El comisario y dos altos funcionarios de San Bartolomé de Tirajana se quedan sin plus de productividad
El comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, el secretario de la corporación y la tesorera municipal se quedan sin complemento de productividad, un concepto retributivo que les reportaba unos ingresos mensuales extra de entre 1.800 y 2.000 euros al mes. El nuevo equipo de gobierno en el ayuntamiento sureño, con la socialista Concepción Narváez al frente, ha retirado de las nóminas de agosto de estos tres trabajadores los pluses en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la subida de sueldo encubierta en una modificación presupuestaria aprobada en abril de 2016 por el pleno que entonces presidía como alcalde Marco Aurelio Pérez, actual portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario tumbó el pasado mes de mayo esa modificación, que implicaba también la supresión de una partida de 314.145,32 euros en los presupuestos para la implantación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, por un error procedimental, al no haber dado cuenta a los sindicatos de una medida que implicaba un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores de la corporación.
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana también ha pedido un informe al Cabildo de Gran Canaria para que la corporación insular determine, en el ejercicio de sus atribuciones de asistencia jurídica a los ayuntamientos y ante las “importantes cantidades” en juego, si esa retirada del complemento específico de productividad debe aplicarse con carácter retroactivo desde 2016, lo que implicaría que tanto el jefe de la Policía Local, Isidro Armas, como el secretario municipal, Marcelino López Peraza, y la tesorera, Tania Naya, reintegren entre 80 y 90.000 euros cada uno. “Queremos saber si tienen que hacerlo y cómo”, ha precisado Narváez.
El cargo del comisario, pendiente del TSJC
Uno de los beneficiados por ese incremento salarial en forma de complemento, el comisario Armas, podría verse obligado además a abandonar su cargo en las próximas fechas si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifica la sentencia que, en abril de 2017, anuló su nombramiento por una vulneración de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. Una norma que establece que la designación de este tipo de puestos de mando debe realizarse por el procedimiento de promoción interna y no por el de oposición libre, la fórmula por la que accedió Armas a esa plaza apenas dos meses antes de la aprobación de la modificación presupuestaria por la que se le concedió el complemento de productividad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario comenzó a deliberar el recurso del jefe de la Policía Local el pasado mes de julio, más de dos años después del fallo de primera instancia. Una vez superado el periodo estival, la resolución parece inminente.
De confirmarse el sentido de aquella sentencia, Armas pondrá fin a un peculiar periplo de seis años en el Ayuntamiento. Un vínculo que comenzó en 2013 con su ingreso como jefe de la Policía Local a través de una comisión de servicios desde el cuerpo de Policía Nacional, del que es inspector. El gobierno municipal, ya entonces liderado por Marco Aurelio Pérez, se vio obligado a recular después de que otro comisario y la Asociación de Jefes de las Policías Locales de Canarias denunciaran que el procedimiento cursado por el Consistorio encubría la “elección a dedo” de una persona que no reunía los requisitos exigidos para el puesto.
El nombramiento fue anulado, pero el comisario se mantuvo en el Ayuntamiento gracias a la creación de una plaza a su medida con categoría de asesor, la de coordinador del área de Seguridad. Armas permaneció en ese cargo hasta que el Ayuntamiento convocó en 2016 el concurso para la provisión de la plaza de jefe de Policía Local, el puesto que se le acabó adjudicando y que ahora vuelve a sostener sobre el alambre, pendiente de la decisión del TSJC.
Otro de los perceptores de ese complemento de productividad, el secretario municipal, Marcelino López Peraza, también ha protagonizado, directa o indirectamente, algunos episodios controvertidos en la reciente historia del Ayuntamiento sureño. En 2005 fue apartado de su cargo después de que el Ministerio de Administraciones Públicas le impusiera una sanción por incumplir el régimen de compatibilidades al compaginar su labor como secretario en otro ayuntamiento, el de Santa Brígida, con el ejercicio privado de la abogacía y con trabajos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Recientemente su nombre también ha saltado a la palestra por la polémica contratación de su hija en el Ayuntamiento, una incorporación con la que el anterior alcalde se saltó “absolutamente la legalidad”, según un informe de los servicios jurídicos que recoge una decena de irregularidades en el procedimiento.
