Los tribunales militares han confirmado las sanciones impuestas a dos guardias civiles de Alicante por una pelea en una discoteca del puerto de Torrevieja. El primero increpó a los porteros al grito de “soy guardia civil y te voy a joder la vida” antes de acometer de forma violenta la barrera de seguridad del recinto para sacar su coche. El segundo fue al lugar de los hechos y permitió que su compañero se marchara del lugar sin consecuencias y sin avisar a sus superiores. El guardia civil que iba borracho es suspendido durante una semana mientras que el agente que le encubrió es sancionado durante cinco días. Los hechos trascendieron porque las cámaras de seguridad del puerto lo habían grabado todo.

Las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es revelan que los hechos ocurrieron de madrugada en noviembre de 2021. El guardia civil, destinado en ese momento en el puesto alicantino de Guardamar del Segura, estaba fuera de servicio y de fiesta en una discoteca del Puerto Marina Salas de Torrevieja, zona de ocio de la localidad con multitud de discotecas. Tuvo un primer choque con los porteros del pub “Bacanal” porque no le dejaron salir de la discoteca con su copa. Los trabajadores tuvieron incluso que inmovilizarle ante su estado de agresividad y, después de un rato dando vueltas por la zona, el guardia civil visiblemente bebido volvió a increpar a los porteros: “Sé que eres de Guardamar, yo soy guardia civil y te voy a joder la vida”.

Una patrulla de sus compañeros de la Guardia Civil del puesto de Torrevieja llegó poco después. Los dueños del local, que sabían que el alborotador era guardia civil e incluso era amigo suyo, habían intentado zanjar el incidente sin denunciar a nadie pero los porteros habían dado aviso a la seguridad del Puerto y estos al instituto armado. Cuando llegaron allí, los trabajadores de la discoteca les intentaron hacer creer que solo han tenido un problema con “un ciudadano del Este” pero encontraron a su compañero y descubrieron que él era el protagonista de la pelea.

En vez de afrontar e investigar lo que había pasado, la pareja de guardias civiles decidió intentar encubrir a su compañero y le dejaron ir sin dar parte ni por radio ni por escrito a sus superiores, limitándose a explicar que no habían encontrado a ese “ciudadano del Este”. Poco después el agente abandonaba el puerto con un nuevo episodio de agresividad. “O me abres o te destrozo”, espetó a un empleado del párking cuando le informaron de que tenía que volver a la discoteca para que le validaran el ticket de aparcamiento. Levantó la barrera “de forma violenta”, se subió en el coche y abandonó el lugar.

La pelea y la actuación irregular de la patrulla para encubrir a su compañero fue descubierta gracias a que las cámaras de seguridad del recinto habían grabado prácticamente todo: desde las discusiones en la puerta del local hasta el incidente con la barrera de seguridad del puerto pasando por imágenes de la propia patrulla hablando con el agente por la zona. “No hay duda de que haya prueba. La hay abundantísima. La hay testifical, documental y videográfica”, dice el Tribunal Militar Central para, en dos sentencias distintas, confirmar las sanciones disciplinarias impuestas a ambos agentes. Siete días de suspensión para el autor de los altercados y cinco días para el agente que intentó ocultar la pelea.

El Tribunal Militar Central confirmó la sanción del autor del altercado antes del pasado verano. “No fue un altercado menor, no fue un altercado más de cualquier otra noche de ocio causado por una persona anónima, sino que fue un altercado protagonizado por un guardia civil”. Y su actitud, añaden los togados, “choca frontalmente con el comportamiento que se espera de un guardia civil, no solo de servicio, también fuera de él. Lo último que se espera de un guardia civil es que sea él el que altere el orden, el que se enfrente de forma violenta física y verbalmente a unos trabajadores que tratan de mantener el orden en un establecimiento privado pero abierto al público”.

Otra sentencia más reciente avala también la sanción de su compañero por ocultar todos estos hechos a sus superiores del puesto de Torrevieja e intentar rebajar los hechos a un incidente con un extranjero desconocido. Su informe “no se ajusta a la realidad” y lo hizo “con clara intención de faltar a la verdad”. “Faltó a la verdad intencionadamente, sabía lo que hacía (no anotar una novedad al cumplimentar la papeleta de servicio) y sabía que además esa conducta era antijurídica”, zanja esta segunda resolución. Las dos son todavía recurribles ante el Tribunal Supremo y su sala quinta de lo Militar.

“Intentaron ayudar a un compañero y falsearon las novedades”

Las dos resoluciones revelan que los propios dueños de la discoteca conocían al guardia civil, sabían que era integrante del cuerpo y no quisieron que el incidente trascendiera, dando orden de ocultarlo a la patrulla que acudió alertada por el personal de seguridad del puerto. Fueron los que consiguieron “aplacar los ánimos” y dieron orden de no denunciar, también por la cantidad de altercados a los que se enfrentan en las discotecas: “Como dicen algunos de los testigos, desde el local no interesa que se denuncien estos incidentes, de lo contrario, estarían todas las noches denunciando. Además de que por el trabajo cotidiano de estos trabajadores tienden a minimizar su importancia”.

Las sentencias reprochan la actitud de los dos agentes. La agresividad de uno de ellos contra los trabajadores de la discoteca y del puerto, explican, “choca frontal y gravemente con la dignidad de la Guardia Civil, es decir contra la fama y el prestigio que el Cuerpo tiene socialmente reconocido gracias a comportamientos diametralmente opuestos a los observados por el recurrente la noche de los hechos”. “Creo que la intención era buena, pero cometieron una infracción disciplinaria”, dijo su superior del puesto de Torrevieja sobre el otro sancionado.

“Intentaron ayudar a un compañero y que falsearon las novedades”, añadió este mando durante la tramitación del expediente. La información que le llegó por radio esa noche, explicó, ocultó deliberadamente la implicación de un guardia civil fuera de servicio en un altercado: “Ha abandonado el lugar, hemos estado haciendo una batida por la zona y no hemos encontrado a la persona que ha alterado el orden”, dijo por radio sobre ese supuesto “ciudadano del Este” y “omitiendo de forma intencionada”, según la sentencia, hacer referencia al altercado del guardia civil que fue conocido gracias a las cámaras de seguridad.

El Low Festival se traslada a Torrevieja para su edición de 2026. La confirmación de la nueva ubicación llega después de que la organización del festival comunicara que abandonaba Benidorm tras catorce años por “no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del mismo convenio de colaboración vigente”. Además de la localización, el Low Festival ha aprovechado para anunciar su cartel, que incluye a Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte y Natalia Lacunza para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

“Durante las últimas semanas, la dirección del festival ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para renovar el acuerdo por cuatro años más”, explicó la organización en un comunicado, subrayando que “en dichas reuniones se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto”. Sin embargo, según la organización, “finalmente no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival”.

Ante dicha situación, la organización del festival, que recalca que es “el más grande de la provincia” y que se encuentra “dentro de los 10 más importantes de España”, decidió transmitir un mensaje a sus seguidores: “Low Festival no se acaba aquí. Seguimos adelante, en una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre. Este proyecto nació del amor por la música y seguirá creciendo fiel a su esencia”. Esa ciudad es Torrevieja, que será la nueva sede para la próxima edición a la espera de conocer más detalles sobre este acuerdo.

Según desvelaba Producciones Baltimore, la empresa promotora del evento, a pesar de su deseo de seguir celebrando Low en la ciudad que les vio crecer, “las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto hacían imposible asumir el proyecto” tal y como ha sido hasta la fecha. Se han referido a “costes inasumibles” y citaban “decisiones ajenas” a ellos que les han llevado a entender que, “por desgracia, no se quiere que el Low siga formando parte de Benidorm”.

Entre quienes se subirán al escenario de Torrevieja destaca el grupo británico de rock alternativo Editors, cabeza de cartel. Asimismo, también han sido anunciados Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B y Natalia Lacunza, que serán algunos de los artistas más demandados. El cartel lo completan Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, Joseluis, Perro y Repion, aunque habrá más confirmaciones en los próximos meses. Los abonos ya están a la venta.

El PSPV-PSOE ha denunciado “las maniobras de Carlos Mazón y del PP para convertir las infraestructuras de la Comunitat Valenciana en un negocio privado” y ha señalado que “todos los valencianos y valencianas sabemos que de negocio en el Partido Popular saben mucho”.

Así se ha pronunciado este domingo el secretario de Infraestructuras, Transportes y Movilidad Sostenible del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, quien ha apuntado que “vemos con una enorme preocupación el anuncio de Martínez Mus de construir el desdoblamiento de la CV95 entre Torrevieja y Orihuela, en la Vega Baja, a través de un pago por concesión con la que elimina de un plumazo las cantidades previstas en los presupuestos autonómicos para poner el derecho de los ciudadanos a la movilidad en manos privadas”.

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que “esta decisión del Consell sobre la CV95 es muy preocupante, puesto que convierten las infraestructuras en un negocio hinchando los costes” y ha explicado que “la conversión de la CV95 en un proyecto privado evidencia, una vez más, la voluntad destructiva del PP de liquidar el Vega Renhace del Consell del Botànic y pone de manifiesto la falta de proyecto de Mazón tanto para la Vega Baja como para toda la Comunitat Valenciana”.

Los presupuestos de 2025 de la Generalitat han eliminado la inversión plurianual para arrancar la construcción de un proyecto de adjudicación directa con una primera partida de 25 millones.

Además, ha recordado que “en el Consell de Mazón se cargó una iniciativa pública para impulsar la comarca tras la DANA sufragada con los presupuestos del Consell para, a partir de ahora, dedicarse a regalar las infraestructuras al sector privado” y ha insistido en que “no están en la solución de los problemas de la gente, están en su negocio”.

La operación del Consell con la CV95 encierra a su vez “daños colaterales” que, en opinión del PSPV-PSOE, afectarán directamente a la ciudadanía puesto que con este “modelo de negocio” para las infraestructuras se hipoteca el futuro de los presupuestos con pagos a la empresa concesionaria que se pueden alargar por un periodo de hasta 40 años, según la ley, a lo que se suma el mantenimiento de la carretera también se lo queda la concesionaria con lo cual la seguridad vial de los ciudadanos va a quedar igualmente en manos privadas. “Nos van a hipotecar para el futuro, como ya hicieron durante 20 años, y encima le van a traspasar la seguridad vial de la gente en esa carretera al negocio privado. Es absolutamente inadmisible”, ha concluido.

