El Festival de les Arts superó el pasado viernes “en exceso” los decibelios que marca la normativa municipal del ruido en los tres escenarios, según esgrime la resolución del Ayuntamiento de València que propició la suspensión del evento, a la que ha tenido acceso este diario.

El consistorio recuerda a la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) que “se ha de dar estricto cumplimiento” a la sentencia firme de un juzgado de lo Contencioso de València que protege a los vecinos de la zona de la contaminación acústica que han sufrido durante años a consecuencia de la inacción de la Policía Local. Sin embargo, en la última edición del festival, agentes de la Policía Local acreditaron que los promotores del evento habían incumplido los niveles de decibelios “previstos” y pactados previamente.

La organización del festival, ante las numerosas quejas del público, subió el volumen a medida que crecían los gritos de los espectadores en protesta por el bajo sonido en los distintos escenarios, tal como informó este diario. Artistas como Leire Martínez o Álvaro Benito, cantante de Pignoise, se disculparon ante sus fans por el escaso sonido de sus actuaciones en directo.

En el escenario 1 se registraron niveles puntuales superiores a los 96 decibelios, en el segundo escenario superiores a los 91 decibelios y, en el tercero, superiores a los 88 decibelios. El festival, por tanto, superó de largo la limitación pactada entre la empresa promotora (House of Music Festivals SL) y CACSA de un máximo de 85 decibelios en horario diurno y de 80 decibelios en horario nocturno.

Los informes de la Policía Local y del Servicio de Inspección Municipal concluyen que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica” presentada ante el Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá.

La resolución municipal acredita que en la primera jornada del festival se registraron “niveles de emisión e inmisión de ruido en vivienda muy superiores a los incluidos en estudio acústico y certificación acústica” aportados por el promotor y por CACSA. Se rebasó en seis decibelios los límites sonoros establecidos en la normativa aplicable y en la documentación acústica aportada por el promotor.

El documento, firmado por el jefe de servicio del área municipal de Licencias y Actividades, acuerda remitir la resolución al titular de la Plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València, que dictó la sentencia sobre la contaminación acústica.

Los promotores siguen apostando por el “emplazamiento habitual”

Los promotores del evento han emitido un comunicado, tras la cancelación, que arremete contra el consistorio, del que dice que declinó reunirse con ellos durante la fase de preparación del festival. “Ante esta situación nos vimos obligados a seguir trabajando hasta el final para hacer viable la celebración de Festival de les Arts en su emplazamiento habitual”, agrega el comunicado, que también desliza que la demanda que propició la sentencia fue impulsada por “unos pocos vecinos” de un edificio en concreto (del que detallan la dirección exacta).

La polémica cancelación del festival, sin embargo, no ha hecho desistir a los promotores: “Seguimos creyendo que la Ciutat de les Arts i les Ciències es un lugar extraordinario para acoger proyectos culturales que proyectan nuestra ciudad al mundo”, señala el comunicado, que apuesta por el diálogo con vecinos e instituciones.

Por su parte, dos entidades de la industria musical vinculadas a los promotores del festival (Promfest y MusicaProCV) lamentaron en un comunicado la cancelación de “uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano”.

Ambas entidades piden una “planificación a largo plazo que identifique espacios adecuados para la celebración de eventos musicales, que aporte seguridad jurídica a los organizadores y que permita anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis que dañen la imagen de la ciudad”. 

La asamblea de la acampada educativa de València, después de dialogar durante toda la jornada del miércoles con los organizadores de la festividad del Corpus Christi, que se celebra el próximo domingo en la plaza de la Virgen de la capital valenciana, ha decidido reubicarse “temporalmente” en la misma plaza para “facilitar el correcto desarrollo de la festividad en un año tan importante como este en el que se cumplen los 700 años”.

Con este gesto, explican, quieren demostrar su “respeto por la cultura valenciana”. “Creemos que el diálogo constructivo es la mejor herramienta para evitar una confrontación que saque del foco nuestras reivindicaciones por la educación pública que nos lleva a ocupar la plaza”, aseguran.

A causa de la acampada, que está instalada en este espacio, en el entorno de la Catedral y la Basílica, pero también de la sede de instituciones como el Palau de la Generalitat, la Diputación de València o las Corts Valencianes, el Ayuntamiento había remitido una carta a la Delegación del Gobierno para que procediera a la adopción de las “medidas oportunas”, así como para que esa intervención se produjera “con la mayor celeridad posible” teniendo en cuenta los actos previstos para los próximos días.

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de València aprobó en junio del pasado año un convenio de colaboración con la Fundación del Santo Cáliz de la Comunitat Valenciana para la promoción y la internacionalización de la reliquia, que se encuentra en la Catedral de València. Tal y como anunció la corporación.

La aprobación del convenio entre ambas instituciones supuso una subvención nominativa por parte de la delegación de Turismo que dirige la concejala Paula Llobet de 100.000 euros prevista en el presupuesto municipal de 2025 para la financiación de la Fundación.

El concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, afirmó entonces que el objetivo era “poner en valor nuestro patrimonio, nuestra identidad, la que tenemos como valencianos”. Para Caballero, “tenemos la suerte de tener aquí una reliquia muy valiosa y que atrae a muchísimas personas tanto a nivel nacional como internacional”. Lo que no dijo es que entre las actividades a subvencionar se incluían comidas por importe de hasta 1.000 euros.

Tal y como recoge el expediente municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, una vez finalizado el ejercicio el plazo para la justificación de los gastos será de 3 meses desde la finalización de la realización de la actividad, esto es, el 31 de marzo de 2026.

Sin embargo, “una vez subsanadas por la entidad beneficiaria las deficiencias apreciadas en la cuenta justificativa, el importe del gasto que se puede tener como justificado asciende a 59.470 euros”.

Entre la documentación subsanada figuran dos facturas por un valor total de 1.052 euros del pasado 10 de diciembre correspondiente a una comida en Palau Alameda. Según el informe municipal, “se trata de facturas de comidas” y advierte de que “solamente podrá tenerse como gasto subvencionable, conforme establece la cláusula segunda del Convenio, los gastos de personal directamente implicado en la actividad, es decir, ponentes y formadores de cursos o Congreso; por lo tanto, deberá indicarse en un escrito qué personas son, a qué día corresponde y cuando tuvo lugar la ponencia y el curso que dio lugar a la comida y el gasto individualizado del mismo, excluyendo las bebidas alcohólicas”.

En la resolución final del Ayuntamiento del pasado 19 de mayo se advierte que del total facturado en el ágape “se excluyen los importes correspondientes a las bebidas alcohólicas, que asciende a 145 euros”.

El mencionado documento también pone de relieve que hay facturas por valor de 42.663 que tampoco son subvencionables porque van a nombre de A. P., patrona de la fundación: “De la documentación obrante en las actuaciones administrativas queda acreditado que era persona vinculada con la entidad beneficiaria”, si bien es cierto que acto seguido especifica que la propia entidad beneficiaria excluye de la cuenta justificativa las mencionadas facturas al ser advertida en el informe preliminar de que no se ajustan a la normativa.

Además, tampoco se pueden abonar facturas por valor de 939,45 euros, la mayoría en gastos de la imprenta online Pixartprinting Spa, por estar expedidas fuera de territorio español.

Entre las actividades más destacadas que llevó a cabo la Fundación del Santo Cáliz figura el Congreso ‘Santo Cáliz de Valencia: Investigación, Historia y Alcance Global’ que tuvo lugar entre el 2 y el 4 de diciembre del pasado año en el Palacio de la Exposición de València en el que participaron, entre otros, Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología y miembro del comité científico de la Fundación Santo Cáliz, el exministro José Manuel García Margallo o la concejala de Turismo, Paula Llobet.

A preguntas de elDiario.es desde la Fundación del Santo Cáliz han declinado hacer comentarios.

La junta de Govern de l’Ajuntament de València va aprovar el juny de l’any passat un conveni de col·laboració amb la Fundació del Sant Calze de la Comunitat Valenciana per a la promoció i la internacionalització de la relíquia, que es troba en la catedral de València. Tal com va anunciar la corporació.

L’aprovació del conveni entre totes dues institucions va suposar una subvenció nominativa per part de la delegació de Turisme que dirigeix la regidora Paula Llobet de 100.000 euros prevista en el pressupost municipal del 2025 per al finançament de la Fundació.

El regidor portaveu, Juan Carlos Caballero, va afirmar llavors que l’objectiu era “posar en valor el nostre patrimoni, la nostra identitat, la que tenim com a valencians”. Per a Caballero, “tenim la sort de tindre ací una relíquia molt valuosa i que atrau moltíssimes persones tant a escala nacional com internacional”. El que no va dir és que entre les activitats a subvencionar s’incloïen àpats per import de fins a 1.000 euros.

Tal com recull l’expedient municipal a què ha tingut accés elDiario.es, una vegada finalitzat l’exercici, el termini per a la justificació de les despeses serà de 3 mesos des de la finalització de la realització de l’activitat, això és, el 31 de març de 2026.

No obstant això, “una vegada esmenades per l’entitat beneficiària les deficiències estimades en el compte justificatiu, l’import de la despesa que es pot tindre com a justificat ascendeix a 59.470 euros”.

Entre la documentació esmenada figuren dues factures per un valor total de 1.052 euros del 10 de desembre passat corresponent a un àpat en Palau Albereda. Segons l’informe municipal, “es tracta de factures d’àpats” i adverteix que “solament podrà tenir-se com a despesa subvencionable, tal com estableix la clàusula segona del conveni, les despeses de personal directament implicat en l’activitat, és a dir, ponents i formadors de cursos o congrés; per tant, haurà d’indicar-se en un escrit quines persones són, a quin dia correspon i quan va tindre lloc la ponència i el curs que va donar lloc a l’àpat i la despesa individualitzada d’aquest, excloent les begudes alcohòliques”.

En la resolució final de l’Ajuntament del 19 de maig passat s’adverteix que del total facturat en l’àpat “s’exclouen els imports corresponents a les begudes alcohòliques, que ascendeix a 145 euros”.

El document esmentat també posa en relleu que hi ha factures per valor de 42.663 que tampoc són subvencionables perquè van a nom d’ A. P., patrona de la fundació: “De la documentació que hi ha en les actuacions administratives queda acreditat que era persona vinculada amb l’entitat beneficiària”, si bé és cert que tot seguit especifica que la mateixa entitat beneficiària exclou del compte justificatiu les factures esmentades en ser advertida en l’informe preliminar que no s’ajusten a la normativa.

A més, tampoc es poden abonar factures per valor de 939,45 euros, la major part en despeses de la impremta en línia Pixartprinting Spa, per estar expedides fora de territori espanyol.

