Maribel nos escribe con la siguiente duda: “a principio de verano, y con la esperanza de que desde mi antigua operadora telefónica me dejasen de llamar, me inscribí en la lista Robinson, pero a día de hoy me siguen llamando con la misma matraca de ofertas que no me interesan. ¿Qué pasa, es que acaso la lista Robinson es un timo? Me gustaría que lo investigárais”. 

¿En qué consiste la lista Robinson?

La lista Robinson parte de un acuerdo de consenso entre diversas empresas pertenecientes a la Asociación Española de Economía Digital, en el que de conformidad se comprometen a respetar la petición de los ciudadanos inscritos en un determinado fichero, de no ser receptores de publicidad que no hayan pedido explícitamente. 

El formato no es exclusivo de España, sino una adaptación de un formato preexistente en los países anglosajones y que se ha tomado como un modelo global estándar de autoexclusión de la publicidad no deseada. Pero si bien es cierto que la gran mayoría, si no la totalidad, de las empresas se comprometen a respetar la lista Robinson, esta también posee valor legal. 

Esto es, nuestra renuncia expresa a recibir publicidad está amparada por la Ley de Protección de Datos. Cualquier violación del compromiso que supone la lista, es denunciable a partir de los dos meses de la introducción de los datos, y por tanto si se recibe publicidad se podrá denunciar o reclamar en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Por otro lado, la inscripción en esta lista es sumamente sencilla, a diferencia de hace unas décadas, cuando se debía enviar una carta con nuestros datos y nuestra petición a la asociación que la patrocinaba. Actualmente basta con entrar en su página web e inscribirse con DNI, usuario, correo electrónico y contraseña. Tras confirmar nuestra identidad respondiendo a un correo del servicio, habremos activado nuestra alta. 

Una vez inscritos, podremos configurar nuestra petición de dejar de recibir publicidad de empresas a las que no hemos dado permiso para que nos la envíen. Esto es, podremos indicar que no queremos recibirla por teléfono ni SMS, y cuáles son los teléfonos vetados; que tampoco queremos ser bombardeados con promociones comerciales por correo electrónico, indicando a qué correos no nos las deben mandar; así como las direcciones en las que no queremos que nos manden cartas. 

¿Por qué me siguen llegando cosas? 

Una vez confirmada nuestra alta en la lista Robinson, lo normal es que no nos lleguen más publicidades. Lo notaremos especialmente en los correos y en llamadas de empresas con ofertas, aunque siempre hay empresas -no suelen ser nunca las grandes- que no respetan el compromiso. No obstante debemos saber que el efecto no es inmediato: las empresas tienen dos meses para cambiar sus registros y darnos de baja de sus ficheros como potenciales receptores publicitarios. 

Durante este periodo de transición es posible que sigamos recibiendo llamadas, correos, SMS o cartas. Pero tras él, estas prácticas deberían acabarse. Si tras los dos meses siguen las comunicaciones comerciales no deseadas, podremos reclamar a la AEPD. No obstante, no descartemos llevarnos alguna sorpresa…

Por ejemplo, y es muy común que tras una reclamación, la empresa denunciada alegue que sí tiene permiso por nuestra parte para enviarnos publicidad. La razón es que la ley ampara que si en algún momento dimos permiso a una empresa de la que fuimos clientes para enviarnos notificaciones comerciales, esta no está obligada a consultar en la lista Robinson si estamos en los ficheros. 

Por lo tanto, todas aquellas empresas a las que al darnos de alta en internet, o al contratar un producto o servicio, dimos permiso para recibir comunicaciones comerciales, pueden seguir mandándonos publicidad a no ser que expresamente les comuniquemos que deseamos el cese de su actividad respecto a nosotros. 

Esta seguramente es la razón por la que Maribel sigue recibiendo llamadas de su antigua operadora a pesar de figurar en los ficheros de la lista Robinson. No obstante, el asunto no reviste mayor importancia si tenemos acceso web a la lista, pues una de las funcionalidades que permite es enviar una petición estandarizada a la empresa en cuestión que nos sigue llamando, buzoneando o enviando correos o SMS, comunicándole que deseamos que desista. 

Con esta acción, que no reviste más complicación que escribir el nombre de la empresa y apretar un botón, las comunicaciones molestas deberán de cesar. Y podemos repetir esta acción con cualquier otro servicio de internet del que sigamos recibiendo promociones. 

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines

Esta es la historia de una victoria de la sociedad civil. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles por unanimidad tumbar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con la que los partidos políticos se autorizaron a rastrear Internet para hacer un perfilado ideológico de los ciudadanos con el objetivo de enviarles propaganda electoral personalizada. Hace tan solo siete meses, el Pleno del Congreso aprobó ese mismo artículo con la unanimidad de todos los partidos políticos.

“Normalmente los recursos de inconstitucionalidad los presenta un partido político de la oposición contra una ley del Gobierno, o el Gobierno de la nación contra una ley autonómica. No sé si ha habido alguna ocasión, yo creo que no, en la que hayan sido los ciudadanos los que han protestado al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad ante una ley que han defendido todos los partidos políticos”, expone Borja Adsuara, jurista experto en derechos digitales.

Adsuara fue uno de los abogados que levantaron la alarma poco antes de la votación definitiva de la ley en el Senado, cuando ya había sido aprobada por unanimidad en la cámara baja. La bola de nieve comenzó en Twitter, donde los abogados expertos en protección de datos y la traslación de las libertades ciudadanas a la red se sorprendieron ante la medida que se estaba negociando. “Ha sido el primero recurso de inconstitucionalidad tuitero”, comenta con sorna Adsuara.

La modificación se escondía en la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que a su vez introducía un nuevo artículo, el 58 bis, en la ley electoral. Es el primer punto de este artículo el que el Tribunal Constitucional ha decretado incompatible con la Carta Magna.

En la práctica, los partidos políticos españoles crearon un “interés público” que les justificaba a perfilar ideológicamente a los ciudadanos a través de información que encontraran en Internet y las redes sociales, una práctica terminantemente prohibida para cualquier otra organización o empresa. En el tercer punto del artículo, se autorizaron a utilizar los datos de contacto que encontraran en esa búsqueda para enviarles información vía SMS, WhatsApp o cualquier método de comunicación electrónica privado. Todo ello sin pedirles un consentimiento previo.

“Es la legalización del Cambridge Analytica español”, acuñó entonces ese grupo de juristas, que llevaron la alarma a los medios de comunicación. Justo antes de la votación final en el Senado, estalló la polémica por el claro rechazo que el texto generó entre todos los expertos que lo analizaban. Las críticas hicieron que los senadores de Compromís, Nueva Canarias, Bildu y Unidos Podemos rechazaran en última instancia una ley idéntica a la que sus grupos habían dado el sí en el Congreso. Podemos anunció entonces que presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra ella, promesa que no cumplió.

El grupo de juristas contrarios a la ley sí lo hizo, mediante el único recurso legal por el que puede presentarlo un ciudadano de a pie. Solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 diputados o 50 senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Constitucional. El filtro para el resto de la sociedad es el Defensor del Pueblo, la otra institución que puede hacerlo, que estudia las reclamaciones del resto de ciudadanos que recibe. Si estima su fundamento, puede hacerlas suyas y defenderlas ante el Alto Tribunal.

Así ocurrió en el recurso de los juristas contra la Ley de Protección de Datos, que contó con la colaboración de múltiples expertos independientes (incluido un ex director de la Agencia de Protección de Datos) así como con organizaciones como la Asociación de Internautas, la Plataforma en Defensa la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Pro Derechos Humanos España y asociaciones profesionales de abogados de protección de datos. El Defensor del Pueblo lo llevo al TC, que lo admitió a trámite el 12 de marzo.

Rápido y unánime

Por unanimidad y en apenas dos meses, lo que supone una extrema rapidez para sus tiempos normales, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 58.1 de la ley. “Es una sorpresa que el fallo haya sido por unanimidad y de forma tan rápida, es un momento importante además porque volvemos a estar en período de campaña electoral. Espero que esto sirva para que no se lleven a cabo prácticas que ahora quedan fuera de la norma, en lugar de hacerse de manera oculta”, explica a eldiario.es Elena Gil, abogada de Secuoya Group, otra de las organizaciones que más claramente alertó desde el principio de los peligros de la ley.

