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TECNOLOGÍA

El Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley que permite a los partidos recoger opiniones políticas personales en Internet

El Constitucional ha resuelto por unanimidad admitir el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo

La nueva ley electoral permite a los partidos políticos crear bases de datos ideológicas y enviar spam electoral

La Agencia de Protección de Datos ha intentado limitar el alcance de la ley con una circular de advertencia

El TC anula una sentencia que ignoró la doctrina del TJUE de las cláusulas abusivas

El TC EFE

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, aprobada en noviembre de 2018 con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la negativa tras rectificar su postura de Unidos Podemos.

El Defensor del Pueblo consideró las solicitudes presentadas por varios juristas expertos en protección de datos y por la Asociación Pro Derechos Humanos España, que recurrieron el texto al considerar que abre la puerta a los partidos políticos creen bases de datos con información ideológica de los ciudadanos y enviar propaganda electoral personalizada vía WhatsApp y redes sociales sin consentimiento previo. En concreto, el Defensor del Pueblo estima que con la nueva ley se vulneran los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución.

Los juristas consideraron que la ley supone "la legalización del Cambridge Analytica español". Perfilar ideológicamente a los votantes y ponerse en contacto con ellos sin su autorización son prácticas prohibidas por la Constitución y la legislación europea. Cuando la nueva LOPDGDD fue aprobada, los partidos incluyeron una disposición final para modificar la Ley del Régimen Electoral General amparándose en el "interés público" de los ciudadanos para recibir las notificaciones.

La Agencia Española de Protección de Datos ha intentado ya limitar el alcance de la ley con una circular de advertencia que inenta poner límite a la aplicación de la normativa "por la existencia de un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas".

El perfilado ideológico de los ciudadanos puede ser explotado tanto para lograr el voto para un determinado partido, como para intoxicar el debate político y fomentar la abstención de determinados sectores con desinformación. "Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible", explicó a este medio Borja Adsuara, experto en derechos digitales y promotor del recurso de los juristas ante el Defensor del Pueblo. 

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