Cada vez que Fernando Zerpa, de 56 años, vuelve a casa tras finalizar su jornada de trabajo como recepcionista de un hotel en Maspalomas, puede sentir cómo la temperatura aumenta unos pocos grados hasta alcanzar El Tablero, el barrio donde reside, situado a solo dos kilómetros de las zonas más turísticas de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria.

“Cuando me subo a la moto, noto en qué zonas hace más frío o más calor. Y cuando llego a El Tablero, siento que aumenta la temperatura”, asegura Zerpa. “Probablemente porque está arriba, en una meseta. Pero al intentar buscar algo húmedo, fresco, es imposible. No hay nada. Nunca hicieron jardines ni zonas verdes. Todo es picón”.

Zerpa no se lo está imaginando. Las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana, que incluyen Playa del Inglés, Meloneras y Campo Internacional, son más frescas, cuentan con más zonas verdes y también presentan más recursos para combatir el calor que los barrios donde vive la población local, en concreto El Tablero y San Fernando, según un Trabajo Final de Máster (TFM) de Jody Holland, del Máster Erasmus+ Mundus en Islas y Sostenibilidad coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con las universidades de Groningen (Países Bajos), del Egeo (Grecia) y la de Islandia.

A partir del estudio de datos satelitales, la investigación demostró que la temperatura superficial de las zonas turísticas es de media 1,75 grados menor que la de los barrios residenciales, donde se superan habitualmente los 40 grados; que el índice de vegetación (NDVI, en sus siglas en inglés), en el que un valor cercano a 1 indica una vegetación densa y sana, es significativamente superior en las primeras (0,129) que en las segundas (0,085); y que el índice de agua superficial (NDWI, en sus siglas en inglés), aunque en parámetros negativos en ambos casos (lo que manifiesta su aridez), muestra que las zonas turísticas no están tan mal (-0,025) como las residenciales (-0,054).

Pero ahí no acaba todo. Holland estudió el número de piscinas en la localidad para escalar en una misma variable su concentración en el mapa, partiendo del valor -1 como base. En Playa del Inglés, Meloneras y Campo Internacional, la densidad es de 1,274, es decir, una auténtica saturación de piscinas. Mientras que en El Tablero y San Fernando es de apenas -0,201, todo lo contrario.

Los resultados del estudio también apuntan que, por cada kilómetro de distancia de la costa en Maspalomas, la temperatura crece 0,57 grados. Y que cuando una zona presenta múltiples construcciones turísticas, se produce un efecto oasis: ya que su desarrollo implica sí o sí espacios verdes y piscinas, es más fácil lograr un “bonus de enfriamiento”.

Ante un planeta cada vez más cálido a causa de la crisis climática, la resortificación del paisaje de Canarias está generando injusticias microclimáticas, entendidas por Holland como “las desigualdades que surgen dentro de una misma región a partir de diferencias en la exposición y la resiliencia frente a condiciones climáticas adversas, con impactos en la salud, el nivel y la calidad de vida”.

Verónica Franquis, de 52 años, vecina de El Tablero desde hace dos décadas, coincide. Sentada en un bar, señala a una explanada de cemento frente al colegio del barrio donde la vegetación brilla por su ausencia. Dice que es un ejemplo de las muchas “islas de tierra” del pueblo, inundado de hormigón.

“Cada vez hay gente más adulta. ¿Dónde se van a sentar en la calle? ¿Por qué tenemos que estar encerrados en nuestras casas? Ha subido la temperatura. El sol no es el mismo. Pero si quieres salir a leer un libro, solo puedes ir al Parque del Sur [a las afueras de El Tablero]”, lamenta Franquis. “Mientras mantenemos campos de golf, aquí, que somos la gente del pueblo, estamos olvidados. Todo está pensado para el turismo”. San Bartolomé de Tirajana es la meca del turismo canario. El municipio que más visitantes recibe. Solo en 2024 fueron 1,76 millones.

Holland cree que el afán de atraer a cada vez más visitantes ha priorizado la inversión de las administraciones canarias en convertir regiones secas y áridas en verdes y refrescantes, haciéndolas más agradables para los turistas. “Sin embargo”, agrega, “hay pocos incentivos económicos para realizar las mismas inversiones en las urbanizaciones destinadas a la mano de obra del turismo, que a menudo se ve relegada a la periferia. Como resultado, sus viviendas suelen ser más calurosas y vulnerables al cambio climático y las olas de calor”.

En su opinión, barrios como El Tablero o San Fernando no están preparados para combatir el incremento de las temperaturas que se avecina. Sostiene que ante fenómenos extremos podría ser “muy peligroso” para personas mayores completar tareas rutinarias, como ir al supermercado, o arriesgado que los niños jueguen al aire libre en campos de césped artificial. Destaca que esto ocurriría al mismo que “los turistas más adinerados siguen pudiendo disfrutar de un baño o una partida de golf a pocos metros de distancia”.

Aarón Ramírez, de 39 años, también vecino de El Tablero, reconoce que los lugares de recreo en el pueblo están “desolados” y carecen de árboles que den sombra, obligando a los padres a desplazarse a las zonas más turísticas para que sus hijos puedan divertirse. El hombre relata que los episodios de calima cada vez más intensos le están provocando dificultades para dormir por culpa del calor e irritación de garganta. Zerpa añade que los mayores están sufriendo “sofocos” constantes en los últimos años por esto mismo.

Ambos confiesan sentir cierto grado de resignación al observar cómo los recursos económicos son destinados primero al turismo, “la gallina de los huevos de oro, la que nos sustenta a todos, que hay que tenerla siempre de punta en blanco”, dicen. Pero para los residentes, el cuidado llega “en otras vertientes, no en esta que estamos comentando”.

Tanto Zerpa como Ramírez piden instaurar una “filosofía verde” en la planificación local que transforme las “islas de tierra” en verdaderas zonas verdes e introduzca vegetación en colegios e institutos, incluso dentro de las aulas, para mejorar el bienestar del alumnado.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no ha respondido a las preguntas enviadas por Canarias Ahora. El Consistorio anunció en verano del año pasado que destinaría casi tres millones de euros a crear ‘islas de frescor’ en colegios y entornos urbanos, de los cuales el 85% sería financiado con fondos europeos.

Según datos publicados por el Gobierno de Canarias, el 5,2% del suelo del municipio está degradado. Pero no hay cifras para calibrar la satisfacción de la población con el estado de sus zonas verdes. Solo hay un dato autonómico: el 38,2% de los habitantes isleños considera que alrededor de sus viviendas no hay suficientes árboles, parques o jardines, el porcentaje más alto de España con diferencia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen por detrás Andalucía (27,5%), Baleares (26%) y Murcia (24,6%).

Lo que ocurre en el sur de Gran Canaria, eso sí, no es una excepción. Isabelle Anguelovski es directora del Laboratorio de Barcelona para la Justicia Ambiental Urbana y la Sostenibilidad (BCNUEJ, en sus siglas en inglés), del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha estudiado ampliamente la justicia ambiental urbana, la gentrificación verde y la adaptación climática. Y lo tiene bastante claro: “En un país que depende tanto del turismo, se hace todo lo posible para salvar los intereses del sector”.

Anguelovski menciona como ejemplos los cortes de suministro de agua potable en regiones turísticas mientras las piscinas de los hoteles continúan operativas. O las segundas residencias de las que disfrutan muchos visitantes para evadirse de los denominados “sacrificios climáticos” que exige la nueva realidad ambiental.

Los trabajadores, continúa, a menudo personas racializadas o con bajos ingresos, son “invisibles”. La gentrificación los expulsa de las ciudades, obligándoles a vivir en “casas más pequeñas, más densas, sin aire acondicionado o ventilación, y sin buen aislamiento”. Anguelovski asegura que las instituciones prefieren invertir en zonas estratégicas y de revalorización inmobiliaria antes que hacerlo en barrios de clase trabajadora. El porqué, remacha, es muy sencillo: los ingresos allí son más altos. Y por tanto el retorno económico será mayor.

