“El mejor acuerdo de la historia” (para EEUU): qué pierde Venezuela con el nuevo reparto petrolero a la medida de Trump
“El mejor acuerdo petrolero de la historia”. Así llamó Donald Trump al convenio con Venezuela que anunció el 28 de agosto en su red Truth Social y que se firmó el 2 de septiembre en el Palacio de Miraflores, en presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El pacto entrega durante 100 años 17 campos petroleros a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP): nueve en la cuenca del Lago de Maracaibo, en el occidente del país, y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la Casa Blanca, esos yacimientos guardan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas. Varios de ellos estaban hasta ahora en manos de empresas rusas y chinas.
Puede que sea el mejor acuerdo de la historia, pero solo para EEUU. Su Gobierno recibe el 35% de la matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono; el derecho a comprar a precio de coste el 20% del crudo extraído para su reserva estratégica; una opción preferente sobre el 80% restante y poder de veto sobre el consejo de administración de la compañía. Venezuela, en cambio, renuncia a impuestos y regalías, cede sus campos sin licitación y firma un contrato que nadie fuera de las partes ha leído.
A ese diagnóstico llegan dos economistas venezolanos: Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver y antiguo jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, y José Guerra, exdiputado y antiguo economista del Banco Central de Venezuela. Los dos describen una operación que transfiere valor nacional sin contraprestación verificable y que, en declaraciones de Guerra a elDiario.es, hace que Venezuela “deje de percibir millones de dólares en ingresos fiscales”.
Una inversión que nadie sabe de dónde saldrá
El acuerdo descansa sobre una promesa de inversión de 100.000 millones de dólares cuya viabilidad es dudosa desde el principio. Rodríguez formula la pregunta central: “Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares?”. La cifra, además, ha bailado: Trump habló de 100.000 millones, la ficha informativa de la Casa Blanca dice “hasta 100.000 millones” y el Departamento de Energía ha manejado la cifra de 10.000 millones. “Esa elasticidad es sintomática de ausencia de compromisos verificables”, explica el economista a elDiario.es.
Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares en inversiones?
Guerra propone una comparación. Chevron, que opera en Venezuela desde 1923, anunció el mismo día de la firma en Miraflores que invertirá más de 7.000 millones de dólares en cinco años para llevar su producción a unos 600.000 barriles diarios. “Eso sí lo pueden hacer ellos. Pero los 100.000 millones no está claro de dónde pueden salir”, afirma. Para Guerra, la distancia entre lo que promete NABEP y lo que compromete una multinacional con acceso a los mercados de capital muestra que el acuerdo se ha construido sobre especulación, sin garantías.
Un ejecutor con causas abiertas
El encargado de cumplir esa promesa es Alejandro Betancourt López, de 46 años, conocido en Venezuela como uno de los “bolichicos” (de “chicos” y “bolivarianos”) que se enriquecieron con contratos públicos durante el chavismo. Betancourt fundó Derwick Associates, la empresa que recibió a dedo contratos para construir plantas eléctricas en plena crisis energética, y entró después en el petróleo con una participación en Petrozamora, en el Zulia, núcleo de la actual NABEP, que tiene su sede en Barbados.
La justicia suiza investiga las cuentas por presunto blanqueo de capitales vinculado a la petrolera estatal PDVSA, y la Audiencia Nacional lo tiene en España bajo la lupa en el llamado caso Atlantic por blanqueo de capitales. No pesa sobre él ninguna acusación formal, y la presidenta interina lo defendió esta semana con el argumento de que “no tiene causa en EEUU”.
Rodríguez es directo: “No hay un compromiso sólido identificable con actores relevantes, porque mañana Alejandro Betancourt desaparece, él vende esa compañía cuando le da la gana y entonces ¿quién le va a dar esos 100.000 millones de dólares a Venezuela?”. El país queda atado a unos términos desfavorables mientras depende de un actor sin capacidad probada de cumplir compromisos de esa magnitud.
Los beneficiarios
Mientras la inversión sigue siendo una promesa, los beneficiarios están claros. “Los grandes beneficiarios son NABEP y el Gobierno de EEUU, claramente”, insiste Guerra. NABEP produce hoy poco más de 200.000 barriles diarios, lo que la convierte en la segunda operadora del país después de Chevron, y con las nuevas concesiones aspira a superar el millón de barriles. La Casa Blanca ya la presenta como la segunda petrolera privada del mundo por reservas.
Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992
Ese salto se produjo sin licitación pública. Durante la apertura petrolera de los años noventa, Venezuela adjudicó sus campos en rondas competitivas, con sobres abiertos y varias empresas pujando por cada área. Esta vez los campos se asignaron a discreción del Ejecutivo. “Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992”, subraya Guerra. Rodríguez recuerda que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, incluso tras la reforma de enero de este año, obliga a promover la concurrencia de ofertas para seleccionar a las operadoras, y se pregunta qué excepción justifica prescindir de ella cuando está en juego una quinta parte de las reservas del país.
A todo ello se suma la participación accionarial de EEUU y el 20% del crudo a precio de coste producido en los 17 campos petrolíferos. “Eso es un sacrificio fiscal muy fuerte para Venezuela”, resume Guerra.