“La recopilación de datos tal y como estaba permitida en este artículo (datos de categoría especial sobre la base del interés público) abría la puerta a otras prácticas como la creación de perfiles sin intervención humana, que son peligrosas para el ejercicio de nuestras libertades”, prosigue Gil, que colaboró también en la Lista Viernes, una iniciativa que intentó funcionar de forma paralela a la Lista Robinson y evitar que los ciudadanos recibieran spam electoral sin consentimiento previo.

El artículo 58 bis fue incluido en el texto a través de una enmienda del PSOE. Su ponente, Artemi Rallo, entonces diputado y senador tras el 28A, defendió en una entrevista con este medio que este se redactó con el objetivo de “dotar de las máximas garantías” a una práctica que, según dijo, es probable que los partidos y las agencias de marketing político a su servicio ya están realizando. En cualquier caso, Rallo recalcó que “la ley no permite crear bases de datos basadas en ideología de los ciudadanos ni el spam político masivo”.

“El problema es que no se puede ser juez y parte. Aquí todos los partidos políticos van a jugar a su propia conveniencia y no a la de los ciudadanos a los que representan”, denuncia en este caso Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI. “Espero que los partidos políticos aprendan de esto y que sean extremadamente pulcros cuando tengan que hacer leyes que les afectan directamente, porque lo que hay que pensar es en los intereses de los ciudadanos y no en los intereses de cada partido”.

“La división de poderes ha hecho posible que un recurso que no contaba con ningún partido, simplemente con el Defensor del Pueblo, haya triunfado oponiéndose a la voluntad mayoritaria de las cámaras”, recuerda el jurista, que defiende el papel de la sociedad civil para tumbar la ley, aunque deja un aviso a navegantes: “Dura poco la alegría en la casa del pobre, nos la intentarán colar por otro sitio. Esperemos que vuelva a haber alguien que lo frene”.

El Tribunal Constitucional acaba de anular por unanimidad el artículo de la ley que permitía a los partidos la utilización de bases de datos con perfilado ideológico de los ciudadanos. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra una iniciativa que fue propuesta por el PSOE y finalmente apoyada por el PP en el Senado en noviembre de 2018.

El texto había sido definido por expertos y juristas como la legalización del “Cambridge Analytica español”. La ley permitía a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo. Con la decisión provisional a la espera de sentencia, el Constitucional pone fin al Spam político segmentado por perfiles ideológicos.

Este era el texto de la disposición final tercera de la nueva Ley de Protección de Datos, que cambiaba la regulación de la propaganda electoral:

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo se prohibieron estas prácticas para las comunicaciones comerciales de las empresas. Con esta modificación del Régimen Electoral, los partidos políticos añadían una excepción en la legislación española a su medida (propaganda política en período electoral) y escapaban al veto del RGPD.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido cerca de 50 reclamaciones por publicidad electoral de partidos políticos, entre ellas, “hay una referencia escasísima” al polémico artículo 58 bis de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) sobre la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la institución que dirige Mar España y que han detallado que estas reclamaciones se encuentran en fase de análisis, es decir, que todavía no han sido ni admitidas a trámite ni desestimadas.

El artículo señala que la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

De este modo, la ley permite a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

Según la norma, el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra el artículo de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) que permite la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas en redes sociales por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.

Los políticos son más políticos que nunca cuando se ven obligados a buscar el voto de los ciudadanos. Besan bebés desconocidos, se suben a tractores, se disfrazan de bombero o intentan comportarse como parroquianos de lugares que nunca antes pisaron. Hasta ahora se veían obligados a ello porque era el ciudadano quien tenía control de su relación con ellos, pudiendo acercarse o alejarse a voluntad. Leerse sus programas o no era una elección personal, al igual que tirar a la basura sus cartas de propaganda o abrirlas, escucharlos cuando aparecían en la radio o en la televisión o hacerlos desaparecer pulsando un botón. Esa capacidad de control se ha limitado.

En esta campaña electoral los políticos podrán acercarse casi tanto como quieran, sin importar si el votante lo desea o no. Se autorizaron a hacerlo en la renovación de la Ley de Protección de Datos, aprobada el pasado noviembre. Mediante una nota al pie en ese texto modificaron la Ley Electoral (artículo 58 bis) para legalizar el envío de su propaganda a WhatsApp, a Telegram o a cualquier otro sistema de mensajería instantánea que sepan que el ciudadano usa. Podrán insistir por SMS o de manera privada a través de cualquier red social donde localicen un votante. La ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que ya valora el recurso contra ella, pero estará plenamente vigente esta campaña.

Interceptar de forma privada al ciudadano sin obtener primero un consentimiento expreso, informado y obligatorio es una práctica prohibida para cualquier empresa u organización. Los partidos eludieron ese veto amparándose en un “interés público” a dar a conocer sus propuestas en periodo electoral. Con ello sumaron la posibilidad de contacto privado y personal a otras ventajas que ya manejaban gracias a las nuevas tecnologías, como la ultrasegmentación de los anuncios en redes sociales, o recurrir a la desinformación teledirigida en momentos clave. ¿Hemos quedado definitivamente desprotegidos ante sus tácticas para conquistar el voto? Los expertos cuestionan este extremo. Lo que parece claro es que estamos expuestos a ellas como nunca antes.

“No sé si estamos más desprotegidos, pero somos mucho más accesibles. Ya es parte de la normalidad que seamos impactados por mensajes no solicitados, a veces de manera invasiva con contenidos no expresamente deseados. Eso sí que es imparable”, expone Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político especializado en el terreno virtual.

El impacto inevitable

Se podría pensar que no hay demasiada diferencia entre la práctica analógica de tirar a la basura una carta con publicidad electoral con la digital de eliminar el mensaje de WhatsApp de un candidato a la presidencia y bloquear su contacto. No es así. La segunda supone un impacto propagandístico directo con un tema y un posicionamiento concreto, aunque no conlleve una reflexión consciente del receptor antes de borrarlo. La carta apenas consigue recordar la existencia de unas siglas antes de desaparecer bajo la tapa del cubo.

“Tenemos grados diferentes de tolerancia respecto a esto”, continúa Gutiérrez-Rubí. “Vemos la publicidad y puede parecer que no la percibimos, pero sí que está impactado de fondo en nosotros. Y si es una publicidad comparable con nuestros intereses y afinidades nos parece menos mal que cuando vemos una propaganda o un contenido que se parecen menos a lo que pensamos”. El analista, director de la consultora Ideograma, ha publicado recientemente un análisis sobre el uso de WhatsApp que han hecho hasta el momento los partidos políticos, y su valoración es que, en general, el uso que hacen de ella no es demasiado extensivo por parte de ninguno de ellos, pese a lo que se ha venido informando.

No se puede descartar que sea un arma que los partidos estén reservando para más adelante. Las nuevas formas de propaganda tienen algo en común: pueden generar impactos inmediatos, pero está comprobado que su efecto es efímero. Así ocurrió, por ejemplo, en el Brexit, donde la campaña Vote Leave que impulsaba a los ciudadanos a votar en contra de permanecer en la Unión Europea reservó la artillería pesada para los últimos días antes de la cita con las urnas. “Hay evidencias razonables de que los anuncios a través de Facebook solo se recuerdan durante un periodo corto de tiempo, así que guardar tus recursos para el final de la campaña es una estrategia más efectiva”, expuso Sam Jeffers en conversación con eldiario.es. Jeffers es promotor de la herramienta Who Targets Me? (¿de quién soy el blanco?), que lanzó en el Reino Unido durante la campaña del Brexit para aumentar la transparencia de los anuncios de Facebook y ya está disponible en España.

Los partidos políticos se liberaron a sí mismos de la necesidad de obtener un consentimiento expreso para ponerse en contacto de forma privada con los votantes gracias al 58 bis, pero antes tenían otra herramienta para explotar su información ideológica apuntando directamente a sus anhelos, miedos o inquietudes. Se trata de los anuncios políticos a través de Facebook, en especial, y de todas las redes sociales en general. Son el segundo territorio donde los ciudadanos quedan expuestos a la propaganda política en campaña electoral, puesto que no hay forma de negarse a recibir propaganda política mientras dure la navegación en estas redes, empresas privadas que se financian a través de esta publicidad. Facebook no es gratis.

