La reforma de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí' tiene varios frentes abiertos en el Tribunal Constitucional. En los últimos meses el tribunal de garantías ha admitido a trámite al menos dos recursos que cuestionan varios aspectos importantes de la norma cuya aplicación por parte de algunos tribunales ha derivado en más de un millar de rebajas de condenas a violadores. Después de inadmitir –sin entrar en el fondo del asunto– el recurso de uno de los condenados por el caso Arandina, el primer pleito en el que el Supremo reconoció que la nueva ley podía beneficiar a un violador, los magistrados tienen dos discusiones pendientes sobre la norma: el recurso presentado por Vox contra la propia reforma en su conjunto y el de un delincuente sexual de Ourense que cuestiona el propio régimen de recursos que se pueden o no presentar contra las rebajas.

La reforma del Código Penal bautizada como ley del 'solo sí es sí' entró en vigor hace más de un año y, entre otras muchas medidas, modificó la composición de estos delitos en el Código Penal, integrando abusos y violaciones en un único tipo delictivo de agresiones sexuales, y cambiando también las condenas de cárcel. Su entrada en vigor vino seguida de la revisión a la baja de cientos de casos: según los últimos datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales han acordado 1.233 reducciones de condenas, acarreando “al menos” 126 excarcelaciones de violadores y abusadores. Una vez pasado el filtro del Supremo, el porcentaje de rebajas se queda en el 20% de los casos estudiados.

La aplicación de la ley se tradujo en una de las mayores crisis políticas entre los socios del Gobierno de coalición, desembocando incluso en una reforma posterior impulsada por el PSOE con el apoyo del PP. En el caso de Vox, la ofensiva fue legal además de política: los de Santiago Abascal recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que fue admitido a trámite hace ahora más de un año.

Es el primero de los dos procesos de amparo que afectan a esta ley y su aplicación en el ámbito penal y, por extensión, a cientos de rebajas de condena a delincuentes sexuales. En su recurso, la extrema derecha apunta a tres disposiciones finales de la norma: la que modificaba las condenas de los delitos de agresión y abusos y su composición, la que modifica las condenas a imponer a los menores de edad imputados y, finalmente, la que daba rango orgánico a todo.

El Constitucional tiene pendiente el estudio de este recurso y el ponente de la sentencia será el progresista Ramón Sáez. La desestimación del recurso de Vox dejaría las cosas como están, al avalar el núcleo de la parte penal de la reforma. Una estimación que cuestionara la unificación de los delitos de agresión y abuso y los cambios en las condenas tendría unos efectos difíciles de prever sobre los casos ya rebajados y sentenciados, ya que a ningún condenado se le puede aplicar un cambio legal de forma retroactiva si le perjudica.

El régimen de recursos, pendiente de aval

En las últimas semanas, una de las salas del Constitucional ha admitido a trámite un recurso que cuestiona, precisamente, el régimen de recursos que se pueden interponer contra las decisiones judiciales de rebajar o no rebajar una condena al amparo de la ley del 'solo sí es sí'. Un delincuente sexual se encontró con la negativa de los tribunales gallegos no solo a rebajar su condena firme, sino incluso a estudiar sus alegaciones contra esa decisión. El Constitucional, según fuentes del organismo, admitió a trámite su recurso para analizar si la decisión de una Audiencia Provincial de no revisar una condena se puede recurrir ante el Tribunal Superior y, después, ante el Tribunal Supremo, como ha venido sucediendo hasta ahora sin apenas polémica en los juzgados.

El caso que estudió el Tribunal Constitucional hace unas semanas fue sentenciado en firme por el Tribunal Supremo en septiembre de 2021. Los jueces del alto tribunal decidieron confirmar la condena de 20 años y tres meses de prisión impuesta a Javier Gabarri, que durante 19 días raptó, violó y vejó a una joven en su casa de Ourense con la ayuda de sus padres y sus hermanos. Durante más de dos semanas estuvo agrediendo sexualmente a su víctima bajo amenazas de muerte con una escopeta y palizas, obligando a la mujer a darse duchas de agua fría e, incluso, a tragarse su propio vómito.

Su condena fue declarada firme: cinco años de cárcel por detención ilegal, 13 años y medio más por agresión sexual, otro año y medio por un delito contra la integridad moral y finalmente tres meses por lesiones. Fue dos años después cuando este delincuente sexual, que no saldará su cuenta con la Justicia hasta 2038, volvió a acudir a los tribunales pero esta vez para solicitar una rebaja de su condena de 13 años y medio por agresión sexual al amparo de la nueva ley conocida como 'solo sí es sí'.

La Audiencia de Ourense se negó a rebajar esa parte de su condena, algo que confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. “No cabe acoger la revisión de condena interesada”, dijo la Audiencia para rechazar que la ley del 'solo sí es sí' beneficiase a Gabarri. Pero el TSX se quedó en una formalidad para inadmitir su recurso: los jueces afirman que ninguna ley tiene previsto cómo y ante qué tribunal se pueden recurrir estos autos de revisión de condenas.

“Ignoramos cuál es la cobertura, no siendo la existente propiamente legal, a la que se acoge el apelado auto revisor de condena”, dijo ese auto. El legislador, añadían los jueces gallegos, nunca ha establecido claramente el “régimen de impugnabilidad de los autos de revisión, o de no revisión, de una sentencia firme como consecuencia de la entrada en vigor de una legislación más favorable”. El recorrido judicial de estas rebajas, por tanto, está ahora en manos del Constitucional. La sala primera del tribunal admitió a trámite su recurso el 11 de diciembre y el caso ha sido adjudicado a Ricardo Enríquez.

La mayoría de peticiones se rechazan

El Tribunal Supremo, según los datos recopilados por el CGPJ, ha firmado 32 reducciones de condena, rechazando la mayoría de las 158 peticiones de rebaja de sentencias firmes que han llegado hasta la Sala de lo Penal: solo el 20,3% de las revisiones del alto tribunal se han traducido en la reducción de una condena. La jurisprudencia de estas sentencias deja claro que una condena mínima impuesta con la anterior versión del Código Penal debe adaptarse a la baja con el nuevo texto, y que la mayor parte de las condenas intermedias no se rebajan si siguen siendo posibles con la nueva ley del 'solo sí es sí'.

El primer caso que analizó la Sala de lo Penal fue el de los tres futbolistas de la Arandina encausados por la violación grupal a una menor de edad en 2017. Los jueces del Supremo elevaron las condenas impuestas por la Justicia de Castilla y León hasta los nueve años de cárcel a dos de los implicados, pero especificando que sin la ley del 'solo sí es sí' la sanción penal habría sido un año mayor.

Fue el primer caso examinado por el Supremo y ha sido también el primer caso en llegar al Tribunal Constitucional. Según adelantó elDiario.es, una de las secciones del tribunal de garantías decidió inadmitir el recurso de uno de los condenados, Víctor Rodríguez, a mediados del mes de noviembre. Una providencia de inadmisión firmada por tres magistrados en la que afirmaban que el recurso del futbolista no tiene “la especial trascendencia constitucional” que suele ser la condición para que sea estudiado.

Esta decisión, por tanto, no implicó un pronunciamiento sobre la norma ni sobre si las rebajas firmadas por los tribunales ordinarios son correctas o no.

Esta resolución revela que pleitos penales, como el de la Arandina –que se sentenciaron en firme tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'–, no pasan el filtro del Constitucional por el hecho de haber sido resueltos con la nueva norma. Un filtro ya de por sí muy estrecho: en 2022 se admitieron a trámite 158 recursos y se inadmitieron un total de 6.793 alegaciones de amparo.

El conocido como 'caso Arandina', el abuso sexual por parte de dos futbolistas a una menor de edad en la localidad burgalesa de Aranda de Duero en 2017, marcó un antes y un después en la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Fue la primera sentencia en la que el Tribunal Supremo dejó por escrito que la reforma podía beneficiar a un delincuente sexual y rebajar su condena. Ahora, según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal Constitucional ha avalado esta sentencia después de inadmitir el recurso de Víctor Rodríguez, uno de los dos futbolistas condenados. Su caso, dicen los magistrados, “no tienen especial trascendencia constitucional”.

El juicio llevó al banquillo a tres jugadores de la Arandina acusados de abusar en grupo de una menor de edad. En un primer momento los tres fueron condenados a varias décadas de prisión pero el Tribunal Supremo resolvió el caso en firme e impuso nueve años de cárcel para Víctor 'Viti' Rodríguez y Carlos 'Lucho' Cuadrado por abusos sexuales. El tercer acusado, Raúl Calvo, fue absuelto por su cercanía de edad y madurez con la víctima, resolvieron los jueces.

La causa llegó a manos del Supremo poco antes de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' y fue el primero en el que los jueces tuvieron la oportunidad de aplicar la nueva composición de los delitos sexuales en el Código Penal. El resultado tuvo dos vertientes: por un lado los jueces aumentaron sus condenas al estudiar las pruebas y retirar una atenuante, pero lo hicieron por debajo de lo que hubiera sido posible sin esa nueva ley. Sin el 'solo sí es sí', dijo el Supremo, su condena habría sido de 10 años, un año más de presidio.

La sentencia llegó en un máximo momento de tensión política y judicial por el goteo de sentencias y autos que rebajaban condenas de delincuentes sexuales, tanto las firmes como las que estaban pendientes de confirmación. La brecha entre los socios del Gobierno de coalición se agrandó hasta traducirse en una reforma de la ley pactada entre PSOE y PP, mientras desde Igualdad llamaban a esperar al criterio del Tribunal Supremo.

La respuesta de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena se fue completando y matizando con la sucesión de casos y sentencias, pero esa primera resolución y ese primer comunicado dejaron claro que sí era posible revisar a la baja la condena de un violador gracias a la nueva ley. Es más, era “obligatorio” analizarlo, dijo el Supremo, aunque no fuera obligatorio rebajar la pena.

Pasaron los meses, las sentencias y autos se fueron sucediendo y el Supremo fue afinando su jurisprudencia, tanto en la revisión de condenas ya firmes como en casos todavía pendientes de ratificación definitiva. El resultado, según el último recuento del Consejo General del Poder Judicial que arrancó con este caso, deja una mayoría de negativas a rebajar condenas en el Supremo: ha aceptado revisar a la baja 32 condenas del total de 158 casos analizados.

