Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

Sole Gabarre repite una y otra vez que su nieto, de 11 años, estaba “muy bien cuidado” porque ella siempre se preocupó de que no le faltara “de nada”. El menor, con una discapacidad del 63 por ciento por Trastorno del Desarrollo (TEA) en nivel 3, con afectación cognitiva y del lenguaje severas y una dependencia reconocida de grado 2, tiene que abandonar el domicilio familiar en Oviedo en las próximas horas para su acogimiento residencial en Gijón.

La medida se adopta en cumplimiento de una resolución dictada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado por la que se ha declarado la situación de desamparo del menor y se ha acordado la asunción de su tutela por la entidad pública y la suspensión a los padres en el ejercicio de la patria potestad.

La abuela asegura que no pondrá “obstáculos” y entregará al menor sin oponer resistencia a la administración del Principado, pero ha solicitado acogerse a la asistencia jurídica gratuita para que un abogado de oficio la represente en su lucha para lograr que le “devuelvan” pronto al niño para que no pierda el arraigo familiar.

Una situación familiar complicada

Sole es madre de cinco hijos, algunos de ellos están enfermos, y reconoce que la situación familiar es complicada: “No se puede tapar el sol con un dedo, pero eso no es motivo para que no nos hagan caso”, se queja.

Ella es la abuela materna y desde un principio ha estado apoyando a su hija Rebeca, madre del menor, especialmente desde que ésta y su marido se separaron. Rebeca le denunció por un delito de violencia de género y un juzgado le condenó el año pasado por un delito de injurias leves en el ámbito familiar y le impuso una orden de alejamiento de ella durante seis meses.

Las secuelas de dos ictus

Rebeca ha sufrido ya dos ictus que le han dejado secuelas y ha tenido que ser atendida en alguna ocasión por profesionales de la Cruz Roja por sus problemas de descompensación ya que padece diabetes e hipertensión, aunque su familia mantiene que eso no le impide atender adecuadamente a su hijo “como ha hecho hasta ahora”.

La administración regional considera que la capacidad de la madre para ocuparse del niño es “gravemente inadecuada” para responsabilizarse de él dada su propia situación de dependencia y así lo ha reflejado en el informe incorporado al expediente de seguimiento de su caso.

El bienestar del menor prima por encima de todo y aunque la abuela entiende que los profesionales buscan mejorar la calidad de vida de su nieto dice que la familia se la ha proporcionado en todo momento.

“Aquí solo vale lo que digan ellos y no nos escuchan. Sabemos que Rebeca está limitada por su enfermedad –dice Sole– pero tememos que empeore si le quitan a su hijo”.

El desahucio de la vivienda

Si los problemas ya le parecían suficientes, otro más se ha añadido a la lista. Rebeca y su hijo fueron desahuciados de la vivienda donde residían en la localidad de Lugones, en el concejo asturiano de Siero. El pasado mes de diciembre, cuando se iba a hacer efectiva la orden de desalojo, contaron con el respaldo de la Plataforma Stop Desahucios y, ante la presión social, se paralizó. Pero fue un balón de oxígeno que duró tres meses y en marzo de este año tuvieron que abandonar definitivamente la vivienda al ejecutarse la orden de desahucio.

Desde entonces, Rebeca vive en una vivienda pública en régimen de alquiler “por urgencia social” en Oviedo, por lo que la familia materna no comprende cómo es posible que el acogimiento residencial sea en Gijón, a 30 kilómetros de distancia.

“Eso solo va a empeorarlo todo porque además, ¿Quién nos paga el traslado?, ¿Cómo vamos a ver a mi nieto solo el día que ellos digan?. Además dicen que no podemos estar las dos a la vez, si va Rebeca yo tengo que ir otro día”, son algunos interrogantes que se plantea.

El desahucio se hizo efectivo tras la denuncia del propietario por impago. La familia materna sostiene que, antes de abandonar la vivienda, Rebeca y su hijo permanecieron en la casa cuatro meses sin agua, porque se les cortó el suministro. Aunque Sole admite que había esa deuda, mantiene que su hija no tenía ingresos económicos y su exmarido era el responsable de pagar los recibos.

Tampoco encontró el respaldo que ella esperaba en el Ayuntamiento de Siero. Se queja de que el alcalde, el socialista Ángel García “Cepi”, no se preocupara de su caso, así como de la “poca empatía” de los servicios sociales. Comenta que puso en su conocimiento que había una vivienda que estaba vacía y situada a escasos metros de donde ella y su hija Sonia viven, también en Lugones, pero desde el ayuntamiento descartaron esta opción. La abuela insiste en la importancia de que su hija Rebeca pueda estar cerca de ambas. “Eso permitiría que mi hija mejorara porque hay que mirar también por el bienestar de Rebeca y que, cuanto antes, pueda volver a estar con su hijo”.

La versión municipal

Fuentes municipales han negado rotundamente que el alcalde se desentendiera de la situación de vulnerabilidad de la familia. Afirman que estaba al corriente de este expediente, pero su caso se remitió a la Concejalía de Servicios Sociales que es la que tiene delegada la competencia en esta materia.

Las mismas fuentes han indicado que en este caso concreto, además de un seguimiento personalizado de la familia, se les ofreció como alternativa dos viviendas ubicadas respectivamente en Pola de Siero y en Carbayín, al ser los lugares donde había disponibilidad de viviendas de emergencia social en ese momento, pero en las dos ocasiones su propuesta fue rechazada por los familiares del menor.

La propia Sole ha confirmado este ofrecimiento que le hizo el ayuntamiento, pero argumenta que decidieron no aceptarlo por la distancia que había desde estas localidades a Lugones: Pola de Siero –capital del concejo– está situada a 14 kilómetros, mientras que Carbayín se encuentra a 20 kilómetros.

“Yo no tengo coche para desplazarme. Es verdad que antes de que le dieran a mi hija Rebeca la casa de emergencia social en La Corredoria (Oviedo) le ofrecían ir a otras viviendas, pero especialmente la de Carbayín estaba muy, muy lejos y no perdimos nada ahí. Mi hija Sonia y yo estamos viviendo en Lugones y Rebeca y mi nieto tenían que estar cerca de nosotras”, reitera.

El corte de agua

Las condiciones de la vivienda donde madre e hijo residían en Lugones, hasta que se produjo el desahucio, no eran las más idóneas y se tenían que apañar como podían a raíz de que les cortaran el suministro de agua, según la versión de la abuela.

“Durante cuatro meses yo tenía que coger agua de una fuente que hay cerca para llevársela a Rebeca porque les cortaron el suministro y el chiquillo tenía que bañarse y el agua se necesita para todo. No se puede cortar el agua así y dejarlos tirados como ocurrió”, lamenta.

Solo encontraron el apoyo de Podemos Siero, según explica la abuela. Sole corrobora que fue el único partido que exigió la restauración inmediata del suministro de agua al tratarse de una familia monomarental cuyos únicos ingresos eran 450 euros mensuales y siendo altamente vulnerable por la condición de su hija como víctima de violencia de género y su nieto presentar un alto grado de discapacidad.

“Me da ansiedad, llorera, estoy desesperada, con rabia, impotencia, todo junto en una mezcla de sensaciones”, describe Sole mientras recalca, una y otra vez, que en todo momento tanto ella como su hija Rebeca mostraron su disconformidad a que el niño fuera acogido por el Principado.

No obstante, es consciente de que si ella u otro familiar no pueden responsabilizarse del cuidado y atención que requiere el menor, debe ser el Principado quien asuma su guarda y acogimiento residencial.

