La vuelta a la normalidad es un espejismo

El New York Times ha inaugurado el curso político el 1 de septiembre con una serie con el título “El nuevo desorden mundial” (The New World Disorder). La serie ha sido abierta con un artículo de Margaret MacMillan, “Un nuevo orden mundial está llegando. No estamos preparados” (A New World Order is Coming. We aren´t Ready), en el que hace una suerte de presentación general de la serie y en el que deja una reflexión de la que no se puede prescindir: no hay nada más imposible que volver a un orden que se ha ido. Pretender que se puede dar marcha atrás a la historia y volver a un pasado definido como “normalidad” carece de sentido. No hay evidencia empírica disponible que avale tal pretensión.

El 3 de septiembre se publicó el segundo artículo de la serie, en el que se pasa de la “teoría general” al análisis de un “caso” ejemplificador del tránsito del Orden antiguo al nuevo Orden (desorden todavía) que se aproxima.

El artículo de Curtis Gillespie y Chelsea Ivan, “Trump no está simplemente provocando a Canadá. Está empujándolo hacia la desintegración” (Trump isn´t just Trolling Canada. He´s Helping Push it Apart). Es un extenso ensayo dedicado al referéndum convocado para el próximo mes en Alberta, en el que los autores concluyen que “inspirándose en MAGA (Make America Great Again) los separatistas de Alberta están impulsando una ruptura con Canadá”.

A una crisis de esta naturaleza es a la que responde lo ocurrido en Ceuta el 30 de julio, como ha descrito con gran precisión Sami Naïr en El País el 4 de septiembre: “El momento Ceuta y la trampa que Europa se tendió a sí misma”. Es un artículo que podría encajar perfectamente como análisis de caso en la serie del NYT.

Lo que ocurrió en Ceuta el 30 de julio no había pasado antes con la misma intensidad, pero sí con intensidad notable en los años 2020 y 2021 en las Islas Canarias y en la propia Ceuta. El 30 de julio ha sido la gota que colma el vaso, que pone fin a la “normalidad anómala” que reinaba en la frontera desde hacía mucho tiempo.

Porque únicamente como “anómala” se puede calificar una “normalidad” en la que existe un acuerdo entre España y Marruecos negociado en 2007, pero ratificado por Marruecos en 2012, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanezcan bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (art. 5), para no darle cumplimiento a continuación. Desde 2014 en todas las Memorias anuales de la Fiscalía General del Estado se incluye un apartado en el que se recoge el listado de menores marroquíes a los que sería de aplicación el acuerdo con la finalidad de que las autoridades de Marruecos dieran cumplimiento a lo acordado. Desde 2014 a 2024, año de la última Memoria, han sido 16.000 los menores a los que se podía o, mejor dicho, se debía haber aplicado el acuerdo, pero ha sido 0 el número de los retornados.

En esa época dorada de “normalidad”, con un acuerdo ya ratificado, han migrado irregularmente a España un número cinco veces superior a los que lo hicieron el 30 de julio. Y solo en el año 2018 lo hicieron 4.348.

En lo que al problema “estructural”, migración irregular de menores y africanos no marroquíes, se refiere, lo ocurrido ahora no se diferencia esencialmente de lo que ha venido ocurriendo antes. La diferencia ha estado en los 70.000 marroquíes que entraron en Ceuta persuadidos de que la frontera estaba abierta y se podía acceder a la península. Una vez comprobado que no era así, regresaron a Marruecos en el mismo día la inmensa mayoría de ellos.

El problema no son 80.000, sino que ha quedado circunscrito a unos 5.000 o 6.000 menores y africanos no marroquíes. Problema de una magnitud que debería ser perfectamente gestionable por España.

Debería ser así, pero no es así. El 30 de julio cambió “la percepción” del problema, porque ha puesto de manifiesto que la “normalidad anómala” que había presidido la gestión de los flujos migratorios, puede saltar por los aires en cualquier momento. Cuando se tengan los datos de las Memorias de la Fiscalía General del Estado de 2025 y 2026, veremos que el número de menores migrantes irregulares acumulados desde 2012 se aproximan a los 20.000. Pero esto es irrelevante. El 30 de julio lo ha cambiado todo. Lo que era aceptable entre 2012 y 2026 ha dejado de serlo. Ya no es posible volver a la “normalidad anómala” de esos años.

Entonces, ¿qué?

Parece claro que la convivencia en Ceuta no puede continuar en las condiciones de esta última semana sin una respuesta inmediata. También parece claro que la respuesta tiene que ser acorde con lo previsto en la normativa vigente.

Con el ordenamiento jurídico vigente, que no puede ser reformado para ser aplicado retroactivamente, y con la interpretación que de dicho ordenamiento se ha hecho por el poder judicial, que ha condenado con inhabilitación durante más de diez años a dos altos funcionarios por incumplimiento del mismo, está claro que no se podrá retornar a Marruecos a ningún menor sin la previa instrucción y resolución del expediente que finalice con la decisión judicial que haga posible el retorno. ¿Deberían permanecer en Ceuta todos los menores mientras se resuelven sus expedientes o sería más razonable que fueran trasladados a los territorios de las diferentes comunidades autónomas?

Aunque no es la misma la situación, tampoco podrían ser devueltos a sus países de origen los migrantes africanos irregulares, ya que no existen acuerdos de extradición con dichos países, ni disponibilidad alguna de los mismos para aceptar su retorno. Habrá, además, que resolver las solicitudes de asilo, con la finalidad de determinar cuáles tienen fundamento y cuáles no. El interrogante del párrafo anterior sirve también para este.

Quiere decirse, pues, que la respuesta inmediata al problema de la migración irregular del 30 de julio pasa por un acuerdo entre el Estado y las Comunidades autónomas y con la participación de los fiscales y jueces competentes. De no producirse dicho acuerdo, el nivel de emergencia aumentaría de manera notable.

Ahora bien, aunque se alcanzara un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la crisis de Ceuta no estaría resuelta. Tras el 30 de julio resulta imprescindible la renovación de los términos en que se relacionan España y Marruecos en general y en lo que a la gestión de las fronteras en particular se refiere.

Queda también por resolver la visita del Rey a Ceuta.

Y queda por resolver, por último, la posible intervención del poder judicial, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, en la solución de la crisis. En el caso de que el Gobierno percibiera la más mínima señal de que el asunto puede acabar siendo residenciado ante el Tribunal Supremo, debería disolver las Cortes y convocar elecciones.

El poder judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y si se pretende que sirva para lo que no sirve, el disparate que genera resulta completamente inmanejable.