esta vez se ha llevado a cabo vía concurso abierto, pero Air Europa y Swiftair han sido las únicas empresas que se han presentado. Las compañías cobrarán de 8.750 a 20.300 euros por vuelo realizado, dependiendo de su capacidad -de 75 a más de 200 personas. Además, se les pagará entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra.

El contrato, como pasaba con el anterior, incluye el traslado de los extranjeros y los funcionarios que los custodien a los centros de internamiento (CIE) o a sus países de origen en el caso de que pese sobre ellos una orden de expulsión forzosa. Las empresas adjudicatarias no podrán incluir en estos vuelos a otros usuarios, pese a que queden plazas libres en el avión, ni transportar cargas o mercancías que no tengan relación con el objetivo del viaje, tal y como se desprende de las prescripciones técnicas, que recogen además las condiciones de estos vuelos: se suministrará agua mineral a los pasajeros y, si el viaje supera las dos horas de duración, comida. Eso sí,** nada de bebidas alcohólicas**.

Aunque la formalización se llevó a cabo en mayo y el 15 de ese mismo mes empezó la ejecución del contrato, que dura un año, no ha sido hasta hoy que ha aparecido en el BOE.

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“Si no hay una política de retornos, tampoco habrá base para la política de refugiados”. El mensaje formulado en cada una de las reuniones europeas sobre la respuesta a la crisis humanitaria se ha materializado en un paquete de medidas para acelerar las repatriaciones de miles de migrantes. Mientras los discursos se centraban en la necesidad de reforzar las deportaciones para evitar un supuesto “efecto llamada”, poco dijeron acerca de las otras “deficiencias” reconocidas por la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa y diferentes ONG y colectivos sociales: las vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas repatriadas a la fuerza y la falta de organismos independientes de control.

En España, por ejemplo, las denuncias apuntan al uso desproporcionado de la fuerza en los vuelos de deportación, el empleo de sedaciones forzosas sin atender exclusivamente a un criterio médico, la falta de garantías jurídicas en las repatriaciones exprés -aquellas ejecutadas en las 72 horas posteriores a su detención-, o a las malas condiciones de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), cuya finalidad es la expulsión de las personas retenidas. La falta de un control independiente permanente en el caso de los vuelos de deportación deriva en la imposibilidad de comprobar el respeto de los derechos humanos en su interior.

Este jueves los ministros de Interior europeos se comprometieron a cumplir el 'Plan de Acción de la Unión Europea sobre Retorno' con el objetivo de “reforzar” los mecanismos de deportación de migrantes en situación irregular.

Las medidas más destacadas por la Comisión y los estados miembros se basan en la búsqueda de más acuerdos de readmisión -a través de incentivos y presiones- con los principales países de origen de estas personas, la creación de una oficina específica de la agencia europea de Fronteras (Frontex) dedicada exclusivamente a las repatriaciones, y la mejora de los sistemas de información europeos para detectar y detener a los futuros expulsados.

Versión del repatriado y versión policial

El plan de retorno menciona de forma breve el deber de cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos y cita la adopción del 'Manual de retorno“, que ”provee las pautas, las mejores prácticas y recomendaciones para llevar a cabo devolver de una manera eficaz y humana en el pleno respeto de derechos y garantías fundamentales“.

El borrador de este manual incluye medidas como la garantía de un control eficaz del proceso de deportación a través de un organismo independiente que, sin embargo, en buena parte de los estados no se cumple, lo que impide conocer si se respetan los escasos límites impuestos por la legislación europea a, por ejemplo, el uso de la fuerza en el interior de los vuelos de deportación, el empleo de sedaciones forzosas o los sistemas empleados en la detención de los repatriados.

“Si no todos, la mayoría de los estados europeos no cuentan con un sistema eficaz de control independiente en cada uno de los vuelos de deportación”, afirma Barak Kalir, profesor de la Universidad de Amsterdam, quien está investigando las deportaciones en España, Grecia, Holanda, Ecuador e Israel.