“El problema son los privilegios verdes, los privilegios climáticos que crean este tipo de inversiones cuando se dirigen solo a un sector muy temporal que, además, extrae mucho de los recursos naturales de un pueblo. Que esto ocurra al mismo tiempo que no se protege a los barrios con infraestructura de protección contra el cambio climático es una aberración total”, sentencia la experta.

Los gobiernos promueven así una “individualización de la resistencia climática” en la que cada ciudadano debe “inventarse” los medios para pagar el aire acondicionado o rehabilitar su casa sin intervención pública. Y en un mundo desigual, algunos sufren más que otros.

Julio Díaz es investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En sus estudios, ha encontrado que, en términos de mortalidad, lo que más afecta en una ola de calor es la renta (la diferencia entre vivir en un chalé con piscina o en un piso de 30 metros cuadrados sin ventilación), la calidad de la edificación y zonas verdes.

Pero también recuerda que debe analizarse si lo que realmente mata son las temperaturas mínimas o las máximas. Sus investigaciones han demostrado que, en algunas ciudades, como Madrid y Murcia, la máxima diaria se relaciona mejor con el exceso de mortalidad. Pero en Málaga, por ejemplo, es la mínima debido a la alta humedad, que impide al cuerpo recuperarse durante la noche.

Díaz matiza que no se pueden extrapolar resultados de un lugar a otro sin más. Por eso cree que es necesario realizar estudios locales que demuestren una correlación directa entre esas temperaturas específicas y el aumento de mortalidad o ingresos hospitalarios.

El experto, por otro lado, introduce un factor crítico que a menudo se ignora: la relación entre el calor y la calidad del aire. Una investigación en la que participó encontró que entre los años 2013 y 2018 se registraron anualmente en Canarias unos 1.879 ingresos hospitalarios urgentes por la contaminación (ozono y partículas en suspensión) frente a solo 42 por las olas de calor y frío combinadas.

Díaz hace hincapié en estos hallazgos porque sostiene que existe una tendencia política a culpar al cambio climático para evitar tomar decisiones locales valientes e impopulares, como la aprobación de zonas de bajas emisiones (San Bartolomé de Tirajana acordó la suya en febrero del año pasado, dos años después del límite legal).

“En la mortalidad, influye tanto la contaminación como la temperatura en las olas de calor. Por lo tanto, tengo que atacar los dos grupos. ¿Por qué solo se ataca el calor? Creo que es mucho más fácil echarle la culpa al cambio climático, cuyo origen es global, aunque sus emisiones sean locales, que no tomar medidas para reducir el tráfico”, concluye el científico.

El Grupo Popular en el Senado ha registrado una pregunta al Gobierno de España en relación a la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, en el Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación Nacional, organizado la pasada semana por los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, y que supuso un desembolso de 500.000 euros.

Así lo ha anunciado hoy el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, asegurando que su formación quiere “llegar hasta el fondo de este asunto, exigiendo explicaciones a las distintas administraciones implicadas en la organización de esta fiesta de lujo en el sur de Gran Canaria, que ha costado medio millón de euros a las arcas públicas”.

Ramos señala que su Grupo, a través de la Comisión de Interior, ha pedido aclarar cuántos miembros de la subdelegación del Gobierno en Las Palmas asistieron al evento y si esta administración del Estado en la provincia tenía conocimiento de la cuantía del acto.

El congreso y las fiestas de lujo privadas para altos funcionarios celebradas entre los días 16 y 19 de noviembre en Playa del Inglés se organizaron a través de un procedimiento de negociado sin publicidad. El expediente de contratación supuso un desembolso de 500.000, 30 euros, 400.000 aportados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y 100.000 por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Durante los días de celebración, los asistentes al evento “disfrutaron” de catering, champán, fuegos artificiales, actos lúdicos y festivos y conciertos a cargo de Cristina Ramos y Dani Martín; entre otros.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido cancelar la celebración de la sexta edición del Maspalomas Soul Festival previsto para la última semana de julio en la playa de San Agustín, al sur de Gran Canaria, por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que ha tomado esta decisión ante las medidas que han de establecer las administraciones públicas para evitar los contagios y la preservación de la seguridad en lugares públicos, que limitan “las posibilidades de reunión y concentración de los amantes de la música soul, en torno a un escenario en la playa de San Agustín”.

También dice el Consistorio que ha influido la cancelación de un festival homónimo que se celebra en Porretta (Italia), “con quien se comparte diversos elementos organizativos”.

Y “como elemento no menos a considerar”, se suspende el Maspalomas Soul Festival para destinar “la mayor cantidad de recursos posibles del presupuesto municipal a la atención de las familias que, como consecuencia de esta crisis sanitaria y económica, han perdido los ingresos y sufren enormes dificultades para alimentar, alojar y vestir a sus miembros”.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asegura que, “si las circunstancias son favorables”, el Maspalomas Soul Festival se celebrará en el mes de julio de 2021.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, junto al Cabildo de Gran Canaria, invertirá 100.000 euros a través del Consorcio Turístico Maspalomas – Gran Canaria, para poner en marcha una serie de actuaciones que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias en sus playas. En un comunicado, el Consistorio explica que espera que con el inicio de la fase 2 que permite el uso recreativo de estos espacios el municipio pueda dinamizar y poner en marcha la economía local.

“Se señalizarán con postes informativos en varios idiomas todos los accesos de las playas del municipio, se colocarán servicios de megafonía para comunicar las recomendaciones sanitarias, se instalarán más de 100 metros de nuevas pasarelas que amplíen el número de accesos y garanticen las medidas de distanciamiento social y se pondrán en marcha campañas de concienciación ciudadana en soportes publicitarios con el fin de dar a conocer las medidas preventivas”, explica en la nota.

Además, se reforzarán los servicios de vigilancia con actuaciones coordinadas entre la Concejalía de Atención y Cuidado del Litoral, Policía Local y Cruz Roja para que se cumplan los usos que se establecen en los protocolos y se garanticen las medidas de distanciamiento social. En este sentido, el servicio de salvamento estará operativo desde las 10.00 a las 17.00 horas.

Por otro lado, las duchas y lavapiés permanecerán abiertos y se realizarán limpiezas de choque de forma diaria en los principales accesos de las playas. En cuanto los servicios de hamacas y sombrillas, el Ayuntamiento pondrá en marcha todos los sectores a un tercio de su capacidad en las próximas fechas para asegurar que se cumplan las medidas de distanciamiento y se realizarán desinfecciones con productos biodegradables y no perjudiciales para el medioambiente.

En relación a los usos de las de las playas, se establecen los que marca la ordenanza municipal, exceptuando las restricciones de uso de actividades de ocio, deportivas y recreativas que establecen los protocolos sanitarios y también se eliminará el cobro en efectivo sustituyéndolo por el pago con tarjeta.

Unidos por Gran Canaria se desune poco a poco. Al abandono del partido presidido por José Miguel Bravo de Laguna de su vicepresidente, Paco Pérez, y el comité local de San Bartolomé de Tirajana que él mismo encabezaba, se une ahora la marcha de Esther Monzón, exconsejera insular que llegó a ser la número dos y mano derecha en el grupo de Unidos en el Cabildo de Gran Canaria, entre 2015 y 2017.

La que fuera también directora del Aréa de Salud de Gran Canaria en el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (CC) de 2017 a 2019 se ha despedido por carta de su presidente, tras una serie de desencuentros que la han ido separando de la cúpula del partido, dirigida también por el hijo del presidente, Lucas Bravo de Laguna, desde la secretaría general. Monzón optó a la candidatura a diputada en la lista al Parlamento de Canarias de Unidos y Coalición Canaria, que en mayo pasado encabezó Pablo Rodríguez y en segundo lugar, Lucas Bravo.

Esther Monzón deja Unidos por Gran Canaria tras haber sido un fichaje relevante de Bravo de Laguna desde su etapa de presidente del Cabildo en las filas del PP. Lo que ha querido hacer sin ruido, además, declinando valorar su salida. La que fuera consejera insular y segunda de la lista de Unidos en las elecciones de 2015 se incorporó al grupo de Bravo antes de que este rompiera con el PP de José Manuel Soria, cuando el exministro decidió que Bravo no repitiera candidatura al Cabildo de Gran Canaria en las penúltimas elecciones insulares.