La Generalitat presentó el pasado 23 de abril a los alcaldes de la Vega Baja la hoja de ruta para el desarrollo del desdoblamiento de la CV-95 entre los municipios alicantinos de Orihuela y Torrevieja, que será fruto de un modelo “de concesión público-privada” y a la que se prevé que se destinen 180 millones de euros.

Además, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó que, “aunque la tramitación es larga, el compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura, además de que esté aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA) y que la licitación de la concesión esté en marcha”.

Un detalle importante este del impacto ambiental teniendo en cuenta que en 2007 la Generalitat adjudicó la construcción de la autovía de esta CV-95 con otra concesión a una UTE y el proyecto se descartó tras una sentencia del Tribunal Supremo por carecer de evaluación ambiental del mismo.

El nuevo vial discurre en paralelo a la actual CV-95, a la derecha en sentido Torrevieja y atravesaría zonas de huerta tradicional bien conservadas, con el consiguiente impacto sobre estas áreas de regadío histórico, como el camino de Fabregat, la Vereda de Los Tobalos, el Azarbe Piqueras, el Rincón del Portillo o el Azarbe de los Caballos para evitar las travesías urbanas de Correntías.

Para colmo, el mal tiempo; las calles de la pedanía murciana de Patiño, semivacías a las ocho de la mañana, reposaban en silencio este jueves tras pasar unos días complicados. El pasado martes 1 de abril, el asesinato de la pequeña Nadia, de cinco años de edad, a manos de la expareja de su madre adoptiva ha sacudido los cimientos de esta tranquila población del sur de Murcia. 

A las dos de la tarde del martes, Jesús J., conocido como Suso y para quien se ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza, recogía a Nadia –antes de lo habitual, según explica Ramona, su madre adoptiva– para llevarla a jugar a un parque de bolas; algo que solía hacer por costumbre, solo que a la hora habitual de regreso, Jesús y Nadia no aparecieron. Esa misma noche, Suso era detenido en la localidad alicantina de Torrevieja como presunto autor del primer crimen de violencia vicaria en lo que llevamos de año.

Tras recoger a la niña, le suministró presuntamente un biberón atiborrado de pastillas –la autopsia determinará cuáles y cuántas–, la dejó en su casa de Llano de Brujas, donde vive con sus padres, y dispuso su huida en dirección a Alicante. Suso hizo, al menos, tres llamadas. Una, a su madre; “He hecho una locura, id a ver a la niña”; otra, a Ramona: “Tu hija ya está en el cielo, y vais a pagar todos por reíros de mí”; y otra llamada a Antonio, un amigo, a quien confesó el crimen. Este último, que ipso facto se puso en contacto con la Guardia Civil, fue quien hizo llegar al presunto asesino a un encuentro con los agentes en Torrevieja, con el pretexto de facilitarle dinero para huir. Este jueves ha pasado a disposición judicial.

Pero en Patiño sigue siendo jueves y la normalidad trata de imponerse sin éxito. Las pocas personas que caminan por la calle mencionan lo sucedido como una “barbaridad”. En el estanco, en el bar y en la floristería; en los bancos frente a la iglesia y en la parada de la línea 29 de autobús; nadie queda a salvo de este espanto. “Yo no conocía a la familia y me enteré anoche de que eran de aquí”, explica una señora junto al colegio José Martínez Tornel; “pero ni falta que hace, qué horror. Cuando estas cosas pasan cerca, parece que son más terribles, pero esto... madre mía. Por nadie pase”.

“Con la niña no pensábamos que se iba a atrever”

En el tanatorio, la familia se hace fuerte entre abrazos y pésames, y el ambiente es, pese a las circunstancias, muy cordial con los medios y las personas que se han desplazado hasta allí. Isabel es la prima de Ramona y madre biológica de Nadia que, con sus cinco años recién cumplidos, era su octava hija; ninguna de las dos ha podido dar ninguna declaración a los medios. En su lugar, sus primos Óscar y Jonathan han hablado sobre el acusado.

Aunque inicialmente, desde Delegación de Gobierno informasen que el individuo, de 48 años, no tenía antecedentes ni denuncias por violencia de género, Jonathan afirma que coincidió con él durante su estancia en prisión hace una década. “Mi relación con él era cordial, no lo veía capaz de hacer eso”, comenta momentos antes de conectar en directo en televisión; “con mi prima era un cabrón y lo sabíamos, pero delante de nosotros nunca le hizo ni le dijo nada porque sabía que no podía. Pero con la niña... con la niña no pensábamos que se iba a atrever”.

Ramona, madre adoptiva de la niña, mantuvo durante nueve años una relación sentimental con el ahora detenido y, según su relato, el maltrato estuvo presente constantemente en su relación, que calificó como “un infierno”, aunque nunca llegó a denunciarle. “Lo que no esperaba es que le hiciera algo a la niña”, repetía una y otra vez este miércoles durante el minuto de silencio que se guardó frente a las puertas del Consistorio de Murcia y al que acudió toda la familia.

Aunque la relación finalizó el pasado verano, cuenta Ramona, el hombre no lo había aceptado y seguía acosándola. “Hasta agarrado a las rejas de la ventana aparecía, estaba obsesionado”, dice otra familiar, cuyo rostro velado de lágrimas se cubre tras unas enormes gafas de sol oscuras. “No la dejaba vivir, era un celoso”. “Ya no sabía qué más hacer para hacerle daño a la madre, y lo ha pagado la criatura”, explica Óscar. A la pregunta de qué esperan de la justicia, Jonathan brama que cuando él ha incumplido la ley, el Estado ha actuado con toda su fuerza y espera lo mismo para Jesús; “que le caiga lo que le tenga que caer, pero que se pudra ahí dentro”.

Respecto a Ramona no constaba denuncia alguna por violencia de género, pero el detenido había sido condenado en 2010 y 2014 por amenazas en el ámbito de la violencia familiar, por las que llegó a ingresar en prisión dos años, primero, y otro año, después. “Nunca lo denunció por miedo. Pero era miedo a que le hiciese algo a ella, nunca a la niña. De saberlo, habríamos denunciado”.

Violencia vicaria

“La violencia vicaria tiene que ver con la propia dinámica del maltrato y lo único que tienen en común quienes la ejercen es el objetivo de hacer daño a la madre”. Habla Yolanda Onandi, coordinadora del Grupo de Trabajo de Igualdad y Género del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, quien asegura que “no hay un perfil delimitado” y pone sobre la mesa que todos los hijos e hijas de familias donde hay situaciones de violencia de género, con o sin sentencia, son potenciales víctimas de la violencia vicaria. “Las cifras son tremendas”.

La finalidad de este tipo de violencia, afirma Onandi, “es dañar a la mujer de la forma más atroz, atacando a su maternidad”. Y no sucede solo cuando se pone fin a la relación, también durante la misma. “Puede tener distintas formas, por ejemplo, desautorizando a la madre”. Pero cuando la relación termina, “esos progenitores negligentes y ausentes” siguen teniendo el privilegio en muchas ocasiones de mantener el régimen de visitas, cuando la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia de 2021 permite suspenderlas cuando se dan casos de violencia de género.

Según la psicóloga, “es una medida que no se está aplicando en la Región de Murcia todo lo que debiera, pero la autoridad judicial tiene carta blanca para suspender las visitas e incluso la patria potestad”. En otras comunidades autónomas, explica la psicóloga, “sí que se está haciendo, y si los recursos sociales y las leyes son las mismas, por qué en otros lugares se hace y aquí, no”, se pregunta al tiempo que considera “injusto” que unos ciudadanos tengan una serie de derechos y otros, no.

La politóloga y autora de 'Hijas del Hormigón', Aída dos Santos cita a la Asociación Mami refiriéndose a la violencia vicaria: “muchas mujeres no se separan porque, mientras sigan con el padre, los niños no están a solas con ellos; es mejor un trauma de padre ausente que dos traumas de padre presente. Los niños se acostumbran mejor a la ausencia de un progenitor que a la intermitencia, que a los padres alcohólicos o maltratadores”.

Blanca Lorenzo Monerri, la letrada que representa a la familia, ha aseverado a elDiario.es Región de Murcia que no pueden aportar gran cosa sobre el proceso porque todavía no ha terminado la autopsia y sigue habiendo declaraciones. Monerri destaca que tanto la familia como ella se encuentran “maravillados” por la humanidad de los funcionarios, la fiscal y la jueza; esperan para Jesús la prisión permanente revisable y han alabado la colaboración de sus padres, que no han puesto problemas en prestar testimonio de los actos de su hijo.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha avalado la indemnización de casi 100.000 euros a un exagente de la Policía Local de Torrevieja que sufrió un “constante hostigamiento” por parte de sus superiores jerárquicos tras haber denunciado irregularidades acaecidas “sistemáticamente” en el seno del cuerpo. La sentencia, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), considera “acreditadas judicialmente” las “conductas de hostigamiento” sufridas por el agente Antonio R. B., funcionario de carrera que ostentaba el estatus de víctima protegida por la Agencia Valenciana Antifraude. Y también destaca que el Ayuntamiento de Torrevieja “protagonizó, activamente, de manera institucional y dentro de su ámbito de competencias, algunas de las actuaciones de hostigamiento que aparecen judicialmente acreditadas”.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche estimó en 2018 la reclamación de responsabilidad patrimonial por acoso laboral impulsada por el policía. Tras un recurso, la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) tumbó la sentencia inicial, descartando la existencia de acoso laboral. Posteriormente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación del agente contra la sentencia del TSJ-CV. Finalmente, el uniformado presentó un recurso de amparo ante el TC, que ha avalado la sentencia inicial declarándola firme.

El calvario del uniformado comenzó en 2010, cuando el recién llegado a la Policía Local de Torrevieja, con el popular Pedro Hernández Mateo de alcalde, alertó de la falta de control del dinero en efectivo recaudado en multas o las inspecciones “sistemáticas” en determinados locales de ocio frente a la pasividad con otros establecimientos “a pesar de los informes desfavorables”.

