El regidor José Marí Olano, el cervell jurídic de l'alcaldessa de València, María José Catalá, va guanyar un plet a un organisme públic de la Comunitat de Madrid. L'edil exerceix d'advocat i representa empreses de tot Espanya.

El lletrat, segons una sentència de la secció tercera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, a la qual ha tingut accés elDiario.es, va guanyar un plet contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), l'ens de dret públic encarregat del sistema de prestacions sanitàries per part del Govern d'Isabel Díaz Ayuso.

Marí Olano representava l'empresa Acuña y Fombona SA, una firma especialitzada en el subministrament de productes medicoquirúrgics, domiciliada a Gijón, que reclamava al Sermas un import de 76.477 euros com a pagament d'interessos de demora i indemnització per costos de cobrament sobre factures abonades fora de termini i relatives a contractes de subministraments hospitalaris.

La sentència, que no és ferma, va estimar parcialment el recurs de José Marí Olano, encara que va rebaixar l'import a 21.201 euros pels interessos de demora meritats (la quantitat que el Sermas reconeixia), a més de l'increment dels interessos de l'IVA i una indemnització de 40 euros per cada factura generadora d'interessos de demora.

La resolució, del passat 28 de maig, reconeixia com a “minuciós” l'informe elaborat per la subdirecció general de Gestió Econòmica i Anàlisi Pressupostària del Sermas, que presentava un “càlcul alternatiu dels interessos” a partir de la data de recepció de les factures “correctes”.

“L'actora pot considerar que és la data del subministrament la que s'ha de tindre en compte, però l'Administració parteix del fet que aquesta data és la de conformitat de la factura, o subsidiàriament la data de registre electrònic d'aquesta, la que s'ha de tindre en compte a l'hora de determinar la data d'inici del termini de 30 dies que l'Administració té per a abonar els subministraments”.

L'organisme públic de la Comunitat de Madrid es va escudar en el fet que, “excepte en 10 factures”, l'empresa representada per Marí Olano no facilitava la data de registre sinó la d'emissió. L'informe repassa un total de 864 factures.

La sentència del TSJ de Madrid repassa els criteris fixats per la mateixa secció de la Sala Contenciosa i destaca que “en el cas concret de subministraments sanitaris quirúrgics o farmacèutics als serveis de salut, que suposen centenars i en moltes ocasions milers de subministraments a diferents hospitals (...), aquest enorme volum de subministraments i les dificultats que la seua correcta gestió suposa per a un adequat control sanitari i administratiu justifica complidament que el servei de salut corresponent dispose d'un període previ, no superior a 30 dies, per a l'acceptació i verificació de les prestacions dels contractistes”.

Així, el dia inicial de meritació dels interessos de demora s'estableix una vegada transcorregut el termini de 30 dies des de la data de conformitat per part de l'Administració autonòmica dels documents que acrediten aquesta conformitat. No obstant això, davant de l'informe del Sermas, l'empresa representada per José Marí Olano no aporta “cap prova relativa a aquestes discrepàncies”.

Encara que la sentència estima parcialment el recurs, declara “no ajustada íntegrament a dret” la resolució desestimatòria inicial del Sermas relativa a la reclamació per part d'Acuña y Fombona SA.

El concejal José Marí Olano, el cerebro jurídico de la alcaldesa de València, María José Catalá, ganó un pleito a un organismo público de la Comunidad de Madrid. El edil ejerce de abogado y representa a empresas de toda España.

El letrado, según una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ganó un pleito contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el ente de derecho público encargado del sistema de prestaciones sanitarias por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Marí Olano representaba a la empresa Acuña y Fombona SA, una firma especializada en el suministro de productos médico-quirúrgicos, domiciliada en Gijón, que solicitaba al Sermas un importe de 76.477 euros como pago de intereses de demora e indemnización por costes de cobro sobre facturas abonadas fuera de plazo y relativas a contratos de suministros hospitalarios.

La sentencia, que no es firme, estimó parcialmente el recurso de José Marí Olano aunque rebajó el importe a 21.201 euros por los intereses de demora devengados (la cantidad que el Sermas reconocía), además del incremento de los intereses del IVA y una indemnización de 40 euros por cada factura generadora de intereses de demora.

La resolución, del pasado 28 de mayo, reconocía como “minucioso” el informe elaborado por la subdirección general de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del Sermas, que presentaba un “cálculo alternativo de los intereses” a partir de la fecha de recepción de las facturas “correctas”.