Monzón fue nombrada gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la Corporación insular en 2012, en el primer año de mandato de Bravo en el Cabildo, y ya en 2015 se convirtió en su mano derecha y número dos de la lista del nuevo partido político, Unidos por Gran Canaria, pasando a la oposición tras la victoria de Antonio Morales (NC) y el pacto de progreso con PSOE y Podemos.

El acercamiento de Unidos a Coalición Canaria en los últimos años produjo de paso el salto de Esther Monzón al Gobierno de Canarias, como militante de Unidos. En el mes de enero de 2017 fue nombrada directora del Área de Salud de Gran Canaria en el Servicio Canario de Salud, colaborando estrechamente con el director del SCS, Conrado Domínguez, y el consejero de Sanidad de entonces, José Manuel Baltar.

Este verano, tras el cambio de Gobierno regional después de 26 años de poder de Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma (32 años si se suma el tiempo que ha estado en el Ejecutivo desde 1987 como AIC), la ya exmilitante de Unidos cesó en su cargo en el Servicio Canario de Salud, y ya prácticamente desligada del partido ha decidido ahora comunicar su baja oficial, coincidiendo con la marcha del grupo de San Bartolomé de Tirajana con Paco Pérez al frente.

Fuentes oficiales del partido no descartan que se produzcan más bajas en Unidos en los próximos días, dada la repercusión que ha tenido la salida del grupo del sur de Gran Canaria. Sin embargo, restan importancia a esas bajas, condicionadas a unos malos resultados electorales en mayo que no han permitido que la presencia institucional de Unidos por Gran Canaria crezca en la isla, más allá del Cabildo de Gran Canaria, el ayuntamiento capitalino y el acta de diputado regional obtenido por Lucas Bravo de Laguna, todos en alianza con Coalición Canaria.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha avalado la resolución de la Junta de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana que denegó, en abril de 2018, la licencia de obra al grupo Loro Parque para la construcción del Siam Park en la zona de El Veril, en Playa del Inglés. La magistrada titular, María del Carmen Monte, ha desestimado el recurso presentado por los promotores, a quienes reprocha además que hayan pretendido obtener los permisos “al margen de la normativa legal vigente”.

En una sentencia fechada el pasado 31 de octubre, la jueza rechaza todos los argumentos esgrimidos por Loro Parque, que alegaba, entre otras cuestiones, “la falta de interés” del Ayuntamiento y su actitud “obstruccionista” con un proyecto declarado de interés general y estratégico para Gran Canaria. La empresa llegó a hablar incluso de “desviación de poder”.

La resolución judicial ve ajustada a derecho la decisión del Ayuntamiento de denegarle los permisos, ya que no contaba con los proyectos de reparcelación y urbanización requeridos “El hecho de que el suelo cuente con ordenación pormenorizada, en virtud del Plan de Modernización y Mejora (de El Veril), no conlleva un derecho automático a edificar”, expone.

Con relación a la falta de interés del Ayuntamiento, la sentencia expone que se trata de una “mera alegación subjetiva no avalada por prueba alguna” y recuerda que el grupo de gobierno municipal ya otorgó permiso de obras para la canalización de El Veril y que el pleno aprobó una moción en apoyo de la implantación en el lugar del parque acuático que pretende dar un nuevo impulso a la principal zona turística de Gran Canaria.

Tampoco aprecia una demora injustificada en la tramitación del procedimiento. Loro Parque sostenía que el retraso era de un año. La jueza, sin embargo, precisa que la solicitud de licencia se presentó el 18 de enero de 2018 y el acto administrativo denegatorio es de abril, es decir, tres meses después. La sentencia remarca que los promotores confunden la resolución por la que se demanda, el rechazo a la licencia de obra, con los expedientes para la reparcelación y urbanización del solar que no habían sido aprobados.

Loro Parque acusó a la Junta de Gobierno local de desviación de poder por “haber acudido a un eterno trámite de subsanación para dar una apariencia de legalidad (a la supuesta obstrucción a la justicia), trasladando a la empresa la responsabilidad del retraso”. El juzgado subraya que, si bien es cierto que se han realizado varios requerimientos de subsanación en el expediente, no se ha acreditado que ninguno de ellos haya sido improcedente, por lo que entiende que faltan pruebas para demostrar ese supuesto interés del Ayuntamiento en boicotear el proyecto.

Los promotores recurrieron también a varios artículos de la Ley del Suelo para justificar su demanda. En concreto, el que establece la posibilidad de simultanear las obras de urbanización y edificación. La sentencia recuerda que esta opción también está condicionada a la previa aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización.

Sobre el hecho de que el proyecto haya sido declarado de interés general y estratégico, el fallo precisa que “en ningún modo significa que la licencia deba ser concedida al margen de la normativa legal vigente, que es lo que parece pretender” la empresa.

La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El proyecto del Cabildo de Gran Canaria Masdunas para la recuperación de las Dunas de Maspalomas ha evitado hasta el momento que este espacio natural pierda 52.000 metros cúbicos de arena.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del balance de actuaciones realizadas en los últimos 15 meses en el marco de este proyecto, que ha entrado en su tercera y última fase tras haberse movido 52.000 metros cúbicos de arena de los 60.000 previstos para que no se pierdan en el mar.

La corporación grancanaria también ha informado de que han sido balizados y señalizados ocho kilómetros de senderos y han sido retirados 1.000 metros cúbicos de leña para el desmantelamiento de 169 goros y 14.200 ejemplares de tilapias de Mozambique de la Charca de Maspalomas, una especie exótica invasora.

Los trabajos realizados en este ecosistema dunar han permitido eliminar más de 600 cúbicos de flora exótica invasora, como tuneras indias y tabaco moro, y plantar casi 400 balancones para favorecer la formación de dunas junto a los captadores de arena.

También se han llevado a cabo 16 de los 18 vuelos previstos con drones para generar un modelo digital de elevaciones cuando concluya este proyecto, que se prevé que sea un éxito.

Masdunas concluirá a mediados del próximo mes de noviembre y se espera a que sus resultados definitivos se conozcan en febrero de 2020, según ha informado este viernes la consejera de Medio Ambiente del Cabildo grancanario, Inés Jiménez, quien ha asegurado que la institución quiere continuar con una intervención para preservar y visibilizar uno de los espacios protegidos más importante de la isla, cuyas acciones se definirán en función de lo que determine el estudio que está en marcha.

Jiménez ha dicho que el proyecto de presupuestos del Cabildo para 2020 cuenta con una partida inicial de 700.000 euros destinada a seguir con las labores de recuperación ambiental en este espacio natural.

El proyecto Masdunas pretende frenar el proceso de degradación ambiental producido durante los últimos 50 años en las Dunas de Maspalomas como consecuencia del uso desordenado de sus recursos.

El objetivo es evitar la desaparición paulatina de las dunas mediante el movimiento de arena y la instalación de captadores artificiales, entre otras medidas.

Con un presupuesto de 1.155.000 euros, el Cabildo grancanario ha puesto en práctica este modelo de detención de la pérdida de arena que pretende devolver a las dunas parte de sus valores ecosistémicos, una acción pionera que ha sido seleccionada por la Oficina Española de Cambio Climático entre las mejores iniciativas de España para combatir sus impactos negativos, agrega la nota de la institución. 

Era un secreto a voces en Maspalomas desde julio y ya tiene forma de sentencia fechada el 24 de septiembre: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado el nombramiento del comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, revocando una primera sentencia de 2017, que anuló la resolución municipal de 2014 por la que se otorgaba esa plaza a este subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. En su momento, el nombramiento de este joven funcionario de la Policía Nacional causó una gran polémica en Gran Canaria.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo motivan su decisión exclusivamente en la deslegitimación del sindicato Comisiones Obreras para recurrir la resolución municipal del 29 de septiembre de 2014 en la que se nombró comisario a Armas. Y todo por el hecho de que representantes del sindicato tomaron parte en la negociación de la oferta de empleo público convocada por el consistorio, presidido entonces por Marco Aurelio Pérez (AV-PP).