Tres años después, junto con otros dos policías, denunció los hechos, por los que resultaron investigados un inspector y dos agentes. La denuncia desencadenó el acoso: entre otros episodios, se le cambiaron turnos sin avisar y se le impusieron otros sin el descanso obligatorio, se le denegaron vacaciones y desaparecieron su arma del armero y documentos de su taquilla.

Manuel Antonio L. V., uno de los jefes policiales codemandados con el ayuntamiento, publicó un “panfleto” en el que tildaba al agente de “cefalópodo” y de “animal viscoso y asquerosos” y desveló datos del ámbito privado en un tablón de anuncios “a la vista de todo el personal”. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Torrevieja codemandado, Vicente G. S., envió un escrito a la Jefatura de Tráfico de Alicante deslizando que el agente podría haber perdido facultades para la conducción de vehículos.

En 2016, se encontró con un “ambiente enrarecido hacia su persona” en su nuevo destino, el Ayuntamiento de Alguazas, en la Región de Murcia. Tras preguntar a un compañero, descubrió que “desde Torrevieja” habían enviado su historial médico y “manifestado desde allí que era conflictivo”. Posteriormente, fue trasladado a Lorca, “donde se encuentra a gusto trabajando”.

Los policías Vicente G. S. y Manuel Antonio L. V. (este último actualmente jubilado) ya fueron considerados como “inductores de acoso laboral” en sendos procedimientos “muy similares” por los que el consistorio de la comarca de la Vega Baja tuvo que abonar indemnizaciones a otros dos agentes por un monto total de 71.950 euros.

El “verdadero y cierto” acoso laboral y psicológico “durante varios años” del inspector y del jefe de la Policía Local era una situación “conocida, permitida y consentida” por el Ayuntamiento de Torrevieja. “De manera reiterada”, ambos policías fueron “instigadores de otros acosos” a uniformados de la Policía Local, sostiene la sentencia.

El juez de instancia destacó que el Ayuntamiento de Torrevieja no aportó ni testigos ni informes periciales que desvirtuaran la versión del agente. Por el contrario, las pruebas de la víctima sobre la vulneración de sus derechos fundamentales, su dignidad personal y su integridad moral fueron “concluyentes”.

El “ambiente hostil” y de “violencia psicológica”

El TC avala la sentencia inicial y recuerda que “aunque el concepto de acoso laboral puede comprender situaciones o conductas de diversa índole, puntuales o reiteradas en el tiempo, todas ellas tienen en común (...) su carácter degradante de las condiciones de trabajo o en la hostilidad que conllevan y que tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad personal del empleado”.

El tribunal de garantías concluye que existe un “panorama claramente indiciario” de la presunta infracción constitucional, que pone de manifiesto una “razonable sospecha” de que el trato recibido por el policía suponía una práctica de acoso laboral que “perjudicó significativamente su integridad física y moral”.

“De forma reiterada y deliberada se le humilló con el propósito y efecto de violar su dignidad, creando para ello un ambiente hostil y de violencia psicológica que no solo le condujo a reclamar continuamente el cambio de lugar de trabajo, sino que se vio agravado con las reiteradas negativas del ayuntamiento a concedérselo hasta el punto de incidir significativamente en su estado de salud física y mental”, afirma la sentencia.

El TC también hace “especial incidencia” en que el Ayuntamiento de Torrevieja “no solo se mantuvo conscientemente ajeno a las conductas hostiles” hacia el policía, en una “reiterada posición pasiva” mantenida “durante años”, sino que “protagonizó, activamente, de manera institucional y dentro de su ámbito de competencias, algunas de las actuaciones de hostigamiento que aparecen judicialmente acreditadas”.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha avalat la indemnització de quasi 100.000 euros a un exagent de la Policia Local de Torrevella que va patir una “fustigació constant” per part dels seus superiors jeràrquics després d’haver denunciat irregularitats esdevingudes “sistemàticament” en el si del cos. La sentència, publicada divendres en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), considera “acreditades judicialment” les “conductes de fustigació” patides per l’agent Antonio R. B., funcionari de carrera que detenia l’estatus de víctima protegida per l’Agència Valenciana Antifrau. I també destaca que l’Ajuntament de Torrevella “va protagonitzar, activament, de manera institucional i dins del seu àmbit de competències, algunes de les actuacions de fustigació que figuren acreditades judicialment”. 

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx va estimar el 2018 la reclamació de responsabilitat patrimonial per assetjament laboral impulsada pel policia. Després d’un recurs, la secció segona del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va tombar la sentència inicial, descartant l’existència d’assetjament laboral. Posteriorment, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va inadmetre el recurs de cassació de l’agent contra la sentència del TSJCV. Finalment, l’uniformat va presentar un recurs d’empara davant el TC, que ha avalat la sentència inicial declarant-la ferma. 

El calvari de l’uniformat va començar el 2010, quan el nouvingut a la Policia Local de Torrevella, amb el popular Pedro Hernández Mateo d’alcalde, va alertar de la falta de control dels diners en efectiu recaptats en multes o les inspeccions “sistemàtiques” en determinats locals d’oci davant de la passivitat amb altres establiments, “malgrat els informes desfavorables”. 

Tres anys després, juntament amb dos policies més, va denunciar els fets, pels quals van resultar investigats un inspector i dos agents. La denúncia va desencadenar l’assetjament: entre altres episodis, se li van canviar torns sense avisar i se li’n van imposar altres sense el descans obligatori, se li van denegar vacances i van desaparéixer la seua arma de l’armer i documents de la seua taquilla. 

Manuel Antonio L. V., un dels caps policials codemandats amb l’Ajuntament, va publicar un “pamflet” en què titlava l’agent de “cefalòpode” i d’“animal viscós i fastigós” i va revelar dades de l’àmbit privat en un tauler d’anuncis “a la vista de tot el personal”. Per part seua, el cap de la Policia Local de Torrevella codemandat, Vicente G. S., va enviar un escrit a la Direcció de Trànsit d’Alacant deixant caure que l’agent podria haver perdut facultats per a la conducció de vehicles.

El 2016, es va trobar amb un “ambient enrarit cap a la seua persona” en la seua nova destinació, l’Ajuntament d’Alguazas, a la Regió de Múrcia. Després de preguntar a un company, va descobrir que “des de Torrevella” havien enviat el seu historial mèdic i havien “manifestat des d’allí que era conflictiu”. Posteriorment, va ser traslladat a Llorca, “on es troba a gust treballant”. 

Els policies Vicente G. S. i Manuel Antonio L. V. (aquest últim actualment jubilat) ja van ser considerats com a “inductors d’assetjament laboral” en sengles procediments “molt similars” pels quals el consistori de la comarca del Baix Segura va haver d’abonar indemnitzacions a dos agents més per una suma total de 71.950 euros. 

El “veritable i cert” assetjament laboral i psicològic “durant uns quants anys” de l’inspector i del cap de la Policia Local era una situació “coneguda, permesa i consentida” per l’Ajuntament de Torrevella. “De manera reiterada”, els dos policies van “ser instigadors d’altres assetjaments” a uniformats de la Policia Local, sosté la sentència.

El jutge d’instància va destacar que l’Ajuntament de Torrevella no va aportar ni testimonis ni informes pericials que desvirtuaren la versió de l’agent. Per contra, les proves de la víctima sobre la vulneració dels seus drets fonamentals, la seua dignitat personal i la seua integritat moral van ser “concloents”. 

L’“ambient hostil” i de “violència psicològica”

El TC avala la sentència inicial i recorda que, “encara que el concepte d’assetjament laboral pot comprendre situacions o conductes de diversa índole, puntuals o reiterades en el temps, totes tenen en comú (...) el seu caràcter degradant de les condicions de treball o en l’hostilitat que comporten i que tenen per finalitat o com a resultat atemptar o posar en perill la integritat personal de l’empleat”. 

El tribunal de garanties conclou que hi ha un “panorama clarament indiciari” de la presumpta infracció constitucional, que posa de manifest una “sospita raonable” que el tracte rebut pel policia suposava una pràctica d’assetjament laboral que “va perjudicar significativament la seua integritat física i moral”. 

“De manera reiterada i deliberada se’l va humiliar amb el propòsit i l’efecte de violar la seua dignitat, creant per a fer-ho un ambient hostil i de violència psicològica que no sols el va conduir a reclamar contínuament el canvi de lloc de treball, sinó que es va veure agreujat amb les negatives reiterades de l’Ajuntament a concedir-li-ho fins al punt d’incidir significativament en el seu estat de salut física i mental”, afirma la sentència.

El TC també fa una  “incidència especial” en el fet que l’Ajuntament de Torrevella “no sols es va mantindre conscientment alié a les conductes hostils” cap al policia, en una “posició passiva reiterada” mantinguda “durant anys”, sinó que “va protagonitzar, activament, de manera institucional i dins del seu àmbit de competències, algunes de les actuacions de fustigació que figuren acreditades judicialment”.

El Tribunal Constitucional ha acordado amparar a un policía local de Torrevieja (Alicante) por el “acoso laboral” que sufrió durante tres años y cinco meses tras denunciar a algunos de sus compañeros por “irregularidades en lo relativo a la falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas” y a las inspecciones “selectivas” en locales de ocio.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por la Sala Primera -en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano- al considerar que se vulneró el derecho a la integridad física y moral del agente en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los seis magistrados que conforman la Sala Primera han concluido que la lesión de estos derechos es “imputable” tanto al Ayuntamiento de Torrevieja como al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, según ha informado este miércoles la corte de garantías en una nota informativa.

En el caso del consistorio, por su “conducta omisiva de prevenir, investigar y sancionar las actuaciones de acoso de sus empleados públicos y la de hostigamiento que desarrolló institucionalmente contra el demandante”. Y, respecto al TSJ valenciano, por el “incumplimiento de su deber de control judicial de estos derechos, al no aplicar correctamente la jurisprudencia constitucional sobre el desplazamiento de la carga probatoria en su protección”.