Entre les activitats més destacades que va dur a terme la Fundació del Sant Calze figura el Congrés ‘Sant Calze de València: investigació, història i abast global’ que va tindre lloc entre el 2 i el 4 de desembre de l’any passat en el Palau de l’Exposició de València en què van participar, entre altres, Jorge Manuel Rodríguez, president del Centre Espanyol de Sindonologia i membre del comité científic de la Fundació Sant Calze, l’exministre José Manuel García Margallo o la regidora de Turisme, Paula Llobet.

A preguntes d’elDdiario.es, des de la Fundació del Sant Calze han declinat fer comentaris.

La exconcejala de Vox, Cecilia Herrero, está cada vez más cerca de banquillo de los acusados por sus tuits racistas. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado su procesamiento, desestimando el recurso de la defensa de Herrero contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 31 de octubre por la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

El auto, avanzado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, afirma que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y emplaza a discernir sobre la calificación de los hechos en el eventual juicio oral. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Herrero, que tras abandonar Vox sigue de edil, por sus tuits racistas, en los que tildaba a los migrantes de “salvajes” e “invasores”, entre otras lindezas.

La Audiencia de Valencia rechaza el recurso de la defensa de la edil, que ejerce la abogada Polonia Castellano (líder de Abogados Cristianos) y recuerda que el derecho fundamental a la libertad de expresión no es “absoluto”. En el ordenamiento jurídico español, se encuentra limitado por el respeto a los “derechos fundamentales de terceros”, entre ellos el honor, la dignidad y la no discriminación, “así como en la eventual concurrencia de ilícitos penales”.

Por otro lado, el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Antonio Mora Alarcón, destaca que en la actual fase procesal “basta con apreciar la existencia de indicios de que las expresiones vertidas pudieran exceder los límites constitucionalmente protegidos, sin que corresponda aún efectuar un juicio definitivo de ponderación, reservado al plenario [el juicio oral]”.

También argumenta que el hecho de que algunos de los mensajes de X (antiguo Twitter) fueran posteriormente borrados, “no elimina la eventual relevancia penal de la conducta en el momento de su publicación, ni priva de eficacia a los indicios ya recogidos durante la instrucción”.

“Del mismo modo”, apostilla la resolución, “la circunstancia de que los hechos se hubieran producido con anterioridad a una eventual intervención del investigado en la vida política resulta jurídicamente irrelevante, ya que la eventual condición pública o privada del sujeto activo no constituye elemento del tipo ni excluye la apreciación de indicios de criminalidad”.

El PSPV y Compromís piden el cese de Herrero

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, María José Catalá, de “mantener en el Gobierno municipal” a la concejala de Vox Cecilia Herrero pese a los mensajes racistas por los que podría estar a punto de sentarse en el banquillo.

“No hace falta esperar a que lo diga un juez para saber que ser racista es incompatible con formar parte del gobierno de un ayuntamiento democrático”, ha afirmado Sanjuán, quien ha señalado que “los tuits de Cecilia Herrero tendrían que haber supuesto su expulsión inmediata del Gobierno municipal”.

El dirigente socialista ha insistido en que “la principal responsabilidad política” recae sobre Catalá, “que ha decidido proteger y mantener a una concejala que realizó acusaciones gravísimas contra la población migrante”. En este sentido, ha criticado que la alcaldesa anteponga su “tranquilidad” y su “comodidad política a la defensa de los valores democráticos y de convivencia de esta ciudad”.

La portavoz de Compromís ha exigido la salida inmediata de Cecilia Herrero después de que la Audiencia vea indicios de delito de odio en decenas de mensajes racistas y xenófobos: “Mantener a una racista en el gobierno por interés político es repugnante”. Así de contundente se ha mostrado hoy la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha vuelto a exigir a María José Catalá que aparte inmediatamente a Cecilia Herrero de cualquier responsabilidad institucional.

Después de que la Audiencia Provincial de València haya confirmado que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y que continúe el procedimiento penal por los mensajes racistas, xenófobos y LGTBIfóbicos publicados por la exconcejal de Vox, Papi Robles lamenta el inmovilismo de la alcaldesa, como demostró ayer en el Pleno, cuando volvió a proteger a la concejala racista del gobierno “por puro cálculo, porque su gobierno es débil y tiene demasiadas mochilas tóxicas de Vox”, ha recordado.

El exalcalde de València Joan Ribó ha reclamado a Compromís que acelere los plazos internos para ratificar a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València en las elecciones municipales de 2027. En una carta dirigida a la ejecutiva local de la coalición, Ribó plantea convocar una asamblea extraordinaria antes de finales de junio para confirmar su liderazgo y empezar cuanto antes el trabajo electoral, un verdadero golpe encima de la mesa al bloqueo de facto en el proceso de eleboración de la candidatura por desavenencias entre la coalición en la capital y la previsible candidata.

El histórico dirigente valencianista considera que el anuncio de Oltra de optar al Ayuntamiento “refuerza y potencia el liderazgo de Compromís en el espacio progresista de València” y abre la puerta a recuperar una institución que, a su juicio, “puede mejorar mucho la vida de los valencianos y valencianas”.

La misiva, registrada este domingo, supone además un respaldo político explícito del exalcalde a la exvicepresidenta de la Generalitat en un momento clave para la reorganización interna de Compromís tras el regreso de Oltra a la primera línea política.

Ribó justifica la necesidad de acelerar los tiempos por la situación de la ciudad bajo el actual gobierno municipal del PP y Vox. En el escrito, muestra su “preocupación” por lo que define como una “degeneración” de València y critica el aumento del precio de la vivienda, la privatización del espacio público, el deterioro de los servicios sociales y los retrocesos en derechos civiles. “Hay que arremangarse, ilusionar y empezar a trabajar barrio a barrio por recuperar la València de la dignidad”, ha dicho.

Frente a ello, reivindica la gestión de Compromís durante sus ocho años al frente del consistorio, una etapa que presenta como un periodo de transformación urbana, reducción de la contaminación, creación de empleo y políticas ecologistas “con las manos limpias de corrupción”.

Aunque deja claro que su etapa en la primera línea política “ya ha pasado”, Ribó asegura seguir implicado en el proyecto de Compromís y defiende la necesidad de construir una candidatura “unitaria e ilusionadora”. Por ello, además de pedir la ratificación rápida de Oltra, propone elaborar la lista municipal mediante consenso interno y abrirla a otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil para maximizar el voto de izquierdas en 2027.

Ribó reclama que las listas electorales se realicen en base a criterios de “pluralidad y consenso” y donde se respeten todas las sensibilidades de Compromís, incluidos los adheridos, los militantes que no forman parte de ninguno de los tres partidos que forman la coalición.

La Fiscalia Anticorrupció va prendre declaració dimecres a un grup d’extreballadors del Consorci València 2007 dins de la investigació oberta arran d’haver denunciat Compromís que tant l’Autoritat Portuària de València (APV) com l’Ajuntament, de manera coordinada, haurien habilitat una sèrie de places per a recol·locar de manera fraudulenta alguns dels exempleats de l’ens en el moment de la seua liquidació l’any 2024.

La coalició valencianista considera en el seu escrit que va haver-hi prevaricació i tràfic d’influències i apunta com a responsables l’alcaldessa, María José Catalá, les regidores de Turisme, Paula Llobet, i Esports, Rocío Gil, i la presidenta de l’APV, Mar Chao. Posteriorment, juntament amb el PSPV, van ampliar la denúncia al regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, després de l’escàndol dels àudios destapats per elDiario.es en què ofereix informació al personal del Consorci sobre les places objecte de la investigació en una reunió de la qual mai es va informar.

Segons ha esbrinat aquest diari, els interrogatoris fets a extreballadors es van allargar durant unes quantes hores. Així doncs, el fiscal va posar especial interés en els processos selectius habilitats tant en la Fundació Esportiva Municipal (FEM) com en Visit València. En el primer cas, es van activar dues places a què van concórrer A. G. i M. G., que també es van apuntar a dos processos més habilitats en l’APV quasi al mateix temps. Una vegada es va confirmar que es van adjudicar les places com a directives en el Port, van renunciar al procés en l’FEM, que, al mateix temps, el va deixar sense efecte.

En el cas de Visit València, les perquisicions se centren en el possible incompliment dels requisits de l’adjudicatari de la plaça, exempleat del Consorci, ja que s’exigia que fora empleat públic en el moment d’obtindre-la. No obstant això, el Consorci s’havia liquidat setmanes abans, concretament el 16 d’octubre de 2024.

El ministeri públic també va preguntar pels motius que van empényer diversos exempleats a deixar per escrit davant notari els noms d’A. G. i de M. G. com les que resultarien adjudicatàries de les places de l’APV, com va ser, setmanes abans que es coneguera el resultat del procés selectiu.

I lligat a aquesta qüestió, el fiscal també es va referir a la declaració de l’excap de Recursos Humans del Port de València, E. O., en el judici que va tindre lloc dimarts 19 de maig en què va confessar que va ser la presidenta mateixa del Port, Mar Chao, la que li va facilitar unes bases redactades dels processos de selecció que també investiga la Fiscalia Anticorrupció, tal com va avançar aquesta redacció. E. O. va afirmar a més que Chao li va dir en un intercanvi de correus que les publicara igualment, ràpidament, fent els ajustos necessaris.

El judici és a conseqüència d’una denúncia d’UGT, que en el seu moment també va impugnar els processos selectius que van acabar amb les dues exempleades del Consorci, A. G. i M. G., com a directives de l’APV, en veure irregularitats en les bases.

Unes irregularitats que es recullen en un informe de la Intervenció General de l’Estat destapat per aquest diari i que la defensa de l’APV va tractar d’evitar que s’acceptara com a prova en la vista oral. “Les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”, afirma la Intervenció.

Els interrogatoris del fiscal, que podrien prolongar-se en les pròximes setmanes, deixen entreveure que Anticorrupció està fent una tasca exhaustiva per a recaptar tota la informació i la documentació possible. Posteriorment, haurà de decidir si hi ha prou base suficient per a traslladar una denúncia al jutjat.

La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración este miércoles a un grupo de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 dentro de la investigación abierta tras denunciar Compromís que tanto la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como el Ayuntamiento, de forma aparentemente coordinada, habrían habilitado una serie de plazas para recolocar de forma fraudulenta a algunos de los exempleados del ente en el momento de su liquidación en el año 2024.