Alega la Sala que los sindicalistas no objetaron lo que posteriormente fue motivo del litigio: que la plaza de comisario fuera por el turno de oposición libre, y no de promoción interna, como sí lo fueron en esa misma convocatoria otras plazas para la Policía Local. “En definitiva, el análisis de las bases generales y específicas de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público de 2014 fue bastante exhaustivo. Sin que se hiciera objeción alguna por los sindicatos a turnos o formas de provisión”, resalta la sentencia del TSJC.

Los magistrados Jaime Borrás, Francisco José Gómez Cáceres e Inmaculada Falcón, esta última como ponente, consideran que el análisis de la legitimación que dio por bueno el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria para entrar en el fondo de la cuestión y anular el nombramiento, no abordó correctamente en todos sus matices esa legitimación.

“En principio existiría legitimación como expone la sentencia apelada. Sin embargo, el matiz que plantea el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en su recurso es otro, y consiste en si es posible admitir el recurso contra una convocatoria de la plaza por el turno libre, cuando se aprobó la oferta pública, y de otro, si es posible, que un sindicato cuestione las condiciones de la plaza en la convocatoria, sin acreditar el interés de ningún afiliado al respecto”, apuntan.

En su único fundamento de derecho, la sentencia indica que el acta de la mesa de negociación en la que se recoge la aprobación de la Oferta de Empleo Público, “si bien se indicó que se ofertasen las plazas posibles por promoción interna, esta salvedad no se mantuvo, ni se persistió en ninguno de los actos posteriores, sin que los sindicatos hicieran oposición alguna, sino por el contrario votaron y consintieron los actos posteriores”.

De ahí que, a juicio de la Sala, “el análisis de la legitimación del sindicato no puede realizarse en abstracto, sino en el caso concreto”. Y en este caso, para el TSJC lo que prevalece es que no se hizo especial y concreta mención a que la plaza convocada para comisario jefe tuviera que ser de promoción interna, como sí se hizo para las de inspector, subinspector, oficial y auxiliar administrativo. “Las restantes plazas, por defecto, eran del turno libre: comisario, subcomisario, suboficial del servicio de extinción de incendios, ingeniero industrial y arquitecto”.

El TSJC abunda al respecto: “Podríamos entender que otra administración o cualquier tercero ajeno a las negociaciones pudiera alegar falta de claridad. Pero los apelados tenían pleno conocimiento al haber intervenido en las negociaciones, y es por ello que consideramos que carece de un interés legítimo para la impugnación extemporánea, en tanto participaron en las negociaciones”.

La sentencia incide en los supuestos que habría omitido la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, como no ampliar el recurso a la propia Oferta de Empleo Público y no solo a la resolución en la que se recoge el nombramiento del comisario jefe. Y que la convocatoria de la plaza “no innova en nada” a la previa Oferta de Empleo Público, por lo que no es posible “amparar la legitimación del demandante para recurrir la convocatoria”, cuestión que sí entendió el juzgado que entró en el fondo del asunto y anuló ese nombramiento en 2017.

La plaza de comisario jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha sido objeto de polémica desde la llegada del subinspector de la Policía Nacional al cargo. En 2013, con apenas 33 años, Armas accedió a la plaza mediante una comisión de servicios desde la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía. Poco duró esta primera incursión, después de que otro comisario y la Federación de Asociaciones de Jefes de las Policías Locales denunciaran lo ilegal del procedimiento y alertaran de una designación a dedo encubierta que se saltaba la obligación de dar publicidad a la convocatoria y obviaba el hecho de que el adjudicatario no dispusiera de la licencia universitaria requerida y formara parte de una escala de la Policía Nacional inferior a la requerida por la normativa.

El entonces alcalde Marco Aurelio Pérez se vio obligado a rectificar, aunque encontró acomodo a Armas a través de una plaza creada ex professo, la de coordinador del área de Seguridad con rango de asesor. Unos meses después, el Ayuntamiento convocó el concurso para la plaza de inspector que logró el propio Armas.

El jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha visto también cómo varias sentencias firmes anulan el plus de productividad concedido por el mismo grupo de gobierno también al secretario y la tesorera.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

Trabaja, pero (de momento) no cobra. La hija del secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), incorporada a la plantilla municipal por el anterior grupo de gobierno a través de un polémico decreto de readmisión con más de una decena de irregularidades, mantiene un pulso con el nuevo equipo a propósito de su sueldo.

La trabajadora pretende que se le pague como a una empleada pública de categoría A, el grupo más alto del escalafón, al entender que así se desprende de la sentencia que reconoce su vínculo laboral con la administración y del propio decreto del ya exalcalde Marco Aurelio Pérez (PP). La actual corporación, en cambio, sostiene que debe percibir la misma retribución que tenía antes de su cese, equivalente a la de un auxiliar administrativo, encuadrado en el grupo C, según el convenio entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) por el que accedió al Ayuntamiento a través de un contrato de duración determinada (seis meses) para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social.

Ante esta discrepancia, la trabajadora R.V.L.S., hija del secretario municipal, Marcelino López Peraza, ha optado por no aceptar los emolumentos fijados para la categoría inferior y batallar para cobrar un sueldo más alto. La alcaldesa del municipio, Concepción Narváez (PSOE), reconoce que la situación es “insostenible” y, por ello, ha encargado informes a la interventora municipal y a los servicios jurídicos para dirimir el futuro de la trabajadora, no solo en lo concerniente a su retribución, sino al propio vínculo que mantiene con la corporación. Y es que los letrados del Ayuntamiento advirtieron el pasado mes de mayo que el decreto de readmisión firmado por el alcalde es nulo de pleno derecho al adolecer de importantes defectos.

El nuevo equipo de gobierno mantiene sobre la mesa dos opciones. La primera pasaría por liquidar los salarios adeudados e indemnizarla. La segunda, mantenerla en la administración. La alcaldesa ha pedido informes para evitar una eventual reclamación de la trabajadora por daños y perjuicios. Sostiene que se debe actuar con cautela por la existencia de una sentencia firme que reconoce a R.V.L.S. como trabajadora indefinida del Ayuntamiento.

La hija del secretario demandó a la corporación en abril de 2015, nada más finalizar el contrato de seis meses fijado en el convenio del SCE y la Fecam para personas en situación de desempleo, al entender que el mismo se había suscrito en fraude de ley porque las funciones que le habían encomendado eran las propias de una “técnica administrativa” de la Concejalía de Vías y Obras, el horario era similar al de los empleados públicos e, incluso, pudo disfrutar de 30 días de vacaciones. Tanto el Juzgado de lo Social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera instancia, como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras un recurso, dieron la razón a la trabajadora y le reconocieron el vínculo laboral indefinido, dando a la corporación local la opción de elegir entre una indemnización que ascendía a 800 euros (más 1.200 de costas procesales) o su readmisión en el Ayuntamiento y el pago de los salarios de tramitación.

El gobierno municipal decidió no recurrir al Supremo y llegó a autorizar el abono de la indemnización, la solución menos costosa para las arcas públicas. Sin embargo, antes de ejecutar el gasto, el entonces alcalde, Marco Aurelio Pérez, sorprendió con un “acuerdo transaccional” con la hija del secretario (funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad en los actos del Ayuntamiento), por el que optaba por su readmisión aduciendo “motivos de interés público” y alabando la profesionalidad y pericia de la demandante, hasta entonces en pleito con la corporación. De manera inmediata, sus emolumentos ascendieron de 1.032 a 1.480 euros.

Este tipo de acceso al empleo público ‘por la puerta de atrás’, sin concurso-oposición, ha sido una práctica relativamente habitual en las administraciones locales canarias, según han atestiguado en numerosos procedimientos los representantes sindicales en los ayuntamientos.

