Feijóo adelanta las reformas del PP sobre las bajas médicas con su plan para que las mutuas den el alta y el caso gallego

Con las elecciones en el horizonte, ya sea más o menos cercano, la patronal ha recibido esta semana la noticia que lleva décadas esperando: una propuesta de reforma para que las mutuas —entidades que gestionan organizaciones empresariales— puedan dar el alta a trabajadores de baja por enfermedad común. Una línea roja en España, en manos de la sanidad pública hasta que el pasado martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asumió ese compromiso si llega a La Moncloa. 

Las declaraciones de Feijóo ante empresarios catalanes no dejan lugar a dudas. “¿Vamos a incrementar las plantillas de los médicos evaluadores? Sí. ¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí. ¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”, dijo el líder del PP.

Y no es la primera vez que el dirigente gallego aborda una de las reivindicaciones históricas de la patronal. El pasado verano, también ante empresarios, esta vez vascos, avanzó su apuesta por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores de baja. Y remachó: “Con o sin acuerdo” sindical.

Es el último de varios anuncios para recortar derechos sociales, especialmente parar modificar el actual sistema de protección de los trabajadores enfermos. Algo que ya está haciendo el PP en Galicia, desde un discurso de un supuesto “fraude” masivo no avalado por datos. 

En el caso de las pensiones, el PP suele hacer gala de una pretendida indefinición, y no aclara su postura sobre el sistema público en cuestiones clave, como la subida anual con el IPC, aunque luego vote en contra cuando llega la hora de la verdad en el Congreso. Pero cuando se trata de las bajas laborales, el equipo de Alberto Núñez Feijóo sí está dibujando un camino de recortes en caso de llegar al Gobierno central. 

El PP justifica su arremetida en el gran aumento de las bajas laborales, sobre todo tras la pandemia. Una realidad estadística que se explica por múltiples motivos: desde las largas listas de espera en la sanidad pública al grave empeoramiento de la salud mental o el envejecimiento de la población, entre otras.

Con esos datos en la mano, el PP está engrasando una intensa campaña pública de cuestionamiento y culpabilización de los trabajadores ausentes por enfermedad con críticas al aumento del “absentismo” y de un supuesto “fraude” masivo, que ni el PP ni la patronal prueba con datos.  

Su gurú económico, Alberto Nadal, ha defendido recientemente subir el límite de horas extra en España, con la excusa de dar “más libertad” a los pactos entre trabajador y empresa ante las actuales “prohibiciones para trabajar”. La ampliación del horario es una de las propuestas recurrentes del PP para salir al paso del debate sobre la conciliación: en resumen, se trata de trabajar las mismas horas distribuidas de forma diferente.

Nadal planteó el pasado mes de julio el absentismo laboral como un problema específico de España, “y especialmente del País Vasco”. “Eso se debe a que desde el Gobierno se mandan señales del tipo, pagar el alquiler es opcional e ir a trabajar es opcional”, aseguró, aunque luego reconoció que “un 70% de los trabajadores no faltan un solo día al trabajo” y que “del 30% restante las habrá claramente justificadas” y “una minoría que se aprovecha del sistema”.

“Quien da las altas y las bajas son los sistemas de salud de las comunidades autónomas, pero quien paga es la Seguridad Social. Esto genera disfunciones”, dijo. “El sistema de control no funciona”, aseguró.

El alta médica en manos de organizaciones empresariales

Ahí se asienta la propuesta de Feijóo. La patronal de mutuas AMAT ha salido en defensa de la propuesta del líder de la oposición y de la profesionalidad de sus sanitarios, que alegan que son médicos como los del Sistema Nacional de Salud. 

Sin embargo, la trascendencia de la medida no hay que buscarla en las consultas médicas de estas entidades. O no solo, sino más bien en sus órganos de dirección. 

Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, se financian con dinero público proveniente de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, pero son organizaciones empresariales, dirigidas como tal. Para ilustrarlo con un ejemplo reciente: el líder de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, quien llamó “memos” a los jóvenes de baja por salud mental, es el gerente de una mutua (Solimat). 

“El actual modelo de las mutuas las reconoce como asociaciones de empresarios”, recuerdan en CCOO. “Por tanto, con mayores competencias se incurriría en un claro conflicto de interés al ser organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas”, advierte el sindicato liderado por Unai Sordo. 

En el mismo sentido se pronuncian en UGT. “Dar a las mutuas la facultad de decidir cuándo termina esa baja es dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Eso no es gestión sanitaria: es un conflicto de intereses”, advierte. 

Cuando los sindicatos mayoritarios se han abierto a dar más competencias a las mutuas, siempre que se las nacionalice —que sean totalmente públicas, también en su gestión—, la patronal se ha negado en redondo a esta opción. 

Más allá de la propia naturaleza de las mutuas, la atención en la práctica de los accidentes de trabajo por estas entidades y el control que ejercen de las bajas por enfermedad o accidente común —“nosotros nos inflamos”, dijo Ángel Nicolás sobre las propuestas de alta a trabajadores enfermos— han labrado a las mutuas una extendida desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras. 

Por ejemplo, por altas médicas de accidentes laborales antes de tiempo que al final acaban en las consultas de la sanidad pública, así como por una sistemática negativa a reconocer enfermedades de origen profesional —que enmiendan los tribunales en muchas ocasiones—. También hay casos muchos más graves, en los que directamente se investigan malas praxis al servicio de las empresas, así como sentencias que invalidan por abusos la contratación de detectives por parte de las mutuas para espiar a trabajadores de baja. 

Cuando pueden facilitar las pruebas en mutuas, no lo hacen

Además de las altas, Feijóo afirmó que iba a “facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas”, algo que el Gobierno está tratando de impulsar (aunque el alta sigue en manos de la sanidad pública) desde hace más de dos años, con el respaldo de los sindicatos y empresarios. 

Sin embargo, en la práctica el PP no ha firmado los convenios que lo harían posible en la mayoría de las Comunidades Autónomas que gobiernan. Solo se han suscrito cinco de estos convenios: en Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, Asturias y Cantabria.  

El PP gobierna actualmente 11 comunidades autónomas, cuatro de ellas en coalición con Vox y otra con Coalición Canaria: Andalucía, Madrid, Galicia, La Rioja, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, las Islas Baleares, Cantabria y Canarias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya administración depende del Estado o de Andalucía.

“Me preocupa que las mutuas no hayan hecho uso de las herramientas que tienen desde 2024 para curar a la gente que tiene incapacidad temporal por traumatología (las más frecuentes), pero que aplaudan que vayan a dar las altas médicas… Parece que las únicas propuestas van encaminadas a restar prestaciones y derechos en lugar de medidas para recuperar la salud de la gente enferma”, lamenta Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT. 

Galicia: experimento del control fuera de lo sanitario

El líder del PP también está insistiendo en elevar el “control” de los trabajadores de baja. En este sentido, Galicia puede servir de ejemplo de lo que está haciendo ya el Partido Popular donde gobierna. Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, anunció hace meses una ofensiva para evitar presuntos abusos en las bajas. 

Desde entonces, hay varias medidas sobre la palestra. Desde ofrecer cobrar más dinero a los médicos de familia si acortan las bajas de sus pacientes al reciente anuncio de la creación de una figura de supervisión ajena al ámbito sanitario para los trabajadores que vuelven tras una baja.

Se trata de un plan para limitar las bajas que el Gobierno gallego ha sacado adelante con el apoyo únicamente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT, con fuertes críticas de CCOO y CIG, que denuncian “una criminalización” de las incapacidades temporales, que ponen bajo sospecha a quien enferma. 

El líder del PP mantiene así una alineación casi perfecta con la patronal. Una constante que se mantiene desde que aterrizó en Madrid en 2022.