El tribunal ha fundado su decisión en los hechos probados, que evidencian que existía una denuncia penal previa presentado por el agente contra algunos de los miembros de la Policía Local y que, posteriormente, se llevaron a cabo --por parte de compañeros o superiores- una “serie de actuaciones sostenidas y reiteradas en el tiempo de hostigamiento” hacia el denunciante.

En dichos hechos probados también se exponía que el ayuntamiento tenía “conocimiento efectivo” de las “situaciones de acoso producidas en la Policía Local” -que estaban “judicializadas”- y de la “incidencia” que estas conductas tuvieron en la salud física y mental del agente acosado.

El apartamento en Torrevieja era el premio estrella del Un, dos, tres, el concurso más popular de TVE en los años 70 y 80, que ayudó a promocionar a la ciudad alicantina como destino turístico de sol y playa. El mítico programa que presentaron, entre otros, la popular Mayra Gómez Kemp disponía de unas audiencia que sobrepasaba cada semana los 20 millones de espectadores y que introdujo las autocaravanas y el turismo residencial costero de masas en la retina de todos los españoles.

En 2024, 40 años después, el gobierno municipal de Torrevieja –de mayoría absoluta del PP– quiere emular ese efecto masivo con uno de los programas de más audiencia de la televisión, El Hormiguero (Antena 3), dirigido y presentado por Pablo Motos. El mismo alcalde de la localidad, Eduardo Dolón (PP) compareció en rueda de prensa para explicar el estudio del impacto de la iniciativa que promueve el ayuntamiento y que tendrá un coste de 701.800 euros, que se sufragará a través de un contrato de patrocinio sin concurso. Los cálculos que hace el Ayuntamiento de Torrevieja esperan un impacto económico entre los 6 y los 7 millones de euros.

La campaña se va a desarrollar durante un plazo de 9 meses en total, desde el lunes 2 de septiembre hasta junio de 2025 en un show que cuenta con 2,5 millones de espectadores cada noche, mientras que sus redes sociales (Instagram, Facebook y X) cuentan con una media de 2,6 millones de seguidores.

Durante este tiempo, El Hormiguero tendrá una sección específica para promocionar un concurso cuyo premio consiste en sortear una casa valorada en más de 300.000 euros, y se proyectarán simultáneamente imágenes resaltando los productos turísticos más relevantes de Torrevieja. La participación en el concurso tendrá que hacerse a través de una entrada de cine: Habrá una proyección en las salas en la que Pablo Motos explicará la mecánica del concurso y aparecerán las imágenes turísticas de la ciudad.

El alcalde de Torrevieja reconocía el papel que tuvo el Un, dos, tres en los años 80 para aupar a la ciudad como destino residencial, “siendo a día de hoy el destino por excelencia de este turismo en España”. Pero añade que la ciudad “ha evolucionado radicalmente desde entonces”, entre ellos especialmente destaca el aumento de población, pasando e los poco más de 12.000 habitantes que tenía a inicios de los 80, a los casi 90.000 que tiene actualmente.

Los apartamentos hoy y de ayer

En cuanto al apartamento objeto del sorteo televisivo se halla en una zona de Torrevieja que ahora está en desarrollo urbanístico, en la Cornelita, concretamente en la promoción Nature Views de la promotora MPC Group.

En la web de esta inmobiliaria se ofertan dos tipos de apartamentos de características económicas similares, se trata de dos dúplex de 75 metros cuadrados y dos habitaciones valorados en 285.000 euros (planta baja) y 289.000 euros (planta alta).

Pero las joyas de la corona de lo premios del Un, dos, tres de los ochenta han perdido todo su brillo actualmente. 40 años después los apartamentos están abandonados, los inmuebles, unos bungalows de unos 50 metros cuadrados, son una sombra de lo que eran.

Los apartamentos se encontraban en la urbanización privada de la Torreta, sufrieron la crisis inmobiliaria y ahora están en calles sin asfaltar, con ratas, cucarachas, malas hierbas y se llega a considerar una zona peligrosa; pero el hecho de ser privada dificulta la intervención municipal. Todo ello ha hecho que su valor se desplomara a la cuarta parte, de los 120.000 euros iniciales a los 30.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número uno de Torrevieja (Alicante) ha abierto diligencias por el carnaval de la localidad, tras la denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables del desfile en el que, según esta entidad, “salieron varias niñas vestidas con lencería erótica”.

El magistrado ha incoado diligencias previas “para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito”, según el auto de apertura de diligencias, facilitado por Abogados Cristianos.

Asimismo, el magistrado ha ordenado que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre la tipicidad de los hechos denunciados.

Abogados Cristianos presentó la denuncia porque, a su juicio, durante el desfile “salieron varias niñas vestidas con lencería erótica”. La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, ha considerado en un comunicado que la apertura de diligencias es “una buena noticia”.

“Esperamos que finalmente haya una sentencia condenatoria contra los responsables de este carnaval tan bochornoso y los que encima dieron un premio al mismo”, ha expresado.

Tras conocerse la presentación de la denuncia, el Ayuntamiento de Torrevieja defendió la “libertad” de las comparsas que forman el Carnaval para elegir los disfraces y rechazó “censurar o vigilar” las prendas de ropa que crea cada agrupación.

Asimismo, la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja también mostró su apoyo a la comparsa 'Osadía' --la acusada de incluir a niñas desfilando en ropa interior-- y defendió “la libertad” en los carnavales.

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta, considera que los padres y madres de las niñas de una comparsa que han participado en los desfiles de Carnaval de la ciudad con lencería erótica no pretendían hipersexualizar a sus hijas sino hacer una crítica a la situación política y social del país. La comparsa Osadía pretendía criticar las políticas (tanto de la derecha como de la izquierda) sobre el feminismo y los colectivos LGTBI. Para ello decidió hacer desfilar a menores en lencería.

En un comunicado, el consistorio se refiere así a unos vídeos que se han hecho virales en las redes sociales en los que, acompañadas de sus progenitores, se ve desfilar un grupo de menores disfrazadas con pezoneras, ligueros, medias, lencería y tacones, entre otros elementos, así como algunas banderas LGTBQ+.

Tras la polémica generada en las redes sociales, el Ayuntamiento torrevejense ha expresado su apoyo “a la gran familia” del carnaval y, tras señalar que esta fiesta “es crítica, sátira, provocación, diversión”, ha señalado que “sacar fuera de contexto y dimensionar un hecho como el que se está criticando está totalmente fuera de lugar”.

De esta manera, están convencidos de que “la intención de los padres y madres de esos niños no era, en absoluto, hipersexualizar con sus disfraces a sus hijos porque en realidad lo que querían significar este año es una crítica a la situación política y social de España, nada más”.

“El ayuntamiento de Torrevieja no entra ni va a entrar a censurar ni a vigilar los disfraces que crea cada comparsa cada año” ya que tienen “total libertad para decidir lo que quieren representar en el Carnaval”, ha señalado la nota.

Declarado de interés turístico autonómico y organizado por la Asociación Cultural Carnaval de la localidad, el desfile carnavalero de Torrevieja es una de las principales fiestas de la Comunitat Valenciana y participan más de 2.000 personas en 30 comparsas, que recorren las principales calles de la ciudad ante miles de vecinos y visitantes.

Denuncia por corrupción de menores

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos ha anunciado la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Torrevieja contra los responsables del desfile de carnaval. Concretamente, contra la concejal de Fiestas, Rosario Martínez (PP), el presidente y el secretario de la asociación cultural Carnaval de Torrevieja, Francisco Pizana y Armando Bueno y las responsables de la comparsa 'Osadía'.

La entidad de juristas considera que podrían haber incurrido en un delito de “utilización de menores para espectáculos exhibicionistas recogido en el artículo 189 del Código Penal” y solicita también que Fiscalía valore si se han podido incurrir en otros delitos “como el abuso de menores” (art. 181 CP).

Abogados Cristianos reclama además que se retire el premio de 650 euros concedido a la comparsa en la que desfilaban las niñas, que recibió el galardón por quedar en cuarta posición en la modalidad de disfraz.

La presidenta de la organización de juristas, Polonia Castellanos, apunta: “Que estos hechos mereciesen un premio, nos parece que es algo reprochable y que además entra en el tipo de delito de corrupción de menores. Esperamos que la justicia actúe y que no se permita acabar con la inocencia de los niños y utilizarles de esta manera”. 

En casi dos décadas, el Ayuntamiento de Torrevieja ha pagado por el contrato de basura más de 109 millones de euros con un “absoluto incumplimiento” de la normativa de contratación pública, según ha concluido la Agencia Valenciana Antifraude. “De un contrato inicial suscrito [en 2004] por un periodo de 10 años más dos posibles de prórroga, acaba con una prestación efectiva final de más de 18 años, más de seis de ellos sin cobertura contractual”, agrega Antifraude. Los pagos se hicieron, según el organismo dirigido por Joan Llinares, “sin soporte contractual alguno, con nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo y vulnerando todos los principios rectores de la contratación pública”.

Tras recibir una alerta y analizar la documentación, la Agencia Antifraude ha remitido su informe de conclusiones a la Fiscalía al “entender que de los hechos investigados existen indicios de conductas presumiblemente constitutivos de delito”.

Por el polémico 'macrocontrato' de la basura, aprobado en 2004, el exalcalde popular Pedro Hernández Mateo acabó en prisión. Tras varios intentos de rescisión del contrato, avalados por el Consell Jurídic Consultiu, el consistorio prorrogó los servicios con la. misma empresa en 2016, cuando gobernaba el alcalde de Los Verdes, José Manuel Dolón. Se trataba “de facto de un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio dado que no era posible prorrogar el contrato por incumplimiento de los plazos máximos”, según recuerda Antifraude. Así, el acuerdo municipal se hizo sin “título jurídico alguno, ajeno a la normativa vigente” y con un informe de reparo de la Intervención.

La prórroga se aprobó pese a su “ilegalidad”. La “antijurídica situación” se prolongó entre 2016 y 2022, cuando ya gobernaba el actual alcalde popular Eduardo Dolón. En 2018 se modificó la forma de facturar el canon a precios unitarios y con una fórmula de revisión de precios, “ambas modificaciones sin sustento legal e informe jurídico alguno emitido en la tramitación”. Todo ello a pesar de las condiciones debían ser las mismas que en las prórrogas anteriores. “Por tanto, el ayuntamiento fue en contra de sus propios actos”, afirma el informe.