“Eso lo entiendo y por eso voy a entregarlo, pero mi lucha sigue. Siempre cuidamos bien de él y no le faltó de nada. No pueden buscar las palabras para poner en un informe que no le atendimos bien. El niño es muy cariñoso y no sé qué va a pasar cuando no esté con su madre, ni con nosotros”, cuenta con gesto de preocupación.

Los informes del Principado

Por su parte, el Principado ha recogido todas estas preocupaciones de la familia en los informes a los que ha accedido elDiario.es Asturias donde consta expresamente su disconformidad con las medidas protectoras acordadas por la administración regional.

Así lo expresaron los profesionales en una comparecencia celebrada el 5 de septiembre en las dependencias de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, previa citación de la Dirección General de Infancia y Familias en el trámite de audiencia de tutela en el expediente de protección.

“La abuela y tía materna consideran que Rebeca se ocupa de su hijo adecuadamente y ellas la apoyan en los cuidados. Consideran que es un error ingresar en estos momentos al niño en un centro porque está bien atendido, es un niño feliz y necesita el cariño de su madre y su familia. Muestran su total desacuerdo con las medidas propuestas”, señala el acta de comparecencia.

Sin embargo, en otro párrafo está la clave. Literalmente dice la siguiente frase: “Ante el planteamiento de un posible acogimiento familiar exponen que no pueden hacerse cargo”.

La ayuda a la familia

El acta finalmente no fue firmado ni por Rebeca, ni por su madre Sole ni tampoco por su hermana María Luisa que las acompañó a ambas a esa comparecencia, aunque ya se especificaba que la firma del documento implicaba únicamente el conocimiento de su contenido, “pero no necesariamente que la compareciente esté conforme con las medidas que pueda asumir la entidad pública respecto del menor”.

El expediente de protección incorpora los informes de los profesionales que a lo largo de los últimos años han hecho un seguimiento a la familia. Hace referencia al apoyo recibido por los Servicios Sociales de Siero desde el nacimiento del menor, así como del Programa de Apoyo en el Entorno para personas con discapacidad intelectual de Cruz Roja que se lleva a cabo desde 2020, con el objetivo de propiciar el desarrollo y estimulación de las capacidades del niño, dar apoyo y pautas educativas a la unidad familiar y proporcionar el desahogo de la cuidadora principal.

Otro de los problemas que preocupa a la administración es el sobrepeso del menor, otro de los aspectos que se han tenido en cuenta y desde Cruz Roja se trabajó orientando a la familia en hábitos saludables. La abuela materna puntualiza que en todo momento han seguido las indicaciones de los profesionales para que su nieto siga una dieta adecuada.

El seguimiento para la protección del menor

Asimismo, el Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) ha continuado con la intervención de seguimiento de la situación del menor a través de coordinaciones con Azvase, Cruz Roja, el Colegio de educación infantil al que acude el niño y Salud Mental Infantil.

El 23 de septiembre, la Sección de Familia de la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado emitía un informe donde estimaba necesaria la declaración de desamparo, la asunción de la tutela del menor por la entidad pública y su acogimiento residencial.

Dos días más tarde, la Comisión del Menor acordaba elevar esta propuesta y el pasado martes, 1 de octubre, ya se comunicó a la familia la decisión adoptada, por lo que la entrega del menor debe efectuarse ya en las próximas horas. Una medida que, a pesar de su disconformidad, hará efectiva la familia.

Sole ya ha contactado con el Colegio de Abogados de Oviedo para solicitar la asistencia jurídica gratuita para “seguir con la lucha para que el niño pueda volver con la familia”, asevera.

Un cambio de circunstancias

La administración ya le ha comunicado que durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución por la que se declara el desamparo, los padres del menor que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo “si por cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.

También están legitimados para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor durante ese plazo y podrán informar al Principado y a la Fiscalía sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo y la propia administración podrá en todo momento revocar ésta y decidir la vuelta del menor con su familia.

Un deseo por el que la familia materna y en especial la abuela van a luchar para que el menor “vuelva pronto con su familia, que es con quien tiene que estar”, remata Sole.

Los Servicios de Mediación Familiar dependientes de la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, gestionados a través de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, atendieron en 2020 a un total de 136 familias en la Región de Murcia, de los que actualmente siguen quedando 70 casos activos, 68 en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) y 2 en el Servicio de Mediación Intergeneracional.

De acuerdo con la Consejería, estos servicios tratan de preservar las relaciones intrafamiliares, prevenir o minimizar los conflictos que surgen en el seno de la familia, evitando el deterioro de las relaciones, la apertura de procedimientos judiciales contenciosos, poner fin a los ya iniciados y/o reducir sus consecuencias negativas.

Para ello, la Comunidad cuenta con dos Puntos de Encuentro Familiar y con el Servicio de Mediación Intergeneracional. Los PEF, en los que se han atendido 116 casos en el último año, son un espacio creado para garantizar el derecho de los niños de relacionarse con sus padres y/o familiares cuando no convivan con estos por motivo de separación entre los progenitores o de separación del niño de ambos por la aplicación de medidas de protección.

Según las características de cada caso de los que se presentan en el PEF, y en función del interés del niño, el servicio se limita a supervisar la ejecución de las visitas, evitando el desencadenamiento de conflictos entre las partes, o se plantea un proceso de intervención con las partes hacia el ejercicio autónomo de la coparentalidad, utilizando para ello técnicas de mediación.

Actualmente, la prestación de este servicio, dependiente de la Consejería, se realiza a través de la Asociación de Mediación de Murcia, y está abierto un proceso de selección de una entidad para la realización de un concierto social que permita la ejecución de este servicio con un incremento presupuestario, que supondrá la ampliación de centros para la realización del Punto de Encuentro y el incremento de casos a atender.

Servicio de Mediación Intergeneracional

Durante el año 2020, este servicio atendió a 20 familias que acudieron para solicitar el inicio de una intervención de mediación familiar, un 33 por ciento más que en 2019, aspecto que resulta “significativamente positivo teniendo en cuenta la situación sanitaria y de confinamiento vividos durante tantos meses del año, ya que es muestra de que el servicio funciona hasta en los momentos más complicados”, según el director general de Familias y Protección del Menor, Raúl Nortes.

Cabe destacar que a lo largo del proceso de mediación con estas familias, en el 66 por ciento de los procesos iniciados los participantes obtuvieron un acuerdo. Además, en ningún caso fue necesaria la interrupción del proceso por parte del equipo técnico y, actualmente, la intervención continúa desarrollándose tan solo con dos familias.

Sandrine se dirige al aeropuerto. Está nerviosa, pero irradia felicidad. “Oh, dios mío, es muy difícil explicar lo que siento”, dice la mujer camerunesa. Hace ocho meses cantó su primer grito de 'Boza“ [Victoria] a bordo del barco del Open Arms, pero su vida en Europa no sería completa hasta reencontrarse con él: después de nueve meses separados, está a punto de abrazar de nuevo a su hijo Dijibril.

Él había llegado a Malta. Ella, a España. La última vez que se vieron se encontraban en uno de los centros de detención de Libia, cuestionados por las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en su interior. Se separaron cuando Sandrine intentaba escapar con él y con otras dos hijas pequeñas, pero solo Dijibril logró saltar el muro que los encerraba.