¿Mayor acoso? Mayor vigilancia

La presión de la ciudadanía y los poderes políticos ha provocado que la compañía de Mark Zuckerberg cree nuevas herramientas para entender un poco mejor a quién disparan sus anuncios los partidos y qué cuentan a un segmento de votantes y no a otro. No obstante, su principal objetivo es evitar inversiones extranjeras para alterar los procesos electorales a favor de un candidato en concreto, con lo que no está claro que su presencia desincentive a los partidos nacionales de emplear grandes sumas en manipular las elecciones lanzando mensajes ultrasegmentados contradictorios o desinformación. Aunque, por otra parte, casi tres años después de que esta problemática saltara a las portadas tras la victoria de Donald Trump y tras más de 15 meses de investigación sobre las prácticas de Cambridge Analytica, no existe ni un solo estudio que haya demostrado una relación entre el uso de nuevas herramientas tecnológicas y el sentido del voto.

“De hecho, mucha gente se decide poco antes de votar, y cuesta bastante pensar que lo haga porque vea algo en Facebook o Twitter el día de antes”, opina Liliana Arroyo, doctora en Sociología e investigadora de ESADE sobre el impacto social de la tecnología. “Nos podemos alarmar, pero dudo mucho de que el cambio en el comportamiento se traduzca de una forma tan directa. Los seres humanos somos muy malos para cuestionarnos y repensarnos. Es mucho más cómodo pensar de una manera y seguir pensando así, y por mucho que queramos disfrazarlo, este sesgo de confirmación existe, existió antes de Internet y seguirá existiendo en el futuro”, explica.

El sesgo de confirmación dificulta que una persona modifique su opinión pese a recibir una sucesión de impactos propagandísticos. La parte menos buena es que también provoca que necesite reafirmar su modo de pensar y defenderlo constantemente. A veces esta necesidad pesa más que el civismo de no compartir contenido que se intuye que puede ser falso. “La desinformación se comparte con facilidad porque llama mucho más la atención lo que refuerza lo que yo creo, y además estoy mucho más atenta a todo aquello que resuena con lo que yo ya pienso, porque me siento más identificada”, resume la experta. Hay un punto de responsabilidad individual a la hora de preguntarse acerca de qué contenido se comparte, aunque Arroyo también señala que es comprensible que muchos se sientan sobrepasados por “el bombardeo” de una industria que se lucra del engaño: “Es un David contra Goliat”.

“No creo que estemos especialmente desprotegidos ante las estrategias de propaganda de los partidos, sino que nos falta alfabetización digital para todo. Hay que reflexionar sobre cómo consumimos la información, cuánta consumimos, cuánta contrastamos… son ejercicios de ejercicios de salud informativa que no hemos hecho porque aún no nos ha dado tiempo”, resume.

La desinformación juega en casa

A la par que se multiplica la desinformación surgen cada vez más iniciativas para combatirla. Los equipos especializados en verificación de información y detección de bulos están cada vez más presentes en las redacciones periodísticas. De cara a las elecciones 16 de ellos han sumado fuerzas para lanzar Comprobado, una herramienta de consulta para el ciudadano donde sumar fuerzas para funcionar como un gran equipo de chequeo de bulos de cara a la campaña electoral. Está coordinado por Maldita.es y eldiario.es participa con varios de sus periodistas.

No obstante, estas iniciativas juegan en campo contrario. Las noticias falsas son una auténtica bomba de atención e interacciones, pegan a los usuarios a las pantallas porque están diseñadas para eso, para llamar la atención. Sumado a que los algoritmos de las plataformas digitales guían a sus usuarios por los contenidos que son más rentables para ellas, da como resultado un dopaje en alcance que beneficia a la desinformación y perjudica a los desmentidos. Es una de las razones por las que estos nunca consiguen llegar tan lejos como el bulo original.

Lo detalla Javier de Rivera, sociólogo especialista en sociedad digital: “La cuestión es que la posibilidad de manipulación informativa pertenece a quien controla la herramienta, por lo que cualquier iniciativa anti-bulos tiene un efecto limitado. Se pueden conseguir mejoras y concienciar a la gente, pero a largo plazo la ventaja siempre la tiene quien gestiona la herramienta”. Toda iniciativa pensada para las redes sociales, incluso para ayudar a desintoxicar el debate, choca con una realidad tecnológica: el funcionamiento de estas plataformas es asimilable a una caja opaca donde solo se pueden tener indicios de por qué ocurren las cosas, nunca pruebas determinantes. Las empresas que las gestionan nunca las facilitan a periodistas ni investigadores, puesto que el algoritmo es su fórmula de la Coca-Cola.

“El caso es que Facebook y sus sistemas (Whatsapp e Instagram) han demostrado favorecer el uso intensivo de estrategias de desinformación, por lo siempre que les interese pueden volver a hacerlo. En esto está además la cuestión estructural, de la arquitectura funcional del sistema: la imposibilidad de auditar el uso que hacen de la publicidad segmentada y de los dark post (publicidades efímeras e individualizadas de las que no queda registro)”, continúa el sociólogo, quien, pese a todo, también se muestra escéptico ante el potencial real de las nuevas herramientas: “En general la sociedad española parece bastante resistente a las estrategias de manipulación (a las de antes y las de ahora), o quizá es solo que somos incrédulos en general, aunque está por ver el efecto de este tipo de estrategias en las elecciones”.

A finales de noviembre pasado, el Congreso aprobó una nueva la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la negativa de Unidos Podemos. Un texto que abre la puerta a que los partidos políticos creen bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y enviar propaganda electoral personalizada vía WhatsApp y redes sociales sin consentimiento previo.

En aquel momento, a finales de noviembre, el Parlamento Europeo se mostró “alarmado” y la eurodiputada holandesa Sophia in 't Veld (D66, Grupo ALDE) redactó una pregunta escrita a la Comisión Europea alarmada por el riesgo de que se pudieran ver comprometidos los procesos electorales en España a raíz de la reforma legal.

Meses después, este 8 de abril, la Comisión Europea ha respondido en persona a Sophia in 't Veld en la Comisión de Libertades de la Eurocámara, en Bruselas.  “En noviembre presentamos una pregunta a la Comisión sobre la ley española de protección de datos que permite a los partidos usar los datos sin consentimiento previo de los ciudadanos”, ha explicado la eurodiputada, “habida cuenta de que a finales de mes se celebran las generales y luego las europeas”.

El pasado 28 de febrero, ha explicado la vicepresidenta del grupo liberal en el Parlamento Europeo, recibió una respuesta: “Que la Comisión compartía nuestras preocupaciones, que pediría aclaraciones a las autoridades españoles y que luego verían qué hacer. Quisiera saber cómo están las cosas en la Comisión. Todo el mundo está hablando sobre cómo garantizar elecciones libres, y esta reforma resulta chocante”.

Entre tanto, esta reforma legal ha llegado a los tribunales por el recurso del Defensor del Pueblo al Constitucional, que está pendiente de fallar.

Como la respuesta escrita se demoró más allá de los plazos establecidos, la Comisión se ha visto obligada a comparecer. Lo ha hecho a través del jefe de la unidad de Protección de Datos, Oliviar Micol, quien acabó su intervención con un elocuente: “Tenemos las manos atadas”.

Micol explicó que “la comisaria europea de Justicia, Věra Jourová, expresó sus dudas a la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, y que hubo un debate con la autoridad española de protección de datos, que a su vez hizo una circular interpretativa de ese [polémico] artículo 58 de la ley española”.

El portavoz de la Comisión ha reconocido en su comparecencia que han continuado “los debates con las autoridades españolas”y que están “a la espera del veredicto de este caso. A título bilateral vamos a seguir nuestras gestiones y vamos a ver cómo proceder. Estamos esperando la resolución de ese litigio”.

Veld ha respondido con vehemencia: “Las elecciones en España se van a celebrar en menos de tress semanas. ¿Y si después llegamos a la conclusión de que ha habido un problema?. La CE tiene que velar por la aplicación del derecho de la UE y el tiempo es fundamental. ¿Qué va a hacer la CE para evitar que los datos se usen para manipular las elecciones antes del 28A? Se usan en una campaña electoral que ya está en curso. La circular de la AEPD no es una salvaguarda jurídica, es un folleto explicativo”.

