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Teruel se puede quedar seco: la ciudad no tiene asegurada ni la mitad del agua extra que precisa su nuevo plan urbanístico

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, en octubre del año pasado, cuando se anunció la aprobación del convenio urbanístico de las Viñas.

Luis Faci

16 de noviembre de 2026 23:11 h

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Teruel no va a abrir el grifo mañana y encontrarlo vacío, pero lo que desde luego no tiene garantizado es el agua que necesita para crecer como planea. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que proyecta el Gobierno del PP calcula que la ciudad consumirá 6,6 hectómetros cúbicos (hm³) anuales al año en 2045, frente a los 4,9 hm³ actuales. La Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo estatal que reparte el agua de la cuenca, solo ve compatible con su planificación que la concesión municipal llegue a 5,6 hm³. Es decir, que la capital turolense apenas tiene garantizado un 40% del abastecimiento adicional que el plan urbanístico contempla.

Así se desprende de la declaración ambiental estratégica que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) firmó el 9 de octubre, el visto bueno ambiental sin el que el plan no puede aprobarse y que aparece publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). El documento avala el modelo urbano que propone el Ayuntamiento, pero le impone una condición que convierte el agua en su verdadero techo: “La ejecución de los distintos ámbitos de desarrollo quedará condicionada a la acreditación de la disponibilidad efectiva de los recursos requeridos”. Sin agua acreditada, ningún desarrollo del plan podrá ejecutarse.

El nuevo PGOU sustituye al de 1985, que ha acumulado más de 75 modificaciones y reservaba suelo para 66.292 habitantes, cerca del doble de los 36.655 que tiene hoy la ciudad. Su apuesta es una ciudad compacta. Elimina los sectores urbanizables alejados del casco y los pegados a los barrios rurales, y concentra el crecimiento residencial alrededor de la ciudad, hasta donde lo permiten las carreteras, el ferrocarril, los barrancos y las vegas del Guadalaviar, el Alfambra y el Turia. Con un horizonte de veinte años, hasta 2045, prevé llegar a 41.190 habitantes aunque habilita suelo para 8.664 viviendas nuevas.

El grueso, 4.381 pisos, se reparte en 114 hectáreas de suelo urbanizable, sobre todo en Aljezares, la ampliación de Las Viñas y San Julián Este. El plan delimita además 20 sectores para regularizar urbanizaciones surgidas desde 1985 en suelo no urbanizable, reserva suelo para ampliar los polígonos La Paz y Los Hostales, Dinópolis y el aeropuerto, y califica dos grandes parques, La Vega y Las Arcillas. Lo acompaña un Programa de Rehabilitación Urbana para los barrios más vulnerables.

Falta agua

Para todo ello hace falta agua, y el Ayuntamiento sabía que no la tenía. Según recoge la declaración ambiental, el Consistorio es “perfectamente consciente” de que las concesiones vigentes no cubren el consumo de los desarrollos previstos para los próximos veinte años. Por eso pidió a la Confederación elevar su concesión de 4.986.246 a 6.551.520 metros cúbicos anuales, con dos nuevos pozos, San Blas Pueblo y Aldehuela, y la unión de los abastecimientos de Teruel, San Blas y Aldehuela en una sola explotación.

El pasado mes de mayo, el organismo de cuenca concluyó que lo solicitado supera la demanda que el Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 prevé para Teruel en 2033. Solo aceptó la ampliación si se reducía a 5.588.799 metros cúbicos, 3.500.000 de agua superficial y 2.088.799 de subterránea. Además, la condicionó a que el Ayuntamiento aceptara expresamente ese volumen y propusiera perímetros de protección para sus pozos. La Confederación recortó así 962.721 metros cúbicos, el 61,5% del agua extra que se le pedía. El 20 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó la información pública de la concesión ya con el volumen rebajado. El plan, sin embargo, sigue calculando su crecimiento sobre los 6,57 hm³.

