Los terremotos de Venezuela ponen a prueba la tutela de EEUU tras los primeros seis meses de Gobierno de Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez ha completado seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos han interrumpido cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.
Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.
Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.
Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense
Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.
Operación María Corina Machado
Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se ha enfrentado a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.
Lo más revelador ha sido lo que el desastre ha expuesto de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que ha obstaculizado el regreso de Machado.
“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.
En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.
El Gobierno de Rodríguez también ha sido muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un vídeo que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos han interrumpido constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate han informado de dificultades para entrar en el país y alguno ha señalado que no ha podido hacerlo.
La cara de la represión
Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump ha afirmado desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.
La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.
Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación ha sido absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.
La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.
El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.
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