Sin embargo, los letrados municipales revelaron meses después que el alcalde había incurrido en una decena de irregularidades en un decreto “nulo de pleno derecho”. Entre otras, mencionaban la ausencia del informe de legalidad “previo y preceptivo” de la Asesoría Jurídica, del informe de fiscalización previa de intervención municipal, del informe propuesta del jefe de servicio de Recursos Humanos, del acuerdo plenario para aprobar la modificación de plantilla por inclusión, de la fe pública del secretario municipal, de la avocación de competencias por parte de Pérez o del expediente de revocación del decreto por el que se optó por la indemnización. Además, reconocía a la trabajadora “una categoría laboral inexistente”, la de técnica administrativa.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la trabajadora por distintos medios (teléfono personal, teléfono corporativo, correo corporativo…), pero todos los intentos han resultado infructuosos.

El comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, el secretario de la corporación y la tesorera municipal se quedan sin complemento de productividad, un concepto retributivo que les reportaba unos ingresos mensuales extra de entre 1.800 y 2.000 euros al mes. El nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento sureño, con la socialista Concepción Narváez al frente, ha retirado de las nóminas de agosto de estos tres trabajadores los pluses en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la subida de sueldo encubierta en una modificación presupuestaria aprobada en abril de 2016 por el pleno que entonces presidía como alcalde Marco Aurelio Pérez, actual portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario tumbó el pasado mes de mayo esa modificación, que implicaba también la supresión de una partida de 314.145,32 euros en los presupuestos para la implantación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, por un error procedimental, al no haber dado cuenta a los sindicatos de una medida que implicaba un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores de la corporación.

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana también ha pedido un informe al Cabildo de Gran Canaria para que la corporación insular determine, en el ejercicio de sus atribuciones de asistencia jurídica a los ayuntamientos y ante las “importantes cantidades” en juego, si esa retirada del complemento específico de productividad debe aplicarse con carácter retroactivo desde 2016, lo que implicaría que tanto el jefe de la Policía Local, Isidro Armas, como el secretario municipal, Marcelino López Peraza, y la tesorera, Tania Naya, reintegren entre 80 y 90.000 euros cada uno. “Queremos saber si tienen que hacerlo y cómo”, ha precisado Narváez.

El cargo del comisario, pendiente del TSJC

Uno de los beneficiados por ese incremento salarial en forma de complemento, el comisario Armas, podría verse obligado además a abandonar su cargo en las próximas fechas si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifica la sentencia que, en abril de 2017, anuló su nombramiento por una vulneración de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. Una norma que establece que la designación de este tipo de puestos de mando debe realizarse por el procedimiento de promoción interna y no por el de oposición libre, la fórmula por la que accedió Armas a esa plaza apenas dos meses antes de la aprobación de la modificación presupuestaria por la que se le concedió el complemento de productividad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario comenzó a deliberar el recurso del jefe de la Policía Local el pasado mes de julio, más de dos años después del fallo de primera instancia. Una vez superado el periodo estival, la resolución parece inminente.

De confirmarse el sentido de aquella sentencia, Armas pondrá fin a un peculiar periplo de seis años en el Ayuntamiento. Un vínculo que comenzó en 2013 con su ingreso como jefe de la Policía Local a través de una comisión de servicios desde el cuerpo de Policía Nacional, del que es inspector. El gobierno municipal, ya entonces liderado por Marco Aurelio Pérez, se vio obligado a recular después de que otro comisario y la Asociación de Jefes de las Policías Locales de Canarias denunciaran que el procedimiento cursado por el Consistorio encubría la “elección a dedo” de una persona que no reunía los requisitos exigidos para el puesto.

El nombramiento fue anulado, pero el comisario se mantuvo en el Ayuntamiento gracias a la creación de una plaza a su medida con categoría de asesor, la de coordinador del área de Seguridad. Armas permaneció en ese cargo hasta que el Ayuntamiento convocó en 2016 el concurso para la provisión de la plaza de jefe de Policía Local, el puesto que se le acabó adjudicando y que ahora vuelve a sostener sobre el alambre, pendiente de la decisión del TSJC.

Otro de los perceptores de ese complemento de productividad, el secretario municipal, Marcelino López Peraza, también ha protagonizado, directa o indirectamente, algunos episodios controvertidos en la reciente historia del Ayuntamiento sureño. En 2005 fue apartado de su cargo después de que el Ministerio de Administraciones Públicas le impusiera una sanción por incumplir el régimen de compatibilidades al compaginar su labor como secretario en otro ayuntamiento, el de Santa Brígida, con el ejercicio privado de la abogacía y con trabajos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Recientemente su nombre también ha saltado a la palestra por la polémica contratación de su hija en el Ayuntamiento, una incorporación con la que el anterior alcalde se saltó “absolutamente la legalidad”, según un informe de los servicios jurídicos que recoge una decena de irregularidades en el procedimiento.

Una cuadra para caballos trae por la calle de la amargura a unos vecinos de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, y ha llevado a la Fiscalía a denunciar al anterior alcalde, Marco Aurelio Pérez (AV-PP), por permitir su construcción. El ahora líder del grupo del PP en el Cabildo de Gran Canaria se enfrenta a un posible delito de prevaricación, en un caso que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 3 de los del sur de la isla.

Dos vecinos de El Salobre presentaron el pasado 5 de abril ante el Ministerio Público una denuncia contra Pérez y contra Jerónimo Martel Quintana, ex concejal de Sanidad y Salud Pública en el Consistorio, por, supuestamente, incumplir la ordenanza municipal que regula la tenencia, guarda y protección de animales dentro de la zona urbana. 

En septiembre de 2017 una mujer compró un terreno en la calle Isla Santo Domingo del pago tirajanero y construyó una caballeriza que, al menos, alberga dos caballos. Los vecinos de la finca colindante denunciaron en el ayuntamiento que la cuadra está a menos de 350 metros de núcleos de vivienda, lo que incumple la normativa municipal. Hay “excrementos dispersos por todo el terreno”, “presencia de moscas” o “ruidos importantes que condicionan el descanso”, con el trotar de los animales, indican los denunciantes. 

En concreto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recoge en su ordenanza la prohibición de poseer animales en zona urbana para explotación, impidiendo mantenerlos en domicilios particulares, ya sean terrazas, azoteas, desvanes, garajes, sótanos, trasteros, bodegas o patios.

Los denunciantes sostienen que la administración municipal ha tenido conocimiento de esta situación a través de diversos informes de la Policía Local, la Guardia Civil, el Diputado del Común. Incluso un técnico del consistorio reconoció, en julio de 2019, que la caballeriza generaba “molestias a los vecinos colindantes” y proponía “la limpieza inmediata de los excrementos, la desinfección, desinsectación y desratización, así como la retirada de los animales”. 

A pesar de estos informes, desde el ayuntamiento nada se ha hecho para paliar esta situación, por lo que los vecinos afectados tachan la actitud, tanto del exalcalde como del exconcejal de Sanidad, de “impropia e inadecuada” y, además, “puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación omisiva o activa” que haya “favorecido la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes”.  

Desde el municipio se limitaron a incoar un expediente de disciplina urbanística, según los denunciantes, que ordenaba a la titular de la finca a limpiarla, quien, además, reconoció carecer de licencia municipal, pues desconocía que debía adquirirla. A pesar de que técnicos del Ayuntamiento aconsejaron que la tramitase y que mantuviese a los animales a una distancia mínima de 350 metros con respecto a núcleos urbanos, no consta que se haya iniciado un expediente para obligar a la propietaria a cumplir estos requisitos. 

Los denunciantes decidieron acudir a la justicia ante la inacción del Consistorio. Uno de los vecinos afectados declara que la situación le perjudica especialmente a su hijo, que padece cáncer y un informe médico le recomienda “evitar el contacto con ambientes insalubres”. Marco Aurelio Pérez se ha limitado a comentar a este periódico que aún no ha “visto el asunto”.

Si hay una concejala que está dando de qué hablar este verano es Pino Dolores Santana (Coalición Canaria). Forma parte del gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, junto a otros dos miembros de su partido (Francisca Quintana Delgado y Alexis Moreno Suárez), en un pacto con PSOE, Nueva Canarias y Ciudadanos. Este mismo miércoles la Comisión de Fiestas del municipio ha enviado un comunicado en el que asegura que se dirigió a ellos durante una reunión celebrada este martes en estos términos: “A ustedes no les tengo que aclarar nada. Les guste o no, la concejala soy yo y se la tienen que mamar”.

