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La apicultura aragonesa se moviliza: hasta un 70% menos de producción y quejas por el “abandono” de la consejería

Apicultura

María Bosque Senero

17 de noviembre de 2026 22:36 h

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La apicultura aragonesa atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años y las cifras reflejan la dimensión del problema. Según las estimaciones de UAGA, la producción de miel en Aragón ha caído entre un 40% y un 70% respecto a una campaña habitual, mientras que las bajas de colmenas superan el 40%. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) sitúa el descenso de la cosecha aragonesa en torno al 50% y advierte de que la mortalidad de las colonias alcanza entre el 20% y el 35% en buena parte de los territorios analizados a escala nacional. Aunque las estimaciones presentan diferencias, ambas organizaciones coinciden en señalar que la situación es “muy grave”.

La sequía y las altas temperaturas del pasado verano han reducido considerablemente la floración y la disponibilidad de alimento para las abejas, unos efectos que están teniendo consecuencias directas sobre la producción de miel y la supervivencia de las colmenas. A las dificultades climáticas se suman el encarecimiento del combustible, los problemas sanitarios y la presión de la velutina y la varroa. Un escenario que ha llevado a UAGA y UPA a reclamar a las administraciones medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de unas explotaciones que, en su mayoría, son familiares.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Aragón registraba 1.754 explotaciones apícolas en 2025, aproximadamente el 4,8% del total nacional. Los datos aportados por Pedro Loscertales, apicultor vinculado al sector y conocedor de la actividad en Aragón, sitúan el conjunto del sector en torno a 1.700 explotaciones y unas 110.000 colmenas, de las que alrededor de 290 explotaciones tendrían carácter profesional. A la caída de la producción se añade una estructura de costes cada vez más difícil de asumir. UAGA calcula que producir un kilo de miel cuesta actualmente alrededor de 5,50 euros.

La situación afecta especialmente a quienes practican la trashumancia, una modalidad que obliga a desplazar las colmenas en busca de floraciones y que soporta importantes gastos de transporte. Los apicultores deben utilizar gasóleo convencional y no cuentan con acceso a las ayudas al combustible diseñadas para otros usos agrarios. Según explica Loscertales, el problema no reside tanto en que la apicultura no esté reconocida como actividad ganadera, sino en que los criterios fiscales y los tipos de vehículos contemplados en las ayudas no se ajustan a la forma de trabajar del sector. “Hay una diferencia importante entre reconocer administrativamente una explotación ganadera y reconocer fiscalmente el combustible que necesita para desarrollar su actividad”, resume.

La alimentación suplementaria de las abejas, necesaria cuando escasean los recursos naturales, y los tratamientos sanitarios incrementan todavía más los desembolsos. “El malestar de los apicultores y apicultoras se ha convertido en indignación; se sienten ninguneados por los responsables políticos mientras se juegan su continuidad”, denuncian desde UAGA.

Una movilización y cuatro reivindicaciones prioritarias

UAGA prepara una movilización del sector ante el Departamento de Agricultura, en la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza, el próximo 24 de noviembre a las 11:00 horas, para exigir ayudas, financiación sanitaria y una interlocución directa con los responsables autonómicos. Loscertales explica que se ha trabajado en una protesta unitaria de toda la apicultura aragonesa, con independencia de las organizaciones a las que pertenezcan los profesionales. El objetivo subraya, no es escuchar nuevas promesas, sino reclamar compromisos, medidas extraordinarias y soluciones reales. 

La concentración servirá para reclamar a la Administración la creación de una mesa sectorial apícola que permita establecer un diálogo efectivo con los profesionales y concretar soluciones a los problemas del sector. Entre sus principales reivindicaciones figura también el reconocimiento de la apicultura como ganadería extensiva, con acceso a las correspondientes políticas de apoyo, así como la puesta en marcha de un plan extraordinario para hacer frente a la crisis de producción y rentabilidad de las explotaciones.

Asimismo, los apicultores exigirán medidas eficaces frente a las especies exóticas invasoras y los daños provocados por el abejaruco, además de una mayor protección de los colmenares. El sector reclama también recuperar y reforzar los recursos económicos, veterinarios y técnicos destinados al control sanitario de las colmenas, especialmente para combatir la varroosis y evitar nuevas pérdidas en las explotaciones.