“Uno de los deberes de la Comisión”, ha dicho Veld, “es que se aplique el derecho de la UE, y sí puede decirle a las autoridades españolas que la forma en que se aplica la ley no es compatible con el derecho de la UE. Y tenemos el factor tiempo. ¿Por qué esperar a las elecciones para decir que se han usado para manipular?”

Pero la Comisión ha sido un muro: “Trasmitir el mensaje de que estamos preocupados, ya lo hemos trasladado. Ese mensaje ya se ha trasladado. Y no se puede hacer a un nivel superior que la comisaria Jourová lo envíe a la ministra correspondiente. El mensaje se ha trasladado por lo político y lo administrativo. Ahora hay un litigio en España y hay que esperar”.

La eurodiputada de UPyD, Maite Pagaza, también ha intervenido en el debate: “No podemos quedarnos satisfechos con lo que nos indican. Hay que reforzar más para que las autoridades españolas protejan derechos tan sensibles y fundamentales”. 

“Dedicamos muchísimas horas a esta legislación”, se ha lamentado Veld, “y ver que es objeto de un abuso por los partidos por motivos electorales es frustrante. Si lo único que puede hacer la Comisión cuando hay un riesgo de manipulación de la democracia es encogerse de hombros, ¿para qué legislamos?” 

Recurso del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo estimó las solicitudes presentadas por un grupo de juristas expertos en protección de datos y por la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE), que denunciaron que la ley supone la “legalización del Cambridge Analytica español”, ya que perfilar ideológicamente a los votantes y ponerse en contacto con ellos sin su autorización son prácticas prohibidas por la Constitución y la legislación europea. Y recurrió al Tribual Constitucional, que admitió el recurso y está pendiente de fallar.

Para quedar excluidos de la prohibición, los partidos políticos españoles incluyeron una disposición final en la renovación de la Ley de Protección de Datos que modifica la Ley de Régimen Electoral General. Esta les permite llevar a cabo estas prácticas siempre que sea en procesos electorales, amparándose en un supuesto “interés público”.

El PSOE, el grupo que introdujo la disposición final que provocó el aluvión de protestas que han provocado la intervención del Defensor del Pueblo, argumentó que su objetivo era dotar de las “máximas garantías” al uso de medios tecnológicos en procesos electorales. “La ley no permite crear bases de datos basadas en ideología de los ciudadanos ni el spam político masivo”, recalcó Artemi Rallo, portavoz socialista en las negociaciones, en una entrevista con eldiario.es.

Esta visión fue respaldada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El órgano, con capacidad sancionadora, anunció que interpretará la nueva ley de manera restrictiva y “no tolerará” la creación de ficheros ideológicos de los votantes y recordó a los partidos y a las agencias de marketing político que contraten que se exponen a multas de hasta 20 millones de euros si utilizan datos personales de los ciudadanos de manera ilegal para influir en las elecciones.

En este momento hay más de mil madrileños esperando a que Íñigo Errejón les llame por teléfono para debatir sus ideas con él. Es fruto de una campaña peculiar en la política española, que comienza con una llamada y un inesperado “Hola, soy Íñigo Errejón. Esta es mi voz grabada, pero preferiría estar hablando contigo” al descolgar. El equipo del candidato a presidir la Comunidad de Madrid por la marca MásMadrid ha usado las Páginas Blancas para programar “decenas de miles” de llamadas automáticas. En todas se reproduce el mismo mensaje, en el que Errejón ofrece la posibilidad de hablar personalmente: “Si quieres que te llame en algún momento, pulsa 1”.

La campaña comenzó este 12 de marzo y la reacción fue automática. Cientos de usuarios aseguraban sorprendidos en redes sociales que acababan de recibir una llamada de Errejón sin previo aviso. Fuentes de la candidatura explican que la iniciativa “se está desbordando”: “Hay mucha gente que quiere hablar con Íñigo y no sabemos si dará tiempo a llamar a todos”, cuentan. La lista aumentará más, puesto que la campaña de llamadas automáticas no concluye hasta el próximo sábado.

“Estamos trabajando en una campaña en la que escuchar a todo el mundo es central”, justifican desde el equipo de Errejón. “Se nos ocurrió la idea de las llamadas. Nos preocupaba cómo podría recibirlo la gente, al ser en un primer momento una llamada enlatada. Investigamos un poco y vimos que Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o Jeremy Corbyn habían realizado iniciativas similares (aunque no del todo iguales)”, continúan: “Eso nos confirmó que era una buena idea y utilizamos tecnologías parecidas para hacer un primer filtrado de las llamadas”.

Aunque el equipo de Errejón cita a referentes de la izquierda internacional como inspiración, su iniciativa no es inédita en España. Como recuerda el politólogo Ignacio M. Granados, Mariano Rajoy protagonizó campañas similares. La primera representó una de las primeras irrupciones de la política en el terreno digital, en 2008: “Invirtió 100.000 euros y la campaña fue un éxito hasta que se gastó el dinero”, recuerda Granados, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política. La campaña de Errejón no ha ofrecido datos de cuánto ha costado su iniciativa.

La puesta en escena del expresidente era más elaborada, aunque ficticia. Se servía de una página web en la que, tras introducir el nombre y el número de teléfono, aparecía un vídeo que lo mostraba a él junto a varios miembros de su equipo como Ana Pastor o Pío García-Escudero. Se suponía que estaban a punto de empezar una reunión cuando Rajoy dice: “Espera, no estamos todos, falta alguien”, a lo que García-Escudero responde “y ahora ¿qué hacemos?”. “Lo voy a llamar a ver dónde se ha metido”, intervenía el expresidente, que cogía su teléfono móvil y llamaba al número que la persona había indicado: “Hola, soy Mariano Rajoy, ¿dónde te has metido? Te estamos esperando, pero si no puedes llegar, yo lo que te pido es que nos mandes tus ideas a mi página web. Un saludo y un fuerte abrazo”.

Once años después, Errejón también solicita a aquellos que escuchen su mensaje que se registren en la página web de MásMadrid para colaborar con su campaña y sugerir ideas y propuestas. “Hay que tener en cuenta que Errejón tiene múltiples rivales no solo en la derecha, sino también en la izquierda. Por eso tiene sentido darse a conocer, porque puede haber despistados que no sepan que se presenta fuera de Podemos”, opina Granados.

¿Es legal?

La campaña no es solo poco habitual en la política española. También llega en un momento de máxima sensibilidad respecto al uso que pueden hacer los partidos políticos de los datos personales de los ciudadanos obtenidos en Internet. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), aprobada el pasado noviembre, los partidos diseñaron un artículo a su medida, muy favorable y donde no se restringe nada este tipo de prácticas, en contraposición a todas las restricciones para el uso de datos que tienen offline“, denuncia Elena Gil, jurista especializada en protección de datos en la consultora Secuoya Group.

En la citada Ley, los partidos se autorizaron a tratar con fines electorales los datos que encontraran en “fuentes de acceso público”, una categoría en la que encajan las Páginas Blancas a las que ha recurrido Errejón. En el primer impacto, el candidato de MásMadrid solicita un consentimiento expreso para seguir en contacto, con lo que el usuario acepta legalmente el tratamiento de su información. “El problema es que la nueva normativa restringe el uso de los datos a un período de campaña electoral en el que aún no estamos”, expresa Gil.

“Los partidos van a moverse constantemente en estas zonas grises, dejando abierta la puerta para intentar argumentar que no son actos de propaganda electoral”, advierte la jurista, que cita también la campaña oculta del PP con un vídeo de Epi y Blas que reveló este martes eldiario.es. “Parece que están disfrazando actividades electorales intentando rodear la definición exacta de campaña electoral. Igual que el vídeo de Epi y Blas, que parece ser que es un acto de militantes y no de campaña electoral, aunque en la práctica se podría decir que sí”.

Para evitar contactos como este, Secuoya Group acaba de lanzar una iniciativa para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a no recibir propaganda política de antemano. Lo han denominado 'lista Viernes' en un juego de palabras con la 'lista Robinson', el fichero en el que los ciudadanos pueden incluir sus datos de contacto para expresar su objeción a no recibir contactos comerciales de empresas con las que no tienen una relación contractual.