“Por ejemplo, en Holanda, mientras la Policía nos dice que los agentes son muy educados con los repatriados y cumplen de forma estricta los derechos humanos, otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rigth Wach denuncian hechos muy graves. Si el deportado denuncia agresiones y tiene incluso pruebas de ello, la Policía puede decir que fue proporcional a la resistencia de este en el vuelo”, explica Kalir.

“Sin un control independiente, es imposible saber quién dice la verdad. Siempre tendremos las dos versiones”, añade el profesor.

La falta de control permanente en España

El organismo responsable del control del sistema de deportaciones en España es la Defensoría del Pueblo, que no tiene asignada una tarea de vigilancia permanente sino que se limita a inspecciones puntuales, según fuentes de la institución.

La institución representada por Soledad Becerril, a través del Mecanismo Nacional contra la Tortura, controla estos vuelos de forma puntual, a través de esporádicos exámenes sorpresa en los que un representante se sube en uno de los traslados. En el año 2013 se realizaron cerca de 150 vuelos de repatriación, de los cuales solo uno contó con la presencia del organismo. En 2014 supervisaron cuatro viajes.

La Comisión Europea concluyó en 2014 a través de un análisis del cumplimiento de la legislación europea de retorno que a la hora de aplicarla “siguen existiendo deficiencias como determinados aspectos de las condiciones de detención o la falta de independencia de los sistemas de supervisión de los retornos forzosos”. Además, añadía “en muchos Estados miembros hay margen de mejora a través de un uso más sistemático de las alternativas a la privación de libertad y el fomento de la salida voluntaria”.

Debate sobre las “condiciones dignas”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), que también propuso el refuerzo de los mecanismos de retorno de las personas que “no necesiten protección internacional”, recuerda que siempre debe hacerse en “condiciones dignas”. Con ello se refiere a “todo el proceso”, es decir, desde el acceso al asilo, el estudio exhaustivo de su solicitud y de su situación personal de vulnerabilidad, hasta la ejecución de la propia expulsión, indican fuentes de Acnur.

La posición de las organizaciones sociales que componen la plataforma 'Stop Deportaciones' choca con la propuesta lanzada por Acnur. El colectivo se opone al refuerzo del sistema de deportaciones europeo sin matices y rechaza el argumento empleado por la Unión Europea para impulsar el nuevo plan en plena crisis de refugiados.

“Su fundamento es que para que unos se puedan quedar, otros se tienen que ir. La protección internacional es obligación de los estados. No se puede, a cambio de proteger a unas personas, desproteger a otras, sean refugiados o migrantes”, señala una portavoz del colectivo.

“La dignidad es contraria a la base de las propias deportaciones”, añade. “Significa la ruptura de una vida construida tras su proyecto migratorio. Las medidas incluidas en el Protocolo de deportación español son todas humillantes. Consisten en amordazarte, sedarte, golpearte... Todo esto no permite que se cumplan las condiciones de dignidad”, concluyen desde el colectivo.

Sergio Morales, el dominicano que iba a ser expulsado pese a estar casado con una española, tener dos hijos y llevar 22 años viviendo en España, sigue en el CIE de Aluche, en Madrid, después de que se paralizara su deportación en el último momento este miércoles.

¿Qué le espera ahora? En el CIE puede pasar un máximo de 60 días según la Ley de Extranjería. Ingresó el 1 de julio, así que tendría que salir a final de agosto como máximo. Sin embargo le han dicho que antes de que eso suceda, “en unos 10 ó 15 días” lo embarcarán en un avión rumbo a República Dominicana, según ha contado el propio Sergio a eldiario.es.

El cónsul de su país, Juan Cuevas, ha tomado cartas en el asunto: “Nuestros abogados fueron al CIE a visitar a cuatro compatriotas, entre ellos a Sergio. Estuvieron allí hace 15 días, pero a él no le avisaron y no bajó. Van a volver el próximo lunes porque vamos a tomar el asunto, entendemos que no procede la deportación”.

No procede porque Sergio tiene arraigo, es decir, una vida familiar aquí con mujer e hijos. Se le ha aplicado el polémico artículo 57.2 de la Ley de Extranjería. Polémico porque dependiendo del juez se está aplicando de manera distinta. Establece que se puede expulsar a un extranjero que haya sido condenado por un delito que conlleve más de un año de prisión. Él fue condenado a 28 meses de cárcel hace 6 años por un delito de agresiones contra un cliente cuando era portero de discoteca.