El caso Arandina, sin “trascendencia constitucional”

Fue el primer caso en llegar al Supremo y ha sido también el primero en llegar al Constitucional, aunque con una expectación bastante más moderada. Víctor Rodríguez fue el primero en presentar su recurso y la respuesta, según ha sabido elDiario.es, llegó a mediados del pasado mes de noviembre: la Sección Cuarta, compuesta por tres magistrados, ha inadmitido su recurso.

Los debates jurídicos del Tribunal Constitucional no son los mismos que tienen los magistrados en la Justicia ordinaria, y el filtro de admisión es mucho más estrecho. Pocos casos llegan a ser estudiados por el pleno del tribunal para dictar sentencia sobre el fondo del asunto. Suele exigirse el requisito de que un caso afecte potencialmente a muchas otras causas similares, que no exista jurisprudencia sobre el asunto o que, en definitiva, sea trascendente desde el punto de vista constitucional.

María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo han entendido que el recurso de Rodríguez no tiene esa “especial trascendencia constitucional” y han optado por su inadmisión en una providencia de dos párrafos, como es habitual. No habrá, por tanto, un profundo análisis del máximo intérprete de la Constitución sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' en este caso de abusos a una menor. Entre otras cosas porque su aplicación les fue beneficiosa y combatían, sobre todo, que el Supremo hubiera duplicado sus condenas al retirar una circunstancia atenuante.

Fuentes del caso explican a este periódico que la defensa de los dos jugadores condenados esperan en las próximas semanas una respuesta similar al recurso presentado, un poco más tarde, por el otro encausado, y no descartan acudir a la Justicia europea para presentar nuevos recursos.

Es previsible que más delincuentes sexuales lleven al tribunal de garantías decisiones judiciales relacionadas con la ley del 'solo sí es sí'. El rechazo al recurso de uno de los condenados por el caso Arandina no implica que, en un futuro, otro caso con unas características distintas despierte el interés del Constitucional y se admita a trámite, aunque solo sea porque su admisión sea decidida por otra sección de composición y criterios distintos.

Según el último recuento realizado por el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales españoles que remiten sus estadísticas han comunicado un total de 1.233 rebajas de condenas que han acarreado 126 excarcelaciones. Después del aumento exponencial de los primeros meses de su aplicación, los datos del órgano de gobierno de los jueces revelan que esa progresión se ha frenado: más de la mitad de las rebajas se firmaron en sus primeros seis meses de aplicación.

Los dos exjugadores de la Arandina condenados por agresión sexual a una menor de 15 años en 2017 han ingresado en la prisión de Lugo para cumplir una condena de 9 años de cárcel, han informado fuentes del caso.

En diciembre de 2019, la Audiencia de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol -Carlos Cuadrado “Lucho”, Víctor Rodríguez “Viti” y Raúl Calvo- por la agresión sexual a una menor el 24 noviembre de 2017.

Sin embargo, al revisar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a Calvo y rebajó la condena a Cuadrado a cuatro años de cárcel y a Rodríguez a tres años al calificar los hechos de abuso sexual y no de agresión, al no haber intimidación.

Y posteriormente, en noviembre de 2022 el Tribunal Supremo volvió a revisar el asunto y elevó la condena, en este caso por agresión sexual, al haber desaparecido el delito de abuso sexual, a nueve años de cárcel para uno de los acusados. 

Ahora, Carlos Cuadrado ‘Lucho’ y Víctor Rodríguez ‘Viti’ han decidido no agotar el plazo dado por la Audiencia provincial de Burgos para su ingreso en prisión y han determinado hacerlo de forma voluntaria en la cárcel de Lugo, donde se encuentran desde el pasado viernes, 21 de abril.

El abogado de uno de los jóvenes, Rafael Uriarte, ha explicado que los dos condenados han querido ingresar en el mismo centro penitenciario para pasar juntos este “trance complicado”.

Los hechos que dieron lugar a la condena se produjeron en noviembre de 2017 cuando una adolescente subió al piso que estos compartían en Aranda de Duero, donde jugaban en el club de fútbol local, la Arandina.

El padre de la víctima denunció lo ocurrido casi 20 días después y el juez decretó el ingreso en prisión provisional de los tres futbolistas implicados por la agresión sexual a la menor, a lo que se sumaba en el caso de uno de ellos, el más joven, la acusación de haber mantenido después una relación sexual con la menor en otra habitación de la vivienda.

Tras pasar tres meses en prisión, el juez decretó la salida tras conocer que había un testigo presencial, un amigo de los jugadores que en sala judicial aseguró que “no había oído ni visto nada raro”.

El Tribunal Supremo ha decidido aumentar las condenas impuestas a dos exfutbolistas de la Arandina por abusar sexualmente de una menor de edad en su piso en 2017. Los jueces suben a nueve años de cárcel las condenas impuestas aplicando la Ley del 'solo sí es sí' y explica que les impone un año menos de lo que pedía la Fiscalía al entender que la nueva norma es más beneficiosa. Con el antiguo Código Penal la condena habría sido de 10 años de prisión. Los tribunales de Castilla y León les había impuesto condenas de tres y cuatro años de cárcel, respectivamente.

El Supremo explica que la Ley del 'solo sí es sí' se puede aplicar para rebajar la condena de un delincuente sexual “cuando se fije pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda” pero “analizando caso por caso y no de forma global” tanto en asuntos sentenciados en firme como en los que todavía están pendientes de juicio. Por el momento el Supremo ha hecho público el fallo pero no los argumentos de la sentencia.

Los jueces aumentan las condenas porque retiran una de las atenuantes que aplicaron los tribunales de Castilla y León, lo que implica el aumento de la condena, aunque un año por debajo de lo que habría supuesto examinarlo bajo el paraguas del antiguo Código Penal. Uno de los jueces, Ángel Hurtado, ha votado en contra al entender que sus condenas tendrían que haberse mantenido e incluso rebajado en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Se trata de uno de los primeros casos de delincuencia sexual que estudia la sala de lo penal del Tribunal Supremo a la luz de la nueva ley del 'solo sí es sí', que recoge condenas mínimas más bajas para algunos de estos delitos. La Fiscalía, que en este caso había pedido elevar o, al menos, mantener las condenas de los futbolistas, ha establecido como criterio que una condena por abusos o violación no se revisará a la baja si es posible imponerla con el nuevo Código Penal. El criterio es dispar, por ahora, entre los jueces de los tribunales territoriales: en Madrid, por ejemplo, sí apuestan por considerar estas rebajas retroactivas mientras que en Navarra o La Rioja los jueces las rechazan.

Los hechos, tal y como sentenciaron los tribunales de Castilla y León, ocurrieron en noviembre de 2017 en el piso que compartían dos de los acusados. La víctima, que tenía entonces 15 años de edad, acudió al domicilio después de varias semanas hablando con uno de ellos a través del teléfono móvil y de Instagram. Esa noche, en el salón del piso, los tres acusados abusaron de ella en grupo. Otro de ellos, después, también mantuvo relaciones sexuales con ella en una habitación que no fueron consideradas delictivas por los jueces.

De 38 años a 9 años de cárcel

La Audiencia de Burgos, en primera instancia, les impuso condenas de 38 años de cárcel a cada uno por tres delitos de agresión sexual, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Supremo en la sentencia de la Manada de Pamplona. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin embargo, absolvió a uno de los tres y rebajó las condenas de los otros a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

Una rebaja basada en una modificación de los hechos probados. Allí donde la Audiencia había entendido que la joven se sometió a los abusos múltiples por la intimidación causada por los tres, el TSJ regional eliminó esa referencia y dejó sus condenas en abusos sexuales. Con respecto al tercero, el más joven del grupo, los jueces también consideraron que su desarrollo psicológico era similar al de la víctima, cinco años menor que él, y le absolvieron. También aplicaron una atenuante “analógica” que ahora retira el Tribunal Supremo.

Montero defiende la ley

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la ley del 'solo sí es sí' “es sólida y combate la impunidad”. “Pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo. Con la Ley del 'solo sí es sí' el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias”, ha expresado Montero en su perfil de Twitter. “Hay que aplicar toda la ley”, ha añadido.

El Tribunal Supremo se ha dirigido a la Fiscalía, a la acusación particular y a la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, en el caso de La Arandina, y a las defensas de dos de los ex jugadores condenados por delitos de agresión sexual, para que se pronuncien sobre si consideran que la ley del 'Sí es sí' puede afectar a la sentencia.

“pide a las partes del caso arandina

Tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular y las defensas de los dos condenados presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que en 2020 la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL absolviese a uno de los tres ex jugadores, R.C.H, y rebajara las condenas a los dos otros dos C.C.S ('Lucho) y V.V.R ('Viti'), a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, tras revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que les condenó a penas de 38 años de cárcel.

La vista de los recursos de casación está prevista para el próximo 29 de noviembre y mientras que tanto la acusación particular como la acusación popular piden que se condene a los tres exjugadores a los 38 años impuestos por la Audiencia Provincial de Burgos, la Fiscalía pide que a los tres se les imponga una pena de 10 años de cárcel y se retiren los atenuantes que se les aplicaron mientras que desde las defensas se pide un fallo absolutorio.

Sobre la posible afección de la nueva ley de 'Sí es sí', el abogado de la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, cree, según ha explicado, que el nuevo texto legal puede tener su incidencia y rebajar la condena de 38 a 34 años.

La Fiscalía de Burgos ha anunciado recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso conocido como Arandina, con el fin de que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que absolvió a uno de los tres condenados -la Audiencia de Burgos les había impuesto 38 años a cada uno- y rebajó a cuatro y tres años de cárcel las penas para dos de ellos.

Ante el carácter extraordinario y restrictivo del recurso de casación, la acusación pública, a través de un comunicado, no se considera viable para rebatir la calificación de delito de abuso sexual ni para recurrir la absolución del tercero de los acusados, R.C.H.

Sin embargo, en el informe que se ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, se considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se ajusta a derecho en lo que respecta a las condenas impuestas a los acusados C.C.S ('Lucho') y V.V.R. ('Viti').

Además, se entiende que hubo una aplicación indebida de la atenuante analógica de la cercanía de edad y la proximidad en el grado de desarrollo o madurez con la víctima, mientras que, en tercer lugar, se estima que no procedía apreciar dicha atenuante como muy cualificada, ni la rebaja de la pena en dos grados.