Lo que pierde el Tesoro
El análisis fiscal permite poner cifras a ese sacrificio. La primera pérdida es la ausencia de bonos de participación. En una licitación competitiva las empresas pagan por acceder a los campos, y ese pago reconoce el valor del activo que se cede. “Venezuela ha podido tener ahí fácilmente 3.000 millones de dólares por los bonos, que es lo que se estila en los procesos de subasta de campos”, calcula Guerra. Al no abrir un proceso competitivo, el país renunció de entrada a esa cantidad.
La segunda es la ausencia de ingresos fiscales sobre el 20% de la producción que se entrega a precio de coste. En condiciones normales, Venezuela cobra una regalía del 16% y un impuesto sobre la renta que, sumados, se acercan al 40% del valor de mercado del crudo: unos 30 dólares por barril con el petróleo entre 75 y 80 dólares. Sobre los 40.000 barriles diarios que suponen hoy ese 20%, son 1,2 millones de dólares al día, unos 432 millones al año. A medida que la producción crezca hacia el objetivo de 1,5 millones de barriles, y a lo largo de los 25 años del proyecto, Guerra estima que la renuncia rondará los 13.000 millones de dólares.
Sumadas, las dos partidas rondan los 16.000 millones de dólares. Esa es la característica central del acuerdo: valor real, tangible y medible que sale de las arcas públicas a cambio de una inversión que aún no existe.
El coste de oportunidad
Rodríguez añade una tercera dimensión: lo que Venezuela habría podido obtener con una subasta. Un proceso competitivo habría permitido que ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol o Eni pujaran por los campos con bonos de entrada más altos, regalías negociadas al alza y compromisos de inversión respaldados por empresas solventes. Según sus cálculos, en términos competitivos Venezuela habría podido capturar entre el 50% y el 60% del valor de la producción, frente al 10% o 15% que le corresponde con los términos actuales. En esa brecha se pierden decenas de miles de millones de dólares.
Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentar demandas ante tribunales internacionales
“¿Por qué no se subastaron estos campos? Eso es lo que hacen la mayoría de los países. Eso es lo que hizo Guyana, eso es lo que hizo Irak. Todos los países que hacen procesos de privatización hoy en día hacen subasta”, dice Rodríguez. Para él, esta decisión revela la decisión política de favorecer a un beneficiario privado sobre el interés nacional.
Guerra admite que la explotación generará regalías e impuestos sobre el 80% de la producción donde Venezuela conserva sus derechos fiscales, además de empleo y demanda de bienes y servicios. Pero advierte: “Ese beneficio es pequeño con respecto a lo que se ha podido lograr, porque primero no se hizo la licitación con bonos, entonces dejaste de recibir allí varios millones de dólares”. Los beneficios existen, pero son desproporcionados frente al valor de lo cedido.
Un contrato que nadie ha leído
Lo más preocupante, quizá, es que las pérdidas se blindan hacia el futuro. Rodríguez advierte de que el contrato contendrá, con toda probabilidad, cláusulas de arbitraje internacional: “Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentarse a demandas ante tribunales internacionales similares a las del caso [de la petrolera estadounidense] Citgo, dando como resultado que el Estado deba pagar compensaciones multimillonarias”, destaca. La ficha de la Casa Blanca confirma que el convenio entre el Gobierno estadounidense y NABEP se rige por el derecho de EEUU y queda sujeto a sus tribunales.
El procedimiento tampoco fue el que exige la ley. El artículo 150 de la Constitución venezolana establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros o con sociedades no domiciliadas en el país, como es el caso de NABEP, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa. El 1 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Parlamento de mayoría chavista aprobó con mayoría calificada un acuerdo de “respaldo al anuncio” del convenio, cuyo texto no se había consignado. Su presidente, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, aclaró que el debate sobre el contenido se daría “llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional”. Al día siguiente se firmó en Miraflores. El texto sigue sin publicarse.
La Constitución establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa
Esa unanimidad que esperaba el chavismo se rompió con el Grupo Parlamentario Libertad, la facción opositora que integra, entre otros, Henrique Capriles. Su portavoz, Luis Emilio Rondón (de la formación Un Nuevo Tiempo), salvó el voto de la bancada: “No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”. Rondón pidió que el texto íntegro se entregara a los diputados para que lo revisaran técnicos, “no para alterar el texto del contrato, sino para darle claridad a la gente”, y sostuvo que eso es lo que reclama la mayoría de los venezolanos: “No es que tiene una duda caprichosa, sino que quiere saber definitivamente todos los detalles que este acuerdo engloba”.
Rodríguez sospecha que la opacidad no es casual. Si se conociera el texto completo, con sus cláusulas de arbitraje, “eso generaría muchas más reacciones negativas aún”.
Los dos economistas coinciden en el balance. Para Venezuela, el acuerdo transfiere valor de la tesorería nacional a EEUU y a NABEP sin inversión verificable que lo respalde, sin el aval que exige la Constitución y sin beneficio neto para el país. Las promesas son elásticas; las pérdidas, inmediatas: unos 16.000 millones de dólares en bonos y tributos, más las decenas de miles de millones que se dejan sobre la mesa por no haber convocado una subasta. Y el mismo contrato que garantiza esas pérdidas hace muy costoso que un gobierno futuro intente corregirlas.
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