Además, Antifraude critica que “se han pagado importes por la prestación de los servicios muy superiores a los precios del contrato inicial” tras la última prórroga del contrato de basuras.

Por otro lado, “no se acreditan los mecanismos de comprobación de las prestaciones reales de los servicios facturados ni la adecuación del importe de las facturas a costes reales, habiéndose aprobado las facturas por los importes presentados por la mercantil, incluyendo los conceptos generales y beneficio industrial”, afirma el organismo. El ingeniero que conformaba las facturas se limitaba a dictar informes técnicos, “no acompañándolos [de] informe jurídico alguno al respecto.

Durante el “periodo sin contrato”, todos los informes de fiscalización de la Intervención incluían reparos. Antifraude no ha podido comprobar, “pese a haberse solicitado por dos veces”, que las facturas aprobadas por el consistorio entre 2018 y 2020 “correspondan a los costes reales de la partida”.

Antifraude, que ha rechazado todas las alegaciones del Ayuntamiento de Torrevieja, recuerda que “lo importante cuando se conforma una factura es tanto la acreditación de que el servicio se haya realizado, como que además haya sido facturada al precio pactado, cuestión que en este caso no consta”, concluye el organismo.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo dirigido por Joan Llinares, ha detectado supuestas irregularidades en varias campañas del bono consumo pilotadas por la Diputación de Alicante, mientras el popular Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat Valenciana, estaba al frente de la institución provincial. Antifraude ha pedido a la Diputación que inicie el procedimiento de reintegro de 619.331 euros por el incumplimiento del objeto de la convocatoria. Al Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por Eduardo Dolón, le solicita que tramite el “oportuno procedimiento de revisión de oficio” de las resoluciones de la concesión de las ayudas “con exigencia del reintegro por otorgamiento indebido” de una subvención por un importe de 283.218,74 euros. De esa cantidad, el organismo autonómico ha detectado evidencias de que 107.871,03 euros no se habrían declarado físicamente en el modelo 347 de la Agencia Tributaria, lo que podría ser causa de reintegro.

La AVA recibió una alerta anónima sobre presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al comercio mediante el bono consumo (puesto en marcha tras la crisis sanitaria de la COVID-19) a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja. La Diputación de Alicante puso los fondos y el consistorio los otorgó sin concurrencia competitiva por la “configuración errónea” de las bases, que atribuían “indebidamente” la condición de beneficiaria (en vez de entidad colaboradora) a la asociación.

En el anterior mandato, el alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón, también era el diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior de la Diputación de Alicante, con Mazón de presidente de la institución provincial.

Además, la Corporación municipal no estableció el convenio de colaboración, de carácter obligatorio, con la entidad en el que se debería haber formalizado la relación jurídica. Tampoco consta la emisión de un informe de control financiero previo a la aprobación de las bases de la subvención por parte de la Intervención municipal, algo no obligatorio pero sí “muy conveniente”, según Antifraude. 

A pesar de que las ayudas debían otorgarse mediante un procedimiento de concurrencia competitiva a una entidad colaboradora para la gestión del programa del bono consumo, el consistorio otorgó “de forma errónea” la condición de beneficiaria a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja, “cuando si bien es perceptora de los fondos no es la destinataria última del bono consumo” y se limita a una “función auxiliar”.

Así, la AVA establece un presunto fraude de ley en las subvenciones del consistorio en las anualidades de 2021 y 2022 en las ayudas al comercio. Durante las pesquisas, Antifraude también ha detectado que la asociación incluyó como gastos justificados los servicios prestados por una empresa privada contratada para encargarse de la plataforma informática de gestión del bono. El informe critica que los gastos se incluyeran en convenios cuando se trata de “auténticos contratos”.

El organismo afirma que los convenios habrían “encubierto” contrataciones con la empresa informática. “No consta que en las resoluciones de concesión se indique en ningún caso la posibilidad de subcontratar, ni el porcentaje correspondiente a las mismas ni tampoco referencia a que éstas deberán ser autorizadas previamente por la entidad concedente en los términos que exige la Ley General de Subvenciones”, recuerda el informe.

En definitiva, el Ayuntamiento de Torrevieja obtuvo 619.331 euros de la Diputación de Alicante e informó de que se haría cargo la asociación de la gestión del programa, a pesar de que la convocatoria de la Corporación provincial “exigía la gestión directa” del bono bien por parte de los consistorios de la provincia o bien mediante la colaboración con comercios asociados. Un aspecto que “formalmente no cumpliría el Ayuntamiento de Torrevieja”, señala el informe. 

Antifraude detecta, además, la “presunta justificación” de un importe de 107.871,03 euros “a través de facturas que no se habrían declarado en el Modelo 347 a la Hacienda pública” y que, a pesar de ello, “se incluyen en la cuenta justificativa rendida por la asociación que ha actuado materialmente como colaboradora en la gestión de la subvención”. El organismo, tras rechazar todas las alegaciones de las instituciones implicadas y de la asociación, concluye que “los hechos denunciados son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción”.

Alegación “dudosa”

El consistorio reconocía en sus alegaciones que las bases eran “confusas”, algo que Antifraude considera “responsabilidad única del propio ayuntamiento”. Además, reprocha que en la octava convocatoria de las ayudas (del pasado 1 de agosto) no se había mejorado la redacción. El informe también señala que otros municipios cercanos a Torrevieja han gestionado los programas (con una movilización de fondos de “cuantía considerable”) mediante una entidad colaboradora sin que en sus convocatorias se aprecien las “confusiones” que “viene arrastrando” el municipio gobernado por Eduardo Dolón.

“La alegada falta de experiencia a la que alude el Ayuntamiento de Torrevieja es dudosa por cuanto basta acudir al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para comprobar cómo la mayoría de los municipios de la provincia, superado el año 2021 y con población similar a la de Torrevieja, optan por la modalidad de gestión del programa mediante entidad colaboradora”, agrega el informe.

La AVA destaca que la “gran mayoría” de poblaciones de la provincia mantienen convenios para la gestión de programas similares con la Federación Alicantina de Comercios de la PYME.

Un joven ha denunciado a través de las redes sociales un caso de racismo en el que se ha visto envuelto después de que le fuera negada la entrada a la discoteca Paking de Torrevieja “por ser árabe”. “A mí y hasta a un mínimo de seis chavales más a los que no conozco”, explicaba Wail en su publicación. En declaraciones a elDiario.es, aseguraba que situaciones así le provocan ansiedad, aunque ha decidido denunciar, tanto públicamente como ante la Guardia Civil, su caso: “Esto es algo que le viene sucediendo a mucha gente de forma habitual, pero lo naturalizamos. Pero conmigo han cometido un error, porque soy un tocapelotas y no me voy a callar”.

Wail tiene 23 años y nació en Torrevieja, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante y actualmente está trabajando en Alemania: “Mi madre es de Ceuta, como mi abuela, y vengo de una familia de militares españoles”, comenta para explicar sus raíces. Y por su aspecto, reconoce que ha vivido algún que otro episodio de racismo, más o menos sutil, en su vida: “Me han insultado por la calle, muy de vez en cuando, y la Policía me ha identificado y cacheado en alguna ocasión sin que hubiera ninguna causa justificada”.

No obstante, reconoce en conversación telefónica con elDiario.es, “nunca me habían tratado así de una forma tan explícita e impune, nunca he sufrido una discriminación tan evidente”, lo que le provocó una total indefensión. Lamenta que, a pesar de la comprensión con la que actuó la Guardia Civil, sintió como se le instara a no denunciar con una especie de “esto es lo que hay, como justificando un poco que era la política de la empresa”.

Desde luego, a Wail le chocó mucho la situación, con una fila de jóvenes a los que no se les permitía la entrada en la sala de fiestas por sus características físicas: “Lo que más me aterra es la sinceridad con la que me dijeron que me negaban el acceso porque era árabe, sin dar ninguna excusa, aunque fuera falsa, como que mi comportamiento no era el adecuado”. Además, reconoce que ya hacía tiempo que no sufría ningún episodio de este tipo, hasta este año, que ha notado que hay “como una ola de racismo, aunque a mí, personalmente, hasta el miércoles no me había tocado directamente”.

El relato detallado de los hechos en redes sociales

Según relataba en su cuenta de X (antes Twitter), esta sala pertenece al Grupo Vela Beach y se ubica justo enfrente de la discoteca Velice, “una de las más importantes y famosas de la costa”, y con la que asegura que comparten empleados: “Trabajan tanto en una como en otra indistintamente”. 

Al parecer, el joven se encontraba haciendo cola junto a cuatro amigas –de nacionalidad española– cuando vio que el portero “para a un chaval de origen marroquí” que se encontraba delante de él y le echa de la cola. Tras apartar al chaval que le precedía y atender a otra chica, “el portero me impidió el paso y me sacó de la cola, enviándome a otro portero sin darme mayor explicación”, situación a la que accedió “sin rechistar”.

Tal y como comenta el joven en su descripción de los hechos, él estaba enterado de un “rumor” que circulaba por Torrevieja en el que se dice que los árabes son “constantemente” discriminados y vetados “por motivos raciales de forma sistemática y planeado”. Sin embargo, aclara, a él nunca le habían impedido el paso a esa discoteca hasta la noche en cuestión.

Según publica, es totalmente consciente de la razón por la que fue apartado, “pero esperaba que al pedirle una explicación, al menos disimulasen”. No obstante, a la pregunta de por qué no se le permitió la entrada, “me respondió fríamente: porque eres árabe”. “Mis amigas entraron sin ningún problema, pero al ver mi situación, salieron de forma inmediata y se unieron a mí”, reseña, para añadir que “poco a poco” se empezó a formar una cola de jóvenes de origen magrebí a los que habían impedido el acceso a la discoteca y sus amigos “indignados” junto al segundo portero.

Ante esta circunstancia, el joven asegura que recurrió a un agente de la Guardia Civil que se encontraba de patrulla por la zona en ese momento y que accedió a intermediar con el personal de seguridad de la sala: “Evidentemente esperaba que al menos, en este caso, el portero reculase y que pusiese cualquier excusa para explicar por qué no podía acceder a la discoteca, incluso cuando fuera mentira; algo como que soy problemático o que robo carteras. Algo contundente”. Su respuesta “fue la misma: porque era árabe”.

