El PSOE de Zaragoza acusa a la alcaldesa Chueca de colocar un “comisario político” como viceinterventor
El Grupo Municipal Socialista ha acusado a la alcaldesa, Natalia Chueca, de haber buscado “un comisario político” para la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza. La concejala Marta Aparicio ha denunciado el nombramiento del nuevo viceinterventor, el número dos del órgano que fiscaliza las cuentas, los contratos y las subvenciones municipales, y lo ha atribuido a que a Chueca “no le gusta el control” ni “la transparencia”.
El decreto, firmado el 23 de octubre por el concejal de Personal, Alfonso Mendoza, y publicado en el BOE el 9 de noviembre, designa a Vázquez Fernández por el sistema de libre designación. Su única motivación es una remisión a un informe de la Coordinación General del Área de Alcaldía fechado dos días antes. Aparicio ha sostenido este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno municipal intentó el nombramiento “hace unos meses”, pero que el Ministerio de Hacienda no le permitió cubrir la plaza por libre designación y que tuvo que esperar a “un cambio en la legislación”.
El Gobierno de Zaragoza creó el puesto de viceinterventor hace más de siete años, en julio de 2019. El pleno dotó la plaza unos meses después y la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Intervención fijó más tarde la libre designación como forma de provisión. La modificación de la RPT de 2024 la mantuvo, pero el puesto no se clasificó como reservado a funcionarios de habilitación nacional hasta este verano.
La Ley de Bases de Régimen Local –de ámbito nacional– ha venido exigiendo autorización expresa del órgano estatal competente en Haciendas locales para cubrir por libre designación un puesto con funciones de control interno, y un informe previo del mismo órgano para cesar a su titular. Sin embargo, un real decreto del pasado mes de junio aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en principio para actualizar las entregas a cuenta de comunidades y ayuntamientos, suprimió en una disposición final esa autorización y sustituyó el informe previo al cese por una comunicación posterior a Función Pública.
La norma entró en vigor el 4 de junio y apenas tres días más tarde Mendoza pidió a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón que clasificara el puesto con libre designación. La directora general, Marina Sevilla, lo resolvió al instante y citó expresamente en su resolución el decreto ley.
Un concurso de 15 días y un informe de Alcaldía
Las bases se aprobaron el 18 de agosto y se publicaron en el BOA el 7 de septiembre y en el BOE el 15 de septiembre, lo que abrió un plazo de 15 días hábiles para presentar candidaturas. El puesto tiene nivel 30 de complemento de destino y un complemento específico de 59.851,40 euros anuales. Entre los méritos, las bases valoraban por igual la experiencia en intervenciones de grandes ciudades y la desempeñada “en otros puestos de carácter técnico o directivo”.
La base quinta obligaba a dictar una “resolución motivada” que indicara “cuáles son las cualidades o condiciones profesionales” consideradas en el elegido, pero el decreto de nombramiento no menciona ninguna: se limita a remitirse al informe de la Coordinación General del Área de Alcaldía del 21 de octubre, un órgano directivo de confianza de la alcaldesa, y no a la Intervención General ni al servicio de Recursos Humanos. El PSOE ha anunciado que pedirá el expediente completo, la lista de aspirantes y ese informe. Aparicio ha asegurado que al concurso también se presentaron funcionarios del propio Ayuntamiento.
Con la nueva redacción de la ley, el viceinterventor podrá ser cesado por el mismo Gobierno cuyas cuentas fiscaliza, con una mera comunicación posterior al Ministerio. El decreto de estructura de la Intervención le atribuye además la sustitución del interventor general, José Ignacio Notivoli, en caso de ausencia.
Interventor y coordinador a la vez
Vázquez Fernández es habilitado nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. Según publicó El Progreso en febrero de 2024, pasó por los ayuntamientos de Pontedeume, Sada, Arteixo, Ferrol y Astillero (Cantabria). Fue interventor de Ferrol durante el primer mandato de Rey Varela, entre 2011 y 2015, y después subdirector de Xestión Económica en la Consellería de Política Social de la Xunta, cuando el propio Rey Varela era conselleiro.
En noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local de Lugo, presidida por la socialista Lara Méndez, le adjudicó por libre designación la Intervención de clase primera, que ocupó desde febrero de 2019. Allí sumó en 2020 la coordinación de Alcaldía, con responsabilidad sobre los fondos europeos, y en 2021 la de Urbanismo. Durante esos años fue a la vez coordinador de la gestión municipal y su fiscalizador, lo que constituía el principal reproche que le hacía entonces la oposición del PP lucense. Tras las elecciones de mayo de 2023 volvió a ejercer solo como interventor.
El decreto de Zaragoza ordena notificar su nombramiento a los ayuntamientos de Ferrol y Lugo, lo que indica que conservaba su plaza de interventor lucense. Desde ahora debe tomar posesión en Zaragoza en el plazo de un mes.
Choques con la Intervención
El nombramiento llega tras meses de fricción entre el Gobierno de Chueca y la Intervención General que dirige Notivoli, en el cargo desde 2010. En su informe anual de control interno de 2025, debatido en la Comisión de Hacienda el 21 de mayo, la Intervención denunció un “elevado volumen de gasto irregular”, contratos que se seguían prestando “sin cobertura contractual” y deficiencias en la planificación de la contratación.
El documento iba más allá. Afirmaba que “ha aflorado una práctica deplorable” entre los gestores municipales y que algunos se permitían “el ‘lujo’” de indicar a la Intervención cómo interpretar la ley y en qué sentido informar. También denunciaba “la profunda injerencia” de remitir expedientes con plazos “estrambóticos”, el mismo párrafo que Aparicio leyó en su rueda de prensa. La consejera de Hacienda, Blanca Solans, respondió que no aprobaba esas conductas pero que no podía pronunciarse sobre casos que no se le habían comunicado.
En junio este periódico publicó que el gasto aprobado en 2023 sin fiscalización previa ascendió a 90,1 millones de euros, aunque el Ayuntamiento solo comunicó 16,5 millones a la Cámara de Cuentas. Dejó fuera los acuerdos del Gobierno municipal, casi 74 millones.
El último choque se conoció esta misma semana. Zaragoza Dinámica ha convocado una dirección técnica para Distrito 7, la 'ciudad del cine' en la antigua fábrica de Giesa, pese a que la Intervención ha advertido de que el puesto “no puede crearse sin la previa existencia de plaza en la plantilla dotada presupuestariamente”. La modificación de la RPT llegó al Consejo Rector sin que el expediente pasara por la Intervención, que lo calificó de “injerencia lamentable”.
El PSOE lleva años denunciando que la Intervención carece de personal suficiente para el control financiero. Aparicio enmarcó el nombramiento en una lista de polémicas del mandato: el Tiro de Pichón, Saltoki, los toldos de Delicias, la concesión de los quioscos, el precio de la nueva Romareda y el spa de Ranillas.
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