La coalición valencianista considera en su escrito que hubo prevaricación y tráfico de influencias y apunta como responsables a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Según ha averiguado este periódico, los interregotarios realizados a varios de los extrabajadores se alargaron durante varias horas. Así, el fiscal puso especial interés en los procesos selectivos habilitados tanto en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) como en Visit Valencia. En el primer caso, se activaron dos plazas a las que concurrieron A. G. y M. G., quienes también se apuntaron a otros dos procesos habilitados en la APV casi al mismo tiempo. Una vez se confirmó que se adjudicaron las plazas como directivas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En el caso de Visit Valencia, las pesquisas se centran en el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza, exempleado del Consorcio, puesto que se exigía que fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

El ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del ente a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

Y ligado a esta cuestión el fiscal también se refirió a la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., en el juicio que tuvo lugar este martes 19 de mayo en el que confesó que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, la que le facilitó unas bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

El juicio viene como consecuencia de una denuncia de UGT, que en su día también impugnó los procesos selectivos que acabaron con las dos exempleadas del Consorcio, A. G. y M. G., como directivas de la APV, al ver irregularidades en las bases.

Unas irregularidades que vienen recogidas en un informe de la Intervención General del Estado destapado por este periódico y que la defensa de la APV trató de evitar que se aceptara como prueba en la vista oral. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

Los interrogatorios del fiscal, que podrían prolongarse en las próximas semanas, dejan entrever que Anticorrupción está realizando una labor exhaustiva para recabar toda la información y documentación posible. Posteriormente deberá decidir si hay base suficiente como para trasladar una denuncia al juzgado.

El PSPV de València quiere darle la vuelta a las campañas electorales. Ni competencia agresiva, ni mítines eternos, ni sermones a la militancia convencida. A un año de las elecciones municipales y en un escenario de gran incertidumbre, los socialistas valencianos preparan la campaña de Pilar Bernabé como quien hace una maratón: un calendario de tiradas largas y pruebas de resistencia para ser la primera en llegar a la meta.

El equipo de Bernabé trabaja en una campaña que exprima al máximo el carisma de la también delegada del Gobierno, que compite con María José Catalá (PP), Mónica Oltra (Compromís) y previsiblemente con Vicente Barrera por Vox. Lo harán explotando varias facetas: la primera, la seguridad. ¿Quién querría usted que gestionara mañana una emergencia? La imagen de la delegada del Gobierno en el Cecopi con las botas llenas de barro frente al atuendo de Carlos Mazón y su equipo es una imagen potente. También las numerosas visitas a la zona cero, que contrastan con el perfil bajo de María José Catalá respecto a la dana, pese a que València es la tercera población en víctimas mortales.

El segundo activo de Bernabé es su conocimiento de la ciudad. Nacida y criada en Patraix, no se ha movido del municipio. Ha sido concejala en el Ayuntamiento y conoce la urbe y sus tradiciones de cabo a rabo. Tiene peluquería, horno, librería y bar de almuerzos de confianza: hasta le han puesto su nombre a un bocadillo, un esgarraet con salsa de ajo y miel, según presumió en redes sociales. Y esta es precisamente la faceta que su equipo quiere potenciar en primera instancia.

Los socialistas se han pasado al 'anti mitin' y organizan de aquí a mayo de 2027 más de 80 actos en los que la candidata se siente con los vecinos a conversar. Actos breves, cercanos y abiertos. Arrancarán el sábado 23 de mayo con una propuesta arriesgada: un almuerzo con la dirigente en Patraix, su barrio, y una posterior conversación en el parque, que será grabada en formato videopodcast. Por cinco euros, almuerzo y conversación. El objetivo es que Bernabé escuche las propuestas de los vecinos en todos los barrios y pedanías de la capital, y elaborar propuestas electorales con una participación activa de los ciudadanos, no solo de los militantes. El formato se inaugurará con el socialista que encabeza el podium de las mayorías absolutas: Abel Caballero, alcalde de Vigo.

La fecha no está escogida al azar. El 23 de mayo se cumplen tres años de las elecciones municipales que dieron el gobierno local a PP y Vox, y está prácticamente a un año de la próxima oportunidad para que la izquierda dé un vuelco. A partir de ahí, los socialistas dan el pistoletazo de salida a un entrenamiento de 52 semanas, a razón de dos o tres actos en cada una. 80 conversaciones para convencer a los vecinos de que depositen su papeleta.

Francisco Camps, con 44 años de militancia a sus espaldas en las filas de la derecha valenciana, sigue con su campaña para convertirse en candidato del PP en las próximas elecciones. Oficialmente, no aclara a cuáles: si a las autonómicas o a las municipales. Con la encuesta en la mano, asegura que arrasaría —al menos entre los votantes de las derechas— en cualquiera de los dos terrenos. Camps actúa, según ha dicho este jueves con perspectiva kantiana, con el “imperativo categórico” de la “realidad absoluta” por bandera, que defiende con números en la mano salidos de una encuesta que ha pagado él personalmente, según ha afirmado.

La encuesta lo sitúa como el eventual candidato preferido de los votantes del PP y de Vox, cuatro puntos y medio por encima del actual jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca. La encuesta de NC Report, efectuada entre el pasado 15 de abril y el 6 de mayo con una muestra de 2.100 entrevistas, también coloca a Camps como el político con mayor grado de conocimiento entre los votantes de las derechas (95,9%), frente a Pérez Llorca (89,2%) y María José Catalá (84,2%), actual alcaldesa de València, la plaza que aspira a conquistar el expresident.

Por otro lado, también ha revelado que cuenta con 300 avales de militantes del PP valenciano con la cuota del partido abonada al día. Camps reclama desde hace meses, tanto a Génova como a la gestora autonómica, la celebración de un congreso.

El expresident se ha referido a las polémicas vallas publicitarias de Pérez Llorca (situadas al lado de anuncios institucionales de la Generalitat) interpretando su colocación como una suerte de proclamación encubierta (y al margen de los estatutos internos de la formación) de la candidatura del actual jefe del Consell. “Ha decidido formalizarlo públicamente”, ha dicho en referencia a las vallas.

“La gestora ha iniciado el periodo precongresual”, ha remachado. También ha destacado, a modo de dardo interno, que cuenta con “muchos” avales tanto en la provincia de Alicante como, singularmente, en la Marina Baixa, feudos de la actual dirigencia del PP valenciano y, específicamente, en el caso de la citada comarca, de Pérez Llorca, que ha sido alcalde de Finestrat.

El actual president, sucesor de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, no se ha puesto “de momento” en contacto con Camps, según ha confirmado. “No he tenido invitación formal ni oficiosa del president de la Generalitat”, ha indicado.

El exjefe del Consell ha deslizado que él no filtra las encuestas, como hace la dirección de su partido con las suyas, sino que va de cara y las presenta en público. También ha reconocido que se guarda algunos datos de la encuesta (Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, ni siquiera aparece).

“Igualdad de armas” en el frente interno

Camps ha expresado su “lealtad absoluta al Gobierno de Pérez Llorca”, aunque también ha exigido “igualdad de armas” en el frente interno. El expresident asegura que el congreso de los populares valencianos se celebrará sí o sí y no contempla un escenario diferente, según ha repetido varias veces en la rueda de prensa celebrada con ocasión de la presentación de la encuesta, en la que ha comparecido junto con su jefa de campaña, Inés Peiró.

“Pese a llevar tantos años fuera de actividad pública, las encuestas siguen diciendo que soy una persona conocida y apreciada por los espectros sociológicos y demoscópicos electorales del centro derecha”, ha manifestado Camps, visiblemente satisfecho.

El exjefe del Consell ya ha celebrado tres centenares de actos con militantes a lo largo del territorio valenciano. “Cada dos días estoy reunido con grupos de militantes de toda la Comunidad Valenciana”, ha dicho.

Los almuerzos y tardeos los paga cada asistente

Preguntado por la financiación de la campaña interna, Camps ha asegurado que él mismo paga de su bolsillo las encuestas y cada asistente aporta el precio individual del almuerzo o de “una cosa que llaman los jóvenes el tardeo”.

Francisco Camps ha evocado ampliamente su visión sociológica de la derecha española desde los años ochenta y la pérdida actual por parte del PP de la ambición por cosechar las mayorías absolutas de sus tiempos como candidato. Un terreno que se come hoy en día Vox, tanto electoral como discursivamente.

Camps, en su habitual tono nostálgico, ha reivindicado repetidamente sus victorias electorales y su ciclo como president, amargamente finiquitado con el estallido del 'caso Gürtel' y su posterior dimisión.

Incluso ha alertado de “balanceo sociológico” de “cierta gravedad” para el PP en caso de que, en ciertas provincias, el proceso de trasvase de votos entre las derechas coloque a Vox por encima de los populares en número de escaños en determinados espacios geográficos.

“El único” que conoce la ciudad de València

El expresident, que aspiraba en cierto momento a ser candidato a alcalde de València por el PP (“una cosa extraordinaria”), ha asegurado que la batalla municipal, con Mónica Oltra como candidata de Compromís, y Pilar Bernabé del PSPV-PSOE, resulta, a su juicio, “muy potente”.

Camps se ha autoproclamado como “el único” frente a los “hipotéticos candidatos” confirmados que conoce la ciudad en profundidad. De hecho, ha detallado extensamente su vinculación con la urbe en los más diversos aspectos, tanto en relación con el València CF, club del que es aficionado de cuarta generación, como con los eventos culturales y folclóricos, entre otros.

El preferido de los votantes de derechas, especialmente de Vox

De hecho, la encuesta pregunta a los votantes del PP y de Vox por el mejor candidato de los populares en caso de que Oltra lo fuera por Compromís y el torero Vicente Barrera por la extrema derecha. Un 51,5% considera, según la encuesta, que el candidato óptimo sería Camps, frente a apenas un 36,2% que avala a María José Catalá.

Por partidos, un 49,4% de los votantes del PP prefiere a Camps (frente a un 40,7% que apuesta por Catalá), según la encuesta. En el caso de los votantes de Vox, la preferencia por Camps se dispara hasta el 57,6%, frente al 23,5% que se inclina por la actual alcaldesa.

Francisco Camps se ve como un “producto prototípico de la ciudad de València” y asegura que conoce “cada rincón” o “fecha” relevante después de “tantos años dando vueltas”, además de “lo que ocurre” y “lo que se mueve” en la capital del Turia. “Esta ciudad me apasiona”, ha dicho a modo de resumen.

Aunque la preferencia de Camps se ha centrado en la batalla municipal por la alcaldía de la tercera ciudad de España, la encuesta también pregunta a los votantes del PP y de Vox quién sería el mejor candidato a la Generalitat Valenciana. Un 49,1% apuesta por Camps y un 42,6% lo hace por Pérez Llorca.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, se aparta del proceso que investiga al concejal de contratación del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, para evitar incompatibilidades. El responsable del organismo que examina si se cumplieron los protocolos contra el conflicto de intereses en el caso del concejal que presidía la Mesa de Contratación y que oculta con qué empresas trabaja, manifestó su abstención en la evaluación de la denuncia, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este diario.

