CIG y CCOO rechazan el plan contra las bajas de la Xunta, a la que acusan de tratar a quien enferma como sospechoso

CIG y CCOO se reafirman en su oposición al enfoque que la Xunta -con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT- quiere aplicar a la cuestión del aumento de las bajas laborales. Consideran que el plan aprobado el lunes en el Consello lo certifica y supone “una criminalización” de las incapacidades temporales, poner la sospecha sobre quien enferma, engordar a las mutuas y evitar que el foco se ponga en las causas que están detrás del aumento de las bajas.

“Es un paso más en la campaña del Gobierno gallego en la criminalización de las bajas médicas, en el papel abusivo de las mutuas y en la privatización de la sanidad pública, mientras siguen sin adoptarse medidas ante el empeoramiento de la salud laboral de las personas trabajadoras, la precariedad y los recortes en la sanidad pública, verdaderas causas de las incapacidades temporales”, resume la CIG, el sindicato mayoritario, que ha rechazado participar en la mesa de diálogo social impulsada por la Xunta. Tampoco CCOO entró en las negociaciones del plan, que ve como “na cortina de humo diseñada para perseguir a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, justificar nuevas medidas de control y disciplina sobre quien enferma y canalizar recursos públicos hacia el tejido empresarial”.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, el plan es un escándalo que “malgasta y despilfarra” fondos públicos -está dotado con 45 millones de euros- y a quien va a beneficiar realmente es a las empresas, las mutuas y el sector privado. La creación de la figura del acompañante de reincorporación la califica de tomadura de pelo, en especial “cuando se niegan las dotaciones de personal en la sanidad pública para que atienda como se debe a las personas trabajadoras”. Las medidas van a “engordar el negocio de las mutuas”, ya que considera que les derivan los tratamientos de enfermedades músculo-esqueléticas. “Sus abusos e ilegalidades se ven compensados con dinero público”, critica. La CIG tiene convocadas protestas el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta contra el plan.

Por su parte, CCOO considera que la Xunta ha presentado el plan como algo que no es, con “un envoltorio de retórico de bienestar y protección”. En realidad, avisa, se consolidan medidas de control que se aplican con críticas de las propias organizaciones médicas. Pone como ejemplo que, entre los indicadores de seguimiento, aparece el porcentaje de altas de las mutuas resueltas dentro de plazo, lo que considera que es una presión para que los médicos den esas altas.

El sindicato carga contra el concepto del “uso responsable” del sistema del que habla el plan. “Convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular”, critica y cita la medida concreta de la carta de derechos y deberes que se enviará a las personas de baja y que va a reclamarle que colabore en la recuperación y en la reincorporación, “como si la salud fuese un contrato bilateral”. También censura que haya un dispositivo concreto contra posibles abusos, pese a que el mismo texto reconoce que el fraude es una cuestión minoritaria. Añade también que no hay referencias a las horas extra no pagadas ni a las enfermedades profesionales, que se registran por debajo de su verdadera incidencia. “Quien enferma no es un sospechoso, es un titular de derechos”, concluye.