El procedimiento para estos extranjeros es el siguiente: “Cuando van a ser puestos en libertad, la institucion penitenciaria lo comunica a la Delegación de Gobierno. Entonces, la administración -no un juez- incoa un procedimiento de expulsión”, cuenta el profesor de Derecho y miembro de I+D+i Iusmigrante José Miguel Sánchez Tomás.

El Gobierno rompe su compromiso

A veces se tiene en cuenta el arraigo familiar y a veces no, como en el caso de Sergio. Se debería tener en cuenta siempre, ya que el abogado del Estado se comprometió en marzo de este mismo año a contemplar las raíces familiares y personales a la hora de aplicar el artículo 57.2. Fue en el caso de G.V.A. -una ciudadana argentina que tiene un hijo- contra España, que pretendía expulsarla y que perdió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el representante del Estado se comprometió a que no se iba a repetir. “En el futuro la interpretación del artículo 57.2 (...) se realizará puesta en relación con los criterios que recoge el artículo 57.5.b”, el referente al arraigo.

El cónsul dominicano cuenta que recibieron la notificación de la deportación el 30 de julio y que tienen una petición abierta con las autoridades españolas. “Hemos dialogado con las autoridades y hemos dicho que no damos la carta de ruta -el documento que formaliza la repatriación- si antes no nos podemos comunicar con la persona deportada. Y dos, que entendemos que hay que dejarle al menos una maleta para que sea deportado de forma digna, es que no les permiten ni despedirse de la familia”.

Sergio se iba con lo puesto y sin despedirse. Su mujer, Mari Carmen, pasó el miércoles en el aeropuerto con el hijo de ambos luchando contrarreloj: “No entiendo cómo nos hacen pasar por esto, vuelvo a casa destrozada, ha sido un día horrible”. Además, cuenta el motivo de la paralización, no confirmado por fuentes oficiales: “Me dijeron que el Ministerio de Interior reservó la plaza el 30 de julio, pero no la abonó, así que se llevaron a mi marido a primera hora a Barajas y luego lo devolvieron al CIE por falta de pago”. Al consulado no le han comunicado oficialmente ningún motivo.

Lo que le queda a Sergio es poner un recurso contencioso administrativo contra su deportación. La carta que ha mandó el cónsul dominicano a la Delegación de Gobierno el pasado 3 de agosto de momento no ha sido contestada. “El comisario jefe del área de deportaciones nos dijo que hay orden de un juez y que la policía no puede hacer nada”, relata el representante del gobierno dominicano.

Ni la Dirección General de Policía ni el Ministerio de Interior han contestado a las preguntas de eldiario.es

Hace ya casi dos décadas –19 años exactamente– de aquel macabro episodio protagonizado por el ministro del Interior, Mayor Oreja, y el presidente del Gobierno, Aznar. El primero ordenó drogar con haloperidol a 103 migrantes que fueron deportados en cinco aviones militares desde Melilla a Mali, Camerún, Senegal y Guinea Bissau, los cuatro países que aceptaron la mordida del gobierno español. El escándalo provocó aquella lapidaria frase de Aznar: “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”.

Si hace dos décadas hubiéramos caricaturizado la política de deportaciones del gobierno español, es muy probable que nos hubiéramos quedado cortas. ¿Nos habríamos imaginado que ese escandaloso vuelo organizado por Mayor Oreja y Aznar se repite (cada año) alrededor de 150 veces? ¿Que cada tres días despega desde territorio español un vuelo de deportación? ¿Se nos habría ocurrido que esos vuelos tienen un médico empotrado en el operativo policial que puede autorizar el uso de sedantes? ¿Habríamos imaginado –allá por 1996– la existencia de cacerías policiales de inmigrantes por nacionalidad en cada ciudad de España, cuyo objetivo es llenar aviones con mercancía humana? ¿Nos habríamos creído que, en 2007, el ministro Rubalcaba iba a aprobar un Protocolo para las deportaciones que, ante la ingente batería de recursos represivos autorizados, recuerda a los escoltas que no deben atentar contra las constantes vitales de los deportados?