El expediente de investigación de Antifraude, al que ha tenido acceso elDiairo.es recoge que Beut manifestó su abstención en el proceso con carácter previo a la deliberación. En concreto, el consejo de dirección de la Agencia, en las sesiones ordinarias del 16 de octubre de 2025 y del 3 de noviembre del mismo año, “manifestó la conformidad a la abstención del director”, después de que este lo trasladara en un comunicado.

Un día después, el 4 de noviembre, se dicta la resolución que acuerda iniciar las investigaciones. El informe no recoge la causa de abstención de Beut ni aporta más detalles sobre el tema. Sencillamente, manifiesta que se ha abstenido y que hay un acto administrativo que acepta esa abstención, algo que precisamente le afean a Marí Olano que no haya realizado en los procesos de la Mesa de Contratación. El edil oculta con qué empresas trabaja, una cuestión que le han afeado tanto el Síndic de Greuges como el propio organismo Antifraude.

Beut, antes de ser responsable del órgano Antifraude, ha sido inspector de Hacienda. Marí Olano trabaja como abogado en el sector privado, es abogado del Estado, abogado de la Generalitat y trabajó para la consultora KPMG. Entre los motivos recogidos en la ley para las incompatibilidades se establece tener intereses en el procedimiento, litigios pendientes, relación de parentesco, amistad o enemistad y tener vínculos profesionales.

Los problemas de memoria, los negocios privados y la opacidad del concejal de contratación de València pueden acarrear un coste millonario al Ayuntamiento. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude advierte de irregularidades en procesos de contratación por una justificación incorrecta de las abstenciones del concejal José Marí Olano, que se apartó en al menos seis procesos por haber trabajado con empresas que concurren. En concreto, en las conclusiones provisionales, apunta a una “gestión deficiente del conflicto de interés”, la “incorrecta constitución de la Mesa de Contratación”, que suponen “vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”.

Marí Olano es el único concejal del PP que no tiene dedicación exclusiva y compatibiliza su actividad municipal con el ejercicio de la abogacía. Su prolífica carrera y sus relaciones profesionales han provocado numerosas abstenciones para evitar conflictos de intereses. El edil, abogado del Estado y abogado de la Generalitat, ya tuvo que dejar la consultora KPMG por incompatibilidades. Recientemente ha sido denunciado en Anticorrupción por Compromís, tras unas grabaciones en las que ofrece unas plazas de empleo público investigadas por esta Fiscalía.

La Agencia Valenciana Antifraude ha investigado todos los procedimientos de contratación en los que se abstuvo José Marí Olano, que fue nombrado el 4 de abril del pasado año presidente de la Mesa de Contratación, en calidad de concejal delegado del ramo. En sus conclusiones provisionales, el organismo advierte de posibles irregularidades en el proceso, no por la acción en sí, sino por las abstenciones del edil, que no fue debidamente ejecutada y comprometió el proceso posterior. ¿Las razones? Que el concejal nunca ha identificado a qué empresas hacía referencia para evitar el conflicto de interés -es decir, con cuál había trabajado- y, por tanto “no reúne los requisitos mínimos de validez”. Tampoco, según Antifraude, comunicó formalmente la abstención ni se dio una resolución administrativa que la aceptara. “La inexistencia de este acto administrativo supone que la situación de conflicto de interés no ha sido jurídicamente depurada”, dice el extracto del informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

Seis procesos millonarios

Los seis procedimientos en los que el edil de contratación se ha abstenido son de los más cuantiosos de la ciudad. Uno de ellos forma parte del proceso de adjudicación del macrocontrato del alcantarillado de la ciudad, cifrado en 232 millones de euros más IVA, que ha sido recurrido por dos de las empresas que concurrieron. En este proceso, según el informe de Antifraude, el edil no participó de la Mesa: en la documentación aportada consta que, tras la resolución que lo nombra presidente de la mesa de contratación, el 14/04/2025 informa a los miembros de la mesa de su causa de abstención. Las anteriores sesiones son previas a su nombramiento.

Otro gran contrato es el de las obras de la Avenida Pérez Galdós, al que concurrieron casi una veintena de empresas a través de distintas UTE (la fórmula de la unión temporal). En este expediente, cuenta la abstención en la sesión de 10/04/2025, y tampoco participó en las sesiones previas, pues no era su competencia.

Entre las abstenciones y los contratos investigados también hay procesos como el del servicio de salvamento marítimo, a cargo de Cruz Roja o los huertos urbanos de Orriols, las licitadoras son Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), que ha concurrido a otros dos procedimientos en los que Marí Olano se ha abstenido. El PSPV le preguntó específicamente por esta mercantil, pero el concejal negó la respuesta.

Se incluyen además los expedientes de las obras de las calles Rodríguez de Cepeda – Dr. Manuel Candela, las obras de remodelación del jardín de la plaza Portadores de la Virgen de Pinedo para la ejecución de una zona de juegos y el Acuerdo Marco para la ejecución de las obras en general y construcción de unidades de enterramiento en los cementerios municipales de la ciudad de València. Estos puntos fueron tratados en sesiones extraordinarias de la Mesa de Contratación, sin el concejal.

En total, a estas licitaciones, mayores o menores, han concurrido más de 50 empresas diferentes, ya sea en solitario o en UTE. Se trata de seis procesos entre abril y junio, los primeros tres meses en los que Marí Olano ha estado a cargo de los procesos de contratación, antes en manos de Júlia Climent, también del PP. El edil de contratación ha negado sistemáticamente a la oposición información sobre sus vínculos profesionales directos o indirectos con las firmas por las que se le ha preguntado.

Para la coalición Compromís, que ha denunciado el informe, estas cuestiones implican un riesgo para las arcas públicas, al comprometer financiación europea. Las empresas que participaron en los procesos y no resultaron beneficiarias podrían recurrir.

El concejal 'olvidó' abstenerse en un proceso

El análisis de Antifraude se detiene en un proceso concreto, en el que ve mayores conflictos: los huertos urbanos de Orrios. Evalúa las sesiones de la Mesa de contratación de los días 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y 5 de junio de 2025; sesiones en las que se abre la oferta de criterios de valor -donde los miembros de la mesa deben declarar los conflictos de intereses-, después se realiza la valoración técnica, la apertura económica -“declaración de ausencia de conflicto de intereses al inicio de la reunión”, señala el informe- y, por último, una cita en la que el presidente “no puede suscribir una declaración de ausencia de conflicto para este punto y manifiesta su abstención formal”.

¿Qué cambió entonces? Que el edil se percató de un error. Como ya informó elDiario.es, en junio del pasado año el concejal remitió un correo electrónico a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el que reconocía haber participado en tres sesiones de la mesa -que coinciden con las fechas señaladas en el informe- hasta haber sido consciente de que había trabajado con una de las empresas. 'Olvidó' abstenerse.

El concejal explica que en la sesión del 5 de junio de 2025 se comprueba la documentación del licitador que había presentado la mejor oferta: “En ese momento me percaté de que uno de los licitadores en el referido procedimiento es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años, y por ello formulé la oportuna abstención”, dice. La abstención, explica Marí Olano, quedó reflejada en el acta.

El entonces presidente de la Mesa de Contratación reconoció que había participado sin formular abstención en las sesiones del 10 de abril, 8 de mayo, 15 de mayo y solicitó que se incorporara la cuestión al expediente administrativo. “En estas tres sesiones debí haberme abstenido, pero no me percaté de que uno de los licitadores es una persona jurídica a la que he prestado servicios profesionales en los dos últimos años”.

El procedimiento de contratación cuestionado es el contrato para los huertos urbanos de Orriols, un proceso dotado con 316.765,68 euros de fondos europeos (más 66.520,79 de IVA), como consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo dos empresas concurrieron a esta licitación, como ya informó este diario: Construcciones y canalizaciones Cyca S.L. y Agricultores de la Vega de Valencia, quien finalmente obtuvo el contrato.

El edil apuntó que “no necesariamente” debería implicar una suspensión del acto administrativo. También argumentó que la adjudicación se dio por unanimidad de los miembros de la Mesa que preside. El correo, finalizó el concejal, tiene como destino “constatar la concurrencia de abstención por escrito”.

“Vicios que afectan a la legalidad”

El informe de Antifraude aprecia en sus conclusiones provisionales cinco fallos que pueden constituir irregularidades. Además de no identificar a la empresa que motiva la abstención -no se justifica y no se cumple el proceso formal-, detecta errores en el proceso. El organismo aprecia “defectos en la constitución de la Mesa de Contratación por falta de quórum”. Apunta que la retirada del presidente de la Mesa (Marí Olano) tras manifestar su abstención “no habilita al resto de miembros a continuar la sesión de forma automática”.

Al no haber una sustitución formal, dice el organismo, “la Mesa actuó sin el quórum de constitución necesario”, en referencia a una sesión del 5 de junio de 2025. Por tanto, prosigue, “los actos derivados de ellas [de la sesión cuestionada] estarían viciados de una irregularidad administrativa por infracción de las normas de constitución de los órganos colegiados”.

Asimismo, dice el órgano, “si bien la intervención del presidente no parece haber sido determinante en el resultado (...) la participación de un miembro incurso en causa de abstención, sumada a la incorrecta constitución de la Mesa de Contratación tras su retirada, prevalecen como vicios que afectan a la legalidad del procedimiento”. El edil presentó alegaciones a este informe, pero el Ayuntamiento no las ha hecho públicas.

València es ya una ciudad conquistada por el turismo. Y para muestra de ello, la situación del barrio del Cabanyal, donde los vecinos denuncian prácticamente a diario la invasión de la vía pública por los inquilinos de los apartamentos turísticos, que sacan sus enseres a las aceras; el brote de obras para construir más hoteles, residencias o 'flexi-livings' y los abusos del sector turístico sobre la ciudad.

Esta semana, los vecinos han observado una nueva acción en esa conquista: la colocación de señales fake para bloquear el aparcamiento en la calle frente a un establecimiento turístico de nueva creación. Se trata de un 'hotel flexible' de reciente apertura en la Calle Arquitecto Alfaro, una zona en la que en los últimos meses se han creado varios complejos de corta y media estancia, en cuyo frontal se han ubicado señales que buscan impedir el estacionamiento en un tramo de la calle.

Los carteles, como se observa en la imagen, ni contienen el logo del Ayuntamiento de València ni ningún distintivo oficial, pero emplean una tipografía y colores similares a las señales de control del tráfico.

Según relatan a elDiario.es los vecinos, el establecimiento de la Calle Arquitecto Alfaro ha llegado a colocar vallas un cartel que simula un vado en la entrada del garaje. En el mismo tramo también se ha pintado en color amarillo una parte de la acera, como si se tratara de una delimitación municipal.

La Policía Local se personó este lunes en el establecimiento para amonestar a la mercantil. Según ha podido saber elDiario.es, se han levantado actas de sanción por la colocación de cámaras que apuntan a la vía pública y por las señales, que ya han sido retiradas. Las propuestas de sanción alcanzan los 6.000 euros acumulados por varios incumplimientos.