No obstante, se advierte de que los motivos y criterios de interposición del recurso corresponden a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con respecto a los recursos interpuestos por las defensas de los tres ex futbolistas de la Arandina, condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de agresión sexual, acordó en marzo absolver a R.C.H. y rebajó las condenas a C.C.S ('Lucho') y V.V.R. ('Viti'), que quedaron en cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

Abuso sexual contra una menor

La Sala entendió que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual, cometido en la persona de una menor, y apreció como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima.

Por un lado, la Sala excluyó totalmente de responsabilidad a R.C.H, ya absuelto por la Audiencia Provincial de los hechos sucedidos en su habitación argumentando los mismos motivos, si bien también le absolvió de lo acontecido en el salón de la vivienda.

Por otro, el Tribunal rebajó la culpabilidad de C.C.S. y V.V.R. y les condenó a cuatro años de prisión al primero y a tres años de prisión al segundo, así como a indemnizar conjunta y solidariamente a la menor con la suma de 10.000 euros.

La sentencia señalaba que la declaración de la menor -valorada conjuntamente con el resto de las pruebas, testificales, periciales y documentales (vídeo, conversaciones y mensajes telefónicos)- goza de plena credibilidad en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso, pero carece de ella en cuanto a la forma en que se produjeron.

En concreto, la Sala no consideró probada la existencia de intimidación, al apreciar las contradicciones que se ponen de manifiesto entre su declaración -en la que atribuye lo que hizo con los tres condenados (masturbarles y practicar felaciones a los tres) al bloqueo causado por el miedo-, y la conducta observada tanto en los momentos anteriores -en los que intercambió mensajes de contenido sexual con uno de ellos y aceptó acompañarle a su casa el día siguiente-, como en los inmediatamente posteriores -en los que abandonó el salón, para mantener voluntariamente una relación sexual completa con uno de ellos en una habitación contigua (hecho declarado probado en la sentencia de la Audiencia que no ha sido impugnado) y después de lo ocurrido alardear ante sus amistades-.

Fisuras

Dichas contradicciones, según recogía la resolución, muestran fisuras en la credibilidad de la declaración que tampoco se ve corroborada por los elementos periféricos a la misma, pues ni las declaraciones testificales transmitiendo lo que les relató la propia menor ni los mensajes telefónicos cruzados en un primer momento, permiten afirmar que en el salón de la casa actuara contra su voluntad al estar atenazada por el miedo, versión que transmitió luego a sus padres y a la orientadora que le trataba en Madrid con posterioridad.

Consecuentemente y en uso de sus facultades, el Tribunal modificó los hechos probados, suprimiendo la referencia a la intimidación, y los calificó como un delito de abuso sexual a menor de 16 años, cuyo consentimiento carece de trascendencia jurídica a partir de la reforma del Código Penal de 2015 que elevó la edad del consentimiento de 13 a 16 años.

En cuanto a la responsabilidad penal de los recurrentes, la sentencia consideró que no cabe apreciar que desconocieran la edad de la menor, ni que ignoraran que los actos sexuales con una menor de 16 años se hallan castigados por la Ley.

Lo que sí valoró la Sala es la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor, acreditada mediante prueba pericial psicológica, para absolver a R.C.H--que ya había sido absuelto de la relación sexual mantenida en su habitación con la chica inmediatamente después de ocurridos los hechos enjuiciados por entender que ambos tenían edades próximas y un grado de madurez similar--, así como para atenuar la responsabilidad de C.C.S. y V.V.R. al valorar la relativa proximidad de sus edades con la de la víctima y su falta de madurez.

Así pues, el Tribunal condenó a las penas de cuatro años de prisión a C.C.S. y de tres años a V.V.R, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho al sufragio; prohibición de que se comuniquen por cualquier medio o instrumento informático o telemático contacto, escrito, verbal o visual con la menor; prohibición de acercarse a ella, a su domicilio, colegio y a cualquier otro que sea frecuentado por la víctima a una distancia inferior a mil metros y durante un periodo de ocho años; libertad vigilada por un período de cinco años; e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior a tres años al de la duración de la penas de privación de libertad impuestas respectivamente.

Además, la Sala les condenó a abonar de forma conjunta y solidaria la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros, y la parte proporcional de las costas, incluidas las de la acusación particular.

El mismo juzgado que investigó el caso de la Arandina se ocupa ahora de dos nuevas denuncias relacionadas y que afectan directamente a la intimidad de la víctima, una niña de 15 años que, según la sentencia, fue agredida sexualmente por tres futbolistas que en el momento de los hechos, noviembre de 2017, jugaban en la Arandina, el equipo local de Aranda de Duero (Burgos).

El padre de la menor denunció el pasado lunes en la comisaría de Aranda a un usuario de twitter que difundió el nombre, el correo electrónico y la imagen de la niña. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del mismo juzgado investigó la agresión sexual. Pero además, el progenitor optó por poner una segunda denuncia el miércoles, después de que durante el fin de semana otro usuario de twitter colgase los audios en los que la menor daba explicaciones de lo ocurrido con los jugadores días después de la agresión sexual.

Las notas de voz de la menor forman parte de la causa y no han tenido relevancia para el tribunal, que hacía constar en la sentencia condenatoria que las manifestaciones que hacía la niña eran fruto de su inmadurez. Así, la víctima negaba los hechos ante personas que no eran de su confianza, pero no ante su círculo más íntimo. Es más, en la sentencia se subrayaba la persistencia de las declaraciones que realizó durante la instrucción y durante el juicio oral. La difusión de estos archivos es un presunto delito de revelación de secretos.

La filtración de los audios fue anunciada por uno de los condenados, Carlos Cuadrado, el mismo día en que se conoció la sentencia. “Ahora sí que se van a filtrar los audios en los que ella decía 'no me han violado', ahora sí'”, aseguró. A preguntas de eldiario.es, uno de los abogados defensores aseguró que fue una declaración “desafortunada” fruto de su disconformidad con la contundente sentencia que les condena a 38 años de cárcel.

Según ha podido saber eldiario.es, la investigación no sólo afectará a quién filtró y a quien colgó las notas de voz sino a todo aquel, medios de comunicación incluidos, que las difundió.

El tribunal del caso Arandina ha acordado mantener la situación de libertad provisional con fianza de 6000 euros, ya prestada en su día, a los tres futbolistas condenados por agredir sexualmente a una niña de 15 años. Las condiciones que marca el tribunal son las mismas que las impuestas mediante auto de la misma Sala el 16 de marzo de 2018, por lo que en consecuencia se desestiman las peticiones del Ministerio Fiscal y de las acusaciones, que se postularon a favor de la medida de prisión provisional incondicional. El auto, que ya ha sido notificado a todas las partes, puede recurrirse.

El tribunal atiende a varias razones para mantenerlos en libertad provisional: el hecho de que una condena no firme no destruye la presunción de inocencia y que los condenados han pagado la fianza impuesta en su día, tienen arraigo familiar y han cumplido con la medida impuesta de acudir periódicamente a los juzgados a firmar, por lo que no entiende que exista riesgo de fuga.

Así, en el auto explica que “la constitucionalidad de esta medida cautelar -de prisión provisional- exige la concurrencia de una serie de factores, ante todo, es necesario que tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una conducta delictiva y que su diana sea la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la limitación de la libertad”.

En concreto, los riesgos a prevenir cuando se dicta una prisión provisional son tres: el de ponerse fuera del alcance de la justicia, el de obstruir la instrucción sumarial -que este caso ya ha finalizado- y el de delinquir nuevamente. Pero a la vez, los intereses que se deben ponderar son la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado y la efectividad de la justicia penal con evitación de más hechos delictivos, por otro. También, hay que tener en consideración “además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena impuesta, las circunstancias concretas del caso y las personales de los procesados, ahora condenados, para la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, o libertad”.  

Recuerda el tribunal que la sentencia condenatoria, no firme “no destruye la presunción de inocencia de los inicialmente condenados”, aunque “sí que puede, erigirse, más que en «apariencia», en título suficiente, surgido de la evidencia probatoria, para acreditar la participación de los condenados en un hecho punible”. Pero a pesar de todo, recuerda que “deberá tomarse en consideración la  estabilidad domiciliaria de los procesados,  disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida y la integración en su contexto familiar y convivencial extenso”.

En este caso “se considera que encontrándose los procesados, en situación de libertad provisional con fianza de 6.000 euros” y habiendo cumplido las obligaciones impuestas de presentaciones  periódicas ante los Juzgados de su residencia, y a la vista de la documentación aportada,  “el hecho de haberse dictado sentencia por el que resultan condenados, no debe implicar necesariamente el riesgo de fuga, cuando se han mantenido a disposición de la Justicia, y han acreditado arraigo bastante, por lo que no apreciándose un riesgo de fuga , procederá el mantenimiento de la situación personal actual”

La vistilla en la Audiencia Provincial de Burgos en la que se ha tomado esta decisión ha arrancado a las 11:00 y ha durado 24 minutos escasos. El Ministerio Fiscal ha empleado 4 minutos, la acusación particular otros cuatro, la popular tres y las defensas a excepción de una que se ha extendido diez minutos, tampoco han superado los cuatro.

Las partes personadas en el proceso desconocían cuánto podía durar la deliberación, “pueden ser días, horas, o semanas” reconoció uno de los letrado defensores, sin embargo, la decisión se ha tomado finalmente en apenas tres horas.

Los abogados de los condenados, como era de esperar, pidieron al tribunal que se mantuviese a sus representados en libertad en tanto se resuelven los futuros recursos. Han recordado además que los tres futbolistas han estado en libertad durante la instrucción, el juicio y una vez conocida la sentencia, sin que haya habido intento alguno de fuga.

“El que más gana tiene un sueldo de 500 euros y su padre es albañil, no sé dónde va a ir. No son extranjeros que puedan volver a su país como en otros casos”, ha dicho un abogado. Además, ha precisado que las madres de los tres han llegado a la vistilla con una bolsa preparada “con cepillo de dientes” y ropa por si el tribunal determinaba el ingreso inmediato en prisión“. Las tres acusaciones pidieron el ingreso en prisión en base a la gravedad del delito, la condena y el riesgo de fuga.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos se conoció el pasado jueves. Según el tribunal los tres ex jugadores de la Arandina, de 24, 22 y 19 años en el momento de los hechos, cometieron un delito de agresión sexual y dos de cooperación necesaria contra una niña de 15 años a la que desnudaron y penetraron y que no mostró oposición o resistencia por la intimidación ambiental que suponía estar ante tres hombres más fuertes que ella. Por todo ello, cada uno fue condenado a 38 años de prisión, si bien no cumplirán más de 20.