Una tensión que surgió durante los preparativos para las fiestas de Santiago en Tunte. Ese 25 de julio la concejala seguía empeñada en lanzar fuegos artificiales pese al riesgo de incendio en Gran Canaria. Tuvo que intervenir la alcadesa, Concepción Narváez (PSOE) para que ello no sucediera.

Pino Dolores Santana dijo entonces en una entrevista ofrecida a Radio Sol que sí habría fuegos: “Hace años que no se hacen y, esta vez, me he puesto un poco caprichosa y me ha costado que se permita. Hemos llegado a un consenso con los funcionarios y las leyes”. Sin embargo, sus intenciones se toparon con un informe técnico elaborado por profesionales del cuerpo de bomberos y avalado por Protección Civil que determinó que no era recomendable celebrar el espectáculo pirotécnico.

El grupo de personas que forman parte de manera voluntaria de la Comisión de Fiestas del municipio han lamentado en un comunicado la forma de proceder de esta concejala. Señalan que desde diciembre de 2018 trabajaban para la celebración de estas fiestas pero que al tomar posesión el nuevo gobierno municipal, la edila les trasladó la necesidad de recortar en presupuesto. Una decisión que aseguran que acataron y que finalmente sería de 42.025 euros. Sin embargo, para su sorpresa, pasadas las fiestas se han enterado de que el presupuesto ascendió a 53.293 euros.

“Queremos puntualizar que hay diferentes actos y grupos que fueron contratados personalmente por la concejala, de los cuales la Comisión de Fiestas no estaba de acuerdo ni con el grupo, ni con la calidad de los mismos”, apuntan en el comunicado.

La Comisión de Fiestas subraya que, además del cambio de presupuesto, hay una serie de incidencias de las que no tenía conocimiento. Por ejemplo, “las diversas facturas de comidas ascendientes a 3.000 euros por parte de la concejala”. Además, sobre la en la Gran Gala celebrada el pasado 25 de Julio, “nos encontramos con que los artistas invitados no actuaron tal y como estaba previsto, y aun así, está en trámite de pago”.

“Por todo lo acontecido, tanto el pueblo de Tunte como la Comisión de Fiestas nos merecemos un respeto por el trabajo que hemos realizado años atrás voluntariamente, y sobre todo, pedimos que se aclare lo solicitado a la Señora Concejala con absoluta transparencia”, insiste el comunicado.

Además de estos casos, PP-AV han pedido que esta misma concejala “devuelva el dinero público utilizado en arreglar una casa en Tunte”. El partido recuerda a la alcaldesa del municipio en su reclamación, apoyada con testimonios gráficos, que en el pleno del pasado día 26 de julio, al preguntar por esa actuación, la concejala admitió ser copropietaria de la vivienda y que se actuó por la existencia de una plaga de ratas.

Desde PP-AV se recuerda a la primera autoridad local que es ella quien tiene las competencias en Sanidad, y debería estar informada y haberse iniciado un expediente, procedimiento “que ha sido inexistente en este caso”.

En ese mismo escrito, además se reclama cuantificar el coste de esas intervenciones efectuadas con dinero público y operarios municipales, con actuaciones de encalado y pintado, entre otras, reclamándose también la apertura de un expediente a la concejala Pino Dolores Santana para que devuelva a las arcas municipales el importe de los trabajos llevados a cabo de manera indebida.

El grupo de concejales de Partido Popular-Agrupación de Vecinos (PP-AV) en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha presentado una queja a la alcaldesa por la forma de proceder de la concejala Pino Dolores Santana Santana (Coalición Canaria), que “ordenó una actuación en un domicilio particular con dinero público”. Recuerda a la alcaldesa en su reclamación, apoyada con testimonios gráficos, que en el pleno del pasado día 26 de julio, al preguntar por esa actuación, la concejala admitió ser copropietaria de la vivienda y que se actuó por la existencia de una plaga de ratas.

Desde PP-AV se recuerda a la primera autoridad local que es ella quien tiene las competencias en Sanidad, y debería estar informada y haberse iniciado un expediente, procedimiento “que ha sido inexistente en este caso”.

Por todo lo ocurrido y relatado en su actual protesta y en el propio día de la sesión plenaria, desde la formación PP-AV se insta a la concejala de Coalición Canaria a que pida disculpas públicas por haber mentido al Pleno y a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana.

En la misma línea, se reclama cuantificar el coste de esas intervenciones efectuadas con dinero público y operarios municipales, con actuaciones de encalado y pintado, entre otras, reclamándose también la apertura de un expediente a la concejala Pino Dolores Santana para que devuelva a las arcas municipales el importe de los trabajos llevados a cabo de manera indebida. 

Pino Santana ya protagonizó una polémica el pasado 24 de julio, cuando pese al riesgo de incendio, insistió en lanzar fuegos artificiales en las fiestas de Santiago de Tunte. La alcaldesa, Conchi Narváez (PSOE), de acuerdo con el informe técnico que alertaba del peligro y de las condiciones desfavorables que las altas temperaturas dibujaban para celebrar espectáculos pirotécnicos, decidió que no se hicieran. “Hace años que no se hacen y, esta vez, me he puesto un poco caprichosa y me ha costado que se permita”, confesaba la concejala de CC en una entrevista radiofónica. 

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha mostrado su inquietud al nuevo grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana (PSOE, NC, CC y Cs), ante la necesidad de “controlar y evitar” la proliferación de nuevos usos residenciales en los establecimientos turísticos.

La preocupación empresarial fue analizada durante un encuentro que tuvo lugar en las dependencias del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y al que asistió la alcaldesa, Concepción Narváez (PSOE); el primer teniente alcalde, Samuel Henríquez (NC); el segundo teniente alcalde y concejal de Urbanismo (CC), Alejandro Marichal y la concejal de Seguridad, Inés Rodríguez (Cs).

Por su parte, la patronal estuvo representada por la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), perteneciente a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT), con los presidente de ambas, respectivamente, Tom Smulders y José María Mañaricúa. Asimismo, han asistido Fernando Estany y Dunia Santana, directivos de la asociación de extrahoteleros, junto al secretario general, Fernando Mathías.

El objetivo principal de dicho encuentro, según ha indicado la FEHT en una nota de prensa, fue aclarar la posición de la Corporación a raíz de unas presuntas declaraciones vertidas en los medios por alguno de sus representantes acerca de la compatibilidad del uso residencial en los establecimientos turísticos.

La posición manifestada por la representación empresarial de evitar la coexistencia del uso residencial con el turístico fuera de los casos en los que la Ley lo permite actualmente, en referencia a los residentes existentes antes del 1 de enero de 2017, tuvo, según la FEHT, una acogida muy favorable por la Corporación, la cual expuso el planteamiento que al efecto se plasmará en la inminente modificación del Plan General de Ordenación del municipio, donde se tratará de deslindar y sectorizar ambos usos.

En esa misma línea, los empresarios manifestaron su inquietud por la necesidad de controlar y evitar la proliferación de nuevos usos residenciales en los establecimientos turísticos y, sobre todo, “que la Corporación entienda que la actividad alojativa empresarial es la industria principal de Canarias, donde la ocupación del territorio es mínima, puesta en relación con su aportación al PIB de Canarias”.

Los ediles expusieron los objetivos principales para el nuevo mandato, como la puesta en marcha de los servicios actualmente paralizados, entre ellos la implantación de los kioscos de playa; un plan de modernización para los centros comerciales; la ejecución de un plan de infraestructuras a través del Consorcio de Rehabilitación y un plan de promoción turística de la costa de Maspalomas, y sobre todo, recuperar el Plan de Modernización y Mejora de Playa del Inglés, tras la anulación del existente.

Con anterioridad a este encuentro, Tom Smulders, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FEHT, mantuvo una reunión con la nueva concejal de Seguridad Inés Rodríguez y su asesor, Juan Campos, donde abordaron, entre otros asuntos, la problemática de la señalización de las vías en la zona turística; la necesaria regulación de patinetes eléctricos; el botellón; horarios de ocio y la seguridad en playas.

