La entrada en Ceuta no debería haberse producido

En el año 2007, España y Marruecos negociaron un acuerdo de retorno de menores, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (artículo 5).

El acuerdo fue ratificado por Marruecos en 2012, cinco años después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre los términos del mismo por los dos Estados. Fue negociado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los cinco años de distancia entre negociación y ratificación por Marruecos ponen de manifiesto, por un lado, la reserva mental con que fue negociado por Marruecos y la escasa fiabilidad en que fuera a dar cumplimiento al compromiso que adquiría, pero también, por otro, el acuerdo total entre el PSOE y el PP respecto del acuerdo alcanzado.

El tiempo transcurrido desde la ratificación del acuerdo en 2012 ha venido a certificar la nula voluntad por parte de Marruecos de dar cumplimiento a lo negociado. Las Memorias de la Fiscalía General del Estado desde la de 2014 acreditan que se han enviado cada año a las autoridades marroquíes “relación pormenorizada de menores que podrían ser repatriados”, respecto de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Como consecuencia de ello, el número de menores no repatriados ha ido creciendo hasta alcanzar en 2024 el número de 14.600. A los que habría que sumar los aproximadamente 2.000 de estos últimos días.

El tiempo transcurrido ha venido también a certificar, desafortunadamente, que el acuerdo inicial entre PSOE y PP o PP y PSOE no ha resistido la prueba de fuego que ha supuesto la crisis de Ceuta de esta pasada semana.

Disponemos de una norma jurídica para hacer frente al problema, pero es como si no dispusiéramos de ella. Peor todavía. Los Gobiernos españoles, presididos tanto por el PSOE como por el PP, tienen no solo que aceptar el incumplimiento del acuerdo por Marruecos, sino que tienen que negar, además, que dicho incumplimiento se haya producido o se esté produciendo. Marruecos es un socio fiel al que no hay nada que reprocharle: este es el mantra que se ha repetido machaconamente por los ministros de Interior tanto populares como socialistas.

Todos mienten es el título de una serie de televisión que seguramente muchos de los lectores habrán visto. Creo que dicho título puede ser utilizado para definir los discursos de las autoridades marroquíes y españolas de ambos partidos. Todos saben que la alternativa de decir la verdad no es viable. El Gobierno de Marruecos no está seguro de que disponga de la autoridad suficiente dentro del país para dar cumplimiento al acuerdo o, en todo caso, no está dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Y los Ejecutivos de España, socialista o popular, no están seguros de poder gestionar la reacción que se produciría en el Gobierno de Marruecos en caso de verse denunciado públicamente o, en todo caso, no están dispuestos a correr el riesgo de averiguarlo. Más todavía, tras la reacción que se ha producido en los socios de la Unión Europea y en Estados Unidos e Israel tras lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

Cuando se ha llegado a la conclusión de que no se le puede decir la verdad a los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, no resulta fácil diseñar una estrategia para hacer frente al problema. Porque, además, se trata de un problema que no se agota en la inmigración irregular marroquí, sino que se extiende a la población del África subsahariana.

El pasado 6 de agosto, Souad Mekhennt, columnista del Washington Post, publicó un artículo con el título “Qué ocurrió realmente cuando 70.000 migrantes entraron en España (What happened really when 70.000 migrants surged into Spain)”, en el que explica que el territorio marroquí fronterizo con Ceuta tiene una función adicional a su carácter fronterizo. El territorio marroquí es una “sala de espera” (waiting room) para la población subsahariana que quiere llegar a España como forma de llegar a la Unión Europea. Nadie sabe, dice la articulista, cuantos son. Pueden ser 100.000 o pueden ser varios cientos de miles. “Vinieron soñando con Europa, mendigando en las intersecciones de los caminos, durmiendo en campamentos que la policía desmantela, esperando en los bosques del norte”. Se trata de una situación conocida y reconocida por la Unión Europea, que paga a Marruecos para ayudarla a gestionar el problema. Es decir, paga por “la espera”.

La presencia de la población subsahariana no es percibida de manera uniforme por la población marroquí. En las barriadas de las clases trabajadoras el “agotamiento y la desesperanza” es la queja más oída, similar a la de los subsaharianos. Entre los que ingresaron en Ceuta había hijos e hijas de familias de estos barrios, “huyendo del país que se suponía que estaba celebrando el día de la unidad nacional”.

Entre los 70.000 africanos que ingresaron en Ceuta había marroquíes y no marroquíes. La inmensa mayoría de los marroquíes han retornado. Pero queda un número considerable que se resiste a abandonar Ceuta. Entre ellos hay marroquíes menores, en torno a dos mil, marroquíes mayores de edad en un número todavía no determinado con precisión. Y varios miles de subsaharianos. El futuro de los integrantes de estos tres grupos o subgrupos es distinto.

Joaquín Vera en La Vanguardia, “El Trampolín de Ceuta: la playa de los dos destinos”, lo explicaba de una manera muy ilustrativa, aunque no diferenciaba entre los marroquíes menores y mayores de edad. “La pasarela de madera que recibía a los bañistas en la playa de El Trampolín parece dividir en dos el distinto futuro que les espera a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta”.

Al lado derecho, los antidisturbios organizan a los marroquíes (mayores de edad) que se han acercado en busca de la ración de comida que reparte la Cruz Roja. Saben que más temprano que tarde serán expulsados. Esa es de las pocas cosas que sabemos con seguridad. (Los menores entrarán en el sistema de protección bajo tutela española e irán recibiendo la respuesta individualizada que se exige).

En el lado izquierdo, unos dos mil subsaharianos han convertido la playa en un auténtico campamento, en el que se tiene la sensación de que la vida va despacio, pese a la urgencia humanitaria que sufren. Migrantes que guardan, como oro en paño, su documentación con el sello del país del que ha huido: la clave para intentar lograr el asilo.

Con la experiencia que tenemos hasta el momento y con la prudencia con que hay que manejar las cifras ante la ausencia de información inequívocamente verificable, se puede concluir que, entre menores y africanos no marroquíes, puede haber unas cinco mil personas que no van a poder ser repatriadas desde Ceuta. Los menores marroquíes porque ya sabemos que no se ha conseguido repatriar a ninguno hasta el momento. Y los africanos no marroquíes, porque no existen convenios de extradición con sus países de origen.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial le ha comunicado al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta que no es jurídicamente posible convertir a Ceuta en territorio desde el que no se puede iniciar un proceso de solicitud de asilo, es obvio que tanto los menores como los solicitantes de asilo tendrán que ser traídos a la Península, ya que su permanencia en Ceuta resulta insostenible.

El problema no debería haberse producido, pero se ha producido. Tal como está el patio en el sistema político español, en la Unión Europea y en términos geopolíticos generales no se puede ser muy optimista respecto a qué fórmula nos permitiría tener una respuesta jurídicamente aceptable que evitara la repetición de lo ocurrido. Ni dentro de España, ni en la Unión Europea, ni en Naciones Unidas parece existir el clima que posibilite un acuerdo para hacer frente al problema.

Pero intentarlo habrá que intentarlo, porque el problema de la migración no va a desaparecer.