Con tan solo 12 años y sin compañía, logró subirse en un bote con el objetivo de atravesar el Mediterráneo Central, la ruta migratoria a Europa más mortífera. El menor fue rescatado por las autoridades de Malta, donde ha permanecido todo este tiempo. Mientras, Sandrine y las niñas seguían estancadas en el infierno libio.

Cuando piensa en Libia, aparecen recuerdos de “horror” que prefiere despojar de su memoria. “Sufrimos demasiado, allí no nos tratan como a seres humanos”, explica compungida. La noche del 21 de diciembre de 2018, Sandrine y sus hijas se montaron en una balsa de plástico cargada de personas, la mayoría niños y niñas. La tripulación del buque humanitario Open Arms los localizó en aguas internacionales próximas a Libia.

Después de una semana de travesía , de pasar la Navidad en alta mar, el Ejecutivo español ofreció su puerto de Algeciras para su desembarco, cuando aún no había bloqueado al barco de rescate. Fue entonces cuando Sandrine cantó “¡Boza!¡Boza!” por primera vez. Ese grito victorioso volvió a sonar en lo más profundo de su ser durante la mañana del pasado 11 de julio, cuando, después de nueve meses separados, volvieron a encontrarse. Fundidos en un abrazo, sellaban una dura etapa de sus vidas. Después de meses de trámites, se materializaba la reagrupación familiar del menor.

Ella mira a su pequeño una y otra vez. Le toca, le abraza, busca cada cada pequeño cambio en su físico. Trata de cogerle en brazos entre risas. Quiere asegurarse de que lo que tiene enfrente no es ficción. Él sonríe con cierta vergüenza, cierra los ojos cuando se acurruca entre sus brazos. “Buenos días, mamá”, repite Dijibril nada más traspasar la puerta del área restringida para pasajeros.

Tantas ganas tenían de abrazarse, que ni siquiera se dan cuenta que una barrera de metal separan sus cuerpos. El personal de organizaciones sociales que les acompañan se lo recuerda: “Da la vuelta, entra”. Sandrine prefiere ser ella, se agacha y estrecha a su niño entre sus brazos sin obstáculos“. La última vez que le vi, me llegaba por aquí”, exclama fascinada, señalando a la altura de su hombro. Ahora tienen prácticamente la misma estatura. Esos centímetros de más son una prueba más de nueve meses de separación.

“Yo sé que es real lo que está pasando. No quiero pensar que es un sueño porque, si lo fuera, tendría que despertar”, dice el crío a eldiario.es minutos después de aterrizar en España.

Dijibril se ha visto forzado a crecer en todos los sentidos. No fue fácil su estancia en Malta, relata, donde estuvo alojado en un centro para migrantes y separado de sus hermanas y de su madre. Según cuenta, apenas salía a jugar y el transcurso de los días parecía eterno. Ahora, sus hermanas volverán a ser sus compañeras de juego.

El paso de Sandrine y su familia por el país del norte de África fue una estación más del calvario en el que se convirtió su proceso migratorio desde que abandonara Camerún a principios de 2018. Huyó, explica la mujer, con el objetivo poner a salvo la vida de sus hijos y protegerles de las tensiones políticas existentes en las regiones del suroeste y noreste de Camerún, donde más de 437.000 personas han abandonado sus hogares. También escapó de la violencia machista que cortaba la respiración en su casa.

El éxito de la reagrupación familiar

“Desde el primer momento que Sandrine llegó al centro, una de sus mayores preocupaciones era recuperar al menor”, explica Viki Hidalgo, trabajadora social de Cruz Roja, la entidad encargada del programa de acogida de la familia en España. La profesional se ha convertido en un gran apoyo para la camerunesa, a quien ha acompañado en los momentos de “desasosiego” ligados al tiempo de espera.

Era un “estado emocional muy tenso” y “mezclado con ilusión”, describe Hidalgo. La trabajadora también fue testigo del primer abrazo entre madre e hijo. “El culmen de un trabajo bien hecho”, resume.

Para alcanzar este feliz desenlace, además de la paciencia de Sandrine y Dijibril, la empleada de Cruz Roja destaca la coordinación entre distintas instituciones que han trabajado para lograr su reunificación familiar.

“Dado que la madre es solicitante de protección internacional y tiene acceso a la regularidad administrativa en España, se inicia el procedimiento de reagrupación por la aplicación del Reglamento de Dublín”, explica Patricia Fernández, abogada de la Fundación La Merced Migraciones, involucrada en el proceso desde que el menor contactara con la organización y trasladara su deseo de estar cerca de su madre y hermanas. A partir de ahí, explica la letrada, “se pone en conocimiento de esta situación, tanto del ACNUR en España, como al Defensor del Pueblo, como a las personas que están gestionando la acogida de la madre”, es decir, Cruz Roja.

“Es importante que los países puedan realizar una identificación rápida de casos de reunificación familiar y, muy especialmente cuando se trata de menores no acompañados”, detalla María Jesús Vega, portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en España. “Mientras están separados estos niños y niñas están en centros de acogida, a veces en condiciones muy difíciles, sin apoyo emocional y afectivo de sus padres o parientes”, añade.

También incide en la trascendencia que supone “una pronta identificación de casos que necesitan o son susceptibles de reunificación familiar” y la “agilidad de los procedimientos”, así como la “importancia de que haya una buena comunicación, coordinación e intercambio de información entre los países, ya que en muchos casos se trata de reunificación de personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas que el país receptor debe tener en cuenta para preparar la acogida”.

Estas pautas que llevan a la buena práctica se han cumplido en el caso de Sandrine y su hijo. Además de culminar la reunificación con rapidez -en comparación con otros casos-, “la colaboración de distintas instituciones ha ido solventando las dificultades que actualmente enquistan estos casos: el acceso a la protección internacional, la determinación de la filiación o incluso la resolución de la toma al cargo”, matiza Patricia Fernández.

Por ejemplo, para que España determine que es el país responsable del estudio de solicitud de asilo de la familia, es necesario que el menor formalice su propia petición de protección internacional. Un requisito que, a priori, puede ser un obstáculo, ya que en Malta, donde estaba el menor, los niños y niñas no acompañados de un adulto no siempre tienen acceso al procedimiento de asilo.

Sin embargo, en este caso, la mediación de la oficina del Defensor del Pueblo Español, con su homóloga en Malta, ha facilitado el trámite. “Es muy habitual que realicemos gestiones humanitarias y que colaboremos con Defensorías de otros países y con instituciones de derechos humanos. Esto es un ejemplo de esta actividad discreta que realiza la institución”, destacan fuentes del Defensor del Pueblo.

DNA Prokids, un proyecto del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, que se dedica a la luchar contra el tráfico de seres humanos mediante la identificación genética de las víctimas y sus familiares, especialmente de menores ha sido otra pieza más de este puzzle. Este organismo ha realizado los exámenes de ADN “de manera gratuita y en un tiempo récord”, lo que ha permitido aportar uno de los requisitos claves: constatar la relación materno-filial. Los genes ratificaron en la probeta lo que las emociones constataron en el abrazo de aquella mañana de verano. El amor entre madre e hijo.

La Comisión Europea tendrá que explicar qué medidas va a tomar para “poner fin” a la exclusión sanitaria de los padres extranjeros de ciudadanos españoles con residencia en España por reagrupación familiar, algunos de los cuales padecen cáncer y se enfrentan a grandes dificultades para costear su tratamiento, como ha revelado eldiario.es.