Las playas grancanarias de Las Burras y El Cochino, de 300 y 250 metros de longitud, respectivamente, cerradas este lunes por un vertido de aguas de la depuradora de la empresa Canaragua, en San Agustín, han sido reabiertas este miércoles al baño.

En un comunicado la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, ha pedido “tranquilidad” para disfrutar de las playas del municipio tras la reapertura oficial de Las Burras y El Cochino a primera hora de este miércoles.

Tal y como ha indicado, “ya es posible el baño”, y ambas playas han recuperado su actividad normal.

La regidora ha explicado que el cierre de las playas se debió a “una avería de la depuradora de San Agustín de Canaragua”, pero que “afortunadamente” el protocolo fue activado “de forma rápida y eficaz dándose traslado y conocimiento al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al departamento de Sanidad”, encargado de realizar las pruebas.

Estos análisis del agua, detalla Narváez, “han indicado que las playas ya se pueden abrir al público”.

Para la primera edil se trata de “un error de maquinaria con consecuencias sobre las playas”, pero que ha sido algo “puntual”.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la principal localidad turística de la isla de Gran Canaria, incurrió en una decena de irregularidades para incorporar a su plantilla a la hija del secretario municipal, el alto funcionario que tiene encomendada la función de velar por el cumplimiento de la legalidad de los actos del gobierno municipal. Un informe de los servicios jurídicos del Consistorio sureño concluye que el alcalde saliente y consejero electo del Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez (Agrupación de Vecinos-Partido Popular), prescindió “total y absolutamente” del procedimiento legal en el proceso de readmisión de la trabajadora R.V.L.S., hija de Marcelino López Peraza.

El informe del letrado municipal, fechado el pasado 17 de mayo, responde a una petición del propio alcalde para resolver los reparos manifestados por la interventora. La funcionaria con habilitación estatal recogió en un escrito, entre otros incumplimientos, la inexistencia de expediente administrativo, la carencia del informe de legalidad previo y preceptivo de la Asesoría Jurídica y de la propuesta del jefe de servicio, la omisión del acuerdo plenario para aprobar una modificación de plantilla por inclusión o la ausencia de la fe pública del propio secretario o, en su defecto, y por obvia causa de abstención en este caso (por parentesco), de un sustituto. Un acuerdo entre alcalde y trabajadora después de un largo pleito judicial sirvió en bandeja un contrato por la vía del decreto.

La historia es rocambolesca. La trabajadora se incorporó al Ayuntamiento en octubre de 2014 a través de un contrato de duración determinada (seis meses) gracias a un convenio suscrito entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social. En el marco de este programa de empleo social, al que se había adherido el Ayuntamiento y que subvencionaba la contratación, la hija del secretario de la localidad sureña, que entonces se encontraba sin trabajo, fue seleccionada para realizar labores administrativas vinculadas a un proyecto concreto de acondicionamiento de barrios por 1.032 euros al mes.

Tras acabar el vínculo en abril de 2015, la trabajadora decidió acudir a la justicia y demandar a la corporación local por despido nulo o, en su defecto, improcedente. Alegaba, en síntesis, que el contrato había sido suscrito en fraude de ley porque las funciones que se le habían encomendado eran las propias de una técnica administrativa de la Concejalía de Vías y Obras, a la que se encontraba adscrita, y no se limitaban a las fijadas en el convenio por el que había accedido al Ayuntamiento. Argüía además que el horario que cumplía era el mismo que el resto de empleados públicos y que pudo disfrutar de 30 días de vacaciones, “un indicio más” de que el contrato tenía carácter indefinido.

El Juzgado de lo Social 3 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón, en parte, a la hija del secretario municipal de San Bartolomé. Declaró improcedente el despido y la reconoció como trabajadora indefinida. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó la sentencia tras desestimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento. La corporación local rechazó acudir al Supremo, con lo que adquirió firmeza un fallo que daba a elegir entre la readmisión de la empleada y el pago de los salarios de tramitación (entre la fecha del despido y la resolución judicial) o una indemnización de algo más de 800 euros, cantidad a la que habría de sumar los 1.200 euros por la condena en costas. El gobierno local, a través del concejal de Recursos Humanos, optó por la vía más económica, la indemnización.

En plena fase de ejecución de sentencia, y con la solución encaminada (el gasto ya había sido autorizado al existir crédito para ello), el caso da un giro de 180 grados. El alcalde de la corporación sureña, Marco Aurelio Pérez, alcanza un acuerdo transaccional con la demandante, R.V.L.S., y decide readmitirla alegando “motivos de interés público”. En este pacto, el regidor del PP aduce “el interés” del Ayuntamiento en reforzar su unidad administrativa y realza la “profesionalidad” y la “pericia acreditada” de la misma trabajadora con la que, meses antes, había pleiteado en los juzgados. No fueron las únicas razones. El ahora consejero del Cabildo de Gran Canaria aludió a la estabilidad en el empleo ante una contratación declarada “en fraude de ley” y a los precedentes de una corporación que, según el regidor, históricamente ha optado por la readmisión en los pleitos laborales.

Ese acuerdo transaccional entre Pérez y trabajadora fue trasladado al día siguiente, 1 de agosto, a un decreto firmado por el alcalde y por el secretario accidental, Antonio Calvo, en sustitución de López Peraza, titular de la plaza. A partir de ese momento, el salario de la demandante se incrementó de los 1.032 euros mensuales que recogía el convenio por el que ingresó en el Ayuntamiento hasta los 1.480 euros brutos al mes que prevé el convenio colectivo de la corporación para la categoría profesional de técnico administrativo.

El contundente informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento insta al alcalde a revisar de oficio el decreto, que adolece de importantes defectos. Según expone el letrado municipal en su escrito, el alcalde incumplió el reglamento orgánico municipal al adoptar la decisión sin el informe de legalidad “previo y preceptivo” de la Asesoría Jurídica, sin informe de fiscalización previa de intervención municipal (necesario porque el acuerdo y el posterior decreto tienen efectos económicos), sin informe propuesta del jefe de servicio de Recursos Humanos que avale la resolución, sin acuerdo plenario que apruebe la modificación de plantilla por inclusión, sin la fe pública del secretario municipal, sin que Pérez hubiera asumido formalmente, a través de una avocación, las competencias que estaban delegadas en el concejal de Recursos Humanos, sin abrir un expediente de revocación o revisión del decreto del edil sobre la opción de la indemnización y con una “motivación defectuosa”, al “separarse sin motivación del criterio seguido hasta el dictado” de los actos controvertidos, el acuerdo transaccional con la trabajadora y el posterior decreto.

La incorporación de R.V.L.S. también contravino, según recoge el mencionado informe, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que impide que se le atribuya la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, además de reconocer a la demandante una categoría laboral “inexistente”, la de técnica administrativa.

Por todo ello, el letrado municipal sostiene que los dos actos firmados por el alcalde son nulos de pleno derecho y que, por ello, procede requerir dictamen al Consejo Consultivo de Canarias. “La omisión total y absoluta del procedimiento deriva no ya en la omisión de trámites esenciales, sino de la ausencia total de expediente y, también, por el reconocimiento de la condición de personal laboral indefinida contrario a lo dispuesto en la Ley Presupuestaria”, causas que “manifiestamente deben catalogarse como graves”, reza el informe, que además expone que existe la posibilidad de revisar la homologación judicial del acuerdo del alcalde para readmitir a la trabajadora.

El PSOE, NC y CC han firmado este martes el cambio de gobierno en San Bartolomé de Tirajana que desbanca al PP después de ocho años y sitúa a la socialista Concepción Narváez como alcaldesa del municipio. Además, el tripartito ha invitado a Ciudadanos a sumarse al pacto porque “hay mucho que hacer y no sobra nadie”. “La puerta está abierta para que entre otro partido más”, ha señalado Narváez.