El joven interpeló “muy diplomáticamente” al portero que era español, “a lo que me contestó: tu cara y tu nombre no dicen lo mismo”. Todo ello, “delante de la Guardia Civil, sin pudor alguno, sin excusas piadosas”. Ante esta situación, los afectados exigieron hablar con el responsable de la sala y la hoja de reclamaciones, así como el asesoramiento del agente del Instituto Armado, quien les dijo que tenía “las manos atadas”, que no se trataba de un delito de odio y que solo podían reclamar y denunciar“.

El responsable de la discoteca, que acudió con las hojas de reclamaciones, insistió en que era “política de empresa” derivada de los “problemas que causamos los árabes”, al tiempo que justificó que la actitud de la discoteca “no era para nada racista”. “Nos culpabilizó de hacernos las víctimas y de denunciar un racismo que no existe, a pesar de que él mismo hubiese confirmado que el motivo por el que yo no he entrado es por tener cara de marroquí”, sostiene. Así mismo, insistió en que la empresa no es racista porque los propios porteros eran “un hombre magrebí y un hombre negro”.

Después de advertir al representante de la sala que iban a denunciar el caso, se les permitió el acceso, “a lo que evidentemente le dijimos que se podía ir a tomar viento”. El joven rellenó la hoja de reclamaciones, “que pondré a disposición de Consumo”, y está tomando medidas legales: “He sufrido racismo en mi vida pero nunca de una forma tan clara, evidente, expuesta e impune como lo he hecho esta noche”, con la Guardia Civil de testigo. “Me he sentido vejado y humillado en mi propio pueblo; me he sentido un ciudadano de segunda; y sobre todo, me he sentido impotente”, prosigue este joven, quien apunta que el trato por parte de los porteros fue “violento e irrespetuoso”.

En este sentido, insiste en que la discoteca tiene una “conocidísimo sistema racista de admisión que abusa sistemáticamente de los límites del derecho de admisión y muy probablemente cometan un delito de odio”. Se trata de unas circunstancias que sufren a diario “muchísimos chicos árabes a los que tanto hoy como otros días les ha pasado lo mismo”, y comenta que en el cuartel de la Guardia Civil, donde acudió a presentar denuncia, “me han podido confirmar que esta situación se lleva repitiendo años”.

Desde elDiario.es hemos intentado contactar, sin éxito, con los responsables de la discoteca El Parking y el Grupo Vela Beach para contrastar la versión publicada por Wail en redes sociales y confirmada personalmente a este medio.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció recientemente que la residencia para personas con diversidad funcional de Torrevieja, ubicada en la avenida de Delfina Viudes, no acogerá menores tutelados. Se trata, según dijo Mazón, de un “compromiso electoral y personal con la ciudad de Torrevieja”, gobernada por el popular Eduardo Dolón. Construido en 2011 y con un coste superior a los cinco millones de euros, el centro ha permanecido en estado de abandono, al no haber sido prevista su inclusión en la red de recursos asistenciales de la Generalitat Valenciana, algo que le costó a Dolón una reprimenda por parte del Gobierno autonómico de Alberto Fabra.

El Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic, a tenor del desuso por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, licitó por valor de un millón de euros la reforma de la residencia, un espacio ligado a los presupuestos autonómicos de Infancia y a los fondos europeos. La intención era crear 30 plazas de atención a menores tutelados y otras 30 para personas con diversidad funcional, éstas últimas en dos dependencias independientes situadas en el mismo edificio.

Una decisión que Mazón tildó de “error” y de “injusticia”. “Este asunto es una prioridad en la agenda del Gobierno valenciano”, afirmó el presidente de la Generalitat Valenciana, quien también aseguró que “paralelamente, se analizarán también cuáles son las necesidades en materia de centros de menores para atenderlas en todos sus ámbitos”.

La patata caliente pasa así a la vicepresidenta segunda y consellera de Bienestar Social, Susana Camarero, que deberá resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos de adaptación del edificio.

Además, tal como recordó la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, el proyecto de adaptación del edificio cuenta con fondos europeos, que podrían estar en peligro si se modifica su destino inicial.

Sin embargo, más allá de las cuestiones técnicas y burocráticas, subyace el rechazo a los menores tutelados, en una comarca con déficit de plazas de acogida, según Mas. La dirigente de Compromís sostiene que la decisión de Mazón demuestra que el PP tiene muy interiorizado el discurso de Vox contra los menores extranjeros no acompañados, “a quienes tratan como si fueran delincuentes y no niños y niñas con la necesidad de estar con una familia”.

Aitana Mas denuncia que “existe una emergencia residencial para estas personas que tienen una vida ya suficiente difícil como para que la administración venga a tratarlos como apestados”. “Necesitan un lugar donde estar antes de ser integrados en una familia de acogida”, agrega.

Una situación similar se dio en Paterna (Valencia), cuando el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, suspendió la concesión de licencias asistenciales para la instalación de un centro de acogida en una urbanización de alto poder adquisitivo de la localidad, con los votos del PP y de Ciudadanos. Todo ello, al calor de las movilizaciones de la extrema derecha. El veto fue finalmente suspendido por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En el caso del centro de Torrevieja, la exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas considera que el veto anunciado por Mazón es “pura ideología”. “Por un lado quieren esconder a estas personas con una gran necesidad de afecto y atención y, por otro lado, asumen el discurso de la extrema derecha sobre los menores tutelados, el cual esconde racismo y la negación de los derechos humanos que tanto molestan a la extrema derecha”, critica Mas en referencia a la presencia de Vox en el Ejecutivo valenciano.

“Una experiencia gratificante para nuestra editorial así como los asistentes, tal como nos transmitieron”. Así describe la editorial EAS un seminario impartido recientemente en el instituto público Mediterráneo de Torrevieja. La editorial pertenece a Manuel Quesada, autor de la conferencia en el centro docente, y ha publicado a numerosos autores vinculados al movimiento neonazi y de extrema derecha europeo.

En un mensaje colgado en su cuenta de Facebook el pasado 24 de marzo, la editorial reseña la ponencia de Quesada ante “muchos jóvenes” de primero de Bachillerato —apunta a un centenar— del instituto “interesados por diversas inquietudes sobre el mundo del libro y solicitando asesoramiento de lecturas”.

La cuenta del instituto en la misma red social también reseñó la conferencia, bajo el título El proceso editorial. Así, “el potente (sic) explicó como a partir de la lectura de libros se pueden alcanzar los sueños como también una serie de conocimientos y formación que la escuela actual no nos proporciona”.

“En general podemos destacar que dicha charla potenció en nuestro alumnado presente una motivación en la lectura como fuente de conocimiento y placer”, agrega.

El catálogo de la editorial incluye numerosos teóricos de la extrema derecha, como Ramón Bau, destacado fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), un grupúsculo neonazi fundado en Barcelona en 1966 y disuelto en 1993. Bau también ha encabezado otros grupos neonazis como el Círculo de Estudios Indoeuropeos o Devenir Europeo.

Ramón Bau fue juzgado por difundir ideas genocidas, asociación ilícita y un delito contra los derechos fundamentales, supuestamente cometidos utilizando la tapadera de la librería Kalki de Barcelona. La Fiscalía pedía ocho años de cárcel, aunque el Tribunal Supremo finalmente lo absolvió en 2011. Durante el juicio ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Bau se declaró admirador de Adolf Hitler y negó el Holocausto.

La editorial EAS también ha publicado a ensayistas franceses de la órbita de la extrema derecha como Alain de Benoist o Français Bousquet, fundador de una librería ultra parisina. El catálogo incluye a autores italianos como Adriano Romualdi, miembro del Movimiento Social Italiano, o el filósofo Julius Evola, auténtica referencia del pensamiento neonazi europeo.

Otro destacado autor antisemita de EAS es el líder de la organización fascista rumana Legión de San Miguel de Arcángel y organizador de la Guardia de Hierro, Corneliu Zelea Codreanu. La casa editorial, con sede en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, también ha publicado libros de temática conspiracionista relacionados con la pandemia de la COVID-19.

El autor del seminario en el instituto público, Manuel Quesada, se presenta como empresario, además de asesor técnico inmobiliario especializado en vivienda protegida y en el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Una iniciativa “autónoma” del centro

La Conselleria de Educación, consultada por elDiario.es, se ha desvinculado del seminario, organizado “de forma autónoma” por el instituto de Torrevieja. La dirección del centro planificó varias charlas con diversas editoriales para la dinamización de su biblioteca y, en el caso de EAS, su responsable “no habló de colecciones de la editorial sino de procesos de edición”.

El departamento autonómico de Educación destaca que en los centros docentes “no tienen cabida actividades que impliquen la difusión de contenidos de odio y, menos aún, de publicaciones que atenten contra los derechos humanos”. Las mismas fuentes recuerdan la reciente creación de una nueva aula didáctica de memoria democrática que incluye una guía sobre los vínculos entre el régimen franquista y la Alemania nazi.

Hoy voy a a hablar de un caso real, un caso que se ha hecho mediático este verano. Al igual que a muchos ciudadanos, es un caso que me ha indignado. Sé que se podía haber evitado, porque conozco las leyes, por mi especialización en derecho animal y además, conozco las competencias de las autoridades municipales. Este perro estuvo atado en una terraza a pleno sol durante tres días en el mes de agosto, el mes del calor, con más de 40 grados este año. Tres días estuvo sufriendo este animal hasta morir. Tres días de avisos de vecinos al Ayuntamiento de Torrevieja.

Un Ayuntamiento que tiene una concejalía de protección animal, una policía local, una concejalía de seguridad ciudadana y un protocolo de actuación en casos de maltrato animal muy discutible, al menos, en este caso.

¿Cómo es posible que se muriera ese perro sin que un coche de bomberos y la policía local actuara para salvarlo?

¿Cómo es posible que ese perro estuviera agonizando tres días? Si tienen un protocolo está claro que es deficiente. Este caso me sorprende porque en este Ayuntamiento hay agentes de la autoridad espectaculares, muy implicados en la protección animal. Desconozco sin esas fechas estaban de vacaciones o fuera de servicio descansando o de baja.