La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda ha registrado este lunes una pregunta en la que reclama a la Comisión que detalle por escrito si tenía conocimiento de esta situación y qué medidas va a poner en marcha para que “las personas enfermas puedan ser tratadas adecuadamente de sus enfermedades conforme a la Directiva aplicable”.

“Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno español para recuperar la sanidad universal, esta no ha llegado de la misma manera a todos los colectivos. De hecho, los padres y madres de ciudadanos españoles con residencia en el Estado español por reagrupación familiar no tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos del Sistema Nacional de Salud español”, sostiene Miranda en el escrito, al que ha tenido acceso ese medio. 

“Esta exclusión sanitaria es especialmente grave en los casos de las personas de este colectivo que padecen cáncer, a quienes en virtud de la Ley de Extranjería exige a esas personas ya mayores contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por reagrupación familiar”, prosigue la eurodiputada del Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea. “Sin embargo, en muchos casos, ese seguro privado no cubre el tratamiento de enfermedades graves surgidas una vez instalados en España”.

La derogación de la exclusión sanitaria de Mariano Rajoy para recuperar la sanidad universal fue una de las primeras medidas adoptadas por Pedro Sánchez. Sin embargo, la restauración no fue completa: la normativa deja desprotegidos a los padres extranjeros de ciudadanos españoles con residencia en España por reagrupación familiar. 

Se trata de uno de los colectivos perjudicados por la reforma sanitaria de la etapa de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en el Real Decreto Ley que pretendía corregirla, aprobado en julio. Según ha podido saber eldiario.es y han confirmado los ministerios de Trabajo y Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) deniega de forma sistemática la tarjeta sanitaria a los padres y madres reagrupados por sus hijos en España. Trabajo y Sanidad justifican que, para obtener la residencia por esta vía, los afectados deben contar con un seguro privado, un requisito que ha sido rechazado por 40 sentencias de juzgados españoles.

El Ministerio del Interior se ha comprometido a aplicar “sin dilación” la reagrupación familiar en los matrimonios mixtos, en los que uno de los cónyuges ya cuenta con el estatuto de refugiado o es beneficiario de protección subsidiaria, tras aceptar una recomendación del Defensor del Pueblo, según ha informado esta institución en un comunicado.

Francisco Fernández Marugán formuló una recomendación a Interior, que este departamento ha aceptado, para que “se habilitara un cauce procedimental, utilizable con carácter general para resolver estos casos sin demora” tras recibir varias quejas por demoras de hasta cinco años en la resolución de expedientes de reagrupación familiar.

La institución pedía, además, que no esperara que se publique el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo, pendiente desde 2009. Esta normativa establece, en su artículo 41, que se aplicará la reagrupación familiar “sin exigir los requisitos previstos en la normativa vigente de Extranjería siempre que los beneficiarios sean de una nacionalidad distinta a la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria”.

La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha dicho en un escrito al Defensor del Pueblo que ya se han elevado a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio los “casos más urgentes y que, en paralelo, está trabajando con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para homogeneizar las respuestas” que se están dando en las Oficinas de Extranjería.

Según explica el Defensor del Pueblo en su comunicado, algunas de las quejas recibidas por la institución denunciaban “demoras de más de cinco años” en la resolución de los expedientes. En sus primeras respuestas, la administración defendía estos retrasos por “la falta de desarrollo reglamentario” de la Ley de Asilo. Sin embargo, Fernández Marugán reitera la necesidad de publicar el Reglamento de la Ley de asilo, ya que, dice, esta demora está afectando “gravemente” a las personas solicitantes de protección internacional.

“A veces me pregunto qué pasó, si fue que no tuvimos suerte”. Con la mirada firme y el sosiego que trae el paso del tiempo, Alí Ouattara recuerda el día en que su hijo Adou fue descubierto dentro de una maleta en el control fronterizo del Tarajal, Ceuta. Aquel 7 de mayo de 2015 en el que la imagen de una figura humana en el escáner y la fotografía del pequeño de ocho años encogido dentro del equipaje dieron la vuelta al mundo.

Pero esta solo es una parte de la historia. La más visible. “Quiero que se sepa por qué acabé entrando en Europa dentro de una maleta”. Lo dice el niño en el arranque que el periodista Nicolás Castellano eligió para su libro Me llamo Adou. Toda una declaración de intenciones: contar en profundidad las circunstancias que llevaron a ese momento en que la Guardia Civil pide a una joven marroquí que pase por los rayos X su pesada carga y descubre dentro al pequeño, descalzo y sin pantalones.

Detrás de los flashes, la lucha de un padre emigrado por reunir a toda su familia en España. Su desesperación tras llamar a todas las puertas legales. El constante 'no'. “En ocasiones me preguntan por qué metí a mi hijo a la maleta, pero no fui yo. Yo también me asusté y me sorprendí. Lo había logrado sacar de mi país, ¿cómo lo voy a meter en una maleta, para perderlo?”, aclara en una conversación con eldiario.es.

Me llamo Adou narra la odisea de Alí por media África durante casi dos años para buscar un futuro fuera de Costa de Marfil, inmerso en la pobreza y la violencia. También, su llegada en una precaria patera a Fuerteventura, donde, al final, logra construir una nueva vida: trabajo estable, vivienda adecuada y los papeles en regla.

Entonces comienza los trámites para reagrupar a su familia y, varios años después, consigue traerse a Lucie, su esposa, y Mariam, su hija mediana. Pero les faltaba algo: la Delegación del Gobierno en Canarias denegaba la entrada legal de Adou.

El muro burocrático

Este bloqueo se debía a un “grave error”, a una “mala interpretación” de la ley, en palabras de Castellano y de acuerdo con una denuncia de la Oficina del Defensor del Pueblo. La familia, explica el periodista, cumplía con los requisitos para la reagrupación pero sus ingresos no llegaban a la exigencia oficial por 56 euros.

“El reglamento dice que debe prevalecer el interés superior de los menores. En este caso era claro: el niño seguía en Costa de Marfil y la abuela que lo cuidaba había muerto. Se aplicó un criterio economicista estricto”, sentencia. Alí lo confirma: “Yo tenía una casa y arraigo en España. Cobraba 1.200 euros. Si el niño no venía, le tenía que mandar 200 euros al mes. Aquí, puede comer lo que nosotros comemos”.

El caso de Adou, dice Castellano, es paradigmático, “porque se trata de la violencia de la ley, no la del muro del Tarajal, donde murieron varias personas”. Una historia que “pone en evidencia que hay miles de familias que no pueden reunirse con sus hijos porque se chocan contra un muro burocrático después de emigrar a España y todo el esfuerzo que conlleva”, critica el redactor de la Cadena SER. “Detrás de cada trámite hay una persona y eso se tiene que considerar”, añade Alí.

Una historia sin desenlace

Tras varios portazos legales, ya no podían continuar reclamando. El libro explica que el padre “decidió agarrarse a la única vía que le quedaba” y recurrió a una red clandestina que no le especificó el método que pensaba emplear, según su testimonio. ¿El precio a pagar? 5.000 euros y la incertidumbre ante las pocas explicaciones de los traficantes.

Cuando sucedió el episodio del escáner, Alí aguardaba en la ciudad fronteriza marroquí de Castillejos. “Me llamaron para decirme que mi hijo estaba al otro lado de la frontera. No podía esperar, quería saber dónde estaba. Crucé la frontera y me cogieron”, recuerda. Lo detuvieron tras relacionarle con el niño y estuvo un mes en la cárcel. Lucie se enteró por las noticias. Adou fue internado durante varias semanas en un centro de menores y, finalmente, pudo reunirse con su familia en Fuerteventura.

