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Análisis

¿Qué supone ahora Venezuela para EEUU, España y el propio gobierno venezolano?

Un hombre observa sobre un edificio afectado por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela).
27 de junio de 2026 22:28 h

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Los terremotos que acaba de sufrir Venezuela suponen el culmen de una prolongada tragedia que se explica tanto por los errores del chavismo como por el efecto de las sanciones internacionales y del intervencionismo militar de Washington. Y ahora, cuando urgentemente hay que responder a la emergencia y de inmediato llevar a cabo una reconstrucción global, al gobierno venezolano y al conjunto de la comunidad internacional se les plantea un desafío de proporciones extraordinarias, aunque también cabe verlo como una oportunidad no menos hercúlea.

Lo ocurrido es, obviamente, un enorme desafío para cualquier gobierno enfrentado a un golpe de esas dimensiones. Pero se hace aún más difícil si se tiene en cuenta que los sismos han golpeado a un país en el que, desde hace demasiado tiempo, el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza y en el que la población ni logra satisfacer sus necesidades básicas ni disfruta plenamente de sus derechos fundamentales. Basta con señalar que, a pesar de contar con las mayores reservas mundiales de petróleo, en estos últimos años unos ocho millones de venezolanos han optado por abandonar su tierra buscando una vida digna, mientras que el PIB ha caído un 80% en los últimos quince años.

Esa situación es, en gran medida, el resultado de la gestión de un régimen que, con el consabido cambio de caras desde Hugo Chávez (1999-2013) hasta Delcy Rodríguez (2026-), pasando por Nicolás Maduro (2013-2026), ha convertido a Venezuela en un Estado fallido, con una inflación desbocada, incapaz de garantizar el bienestar de la mayoría de su población, con una generalizada corrupción en todos los niveles de poder, unos servicios públicos abrumadoramente insuficientes e infrafinanciados y un inquietante deterioro del Estado de derecho. Y nada sustancialmente positivo ha podido aportar el gobierno actual desde el pasado enero, marcado por su escasa legitimidad y señalado por muchos venezolanos como un mero actor subordinado al dictado de Estados Unidos.

Todo ello significa que, más allá de la apreciable voluntad ciudadana para movilizar sus (muy escasas) fuerzas en repuesta inmediata a la tragedia, el aparato estatal está manifiestamente limitado para actuar eficazmente. Por un lado, no se distingue precisamente por su operatividad para atender a los asuntos públicos (más allá de la política de control represor de cualquier disidencia). Por otro, se enfrenta a una inquietante carencia de medios humanos y físicos para tratar de salvar vidas y asegurar los servicios esenciales en estas horas críticas, como consecuencia de la prolongada desatención a políticas públicas tan necesarias para prevenir y responder a estas situaciones.

En todo caso, también es cierto que esta misma coyuntura trágica puede convertirse en una oportunidad para consolidar a esos mismos gobernantes ampliamente cuestionados, si son capaces de estar a la altura de las circunstancias. Sin una llamada a las urnas a la vista, lo que ahora haga Rodríguez será una verdadera prueba de estrés político para su propia supervivencia y para la del régimen que encabeza, con la población venezolana escrutando cada una de sus declaraciones y, sobre todo, de sus actos. Su principal problema a corto plazo es que sus medios de respuesta son muy limitados por tantas carencias acumuladas, lo que previsiblemente va a aumentar incluso las críticas internas por los múltiples fallos que a buen seguro se van a producir en estos días. Y, mirando más allá, se va a encontrar con un serio dilema a la hora de asignar recursos, sabiendo que lo que dedique a reforzar las capacidades estatales de prevención y atención a las necesidades de la población no podrá dedicarlo a actualizar la infraestructura petrolífera que, a fin de cuentas, sigue siendo la base principal para imaginar una Venezuela más estable y desarrollada.

En esa misma tesitura, entre el desafío y la oportunidad, se encuentran actores tan señalados como Estados Unidos y España. El primero tiene ahora la oportunidad de demostrar si su interés por Venezuela va o no más allá de controlar sus riquezas petrolíferas. Si un personaje tan atrabiliario como Donald Trump es capaz de controlar su soberbia y su afán mercantilista, ahora tiene ante sí la posibilidad de ganarse a los venezolanos por mucho tiempo si se decide a poner todo lo que Washington puede aportar no solo para atender a las víctimas de los terremotos, sino, mucho más, a la necesaria reconstrucción de un país tan potencialmente rico. Y algo similar cabe decir de España, de la que se espera que no solo ayuda de emergencia, sino un activismo que vaya más allá de las palabras tanto en clave nacional como liderando la posición de la Unión Europea para contribuir a sacar a Venezuela del abismo en el que lleva tanto tiempo metida.

De momento, tanto España, que ya ha movilizado inmediatamente alguna ayuda de emergencia —enviando aviones con personal de búsqueda y rescate, así como maquinaria, agua y alimentos—, como EEUU —estableciendo una estructura militar de emergencia en Honduras— parecen querer estar presentes sobre el terreno. Para la tantas veces pendiente fase de reconstrucción conviene recordar, por cierto, que el objetivo no es volver a la situación anterior a los terremotos, sino colocar a Venezuela y a sus ciudadanos en condiciones de mirar al futuro con confianza.

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