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La Fiscalía denuncia una “persistente falta de personal” en el servicio provincial de bomberos de Ourense

Bomberos comarcales protestan quemándose a lo bonzo en la Praza do Obradoiro (Santiago) durante la huelga de 2023

Luís Pardo

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Este martes a mediodía, el juzgado de lo Social número 2 de Ourense se preparaba para acoger una causa que empieza a convertirse en rutinaria: una de las más de 70 demandas interpuestas por los bomberos del Consorcio Provincial de Ourense –la práctica totalidad de la plantilla– para reclamar el pago íntegro de las horas extraordinarias realizadas en 2025. Sin embargo, este resultó distinto. La propia fiscala jefa, Eva Regueiro, se sentó en el lugar reservado al Ministerio Público, algo muy poco habitual pero que tiene cabida cuando se tratan asuntos que afectan a derechos fundamentales. Su diagnóstico sobre el servicio fue demoledor: padece una falta “persistente” de personal y por eso las guardias adicionales se han convertido en “una práctica habitual, estructural y previsible”.

El conflicto parte de las 1.776 horas del cuadrante anual de 2025 para los cuatro parques comarcales del Consorcio: A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo. Ese tiempo de trabajo se repartía en 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. Sin embargo, en marzo de ese año, tras una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas –integrados por la Xunta y las diputaciones–, la plantilla de Ourense logró su primer convenio colectivo. Entre otros avances, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ahí empezó el problema.

El Consorcio se negó a aplicar el recorte de horas y los cuadrantes permanecieron inalterados pese a que los sindicatos presentaron, de nuevo, varias propuestas de consenso. Al final de un año marcado por la peor oleada de incendios forestales desde que hay registros –en Ourense ardieron 90.000 hectáreas, el 80% de todo lo que se quemó en Galicia–, los turnos de más, convertidos ya en horas extraordinarias, seguían sin pagarse.

No fue hasta mediados de 2026 cuando el Consorcio aceptó pagar la diferencia, pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”.

Según la fiscala jefa, con esta resolución se vulneraba el derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación por motivos de salud. Lo que estaba haciendo el Consorcio, afirmó, era dar a todas esas situaciones el mismo tratamiento que a las ausencias injustificadas. Recordó que la propia resolución administrativa del Consorcio recoge, expresamente, la obligación de descontar las incapacidades. “Existe, por tanto, una base indiciaria apreciable”, señaló Regueiro, que se basó en el artículo 2 de la Ley 15/2022 para afirmar que “la incapacidad temporal no puede convertirse en una causa de perjuicio económico injustificado”.

Para el abogado del sindicato CUT, Brais González, esa decisión de incluir en la resolución las condiciones de salud del personal como causa de pérdida salarial “debe llevar aparejada una sanción judicial ejemplar”. “Si bien hace tiempo que nuestro derecho protege a las trabajadoras frente a este tipo de discriminaciones retributivas, el PP parece empeñado en convertir el dolor y el sacrificio de las trabajadoras públicas, juguetes rotos de su incapacidad de gestión, en su estandarte político”.

En el caso en concreto que se juzgaba este martes, el bombero afectado acreditó que tenía 73 guardias programadas en 2025 y que seis de ellas coincidieron con períodos de incapacidad temporal. Para González, “la presidencia del Consorcio –la Deputación– ya no sólo condena a su personal de extinción a pagar personalmente las consecuencias de la falta de personal con la imposición de prolongaciones de jornada en condiciones impropias de un servicio público, sino que además pretende pasarles la factura, causándoles un perjuicio económico adicional al personal en situaciones de incapacidad temporal que, la mayoría de las veces –como en este caso– derivan de enviarlos a intervenciones sin recursos ni personales ni materiales”.

Regueiro no dudó en sumarse a esa tesis. En su intervención, atribuyó la programación de las seis guardias “adicionales” a “una falta persistente de personal en el Consorcio” que, como demuestran los cuadrantes, constituyen “una práctica habitual, estructural y previsible para la organización del servicio y las necesidades de cobertura”.

La cuestión que analizó en el jucio es cómo se calcula el mínimo de horas que da derecho a la compensación. A su entender, el Consorcio aplica los descuentos por las bajas “sin atender suficientemente al exceso de jornada generado durante los periodos de actividad”. Por eso, defiende que la Administración debía aplicar un criterio proporcional “que tuviese en cuenta el exceso de la jornada en los períodos trabajados”.

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