Por agresión sexual a una menor de 15 años, cada uno de los acusados ha sido condenado a 14 años de prisión. Pero además, la sentencia adopta la doctrina del Supremo y estima que todos ellos cometieron un delito de cooperación necesaria que establece que cada uno de ellos es responsable criminalmente de lo realizado por sí mismo, una agresión, y cooperador necesario de lo realizado por los demás, el resto de agresiones. Así, a los 14 años por delito de agresión sexual para cada uno de ellos se suman otros dos de cooperación, penados con 12 años.

Ante las puertas de la Audiencia se han concentrado dos grupos, unos en apoyo de los condenados y otro de feministas en apoyo de la víctima.

El tribunal que el pasado jueves condenó a los tres exfutbolistas de la Arandina por agresión sexual a una niña de 15 años decide este miércoles si entran o no en prisión para cumplir los 38 años de pena. La vistilla ha arrancado a las 11 de la mañana en la Audiencia Provincial de Burgos, donde se han concentrado dos grupos antagónicos: los que defienden la “inocencia” de los tres condenados y los que apoyan a la víctima.

Casi un centenar de personas, bajo el lema de 'Yo sí os creo' y gritos de “presunción de inocencia” ha mostrado su apoyo a los tres deportistas que, según el tribunal, agredieron sexualmente a la víctima de 15 años en el piso que tenían alquilado en Aranda de Duero. 'Su palabra no vale más que la nuestra' y 'Más pruebas y menos especulaciones' son parte de los argumentos que han lanzado a las puertas del Palacio de Justicia de Burgos. El pasado fin de semana también hubo concentraciones en apoyo a los condenados en Aranda de Duero.

En la acera de enfrente y sin posibilidad de concentrarse también a las puertas, algo más de una decena de personas, mujeres en su mayoría, han querido mostrar su apoyo a la víctima con carteles de 'Hermana, yo sí te creo'. Hay convocada otra protesta el próximo sábado 21 en la localidad burgalesa.

Los acusados han ido llegando pasadas las 10,30 de la mañana y no han hecho declaraciones. El tráfico y el acceso peatonal en la zona está fuertemente regulado por agentes de la Policía Local y Nacional. Agentes de la Policía Nacional y Local se han desplegado ante el Palacio de Justicia para evitar altercados y garantizar el acceso a la Audiencia Provincial.

Los tres exjugadores de la Arandina cometieron un delito de agresión sexual y dos de cooperación necesaria contra una menor de 15 años a la que desnudaron y penetraron y que no mostró oposición o resistencia por la intimidación ambiental que suponía estar ante tres hombres más fuertes que ella, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos. Les condenó por todo ello a cada uno a 38 años de prisión.

El delito de cooperación necesaria establece que cada uno de ellos es responsable criminalmente de lo realizado por sí mismo, una agresión, y cooperador necesario de lo realizado por los demás, el resto de agresiones. Así, a los 14 años por delito de agresión sexual para cada uno de ellos se suman otros dos de cooperación, penados con 12 años.

La advertencia que uno de los tres exjugadores de la Arandina hizo tras conocerse la sentencia que les condena a 38 años de cárcel por haber agredido sexualmente a una menor se materializó dos días después. Algunos medios han comenzado a publicar audios de la víctima con el objetivo de desacreditar su relato, probado por la Audiencia de Burgos. Algo que, junto a su reproducción por parte de usuarios de Twitter, las declaraciones de personajes públicos que cuestionan su credibilidad o las concentraciones de apoyo a los tres hombres, forma parte de un mismo proceso que emerge en los casos de violencia sexual y que se amplifica en los mediáticos: la revictimización de las mujeres que la sufren.

Este miércoles, aprovechando que el tribunal celebra una 'vistilla' para decidir si los exjugadores entran en prisión –han recurrido el fallo–, se ha convocado en Burgos otra manifestación a su favor similar a la que ya se celebró el pasado sábado en Aranda de Duero bajo el lema #YoSíOsCreo. El movimiento feminista ha respondido con una contramanifestación el mismo día y otra protesta el próximo sábado 21. En este caso, el lema será #HermanaYoSíTeCreo, el que ha inspirado las multitudinarias concentraciones de los últimos años de apoyo a la víctima de 'la manada' de Pamplona.

Un caso en el que también la joven tuvo que vivir el clima de sospecha que suele desplegarse cuando una mujer denuncia violencia sexual y que incluso llegó a constatar el Tribunal Supremo en la sentencia que condenó a los cinco hombres. Sus datos personales –su supuesto nombre, DNI y fotografías– fueron difundidos a través de distintos blogs, lo que unido a la propia trascendencia pública del caso, al seguimiento de su vida privada que llegó a hacerle un detective contratado por la defensa y al hecho de haber sido “juzgada” en “todo tipo de redes sociales”, le produjo “un gran desasosiego” y “mayor dolor y sufrimiento”.

Para Sonia Cruz, psicóloga de la fundación Aspacia, que trabaja con víctimas de violencias machistas, el caso de esta menor “no es una excepción”, porque la doble victimización de las mujeres que denuncian violencia sexual “suele ser sistemática”. “Es frecuente observar cómo se tiende a poner el foco en ellas y se cuestiona su  comportamiento. El objetivo es restarles credibilidad por haber subido a la casa del chico o por haber tenido contacto previo, por ejemplo. Se piensa que lo han provocado ellas o que están mintiendo para conseguir algo”. Un proceso que califica de “extremadamente grave” en el caso de los exjugadores de la Arandina puesto que la víctima era menor de edad en el momento de los hechos y lo sigue siendo, por lo que “supondría una grave violación de sus derechos como niña”.

La presunción de inocencia es otra cosa

De hecho, su familia ha denunciado a la Policía la difusión de los audios que, por otro lado, ya fueron evaluados en el procedimiento judicial. En la sentencia, los magistrados apuntan a que estaban motivados por “su inmadurez”, al igual que “la postura que venía manteniendo en redes sociales de protagonista y no de víctima”. El fallo es tajante y concluye que la chica se expresó “en forma consistente y sincera”, que los audios no pueden llevar a la conclusión de “que los hechos denunciados fueran falsos” y que los jueces apreciaron una clara intimidación ambiental.

Sin embargo, días después de la condena, unas cuantas personas se concentraron en Aranda con pancartas que clamaban por “el fin de las denuncias falsas”. Para la abogada especializada en violencia machista Ester García, cuando los casos son mediáticos existe la parte positiva de que “la sociedad comienza a ser consciente” de las implicaciones de la violencia sexual y el funcionamiento de la justicia, pero existe la contraparte de que la defensa “use estos medios para desacreditar a las víctimas. El cuestionamiento así es mucho más rápido y ágil y llega a más gente”.

En muchas ocasiones, no se reduce a una estrategia de los investigados –o, como en este caso, condenados– sino que las redes sociales y los medios se convierten en espacios en los que se reproducen de forma acrítica declaraciones culpabilizadoras. Algunas han tachado directamente a la víctima del caso de “manipuladora” o han puesto el foco “en el comportamiento” de muchas menores de edad, que “consumen alcohol, fuman, y ojo a sus cuentas de Instagram: culo en pompa, tanga, historiales de tipo caliente; barbaridades de ese tipo. Pero luego cuando ocurren cosas las llaman menores”, llegó a decir un militante de Vox.

Por eso, la jurista distingue entre la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que “por supuesto, tiene cualquier investigado” de “la tendencia a desacreditar a las denunciantes”. Y pone como ejemplo, las menciones que a veces hacen las defensas en sede judicial sobre su vida privada: “Yo entiendo que hagan una defensa técnica, pero hay preguntas que sobran, que no esclarecen los hechos y cuyo único objetivo es culpabilizarla”.

La culpa interiorizada

Por otro lado, las expertas reivindican la importancia de ampliar el foco y no solo hablar de doble victimización en los casos que trascienden públicamente. “Lo vemos todos los días. Se observan claramente los mitos machistas sobre la víctima y el agresor en el entorno cercano y en las diferentes fases del proceso judicial” y su objetivo es “mantener la desigualdad entre hombres y mujeres”, señala Cruz.

Un proceso que, añade la experta, ocurre sobre todo en los casos que se salen del 'perfil tipo de violación' que suele tener presente el imaginario colectivo: de noche, con el uso de la fuerza y la violencia física y por parte de un desconocido. “La mayoría de agresiones no se producen de esa forma, sino que los agresores suelen formar parte del entorno de la víctima. Por eso, se le da la vuelta a la tortilla y ellos se convierten en víctimas y las mujeres en agresoras. Esto hace que nuestra experiencia nos diga que se revierte la responsabilidad y que empieza a recaer sobre nosotras. Eso es lo que está en nuestra propia mente antes, durante y después de la violencia  sexual”, explica la psicóloga.

Por eso, el sentimiento de culpa que las propias mujeres tienen es uno de los elementos fundamentales de la asistencia psicológica posterior. “El grueso de la intervención suele dirigirse al daño que produce en la víctima el no ser creída y ser juzgada. Ya bastante duro es atreverse a contar y a hablar de la violencia sexual sufrida, pero el daño se redobla cuando se hace”, señala Cruz, que pone el foco en que es algo que tiene “un objetivo claro: seguir manteniendo la desigualdad de género” y justificar lo que, en realidad, “es una vulneración de los derechos humanos”.

Las niñas mayores, esas a las que llamamos adolescentes, tienen derechos. Tienen derecho a soñar, a enamorarse platónicamente de sus ídolos, a querer conocerlos, a hacer el tonto con su edad e, incluso, tienen derecho a desear tener un algo más con ellos. La sexualidad, que es un derecho, también lo es en la infancia y la adolescencia. Cierto que este es uno de esos derechos que parecen inexistentes por lo que cuesta hablar de sexo, pero existir, existe, claro que existe. El derecho a respetar la integridad sexual de un ser humano se tiene desde el mismo momento del nacimiento, desde ese instante en que el cuerpo es cuerpo presente y junto a este, de manera inseparable, hay una genitalidad.