“La actora puede considerar que es la fecha del suministro la que ha de tenerse en cuenta, pero la Administración parte de que dicha fecha es la de conformidad de la factura, o subsidiariamente la fecha de registro electrónico de la misma, la que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar la fecha de inicio del plazo de 30 días que la Administración tiene para abonar los suministros

El organismo público de la Comunidad de Madrid se escudó en que “salvo en 10 facturas”, la empresa representada por Marí Olano no facilitaba la fecha de registro sino la de emisión. El informe repasa un total de 864 facturas.

La sentencia del TSJ de Madrid repasa los criterios fijados por la misma sección de la Sala de lo Contencioso y destaca que “en el concreto caso de suministros sanitarios quirúrgicos o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales (...), ese enorme volumen de suministros y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas”.

Así, el día inicial de devengo de los intereses de demora se establece en una vez pasado el plazo de 30 días desde la fecha de conformidad por parte de la Administración autonómica de los documentos que acrediten la conformidad. Sin embargo, frente al informe del Sermas, la empresa representada por José Marí Olano no aporta “prueba alguna relativa a estas discrepancias”.

Aunque la sentencia estima parcialmente el recurso, declara “no ajustada íntegramente a derecho” la resolución desestimatoria inicial del Sermas relativa a la reclamación por parte de Acuña y Fombona SA.

Con la crisis de la vivienda en su punto álgido y tras subir los alquileres hasta un 43% en València desde mayo de 2023, un total de 550 familias siguen esperando desde el pasado mes de enero las ayudas del Ayuntamiento comprometidas para hacer frente al arrendamiento. Todas ellas cumplían los requisitos pero se quedaron fuera al agotarse el crédito.

En concreto, consistorio adjudicó a principios del presente año, a través de la Comisión de Valoración de la Delegación de Vivienda, las mencionadas ayudas al alquiler, de las que se beneficiaron un total de 1.565 personas solicitantes. “Se trata de unas ayudas por importe de más de 3,17 millones de euros, lo que supone un aumento del 33% respecto a las ayudas de 2022”, detalló en su momento el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

Durante el pleno celebrado el 27 de enero, el grupo municipal Compromís presentó una moción con una batería de propuestas para mejorar la atención a los beneficiarios de las ayudas al alquiler que había convocado el Gobierno municipal.

Compromís denunció que se había mantenido una dotación inferior a la convocada en 2024 y que habían quedado 550 solicitantes, más del doble de los que fueron excluidos en 2024, cuando quedaron fuera 262. El concejal valencianista, Ferran Puchades, denunció que “en un momento en que València lidera los precios de incremento de los precios del alquiler, que la oferta de vivienda en ese régimen se ha reducido un 30% y la situación de emergencia habitacional que viven decenas de miles de valencianos, el Ayuntamiento ha reducido la dotación presupuestaria y ha hecho una convocatoria bianual que genera un efecto excluyente de quienes este año no cumplen los requisitos pero sí pueden hacerlo el año que viene y no tendrán acceso a pedirla”.

Durante el pleno, el Gobierno municipal aprobó una moción alternativa que resultó aprobada con el siguiente contenido: “Continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumplimiento todos los requisitos de la Convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler 2025-2026, han quedado excluidas por agotamiento de crédito y no han sido beneficiarias del Programa de ayudas al alquiler de viviendas correspondiente al ejercicio 2025, concedidas por Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad”.

En el pleno celebrado en abril de 2026, el regidor Puchades formuló una pregunta in voce al regidor de Urbanismo, la cual fue contestada por escrito en los siguientes términos: “Cómo le contesté en su turno, le confirmo que se ha iniciado por parte del Servicio de Vivienda, estando actualmente en tramitación”.

La realidad, según denuncia Compromís, es que “prácticamente ha transcurrido el curso presupuestario, se han movido centenares de millones de euros en modificaciones presupuestarias y no han movido un dedo para cumplir su prometida”.

A preguntas de elDiario.es, fuentes municipales han explicado que los servicios municipales están comprobando que los 550 solicitantes no han sido adjudicatarios de ayudas de la Generalitat Valenciana, al ser incompatibles, y que paralelamente se han solicitado informes a Servicios Sociales si procede para analizar cada caso. Al mismo tiempo han asegurado que la previsión es que se puedan hacer efectivos los pagos antes de final de año.