Pero estamos en el año 2022, y que se muera en estas fechas un animal de un golpe de calor tras tres días de llamadas de socorro de los vecinos para salvarlo pone en evidencia una mala actuación del Ayuntamiento de Torrevieja.

A efectos informativos para este Ayuntamiento de Torrevieja y para otros Ayuntamientos de España, es importante que conozcan que en temas de animales toca actuar por motivos de competencia a las siguientes autoridades: Policía local, Jefe de policía local, Concejal de seguridad ciudadana (de quién depende la policía local), Concejal de protección animal de Torrevieja y Alcalde. Cuando corre peligro la vida de un animal, toca correr: Les toca correr a todos.

Recuerden que no solo sufre el animal, no salvado y no protegido, sino también sus vecinos, esos que les votan. Esos que emocionalmente lo pasan mal al ver al animal sufrir, que no se explican por qué las autoridades del Ayuntamiento de Torrevieja no rescataron a ese animal.

Y también sufrimos otras personas, como yo. Las personas que vemos casos como estos y que conocemos las leyes. Personas formadas y especializadas en derecho animal que no comprendemos como es posible que suceda esto, con las herramientas legales que tienen.

Voy a decirles algo muy claro a todos los lectores y a todas las personas con competencias en materia de animales de las diferentes Administraciones Públicas de España: Se puede entrar en una vivienda sin orden judicial.

Hay varios motivos legales, pero me voy a centrar en uno. Los agentes no necesitan de una orden judicial para la entrada en domicilio para rescatar a un animal o a una persona. Según el Artículo 15.2 de la Ley orgánica de protección de seguridad ciudadana:

El artículo 15.2 de la L.O. 4/2015.

Artículo 15. Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales.

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la

entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos

que fijen las Leyes.

2. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar

daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe,

calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

Una solución por desgracia tardía para ese pobre perro que falleció. Confío, deseo y espero que tomen buena nota de este artículo, para que no vuelva a suceder ningún caso similar. Porque a partir de ahora, ya conocen este artículo 15. Además, si aún así, siguen con dudas -o con más miedo que dudas-, por favor, vayan al juzgado de su municipio. En Torrevieja hay juzgados. Vayan y hablen con el juez de instrucción de guardia y con el fiscal de medio ambiente. Ya verán como el juez les dice que usen el artículo 15.

Mensaje para los agentes de la autoridad de todos los Ayuntamientos

Por favor, aplicar el artículo 15 o id a preguntar al juzgado, pero no permitáis que mueran más animales por vuestro desconocimiento legal.

Recordad que existe el delito de prevaricación por omisión, sobre este tema hay un artículo fantástico de mi querida compañera y amiga la abogada Dulce Aguilera.

Mensaje para los concejales de protección animal

Hablad con los jueces y con los fiscales. Sois autoridad municipal. Ya veréis como os escuchan y os comentan el artículo 15 de la LO 4/2015.

Me despido con el corazón roto de pena. Con mucha pena por las imágenes de ese pobre perro, por la muerte de ese pobre animal y con la esperanza de que no vuelva a morir ningún animal más en Torrevieja, ni en otros Ayuntamientos por desconocimiento del artículo 15.

Además, ofrezco mi ayuda, para casos similares a policías y a concejales, ante la duda, en casos similares pueden contactarme en el IPA, Instituto de Protección Animal.

No todo es malo de este Ayuntamiento, tiene un albergue municipal con servicio de recogida de animales con sacrificio cero desde hace varios años, además de implementar el método CER (Capturar, Esterilizar, Retornar) desde hace años, aunque sobre este tema, aún puede mejorar algo mas.

El Ayuntamiento de Torrevieja, durante el mandato de popular Pedro Hernández Mateo por corrupción, adjudicó 341.364 euros a un familiar del actual primer edil, Eduardo Dolón, entonces teniente de alcalde. Así se desprende de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que ha detectado irregularidades en la adjudicación de la decena de contratos que obtuvo el ingeniero técnico de obras públicas Fernando Sánchez Sánchez, primo de Dolón y sobrino del entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García.

Antifraude ha instado al consistorio a iniciar la revisión de oficio de los expedientes al detectar una “causa de nulidad de pleno derecho”. “Deberá, asimismo, valorar el inicio de expedientes de información reservada” sobre la “posible depuración de responsabilidades de todo tipo que corresponda al personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas”, agrega el informe.

De los expedientes de contratación mediante negociado sin publicidad, el organismo que dirige Joan Llinares ha detectado que no cumplen con la normativa, al no constar con negociación alguna, el “trámite esencial”. En los expedientes que ha analizado la AVA, “no se garantiza la concurrencia real de al menos tres licitadores”. Además, sólo en contratos menores, el primo del actual alcalde obtuvo 85.707 euros.

En varias de las adjudicaciones, ni Eduardo Dolón, portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, ni el entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García, se abstuvieron, a pesar de mantener un vínculo familiar con el ingeniero Fernando Sánchez.

Así, “la adjudicación directa contraviene los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública con el fin de garantizar, con objetividad y eficacia, la selección de los contratistas, la prosecución de los fines administrativos que con el contrato se persiguen y el buen uso del dinero público”, concluye Antifraude.

La AVA también reprocha a Eduardo Dolón una omisión “relevante” en su deber de abstenerse, una “situación irregular que ha tenido una clara permanencia en el tiempo” en que se adjudicaron los contratos (entre 2006 y 2011, cuando era teniente de alcalde). El consistorio no ha formulado alegación alguna al informe de la agencia.

Antifraude ha puesto la lupa en las adjudicaciones más voluminosas. En la contratación del servicio de elaboración de la memoria sobre la supervisión de las obras de urbanización en todo el suelo urbano de Torrevieja, por 51.446 euros, Eduardo Dolón era vocal de la mesa de contratación y no aparecen justificadas las razones técnicas para usar el procedimiento de la licitación negociada sin publicidad.

El expediente de elaboración de un estudio sobre la instalación del alumbrado público incluye presuntas irregularidades llamativas. En la licitación, por 69.587 euros, se invita a otros dos ingenieros. Sin embargo, las dos direcciones a las que se notifica son idénticas. Los ingenieros acaban renunciando mediante unos escritos con el mismo contenido, la misma tipología de letra y registrados el mismo día. La oferta económica que presenta el familiar de Dolón “sólo reduce el precio de licitación en un céntimo de euro”, destaca Antifraude.

Lo mismo destaca la AVA sobre otros dos expedientes (en los que Dolón sí que se abstiene) para sendos proyectos de asfaltado, por un total de 138.612 euros. En el segundo proyecto, el familiar de Dolón había sido el encargado, mediante un contrato menor, de elaborar el anteproyecto de obra de reasfaltado, por lo que “no debería haber sido adjudicatario” ya que, asegura Antifraude, “su participación pudo suponer un trato privilegiado”.

Conflicto de intereses

“La práctica realizada por el Ayuntamiento de Torrevieja”, señala el informe, “era la de invitar a tres candidatos, pero tan solo se presentaba uno”. Además, la AVA alude a “indicios de una posible connivencia” con los dos ingenieros que se retiraban de la licitación, “dado la identidad de domicilio social y vinculación, y la forma de actuar repetida en el tiempo de no presentar ofertas, unido a la decisión municipal de cursar invitaciones a licitadores que de manera repetida no se presentan a los procedimientos”. 

Sobre las adjudicaciones en las que Dolón y el entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García, no se abstuvieron el informe recuerda que “el conflicto de intereses tiene incidencia directa en el procedimiento de licitación, en cuanto supone una infracción de los principios de la contratación pública y un falseamiento real de la concurrencia y competencia entre los licitadores”.

“La posibilidad de que alguno de los intervinientes a lo largo del procedimiento de contratación tenga alguna relación con el adjudicatario supone un claro riesgo de parcialidad que debería haber sido eliminada”, abunda la AVA. Además, en el caso de los contrataos negociados sin publicidad, “la ausencia de negociación implica la concurrencia de un vicio de nulidad”, concluye Antifraude.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se ha saltado una resolución de las Corts Valencianes y una declaración institucional del Ejecutivo autonómico que instan a no distinguir a los cargos públicos condenados por corrupción e incluso a reprobarlos. Sin embargo, la localidad alicantina ha entregado este martes su máxima distinción a Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja entre 1988 y 2012 y diputado autonómico durante cinco legislaturas, condenado por corrupción en sentencia firme.

La Fundación Diego Ramírez Pastor, subvencionada por el ayuntamiento, está presidida por el actual primer edil, el popular Eduardo Dolón. El objetivo del premio, el galardón más prestigioso que puede recibir un ciudadano de Torrevieja, distingue a una persona o entidad que, de forma altruista, haya beneficiado a la sociedad torrevejense.

El exalcalde de la localidad alicantina fue condenado a tres años de cárcel, siete de inhabilitación y una multa de 10.500 euros por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación, por casi 100 millones de euros, del servicio municipal de recogida de basuras del término municipal. 

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, ya advirtió al alcalde popular que la decisión de distinguir a un cargo condenado por corrupción incumple una resolución aprobada por el Parlamento autonómico en 2015 que pedía a la Generalitat Valenciana una declaración institucional de reprobación de todos los políticos valencianos que “han resultado o puedan resultar condenados por sentencia firme por corrupción”.

La resolución parlamentaria también recordaba la “responsabilidad de las instituciones y administraciones públicas en la prevención, control y denuncia de las conductas ilícitas”. El Consell, tal como señala una carta enviada al alcalde Eduardo Dolón por el director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno, Andrés Gomis, remitió una copia del acuerdo a todos los ayuntamientos.

La misiva también destaca la el Código de Buen Gobierno, aprobado mediante decreto en 2016, que pide “garantizar que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos recaigan en personas de un compromiso público relevante, que en ningún caso hayan sido condenadas penalmente por medio de una sentencia firme”.