Las niñas, los niños, las y los adolescentes tienen derecho a su libre desarrollo y como parte de este, a explorar de forma saludable su sexualidad. Precisamente, es función de la educación sexual –adaptada a cada edad– que se pueda incidir mejor o peor en ese calificativo fundamental de 'saludable' de manera que curiosidad individual, fisiología y sociabilidad vayan a la par y de forma coherente al momento evolutivo de cada chica y chico. En todo caso, esto es lo importante, nunca nadie, ningún adulto, tiene un derecho superior a utilizar esa inquietud adolescente (o infantil) sobre qué es esto del sexo y de una relación sexual para abusar y asaltar la integridad sexual de una niña, niño o adolescente en beneficio propio y personal, para jactarse o para su autosatisfacción sirviéndose para ello de la superioridad de la edad, la experiencia, su posición de poder, ser una figura de apego o de confianza, o por el hecho de ser más grande o corpulento.

Si una chica de 15 años se intercambia unos audios, unas fotos o unos mensajes con un chico mayor al que quiere impresionar, gustar o con el que quiere tontear en el tono que sea, eso no convierte automáticamente su cuerpo en un territorio del que uno, dos, tres o los chicos que sean puedan hacer uso por encima de la voluntad de esta y en circunstancias de clara desventaja y vulnerabilidad para esta. También para una chavala menor de edad o, es más, especialmente para una chavala menor de edad donde su grado de madurez y conocimiento del tema es muchísimo más limitado, una relación sexual solo es posible cuando el SÍ es un SÍ claro y sin ningún tipo de condicionamiento de superioridad y/o intimidación. Es fácil de entender.

Tenemos un problema, un gravísimo problema social, cuando esto lo comprende un tribunal que tiene que dictar sentencia y los condenados por agresión sexual a una menor de 15 años utilizan la espectacularización del caso para reivindicar su inocencia. Cuando se les da tal grado de protagonismo que se erigen en héroes del lado más violento del machismo e incitan a que se revelen detalles íntimos y privados de una chica que es menor de edad como si de lo que se tratase ahora de probar a ojos de la opinión pública es que ella se lo fue buscando, como si violar su intimidad públicamente -algo que a su vez infringe la ley- convirtiese en legal lo que en el Código Penal señala como un delito sexual.

En un espectáculo sin antecedentes, algunos medios están siendo cómplices (y con ellos algunos personajes públicos en redes sociales) en el cuestionamiento prepotente, insensible y machista que están haciendo tres condenados por agresión sexual de una sentencia cuyos hechos probados son claros. Se creen inocentes y hay quienes los creen, los respaldan y los arropan en una vergonzosa concentración en Aranda de Duero. Esos jóvenes adultos, con su presencia y vestimenta a la última, todavía no son conscientes de que la masculinidad de la que presumen es la del hombre que sacrifica niñas, adolescentes y mujeres para demostrarse y demostrar a los demás lo potente y lo hombre que es. Lo que para ellos es un acto de poder y dominación ante una chavala menor de 15 años, en el Código Penal se tipifica como un delito de agresión sexual. Y eso es precisamente por lo que se les condena en un juzgado aunque ellos busquen en los medios más rancios, machistas y retrógrados el reconocimiento y el éxito que como personas y puede que como deportistas nunca tendrán.

El caso de la agresión sexual de tres hombres, exjugadores de fútbol de la Arandina, a una menor y de la reacción social tras su condena a 38 años por violación puede llevarnos a muchas reflexiones. Por ejemplo, que para una parte de la sociedad violación es solo la agresión que comete un desconocido en un callejón oscuro. Lo que esa parte de la sociedad no alcanza a ver o no quiere comprender es lo que muchas mujeres llevan años tratando de contar, que muchas violaciones son cometidas por hombres conocidos y en escenarios donde quizá parte de la interacción fue consensuada.

Mantener esa imagen estereotipada de las violaciones es más inofensivo para el sistema. Por un lado, porque las agresiones o abusos se presentan así como algo sorpresivo y ocasional, la mala suerte que les toca a algunas. Por otro lado, porque ayuda a mantener oculta toda una bolsa de violencia sexual que está muy presente en la vida de las mujeres y que no casa con el estereotipo. Si lo que te ha pasado no coincide con esa imagen, entonces no es una violación, no eres una víctima, no le damos importancia, no hay nada que debamos hacer.

Esa parte de la sociedad se resiste a identificar la palabra violación en los relatos que muchas mujeres hacen de las agresiones y abusos que han sufrido porque hacerlo implica dar un vuelco al concepto tradicional del sexo y del papel que el patriarcado nos ha asignado a mujeres y hombres. El sexo no es un contrato irrevocable que una vez firmado tengamos que cumplir de una manera determinada y unívoca, sino una interacción que se valida conforme sucede. Por eso, muchas interacciones comienzan con consenso y este se quiebra en algún momento. En ese instante, el sexo deja de serlo y pasa a llamarse agresión.

Cambiar esa noción del sexo y de la violación implica terminar con esa norma no escrita y aún extendida de que una vez que comienzas a interactuar ya todo vale. El comienzo de una interacción -un mensaje, una cita, un beso, una insinuación, sexo oral, una foto subida de tono- no valida todo lo que suceda después. Tampoco valida los hechos la forma en la que la mujer que los sufre se comporta después. Precisamente por la estupefacción, por la incapacidad de reconocernos como agredidas y de identificar como agresores a los hombres que conocemos y que incluso nos gustan, o por la vergüenza y el estigma social, muchas mujeres esconden lo sucedido, lo camuflan o no lo nombran como violación.

Es más sencillo ver violaciones ocasionales producto de la mala suerte que una violencia sexual y una cultura de la violación estructural que implica, entre otras cosas, el descrédito sistemático de las mujeres, nuestros comportamientos siempre en el punto de mira. Antes era que llevábamos minifalda y caminábamos a oscuras de madrugada; ahora que reivindicamos nuestro derecho al placer y a la autonomía sexual resulta que no podemos meternos en la cama si no es para hacer lo que ellos dicen como ellos dicen.

Es más sencillo ver monstruos que hombres. Amigos, colegas, hermanos, padres, novios, amantes. Cuesta verles como agresores, preferimos conservar intacta su imagen, no cuestionar el vínculo que nos une ni poner en entredicho sus acciones. Es más sencillo atribuir las agresiones a monstruos, difuminar las acciones concretas y convertirlas casi en leyendas cometidas por bestias. Así podemos decir que no son ellos -no son los amigos, los hermanos, los colegas, los novios- sino otros, seres con cabezas deformadas, seres casi sin entidad humana. Pero la tienen, así que no combatamos monstruos, combatamos la cultura de la violación.

Terror el que, sin duda, sufrió la adolescente de quince años violada, según la Audiencia Provincial de Burgos, por los tres exjugadores del club de fútbol La Arandina condenados por dicho tribunal a penas de 38 años de prisión cada uno.

Terror y horror los que, sin duda, se desprenderán de la lectura de los hechos probados de la sentencia –que aún no conozco en su integridad–, teniendo en cuenta las agresiones sexuales sufridas en el entorno intimidatorio que se habría producido.

Porque, ¿cómo, si no es con el término “terror”, se definiría la situación padecida por una adolescente agredida sexualmente por tres hombres hechos y derechos –estos calificativos son un decir– en el entorno en el que, según se dice, habrían tenido lugar las agresiones?

Ahora, este terror tiene nombres y tiene condenas. Y ello, además, siguiendo aquella tesis apuntada por el Tribunal Supremo –nada extravagante, por otra parte– en la sentencia sobre 'la manada' de Pamplona, ahora asumida por la Audiencia de Burgos. Tesis según la cual, tal como se plasmó en una reveladora llamada de atención que, en el caso de 'la manada' de Pamplona, se hizo por el Tribunal Supremo, en aquel caso, los hechos enjuiciados debían haberse considerado como una pluralidad de delitos de agresión sexual y no como un delito continuado.

Eso llevaría a que cada uno de los acusados fuera considerado autor de su delito y partícipe de los delitos de los demás, si bien, dado que ninguna de las acusaciones así lo pidió entonces, las condenas fueron en aquella ocasión, en lo esencial, por delito continuado de agresión sexual. Tesis ahora aplicada, según parece por primera vez en delitos contra la libertad sexual, a los tres acusados, lo que ha supuesto que cada uno haya sido condenado como autor de su propio delito de agresión sexual –14 años de prisión– y como cooperador necesario en cada uno de los delitos cometidos por los otros dos acusados –12 años por cada delito, o sea, 24 años más–.

Las penas son realmente altas, muy altas, si bien ha de recordarse que, en este caso, el límite de cumplimiento de las mismas sería de 20 años, lo que no resultará menos impactante para la vida de cada una de estas personas. Pero se trata, en todo caso, del resultado de la estricta aplicación del Código Penal vigente en la interpretación de este tribunal.

Y ello, como resultado de un relato de hechos probados que, aunque no conozco aún, será sin duda escalofriante y revelador de una conducta de manifiesto desprecio a la libertad y a la dignidad de la víctima, máxime –pero no solo, desde luego– teniendo en cuenta su edad, en lo que constituye una situación de intimidación manifiesta y grave generada por la actuación de tres hombres en un entorno determinado, o sea, lo que en una adolescente –y en cualquier mujer– es, sin duda, terror. Y esto es, en estos casos, aplicar la norma penal con perspectiva de género y sin prejuicios sobre el comportamiento de la víctima, sino valorando el comportamiento de los acusados en un contexto claro de falta de consentimiento de la mujer.

Vergüenza la que he sentido al conocer que varios cientos de personas se han concentrado en Aranda de Duero para defender la inocencia de los condenados –lo que es legítimo, desde luego–, mostrando su crítica a las “denuncias falsas” –lo que ya no es legítimo, pues parte de prejuicios y de manipulación evidente de datos, pues tales denuncias falsas no alcanzan, según los datos oficiales del CGPJ, el 0,1% de las interpuestas por todo tipo de violencias contra la mujer–. Vergüenza la que me produce que una parte de la ciudadanía no comprenda, ni quiera hacerlo, el sufrimiento de las mujeres ante violencias de esta naturaleza. Y estupefacción la que se revela al apreciar que muchos hombres –y muchas mujeres también– todavía no han asimilado el derecho a la libertad sexual de todas las personas.