Con todo, Puchades ha insistido en que “València lidera la triste competición en España siendo la ciudad donde más se ha incrementado el precio del alquiler, donde la media del precio mensual supera los 1.700 euros, donde cada vez hay menos oferta, se niegan a aprobar la declaración como zona tensionada y poner límites al alquiler y encima no son capaces ni de ejecutar su propio acuerdo ampliando la dotación presupuestaria para que ninguna familia que cumpliera los requisitos se quedara fuera”.

Amb la crisi de l'habitatge en el punt àlgid i després d'haver pujat els lloguers fins a un 43% a València des de maig de 2023, un total de 550 famílies continuen esperant des del passat mes de gener les ajudes de l'Ajuntament compromeses per a fer front al lloguer. Totes complien els requisits, però es van quedar fora en esgotar-se el crèdit.

En concret, el consistori ha adjudicat a principis d'enguany, a través de la Comissió de Valoració de la Delegació d'Habitatge, les ajudes al lloguer esmentades, de les quals es van beneficiar un total de 1.565 persones sol·licitants. “Es tracta d'unes ajudes per un import de més de 3,17 milions d'euros, cosa que suposa un augment del 33% respecte de les ajudes de 2022”, va detallar en aquell moment el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Juan Giner.

Durant el ple celebrat el 27 de gener, el grup municipal Compromís va presentar una moció amb una bateria de propostes per a millorar l'atenció als beneficiaris de les ajudes al lloguer que havia convocat el Govern municipal.

Compromís va denunciar que s'havia mantingut una dotació inferior a la convocada el 2024 i que havien quedat fora 550 sol·licitants, més del doble dels que van ser exclosos el 2024, quan en van quedar fora 262. El regidor valencianista Ferran Puchades va denunciar que “en un moment en què València lidera l'increment dels preus del lloguer, en què l'oferta d'habitatge en aquest règim s'ha reduït un 30% i davant de la situació d'emergència residencial que viuen desenes de milers de valencians, l'Ajuntament ha reduït la dotació pressupostària i ha fet una convocatòria biennal que genera un efecte excloent per als qui enguany no compleixen els requisits, però sí que poden complir-los l'any que ve i no tindran accés a sol·licitar-la”.

Durant el ple, el Govern municipal va presentar una moció alternativa que va resultar aprovada amb el contingut següent: “Continuar impulsant les actuacions necessàries des del Servei d'Habitatge per a atorgar la condició de beneficiàries a les persones sol·licitants que, tot i complir tots els requisits de la Convocatòria d'Ajudes Municipals al Lloguer 2025-2026, han quedat excloses per esgotament del crèdit i no han sigut beneficiàries del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges corresponent a l'exercici 2025, concedides per Resolució de 18 de desembre de 2025, de la Vicepresidència Primera i Conselleria d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat”.

En el ple celebrat l'abril de 2026, el regidor Puchades va formular una pregunta in voce al regidor d'Urbanisme, que va ser contestada per escrit en els termes següents: “Com li vaig contestar en el seu torn, li confirme que el Servei d'Habitatge ha iniciat els tràmits i que actualment es troben en tramitació”.

La realitat, segons denuncia Compromís, és que “pràcticament ha transcorregut l'exercici pressupostari, s'han mogut centenars de milions d'euros en modificacions pressupostàries i no han mogut un dit per a complir la seua promesa”.

A preguntes d'elDiario.es, fonts municipals han explicat que els serveis municipals estan comprovant que els 550 sol·licitants no hagen sigut beneficiaris d'ajudes de la Generalitat Valenciana, ja que són incompatibles, i que paral·lelament s'han sol·licitat informes als Serveis Socials, si escau, per a analitzar cada cas. Al mateix temps, han assegurat que la previsió és que els pagaments es puguen fer efectius abans de final d'any.

Amb tot, Puchades ha insistit que “València lidera la trista competició a Espanya perquè és la ciutat on més s'ha incrementat el preu del lloguer, on el preu mitjà mensual supera els 1.700 euros, on cada vegada hi ha menys oferta, es neguen a aprovar la declaració com a zona tensionada i a posar límits al lloguer i, damunt, no són capaços ni d'executar el seu propi acord ampliant la dotació pressupostària perquè cap família que complira els requisits es quedara fora”.

