El juez exculpa a una alcaldesa del PSOE que fue denunciada por Teruel Existe: “Siento alivio y una enorme emoción”
El juez de instrucción de Teruel Juan José Cortés Hidalgo ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE). Lo hace a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Apoyo a Teruel Existe a raíz del contrato de asesoramiento que el Ayuntamiento firmó en noviembre de 2023 con una consultora de Cuenca, Servicios Tributarios Administración Local SL (STAL). El auto, fechado el 11 de noviembre, descarta de plano la malversación y el tráfico de influencias. Y, aunque da por hecho que el contrato era nulo, concluye que no hay indicios de que la regidora lo firmara a sabiendas de su ilegalidad. La regidora ha valorado la resolución –que está recurrida– en una declaración institucional: “Siento alivio, tranquilidad y, sobre todo, una enorme emoción después de meses de acusaciones, incertidumbre y desgaste personal y familiar”.
En este escrito, la alcaldesa recuerda que se enteró de la denuncia por una rueda de prensa del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en plena campaña de las elecciones autonómicas. En esa comparecencia, Guitarte trató de justificar a su mujer, Nieves Sánchez. Como informó elDiario.es, su empresa, Arquilab, había recibido contratos del Gobierno de Azcón pese a que ella era jefa de gabinete en la Diputación de Teruel. Guitarte acusó al autor de esa denuncia de estar detrás de una “campaña orquestada” contra su partido y, justo después, reveló que Teruel Existe había denunciado a la alcaldesa de Mosqueruela. Según dijo, la denuncia había sido admitida a trámite el 30 de enero, pero no la habían hecho pública “para no enturbiar la campaña electoral”.
La denuncia acusaba a Lucea de prevaricación administrativa y, “sin perjuicio” de ello, de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Sobre estos dos últimos delitos, el juez es tajante: “No existe el mínimo indicio racional” contra la alcaldesa. El auto recuerda que la denuncia los mencionaba “de manera residual” y que la instrucción ha girado “de forma exclusiva” en torno al contrato con STAL. Según el magistrado, ninguno de los testigos que han declarado, ni siquiera el apoderado de la asociación denunciante, Joaquín Gargallo, ha apuntado a una conducta de la alcaldesa que haga pensar en esos delitos. Tampoco hay, añade, documentos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, extractos bancarios ni documentación financiera que permitan “siquiera llegar a pensar” que utilizó su cargo para lucrarse o para beneficiar a un tercero.
La causa también se archiva para I. S. P., responsable de STAL, a quien el juzgado citó como investigado en junio por un presunto tráfico de influencias cometido por un particular. El juez no encuentra tampoco “un solo indicio, ni racional ni no racional” de que influyera en la alcaldesa para obtener un beneficio económico. Lo que describe es “una relación puramente comercial” surgida a raíz de la implantación de parques eólicos en la zona, sin contacto previo entre ambos.
Un contrato nulo, pero sin dolo
La prevaricación es otra cosa, y el propio juez admite que plantea “más problemas”. El auto parte de un “hecho no controvertido”: el contrato se revisó de oficio y se declaró nulo. El Consejo Consultivo de Aragón, en su dictamen 20/26, lo consideró también nulo por tres motivos: se siguió un procedimiento inadecuado, lo firmó un órgano incompetente y no había partida presupuestaria para pagarlo. Pero que un contrato sea irregular no basta para sentar en el banquillo a quien lo firmó. Para ello, el juez se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no toda actuación administrativa irregular, “ni tan siquiera contraria a la norma”, puede calificarse de prevaricadora: hace falta que la autoridad actuara “a sabiendas” de la injusticia de su resolución. Y eso es lo que el magistrado no ve en el caso de la alcaldesa de Mosqueruela.
El auto enumera las razones. El contrato lo redactó una empresa especializada, a la regidora le constaba que se había hecho así en otros municipios aragoneses y la Secretaría del Ayuntamiento no puso reparos. A eso suma “la voluntad concurrente de sacar el máximo rendimiento para el pueblo” de la llegada de los aerogeneradores. Todo ello, según el juez, llevó a firmar el contrato “sin representarse la ilegalidad del acto”.
El magistrado también tiene en cuenta la conducta posterior de Lucea, ya que, cuando surgieron las dudas sobre la legalidad del contrato, su intención “fue siempre de verificar dicho extremo y actuar en consecuencia”. Y para corroborarlo, añade, está la declaración de la secretaria-interventora. El juez considera además que la declaración de la investigada fue “exhaustiva”, que no rehuyó ninguna pregunta y que le “pareció sincera”, aunque precisa que es “un simple comentario”.
El Ayuntamiento adjudicó a STAL un contrato menor en 2021, mientras que en noviembre de 2023 firmó un segundo acuerdo, que redactó la propia consultora, para asesorar al municipio en la implantación de las renovables. STAL cobraría un 15% de lo que ingresara el Ayuntamiento, con un tope de 750.000 euros.
La primera factura, de 104.000 euros, llegó cuando ya habían entrado en las arcas municipales unos 700.000 euros. Para pagarla hacía falta una modificación presupuestaria, y fue en ese pleno, el 3 de septiembre de 2025, cuando surgieron las dudas. Según el auto, la alcaldesa defendió entonces la legalidad del contrato. La secretaria-interventora declaró que esa factura se anuló, y que también se anuló una segunda de “50 y pico mil euros”. El 4 de marzo de 2026, tras recibir el dictamen, el pleno acordó por unanimidad dejar sin efecto el contrato.
Teruel Existe ya ha presentado un recurso, según ha confirmado la formación. El propio Gargallo ha indicado que concide “con la opinión de Fiscalía” y ha manifestado que el Ayuntamiento de Mosqueruela “ni siquiera envió toda la documentación que el propio juez requería”. “Nos ha sorprendido que ese mismo juez pida el archivo provisional, pero el proceso continúa. Quedan muchas cuestiones por justificar todavía, entre ellas ese porcentaje del 15% de todos los ingresos, tasas e impuestos incluidos”, ha apuntado también el apoderado de la asociación denunciante.
“No todo lo que se hace de manera diferente es un delito”
En su declaración, Alba Lucea sostiene que el Ayuntamiento firmó el contrato amparado en un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, emitido a raíz de una consulta de otro municipio. Según la alcaldesa, ese informe consideraba que este tipo de servicios jurídicos podían quedar fuera de la Ley de Contratos del Sector Público y que Alcaldía era competente para firmarlos. Atribuye el cambio de criterio a una sentencia del Tribunal Constitucional de abril de 2024, seis meses posterior a la firma.
La alcaldesa subraya que “hay una diferencia fundamental entre que un contrato administrativo sea declarado nulo y que quien lo firma haya cometido un delito”. También afirma que en el procedimiento se llegó a pedir que se la investigara por pertenencia a organización criminal, algo que, según su relato, el juez rechazó. El auto del 11 de noviembre no hace ninguna referencia a ese delito.
Lucea cierra su declaración con un llamamiento a la corporación municipal para que cese en las acusaciones: “No todo lo que se hace de manera diferente es un delito. No toda decisión administrativa que posteriormente se revisa convierte a quien la tomó en un delincuente”.
0