Como los partidos políticos excluyeron su propaganda de la categoría de “comunicación comercial” tras aprobar la LOPD, la lista Robinson es inútil contra su spam. La lista Viernes aspira a proporcionar una herramienta paralela que cubra la propaganda política. El ciudadano introduce sus datos y deja constancia de su oposición a recibirla. “Como es información especialmente sensible, lo que hemos hecho es aplicar una tecnología que se llama de doble ciego. Nuestros datos están cifrados y cuando un partido político nos trae su base de datos, también los ciframos. De forma que nosotros nunca podemos ver los datos que tiene un partido político, y el partido nunca puede acceder a la lista Viernes”, resume Gil.

“Lo que se hace es una comparación entre los datos cifrados, y el resultado de esa comparación son los datos que están en ambas bases de datos: qué personas de la base de datos de un partido político han manifestado a través de nuestra lista que no quieren recibir propaganda electoral. La baza para que esto pueda funcionar es que se inscriba mucha gente para generar presión social y que los partidos crucen sus base da datos con nosotros antes de enviar propaganda, ya que no tienen obligación de hacerlo”.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, aprobada en noviembre de 2018 con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la negativa tras rectificar su postura de Unidos Podemos.

El Defensor del Pueblo consideró las solicitudes presentadas por varios juristas expertos en protección de datos y por la Asociación Pro Derechos Humanos España, que recurrieron el texto al considerar que abre la puerta a los partidos políticos creen bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y enviar propaganda electoral personalizada vía WhatsApp y redes sociales sin consentimiento previo. En concreto, el Defensor del Pueblo estima que con la nueva ley se vulneran los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución.

Los juristas consideraron que la ley supone “la legalización del Cambridge Analytica español”. Perfilar ideológicamente a los votantes y ponerse en contacto con ellos sin su autorización son prácticas prohibidas por la Constitución y la legislación europea. Cuando la nueva LOPDGDD fue aprobada, los partidos incluyeron una disposición final para modificar la Ley del Régimen Electoral General amparándose en el “interés público” de los ciudadanos para recibir las notificaciones.

La Agencia Española de Protección de Datos ha intentado ya limitar el alcance de la ley con una circular de advertencia que inenta poner límite a la aplicación de la normativa “por la existencia de un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

El perfilado ideológico de los ciudadanos puede ser explotado tanto para lograr el voto para un determinado partido, como para intoxicar el debate político y fomentar la abstención de determinados sectores con desinformación. “Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible”, explicó a este medio Borja Adsuara, experto en derechos digitales y promotor del recurso de los juristas ante el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, aprobada en noviembre de 2018 con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la negativa de Unidos Podemos. Según ha podido saber este medio, el Defensor del Pueblo ha estimado las solicitudes presentadas por un grupo de juristas expertos en protección de datos y por la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE), que recurrieron el texto al considerar que abre la puerta a los partidos políticos creen bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y enviar propaganda electoral personalizada vía WhatsApp y redes sociales sin consentimiento previo.

Según denunciaron estos juristas, la ley supone la “legalización del Cambridge Analytica español”, ya que perfilar ideológicamente a los votantes y ponerse en contacto con ellos sin su autorización son prácticas prohibidas por la Constitución y la legislación europea.

Para quedar excluidos de la prohibición, los partidos políticos españoles incluyeron una disposición final en la renovación de la Ley de Protección de Datos que modifica la Ley de Régimen Electoral General. Esta les permite llevar a cabo estas prácticas siempre que sea en procesos electorales, amparándose en un supuesto “interés público”.

El perfilado ideológico de los ciudadanos puede ser explotado tanto para lograr el voto para un determinado partido, como para intoxicar el debate político y fomentar la abstención de determinados sectores con desinformación. “Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Cambridge Analytica sabía que lo más interesante de un usuario eran sus demonios, sus odios. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible”, explicó a este medio Borja Adsuara, experto en derechos digitales y promotor del recurso de los juristas ante el Defensor del Pueblo.

A estas críticas se sumaron organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) o la Asociación de Internautas. Las dudas sobre la maniobra protagonizada por los partidos españoles llegaron incluso al Parlamento Europeo. Desde el Defensor del Pueblo han confirmado que, además de las dos solicitudes contra la ley que se han hecho públicas, la institución ha recibido otras tres más con argumentos a favor de la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

El PSOE, el grupo que introdujo la disposición final que provocó el aluvión de protestas que han provocado la intervención del Defensor del Pueblo, argumentó que su objetivo era dotar de las “máximas garantías” al uso de medios tecnológicos en procesos electorales. “La ley no permite crear bases de datos basadas en ideología de los ciudadanos ni el spam político masivo”, recalcó Artemi Rallo, portavoz socialista en las negociaciones, en una entrevista con eldiario.es.

Esta visión fue respaldada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El órgano, con capacidad sancionadora, anunció que interpretará la nueva ley de manera restrictiva y “no tolerará” la creación de ficheros ideológicos de los votantes y recordó a los partidos y a las agencias de marketing político que contraten que se exponen a multas de hasta 20 millones de euros si utilizan datos personales de los ciudadanos de manera ilegal para influir en las elecciones.

Pese a este posicionamiento de la AEPD, el Defensor del Pueblo ha decidido recurrir la ley ante el Constitucional y hacer suyas las quejas de los juristas. Además de esta institución, solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 diputados o 50 senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. El resto de los ciudadanos deben presentar sus recursos ante el Defensor del Pueblo, que ejerce de filtro. Si los estima, es el propio Defensor el que los sostiene ante el Constitucional, como ocurrirá en esta ocasión.

Ahora el Tribunal deberá decidir si admite a trámite el recurso y si procede suspender la legalización de estas prácticas hasta que emita fallo final. Si esto ocurre, el perfilado ideológico y el envío de propaganda electoral personalizada sería ilegal de cara a las elecciones generales del 28 de abril así como para las autonómicas y europeas del 25 de mayo.

Las alarmas saltaron cuando un Congreso casi unánime aprobaba la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) el pasado mes de noviembre. Una disposición final era la clave por la modificación que introducía en otra norma, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: los partidos políticos habían votado a favor de aprobar una norma que les permitirá recopilar datos personales sobre opiniones políticas de los ciudadanos a través de la información de los mismos en la red. Antes incluso de entrar en vigor el pasado 7 de diciembre, esta modificación ya tuvo que ser aclarada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): “No permitiremos que los partidos políticos hagan perfiles ideológicos de ciudadanos”, explicaba su directora, Mar España, en entrevista con Público.

Este, sin embargo, no ha sido el primer choque entre partidos políticos y la AEPD en relación con el tratamiento de datos personales en campañas electorales. Desde 2015, los partidos han tenido que pagar más de 24.000 euros en multas por inclumplir algún artículo (o varios) de la Ley de Protección de Datos que ahora se reforma. La mayoría -seis de un total de 11- están relacionadas con la utilización de datos personales sin el consentimiento de los afectados para fines propagandísticos. El PP, el partido ARA, el PSOE y hasta tres veces el PSC aparecen denunciados y con multas graves por este tipo de infracción.

El PSC, reincidente, también cuenta con la multa de mayor cantidad impuesta a ningún partido político en los últimos años. 4.000 euros tuvo que pagar por hacer copias indebidas del censo electoral que incluían el número de DNI de los electores durante las generales de 2016. Las otras dos multas, de 900 y 1.500 euros, estaban relacionadas con el envío de propaganda vía sms, en el primero de los casos; y a la cuenta de correo electrónico, en el segundo. Algo parecido le ocurrió al PSOE de La Rioja en 2015: tuvo que pagar 1.500 euros de multa por enviar propaganda electoral a direcciones de correo oficiales de funcionarios del Gobierno regional que no eran públicas pidiendo su apoyo a la candidata Concha Andreu y recordándoles las cosas buenas que había hecho por ellos.

El envío de emails ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza en cuanto a tratamiento de datos a los que se han enfrentado los partidos políticos. Más allá de la utilización de direcciones de email de personas que no habían autorizado su uso para recibir propaganda, cuatro de las 11 multas impuestas al total de partidos políticos sancionan un básico del uso del email: no poner en copia oculta las direcciones en correos masivos. Sin embargo, en este segundo tipo de infracción la variedad de colores brilla por su ausencia: Ciudadanos es el responsable de este mal uso de los datos en tres de las cuatro sanciones; la restante pertenece al PP.