Los representantes vecinales ven esta acción como “una burla” y “un abuso” de los nuevos modelos hoteleros que campan por toda la ciudad. En la misma calle se acaba de construir una residencia de lujo para estudiantes y donde antes de proyectaba un parking ahora se espera un bloque de pisos turísticos. Daniel Adell, presidente de la Asociación de Vecinos de Cabanyal-Canyamelar, cree que es “una broma de mal gusto” y denuncia que las aperturas en el barrio lo están convirtiendo en un lugar para la gente de paso. Asimismo, insiste en reclamar al consistorio plazas para los vecinos o aparcamientos en altura, algo que llevan meses esperando.

Compromís llevará a la Fiscalía Anticorrupción un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de València que aprecia irregularidades en la fundación Visit València. El documento, aprobado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Participación, observa “carencias legales” y apunta a que la nueva estructura organizativa aprobada por el organismo se realizó “sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Estas fundación está siendo investigada a instancias de la coalición, que presentó una denuncia en Fiscalía, junto a contrataciones en la Fundación Deportiva Municipal y en la Autoridad Portuaria de Valencia, a las que accedieron extrabajadores del Consorcio Valencia 2007.

La coalición valencianista sostiene que las conclusiones de la Intervención confirman las sospechas sobre la gestión de las contrataciones en organismos municipales. El informe municipal es especialmente contundente en relación con la fundación turística Visit Valencia, donde señala que la nueva estructura organizativa aprobada en 2024 comportó incrementos salariales y reclasificaciones de puestos “con deficiencias legales y procedimentales”. Entre las anomalías detectadas, la Intervención advierte de que en algunos casos no consta la acreditación de la titulación exigida y que las adjudicaciones de puestos no respetaron plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. “Las mismas conclusiones a las que, por cierto, llegó la Intervención General del Estado en las plazas creadas en el Puerto de València”, recalca la portavoz de Compromís València, Papi Robles.

Para la concejala valencianista, estas conclusiones “confirman lo que hemos denunciado desde el primer momento: nada era transparente en Visit València, era una dinámica general de la entidad que depende de la concejala Paula Llobet —también investigada— y las plazas no eran procesos limpios, sino operaciones diseñadas con irregularidades que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía”. La portavoz, que ya anunció una ampliación de denuncia para investigar al edil de Grandes Proyectos, José Marí Olano, por las grabaciones en las que conversa con los trabajadores del Consorcio sobre las plazas que van a salir, también aportará estas conclusiones a los procedimientos abiertos por Anticorrupción.

Los valencianistas también señalan las conclusiones referentes a València Activa, organismo de empleo en extinción capitaneado por el exportavoz de Vox Juanma Badenas. Anticorrupción también mantiene abierta una investigación sobre contrataciones en este ente, del que fue apartado el edil de Vox, que ahora gestiona el patrimonio municipal. Sobre el organismo, la auditoría municipal destaca que “se han evidenciado deficiencias relevantes en la contratación menor de patrocinios formalizada en 2024, consistentes en la insuficiente conexión de determinados expedientes con los fines fundacionales, incumplimientos de las reglas internas de tramitación y validación, ausencia de una justificación económica suficiente del retorno publicitario y de la equivalencia de las prestaciones, falta de acreditación documental bastante de la efectiva ejecución del objeto contractual y concurrencia de indicios de que determinadas operaciones pudieran responder, por su verdadera naturaleza, a subvenciones o a una utilización improcedente de la contratación menor al margen de las exigencias de la LCSP”.

Para Compromís, este conjunto de irregularidades refuerza la gravedad del caso. “Estamos ante un patrón que se repite: procesos opacos, falta de justificación y decisiones que benefician a determinadas personas. No son errores puntuales, es una forma de gobernar”, señala Robles.

La coalición valencianista considera que el informe de la Intervención da respaldo técnico a las denuncias ya presentadas e incrementa la presión política sobre el gobierno municipal. “Cada nueva información confirma que estamos ante un caso muy grave que afecta a distintos organismos públicos y que apunta a responsabilidades políticas claras”, concluye la portavoz.

La Intervención General del Ayuntamiento de València ha emitido la auditoría de control interno correspondiente al ejercicio 2025 sobre la gestión de las diferentes empresas y fundaciones municipales que no ha hecho sino añadir dudas sobre las presuntas irregularidades cometidas en dos entidades que están siendo objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, pasará este miércoles por la comisión de Hacienda y Participación y posteriormente se llevará al pleno del próximo martes 28 de abril. El pasado mes de diciembre se trasladó una versión preliminar que ahora ha sido completada con las aportaciones de los diferentes organismos.

La auditoría analiza las cuentas del ejercicio 2024 y una de las entidades que peor parada sale es la Fundación Visit Valencia sobre la que Anticorrupción ha abierto una investigación por un presunto caso de enchufismo. En concreto, como ha venido informando este diario, Compromís denunció que hubo prevaricación y tráfico de influencias en la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron a lo largo de 2024 de forma prácticamente simultánea y que ocuparon tres extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, que se encontraba entonces en proceso de liquidación. La denuncia apunta a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao. Compromís y el PSPV han pedido que se amplíe al concejal José Marí Olano tras los audios destapados por elDiario.es en los que se aprecia cómo informa a los exempleados de diversas plazas a las que podrían presentarse.

La investigación de la Fiscalía se centra así en tres posibles irregularidades: el presunto amaño de las plazas del Puerto de Valencia; la convocatoria casi idéntica a la que se presentan las mismas aspirantes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM), entidad que desiste del proceso una vez son admitidas en la APV; y el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza de Visit Valencia.

En el caso de esta última entidad, el informe de la Intervención municipal revela que “la nueva estructura organizativa aprobada en abril de 2024 dio lugar a incrementos salariales y reclasificaciones de puestos con deficiencias legales y procedimentales”. En varios casos, “no consta acreditación de la titulación exigida, la adjudicación de puestos se realizó sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tampoco figura una justificación objetiva de la reclasificación”.

Además, “en otros puestos promovidos a categorías superiores, no se formalizó previamente la modificación de la relación de puestos ni se definieron adecuadamente funciones y requisitos, y el proceso de promoción interna presenta falta de transparencia y de documentación suficiente” y añade: “Estas actuaciones provocaron que la masa salarial de 2024 aumentara un 5%, superando el límite legal del 2,5% previsto en la normativa aplicable”.

Las conclusiones del informe apuntan también a un posible caso de fraccionamiento de contratos: “En tres contratos menores de patrocinio de 2024 no consta una justificación suficiente del retorno económico para la Fundación, por lo que no queda acreditada la equivalencia de las prestaciones, en incumplimiento de la circular de 17 de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Valencia. Además, el importe individual de los contratos, 14.950 euros más IVA, sugiere un posible fraccionamiento o una fijación orientada a eludir la tramitación de un procedimiento de contratación no menor, con menor garantía de los principios de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.

Posibles irregularidades en Valencia Activa

El informe de la Intervención también enumera presuntas irregularidades en la la fundación Valencia Activa, ahora extinguida, una entidad sobre la que también hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intervino el pasado 30 de abril en el Consistorio documentación sobre los procesos de contratación de este ente, que estaba dirigido por el exportavoz de Vox y exconcejal de Empleo Juan Manuel Badenas.

Al respecto, la auditoría municipal destaca que “se han evidenciado deficiencias relevantes en la contratación menor de patrocinios formalizada en 2024, consistentes en la insuficiente conexión de determinados expedientes con los fines fundacionales, incumplimientos de las reglas internas de tramitación y validación, ausencia de una justificación económica suficiente del retorno publicitario y de la equivalencia de las prestaciones, falta de acreditación documental bastante de la efectiva ejecución del objeto contractual y concurrencia de indicios de que determinadas operaciones pudieran responder, por su verdadera naturaleza, a subvenciones o a una utilización improcedente de la contratación menor al margen de las exigencias de la LCSP”.

También pone de relieve que “el régimen retributivo del personal fijo de la Fundación se equipara al del personal de igual categoría del Ayuntamiento de Valencia”. No obstante, “se ha comprobado la consolidación indebida, como retribución básica, de determinados conceptos salariales que no les corresponden conforme a dicho régimen y que deberían ser objeto de reintegro”. En particular, “se han incluido de forma improcedente el complemento de actividad profesional, el complemento de carrera profesional y un cálculo superior al debido de los trienios en las pagas extraordinarias”.

Visit Valencia evita avalar la plaza adjudicada a un extrabajador del Consorcio

Compromís remitió una pregunta a la dirección de Visit Valencia para que acreditara si E. M., extrabajador del Consorcio Valencia 2007 que obtuvo una plaza en un procedimiento que está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, cumplía con el requisito de ser empleado público durante todo el proceso de selección, tal y como marcaban las bases. Según la información que maneja la coalición valencianista, E. M. fue despedido del Consorcio antes de que finalizara la oposición, y aun así, obtuvo la plaza.

Al respecto, Visit Valencia ha contestado que “como consecuencia de las noticias recientemente aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con esta solicitud, se ha encargado un informe por parte del Ayuntamiento para el cual se está recopilando toda la información necesaria. En el momento en el que sea posible, y como máximo en el plazo de un mes se trasladará la información solicitada”.

Sobre la petición de copia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Fundación Visit València solicitada también por Compromís, la fundación afirma que “en estos momentos no cuenta con una RPT en los términos del artículo 74 del TREBEP, motivo por el que no se le puede facilitar una copia”. Sin embargo, el informe de la Intervención advierte de que “en otros puestos promovidos a categorías superiores, no se formalizó previamente la modificación de la relación de puestos”.

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d’investigació sobre processos de contractació pública en dos organismes dependents de l’Ajuntament de València i en l’Autoritat Portuària de València (APV). Arran d’una denúncia de Compromís, que apunta a possibles delictes de prevaricació i tràfic d’influències, s’indaga en la convocatòria de processos d’ocupació pràcticament simultanis a què es va presentar personal del Consorci València 2007, l’ens creat per a la gestió de la Copa Amèrica, que estava en procés d’extinció. Tres exempleats del Consorci van superar els processos selectius durant el 2024: dos en el Port de València, que s’havien presentat també a la Fundació Esportiva Municipal, i un en la Fundació Visit Valencia. La denúncia assenyala una quarta persona que se’n va anar com a interina a la Conselleria d’Agricultura i va superar una oposició en la Generalitat Valenciana.

En la denúncia, els valencianistes assenyalen l’alcaldessa de València, María José Catalá, la regidora d’Esports, Rocío Gil, l’edil de Turisme, Paula Llobet i a la presidenta de l’APV, Mar Chao. Compromís i el #SPV han ampliat la denúncia per a incorporar el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, que en una reunió amb treballadors del Consorci explica que eixiran places en entitats públiques municipals, segons ha revelat elDiario.es.