El veïnat de Benicalap manté la seua particular batalla legal per a tractar d'evitar que els baixos dels seus habitatges es convertisquen en allotjaments turístics mitjançant projectes que, en diversos casos, han implicat l'enderrocament de façanes en zones comunes per a obrir finestrals sense el permís de les comunitats afectades.

En aquest cas, són els residents de l'edifici situat al carrer de Carles Cortina número 5, al barri de Benicalap, els que han presentat a l'Ajuntament un recurs de reposició contra la llicència ambiental sol·licitada el 28 de novembre de 2025 per la promotora Business Decision And Advice SLU, un permís que finalment es va concedir el passat 28 de maig.

Aquest recurs és el pas previ al contenciós administratiu davant del jutjat en cas que l'Ajuntament de València no conteste en el termini d'un mes o el desestime. Aquesta mateixa mercantil executa projectes similars en altres dos edificis residencials pròxims, un al carrer d'Encarna Albarracín, on, com en la comunitat denunciant, s'han alterat façanes en elements comuns per a obrir finestrals, i un altre al carrer de Carles Cortina número 2.

La promotora Business Decission and Advice SL té contractats els serveis jurídics del despatx Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP). La firma té altres dos projectes en marxa a Torrefiel i la Raiosa.

Arguments legals del recurs

Pel que fa als arguments legals del recurs de reposició presentat el passat 2 d'octubre, al qual ha tingut accés elDiario.es, el document planteja cinc aspectes pels quals la llicència concedida seria, segons els denunciants, nul·la de ple dret.

En essència, la comunitat posa en relleu que l'empresa va demanar dues llicències, una primera el 27 de maig de 2024, just un dia abans de l'acord municipal de la moratòria per la qual es van suspendre els nous permisos per a apartaments turístics. Aquesta primera sol·licitud va quedar suspesa i, posteriorment, el juliol de 2026, va ser denegada perquè l'Ajuntament va considerar que l'ús terciari hoteler no es podia implantar en aquest emplaçament.

Mentrestant, la promotora va presentar una segona sol·licitud el novembre de 2025. La diferència formal era la superfície. Segons el recurs, la primera llicència sol·licitada afectava 1.777 metres quadrats en planta baixa, mentre que la segona s'estenia sobre 1.270 metres quadrats en planta baixa i 367 en entresol, que la promotora considerava no computables; quedaven 188 metres quadrats fora de l'àmbit d'intervenció.

No obstant això, l'escrit sosté que aquesta reducció va ser purament formal, ja que s'hauria presentat una nova versió del mateix projecte per a encaixar aparentment en l'excepció prevista en la normativa i obtindre la llicència.

Posteriorment, segons el recurs, l'Ajuntament va constatar el setembre de 2026 que la promotora estava actuant també sobre aquests 188 metres quadrats que, segons la llicència, havien de quedar fora d'ús o d'intervenció, fet que la comunitat considera un “frau de llei”.

D'altra banda, la comunitat sosté que no hauria sigut informada ni escoltada correctament per l'Ajuntament i que es va ometre un tràmit essencial de la llicència ambiental: la notificació personal als veïns confrontants i l'audiència posterior.

A més, segons el recurs, en l'expedient al qual va poder accedir la comunitat només consta un informe del Servei de Sanitat i Consum i una Ponència Tècnica Municipal d'Anàlisi Ambiental. Aquesta última, segons els residents, es limita pràcticament a considerar suficients les mesures correctores proposades, sense fer una valoració pròpia prou detallada.

La comunitat considera especialment rellevant que estem parlant de 38 habitacions i 93 places en un edifici residencial de 66 habitatges i uns 120 veïns. Per això, sosté que s'haurien d'haver recaptat, com a mínim, informes sobre seguretat contra incendis, residus, accessibilitat, sorolls i vibracions, seguretat i salut de les persones, a més d'informes autonòmics relacionats amb habitatge i turisme.

Finalment, assenyalen que les obres haurien continuat quan ja havia caducat la declaració responsable que en va permetre l'inici. La promotora va presentar la declaració responsable d'obres el 28 de novembre de 2025, amb un termini d'execució de nou mesos. Però, segons el recurs, les obres van començar fins i tot abans, el 28 d'octubre de 2025.

Per tant, la comunitat sosté que, transcorreguts aquests nou mesos, “la declaració responsable hauria caducat i les obres no disposarien de títol habilitant”. El recurs insisteix que la concessió posterior de la llicència ambiental no pot “renovar” automàticament la declaració responsable d'obres: serien títols diferents, encara que es tramitaren conjuntament.