Alí todavía esta pendiente de juicio, sin poder salir de España. El fiscal pidió tres años de prisión para él por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ahora vive en Bilbao, trabajando “de lo que va saliendo”. Su hijo estaba cansado de ser reconocido como 'el niño de la maleta' y su esposa decidió marcharse con él y su hermana a París. Lucie, que no sabe español, quería encontrar un trabajo por si su marido entraba en prisión.

“La situación puede cambiar de un día para otro si me meten en la cárcel. Estamos esperando a que se resuelva para poder organizarnos”, apunta Alí, que no desiste en su intención de vivir junto a su familia. “Voy a alquilar un piso en Bilbao y van a venirse a vivir conmigo, vamos a estar de nuevo juntos y es lo que más nos anima. Vivir nuestra vida y nada más”.

Al hablar de Nery, como él llama a Adou, Alí sonríe. Ya tiene diez años, cuenta que está estudiando y juega al fútbol, que es lo que le gusta. “Es un chico muy inteligente, muy valiente, él quería venir”, comenta. En cuanto al episodio de la maleta, el padre asegura que “lo ha superado muy bien, si fuera otro chico habría sufrido más”.

Ante la pregunta de si lo volvería a hacer, el marfileño no duda. “Traerme a mi hijo sí, sin pensarlo dos veces. Tenía que traerlo o dejarlo morir en Costa de Marfil. Como padre, daría mi vida por él”, responde. Pero esta vez, matiza, “no pactaría con esas personas que te prometen cosas y no las cumplen. Buscaría otras maneras mejores de hacerlo”. Tras la presentación del libro, estaba emocionado: cree que “ahora se sabrá lo que pasó”.

Un relato de superación

El libro, editado por Planeta, es una respuesta a ese guión que se repite: una escena impactante, como la de Adou o la de Aylán, golpea conciencias y, después, se diluye. “Esa piedad fugaz, de un minuto, del hashtag, de la solidaridad virtual desde el sofá debería ser reflexionada”, opina Castellano.

“Nos tenemos que rebelar ante el discurso xenófobo que nos convierte en niños y nos dice que las migraciones forzosas se pueden frenar con muros”, añade.

Pero Me llamo Adou es, sobre todo, una historia de superación, tal y como reconoce su autor. “Alí es un tipo formado, es profesor de Lengua y Filosofía. Tuvo que huir de su país, fue engañado varias veces por las mafias”, afirma el periodista. “Esta gente con esa capacidad de lucha y superación aporta mucho a nuestra sociedad. Tenemos que parar toda esta violencia burocrática, legislativa y física que está impidiendo que este talento nos aporte tanto”.

Fiiiiiut. Fiiiiiiut. Fiiiiiiut. Tres bicicletas alquiladas, cuadro de paseo y la marca de renting bien visible en uno de los lados, pasan a toda velocidad entre una decena de chicos, que hacen dos filas ante la fuente principal del Parc de la Ciutadella. Siete y siete, a ambos lados. Los de la parte izquierda tienen una jeringa en la mano, llena de agua: el objetivo es acertar la boca del compañero de delante. Si mojan al de delante, ganan punto.

“¡Eeeeep!”, grita uno de los chicos que, bien empapado de la prueba anterior, levanta el brazo tanto como la camiseta –agarrada a su cuerpo y pesada por el efecto esponja– le permite. La bicicleta le ha pasado rozando. Sólo el último de los ciclistas, un chico rubio, vestido con tirantes, con la punta de la nariz quemada y unas gafas negras de imitación, se gira, inclina la cabeza, y levanta la mano derecha. Perdón.“Demasiado rápido”, dice el joven, que desaprueba la velocidad del turista haciendo que no con la cabeza. Por su reacción, garante del civismo, nadie diría que hace nada que vive en Barcelona: ahora él es el local. Esta es su ciudad, y la cuida.

El joven, que no supera la quincena, es originario de Colombia. Como el resto de los compañeros con los que realiza actividades de agua esta mañana calurosa de agosto, forma parte del programa “A l'estiu, Barcelona t'acull” (en verano, Barcelona te acoge): 150 niños y niñas que pertenecen a familias que han ejercido el derecho al reagrupamiento. El programa tiene una lista de espera de entre dos y cinco niños, dependiendo del distrito.

Hondureños, filipinos, indios, chinos... Y así hasta una veintena de nacionalidades. Con un descenso de los paquistaníes y un aumento de chavales de Ucrania, primera nacionalidad en solicitudes de asilo en Barcelona 2016. Todos, sin excepción, empapados hasta la bandera.

Son jóvenes llegados a Barcelona en los últimos seis meses y, por tanto, que aún no han podido comenzar la escuela. Han llegado a medio curso. “La escuela es una buena vía de entrada a la ciudad, a los compañeros. A la nueva realidad. Pero si llegan con el curso a punto de terminar... Quedan colgados”, apuntan desde el área de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona. Este territorio comanche hizo, precisamente, que el consistorio barcelonés se planteara la opción de elaborar un programa que sirve a los jóvenes como primera toma de contacto con la ciudad.

La de este año es la 8ª edición de dicho programa: administración, educadores sociales y servicios sociales califican el programa de “modelo de éxito”. “Bienvenidos a Barcelona, casa, una ciudad de acogida, que está orgullosa de ser mestiza. Os queremos conocer”, les manifestaba a los jóvenes, en la clausura del programa del año pasado, en el Ayuntamiento, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

“Se trata de jóvenes que, en muchos casos, hace años que no ven su familia y que, cuando aterrizan, los suyos les son extraños. El programa les permite socializar, y aprender sobre la ciudad, adquirir el idioma, todo a partir de actividades de ocio”, destaca el Aleix Porta, miembro de la Fundació Progess, y director del programa “A l'estiu, Barcelona t'acull”.

Porta, con un presupuesto de 10.000 euros, coordina un equipo de una veintena de educadores, divididos en siete distritos (todos los de Barcelona menos Gràcia, Sant Gervasi y Les Corts; entre los tres no suman suficiente demanda como para abrir una nueva delegación) que trabajan de forma aislada y se encuentran una vez por semana. Cada día los alumnos hacen de 10 a 14h: catalán, juegos, dinámicas... Y los viernes, excursión: CaixaForum, Collserola... Y hoy, la Ciutadella.

El programa nació en colaboración con el Consorcio de Educación de

Barcelona y la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Además del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. De hecho, los jóvenes se reúnen en la biblioteca de cada barrio. Una oportunidad, destaca Porta, para que los jóvenes empiecen a familiarizarse con el espacio. No es el único servicio que les muestran: los Puntos de Encuentro, los sábados, serán también sus aliados a partir de septiembre.

Un vaso lleno, a rebosar, se apoya en equilibrio perfecto sobre el cabello recogido –como una montaña llena de pendientes– de una joven, de origen indio. Se agacha, poco a poco. Poco a poco... “¡Más abajo, más abajo!”, le dice en catalán (se busca que el catalán vertebre el entorno, multilingüe), a su lado, el monitor. El objetivo es pasarle el agua del vaso que descansa sobre su cabeza el del chico de delante. Cristian, de Cali (Colombia). A su alrededor, un par de chicos de Pakistán se alborotan. Un poco. Un poco más. Dos hondureños ponen cara de infarto. Poco a poco... ¡Chof!