La documentació sobre el procés, que ara està en mans de la Fiscalia Anticorrupció, presenta dubtes sobre la gestió. En el cas del Port, va haver-hi un informe de la Intervenció General de l’Estat que qüestionava processos de selecció de personal en el Port i una acta notarial que ‘va endevinar’ les seleccionades, en un cas judicialitzat pel sindicat UGT, que va denunciar que les places estaven fetes a mida. Pel que fa a l’Ajuntament de València, les ombres estan en la convocatòria de places simultànies en la Fundació Esportiva Municipal —llocs de treball ja existents, però que ixen a convocatòria pública molt seguides—, coincidint amb les de l’APV, llocs de treball que queden deserts en molts casos i dels quals es desisteix després que les candidates opten a l’APV. Així mateix, hi ha dubtes si el funcionari que va ocupar la plaça en la Fundació Visit Valencia ho va fer complint tots els requisits que marca la convocatòria.

La investigació de la Fiscalia se centra així en tres possibles irregularitats: el presumpte tripijoc de les places del Port de València, tal com apunta l’informe de la Intervenció; la convocatòria quasi idèntica a què es presenten les mateixes aspirants en la Fundació Esportiva Municipal (FEM), entitat que desisteix del procés una vegada són admeses en l’APV; i el possible incompliment dels requisits de l’adjudicatari de la plaça de Visit Valencia. Aquestes són algunes claus del procés que investiga Anticorrupció:

Convocatòries consecutives

El 18 d’abril de 2024, la Fundació Esportiva Municipal, presidida per la regidora Rocío Gil, convoca dues places per a cobrir una prefectura d’Administració i una per a dirigir el Servei d’Infraestructures. Aquestes places, que ja existeixen en la relació de llocs de treball, però que estan anys vacants, es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província el 2 de maig i hi concorren A. G. i M. #G., treballadores del Consorci. Després d’una rectificació, les bases es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de juny de 2024, en una resolució signada el 30 de maig de 2024. Aquesta modificació provoca que córreguen els terminis i que coincidisquen el procés en l’FEM amb el de l’APV.

El 29 d’abril, l’Autoritat Portuària de València va llançar dos processos administratius més per a la cobertura de places de subdirector d’Infraestructures i cap de suport de l’àrea econòmica, amb la convocatòria de proves selectives. Processos amb requisits similars als que han eixit en l’FEM, però, en aquest cas, sí que són de nova creació. Són dues places de caràcter fix en la plantilla de personal, fora de conveni, i amb salaris que freguen els 100.000 euros. A aquestes places concorren també A.G. i M.G, que finalment obtenen el lloc. El sindicat UGT els porta al jutjat pel fet de considerar que es creen per a afavorir un personal determinat. A més, s’endevinen davant notari qui seran les seleccionades, abans que es publique la llista d’admesos.

El 15 de maig de 2024, la Fundació Visit Valencia va publicar tres places per a personal que procedira del sector públic o fora funcionari de carrera. A una d’aquestes, la plaça de tècnic jurídic, concorren 15 persones, entre les quals E.M., treballador del Consorci, assenyalat també en la denúncia presentada en la Fiscalia.

Acta notarial que ‘endevina’ les adjudicacions de l’APV

Nou dies després que arranquen els dos processos en l’APV, treballadors del Consorci es van personar en una notaria i registren dues actes en què manifesten els noms dels que creuen que obtindran el lloc. Els documents diuen això: “Que l’Autoritat Portuària de València, amb data 29 d’abril de 2024, ha publicat el procés de selecció per a la provisió d’un lloc de subdirecció d’Infraestructures, Instal·lacions i Conservació de personal laboral fix exclòs de conveni col·lectiu per a l’Autoritat Portuària de València, sent el termini de presentació de sol·licituds fins al 28 de maig de 2024 a les 14.00. Que els ací requeridors volen deixar constància, abans que aquest lloc siga adjudicat en virtut del referit procés de selecció, que tenen el convenciment ferm que aquesta plaça serà adjudicada a la senyora M. G. N.” La segona acta fa referència al lloc de Prefectura de Suport a Gestió Economicofinancera, que, segons els requeridors, s’adjudicaria a la senyora A.G.

L’APV va anunciar la seua llista d’admesos el 29 de maig de 2024, en què figuren A.G. i M.G. Iniciaran la seua activitat laboral en el Port el 16 d’octubre del mateix any. En les actes, van endevinar les places.

Desistiment de les convocatòries

El 10 de juny de 2024, A.G. presenta la sol·licitud per a les places de la Fundació Esportiva Municipal. El 14 de juny, quatre dies després, presenta una carta de desistiment.

El 22 de juliol de 2024, la Presidència de l’OAM Fundació Esportiva Municipal declara deserta la convocatòria a què s’ha presentat M.G. Presenta una renúncia al procés el 5 de juliol.

En una resolució, el consistori indica que, “després de la finalització del termini de presentació d’instàncies, no s’ha fet posteriorment cap actuació per a continuar el procediment, i s’ha requerit des de la mateixa Presidència de l’entitat desistir-ne, per raons organitzatives”.

En la denúncia, Compromís afirma que M.G renuncia al procés i un altre candidat queda no admés. A l’octubre, la regidora Rocío Gil demana que es desistisca del procés per a “dur a terme amb més deteniment una reorganització” dels serveis en la Fundació Esportiva Municipal.

Un informe de la Intervenció contra els nomenaments del Port

La Intervenció General de l’Estat també va plantejar els seus dubtes sobre convocatòries d’ocupació en el Port. El document, publicat íntegrament per elDiario.es, posa la lupa en cinc processos de contractació, entre els quals els dos que Compromís ha portat a Anticorrupció. En l’informe es posa en relleu que “la gestió de les places convocades per a personal exclòs de conveni resulta deficient, amb criteris restrictius que podrien conculcar els principis generals aplicables d’igualtat, mèrit i capacitat”.

“Les places convocades per al personal exclòs de conveni contenen requisits o mèrits que predeterminen d’una manera o una altra el candidat seleccionat. Per tant, podrien no respectar-se els principis constitucionals d’accés a ocupació pública”, apunta la Intervenció en l’informe.

L’APV es va negar a traslladar aquest document, un criteri que va corregir el Consell de Transparència a petició d’un particular.

Les places de l’APV, pendents de judici

El sindicat UGT va denunciar l’APV per les dues places que finalment van ocupar A.G i M.G. Al contrari que en les fundacions de l’Ajuntament de València, que són llocs vacants previstos en l’RLT que es trauen per a cobrir-se, en el Port sí que es creen dues places noves. La secció sindical va considerar que les convocatòries vulneren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que responen a una deriva “restrictiva” i “arbitrària” en la política de personal de l’organisme.

Les bases feien referència a la liquidació del Consorci València 2007, amb perfils molt específics, i en el Consorci València 2007 van considerar que s’assemblaven als de dos alts càrrecs de l’ens, que van resultar ser-ne beneficiàries. UGT va considerar que les places es van crear per a afavorir un personal determinat, i les va portar al jutjat. Les vistes per totes dues places estan previstes per a maig i octubre.

Plaça Visit Valencia, en dubte sobre els requisits

La tercera plaça en qüestió és la de Visit Valencia. En aquest organisme es trauen tres convocatòries diferents per a perfil jurídic, tècnic de promoció i comunicació, i un administratiu, a què només poden concórrer empleats públics. A la plaça de tècnic jurídic es presenten dues persones, però no compleixen els requisits. A la plaça de Comunicació només es presenta un candidat, però no acudeix el dia de la prova, que era el 21 d’octubre, i es declara deserta un dia després. A la tercera plaça, d’administratiu, concorren E.M. i 14 aspirants més, encara que només tres compleixen el requisit de ser empleats públics, segons la resolució del 7 d’agost. Finalment, només E.M. supera la fase d’oposició com a “apte”, segons la resolució de novembre.

Aleshores, E.M. ja no és treballador en actiu en el Consorci València 2007. La liquidació de l’ens es produeix el 16 d’octubre. Per tant, incompliria les bases de la convocatòria pública per tot just unes setmanes.

En els requisits de la convocatòria, s’estableix que “els candidats hauran de reunir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, els requisits següents: (...) Ser empleat d’entitats del sector públic amb relació funcionarial de carrera o laboral fixa o indefinida”.

Informes contraris a la subrogació

L’Ajuntament de València, governat pel PP i Vox, i dirigit per María José Catalá, defensa el procés de contractació de l’empleat. L’alcaldessa va apuntar aquesta setmana, en admetre’s la denúncia i publicar-se part del contingut dels enregistraments, que demanarà un informe als serveis jurídics per a acreditar el procés, encara que va avançar que confia que s’haguera fet degudament, ja que va ser “transparent”. Va traslladar així mateix que tot el consistori, tots els grups polítics, tenien voluntat de no deixar al carrer els treballadors del Consorci.

Durant el procés de liquidació del Consorci València 2007, el gener del 2024, es va emetre un informe de l’Advocacia de l’Estat contrari a la subrogació dels empleats, traslladen fonts municipals. En aquest informe, apunten, es concloïa que la liquidació i l’extinció del Consorci suposava l’extinció dels contractes de treball del seu personal i el seu acomiadament mitjançant les tècniques d’acomiadament col·lectiu.

L’Ajuntament es va mostrar en contra de qualsevol subrogació en la mesura en què aquests treballadors no eren integrants d’una entitat adscrita a aquest, sinó a l’Administració general de l’Estat, apunten fonts municipals. Tots els grups amb representació van traslladar la seua voluntat que aquests treballadors no es quedaren al carrer. Amb aquestes limitacions, expressen les mateixes fonts municipals, es va tindre en compte la possibilitat de cobrir vacants que foren necessàries en les entitats del sector públic dels que ja tingueren la condició d’empleats públics, en els procediments de selecció per a persones provinents del sector públic; és a dir, on hi haguera vacants i en règim de dret laboral i sempre en els termes legals que resultaren d’aplicació en cada convocatori. L’Ajuntament afirma que no hi ha cap empleat públic que no haja superat el procediment, acreditat amb documentació.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre procesos de contratación pública en dos organismos dependientes del Ayuntamiento de València y en la Autoridad Portuaria de València (APV). A raíz de una denuncia de Compromís, que apunta a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, se indaga en la convocatoria de procesos de empleo prácticamente simultáneos a los que se presentaron personal del Consorcio Valencia 2007, el ente creado para la gestión de la Copa América, que estaba en proceso de extinción. Tres exempleados del Consorcio superaron los procesos selectivos durante el 2024: dos en el Puerto de Valencia, que se habían presentado también a la Fundación Deportiva Municipal, y uno en la Fundación Visit València. La denuncia señala a una cuarta persona que se fue como interina a la Conselleria de Agricultura y superó una oposición en la Generalitat Valenciana.