En definitiva, ¿se nos habría ocurrido dibujar en una viñeta a dos escoltas amordazando a un inmigrante hasta la asfixia? ¿Y a un juez condenándoles a 600 euros de multa por la responsabilidad en esa muerte?

Hace ya casi una década que el gobierno de Zapatero respondió a la llamada “crisis de los cayucos” con el Plan África (en aquel año, 2006, unas 31.000 personas llegaron a las costas canarias de forma clandestina). El tono humanitarista con que fue presentado –se trataba de evitar que los y las inmigrantes, pobrecitas, tuvieran que salir de sus lugares de origen– contrastaba con el verdadero contenido del Plan: reforzar el despliegue policíaco-militar en la llamada frontera sur; garantizar la colaboración de los países del África Subsahariana en el control migratorio a cambio de un puñado de euros; y, quizás lo más importante, agitar el peligro de invasión migrante para justificar el desembarco en África de empresarios, militares y diplomáticos cuya misión era –y sigue siendo– salvaguardar el flujo ininterrumpido de energía (gas y petróleo) hacia España, los intereses de las empresas de hidrocarburos y el expolio pesquero de buena parte de la costa africana.

Ante la alarma de los dirigentes políticos anunciando con angustia la avalancha inexorable de decenas de millones de africanos y africanas, quizás algún humorista gráfico –allá por el año 2006– trató de exagerar la violencia ejercida por la UE y el Estado español en la frontera sur. Sí, quizás a ese dibujante se le pudo ocurrir una viñeta de guardias civiles disparando balas de goma contra cuerpos de migrantes que, nadando, trataban de alcanzar la playa; o puede que el dibujo fuera otro: aquel que representaba a los aviones europeos bombardeando las embarcaciones de la inmigración clandestina.

Nadie dibujó, en realidad, esas dos viñetas.

Y es que, como ya anunciaba Günter Anders a mediados del siglo XX, nuestra imaginación se ha quedado pequeña, atrofiada, obsoleta, frente a nuestra capacidad real de cometer atrocidades.

“Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son espacios sin ley”. La frase repetida hasta la saciedad por colectivos y ONG que tratan de vigilar el respeto de los derechos humanos en su interior no se aleja de la realidad. La normativa llegó tarde y envuelta en multitud de críticas pero incluía una serie de mejoras “mínimas”, según las organizaciones sociales. Transcurrido un año y tres meses de la aprobación del reglamento que regula los CIE, no se han aplicado estas novedades ni tampoco muchas de las resoluciones de los juzgados encargados de controlar el respeto de los derechos de los internos.

Diferenciación entre control policial y asistencia

El reglamento, muy limitado al no incluir la jurisprudencia de los juzgados encargados del control, establecía una diferencia básica en la gestión del CIE -centros no penitenciarios donde son internados extranjeros a la espera de su expulsión-. Aunque estos seguirían dependiendo de la Dirección General de Policía, la normativa incluía la exigencia de diferenciar entre la seguridad del centro y la labor asistencial.

En este aspecto, la normativa es clara. “En la organización y actividad diaria de los centros deben diferenciarse dos ámbitos bien distintos y que, a su vez, responden a finalidades diferentes (…). Por un lado, la seguridad de los centros se atribuye al Cuerpo Nacional de Policía. Por otro, la faceta asistencial que debe ser asumida por personal especializado ajeno a la policía, concretamente empleados públicos dependientes de la Administración”.

Para alcanzar esta meta, el reglamento añadía nuevas figuras en su estructura, que deberían incorporarse en cada uno de los siete CIE existentes en España: un administrador encargado de las labores asistenciales, así como una “junta de coordinación” entre ambas áreas (social y policial). Esto aún no existe, según han confirmado las organizaciones sociales que trabajan en el interior de estos centros.

Más allá de la diferenciación de ámbitos, la mayoría de los CIE no ofrecen servicios sociales. Solo cuentan con ellos los centros de Madrid y Barcelona. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía para conocer las razones de la tardanza a la hora de aplicar la nueva normativa pero no ha recibido respuesta.