“Respetando la autonomía de su institución, les informamos de todo esto y les animamos a que valoren y replanteen el otorgamiento de esta distinción”, reza la misiva remitida al actual alcalde de Torrevieja, en referencia al premio a Pedro Hernández Mateo, “condenado en sentencia firme por un delito contra la administración pública”. Hernández Mateo cumplió su pena en la prisión de Campos del Río (Murcia), al haber denegado el Gobierno su petición de indulto. La consellera Rosa Pérez Garijo ya criticó la decisión de Dolón de reponer placas de homenaje al exalcalde corrupto, una decisión que tachó de “inadmisible”.

Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, ya pidió al alcalde Eduardo Dolón que “cumpla con las resoluciones firmes y legítimas de instancias superiores y que no destine ni un solo euro de dinero público a realizar cualquier tipo de gala, homenaje o entrega de placa conmemorativa a Pedro Hernández Mateo”. “De lo contrario, no solo incurrirá en una grave desobediencia legal y administrativa, sino que se convertirá en el máximo responsable y colaborador activo en el reconocimiento a través de medios públicos a un condenado por corrupción por el desempeño de sus funciones como cargo público”, agregó Pablo Samper.

Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja entre 1988 y 2012 y diputado autonómico durante cinco legislaturas, será galardonado con el premio Diego Ramírez Pastor, que entrega desde hace medio siglo la fundación que lleva el mismo nombre que el periodista franquista. El exalcalde de la localidad alicantina fue condenado a tres años de cárcel, siete de inhabilitación y una multa de 10.500 euros por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación, por casi 100 millones de euros, del servicio municipal de recogida de basuras del término municipal. 

El corrupto será galardonado el próximo 7 de diciembre con el máximo reconocimiento de la ciudad. Hernández Mateo cumplió su pena en la prisión de Campos del Río (Murcia), al haber denegado el Gobierno su petición de indulto. La fallida petición de indulto fue impulsada y firmada por casi 2.500 personas, entre ellas políticos del PP que dieron su apoyo al condenado a título personal y alegando motivos de salud del exalcalde para no ingresar en prisión.

Tras el fallo condenatorio de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Hernández Mateo se dio de baja del PP. El PSPV-PSOE de la localidad ha advertido el desprestigio que supone para estos premios el galardón a Hernández Mateo y ha reprochado que el PP lo utilice para blanquear la imagen del exalcalde condenado por corrupción. Como medida de protesta, los socialistas de la localidad han anunciado que no irán a la entrega.

La Fundación Diego Ramírez Pastor, subvencionada por el ayuntamiento, está presidida por el actual alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón. El objetivo del premio, el galardón más prestigioso que puede recibir un ciudadano de Torrevieja, distingue a una persona o entidad que, de forma altruista, haya beneficiado a la sociedad torrevejense.

Los socialistas recuerdan que la sentencia por la que fue condenado el exalcalde estableció que el amaño de la adjudicación de la contrata de basuras fue “lesivo para el interés público”. Andrés Navarro Sánchez, portavoz del grupo socialista en Torrevieja, recuerda que la normativa autonómica insta a retirar las distinciones a políticos condenados por corrupción.

El PSPV-PSOE critica el blanqueamiento de la corrupción

“Lamentamos la imagen que se transmite de nuestra ciudadanía cuando, a juicio del jurado del premio, la persona más distinguida de la ciudad es un condenado por corrupción”, agrega el portavoz socialista. “Sería interesante saber por qué motivo el PP de Torrevieja no ha realizado con dinero de sus propias arcas un homenaje público a esta persona si realmente piensa que es de justicia destacar la labor realizada por el que fue anterior alcalde de esta localidad”, agrega Navarro.

El actual alcalde, Eduardo Dolón, forma parte de la comisión que otorga el galardón, con voz pero sin voto. Los socialistas se preguntan si Dolón “no pudo o no quiso poner una nota de sentido común en el fallo del jurado para evitar que este premio quede desprestigiado después de esta elección”. “Nos encontramos así ante un hecho de enaltecimiento de la corrupción al intentar blanquear con este premio a una persona con semejante perfil”, apostilla Andrés Navarro.  

La recuperación de servicios públicos esenciales privatizados durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat Valenciana forma parte de los compromisos adquiridos en 2015 en el denominado Pacto del Botànico, el acuerdo de Gobierno que propició el cambio a un ejecutivo de izquierdas progresista formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, presidido por el socialista Ximo Puig.

Este sábado vuelve a darse cumplimiento a ese mandato con el rescate del departamento de salud de Torrevieja, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado por los populares a Ribera Salud, propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa (hermano del senador del PP Fernando de Rosa).

Esta es la segunda área sanitaria gestionada por la mencionada empresa que recupera el Gobierno valenciano, tras hacer lo propio con la del hospital de Alzira en abril de 2018, el primero que se concesionó.

El origen de este modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.

El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.

El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).

Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.

Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.

Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año. El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años.

1.688 millones, el coste de Torrevieja

Poco más tarde y con un cálculo ya más ventajoso para la parte privado se sacó a concurso el departamento de salud de Torrevieja, con una población adscrita de 160.000 habitantes. En 2006 se adjudicó también a Ribera Salud y desde entonces la compañía ha recibido por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.688 millones de euros. Solo durante el presente año se han abonado 115,6 millones, mientras que durante el pasado fueron 132,8 millones. Los gastos extraordinarios como productos ortropotésicos o desplazamientos, entre otros conceptos, no están incluídos en esta partida.

Cabe resaltar que la cápita, lo que la administración abona a la empresa por habitante susceptible de ser atendido (180.000 en el caso de Torrevieja), se fijó en el año 2006 en 494,72 euros, siendo actualmente de 896,34 euros, lo que representa un incremento del 80%.

En cuanto a la situación en la que Ribera Salud deja el departamento sanitario, actualmente es el que peor ratio tiene de niños por pediatra de toda la Comunitat Valenciana, en concreto 1.002 por pediatra, y el segundo con peor ratio de médicos de familia por habitante, con 1640 pacientes para cada doctor. El departamento con peor ratio en este sentido es el de Elx-Crevillente, también gestionado por Ribera Salud.

Los representantes de los trabajadores denunciaron que de 300 contratos eventuales que caducaban el 30 de septiembre solo se renovaron un centenar hasta el 15 de octubre, último día de la empresa al frente de la gestión, y que se han cerrado agendas de los especialistas. Además, afirman que trataron de llevarse un TAC.

Las trabas de Ribera Salud para hacer efectiva la reversión

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reprochó a Ribera Salud esta semana que no haya remitido la información requerida para llevar adelante la recuperación pública del departamento de salud “pese a los cinco autos que el TSJCV ha dictado a lo largo de todo un procedimiento contencioso por la litigiosidad en la que convirtió Ribera Salud esta finalización de la concesión”.

Y es que, tal y como ya hiciera durante el proceso de reversión del hospital de Alzira, la compañía ha interpuesto un alud de recursos judiciales para tratar de frenar también la recuperación de Torrevieja, todos ellos desestimados hasta ahora.

Sin ir más lejos, la justicia rechazó este viernes el sexto requerimiento contra la recuperación pública del departamento sanitario. El auto en el que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechaza la suspensión del proceso de reversión solicitado de forma cautelar por Ribera Salud afirma que “no le asiste la razón a la demandante porque se olvida que este es un procedimiento entre una concesionaria de un departamento de Salud y la Consellería de Sanidad cuya finalidad y competencias van dirigidas precisamente a la finalidad pública que parece atribuirse con carácter exclusivo y excluyente”.

Tras la recuperación de Torrevieja, el siguiente de los departamentos sanitarios privatizados que finaliza su concesión coincidiendo con el final del mandato es el de la Marina Alta en el que se encuadra el hospital de Dénia. En concreto, es en abril de 2023 cuando acaba el contrato y por tanto el Gobierno valenciano deberá comunicar a la empresa gestora, también Ribera Salud (en proceso de la compra de la mayoría accionarial a DKV), la no prórroga del contrato antes del próximo mes de abril.

Así pues, para el próximo mandato quedarían privatizados tan solo el hospital de Manises, cuya concesión en manos de la aseguradora Sanitas finaliza en 2024, y el de Elche, gestionado por Ribera Salud, cuyo contrato termina en 2025.

Torrevieja estrena página web

El departamento de salud de Torrevieja, que desde el 16 de octubre pasa a ser gestionado directamente por la Conselleria de Sanidad, activará esta medianoche una nueva página web (torrevieja.san.gva.es) que incorpora numerosas funcionalidades, con el objetivo de acercar los servicios asistenciales y la información sanitaria a la población de Torrevieja.

Así mismo, el departamento ha habilitado nuevos perfiles Twitter (https://twitter.com/GVAdsTorrevieja) y Facebook (https://www.facebook.com/GVAdsTorrevieja-103546552116772), como una plataforma más de información y comunicación con la ciudadanía.

A ello hay que sumar la App GVA+Salut, la aplicación para teléfonos móviles de la Conselleria de Sanidad, disponible para todos los sistemas operativos (iOS, Android y HarmonyOS de Huawei), disponible para toda la ciudadanía del departamento de Torrevieja, desde donde se puede solicitar cita de atención primaria, pedir justificantes o consultar los tratamientos de farmacia vigentes y las dispensaciones, entre otros aspectos.

El nuevo portal web recoge información sobre el centro hospitalario y los servicios asistenciales que ofrece, así como información sobre las cinco Zonas Básicas de Salud con un directorio sobre sus Centros Sanitarios Integrados, centros de salud y consultorios auxiliares adscritos al Departamento de Salud de Torrevieja.

Además, el departamento cuenta con Unidades de Apoyo y Rehabilitación, Salud Mental para adultos e infantoadolescente, Salud Sexual y Reproductiva, Optometría y oftalmología y Unidad de Conductas Adictivas. En la página web se puede observar la distribución territorial de todos los servicios y las poblaciones asignadas.

El Departamento de Salud de Torrevieja abarca una población de 180.000 habitantes de diez municipios diferentes de la provincia de Alicante y se caracteriza por ser una población de diferentes nacionalidades. Por ello, la nueva web incorpora no solo información sobre el Departamento de Salud sino que recoge información sanitaria de interés general y todas las herramientas de la Conselleria de Sanidad que han sido diseñadas para acercar los recursos sanitarios a los usuarios de la red sanitaria pública.