En la denuncia, los valencianistas señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, a la concejala de Deportes, Rocío Gil, a la edil de Turismo, Paula Llobet y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. Compromís y el PSPV han ampliado la denuncia para incorporar al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que en una reunión con trabajadores del Consorcio explica que van a salir plazas en entidades públicas municipales, según ha revelado elDiario.es.

La documentación sobre el proceso, que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, arroja dudas sobre la gestión. En el caso del Puerto, hubo un informe de la Intervención General del Estado que cuestionaba procesos de selección de personal en el Puerto y un acta notarial que 'adivinó' a las seleccionadas, en un caso judicializado por el sindicato UGT, que denunció que las plazas estaban realizadas a medida. En lo que respecta al Ayuntamiento de València, las sombras están en la convocatoria de plazas simultáneas en la Fundación Deportiva Municipal -puestos de trabajo ya existentes pero que salen a convocatoria pública muy seguidas-, coincidiendo con las de la Autoridad Portuaria, lugares de trabajo que quedan desiertos en muchos casos y de los que se desiste después de que las candidatas opten a la APV. Asimismo, hay dudas sobre si el funcionario que tomó la plaza en la Fundación Visit Valencia lo hizo cumpliendo todos los requisitos que marca la convocatoria.

La investigación de la Fiscalía se centra así en tres posibles irregularidades: el presunto amaño de las plazas del Puerto de Valencia, tal y como apunta el informe de la Intervención; la convocatoria casi idéntica a la que se presentan las mismas aspirantes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM), entidad que desiste del proceso una vez son admitidas en la APV; y el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza de Visit Valencia. Estas son algunas claves del proceso que investiga Anticorrupción:

Convocatorias consecutivas

El 18 de abril de 2024, la Fundación Deportiva Municipal, presidida por la concejala Rocío Gil, convoca dos plazas para cubrir una jefatura de Administración y una para dirigir el Servicio de Infraestructuras. Estas plazas, que ya existen en la relación de puestos de trabajo pero llevan años vacantes, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de mayo y a ellas concurren A. G. y M. G., trabajadoras del Consorcio. Tras una rectificación, las bases se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de junio de 2024, en una resolución firmada el 30 de mayo de 2024. Esta modificación provoca que corran los plazos y que coincidan el proceso en la FDM con el de la APV.

El 29 de abril, la Autoridad Portuaria de València lanzó otros dos procesos administrativos para la cobertura de plazas de subdirector de infraestructuras y jefe de apoyo de área económica, con la convocatoria de pruebas selectivas. Procesos con requisitos similares a los que han salido en la FDM, pero, en este caso, sí son de nueva creación. Son dos plazas de carácter fijo en la plantilla de personal, fuera de convenio, y con salarios que rozan los 100.000 euros. A estas plazas concurren también A.G. y M.G, que finalmente obtienen el puesto. El sindicato UGT los lleva al juzgado al considerar que se crean para favorecer a determinado personal. Además, se adivinan ante notario quienes van a ser las seleccionadas, antes de que se publique la lista de admitidos.

El 15 de mayo de 2024, la Fundación Visit València publicó tres plazas para personal que procediera del sector público o fuera funcionario de carrera. A una de ellas, la plaza de técnico jurídico, concurren 15 personas, entre ellas E.M., trabajador del Consorcio, señalado también en la denuncia presentada en Fiscalía.

Acta notarial que 'adivina' las adjudicaciones de la APV

Nueve días después de que arranquen los dos procesos en la APV, trabajadores del Consorcio se personaron en una notaría y registran dos actas en las que manifiestan los nombres de quienes creen que van a obtener el puesto. Los documentos dicen así: “Que la Autoridad Portuaria de Valencia, con fecha 29 de abril de 2024, ha publicado el proceso de selección para la provisión de un puesto de subdirección de infraestructuras, instalaciones y conservación de personal laboral fijo excluido de convenio colectivo para la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de mayo de 2024 a las 14.00 horas. Que los aquí requirientes quieren dejar constancia, antes de que dicho puesto sea adjudicado en virtud del referido proceso de selección, que tienen firme convencimiento de que dicha plaza va a ser adjudicada a doña M. G. N.” La segunda acta hace referencia al puesto de jefatura de apoyo a gestión económico financiero, que según los requirientes se adjudicaría a doña A.G.

La Autoridad Portuaria de Valencia anunció su lista de admitidos el 29 de mayo de 2024, en la que figuran A.G. y M.G. Iniciarán su actividad laboral en el Puerto el 16 de octubre del mismo año. En las actas, adivinaron las plazas.

Desestimiento de las convocatorias

El 10 de junio de 2024, A.G. presenta la solicitud para las plazas de la Fundación Deportiva Municipal. El 14 de junio, cuatro días después, presenta una carta de desestimiento.

El 22 de julio de 2024, la Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal declara desierta la convocatoria a la que se ha presentado M.G. Presenta una renuncia al proceso el 5 de julio.

En una resolución, el consistorio indica que “tras la finalización del plazo de presentación de instancias, no se ha realizado posteriormente actuación alguna para continuar el procedimiento, habiéndose requerido desde la propia Presidencia de la entidad desistir del mismo, por razones organizativas”.

En la denuncia, Compromís afirma que M.G renuncia al proceso y otro candidato queda inadmitido. En octubre, la concejala Rocío Gil pide que se desista del proceso para “llevar a cabo con más detenimiento una reorganización” de los servicios en la Fundación Deportiva Municipal.

Un informe de la Intervención contra los nombramientos del Puerto

La Intervención General del Estado también planteó sus dudas sobre convocatorias de empleo en el Puerto. El documento, publicado íntegramente por elDiario.es, pone la lupa en cinco procesos de contratación, entre ellos los dos que Compromís ha llevado a Anticorrupción. En el informe se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, apunta la Intervención en el informe.

La Autoridad Portuaria de Valencia se negó a trasladar este documento, un criterio que corrigió el Consejo de Transparencia a petición de un particular.

Las plazas de la APV, pendientes de juicio

El sindicato UGT denunció a la Autoridad Portuaria de Valencia por las dos plazas que finalmente ocuparon A.G y M.G. Al contrario que en las fundaciones del Ayuntamiento de València, que son puestos vacantes previstos en la RPT que se sacan para cubrirse, en el Puerto sí se crean dos plazas nuevas. La sección sindical consideró que las convocatorias vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que responden a una deriva “restrictiva” y “arbitraria” en la política de personal del organismo.

Las bases hacían referencia a la liquidación del Consorcio Valencia 2007, con perfiles muy específicos, y en el Consorcio Valencia 2007 consideraron que se asemejaban a los de dos altos cargos del ente, que resultaron ser beneficiarias. UGT consideró que las plazas se crearon para favorecer a determinado personal, y las llevó al juzgado. Las vistas por ambas plazas están previstas para mayo y octubre.

Plaza Visit Valencia, en duda sobre los requisitos

La tercera plaza en cuestión es la de Visit Valencia. En este organismo se sacan tres convocatorias diferentes para perfil jurídico, técnico de promoción y comunicación, y un administrativo, a las que solo pueden concurrir empleados públicos. A la plaza de técnico jurídico se presentan dos personas, pero no cumplen los requisitos. A la plaza de Comunicación solo se presenta un candidato, pero no acude el día de la prueba, que era el 21 de octubre, y se declara desierta un día después. A la tercera plaza, de administrativo, concurren E.M. y otros 14 aspirantes, aunque solo tres cumplen con el requisito de ser empleado públicos, según la resolución del 7 de agosto. Finalmente, solo E.M. supera la fase de oposición como “apto”, según la resolución de noviembre.

Para entonces, E.M. ya no es trabajador en activo en el Consorcio Valencia 2007. La liquidación del ente se produce el 16 de octubre. Por tanto, incumpliría las bases de la convocatoria pública por apenas unas semanas.

En los requisitos de la convocatoria, se establece que “los candidatos deberán reunir, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos: (...) Ser empleado de entidades del sector público con relación funcionarial de carrera o laboral fija o indefinida”.

Informes contrarios a la subrogación

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, y dirigido por María José Catalá defiende el proceso de contratación del empleado. La alcaldesa apuntó esta semana, al admitirse la denuncia y publicarse parte del contenido de las grabaciones, que pedirá un informe a los servicios jurídicos para acreditar el proceso, aunque avanzó que confía en que se hubiera hecho debidamente, ya que fue “transparente”. Trasladó asimismo que todo el consistorio, todos los grupos políticos, tenían voluntad de no dejar en la calle a los trabajadores del Consorcio.

Durante el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, en enero del 2024, se emitió un informe de la Abogacía del Estado contrario a la subrogación de los empleados, trasladan fuentes municipales. En ese informe, apuntan, se concluía que la liquidación y extinción del Consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo.

El Ayuntamiento se mostró en contra de cualquier subrogación en la medida en que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino a la Administración General del Estado, apuntan fuentes municipales. Todos los grupos con representación trasladaron su voluntad de que estos trabajadores no se quedaran en la calle. Con estas limitaciones, expresan las mismas municipales, se contempló la posibilidad de cubrir vacantes que fueran necesarias en las entidades del sector público de quienes ya tuvieran la condición de empleados públicos, en los procedimientos de selección para personas provenientes del sector público; es decir, donde hubiera vacantes y en régimen de derecho laboral y siempre en los términos legales que resultaran de aplicación en cada convocatorio. El Ayuntamiento afirma que no existe ningún empleado público que no haya superado el procedimiento, acreditado con documentación.

La Generalitat Valenciana ha intervingut per a tractar de salvar un negoci privat que té al voltant de tres milions d’euros de benefici. L’empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) ha presentat un incident d’execució en relació amb la sentència recent de la Plaça número 8 de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València, que obliga l’Ajuntament que dirigeix María José Catalá a “adoptar les mesures necessàries, inclusivament revocació d’autoritzacions o reubicació d’esdeveniments o activitats, per a impossibilitar definitivament la violació dels drets fonamentals” dels veïns de la zona que pateixen el soroll del Festival de les Arts o de la discoteca de L’Umbracle. 

L’escrit de Cacsa, “malgrat no ser part directament afectada per la sentència”, sol·licita al jutjat que es pronuncie sobre la “possibilitat que puguen mantindre’s en el recinte les activitats musicals en què s’adopten, per part dels promotors i la direcció de la Terrassa Umbracle, les mesures addicionals necessàries que permeten controlar i garantir que no es vulnera l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica”. 

L’empresa pública de la Generalitat planteja, a parer seu, una “solució” per a compatibilitzar els esdeveniments musicals que complisquen les mesures per a evitar la contaminació acústica amb el respecte dels nivells sonors previstos legalment “i impedisquen la vulneració dels drets fonamentals dels veïns”.

