Fátima Ez Zohayry: “¿A dónde va el dinero que el Gobierno da a los ayuntamientos para reubicar a los inmigrantes en viviendas dignas?”

La Junta directiva de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) es tan reducida como diversa. Cuatro mujeres, una marroquí, otra venezolana y dos colombianas, lideradas, hace siete años por la primera, Fátima Ez Zohayry. Toda una figura, locuaz, apasionada, reivindicativa y resolutiva, muy conocida en el ámbito de la ayuda a inmigrantes en la provincia de Huelva. Tierra donde hay tantas y tantos extranjeros, en los invernaderos de frutos rojos, con necesidades por resolver.

Ez Zohayry y su equipo, integrado por las colombianas Carmen Vázquez y Vicky González, como secretaria y vocal, y la venezolana Fernanda Elena De Castro, como tesorera, representan a unas 200 asociadas, de sus nacionalidades y también rumanas, senegalesas, ecuatorianas, malienses… que aportan, con esfuerzo, una cuota de dos euros al mes, si pueden.

Todo para dar servicios -que la asociación ha ido ampliando desde su creación, en 2005-, a la ingente cantidad de personas migrantes que las llaman o que llegan a su sede, en Huelva, en busca de asesoramiento y apoyo por malas condiciones laborales, acosos y abusos sexuales de empresarios y encargados, procesos de empadronamiento y regularización, búsqueda de formación para empleos de hostelería o trabajo doméstico, por sufrir la falta de alimentos y techo y necesitar escucha y amparo.

Esto lleva adelante AMIA. Así como charlas pedagógicas en institutos sobre racismo e incluso una labor de portavoz ante instituciones como el Europarlamento en Bruselas de las necesidades inatendidas de la gente inmigrante. Lo hace con una financiación humilde e inestable. Logra alguna ayuda para combustible del Puerto de Huelva y eso le permite dar portes en coche repartiendo, por núcleos chabolistas, cajas del banco de alimento -con quien colaboran-. Coopera con Oxfam y gracias a ello proveen de colchones, mantas y enseres básicos a las víctimas de los recurrentes incendios de las chabolas. Ahora opta a otras subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer para talleres formativos sobre contratos, nóminas, derechos laborales. Pero más de una vez y más de dos acaban pagando de su bolsillo las fotocopias que necesitan sus usuarias.

Ez Zohayry, salpimenta sus frases con unos “cariño”, “amore” que permiten bien imaginarla diciendo a cada tanto “habibi” cuando habla en su lengua natal, el dariya o árabe dialectal marroquí.

Comprende bien las necesidades de las usuarias de AMIA porque ella misma ha “trabajado en la fresa”. Vino a Moguer (Huelva), a ser jornalera, hace 30 años, cuando tenía 19. En su país llevaba desde los 17 como empleada de hogar en la casa en Marruecos de los dueños de Alconeras, como tantas empresas hortofrutícolas españolas, con fincas en territorio marroquí. Ellos le propusieron trabajar de recolectora en Huelva y Fátima, buscando ser independiente y labrarse un mejor futuro, se lio la manta a la cabeza.

“Pero al llegar lo pasé fatal”, confiesa, borrando la sonrisa. “Yo no tenía ni idea de campo, no estaba hecha a ese esfuerzo. Y de noche, me quedaba sola, muerta de miedo, en la finca, llorando”. Su encuentro, a los quince días, con una familia jornalera de Jaén, con madre, hijas, hijos, nueras… sería clave en su vida. Entre los jóvenes estaba Manuel Milla, “mi Manué” -dice de su marido-, quien, junto al ex empleado del SEPE, Gonzalo Vilas, está como voluntario en la asociación la mañana de la entrevista con elDiario.es Andalucía.