Sanidad apícola sin financiación suficiente

UAGA denuncia la falta de respuesta del Gobierno de Aragón y reclama a los departamentos de Agricultura, liderado por Arancha Simón, y de Medio Ambiente, encabezado por Luis Biendicho, una actuación coordinada. Estas reclamaciones no son nuevas. La organización trasladó sus demandas al Departamento de Agricultura en una reunión celebrada el pasado 14 de octubre y exige ahora un plan de actuación con presupuesto y plazos concretos. Tras aquel encuentro, según explica Loscertales, ha habido conversaciones para dar mayor difusión y visibilidad al sector, algo que la organización valora, pero considera que ha sido insuficiente.

Las diferencias entre las ayudas de unas comunidades y otras alimentan el malestar. Extremadura ha anunciado ocho millones de euros en ayudas directas a los apicultores, con importes de hasta 18 euros por colmena en el primer tramo; Catalunya ha aprobado 16 euros por colmena y Euskadi, 26 euros. Aragón también contempla ayudas extraordinarias vinculadas a la crisis de costes, pero la fórmula prevista para la ayuda ganadera equivale a 10 euros por unidad de ganado mayor (UGM). Aplicada la equivalencia de 0,1 UGM por colmena, supone un euro por colmena computable, sujeto a los límites y requisitos de la convocatoria. La diferencia respecto a las cuantías de otros territorios evidencia, a juicio del sector, la insuficiencia del apoyo autonómico.

UAGA reclama que el Departamento de Medio Ambiente asuma directamente la vigilancia y el control de la avispa asiática (Vespa velutina), mediante un dispositivo público coordinado, dotado de personal y financiación. Considera que no se puede trasladar a los propios apicultores la responsabilidad principal de controlar esta especie invasora. También solicitan evaluar los daños provocados por el abejaruco y financiar medidas preventivas compatibles con la conservación de esta ave.

Por su parte, UPA plantea un paquete de medidas que va más allá de la respuesta inmediata a la campaña. Entre sus propuestas destaca la creación de una ayuda específica por colmena en la futura Política Agraria Común (PAC), el acceso de los apicultores a las ayudas al gasóleo profesional, el refuerzo de las subvenciones para alimentación suplementaria y la adaptación de los seguros agrarios a los nuevos riesgos climáticos y sanitarios.

La preocupación por la supervivencia de las colmenas se extiende además en los próximos meses. Loscertales advierte que el impacto del verano puede agravarse durante la invernada: la sequía, las altas temperaturas y la falta generalizada de floraciones han reducido los recursos naturales disponibles y han obligado a los apicultores a recurrir a la alimentación suplementaria. Con estos condicionantes, estima que las bajas de colmenas durante el invierno podrían situarse en torno al 30%, aunque precisa que se trata de una previsión que deberá confirmarse cuando termine la invernada.

La incertidumbre alcanza también a la próxima primavera. La falta de agua ha afectado a la vegetación y todavía está por ver si las plantas ofrecerán floraciones suficientes para que las colonias puedan recuperarse y afrontar la nueva campaña en condiciones. Por ello, el sector advierte de que las consecuencias de la actual crisis podrían prolongarse durante 2027 y comprometer la viabilidad de numerosas explotaciones.

En un panorama de crisis económica como el que atraviesa el campo, la liquidez es fundamental para las explotaciones. El cobro de las ayudas agroambientales es “un balón de oxígeno importante”, subrayan desde UAGA, mientras denuncian que los retrasos en los pagos agravan «una situación ya límite» y exigen al Gobierno de Aragón el abono inmediato de estas ayudas.

Ambas organizaciones coinciden asimismo en la necesidad de mejorar la rentabilidad de la miel y garantizar unas condiciones de competencia justas. UAGA exige que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los precios percibidos por los productores queden por debajo de los costes de producción. UPA, por su parte, insiste en la importancia de reforzar los controles y la transparencia sobre el origen de la miel importada.

Mucho más que producir miel

La preocupación del sector no se limita a las pérdidas económicas de esta campaña. La desaparición de explotaciones apícolas supone también una pérdida de actividad y empleo en los pueblos, dificulta la incorporación de nuevos profesionales y compromete una actividad fundamental para la polinización de los cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad.

El Ministerio de Agricultura reconoce que la apicultura desempeña un papel esencial en la conservación del medio natural y el equilibrio de los ecosistemas. Y a este reconocimiento se aferran las organizaciones agrarias para reclamar ayuda y recordar que dejar caer las explotaciones familiares tendría consecuencias que irían mucho más allá del mercado de la miel, poniendo en peligro al mundo rural y a la producción de alimentos. “Sin explotaciones viables no hay relevo generacional ni futuro para la apicultura”, advierte el sector.

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