Cacsa anuncia reforços de les mesures contra el soroll “amb l’exigència que cada promotor haurà de presentar un pla d’actuació en seu judicial, de manera prèvia a l’esdeveniment, i garantir que els mitjans tècnics i tecnològics amb què portarà a efecte cada activitat i el procediment de control d’aquests compliran les condicions exigides”. 

La Generalitat, d’altra banda, destaca el “reconeixement” que la mateixa sentència fa de la Ciutat de les Arts i les Ciències com un “espai d’interés general en què es desenvolupen activitats amb una clara dimensió pública, cultural i de projecció exterior”. 

La falta de legitimitat de Cacsa, segons la sentència

En la sentència, a més de l’Ajuntament de València, figurava com a codemandada l’empresa Ocio y Entretenimiento Costa Este SL, responsable de L’Umbracle. Els veïns demandants, que habiten finques pròximes de l’avinguda del Professor López Piñero, retreien al consistori i a l’empresa que “cada vegada” que a la Ciutat de les Arts i les Ciències “està en funcionament la Terrassa de la Discoteca de l’Umbracle o s’efectuen a l’aire lliure festivals musicals i concerts en directe, es produeixen transmissions acústiques per via aèria que causen immissions de sorolls insuportables i no tolerables per a l’àmbit privat dels habitatges”.

El jutge al·ludia a l’alçament de fins a 11 actes relacionades amb la contaminació acústica “només en L’Umbracle” per part de la Policia Local de València i destacava la falta de legitimitat de Cacsa, “pel fet de mancar de facultat inspectora o sancionadora” davant l’exercici de les competències municipals. 

La sentència recordava que Ocio y Entretenimiento Costa Este SL és la titular de l’autorització concedida per Cacsa i cedeix l’explotació de la discoteca a HFS Salamandra SL, que té el 29% de les participacions de la primera. La firma codemandada, segons els últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil, declara uns beneficis de 2,8 milions el 2023, davant els 3,6 milions de l’exercici anterior. 

Controls municipals “escassíssims” i “deficients i ineficaços”

El jutge criticava els “escassíssims controls municipals” per part de l’Ajuntament de València que, quan s’han fet, “han sigut deficients i ineficaços” i han eludit “sistemàticament, malgrat les nombroses queixes”, els mesuraments correctes (en destinació), “tapant així la contaminació acústica real que poguera derivar d’aquestes activitats”. 

La sentència enumerava la superació dels límits màxims de decibels permesos des de fa una dècada, especialment en relació amb el Festival de les Arts, el Big Sound Festival o la discoteca L’Umbracle. 

També rebutjava que l’Ajuntament de València s’escudara en “meres certificacions o autocontrols unilaterals” (com les auditories acústiques “pretesament favorables a la discoteca”) que, en cap cas, desvirtuen el “superior valor probatori d’autèntiques proves pericials que tenen en compte tant el que puga afavorir com perjudicar emissor i receptor”. 

A més, la sentència deixava caure, en sintonia amb el ministeri fiscal, que, quan el Consell “elimina” l’obligació de llicència municipal prèvia, no desapareix el “control posterior ni la potestat d’inspecció o de sanció” del consistori. “L’Ajuntament ja no atorga una llicència, però continua controlant l’ús de l’espai públic, el soroll, la seguretat i el compliment d’horaris”, explicava.

La Generalitat Valenciana ha intervenido para tratar de salvar un negocio privado que ronda los tres millones de euros de beneficio. La empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ha presentado un incidente de ejecución en relación con la reciente sentencia de la Plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València, que obliga al ayuntamiento que dirige María José Catalá a “adoptar las medidas necesarias, inclusive revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades, para imposibilitar definitivamente la violación de los derechos fundamentales” de los vecinos de la zona que sufren el ruido del Festival de les Arts o de la discoteca de l'Umbracle.

El escrito de CACSA, “pese a no ser parte directamente afectada por el fallo”, solicita al juzgado que se pronuncie sobre la “posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, las medidas adicionales necesarias que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica”.

La empresa pública de la Generalitat plantea, a su juicio, una “solución” para compatibilizar los eventos musicales que cumplan con las medidas para evitar la contaminación acústica con el respeto de los niveles sonoros previstos legalmente “e impidan la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos”.

CACSA anuncia refuerzos de las medidas contra el ruido “con la exigencia de que cada promotor deberá presentar un plan de actuación en sede judicial, de forma previa al evento, y garantizar que los medios técnicos y tecnológicos con los que llevará a efecto cada actividad y el procedimiento de control de los mismos cumplirán con las condiciones exigidas”. 

La Generalitat, por otro lado, destaca el “reconocimiento” que la propia sentencia hace de la Ciutat de les Arts i les Ciències como un “espacio de interés general en el que se desarrollan actividades con una clara dimensión pública, cultural y de proyección exterior”.

La falta de legitimidad de CACSA, según la sentencia

En la sentencia, además del Ayuntamiento de València, figuraba como codemandada la empresa Ocio y Entretenimiento Costa Este SL, responsable de L'Umbracle. Los vecinos demandantes, que habitan fincas cercanas de la avenida del Profesor López Piñero, reprochaban al consistorio y a la empresa que “cada vez” que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias “está en funcionamiento la Terraza de la Discoteca del Umbracle o se efectúan al aire libre festivales musicales y conciertos en directo, se producen transmisiones acústicas por vía aérea que causan inmisiones de ruidos insoportables y no tolerables para el ámbito privado de las viviendas”.

El juez aludía al levantamiento de hasta 11 actas relacionadas con la contaminación acústica “sólo en el Umbracle” por parte de la Policía Local de València y destacaba la falta de legitimidad de CACSA, “al carecer de facultad inspectora o sancionadora” frente al ejercicio de las competencias municipales.

La sentencia recordaba que Ocio y Entretenimiento Costa Este SL es la titular de la autorización concedida por CACSA y cede la explotación de la discoteca a HFS Salamandra SL, que cuenta con el 29% de las participaciones de la primera. La firma codemandada, según sus últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil, declara unos beneficios de 2,8 millones en 2023, frente a los 3,6 millones del ejercicio anterior.

Controles municipales “escasísimos” y “deficientes e ineficaces”

El juez criticaba los “escasísimos controles municipales” por parte del Ayuntamiento de València que, cuando se han hecho, “han sido deficientes e ineficaces” y han eludido “sistemáticamente, pese a las numerosas quejas”, las mediciones correctas (en destino), “tapando así la contaminación acústica real que pudiera derivarse de tales actividades”.

La sentencia enumeraba la superación de los límites máximos de decibelios permitidos desde hace una década, especialmente en relación con el Festival de les Arts, el Big Sound Festival o la discoteca L'Umbracle.

También rechazaba que el Ayuntamiento de València se escudara en “meras certificaciones o autocontroles unilaterales” (como las auditorías acústicas “supuestamente favorables a la discoteca”) que, en ningún caso, desvirtúan el “superior valor probatorio de auténticas pruebas periciales que tienen en cuenta tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a emisor y receptor”.

Además, la sentencia deslizaba, en sintonía con el Ministerio Fiscal, que cuando el Consell “elimina” la obligación de licencia municipal previa no desaparece el “control posterior ni la potestad de inspección o sanción” del consistorio. “El Ayuntamiento ya no otorga una licencia, pero sigue controlando el uso del espacio público, el ruido, la seguridad y el cumplimiento de horarios”, explicaba.

La situación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, ha llegado a un punto “totalmente insostenible”, a juicio de Compromís per València, que exigirá de nuevo su dimisión en el próximo pleno y pedirá la creación de una comisión de investigación que aclare todo lo ocurrido en el conocido como caso de enchufismo. Todo ello en un contexto en el que, a la espera de lo que determine la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Olano, ya son tres los miembros del gobierno municipal investigados, entre ellos la propia alcaldesa, María José Catalá, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La publicación de los audios que evidencian la participación activa de Olano en la presunta trama de colocación a dedo de cargos públicos “es la gota que colma el vaso”, según la portavoz de Compromís, Papi Robles. Unas grabaciones que, según la edil valencianista, confirman que las plazas se diseñaban “a medida” para reducir la competencia y garantizar determinados nombramientos.

No se trata de un hecho aislado. La formación valencianista recuerda que Olano ya había sido señalado como pieza clave en esta operativa, hasta el punto de que ha solicitado formalmente que sea investigado en el marco de esta causa. La documentación y los audios conocidos en las últimas semanas apuntan a una estrategia coordinada desde el gobierno municipal para colocar a personas afines en distintos organismos públicos.

“Pero su historial viene de lejos y Olano ha sido reiteradamente cuestionado por su falta de transparencia, negándose a hacer pública su relación con empresas privadas pese a las peticiones de la oposición. También ha protagonizado episodios de desprecio hacia el movimiento vecinal, que ha llegado a censurar públicamente sus declaraciones”, sostienen.

Un patrón de conducta

Compromís considera que todo ello dibuja un patrón claro: “Opacidad, malas formas y una manera de entender la política alejada de los estándares de transparencia democrática. Los últimos audios no hacen más que confirmar lo que ya se había denunciado desde hace semanas”.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, considera que Catalá ya no puede proteger más a Olano: “Tenemos al concejal más opaco de este Ayuntamiento y con más sospechas. Nunca ha querido aclarar sus incompatibilidades, ha despreciado al movimiento vecinal y ahora vemos cómo maniobraba en una trama que puede acabar en delitos muy graves”.

Papi Robles advierte de que la situación ya no se sostiene de ninguna manera: “Los audios son la gota que colma el vaso de su soberbia, su opacidad y sus malas formas. No puede continuar ni un minuto más como concejal”.

Ante esta situación, la formación valencianista insiste en que la ciudad necesita explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas. Mantener a Olano en el cargo, señalan, “es avalar una forma de hacer política basada en la opacidad y el clientelismo”.

“Amañando” plazas de empleo público

El socialista Borja Sanjuán, por su parte, se lamentaba de que “ésta es la manera de trabajar del concejal de Contratación de María José Catalá”. “Todos hemos podido escuchar cómo el señor Olano estaba amañando plazas de empleo público, cómo le decía a la gente que si querían una plaza de empleo público que le hablaran en privado”, explica Sanjuán, quien insta a la alcaldesa de València a destituir a su edil de Grandes Proyectos: “Si no le cesa en las próximas horas, estará admitiendo que lo hacía porque ella se lo pidió, porque él es el señor Lobo, su Alfonso Grau”.

“Lo que tiene que hacer María José Catalá es decidir si cesa hoy a Pepe Marí Olano o asume que la responsable de esa manera de actuar que está hoy en el Ayuntamiento de València y que es tan del PP valenciano es ella”, concluye el portavoz socialista.