Aunque en ciertos momentos se generan grupos. Por nacionalidad, por género. Los jóvenes cooperan. “Aquí no hay diferencias. Si se distraen es más porque son adolescentes que por las diferencias culturales”, comenta Aleix Porta. Sea como sea, los jóvenes se ven forzados a forjar unas alianzas que en la calle no tendrían; los educadores acompañan en el camino. El objetivo es encontrar dinámicas que ayuden a acercar la visión del mundo de cada cultura. Hace unos días Billy Elliot sirvió para deconstruir los roles de género, por ejemplo. “En dos meses los chavales evolucionan un montón”, comenta Porta.

Al principio, cuesta. Cuesta que los chicos colaboren en las consignas. Los educadores reciben informes, hablan con su entorno. Pero con el paso de los días, poco a poco se genera un clima de confianza, dicen los educadores. En 2015, la asistencia al programa –uno de los puntos más perseguidos desde la organización– fue de un 85%. Los jóvenes estaban contentos, y los educadores pudieron desarrollar su programa.“Esto no es un divertimento”, destaca Porta. “Tenemos en nuestras manos la ciudadanía que creamos: les transmitimos a los jóvenes un concepto de espacio público, de convivencia”.

Los semáforos. El ruido. La seguridad. Son, comentan los profesionales que llevan cerca de dos meses trabajando en el proyecto –mientras la mañana se acaba y el sol aprieta con fuerza– algunos de los aspectos que más les llaman la atención a los jóvenes recién llegados. No existen los milagros, y estos chicos apenas han comenzado a dar pasos en la ciudad pero, gracias a esta bienvenida, ya son ellos los que miran por el municipio. “Esto es un parque, ¡no pueden ir tan rápido con la bici!”, insiste uno de los jóvenes, poco antes de devorar un polo flash. La dulce recompensa a una mañana de yincana (y aprendizaje).

Su 'error' fue pedir la tarjeta sanitaria. Los ascendientes, en su mayoría ancianos, reagrupados por sus familiares en España se enfrentan a la siguiente situación: la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Además, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública. Es lo que le pasó al padre de Flor, de 82 años, al que han extinguido sus papeles. “No me lo puedo creer”, dice la hija.

Flor Ángela Jaimes, nacida en Colombia, vino a España en 2000 y vive en el país en situación regular. También tiene la nacionalidad española, tras los años pasados aquí. “Mis dos hermanas también la tienen, una vive en Madrid y la otra, en Pamplona. Y mi hermano tiene la nacionalidad en trámite”, explica la mujer. “Los hijos estamos aquí y los abuelitos estaban solos. Me los tenía que traer, mi madre había dejado de comer”. En 2013, presentaron toda la documentación requerida y la Administración española aprobó la reagrupación de los dos ancianos, de 82 y 84 años.

Cuando llegaron los padres, la familia pidió la tarjeta sanitaria para los recién llegados y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegó con el criterio que mantiene en estos casos: el organismo rechaza su acceso normalizado a la sanidad pública porque considera que los ascendientes reagrupados deben presentar un seguro médico para conseguir los papeles, según establece este trámite sobre el papel. En la práctica, ni a los padres de Flor ni a muchos otros afectados se lo pidieron nunca. Le ocurrió lo mismo al padre de Annie, a la madre de Claudia, y a la suegra de Nuria, entre otros afectados.

Estos rechazos de tarjetas sanitarias comenzaron con la reforma sanitaria de 2012, por la que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el acceso a sistema de salud público. Entre los cientos de miles de personas que perdieron el acceso a la tarjeta sanitaria, destacaron en las denuncias públicas dos grupos: los inmigrantes sin permiso de residencia y los españoles que salen más de 90 días consecutivos del país.

En la estacada se quedaron también, aunque sin tanta visibilidad, los ascendientes reagrupados legalmente, que no trabajan ni cotizan en el país. El Gobierno reitera que para venir a España les deberían haber exigido un seguro sanitario, pero no se lo pidieron y tienen sus papeles, que les deberían garantizar su acceso normalizado a la sanidad pública.

La Justicia da la razón a las familias

Una de las particularidades de este colectivo es que la Justicia ha dado la razón a las familias que han acudido a los tribunales. “Los casos que he llevado los hemos ganado pero la Administración siempre recurre, hasta el Tribunal Supremo. Ahí ya no presenta recurso, puede que por temor a que se cree jurisprudencia”, explica el abogado Gorka Vellé Bergado, que defiende a los padres de Flor. Los fallos de la Justicia apuntan siempre en el mismo sentido: los afectados tienen derecho a la tarjeta sanitaria mientras estén en vigor sus permisos de residencia. El lNSS no puede excluirlos por un seguro que les deberían haber pedido pero que nadie les requirió.

Hasta el momento, al menos hay sentencias en contra de la Seguridad Social en los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Madrid, Cantabria y Cataluña. Gorka Vellé y el abogado experto en Derecho de Extranjería Francisco Solans afirman que la Administración pública debería modificar su criterio, que mantiene según han confirmado desde el Ministerio a este medio. “Sobre todo si hay sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de una Comunidad Autónoma, ahí es vinculante, no se entiende que en esa región sigan sin aplicar lo que ha dicho el tribunal”, critica Solans.

La Seguridad Social ha seguido aplicando su criterio y “además, desde hace un tiempo lo que hemos advertido es que avisa a Extranjería de estos casos para que revise sus expedientes, algo que en casos anteriores no habíamos visto”, afirma Vellé, que ha colaborado con Médicos del Mundo. Uno de los casos que defendió con la organización, el de Estela (argentina de 87 años), la mujer recibió la notificación de la Delegación del Gobierno de Madrid para extinguir su permiso de residencia por no tener seguro. La mujer había recurrido a los tribunales el rechazo de la tarjeta sanitaria y ganó. Todavía sigue envuelta en causas ante los tribunales contra los agentes públicos.

Lo mismo le ha sucedido a los padres de Flor: los dos denunciaron y la Justicia les reconoce el derecho a la sanidad pública. “En el caso de papá nos enteramos de que habían extinguido su permiso de residencia, pero lo estamos intentando solucionar”, sostiene la hija, que no le ha contado nada a sus padres para no preocuparles. El hombre, además, tiene el seguro público creado en la etapa de la ministra de Sanidad Ana Mato, pero no pudo justificarlo ante Extranjería porque les mandaron la carta a su anterior domicilio.

El protocolo de la Seguridad Social descolocó a Flor: “Ya no solo por mis padres, sino por todo el mundo. Yo sentí que no podía ser, que estábamos pidiendo algo a lo que sabemos que tenemos derecho y que por eso nos atropellan de esta manera. Es como un castigo”. Solans es más contundente: “Denota un espíritu de persecución por utilizar la sanidad pública”.

En la Seguridad Social explican a este medio que la comunicación de estos casos a Extranjería es un práctica automática, normal dentro de las obligaciones de la comunicación interministerial si detectan algún posible fallo o fraude. No siempre las autoridades tienen la obligación de delatar a los extranjeros con posibles irregularidades en su situación administrativa. Cuando el Gobierno anunció la creación de un documento especial para el acceso a la atención primaria de los inmigrantes sin papeles, Sanidad aseguró que no se informaría al Ministerio del Interior sobre el estatus legal de estas personas.

Solans critica por “abusivo” el procedimiento que está aplicando Extranjería para extinguir las tarjetas de residencia a los ancianos reagrupados. “Están utilizando el procedimiento de extinción, que es más corto y menos complejo que el de la declaración de lesividad”, sostiene el especialista.