Origen de AMIA y sus presidentas

A los dos años, Fátima y Manuel se casaron y tuvieron a su hijo Karim. Seis después a Yasmine. Tiempos de trabajo jornalero y crianza de niños. Pero cuando el mayor tenía 9 años y la chica 3, Ana, una compañera colombiana, le descubrió AMIA a Fátima y ella empezó en la asociación, como voluntaria. “Con un recibimiento tan cariñoso de la presidenta, Maribel, ecuatoriana, que jamás olvidaré”. Desde entonces simultaneó trabajo, familia y activismo. Hoy sus hijos tienen 26 y 20 años y ella, como presidenta, está volcada en la asociación.

La citada Maribel es Maribel Valencia quien, atendió a elDiario.es Andalucía desde Burdeos, Francia, donde hace seis años vive y trabaja en una empresa de limpieza, mientras impulsa una app de asesoramiento de salud, empleo y finanzas, para mujeres de habla hispana mayores de 45 años. “¡Claro que recuerdo cómo conocí a Fátima! Siempre tuvimos claro que a cada mujer que viniera la recibiríamos haciéndola sentir calor humano. Que no estaban desamparadas. Que las íbamos a acompañar y apoyar frente a sus problemas hasta que pudieran volar solas”.

AMIA, creada en 2005, por una docena de latinoamericanas, como su entonces presidenta, la ecuatoriana Maribel Valencia, buscó abrirse a las muchas trabajadoras marroquíes que hay en Huelva. Porque, según transmiten, "más allá de diferencias culturales e idiomáticas", las inmigrantes, de todas las nacionalidades, comparten "un 60 por ciento de los problemas, desafíos y circunstancias vitales.

La experiencia de Valencia, quien en Ecuador trabajaba como responsable de políticas sociales de ayuntamientos rurales, fue clave para crear AMIA. Ocurrió cuando ella estaba empleada, en Huelva, como interna, cuidando a una señora mayor. Y tras poner en común, con otras compañeras, con quienes se cruzaba por la calle o compartía bancos del parque, sus jornadas extenuantes y sueldos escasos. Ella destaca que crearon la asociación con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y su responsable en Huelva, Lola Carmona. Esta alentó a Maribel y a la docena de otras fundadoras. Las reforzó en su convicción de que nadie mejor que ellas, que conocían, en primera persona, las necesidades de las inmigrantes, podrían guiar a otras mujeres en sus circunstancias.

“Sobre el nombre debatimos mucho”, reconoce Maribel Valencia, “porque queríamos transmitir la valentía que nos caracteriza a las inmigrantes, que dejamos familia y país atrás para abrirnos camino en lugares desconocidos. Reflejar nuestra fuerza de la madre Tierra. Nuestro ímpetu guerrero. Que jamás nos rendimos”. Todo ello cuajó, gracias a una amiga y colaboradora vallisoletana en Huelva, Felicita Peña, en el nombre de “Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción”, que se conserva.

“Para mí es emocionante que AMIA siga, pues es como hija mía”, explica. Le alegra que se mantenga en el local cuya cesión municipal lograron. Y que, ahora, la presida Fátima. “Las latinoamericanas siempre quisimos abrir AMIA a tantas marroquíes que trabajan en Huelva. Gracias a jornadas de convivencia gastronómica, a talleres… se ha logrado. Y es estupendo porque, por encima de diferencias, culturales o idiomáticas, las mujeres inmigrantes, de todas las nacionalidades, compartimos el 60 por ciento o más de las necesidades y desafíos. Tanta explotación que sigue habiendo, las muertes en incendios de chabolas, que me temo que son provocados, la precariedad y violencia que se nos siguen imponiendo...”.

Abusos y timos sobre las débiles

En efecto, aunque han pasado 30 años desde que Ez Zohayry llegó a Huelva, las inmigrantes siguen dando parte de muchas vulneraciones de derechos. “Sufren mucho maltrato, porque llegan solas, a un sitio extraño, sin conocer las leyes que las protegen…”, expone Fátima. “Las marroquíes y otras africanas, peor aún que las latinoamericanas, porque, sin conocer el idioma, les cuesta más informarse y protestar”.