Samuel Henríquez (NC) ha incidido en que el objetivo “no es repartirse sillones”, sino pensar en los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de que vuelvan a sentirse orgullosos de ser del municipio. Además, ha señalado que el lunes acaba un período de hartazgo motivado por los ocho años de gobierno del PP. “Los concejales y concejalas que comenzarán un nuevo mandato tienen un arduo camino por recorrer, centrados en las políticas sociales, el empleo y el turismo”, subrayó Henríquez.

Por su parte, tanto el concejal de Nueva Canarias como el de CC, Alejandro Marichal, han coincidido en que, más que un pacto de gobierno, el acuerdo se sustenta en coincidencias programáticas orientadas a transformar la realidad económica y social del municipio. “Lo vamos a asumir con total responsabilidad, ya que hemos conseguido obtener cuatro concejales de la nada”, aseguró. CC se ha sumado a este pacto de gobierno a pesar de que el grupo gobernante AV-PP le ofreció como contramedida a la formación nacionalista la Alcaldía compartida durante los próximos cuatro años.

El tripartito suma 16 de los 25 concejales que forman el Ayuntamiento y considera que esta es la oportunidad para configurar un gobierno estable y leal con la población. La futura alcaldesa ha señalado que “las últimas mayorías absolutas del PP-Asociación de Vecinos han instalado al municipio en la desidia y la paralización, impidiendo así el crecimiento del principal municipio turístico de Gran Canaria”.

El PSOE ha suscrito un pacto de gobierno con Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC) en San Bartolomé de Tirajana que le permitirá desbancar de la Alcaldía al Partido Popular (PP), quien ha gobernado el municipio turístico más importante de Gran Canaria en las dos últimas legislatura en una alianza con Asociación de Vecinos.

A pesar de que Agrupación de Vecinos-Partido Popular (AV-PP) intentó hasta el último momento evitar perder la Alcaldía, ofreciendo incluso un gobierno compartido a Coalición Canaria, el concejal electo de la formación nacionalista Alejandro Marichal ha confirmado a la cadena Ser en Las Palmas este acuerdo, que supone un cambio de gobierno en el principal municipio turístico de Canarias, con más de 52.000 habitantes y que visitan al año millones de turistas.

También se ha invitado a sumarse a Ciudadanos, aunque su única concejala no es necesaria para alcanzar la mayoría absoluta.

En los últimos comicios locales el PP-AV fue la fuerza más votada, al obtener ocho concejales. Le siguieron, con siete ediles, los socialistas; NC, con cinco; CC-PNC, con cuatro concejales; y Ciudadanos, que obtuvo un único edil.

A las 17.00 horas de este martes, el PSOE ha convocado una rueda de prensa en el restaurante Aeroclub, para presentar este pacto con Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Contramedidas de impacto en San Bartolomé de Tirajana, el municipio turístico de mayor importancia en las Islas. Cuando todo el pescado parecía vendido para apartar del poder a Agrupación de Vecinos-PP con una alianza a tres entre PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias, el grupo gobernante AV-PP ha ofrecido a CC la Alcaldía compartida durante los próximos cuatro años. Y todo apunta a que CC no va a rechazar ese regalo en forma de alcaldía timesharing, para el que es clave el apoyo de la única concejal de Ciudadanos.

Así, Alejandro Marichal, cabeza de lista de CC que se iba a convertir en concejal de Urbanismo con la socialista Conchi Narváez de alcaldesa, seguirá detentando ese departamento de vital importancia en el Sur turístico, pero con la Alcaldía en su poder durante los dos primeros años. Así lo ha podido confirmar Canarias Ahora de fuentes de la negociación, si bien el futuro alcalde hasta 2021 ha declinado avanzar nada y espera ratificar ese acuerdo a última hora de este mismo lunes.

El pacto AV-PP y CC daría la mayoría necesaria a ambos para gobernar durante los próximos cuatro años si lo apoya Ciudadanos. A pesar de que CC se decantó en un principio por acabar con ocho años de mandato de AV-PP, encarnados en la figura del exalcalde y aspirante a la Presidencia del Cabildo, Marco Aurelio Pérez, ahora se replantea su estrategia ante la opción de detentar la Alcaldía.

El viernes pasado estaba previsto presentar el acuerdo entre PSOE. NC y CC, al que se iba a sumar Ciudadanos,sin ser necesario su voto para alcanzar la mayoría. Sin embargo, C´s se apartó del acuerdo alegando un veto de su comité nacional de pactos electorales a esa fórmula junto a PSOE, NC y CC. Finalmente, el acuerdo a tres bandas entre socialistas y los dos grupos nacionalistas no llegó a hacerse oficial debido a que quedaban “flecos pendientes ” de cerrar.

Según han explicado a Canarias Ahora fuentes de la negociación, desde el mismo miércoles, cuando ya se daba por cerrado el preacuerdo de todos contra AV-PP para hacer alcaldesa a Conchi Narváez, desde AV-PP se hizo llegar a CC la oferta de compartir la Alcaldía. El viernes, cuando se desmarcó Ciudadanos del pacto que dejaría fuera a AV-PP, lo que en realidad se abría era la posibilidad de sostener a la candidatura de Élena Álamo, sucesora de Marco Aurelio Pérez, en el poder.

Fuentes socialistas, por el contrario, no dan por roto el preacuerdo alcanzado con Coalición Canaria y Nueva Canarias para el cambio de ciclo en San Bartolomé de Tirajana, y esta mismo mediodía del lunes esperaban anunciar el acuerdo final en las próximas horas. Lo mismo que la otra parte contratante, que ese remitía a unas breves horas para dar a conocer de qué lado cae el gobierno municipal del Sur.

Objetivo: echar del poder al Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana. Conchi Narváez (PSOE), Samuel Henríquez (Nueva Canarias), Alejandro Marichal (Coalición Canaria) e Inés Rodríguez (Ciudadanos) han alcanzado un preacuerdo para evitar que Elena Álamo (Partido Popular-Agrupación de Vecinos) suceda a Marco Aurelio Pérez en la Alcaldía del municipios turístico más importante de Gran Canaria, donde ha gobernado durante ocho años.

PP-AV venció en las elecciones del 26 de mayo, con 8 concejales, a cinco de la mayoría absoluta que obtuvo en 2011 (14) y en 2015 (13). Pero esta vez, la oposición suma para cambiar el gobierno de San Bartolomé de Tirajana, con el PSOE en la Alcadía, al obtener 7 ediles, seguido de Nueva Canarias (5), Coalición Canaria (4) y Ciudadanos (1).

La suma de PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria ya supera la mayoría absoluta, pero en el pacto también quieren contar con Ciudadanos y así relegar a PP-AV a la oposición en soledad. Así lo ha reconocido Narváez, quien ha afirmado que quiere gobernar con todas las formaciones, sin embargo, aunque existe una clara predisposición para sumar, aún quedan “algunos flecos por cerrar y ”aún no hay nada firmado“, ha manifestado Marichal.

Este escenario en San Bartolomé de Tirajana contradice el posible acuerdo que sugirió Luis Ibarra, candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, quien dejó la puerta abierta a un pacto con Marco Aurelio Pérez (PP) y José Miguel Bravo de Laguna (CC-UxGC), lo que relegaría a Nueva Canarias a la oposición.

Marco Aurelio Pérez ha sido un bastión del PP en San Bartolomé de Tirajana y, si su formación pierde ese Ayuntamiento, esto puede supone un obstáculo para que Ibarra sume los seis consejeros de los populares en el Cabildo. En esta situación, al candidato socialista la aritmética solo le daría una alternativa al pacto con Nueva Canarias -el más lógico dado que ambos pactaron en 2015 y suman ocho consejeros cada uno- y es sumar con CC-UxGC (3), Podemos-Equo-Sí Se Puede (2) y Ciudadanos (2), para lograr la mayoría absoluta (15).

Sin embargo, este acuerdo se antoja inverosímil dada la animadversión mutua existente entre Coalición Canaria y Podemos, formaciones que han repetido en numerosas ocasiones que nunca pactarán en el Gobierno regional, y entre la formación morada y Ciudadanos, partidos antagónicos, vetados mutuamente en numerosos municipios y autonomías, que difícilmente accederían a entrar juntos a la Ejecutiva insular.