Vulnerabilidad de las personas mayores

Los ancianos reagrupados se suelen quedar en total desprotección con la respuesta de la Seguridad Social. Las aseguradoras privadas no los aceptan como clientes, dada su avanzada edad, y el convenio que creó el Ministerio de Sanidad como 'seguro público' solo se puede solicitar pasado un año de residencia.

Es lo que acabó contratando Flor para sus padres, después de un año en España: “Un seguro de 157 euros al mes en el que no entran los medicamentos. Lo pago con mucho esfuerzo porque no quiero que mis padres se queden desprotegidos, nunca lo han estado. No saben lo que es sentir que les puede pasar algo con la edad que tienen”, dice Flor. Abona antes el seguro de sus padres que el alquiler.

El primer año de los ancianos en España, Flor lo vivió en vilo. Cuenta que en una ocasión tuvo que pagar 3.500 euros por el ingreso de su madre durante unos días en un hospital público. “Menos mal que mi jefe es una buenísima persona, que me ha apoyado mucho y me ayudó, porque no tenía esa cantidad”, dice Flor. Después de tantos esfuerzos económicos y desvelos por la preocupación, la mujer y su familia han logrado ante los tribunales una primera victoria.

El triunfo es agridulce porque tienen que seguir luchando, ahora para solucionar los problemas con la residencia. “Yo estoy aterrorizada. Cada vez que veo la cara a mi padre, me quiero echar a llorar. Yo he seguido todos los cauces, he intentado hacer todo bien y me responden así... Esto en mi tierra se llama 'pagar para quedar debajo”.

No es título de un cuento. Se trata de una tragedia inconclusa. Es una ilustración en la página negra de la reagrupación familiar de las personas migrantes. El niño de la maleta se llama Abou y tiene 8 años. Nació en Costa de Marfil.

Fátima se acercaba titubeante al puesto fronterizo de El Tarajal (Ceuta) entre Marruecos y España. Iba arrastrando una maleta. Se había propuesto pasarla al otro lado, a España. La maleta no le pesaba, había echado todo el valor que puede tener una joven de 19 años, había que aparentar naturalidad, un gesto rutinario, pero el miedo la atenazaba. A cada paso que iba dando en la cola, las figuras de los guardias civiles se iban agrandando y se hacían más terribles. Un minuto... y el triunfo o el fracaso total.

En el momento decisivo no pudo dominar sus gestos, la conciencia de gravedad de lo que estaba haciendo la denunció y la maleta pasó al escáner. El contenido de la maleta quedó en evidencia, en posición fetal se encontraba Abou. A Fátima se le hundió la vida. Hora y media más tarde, procedente de Marruecos, llegó al puesto fronterizo un costamarfileño que trataba de pasar a España. Varias coincidencias llevaron a la sospecha y el interrogatorio, al reconocimiento de la verdad: Alí Abou Ouettara admitió ser el padre del niño de la maleta.

Alí y Fátima quedaron detenidos y el pequeño Abou, en el Área de Menores de Ceuta. La noticia, de inmediato, encontró espacio en todos los medios de España por sus tintes rocambolescos, no porque dejara patente una tragedia familiar y una grave injusticia de la Administración española.

Luego se supo que Alí vivía en España desde 2007, había logrado permiso de residencia en 2013, estaba trabajando percibiendo nómina de 1.200 euros mensuales y tiene su domicilio en Las Palmas. También que su esposa Lucie y una hija se encuentran en Fuerteventura y dos hijos tenían su domicilio en Costa de Marfil: uno de ellos Abou, el niño de la maleta. Asimismo se ha sabido que Alí y Lucie habían solicitado a la Administración la reagrupación familiar de su hijo Abou y que les había sido denegada por no poder justificar el alto grado de solvencia económica que exige la legislación. En 50 euros estuvo la diferencia en el último intento de reagrupación.

También se sabe, por su madre Lucie, que el pequeño Abou padece paludismo y que los padres han tenido un interés especial de traerle a su tutela porque las condiciones en que se encontraba en Costa de Marfil acentuaban la enfermedad. “No quiere ir a la escuela y siempre pide vernos”, explicaba la madre abundando en que es un niño de naturaleza débil.

El remate provisional de la situación lo ha puesto el Juzgado de Instrucción nº 5 de Ceuta, encarcelando a Alí en base a tipificar su actuación como “tráfico de inmigrantes”, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con agravante de haber puesto en riesgo la vida de un menor. Alí puede ser sentenciado con una pena de 8 años de prisión. Lucie ha defendido a su marido ante los periodistas: “Mi marido no es ningún criminal”, “es una buena persona, quiere a sus hijos y ha trabajado mucho” y manifestando que sólo anhelaba “recuperar a la familia”. Afirmaba: “Soy una buena mujer, huérfana y siempre he dado todo por mis hijos”.

Un sinsentido

El mundo al revés. Es momento de echarse las manos a la cabeza y preguntarse: ¿Cómo puede entenderse que sea delito la acción de un padre que trata de atraer a su hijo de 8 años a su tutela y cobijo? ¿Cómo no entender que a ese padre se le ha obligado a aceptar el concurso de Fátima y un procedimiento de reagrupación peligroso y penoso como el de la maleta?

¿Quién puede dudar del amor del padre a su hijo? ¿Cómo puede aceptarse que un procedimiento tan extremo, tomado a la fuerza ante la negativa de la Administación a la reagrupación, pueda aplicarse como agravante de una pena tan injusta? La Administración pregona que los derechos del niño deben tener un valor prevalente ¿Qué le ha hecho al pequeño Abou alejándolo de su padre encarcelado? La Administración pregona el valor de la familia, sin embargo desestructura la de Alí y Lucie cuando tratan de conseguir la reagrupación por la vía legal, e impedida ésta, por la vía de la heroicidad.

En definitiva: ¿Cuáles son y dónde están los derechos de los trabajadores extranjeros Alí y Lucie? ¿Dónde queda el bien del niño Abou? ¿Cómo puede decir el Gobierno de España que la culpa en este caso la tiene Alí Abou por haber confiado la reagrupación a las mafias? ¿No ha sido su Administración la que le ha obligado a ello? ¿Cuándo en su política migratoria, va a dejar la patraña de las mafias y va a asumir su propia responsabilidad?

Estamos ante un sinsentido, ante un disparate inhumano, ante una gran injusticia empapada en crueldad. Pero lo extremadamente grave es que el caso de Abou, el niño de la maleta, no es un caso único. Ha salido a flote por sus ribetes pintorescos. No obstante, la realidad es que un número muy alto de familias de personas migrantes en España se encuentran desgajadas y desestructuradas por una legislación que hace casi imposible la reagrupación familiar.

Es una situación silente pero muy real. Se vive dolorosamente pero de forma callada. No sale a los medios como una muerte en el Mediterráneo aunque sólo sea noticia de un día. Se vive individualmente o en familia y no entra en programas reivindicativos.

“Pedí trabajadores y me trajisteis personas”

Hay que echar la culpa a una legislación, pero hay que tener en cuenta que ésta nace y se sustenta en unas políticas migratorias utilitaristas que, por ser así, resultan xenófobas. El inmigrante interesa como mera mano de obra. Es admitido mientras aporte riqueza; es rechazado cuando, a juicio del gobernante, supone una carga para la economía. Sigue siendo válida la frase: “Pedí trabajadores y me trajisteis personas”.