Es cierto que en los últimos tiempos las sentencias dictadas sobre delitos contra la libertad sexual han sido objeto de fuerte crítica social con expresiones contundentes en la calle. Y cierto es también que ello se ha vivido desde algunos sectores –judiciales, sin ir más lejos– como “presiones” inadmisibles. Pero, en todo caso, entiendo que tales críticas solo son la expresión de un diálogo efectivo y, espero, eficaz entre ciudadanía y justicia, aunque reivindico asimismo la imprescindible independencia del poder judicial también respecto de este poder ciudadano, lo que no debe impedir que las normas se apliquen de acuerdo con la realidad social.

Y nuevamente se imponen también otras reflexiones. De un lado, un agradecimiento social amplio a la mujer denunciante y a su coraje cívico para sostener su acusación, pese al duro proceso judicial a seguir, lo que obliga a repensar también esto. De otro lado, la necesidad de abordar con urgencia y serenidad la reforma del Código Penal, pendiente ya desde hace tiempo y cuyo análisis se habría ya realizado por la Comisión de Codificación.

Reflexión imprescindible para valorar los resultados de la aplicación de la norma hasta este momento y para, en todo caso, adecuarla convenientemente al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica –el conocido como “Convenio de Estambul”–. Y así, de este modo, contar con una norma eficaz para perseguir –y prevenir también, sin duda– los atentados a la libertad sexual de todas las personas “de conformidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género en este tipo de violencia, para garantizar una investigación y un procedimiento efectivos por los delitos previstos en este convenio”, tal como dicho convenio prevé.

“¡Oh, intolerable pestilencia y mortal te consuma, rijoso, envidioso, maldito!”

Fernando de Rojas. La Celestina

Clamaban los chicos del Arandina que ellos no sabían que la víctima era menor. Repetían que ellos no han hecho nada. Gritaban iracundos, tras oír la condena, que lo que hicieron no era malo y que hace quince años se hubieran ido a su casa tan tranquilos. Lo mismo que les oímos a los de Pamplona y Pozoblanco. Lo mismo que debaten otros cientos de miles que aplauden los argumentos para justificar que ignoraran que no se puede forzar a una mujer, pero que a una menor la fuerzas por definición. Los que pueblan las redes diciendo que temen ser acusados de una agresión por acercarse a una mujer...

Por todos esos creo que merece la pena hacer un manual de compliance, de cumplimiento legal, como los que se esfuerzan en trabajar todas las empresas hoy en día. Iba a llamarlo manual para cerdos, para pervertidos, para estupradores, pero lo he dejado en manual para rijosos. Es descriptivo y no tiene componente moral.

Señoros rijosos, si les gustan las niñas de uniforme, si les gustan tan jóvenes que pueden equivocarse... pidan siempre el DNI. Lo hace el que vende tabaco y el que vende alcohol. Si tienen tendencias sexuales que rozan la pederastia, si les ponen casi niñas, si lo suyo es de lolitas, ¡pidan el DNI! Y, por cierto, si van a buscar mujeres prostituidas, pídanlo también y asegúrense de que tienen más de 18 años pues, en ese caso, es la edad mínima para no considerar que, de hecho, hay un delito. Si son unos cerdos, asegúrense de que la ley les ampara primero y luego asegúrense el consentimiento.

Señoros rijosos y agresores varios, ningún hombre normal tiene dudas, pero vosotros precisáis de este manual. Si está inconsciente, no hay consentimiento. Da igual que se haya desmayado por tomar ella las copas voluntariamente, da igual que esté bajo un edredón o que le estés grabando para un concurso, si no hay conciencia no hay consentimiento. Nos falta, eso sí, revisar la ley para que eso no les cueste menos cárcel y para que no tengan así la tentación de ser ellos los que la droguen o intoxiquen.

Solo sí es sí. Es una norma sencilla. Si tienes dudas, pregunta. Es muy erótico preguntar a tu pareja si le gusta y si puedes continuar una práctica. Puede que te digan “sí, sí” o “sigue, sigue”, también es muy erótico, incluso “más, más”. Todo hombre y toda mujer normal sabe cómo funciona eso. Puede incluso que no te diga que sí pero que te esté arrancando los calzoncillos con los dientes. Sí, eso es consentimiento. Si se hace la muerta, no es consentimiento. Si gime como si sufriera, no es consentimiento. Si no te sigue, si no responde, si no actúa, si se parapeta entre los brazos, no hay consentimiento.

Es el colmo de la ignominia que se monte una polémica y se revictimice a una niña. Solo una sociedad enferma o enfermada lo haría, pero ha sucedido. No es aceptable que una señora letrada, por mucho derecho de defensa que tengan sus patrocinados, condenados sin firmeza a 38 años de prisión, cuestione a una víctima con duras palabras ante las cámaras y acabe diciendo, ¿amenazando?, con que se va a tener que ir de España.

No es aceptable que los medios de comunicación den cabida, todo el tiempo, a la revictimización de esas mujeres o niñas a las que llegan a llamar “supuestas” víctimas. Porque la única forma de que la víctima no sea cuestionada es que perezca en la agresión. Si sobrevives, ¡ay de ti, si sobrevives! Eres sospechosa de ser mentirosa como poco, de fulana o de interesada o de buscona, como más. Todo tan previsible y tan antiguo. Solo Santa María Goretti hubiera logrado el descargo de los públicos. Las mujeres no somos santas ni mártires. Las mujeres tenemos derecho a intentar sobrevivir al delito de la manera que consideremos, aunque sea instintivamente, más útil.

La polémica sobre la proporcionalidad de las penas en el caso Arandina es, como todas las similares, una polémica con ideología y, desde luego, una polémica patriarcal. Nuestro Código Penal tiene unas penas muy altas y una combinación aritmético penológica que, en ocasiones, supera los límites de la justicia material. Eso lo hemos denunciado muchas veces. Pero la polémica es interesada e ideológica. Lo es porque cuando ese mismo efecto se produce en otro tipo de delitos no solo no hay alharaca alguna, sino que suenan aplausos.

Si un traficante da tres pases de droga y estos se recogen en un solo atestado, se le condena por un solo delito; pero si se producen los mismos tres pases y hay tres atestados, le caen ¡18 años de prisión! Dieciocho años por pasar droga tres veces. ¿Alguien lo ha comparado alguna vez con un homicidio? La disfunción aritmética ha sido tan evidente que por eso se arbitraron las refundiciones de condena y los límites máximos de cumplimiento. Pero nada de esto ha escalofriado a nadie hasta que no se han pronunciado las penas contra los tres futbolistas del Arandina siguiendo estrictamente las sugerencias del Tribunal Supremo en la sentencia del caso de 'la manada' de Pamplona.

Sin embargo, nadie se ha escandalizado por la escasa responsabilidad civil que se impone en la sentencia. Una cantidad de 50.000€ entre los tres para reparar los daños morales, y probablemente para pagar el tratamiento que la niña necesite durante mucho tiempo, por unos delitos penados con 38 años es clara y comparativamente insuficiente. Es irrisoria.

Las comparaciones realizadas, de forma ideológica e interesada, también son inaceptables. Se compara la pena por tres delitos –uno de agresión sexual y dos de cooperación necesaria para la agresión sexual– con un solo delito de homicidio. No hay caso. Los diferentes delitos cometidos en varias acciones, aunque sean temporalmente próximas, siempre se acumulan. Se llama concurso real. Lo malo del homicidio es que solo pueden matarte una vez, pero ¿cuántas pueden violarte? No hay comparación posible, si no es porque nos quieran demostrar que entienden la protección del bien vida pero que, en el caso de la mujer, la protección de su libertad sexual no se considera tan grave, porque somos objetos de placer y a eso se sobrevive fácilmente. Como si una violación no fuera para muchas una tortura en vida constante, una muerte del alma, una aniquilación.

Necesitan un manual de compliance y no niego que, para eso, quizá sea mejor crear un subtipo independiente de la violación grupal, que sea tan claro que pueda ser paseado por las pizarras de los centros de educación, por los tableros de las casas de apuestas y en los anuncios online, para que no haya un joven rijoso al que no le quede claro a qué se arriesga si quiere poner en práctica eso que le pone burro cuando lo ve en las páginas porno. A él y a su amigos. Para que dejen de llamarse a sí mismos manadas o alegres tropas (en el caso del que hablamos el chat se llamaba “troupe”) y para que tengan muy claro qué se juegan y cuáles son las normas, no solo morales y humanas, sino también las judiciales. La solución técnica me importa menos que la asunción social de que este nuevo “modus operandi” de la violación, este que consiste en violaciones grupales practicadas por jóvenes, no solo integrados sino incluso de éxito, solo puede acabar en una celda de una prisión.

Las chicas se están empoderando, se ha logrado a base de educación y trabajo y pedagogía. No niego que en este esfuerzo quizá se haya olvidado a los chicos que se han quedado navegando solos y teniendo por único rumbo sus hormonas, el porno y poca formación moral y afectiva. Esforcémonos también por no dejarlos al pairo y por ayudarles a conquistar una masculinidad honesta y una forma de relacionarse con las mujeres franca e igualitaria.

Pero no caigamos en las polémicas de los ultramachistas ni de los ultraderechistas ni de los ultracatólicos.

Una niña es siempre una niña. Si no te das cuenta, eres un cerdo depravado.

Los tres exjugadores de la Arandina cometieron un delito de agresión sexual y dos de cooperación necesaria contra una niña de 15 años a la que desnudaron y penetraron y que no mostró oposición o resistencia por la intimidación ambiental que suponía estar ante tres hombres más fuertes que ella. Por todo ello, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a cada uno a 38 años de prisión.

El delito de cooperación necesaria establece que cada uno de ellos es responsable criminalmente de lo realizado por sí mismo, una agresión, y cooperador necesario de lo realizado por los demás, el resto de agresiones. Así, a los 14 años por delito de agresión sexual para cada uno de ellos se suman otros dos de cooperación, penados con 12 años.

La condena de la Arandina se basa en una doctrina establecida por el Supremo y subrayada por este en el caso de 'la manada', donde no se pudo aplicar porque en la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Navarra, ninguna de las partes observó ese delito de cooperación necesaria que ya aparecía en una sentencia del Alto Tribunal de 2014 y que recordó tras pronunciarse en el caso. En ella señalaba que “cuando dos sujetos activos, con fuerza o intimidación, cometen cada uno un delito de agresión sexual de forma activa, el otro es -ordinariamente- coautor en concepto de cooperador necesario, bien en los actos de fuerza, bien mediante la correspondiente intimidación, siendo autores, cada uno por un título diferente de dos delitos de agresión sexual”.