Entre los abusos frecuentes que relatan, junto a “la explotación” y “los manoseos, acosos y ataques sexuales”, está el pago de forma irregular por parte de algunos empresarios. “En vez de pagarles el salario íntegro en nómina, por banco” -específica- “les dan la mitad en un sobre, lo que les repercute a la hora de mostrar lo que cobran a los arrendatarios, el paro, jubilaciones…”. AMIA, subraya, tiene denunciada a la empresa Bionest porque descuenta del sueldo de sus jornaleras tantas partidas (por uso de wifi, alojamiento, fianzas, trámites de tarjetas de extranjería…) que la remuneración por el trabajo se ve muy mermada.

La presidenta de AMIA critica que hay empresarios que pagan a sus trabajadoras en B la mitad o más del salario, lo que les perjudica para alquilar y cotizar de cara al paro y jubilación. De hecho, tienen planteada, por este tema, una denuncia colectiva, en los juzgados, a una empresa hortofrutícola.

“Cuando nos llegan estas alertas, me planto en la finca a hablar con el empresario”, relata Ez Zohayry. “Si no atiende a razones, no queda otra que ir al juzgado”. Tanto para esos casos como para trámites burocráticos, como los del reciente proceso de regularización, en AMIA cuentan con una abogada. “Aunque es muy difícil que las trabajadoras se atrevan a denunciar porque siempre temen represalias, que las echen”.

Las condiciones laborales son tan duras, “que me llega al nervio cuando dicen que los inmigrantes viven de paguitas. Entonces, ¿para qué trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde, bajo el frío y el calor?”, se pregunta. “Quien, en algún momento recibe prestaciones es porque ha trabajado mucho, muchos años. No se las regala nadie, es su dinero, cotizado”.

Uno de los mayores desafíos es el de las infraviviendas que, sólo este septiembre, se ha cobrado la vida de dos personas inmigrantes. Ha sido en sendos incendios, que no se ha aclarado si han sido accidentales o intencionados, y ocurridos en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. “Nosotras, con otras entidades, estuvimos reunidas este verano, en Delegación del Gobierno, y nos enseñaron la lista de millones que los ministerios han dado a los ayuntamientos para erradicar el chabolismo. Nos enseñaron los recibos de los ayuntamientos para justificar en qué casas, comidas y transportes los han gastado. ¡Pero nada de eso ha llegado a los inmigrantes! ¡Te lo digo yo, que voy a verlos y a llevarles cosas! ¿A dónde va el dinero?”

Ayuda a una mujer desesperada

La sede de AMIA es un pequeño bajo, de fachada sencilla e interior acogedor, lleno de carteles, papeles, mesas y sillas. Está en la calle Jazmín, una de las muchas con nombre de flor del onubense barrio del Torrejón. Barrio donde, paradójicamente, abunda el asfalto, sin jardines ni arbolado. Ejemplo del abandono municipal de los extrarradios. Desde 2017, dos años antes de convertirse en su presidenta, Fátima Ez Zohayry, es su presencia más constante.

Ese año sufrió una dolorosa parálisis. Tenía bloqueados desde el pie a la cadera, no podía levantarse ni vestirse. En el hospital Juan Ramón Jiménez, detalla, le diagnosticaron cinco hernias discales, inoperables por riesgo de quedar en silla de ruedas. Todo a consecuencia de las décadas de trabajo agrícola, “incluido el montaje y desmontaje de los propios invernaderos, con sus arcos de hierro y sus plásticos”. Tras años de seguimiento, por médicos de la mutua y la Seguridad Social, se le expidió la incapacidad laboral. “Desde entonces la experiencia que tengo es para las mujeres que vienen a la asociación”.

Hasta en local, en plena entrevista, llega una compatriota suya marroquí, de 61 años, en busca de ayuda, consejo y consuelo. Ella misma se convierte, enseguida, en caso práctico de lo que Ez Zohayry estaba contando, pues revela que, en sus diversos empleos, le suelen pagar la mitad de lo acordado en negro.