Estas consideraciones están en la urdimbre de la legislación de extranjería y muy en concreto en lo relativo a la reagrupación familiar. Niños, ancianos y enfermos no aportan riqueza y sí detraen de las prestaciones sociales. En consecuencia, se levanta un muro legislativo para impedir su entrada en España. Un muro que también produce mucho sufrimiento y obliga a tomar rutas alternativas que, si no llevan a la muerte, sí pueden llevar a la cárcel o a la destrucción familiar. Esto, ni más ni menos, es lo que le ha ocurrido a Alí, Lucie, Abou y familia.

No son de reseñar aquí todos los requisitos exigidos por la Administración para la reagrupación familiar. Constituyen una larga y penosa lista. Cabe resaltar la acreditación de solvencia económica suficiente para mantener a la persona a reagrupar. ¿En qué cuantía? Depende del número de miembros de la unidad familiar. Para demostrar lo muy exigente que es la legislación con los inmigrantes es muy válido el caso de Alí: en su trabajo ganaba 1.200 euros al mes. Su solicitud de reagrupación familiar fue denegada conforme a la ley que le exigía acreditar ingresos mensuales de 1.331 euros.

Aquí está la causa que les llevó a tomar ese camino alternativo que tan caro les ha costado a esta familia de personas inmigrantes. Si siempre ha sido difícil para un inmigrante acreditar el nivel de ingresos exigidos, hoy la caída de salarios y las nuevas condiciones laborales lo hacen mucho más difícil. Para conseguir la reagrupación familiar, los inmigrantes están obligados a demostrar un nivel de ingresos que no lo alcanza la mayoría de los trabajadores autóctonos.

Estamos ante una legislación claramente injusta e inhumana, que por ser así, justificaría la desobediencia civil.

El art. 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. El Estado español está obligado a someter su legislación a estas líneas directrices. El haber firmado esta declaración se lo impone.

Ante las situaciones dolorosas que está creando dicha legislación, es obligado exigir que no se juzgue como delincuentes a quienes, siendo objeto de su dureza desmesurada, se han visto obligados, por el bien de hijos y familia, a arriesgarse en caminos alternativos. Es de Justicia para Alí, Lucie, Abou y familia.

Tanto dolor como produce esta normativa no debe dejar indiferente a nadie, pero deben sentirse especialmente responsables el Gobierno de España, el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados, el Fiscal General del Estado y el Parlamento Europeo.

Víctor Walteros, colombiano de 80 años, vive en España de manera regularizada mediante un permiso por reagrupación familiar. Su hija Annie, tras cinco años de residencia en el país, consiguió que el Estado facilitase los papeles a su padre, enfermo de EPOC y ligado a una máquina de oxígeno para poder vivir. Sin embargo, su vida quedó pendiente de un hilo al llegar a España. Gracias a la reforma sanitaria de 2012, la Seguridad Social le negaba el acceso a la sanidad pública porque nunca había cotizado. Por otro lado, ninguna empresa privada quiere asegurarle. “Sus derechos mínimos de vida están siendo vulnerados. En Europa, que no hablamos de un país del Tercer Mundo”, lamenta su hija.

Annie Walteros lo tiene claro, si en Extranjería le hubieran advertido de los problemas y los trámites interminables que soportaría por reunirse con su padre, no habría solicitado la reagrupación familiar. “Pero no lo hicieron”, afirma. Cuando se presentó con su carpeta enorme de papeles, nadie le contó que el Gobierno había aprobado una reforma sanitaria que negaba el acceso de su padre al Sistema Nacional de Salud (SNS). Una negativa que una vez pisó tierra no para de escuchar en oficinas de la Seguridad Social, teléfonos de atención al ciudadano y del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. “Yo no autoricé la repatriación. Fue el Estado Español el que la aprobó”, recuerda.

Víctor, al igual que la madre de Silvina Graff y que Lourdes, no tienen derecho a la tarjeta sanitaria. En la Seguridad Social les niegan el documento porque no se encuentran en ninguno de los supuestos para ser asegurados o beneficiarios de la sanidad pública. Nunca han cotizado en España y el INSS –el órgano encargado de conceder las tarjetas– no permite que los inmigrantes que han obtenido sus papeles después del 24 de abril de 2012 (fecha de publicación del real decreto 13/2012) puedan acogerse a la opción de asegurados por mínimo de ingresos, que sí tienen los españoles que se encuentran en la misma situación.

Los 'seguros públicos' para personas sin derecho a la atención que diseñó el equipo de la ministra Ana Mato (de entre 60 y unos 150 euros al mes) tampoco le sirven. “Para conseguir esos convenios debes estar un mínimo de un año empeadronado aquí, en España”, dice Annie. Sus palabras se atropellan unas a otras de pura impotencia: ¿Qué hago un año sin oxígeno para él? ¡Si es que mi padre no puede durar ni cinco horas sin oxígeno!“, critica.

El problema se agrava porque no hay alternativa. Annie Walteros, a pesar de que se encuentra en una situación económica precaria, se vio obligada a preguntar los precios de varias aseguradoras privadas. Su sorpresa y desesperación llegaron al límite al comprobar que ni siquiera pagar era una opción porque los seguros no le daban cotización. “Esto es un negocio donde él no tiene cabida”, dice su hija. “Esto es algo muy grave. Tengo una persona de 80 años, enferma crónica, que no tiene sanidad pública ni privada”, denuncia.

Sanidad calla ante la indefensión

El vacío legal al que se enfrentan estas personas no encuentra una respuesta en las administraciones sanitarias responsables. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha respondido sobre estos casos. Tampoco el ministerio dirigido por Ana Mato quiere pronunciarse sobre los ascendientes reagrupados. Se limitan al discurso oficial: “La ley garantiza la atención a todo el mundo”, afirma una portavoz.

En cambio, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí señalan un responsable de estas denegaciones: el real decreto 16/2012. “Nosotros nos ceñimos al marco normativo vigente. Si la norma dijese que los familiares reagrupados tienen derecho a la tarjeta sanitaria, se la concederíamos. No lo hacemos porque no lo permite la ley”, explica un portavoz del ministerio.

Algunos tribunales cuestionan si las oficinas de la Seguridad Social están interpretando bien la ley. La abogada Laia Costa Gay dirigió la defensa de una mujer reagrupada a la que la Seguridad Social negaba la tarjeta sanitaria en Cataluña. Y ganaron. “Una instrucción del INSS no puede interpretar una ley. Su instrucción carece de validez legal. Además, otra sentencia, de Burgos, señaló otro aspecto importante: el instituto no es nadie para cuestionar la actuación de Extranjería”, resumía a eldiario.es la magistrada. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recuerdan que “hay casos recurridos y que en otras ocasiones han obtenido una sentencia favorable para la Administración”.

Víctor mira a su hija hablar con respeto. Sentado en una silla y con el cable del oxígeno que le permite vivir, escucha con atención cada palabra de Annie. La máquina ha sido conseguida gracias a la intermediación de Médicos del Mundo. Cuando ya no tenía esperanza, acudió a la ONG como “última oportunidad”. Allí consiguieron un permiso temporal de atención, sorteando los límites del marco legal vigente.

Además, la familia paga el 100% del coste de los medicamentos. Solo uno de los tres inhaladores que utiliza diariamente cuesta 90 euros. “Tenemos suerte”, dice Annie, porque han podido permitirse este gasto a pesar de que perdió su empleo cuando tuvo a sus hijas, de nueve meses. Pero la mujer piensa en todas aquellas personas que no han tenido sus oportunidades. “Me siento atropellada. Están jugando con la vida de muchas personas”, condena.