Intervención saca los colores al PP en Zaragoza: “Injerencias”, prácticas “deplorables” y mucho “gasto irregular”

La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado en su informe anual de control interno correspondiente a 2025 la existencia de “injerencias” y presiones por parte de gestores municipales durante la tramitación de expedientes. El documento, firmado por el interventor general, asegura además que durante el último año “ha aflorado una práctica deplorable” por parte de responsables municipales, que han tratado de influir en la interpretación de la legislación y en el sentido de los informes emitidos por este órgano.

El documento recoge que ya en el ejercicio anterior se había advertido de “la profunda injerencia” que suponía la remisión de expedientes “con exigencia de su emisión en plazos estrambóticos”, justificados por la necesidad de elevarlos al órgano competente pese al tiempo que habían permanecido previamente en tramitación en los servicios municipales. Sin embargo, la Intervención sostiene que la situación no solo se ha mantenido durante 2025, sino que además se han producido actuaciones más graves. En concreto, el documento señala que “hay gestores que se permiten el ‘lujo’ de dirigirse a la Intervención General indicando cómo debe interpretar la legislación aplicable a ‘su caso’ e indicando el sentido del informe a emitir”.

El informe no concreta a qué responsables se refiere ni identifica áreas municipales concretas, aunque sí advierte en distintos apartados de problemas reiterados en contratación, subvenciones, control del gasto y fiscalización de expedientes. Entre otras cuestiones, habla de un “elevado volumen de gasto irregular”, contratos sin cobertura contractual o deficiencias en la planificación de la contratación pública.

“Quien consiente o mira es cómplice”

Estas afirmaciones se han abordado en la Comisión de Hacienda celebrada este jueves. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha preguntado a la consejera de Hacienda, Blanca Solans, si “apoya, consiente o condena” estos comportamientos denunciados por la Intervención. Tomás también ha reclamado que el Gobierno municipal solicite al servicio de Intervención los nombres y responsabilidades de las personas que habrían intentado influir en las decisiones del órgano fiscalizador para abrir expedientes y apartarlas cautelarmente de sus funciones mientras se investigan los hechos. “Quien los consiente o mira para otro lado es cómplice”, ha afirmado la portavoz de ZeC, que ha pedido medidas para garantizar que el interventor pueda desarrollar su trabajo “sin nadie que le presione y le dicte resoluciones”.

Mientras, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado “extraordinariamente grave” el escrito y ha explicado que pedirá al interventor “que precise qué áreas y expedientes concretos se han visto afectados por las injerencias y la práctica deplorable que denuncia”. “Estamos hablando de que está denunciando interferencias del Gobierno municipal sobre el control interno del Ayuntamiento de Zaragoza”, ha destacado. A su vez, ha incidido en el hecho de que el equipo de gobierno no haya elaborado –como también afea el órgano de control– un Plan de Acción en el que se deben establecer “las medidas correctoras de las deficiencias” detectadas en el pasado.

Por su parte, Solans ha evitado entrar en posibles responsabilidades concretas: “No apruebo estas conductas pero no puedo pronunciarme por algo que no se ha puesto en mi conocimiento”, ha respondido la consejera, que ha añadido que “para mejorar se necesita concretar aquello que de una forma general se dice”. La responsable municipal de Hacienda también ha defendido que muchas de las recomendaciones recogidas en el informe se han ido aplicando desde las distintas áreas municipales, aunque ha admitido que el plan de acción exigido por Intervención “no se ha documentado como tal”.

“Gasto irregular” y contratos sin cobertura

Más allá de las referencias a las presiones denunciadas por la Intervención, el informe anual de control interno del Ayuntamiento de Zaragoza también advierte de otras deficiencias en la gestión municipal. Entre ellas, menciona la existencia de un “elevado volumen de gasto irregular”, expedientes tramitados sin fiscalización previa y contratos que continúan prestándose “sin cobertura contractual”.

El documento también pone el foco en problemas “recurrentes” en subvenciones, contratación pública y control del gasto. En concreto, señala “deficiencias” en la tramitación de contratos menores, dificultades para controlar el gasto derivado de grandes contratos municipales y “retrasos” en la planificación y adjudicación de contratos públicos.

La Intervención también insiste en que carece de medios personales suficientes para desarrollar sus funciones de control de forma “eficaz y eficiente”. El informe recoge vacantes sin cubrir, falta de personal técnico y hasta problemas de espacio físico para incorporar nuevos trabajadores al servicio.