6.300 euros ha pagado en total el partido de Rivera a la AEPD desde 2015 por no poner copia oculta en sus emails. La tercera multa, iniciada con la denuncia de una de las 58 personas a las que iba dirigida un correo, es la más cuantiosa -3.000 euros. La misma resolución de la agencia indica la reincidencia del hecho: “Se considera agravante que el denunciado fue sancionado por esta Agencia en septiembre de 2016 y mayo de 2017 por la remisión de correos sin copia oculta”.

Más allá de la propaganda 

En ciertos casos, los partidos políticos han infringido la Ley de Protección de Datos no para fines propagandísticos, sino con otros objetivos: Bildu pagó a principios de 2018 una multa de más de 3.500 euros por utilizar información sobre el lugar de empadronamiento de dos personas, extraídas del censo electoral de las autonómicas del 2016. Esta información se utilizó, según la resolución de la AEPD, para difundir el vínculo entre esas dos personas, que vivían juntas, acusándolas de favoritismos en la concesión de un contrato, mediante el buzoneo de más de 7.000 folletos en una localidad guipuzcuana.

Aunque la multa a Bildu esté calificada como grave por la AEPD, con una sanción económica entre los 40.001 y los 200.000 euros, el precio que tuvo que pagar fue de 3.600. Esto ocurre en todas las multas interpuestas a partidos políticos durante los años examinados. La agencia aplica rebajas si, por ejemplo, reconocen la culpabilidad (20%) o por el pago voluntario de la multa (otro 20%). Así, de los 6.000 euros con los que había sido multado Bildu, terminó pagando poco más de 3.500.

El partido ARA, nacido en Tarragona, envió un email de propaganda a un correo personal sin ser capaz de identificar de dónde procedía esa dirección de email. La multa que le puso la AEPD llegó a publicarse en el BOE, por haberse agotado las vías previas de aviso. Esto se tradujo en una multa de 3.500 eurosque, esta vez, se quedó en 2.100 euros con las rebajas.

Este artículo se publicó por primera vez en Civio. 

La ley que permite a los partidos políticos enviar publicidad al móvil o correo electrónico de los ciudadanos sin su consentimiento previo se ha publicado este jueves en el BOE y entrará en vigor el viernes. Tras gozar de un apoyo unánime en el Congreso y a pesar de la rectificación de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu en el Senado, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) da vía libre a los partidos para recopilar los datos personales de los ciudadanos que encuentren en redes sociales y páginas web para ponerse en contacto con ellos en períodos electorales.

En España existe un servicio gratuito que ofrece la posibilidad de evitar la recepción de publicidad no deseada. Se trata de la Lista Robinson, con más de 600.000 usuarios activos. Funciona como un índice de personas que han ejercido su “derecho de oposición” y dejado constancia de que no desean recibir propaganda de empresas con las que no tengan relación. La Lista es inútil si el usuario tiene un contrato con la empresa que quiere enviarle su publicidad ya que se esto se considera un consentimiento previo, pero filtra las comunicaciones de todas las demás.

Sin embargo, los partidos políticos han dejado fuera de juego a la Lista Robinson en la nueva LOPD. Han establecido que su propaganda electoral “no tendrá la consideración de actividad o comunicación comercial”, precisamente a las que se refiere la Lista.

“La ley está muy bien pensada. Se nota que le han dado vueltas”, explica Jorge Morell, abogado especialista en protección de datos. “Si quitas la categoría de comunicación comercial a una comunicación, el melón se abre. Puedes enviar lo que quieras sin que el receptor te lo consienta previamente. Solo nos podremos oponer después”, continúa. Este medio ha consultado a múltiples especialistas en la protección de datos sobre el espacio de maniobra que los partidos políticos han dejado para que los ciudadanos puedan evitar su propaganda y todos han coincidido: es mínimo.

“El consentimiento previo es el pilar central sobre el que siempre se ha basado la legislación nacional y la europea”, expone Samuel Parra, consultor en ePrivacidad. “La protección básica es que el ciudadano siempre tiene derecho a saber por dónde están circulando sus datos personales. Para ello la única manera era que se le informe, ya sea si el que está tratando sus datos es una institución, los partidos políticos o las empresas”.

“Interés legítimo” para spamear

Los juristas explican que el recurso legal que han utilizado los partidos es basar su recolección de datos personales en un “interés legítimo” para enviar propaganda electoral. Jorge García Herrero, abogado de protección de datos y especialista en la regulación del interés legítimo advierte que “en Europa están muy preocupados por este tema” y referencia una lista de normas para el tratamiento de datos con fines electorales que preparó la UE justo dos meses antes de la aprobación de la LOPD. Una de ellas es “informar sobre cada propósito de procesamiento, ya sea al recopilar datos directamente o al obtenerlos de terceros”.

“En España, los partidos han decidido que son más listos que nadie”, denuncia en este caso Yolanda Alba, del bufete Almeida. “Se han consentido a sí mismos a hacer algo que está totalmente prohibido para el resto de empresas, organizaciones o instituciones”, acusa.

La letrada resume a eldiario.es los derechos que los ciudadanos tendrán si los partidos se ponen en contacto con ellos, pero protesta: “¿Por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que molestarnos en solicitar nuestros derechos de oposición, supresión o cancelación del uso de nuestros datos, cuando a una empresa normal no se le permite usarlos sin consentimiento?”. Todos los expertos coinciden en que las nuevas normas europeas de protección de datos pretendían evitar prácticas como esta.

¿Una Lista Robinson para partidos políticos?

Varios de los juristas consultados por eldiario.es exponen que están analizando posibilidades para crear una especie de Lista Robinson para partidos políticos en la que los ciudadanos puedan dejar claro de antemano que no desean recibir ningún tipo de comunicación de carácter electoral.

Una de ellas ha fructificado en el formulario colaborativo preparado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas y algunos juristas críticos con el desarrollo de la LOPD. El formulario permite ejercer una oposición previa por escrito al tratamiento de datos personales para elaborar bases de datos ideológicas.

Aunque la LOPD solo refleja que “se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición” a recibir mensajes electorales por vía electrónica, sí ha recogido por primera vez la posibilidad de que los ciudadanos soliciten su exclusión del censo electoral que se facilita a los partidos para el envío de propaganda en formato físico. Hay que solicitarlo en la correspondiente delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.

Aquí puedes repasar todas las tiras de Bernardo Vergara y Manel Fontdevila

El Senado aprobó el miércoles la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. De ahora en adelante, los partidos podrán elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo.

El PSOE, ponente de la ley, justifica el cambio como una “mera transposición” del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa en otros países de la Unión Europea? Con ayuda del abogado experto en protección de datos Jorge García Herrero, nos aproximamos a tres países (Italia, Reino Unido y Francia) para saber si allí el spam electoral está permitido o no.

En Europa te tienen que pedir permiso antes

En la Unión Europea se encuentra el European Data Protection Supervisor (Supervisor europeo de protección de datos), un órgano independiente cuya misión es garantizar que las instituciones y órganos europeos respeten el derecho a la intimidad y la protección de datos. Al mando se encuentra el italiano Giovanni Buttarelli, que en marzo publicó el informe anual del organismo. También lanzaron una opinión (Sobre la manipulación online y los datos personales) donde hacen una serie de recomendaciones dirigidas a los reguladores de protección de datos de los países de la UE.

Unas recomendaciones que, para algunos países como Francia, Italia o Reino Unido han sido muy obvias desde el primer momento, ya que cuentan con informes similares de sus respectivas agencias de protección de datos. El RGPD se aprobó en el 2016 aunque no entró en vigor hasta mayo de este año: es por eso que las agencias europeas (a excepción de la italiana) se pusieron a elaborar unas directrices básicas ante la inminente aprobación de la norma.

En Italia, en marzo de 2014, el Garante per la protezione dei dati personali (Garante por la protección de datos personales) estableció la prohibición general de utilizar datos personales publicados en Internet (redes sociales, foros, etcétera) con finalidades políticas, si los mismos habían sido captados con otras finalidades.