Entiende además que no es necesario que contribuya “al acceso carnal ajeno aportando su esfuerzo físico para doblegar la voluntad opuesta de la víctima”, sino también cuando no se sujeta a la víctima “porque la presencia de varios individuos concertados para llevar a cabo el ataque contra la libertad sexual conlleva en sí mismo un fuerte componente intimidatorio”. Apunta además que ese efecto intimidatorio en la víctima “puede producirse por la simple presencia o concurrencia de varias personas, distintas del que consuma materialmente la violación, ya que la existencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental”.

Bloqueada y paralizada

Esa intimidación ambiental sí se apreció en el caso de 'la manada' y también ahora en el caso de la Arandina. Según se establece en la sentencia, la niña accedió el 24 de noviembre de 2017 a la vivienda de Aranda de Duero que compartían los tres futbolistas, de entre 19 y 24 años, en compañía de uno de ellos. Poco después llegó el resto, y en un momento dado apagaron la luz, se desnudaron, la desnudaron a ella y la penetraron bucalmente. “Ella se cruzó los brazos y no supo como reaccionar, quedándose paralizada”, dice textualmente. “Entendemos que el hecho de que la menor se encontrarse en un domicilio ajeno, con la luz apagada y rodeada por tres varones de superior complexión, y edad, los cuales se habían desnudado, y quitándole a ella también la ropa, salvo la braga, cogiéndole de las manos y la cabeza, dirigiéndola hacia sus penes para que les masturbarse y les realizase sucesivamente felaciones, constituye una situación de intimidación ambiental, y por ello resulta creíble que la menor, por su falta de madurez, y sorpresa no supiese reaccionar, quedándose bloqueada, y paralizada, temiendo que si se negaba los tres acusados pudieran reaccionar en forma violenta”. La víctima también fue penetrada vaginalmente por uno de los condenados, que fue detrás de ella cuando acudió al baño.

Esta sentencia ha provocado estupor en los condenados, que salieron de la Audiencia Provincial de Burgos diciendo que lo ocurrido es “una vergüenza” e incluso preguntando a quién han “matado” para recibir una pena de 38 años. “No hemos hecho nada”, han llegado a asegurar. Lo cierto es que sus abogados pedían la absolución pero alternativamente solicitaban la eximente de error invencible: aceptaban las relaciones sexuales pero con el desconocimiento de que fuese un delito mantenerlas con una menor de 16 años o de que esta tuviese tan sólo 15.

Sin error invencible

El tribunal ha considerado que “los acusados no podían ignorar que actuar en forma conjunta para realizar actos sexuales con la denunciante, cuya minoría de edad conocían, pudiera ser constitutivo de infracción penal, habida cuenta de que no existió en ningún momento un consentimiento expreso, y se realizó con la luz apagada, y en forma conjunta, debilitando la defensa de la víctima”. El error, dice “solamente cabría en aquellos supuestos de relaciones sexuales consentidas, con una menor de edad, y atendiendo a las circunstancias personales del acusado”.

En este sentido se precisa que “los acusados tienen una cultura media, son españoles, y por los medios de comunicación han tenido la posibilidad de conocer, (por su gran difusión) el enjuiciamiento y condena de un grupo de personas, por un delito contra la libertad sexual”. También destaca que esa ignorancia no ha sido objeto de prueba puesto que han negado la realización de actos sexuales con la víctima y por lo tanto las acusaciones no pudieron interrogarles respecto a ese error. Además, recuerda el tribunal que esa posibilidad alternativa de error invencible la introdujeron los abogados durante el trámite de conclusiones. Al tratarse de una eximente, las defensas deberían haberla probado para acreditarla y no haberla incluido sin más.

Además, para la Sala queda acreditado que conocían la edad de la víctima: la progenitora se lo dijo a uno de ellos cuando le preguntó por ella, la niña solía vestir de uniforme, y un compañero de clase al que entrenaba uno de los condenados también le dijo que tenía 15 años. Además, dice el tribunal que ha podido “apreciar directamente la apariencia física de la menor en el acto del juicio oral”, y a pesar de haber transcurrido dos años, (en la actualidad tiene con 17 años de edad,) “se apreció que sus características físicas, forma de expresarse, reacciones, ponen de manifiesto su minoría de edad, la cual sería más fácilmente perceptible en el año 2017”.

Un supuesto delito que no investigó ni Fiscalía ni Policía

En la sentencia se hace constar que podría haber otro delito sin investigar. En los móviles intervenidos a los condenados hay una conversación en un grupo de chat denominado 'trupe', en la que un día antes de los hechos, el 23 de noviembre de 2017, los acusados ya presumen de que la víctima, a la que se refieren por su nombre de pila, les ha hecho una felación a los tres. Relatan que “tenía regla” y que “mañana” volvería. Los hechos enjuiciados se produjeron al día siguiente de esa conversación, en la que además tildaban a la niña de “guarra” y “cerda”.

La Sala dice que “no entiende por qué motivos no se denunciaron, ni investigaron, por el Ministerio Fiscal o la Acusación los hechos que se constatan en la conversación de whatsap y audios relativos al día 23 de noviembre y en el que constan conversaciones”, pero indica que “al menos” pueden ser “tomados como un indicio”. Es decir, se debería haber investigado si la víctima ya fue agredida un día antes. Se relatan “relaciones sexuales que tienen gran similitud con las denunciadas el día 24, (habiendo manifestado que ”mañana vuelve“) por lo cual si bien los hechos que pudieran haber ocurrido el día anterior, no son objeto de acusación ni de enjuiciamiento, ni han resultado objeto de probanza, pueden ser tomados como un mero indicio , en aras a valorar la verosimilitud de la menor”.

Credibilidad e inmadurez

Respecto a la credibilidad de la víctima, entiende el tribunal que “ha relatado en forma persistente y sincera los hechos objeto de enjuiciamiento, y si bien respecto de sus conocidos ha mantenido que lo había realizado voluntariamente” considera que “ello estaba motivado por su inmadurez, y la postura que venía manteniendo en las redes sociales, en las cuales pretendía figurar como la protagonista, (tomando decisiones) en vez de la víctima”.

El exjugador de la Arandina Víctor Rodríguez, condenado a 38 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de 15 años junto a dos compañeros más, ha arremetido contra el tribunal tras serle notificada la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos.

“Yo quiero que traigan pruebas”, ha afirmado. “Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad, entonces yo voy a la cárcel y pago”. Rodríguez ha insistido en que no ha hecho “nada” y en que no va a ir a la cárcel. “¿Quién ha hecho esta sentencia? A mí que me lo expliquen: ¿quién la ha hecho? Esto no tiene sentido”, ha añadido.

El ahora condenado se ha preguntado “de qué” se le condena a 38 años. “¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?”, ha criticado. “No hemos hecho nada”, ha asegurado al tiempo que insistía en la falta de pruebas contra él y sus compañeros.

Carlos Cuadrado, otro de los condenados, ha dicho a los periodistas que “ahora es cuando se van a empezar a filtrar mensajes” en los que según él, la víctima negaba haber sido violada y decía que iba a empezar a “mentir” “más de la cuenta”. “No somos violadores, somos unos pardillos a los que nos están intentando joder la vida y hay que decirlo claramente”, ha manifestado. También ha atacado al tribunal por dictar “en dos semanas” la sentencia de un caso de más de 8.000 páginas“.

“Negamos la agresión sexual, pero es que también nos acusan de cosas como aceptar la petición de Instagram de ella. Ella nos empieza a seguir y nos acusan a nosotros por haberla aceptado”. “Voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres pero creo que a nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes y hay que cambiar eso”, ha zanjado. Cuadrado tenía 23 años en el momento de los hechos y la víctima, 15.

El tercer condenado, Raúl Calvo, ha comentado que la sentencia “es una vergüenza muy grande”, que “no se está haciendo justicia” y que les piden “una burrada”. “No me esperaba nada de esto, en la casa no pasó nada”, ha dicho.

La víctima, de 15 años, fue agredida en la vivienda de los deportistas. El tribunal ha apreciado que hubo intimidación ambiental porque los condenados actuaron con la luz apagada y su complexión física era superior a la de la menor.

La menor que denunció a tres exjugadores de La Arandina CF ha mantenido este viernes que los encausados la agredieron sexualmente y que, además, eran perfectos conocedores de su condición de menor de edad, a pesar de que los aludidos no sólo negaran el primer día del juicio haber mantenido sexo con ella sino también que estuvieran al corriente de que no era mayor de edad.

En la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Burgos contra los tres procesados, la denunciante ha apuntado a los ocupantes del banquillo como quienes el 24 de noviembre de 2017 la agredieron sexualmente en el piso que estos compartían en Aranda de Duero.

Su declaración, tal y como ha explicado al término de la segunda jornada Luis Antonio Calvo, de Clara Campoamor, colectivo que ejerce como acusación popular, ha servido para “ratificar la versión que ha venido manteniendo siempre” y que la misma había sido “muy coherente”, de ahí que este letrado la considere “prueba suficiente de que los hechos se produjeron tal y como ella dice”.

El acusador popular, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha desvelado que la presunta víctima, muy afectada, ha tenido que interrumpir su testimonio en dos ocasiones, sin que en momento alguno, a su juicio, incurriera en contradicción alguna, ni siquiera cuando ha mantenido que sus tres presuntos agresores, R.C.H, C.C.S 'Lucho' y V.R.R, 'Viti', conocían perfectamente su condición de menor de edad.

“Dice que sabían que tenía 15 años porque se lo había dicho a Carlos expresamente, a través de Instagram y verbalmente. Su madre también ha dicho que un día se lo dijo a dos de ellos en un bar que había cerca de casa, ya que eran vecinos”, ha añadido el letrado de Clara Campoamor, quien ha incidido en que la menor no quería hacer daño a los tres jóvenes, si bien “luego se ha ido dando cuenta poco a poco de lo sucedido y ahora lo único que pide es Justicia”.

Calvo entiende que el testimonio incriminatorio de la víctima es “esencial por cuanto relata cómo sucedieron los hechos, cómo fue objeto de agresión sexual por parte de los tres acusados”, mientras que los padres de la menor, cuya declaración ha sido muy breve, serían testigos de referencia ya que sólo saben lo que ella les contó a posteriori.