Pero no viene a denunciar eso. “No puedo, si protesto me echan”. Un tema familiar la trae, en autobús, desde de un pueblo de la provincia, cuyo nombre, como el de la mujer reservamos. Ella, atendida por Ez Zohayry, sí quiere que, de forma anónima, se haga pública su historia “para que la gente nos comprenda, y sepa lo que sufrimos. Que no nos odien y ataquen, a partir de lo de Ceuta. No venimos a hacer mal, sino a buscar una vida mejor”.

Una usuaria de AMIA desvela que empresarios y encargados le piden hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de empleo que él necesita para intentar emigrar a España. Y la asociación confirma que se trata de una práctica abusiva generalizada.

La señora, llamémosla Salma (que significa Paz), viene con la cara desencajada. “Es la preocupación por mi hijo, de quien me separé hace diez años”, explica. “Yo, en mi país, fui 23 años profesora de francés”, detalla, “pero ganaba poco para asumir sola la crianza del niño, cuando su padre y yo, con arreglo al Corán, al no llevarnos bien, nos separamos”. Salma cuenta que vino con contrato de trabajo, “para la agricultura, en Granada. A los dos meses tenía mis papeles. Yo soy de vida recta, lo traigo en la sangre. Todo legal”. Desde entonces ha ido encadenando empleos. En verano, sobre todo como ayudante de cocina, en bares y restaurantes; en invierno, en almacenes de fruta. “A veces también como cuidadora a domicilio, pero ahí nunca te dan de alta”.

El tiempo se le ha escurrido entre los dedos, aquel niño de 12 años, al que quería dar un mejor futuro, poder criar en España, hoy tiene 22 y malvive en su Casablanca natal. “Las cosas no han salido como yo soñaba”, se enjuga una lágrima. El hijo terminó la secundaria, pero no le ve sentido a hacer el bachillerato. “Los gobernantes de Marruecos no dan futuro a la juventud”. Él está “bloqueado”, sin expectativas de vida, “culpándome de abandonarle, sin poner la cámara para que yo pueda verle cuando le llamo, diciéndome que cualquier día se suicida”, revela, ojos humedecidos y apretándose las manos.

La mujer viene flechada a AMIA porque un joven activista turco, de paso por el pueblo onubense donde vive y trabaja, le ha recomendado hablar con Fátima. “Necesito que alguien me ayude a lograr la reunificación familiar con mi hijo, porque sola no lo consigo. Y o viene o me volveré a Marruecos, dejando atrás nuestro sueño de progreso, por estar a su lado”.

Según cuenta, el joven se ha planteado cruzar a Ceuta o Melilla, como vio el pasado final de julio a gente de su generación. “Pero le da miedo… Que no, que arriesgar su vida no es una opción, tras diez años que yo llevo aquí luchando para que venga de forma legal y segura”. Baja y sube la mirada, y añade: “Estos diez años han sido un parpadeo. En otro abrir y cerrar de ojos tendré 71”.

Acostumbrados como estamos a oír hablar de “las mafias” en lo que se refiere a “los pasadores de fronteras” de los inmigrantes, choca mucho oír el testimonio de esta madre cuando relata que empresarios y encargados le exigen ahora el pago de hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de trabajo que necesita para intentar emigrar a España de forma legal y segura. “No te creas que es algo aislado”, precisa la presidenta de AMIA. “Es un abuso, sí. Pero se hace mucho”.

“Hay tantas cosas que la gente no sabe”, comparte Salma y enumera: “el miedo que tengo por la calle, oyendo las cosas racistas que oigo contra mí, por ser marroquí y musulmana; el miedo a los abusos, en el trabajo, que me ha enseñado a mentir y decir que vivo aquí con marido e hijos porque si te saben sola se ensañan; el problema del alquiler que nos obliga a vivir hasta dieciséis en un piso de tres habitaciones… Soy ya mayor y estoy cansada. Mi vida es trabajar y encerrarme por miedo a lo que me pase. Cuando yo amo España. Estuvimos aquí ocho siglos. Es nuestro segundo país”.