Reino Unido, a través del ICO (Information Commissioner's Office - Oficina de información del comisionado) publicó en abril del 2017 sus propias líneas maestras, actualizadas tras la aprobación del RGPD el pasado 25 de mayo. El organismo británico enuncia qué medidas se aplican según el tipo de envío de propaganda y establece diferencias en el tratamiento de esos datos en el ámbito de una campaña electoral. El ICO también deja claro que si un partido político se dedica a recopilar datos de ciudadanos desde una web u otra fuente, tiene que informar expresamente a esa persona sobre cómo va a tratar sus datos.

En Francia, de forma similar al Reino Unido, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) publicó en noviembre del 2016 unas directrices donde afirman que el tratamiento de los datos personales por parte de los partidos políticos solo puede ser posible si antes la persona ha dado su consentimiento.  “La autoridad francesa se ha leído este informe y ha emitido unas directrices diciendo: 'Esto se hace así y esto no se hace así'”, explica García.

El abogado explica en su blog cómo esa opinión del EDPS “equipara en riesgo los tratamientos de datos incontrolados realizados por 'los publicistas o actores comerciales' (sustancialmente el sector del e-marketing directo) y por los 'publicistas o actores no comerciales' (Gobiernos, candidatos, partidos políticos, lobbies...)”. En pocas palabras, el supervisor europeo pone a la misma altura a una consultora como Cambridge Analytica y a un partido político que persiga hacerse los datos de los ciudadanos.

“Este artículo [por el 58 bis] va en dirección contraria a todos los consejos de Butarelli, a todas las directrices de las autoridades de los países 'civilizados'”, concluye García. La polémica ya está servida.

La nueva ley que permitirá a los partidos políticos el envío sin consentimiento y personalizado de propaganda electoral ha sorprendido y alarmado en Bruselas. El artículo que permite el spam electoral y la creación de bases de datos con perfiles ideológicos de los ciudadanos es “muy preocupante” y “no encaja” en el Reglamento europeo, según fuentes del Parlamento Europeo. Según los expertos que han tramitado la norma europea, la ley además “plantea problemas con respecto al respeto de los derechos fundamentales, como la intimidad, la protección de datos o la libertad de expresión”.

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) ha sido aprobada este jueves con su último trámite en el Senado. Unidos Podemos dio marcha atrás en el último momento y evitó apoyar un texto al que habían dado el visto bueno en el Congreso. Fuentes de la dirección de este grupo parlamentario reconocen que el artículo más polémico, deslizado a través de una disposición añadida a última hora por el PSOE, sencillamente no lo vieron hasta que no se publicó este martes en eldiario.es. A los votos en contra de los senadores morados se sumaron los de Compromís, Bildu y Nueva Canarias. El resto de partidos, entre ellos PSOE, PP y Ciudadanos, votaron a favor.

La posibilidad de enviar propaganda electoral sin consentimiento está contenida en la disposición final tercera de la LOPD, que a su vez incluye un nuevo artículo (58 bis) en la ley electoral. Este artículo es claro y conciso:

En resumen, la ley permite a los partidos políticos hacer usos y comunicaciones con los datos personales de los ciudadanos que están prohibidos para las empresas: envío de correos, whatsapp, mensajes directos de Twitter o Facebook, que además estarán adaptados a los intereses políticos de cada ciudadano según su opinión expresada en redes sociales o cualquier página web; todo ello sin consentimiento previo. Ese mismo uso de bases de datos para segmentar a los ciudadanos y personalizar la propaganda es lo que en Estados Unidos se ha venido a conocer como el escándalo de Cambridge Analytica, por el que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ha tenido que dar explicaciones en el Congreso de EEUU o en el propio Parlamento Europeo.

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, expuso este miércoles ante la prensa que los cambios en la ley española solo buscan “una transposición directa” del Reglamento General de Protección de Datos elaborado en Europa. “Estamos hablando de un marco legal europeo en el que se establece en esta cuestión y se trata de trasponerlo al ordenamiento jurídico nacional”, afirmó.

En Bruselas desmontan esta tesis y niegan “el fundamento jurídico del artículo 58 bis” de forma tajante: “El reglamento europeo de protección de datos no permite la elaboración de perfiles de personas ni la obtención de datos de las redes sociales sin el consentimiento previo de esa persona”, aseguran a eldiario.es fuentes del Parlamento Europeo.

La de los expertos en el desarrollo del reglamento no es una voz aislada. En una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado octubre, los eurodiputados pidieron específicamente “prohibir la elaboración de perfiles para fines políticos y electorales y el uso de información sobre el comportamiento en Internet que pueda revelar preferencias políticas”.

El pasado martes, eldiario.es preguntó al ponente de la ley, el diputado del PSOE y ex director de la Agencia de Protección de Datos Artemi Rallo, sobre las voces que alertaban de la vulneración de derechos que podía suponer esta ley. Rallo aseguró que el objetivo del criticado artículo 58 bis es “intentar introducir más garantías y seguridad jurídica” al reglamento, teniendo en cuenta lo que explica un añadido, un “considerando” como se denomina en lenguaje legislativo europeo, que dice lo siguiente:

Desde el Parlamento Europeo responden que “sin embargo, la ley española no prevé salvaguardias apropiadas, salvo un derecho de objeción que no parece suficiente”. El Parlamento Europeo aprobó el RGPD en 2016. Dio dos años a los Estados y empresas para que adaptaran todos sus procesos a las nuevas normas de protección de datos, y fijó el 25 de mayo de 2018 como la fecha en la que entraría en vigor definitivamente. A diferencia de las directivas europeas, el Reglamento no necesita ser ampliado ni matizado por los congresos nacionales, con lo cual no era necesaria una adaptación de la ley española.

En todo caso, no corresponde al Parlamento sino a la Comisión Europea vigilar el cumplimiento del reglamento. La Comisión ha declinado hacer valoraciones a eldiario.es sobre la nueva ley española pero nos remite a las orientaciones “para garantizar elecciones libres y justas” publicadas tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica.

Unidos Podemos ha anunciado que recurrirá la Ley de Protección de Datos al Tribunal Constitucional. La Agencia de Protección de Datos, por su parte, ha adelanto este jueves que “no permitirá” a los partidos políticos crear bases de datos con información ideológica de los ciudadanos. Por contra, ha reconocido que la práctica de recopilar datos de contacto como el número de teléfono o el email para enviar propaganda electoral sin consentimiento previo ha pasado a ser legal en España con la aprobación de la ley.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avisado este jueves a los partidos políticos que “no se va a permitir el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas, y no se va permitir el envío de información personalizada basada en perfiles ideológicos”. La directora de este regulador independiente con capacidad sancionadora, Mar España, ha querido aclarar la interpretación que la Agencia hará de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que se aprobó ayer en el Senado.

España ha asegurado en una reunión informativa que la aplicación de la norma por parte de la AEPD será “la más garantista posible” en lo referente a la posibilidad de generar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos. El órgano, encargado de interpretar y aplicar la ley, entiende que esta no autoriza a los partidos a llevar a cabo esta práctica y anuncia que adoptará una actitud “extremadamente rigurosa y vigilante” para impedirla. En esta línea, ha advertido que puede sancionar a los partidos que la lleven a cabo con hasta 20 millones de euros.

El punto de la nueva norma de protección de datos que ha generado críticas es su disposición final tercera, que a su vez introduce una modificación en la Ley de Régimen Electoral General. Múltiples juristas y organizaciones como la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han alertado que este cambio ha supuesto legalizar “el Cambridge Analytica español” y su redacción es deficiente, ya que abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre lo que pueden hacer o no los partidos con la información ideológica que encuentren sobre los ciudadanos en su rastreo de páginas web y redes sociales que se han auto-autorizado a hacer.

“La Agencia no va a valorar si está bien redactado o no, aunque lo que sí trasladó la Agencia durante las negociaciones fue que quizá el marco más adecuado para una modificación de ese calado no era el marco de la protección de datos”, ha revelado este jueves España.

La AEPD afirma que el rastreo de las redes sociales y páginas web por parte de los partidos solo podrá ser usado para “pulsar la opinión pública” de forma anónima, pero que estos no podrán utilizar esa información para enviar propaganda personalizada.