Així mateix, demana que es declare expressament la caducitat i la paralització immediata de les obres.

Los vecinos y vecinas de Benicalap mantienen su particular batalla legal para tratar de evitar que los bajos de sus viviendas se conviertan en alojamientos turísticos mediante proyectos que en varios casos han implicado el derribo de fachadas en zonas comunes para abrir ventanales sin permiso de las comunidades afectadas.

En este caso, son los residentes del edificio ubicado en la calle Carlos Cortina número 5, en el barrio de Benicalap, los que han presentado al Ayuntamiento un recurso de reposición contra la licencia ambiental solicitada el 28 de noviembre de 2025 por la promotora Business Decision And Advice SLU, permiso que finalmente se concedió el pasado 28 de mayo.

Este recurso es el paso previo al contencioso administrativo en el juzgado en el caso de que el Ayuntamiento de València no conteste en el plazo de un mes o lo desestime. Esta misma mercantil ejecuta proyectos similares en otros dos residenciales cercanos, uno en la calle de Encarna Albarracín, en el que como en la comunidad denunciante se han alterado fachadas en elementos comunes para la apertura de ventanales, y otro en la calle Carlos Cortina número 2.

La promotora Business Decission and Advice SL tiene contratados los servicios jurídicos del despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Argumentos legales del recurso

En cuanto a los argumentos legales del recurso de reposición presentado el pasado 2 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea cinco aspectos por los que la licencia concedida sería, según los denunciantes, nula de pleno derecho.

En esencia, la comunidad pone de relieve que la empresa pidió dos licencias, una primera el 27 de mayo de 2024, justo un día antes del acuerdo municipal de la moratoria por la que se suspendieron nuevos permisos para apartamentos turísticos. Esa primera solicitud acabó suspendida y posteriormente, en julio de 2026, fue denegada porque el Ayuntamiento consideró que el uso terciario hotelero no podía implantarse en ese emplazamiento.

Mientras tanto, la promotora presentó una segunda solicitud en noviembre de 2025. La diferencia formal fue la superficie. Según el recurso, la primera licencia solicitada afectaba a 1.777 metros cuadrados en planta baja, mientras la segunda se extendía sobre 1.270 metros cuadrados en planta baja y 367 en entreplanta, que la promotora consideraba no computable; quedaban 188 metros cuadrados fuera del ámbito de intervención.

Sin embargo, el escrito sostiene que esa reducción fue puramente formal puesto que se habría presentado una nueva versión del mismo proyecto para encajar aparentemente en la excepción contemplada en la normativa y obtener la licencia.

Posteriormente, según el recurso, el Ayuntamiento constató en septiembre de 2026 que la promotora estaba actuando también sobre esos 188 metros cuadrados que, según la licencia, debían quedar fuera de uso/intervención, lo que la comunidad considera “fraude de ley”.

Por otra parte, sostiene la comunidad que no habría sido correctamente informada ni escuchada por el Ayuntamiento y que se omitió un trámite esencial de la licencia ambiental: la notificación personal a los vecinos colindantes y la audiencia posterior.

Además, según el recurso, en el expediente al que pudo acceder la comunidad solo consta un informe del Servicio de Sanidad y Consumo y una Ponencia Técnica Municipal de Análisis Ambiental. Esta última, según los residentes, se limita prácticamente a considerar suficientes las medidas correctoras propuestas, sin realizar una valoración propia suficientemente detallada.

La comunidad considera especialmente relevante que estamos hablando de 38 habitaciones y 93 plazas en un edificio residencial de 66 viviendas y unos 120 vecinos. Por ello sostiene que deberían haberse recabado, como mínimo, informes sobre seguridad contra incendios, residuos, accesibilidad, ruidos y vibraciones, seguridad y salud de las personas, además de informes autonómicos relacionados con vivienda y turismo.

Por último, señalan quelas obras habrían continuado cuando ya había caducado la declaración responsable que permitió su inicio. La promotora presentó la declaración responsable de obras el 28 de noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de nueve meses. Pero, según el recurso, las obras comenzaron incluso antes, el 28 de octubre de 2025. Por tanto, la comunidad sostiene que, transcurridos esos nueve meses, “la declaración responsable habría caducado y las obras carecerían de título habilitante”. El recurso insiste en que la posterior concesión de la licencia ambiental no puede “renovar” automáticamente la declaración responsable de obras: serían títulos distintos, aunque se tramitaran conjuntamente. Y pide que se declare expresamente la caducidad y la paralización inmediata de las obras.