Sobre la marcha, en el dariya natal, que crea confianza y protege la intimidad, Fátima Ez Zohayry, asesora a Salma, sin venderle falsos atajos para una reunificación con su hijo que requerirá tiempo y un complejo proceso. También la escucha, comprende, consuela y le ofrece té con galletas.

Política: problema y solución

También Fátima está muy preocupada con el aumento de rechazo a los inmigrantes a raíz de la numerosa entrada del 30 y 31 de julio por Ceuta. “A mí el auge de Vox y los fascistas no me acobarda”, declara, “porque ellos son quienes crean odio, nosotros gente de paz. No van a hacernos jamás agachar la cabeza”. Lo que sí le “duele en el alma”, y hasta “hace llorar”, es que “la sociedad española nos trate mal, cuando tan bien acogemos, en Marruecos, a los turistas españoles y a tantos empresarios que tienen allí parte de sus negocios y cosechan, con nuestra mano de obra, trabajadora y barata, aguacates, fresas, arándanos, frambuesas… Fruta a la que, luego, le ponen la etiqueta de ”Producto de España“.

Fátima y Salma coinciden en que su país de origen “es maravilloso, lleno de posibilidades”. Atribuyen la falta de expectativas laborales “a los políticos, que no miran por nuestra juventud”. Fátima, de hecho, comparte “vídeos en dariya, muy críticos, en redes sociales. Que mi familia allí me dice que se oyen mucho, en los cafés y por la calle. Tanto que les da miedo que me señale”. Además, la gente viene a nado y saltando vallas, “porque a un marroquí de a pie no le dejan viajar aquí en avión, sin visado, con la libertad que vosotros vais allí”.

Sin embargo, su esperanza también se cifra en que “el nuevo gobierno mejore las cosas” (la entrevista se hizo el día de las elecciones, unos comicios que han supuesto un cambio de fuerzas en la coalición gubernamental actual, pero en los que ha destacado la enorme abstención). O, si nada progresa, “que el rey ate a los políticos más en corto, como en los tiempos de su padre” -declaración controvertida, dado el papel de Hassan II en “los años del plomo”, pasados los cuales, según ella, la situación nacional era mejor que la actual-.

Igualmente, quieren que el diálogo entre los ejecutivos de ambas orillas desinflame el conflicto fronterizo. Ez Zohayry está satisfecha de que la gran movilización social por la regularización haya llevado a que el gobierno PSOE-Sumar la aprobara. “Y ahora estamos enfocadas en las pegas que los ayuntamientos ponen para empadronar a las personas inmigrantes sin vivienda, cuando la ley deja bien claro que es obligatorio empadronarlos, aunque sea en el banco de un parque”.

En su tarea reivindicativa, de denuncia y trabajo para alcanzar mejoras para las y los migrantes, AMIA y su presidenta ven clave “la coordinación con las asociaciones feministas” y con colectivos “como Jornaleras en Lucha, de compañeras como Ana Pinto”.

Manuel Milla, que acaba de departir con la tesorera, sonríe en su mesa. “Había que ver a Fátima, a los 19 años, cuando llegó, tan tranquila y callada. Es como si trajera la batería descargada”, subraya la diferencia con su carácter actual. “Se ha llenado de energía a fuerza de pelear, por ella y por las demás”, sentencia.

Fátima asiente. “Manuel me anima siempre: tú sueña mucho”, comparte. “Y yo sueño. No para mí, sino con mejorar las condiciones laborales, de vida y respeto para las mujeres de la fresa; con que AMIA pueda ayudar, cada vez, a más gente; y, tercero, con que los políticos de Marruecos, por fin, creen trabajo que evite que nuestros chiquillos se vean obligados a emigrar”. La entrevista acaba y en AMIA siguen atendiendo llamadas, dando citas y asesorando a usuarias.