Los partidos podrán enviar propaganda al móvil aunque nunca les hayas dado tu número

Lo que ha reconocido España es que ni la interpretación más garantista de la ley por parte de la AEPD podrá impedir que los partidos rastreen las redes hasta encontrar los datos de contacto de los ciudadanos, como el número de teléfono o email, y se pongan en contacto con ellos sin su consentimiento previo.

Esta práctica esta prohibida para el resto de empresas y organizaciones, que no pueden enviar propaganda si no existe una relación contractual previa y el ciudadano está de acuerdo. Con la modificación de la ley electoral vía ley de protección de datos aprobada este miércoles en el Senado, los partidos han añadido una excepción para sí mismos que les permite el envío de spam durante las campañas electorales a partir de datos que encuentren en Internet.

¿Cuál es la justificación de esta excepción? “Eso tendrán que preguntárselo a los partidos que han negociado la ley, a la Agencia solo le corresponde interpretarla”, ha contestado España. La directora de la AEPD sí ha querido reseñar que los partidos tendrán la obligación de garantizar una manera sencilla y efectiva para oponerse al envío de esa publicidad electoral.

Los Tribunales tendrán que decidir

Sobre la posibilidad de que la Agencia lleve a cabo otra interpretación de la ley cuando cambie su dirección (el mandato de España concluye en 2019) y permita a los partidos llevar a cabo las actuaciones que ahora les negará, España ha opinado que “para entonces ya habrá un posiciamiento jurídico firme”.

La directora de la AEPD confirma así la previsión de muchos juristas, que explican que la ley terminará en los tribunales. Unidos Podemos anunció este miércoles que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional, mientras que hoy se han unido a esa voluntad organizaciones como la Asociación de Usuarios de Internet.

Era una ley con una bomba de relojería escondida dentro. España ha legalizado este miércoles que los partidos puedan recopilar opiniones políticas de los ciudadanos rastreando las redes sociales y páginas web, para luego enviar propaganda electoral personalizada en base a esos datos. La medida iba incluida en la disposición final tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales (LOPD), y ha explotado en el último momento, con numerosos posicionamientos en contra. La ley no había concluido todavía su trámite parlamentario, pero ya era demasiado tarde para impedir cruzara la línea de meta, aunque fuera por pura inercia dada la unanimidad hasta un día antes de la votación final.

El punto que autoriza a los partidos a llevar a cabo estas prácticas, prohibidas para el resto de empresas u organizaciones, está fuera del articulado. Es una disposición final, la tercera, que modifica un artículo de la ley electoral y la forma en que los partidos pueden contactar con los ciudadanos. A partir de ahora podrán hacerlo vía aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, email, o a través de mensajes directos a través de las redes sociales, aunque también quedan legalizadas otras conductas que les permiten elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos.

Ni esa disposición final que modifica la ley electoral ni el apellido de la ley, “de garantía de derechos digitales” (y que incluye 17 de ellos), se encontraban en el primer borrador de la ley. Este se lanzó hace justo un año, el 24 de noviembre de 2017. Entonces era simplemente “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal”.

El Congreso comenzó las negociaciones con dos motivaciones: por un lado renovar la vetusta Ley de Protección de Datos, de 1999, y por otro adaptar a la legislación española al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. Este reglamento, a diferencia de las directivas europeas, no necesita ser traspuesto por los legisladores nacionales, ya que es de aplicación directa.

El RGPD se aprobó en 2016, pero debido impacto que tendría en las prácticas de empresas y Estados en el tratamiento de los datos personales, las autoridades comunitarias concedieron dos años de moratoria para adaptarse a él. La fecha límite en la que entraría en vigor, se fijó el 25 de mayo de 2018, pero pasó de largo antes de que el Congreso tuviera listo el texto: el escándalo de Cambridge Analytica y el cambio de gobierno se cruzaron en la tramitación de la ley.

Después de las revelaciones de manipulación de Donald Trump gracias a la empresa británica, el PSOE propuso incluir un titulo nuevo para desarrollar una serie de derechos digitales. Lo hizo en marzo de 2018 y entre ellos se encontraban la neutralidad de la red o el derecho de acceso universal a Internet, pero también otros referentes a la educación, la protección de la infancia o la desconexión digital de los trabajadores fuera del horario laboral. El resto de partidos apoyaron la iniciativa.

Esta decisión fue la primera que elevó las dudas de los expertos. Los juristas alertaron de que algunos de esos nuevos derechos se encontraban ya previstos en otras leyes o incluso en la Constitución. “Los llamados ‘derechos digitales’ ya están reconocidos en leyes específicas, desde el derecho al honor en Internet al derecho a la privacidad: es innecesario regular el espacio digital para proteger derechos fundamentales que los ciudadanos ya tienen garantizados”, defendió entonces la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que entendió que la norma añadía “inseguridad jurídica”.

La patronal de las empresas tecnológicas que operan en España se sumó a las dudas. Pidió al Congreso abrir un proceso público para elaborar una ley de derechos digitales y no incluirlos en la protección de datos, una ley “ con un objeto muy concreto y radicalmente diferente”. Para la asociación, DigitalES, “la fórmula elegida para regular sobre una materia tan importante para los ciudadanos es imprecisa y poco transparente”. “Organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar derechos digitales por la puerta de atrás”, señaló en un comunicado.

Dado que algunos de ellos se reconocen de forma pionera en Europa, los partidos usaron este nuevo título para publicitar la ley como una norma “muy ambiciosa”, como varios de ellos han repetido este miércoles en el Senado.  

Prerrogativas para los partidos

La inclusión de la disposición final tercera y la posibilidad de elaborar un perfil ideológico de los ciudadanos y enviar propaganda electoral al móvil llegó aún más avanzado el proceso parlamentario. Apareció en la ley en el 17 de octubre, poco antes de que esta se ratificara en el Pleno del Congreso por unanimidad y pasara al Senado. No fue el único beneficio que se arrogaron los partidos en la redacción de la ley. También impidieron que sus grupos parlamentarios puedan recibir multas por violar la protección de datos: tras la aprobación de la ley solo podrán recibir “apercibimientos”, sin sanciones económicas o mayores consecuencias. 

Para entonces, el texto de ley ya había sido capaz de aunar numerosas críticas de expertos, por un lado, con el apoyo unánime de los partidos, por otro. Finalmente, ha sido la acusación de ser la “legalización del Cambridge Analytica español” por parte de un nutrido grupo de abogados especialistas en Internet lo que ha provocado que Unidos Podemos, Compromís, Bildu y Nueva Canarias deshagan el consenso en la última votación de Senado. Los morados denuncian que la medida se incluyó como “una enmienda técnica” por parte del PSOE.

En declaraciones a este medio, el diputado socialista que incluyó la disposición final tercera en el texto de la ley, Artemi Rallo (ex director de la Agencia Española de Protección de Datos) afirmó que lo que su grupo pretendía “con ese artículo es precisamente lo contrario: introducir garantías ante varios riesgos que producen las nuevas tecnologías en los procesos electorales e impedir que pueda pasar nada parecido a lo de Cambridge Analytica”.

“Muchos creen que eso se está haciendo. Es decir, que hay empresas de mercadotecnia que ofrecen este tipo de servicios a los partidos. Yo no lo sé, pero en el supuesto de que eso ocurra, no hay un marco legal que lo regule. Por lo tanto, era de interés general que estableciéramos la exigencia que se cumplan las garantías adecuadas, en caso de que se realice ese tipo de profiling electoral”, expuso.

Poco antes de la votación de este miércoles, Unidos Podemos ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Tras haber votado tres veces a favor (comisión de Justicia del Congreso, Pleno del Congreso y comisión de Justicia del Senado), denuncia ahora que “resultaría muy peligroso que los partidos políticos tuvieran vía libre, sin previa autorización, para contactar con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, realizar perfiles ideológicos y, además, almacenarlos posteriormente en bases de datos”.

Varios de los juristas que han cargado contra la LOPD consultados por este medio opinan que la disposición final tercera será anulada por la justicia antes o después. Sin embargo la opinión no es unánime, puesto que el Considerando 56 del RGPD abre la puerta a ello, aunque precisa que solo se debe realizar “si el funcionamiento del sistema democrático lo exige”.