Servicios sanitarios ¿públicos?

El reglamento contempla que los servicios médicos dependan de un médico del sistema de salud público. “En cada centro existirá un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, que estará auxiliado en sus cometidos por, al menos, un ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en enfermería”, reza la normativa. No se ha cumplido. En el CIE de Aluche, por ejemplo, la gestión de los servicios sanitarios corre a cargo de una empresa privada, Clínica Madrid.

Además, menciona el reglamento, los CIE contarán con una atención médica y farmacológica “permanente y de urgencia”. Tampoco: en Tarifa, Algeciras, Fuerteventura, Tenerife, Las Palmas, Murcia, Valencia y Barcelona los internos solo pueden acudir a los servicios sanitarios por la mañana, según el estudio realizado por la ONG Pueblos Unidos. En el centro de Madrid, no hay ningún médico durante las noches de lunes a viernes. Durante el fin de semana, solo están presentes por la mañana.

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Recoge tus cosas: te vas a tu país

Cuando surge una denuncia concreta sobre algún CIE, el Gobierno suele acudir a la vigilancia independiente efectuada por los llamados juzgados de control. Cada ciudad tiene estipulado uno o varios magistrados que, supuestamente, velan por el respeto de los derechos de los internos. Sin embargo, todavía hay exigencias de los magistrados que no se cumplen, según denuncian las ONG especializadas. Una de ellas: el derecho del interno a saber cuándo y cómo será expulsado.

“Un problema importante con las resoluciones de los juzgados de control es desobediencia por parte de algunos CIE”, afirma Cristina Manzanedo, responsable del área jurídica de Pueblos Unidos. “Los avisos con antelación de las deportaciones o facilitar una llamada gratuita a su país de origen, [para que su familia o amigos puedan recogerle o saber que vuelve] se cumple de forma desigual”, añade. Varios testimonios recabados por eldiario.es afirman que son comunes las notificaciones de expulsión incompletas o con datos incorrectos. Este medio ha tenido acceso a cartas en las que aparecen horas de salida diferentes para un mismo vuelo de deportación.

“No sé a qué hora sale porque en su carta aparecía una hora y en la de sus compañeros, otra. En unas dice que el vuelo va directo a Senegal. En otras, especifica que hace escala en Nigeria”, contó Sheila horas antes de del inicio de la deportación de su novio. No sabía a qué hora partía ni a qué hora llegaba al país africano. Estuvo en vilo hasta que recibió una llamada, ya desde Dakar, de la persona con la que comparte su vida desde hace cuatro años.

Más peticiones judiciales: móviles en los CIE

Los móviles están prohibidos en el CIE. Los relojes también. Prácticamente todos los objetos personales de las personas internadas son requisados por la policía. Con suerte, se los devolverán en España, a su salida del centro. Eso siginificaría que no han sido expulsados. Los deportados no recibirán sus pertenencias hasta su llegada a su país de origen, tras el aterrizaje.

Los internos no pueden llamar a sus familiares cuando les place, cuando lo necesitan, si no que deben esperar las largas colas que suelen rodear a los escasos teléfenos públicos con los que cuentan estos centros. Llamar desde el exterior a, por ejemplo, el CIE de Aluche (Madrid) es desesperante. Comunica de forma constante y lograr una respuesta al otro lado del teléfono se convierte en odisea. En Valencia, sin embargo, es más sencillo recibir una contestación.

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Pero ¿por qué no pueden llamar cuando quieren a través de sus teléfonos? El juez encargado del control del CIE de Barcelona se hizo la misma pregunta. La respondió con un auto en el que ordenó a finales de mayo a la dirección del centro que se permita el uso de móviles -sin conexión a internet- a los inmigrantes y que no se les retire el reloj a su entrada.

Consideró que su utilización no supone una “perturbación del orden del centro”, sino que “alivia la soledad y angustia de los internos” al permitir su comunicación con familiares. Sobre los relojes, además de exigir que dejen de retirarlos, pide que se coloquen relojes de pared porque actualmente no hay y los internos acaban “perdiendo la noción del tiempo”.