El agua que admite la Confederación del Júcar no llega a lo que necesita el nuevo PGOU de Teruel

El agua que admite la Confederación del Júcar no llega a lo que necesita el nuevo PGOU de Teruel

Metros cúbicos al año. Fuente: Declaración ambiental estratégica del PGOU de Teruel (INAGA, 9/10/2026) y anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar (BOE, 20/07/2026). Déficit: cálculo propio.

No era el primer aviso. En su primer informe sobre el PGOU, la Confederación se pronunció en contra “por no acreditar la disponibilidad de recursos hídricos” y por no justificar que los nuevos desarrollos no alteraran el régimen de los cauces. La declaración ambiental sostiene ahora que el organismo “acredita la disponibilidad de recursos hídricos suficiente”, pero en su último pronunciamiento, incorporado al expediente el 8 de octubre, supedita el crecimiento previsto a que se demuestre “la disponibilidad efectiva de recursos hídricos suficientes”.

Hay más obstáculos: aunque llegara toda el agua, las instalaciones actuales no podrían con ella. La potabilizadora del cerro de Santa Bárbara trata 120 litros por segundo, y en el peor escenario del plan tendría que tratar hasta 200 en las horas punta, por lo que el PGOU propone ampliarla. Y la depuradora de Teruel, diseñada para 11.250 metros cúbicos al día, “está próxima a agotar su capacidad”, según la propia declaración ambiental, y su ampliación depende de un proyecto del Instituto Aragonés del Agua. En el barrio de San Blas, el pozo actual no basta para la demanda prevista; el plan se limita a apuntar que existen “alternativas técnicas sencillas”.

El Inaga da por buenas esas mejoras, pero también las convierte en condición: obliga a cuantificar las demandas de agua, energía y residuos y a garantizar que el abastecimiento, el saneamiento y la depuración son suficientes antes de que avance cada desarrollo.

La escasez de agua obliga a mirar con otros ojos el tamaño del plan. El PGOU prevé que la población crezca de 36.655 a 41.190 vecinos en 2045. Con la ocupación que el propio documento estima, 2,26 personas por vivienda, esos 4.535 habitantes adicionales necesitarían unos 2.007 hogares, lo que supone menos de una cuarta parte de las más de 8.500 viviendas que el plan permite construir. Y el municipio ya cuenta con 5.781 pisos que no son residencia habitual, el 30,4% del parque, entre segundas residencias y casas vacías.

Priorizar “la rehabilitación”

El Inaga no cuestiona las cifras, pero sí el orden. Así, exige orientar el crecimiento “prioritariamente hacia la rehabilitación, regeneración y reutilización del parque edificatorio existente, así como a la ocupación de viviendas vacantes”, y consolidar el suelo ya urbanizado antes de transformar suelo nuevo. Con agua para menos de la mitad del crecimiento previsto, esa prioridad es, además de una exigencia ambiental, una necesidad.

A esa demanda se suma la de las urbanizaciones que el plan quiere regularizar. El PGOU dedica más suelo a ordenar lo ya construido que a los nuevos barrios residenciales: 20 sectores con 182 hectáreas de superficie, frente a las 114 hectáreas del suelo urbanizable junto a la ciudad. Son núcleos de casas surgidos desde hace 40 años en terrenos donde no se podía urbanizar, en la carretera de Celadas, El Planizar, Cuesta de la Cera, el Camino Real del Campillo o Las Granjas, entre muchos otros. Suman 432 viviendas, y el plan permite llegar a 726.

El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón ya advirtió de la “dispersión y aparición de numerosas edificaciones ilegales que se regularizan” con el nuevo plan. La Confederación obligó a sacar los cauces públicos de tres de los sectores de la carretera de Cuenca, y el Inaga avisa de que admitir viviendas en suelo no urbanizable “podría generar afecciones directas e indirectas” sobre los valores naturales, por las nuevas edificaciones, sus infraestructuras y la mayor presión humana en zonas sensibles.

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