En la misma línea se ha manifestado la abogada de la víctima, Patricia Ortiz, quien ha reconocido que ha sido “una mañana muy dura” ya que han sido tres horas de declaración en los que “la niña ha contado de forma pormenorizada todo lo que la hicieron en la casa”.

La sesión se ha tenido que suspender en dos ocasiones porque el presidente del tribunal entendía que la víctima “no estaba en condiciones de declarar debido a su estado de nerviosismo”.

Para Patricia Ortiz, “las pruebas practicadas acreditan los hechos denunciados” a lo que ha insistido que ha sido “una mañana durísima para la menor” que ha estado separada de los acusados por una mampara para evitar verles.

Por su parte, Rafael Uriarte, abogado de V.R.R, conocido como 'Viti', ha asegurado que “se reafirma la inocencia de los chavales” ya que los testigos que han declarado en la segunda jornada del juicio “han cometido muchísimas contradicciones”.

Por ello, Uriarte ha reconocido que cada vez están “más contentos” por la evolución del juicio “a pesar de que la acusación popular-- ejercida por la Asociación Clara Campoamor-- ha intentado guiar a alguno con artimañas extrañas”.

Asimismo, el abogado de 'El Viti' ha rechazado que en la sesión de este viernes se haya demostrado que los tres acusados conocían que la niña tenía 15 años y ha aseverado que esta cuestión “es el único plan que tienen”, en referencia a la defensa, y ha precisado que “es imposible de demostrar”.

Sobre la declaración de la menor, Rafael Uriarte no sabe decir si el ánimo de la niña y su familia “es cierto o fingido” porque ha sido “un momento de bastante teatralización” con “afirmaciones muy aprendidas”, al tiempo que ha reconocido que “los chavales cada vez están más tranquilos”.

El juicio contra los tres exjugadores de La Arandina Club de Fútbol acusados de agredir sexualmente a una menor de 16 años arranca este jueves, 21 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Burgos, que se prolongará hasta el 27 de noviembre y se desarrollará a puerta cerrada, según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El objetivo de que la vista oral se desarrolle de este modo es evitar el contacto entre la víctima y sus familiares con los acusados de agresión sexual, para los que el Ministerio Fiscal solicita en su conjunto penas que suman 118 años de prisión.

En concreto, solicita 40 años de cárcel para R.C.H, 39 años para C.C.S, 'Lucho', y otros tantos para V.R.R, 'Viti', por un delito contra la libertad sexual, otro delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y sendos delitos de agresión sexual a menor.

Los tres exjugadores de La Arandina procesados por el caso mantenían, según indica la acusación pública, una relación telefónica y a través de redes sociales desde 2017 con la menor, que entonces tenía 15 años y a la que conocían con anterioridad.

El objetivo de dichas conversaciones, que principalmente se desarrollaban por WhatsApp, era convencer a la joven de que mantuviese relaciones sexuales con ellos, tal y como indica la acusación pública, que relata que el 24 de noviembre de aquel año la menor acudió al domicilio de los ahora procesados, después de una conversación, y fue “obligada” a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la vivienda para, a continuación, “de nuevo obligada” a “soportar” otra relación sexual con R.C.H., esta vez en el dormitorio.

El fiscal pide 16 y 12 años de cárcel

Además, en el caso de R.C.H., solicita la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y acercarse a ella o cualquier lugar que pueda frecuentar a menos de 1.000 metros durante 16 años, un tiempo que rebaja hasta los 13 años en el caso de los otros dos procesados.

A estas penas hay que sumar otros 14 años de prisión que solicita al considerar autor de agresión sexual a C.C.S. y pide doce años para los otros dos acusados al considerarles cooperadores necesarios. Una petición que lleva aparejada, además, la solicitud de prohibición de comunicación con la víctima durante 15 años en el primer caso y durante 13 años en lo que respecta a los otros dos hombres.

Asimismo, solicita 14 años de prisión para V.R.R. como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años y pide 12 años de internamiento para los otros dos individuos, al entender que fueron cooperadores. Por este delito sugiere una prohibición de comunicarse con la víctima y acercarse a ella durante 15 y 13 años, respectivamente.

A todo ello, el Ministerio Fiscal suma una imposición de diez años de libertad vigilada y una indemnización conjunta y solidaria a la menor, a través de sus padres, de 50.000 euros por el daño moral causado, a los que añade 20.000 euros más de indemnización por parte de R.C.H..

Diferentes solicitudes

La Asociación Clara Campoamor, por su parte, eleva hasta los 130 años y seis meses de prisión la petición conjunta, solicitando un total de 43 años de internamiento para cada uno de los tres procesados, por tres delitos contra la libertad sexual, un delito continuado de agresión sexual y dos de agresión sexual y otros tres como cooperadores de dicha agresión.

La acusación particular pide, por su parte, 20 meses para cada uno de los tres acusados por un delito contra la libertad sexual de la menor, 15 años para R.C.H. por un delito continuado de agresión sexual y otros 15 años de cárcel para los otros dos procesados, en este caso por agresión sexual.

Finalmente, solicita 26 años y diez meses de internamiento para cada uno de los tres exjugadores de La Arandina por delitos de agresión sexual, para los que reclama también un total de 52 años de alejamiento de la víctima, si bien no exige ningún tipo de indemnización.

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una resolución por la que acuerda que el juicio contra los tres jugadores de fútbol del Arandina acusados de abusos sexuales comenzará el próximo 21 de noviembre y se celebrará a puerta cerrada conforme al artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger “el derecho a la intimidad de la víctima (menor de edad)”, y para evitar a la chica “perjuicios relevantes que, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso”.

La Sala ha acordado además prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, así como la divulgación o publicación de imágenes de la misma o de sus familiares. Durante la celebración del juicio, deberá evitarse igualmente el contacto directo entre la víctima y los acusados.

Así mismo, la Audiencia ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por la acusación y defensa en sus respectivos escritos para su práctica en el acto de juicio oral. El juicio se desarrollará durante los días 21, 22, 25, 26 y 27 en Burgos.

Los acusados se enfrentan a 39 y 40 años de cárcel

El pasado mes de julio, el Ministerio Público anunció que solicitaría penas que suman en total los 118 de prisión para todos los acusados: 40 años para R.C.H, 'Calvo' y 39 años para C.C.S 'Lucho' y para V.R.R 'Viti', por un delito contra la libertad sexual, otro delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años y sendos delitos de agresión sexual a menor. Además, el fiscal considera a todos los procesados autores de un delito contra la libertad sexual, por el que solicita un año de prisión para cada uno.

En concreto, por un delito continuado de agresión sexual pide para 'Calvo' 15 años de prisión y 12 años para los otros dos como cooperaadores necesarios. La Fiscalía considera, además a 'Viti' autor de un delito de agresión sexual contra una menor y pide para él 14 años y 12 para los otros dos jugadores por cooperadores necesarios. Por el delito de agresión sexual a una menor, la Fiscalía pide 14 años de prisión para 'Lucho' como autor, y doce años para 'Viti' y 'Calvo'.

Además, el Ministerio Público reclama a los tres jóvenes 50.000 euros de indemnización conjunta y solidaria para la joven y solicita otros 20.000 euros de indemnización individual a 'Calvo', a quien considera autor principal del delito continuado de agresión sexual.

La víctima denunció los hechos unos días después de que ocurriesen, en diciembre de 2017. La niña, que conocía a los jugadores, mayores de edad, subió al piso que estos compartían y allí se produjo la presunta agresión sexual. La menor aseguró en distintas declaraciones en el juzgado que se bloqueó cuando los tres hombres empezaron a manosearla. En distintos informes policiales se hace constar que conocían la edad de la niña y que pretendían mantener relaciones sexuales con ella.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre 39 y 40 años de cárcel para cada uno de los tres exjugadores de la Arandina C.F. a los que acusa en total de un delito contra la libertad sexual, otros dos de agresión sexual a menor de 16 años y un cuarto delito de agresión sexual “continuado” a menor de 16 años.

El Ministerio Público dirige así su escrito de calificación provisional contra los procesados C.C.S 'Lucho', de 24 años; V.R.R 'Viti', de 22 años y R.C.H, 'Calvo' de 19, todos ellos arrestados en diciembre de 2017 por hechos ocurridos un mes antes, han informado fuentes de la Fiscalía. En concreto, solicitará un total de 40 años de prisión para 'Calvo' y 39 años para 'Lucho' y para 'Viti'

La Fiscalía reclama para 'Lucho', 'Viti' y 'Calvo', un año de prisión para cada uno por delito contra la libertad sexual, doce años de prisión para 'Lucho' y 'Viti' como cooperadores necesarios de un delito continuado de agresión sexual a una menor y 15 años para 'Calvo', al que considera autor principal. Por el delito de agresión sexual a una menor, la Fiscalía pide catorce años de prisión para 'Lucho' como autor, y doce años para 'Viti' y 'Calvo'. La Fiscalía considera a Viti autor de otro delito de agresión sexual contra la menor y pide para él 14 años de prisión y 12 para los otros dos jugadores por cooperadores necesarios.

Además, el Ministerio Público reclamará a los tres jóvenes 50.000 euros de indemnización conjunta y solidaria para la joven y otros 20.000 euros de indemnización individual a 'Calvo', a quien considera autor principal del delito continuado de agresión sexual.

La Audiencia provincial de Burgos decretó el día 8 la apertura de juicio oral tras determinar que de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito, por lo que existe base suficiente para su persecución. Con este argumento se procedió a acceder a la petición de apertura del juicio oral formulada contra los procesados. El tribunal desestimó la petición de sobreseimiento de dos de los tres acusados.

En concreto, los tres investigados, C.C.S. 'Lucho', V.R.R. 'Viti' y R.C.H comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero (Burgos), que les había citado para una declaración indagatoria. En esta ocasión todos ellos se limitaron a negar los hechos y acusar a la denunciante de mentir.

La víctima denunció los hechos unos días después de que ocurriesen, en diciembre de 2017. La niña, que conocía a los jugadores, mayores de edad, subió al piso que estos compartían y allí se produjo la presunta agresión sexual. La menor aseguró en distintas declaraciones en el juzgado que se bloqueó cuando los tres hombres empezaron a manosearla. En distintos informes policiales se hace constar que conocían la edad de la niña y que pretendían mantener relaciones sexuales con ella. A pesar de los acusados niegan haber tenido relaciones, una de las defensas insiste en que la edad mental de su representado es similar a la de la víctima.