EEUU diseña un diálogo a su medida entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición: “Deciden cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”
Venezuela abrirá el 1 de agosto un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, el octavo desde que el chavismo llegó al poder hace 27 años. Esta vez no hay facilitador —en el anterior, previo a las cuestionadas presidenciales de 2024, medió Noruega— y es Estados Unidos quien fija los negociadores, la agenda y los plazos.
La mesa llega en el peor momento y por decisión ajena. El 3 de enero, un bombardeo estadounidense dejó más de 100 muertos y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington controla los resortes del Gobierno y, sobre todo, la producción petrolera. El 24 de junio, un doble terremoto añadió más de 5.500 muertos y casi 18.000 personas sin hogar. Fue Estados Unidos, y no ningún actor venezolano, quien propuso volver a la mesa mientras las cuadrillas aún buscaban supervivientes entre los escombros.
La delegación opositora la preside Dinorah Figuera, una médica cirujana del partido opositor Primero Justicia, exiliada en Madrid. Dirige desde enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento que la oposición ganó con holgura aquel año y que el chavismo fue vaciando de poderes. Esa asamblea sostuvo en 2019 el “gobierno interino” de Juan Guaidó, reconocido en su día por medio centenar de países, España incluida; cuando la propia oposición liquidó aquel experimento, Figuera lo relevó. Hoy dirige un cuerpo sin territorio ni poder real dentro de Venezuela, pero que Occidente aún reconoce como el último Parlamento legítimamente electo. Ese reconocimiento es su única baza: le da la representación legal de los activos venezolanos en el exterior —la petrolera Citgo, el oro depositado en el Banco de Inglaterra—, un patrimonio congelado por los litigios que la Asamblea custodia, pero que no puede gastar a su antojo.
Que Washington la escogiera sorprendió, porque Figuera no representa a la mayoría opositora. En Venezuela hay al menos tres oposiciones: la más votada, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en torno a María Corina Machado —que ganó las primarias de 2023, fue inhabilitada y llevó al diplomático Edmundo González como candidato en 2024, y que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz—; la institucional de la Asamblea de 2015; y la de los moderados que han negociado con el chavismo o concurrido a las urnas, como Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista. Estados Unidos eligió la segunda y apartó a las otras dos.
El secretario de Estado, Marco Rubio —a quien el New York Times ha llamado el “virrey” de facto del país latinoamericano—, justifica la elección de la contraparte opositora: las autoridades de 2015, argumenta, llegaron al poder tras “la última elección democrática del país”. Pero el mandato de este cuerpo caducó en 2021. Ante el malestar de los excluidos, Figuera aseguró en X que se convocaría a todos y que Machado tendrá un papel importante. El propio Rubio, preguntado por un periodista, admitió que la premio Nobel podría sentarse a la mesa, aunque lo dejó en condicional: “Podría”. Un miembro de la delegación del chavismo también asegura a elDiario.es: “Vamos a hablar con toda la oposición, no solo con la AN-2015”, y niega que haya imposición en la agenda por parte de Estados Unidos.
El politólogo Ángel Álvarez lo describe sin rodeos: el proceso no está propiciado, sino “impuesto por Estados Unidos”, que “decide cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”. Lo compara con Vietnam del Sur durante la guerra, cuando “eran los militares y los políticos estadounidenses quienes decidían lo que aquel terrible y corrupto gobierno hacía en su territorio”. Lo permite la debilidad opositora, “que facilita que se impongan decisiones sin prácticamente ninguna resistencia”, y también la del Gobierno, “bajo la espada de Damocles”: desde el 3 de enero, dice, quedó claro que Washington “está dispuesto a usar la violencia extrema para castigar a quienes no le obedezcan”.
La elección de la Asamblea de 2015 tampoco es casual. El respaldo de Machado “es muy alto en las encuestas”, pero “no tiene un arnés jurídico”, porque nació de unas primarias sin valor legal; la Asamblea, en cambio, “tiene ese barniz de legalidad”. Washington escoge así “a alguien que puedas controlar más directamente”, pero con “una credibilidad mínima a nivel internacional”.
Una mesa demasiado “estrecha”
¿Para qué quiere Estados Unidos este diálogo? Álvarez lo atribuye a los inversores. Washington busca “un cierto nivel mínimo de apertura política para dar la impresión de que se avanza” hacia la liberalización, y lo que de verdad interesa a quien quiere invertir es “un orden jurídico que proteja sus inversiones”. De ahí que los magistrados del Tribunal Supremo encabecen la agenda, por delante del salario o la reconstrucción: “Si el Supremo tiene varios sectores políticos representados, es más fácil para un actor externo y poderoso incidir en sus decisiones”. El desenlace que anticipa es cosmético: un “refrescamiento de cara”, algunos magistrados “aparentemente más neutrales” y quizá un Consejo Nacional Electoral algo más plural, pero con el oficialismo aún al mando.
El calendario refuerza esa cautela. El politólogo cree que a Estados Unidos “no le conviene un cambio abrupto de gobierno, mucho menos antes de 2028”, así que el proceso “se puede prolongar”: el Gobierno de Rodríguez “puede aguantar perfectamente dos años”, y la cita electoral podría estirarse hasta 2030, cuando tocaría constitucionalmente la celebración de las presidenciales.
Los actores que quedan fuera insisten en que la mesa se amplíe. El diputado Ángel Medina, de Unión y Cambio, dice a elDiario.es que mantiene conversaciones “con la Plataforma Unitaria y con otros actores políticos, como Enrique Márquez o Alberto Galíndez”. Todos, reconoce, están “esperando a ver hacia dónde va esto”, pero fuera de la negociación formal. Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, salió de la cárcel en enero tras meses como preso político y fue invitado de honor de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Pero ni siquiera eso le ha dado un sitio en la mesa. Galíndez es el único gobernador opositor del país, en el estado de Cojedes.
¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana? Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela
Lo que reclaman es una agenda menos estrecha. Medina advierte de que el salario, la inflación, el dinero para la reconstrucción y los servicios públicos no están en la mesa, y que “la agenda legislativa que se aprobó en enero se quedó corta” tras el terremoto y “tiene que transformarse de raíz”. Desde Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero suma la libertad de los presos políticos y la suerte de los damnificados “que padecen en los campamentos temporales sin soluciones dignas”, y recuerda a elDiario.es que la mejora económica prometida tras el 3 de enero “simplemente no ha ocurrido”.
Romero apunta al fondo del asunto: “¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana?”. Según cifras de economistas, dice, Washington no transfiere la totalidad de esos ingresos. “Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela”. Mientras Figuera y Rodríguez discuten magistrados, Estados Unidos administra los recursos que pagarían la reconstrucción.
El diálogo que arranca el 1 de agosto es, en el fondo, el que le sirve a Washington: una apertura institucional acotada que tranquilice a los inversores sin ceder poder. Y para quien lo imaginaba como antesala de unas elecciones, Trump ya avisó: Venezuela “no está preparada para una elección”.
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