La posibilidad de que el servicio de asesoría jurídica que presta el despacho del portavoz municipal de Vox en València, José Gosálbez, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) alcance los 25.000 euros ha generado duras críticas del PSPV y de Compromís al propio edil ultra y a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

Como ha informado este miércoles elDiario.es, los presupuestos del COGITI consultados por esta redacción establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Así, dentro de esta cuantía, es la referida a “asesoría jurídica” la que más se puede asemejar al servicio que el propio colegio anunció en su página web el colegio cuando contrató al gabinete del concejal, que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 .

Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es.  Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. 

Al respecto, desde Compromís València han asegurado que van a exigir al regidor Gosàlbez que inscriba el contrato que tiene subscrito con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en la declaración de bienes y actividades que todos los cargos públicos tienen que renovar durante el próximo mes de diciembre.

“Tal y como ya han manifestado el Secretario General y del Pleno, que certificó que se tienen que inscribir todas las actividades económicas, como el Síndic de Greuges que ya ha recomendado al propio portavoz de Vox que aporte el contenido del referido contrato para que la oposición y la corporación puedan conocerlo, Gosàlbez tiene que aportar la información necesaria a fin de poder acreditar que efectivamente desarrolla una actividad privada en los términos legales para la que fue autorizado por el plenario municipal”, ha advertido el concejal valencianista Ferran Puchades.

El edil de Compromís ha exigido a Català que inste a su regidor delegado a que dé a conocer el contrato y las remuneraciones que recibe por la actividad de asesoría jurídica especializada en urbanismo que Gosàlbez está prestando en el Colegio de Ingenieros Industriales. Para Puchades, esta nueva información sobre la posible remuneración que obtiene “pone negro sobre blanco la burla a la que están sometiendo Gosàlbez y Català a la ciudadanía, gastando recursos públicos y utilizando las instituciones para llenarse los bolsillos”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, ha puesto de relieve que Gosálbez es miembro de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València y que podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Así, ha cuestionado que pueda percibir ingresos privados por asesorar en asuntos sobre los que tiene información privilegiada y capacidad para tomar decisiones públicas.

Sanjuan ha advertido de que esta situación resulta especialmente grave en un momento en el que la ciudad de València atraviesa un drama con la vivienda y ha criticado que quienes forman parte de la comisión de urbanismo y vivienda puedan estar obteniendo ingresos por asesorar en materias relacionadas con las decisiones que deben adoptar desde sus responsabilidades públicas.

“Acabamos de conocer que un concejal miembro de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Es decir, por asesorar en temas en los que tiene una información privilegiada y sobre los que puede tomar decisiones públicas”, ha señalado.

Sanjuan ha criticado que esta situación se produzca precisamente mientras la ciudad afronta un problema de vivienda que está dificultando el acceso a un hogar para muchos vecinos y vecinas. A su juicio, existe una contradicción entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses económicos que pueden rodear a quienes tienen capacidad de decisión en materia urbanística.

Nou pas per a la licitació del pavelló esportiu de Benicalap adjacent al nou estadi del València CF, un dels compromisos més importants del club amb el barri que encara estan pendents de fer-se realitat.

La Fundació Esportiva Municipal (FDM) ha donat el vistiplau al projecte bàsic d’execució, al qual ha tingut accés elDiario.es, presentat el passat mes de juliol pel despatx de Mark Fenwick i Javier Iribarren amb un cost d’11,67 milions d’euros. L’entitat valencianista va abonar a l’Ajuntament el novembre de l’any passat 11,27 milions, per la qual cosa està per veure qui assumirà els 400.000 euros de diferència.

Un dictamen de la mateixa FDM d’abril de 2025 va concloure, en resposta a una al·legació del València CF, que el club ha d’assumir tots els costos amb preus actualitzats i l’instava a presentar el projecte definitiu d’execució —ja presentat el passat mes de juliol— per a poder convocar el concurs públic per a la seua construcció.

Així, encara que l’octubre de 2024 la FDM va taxar el projecte en 11,2 milions d’euros, un any després va advertir que s’haurien d’actualitzar: “S’hi han d’afegir els costos dels honoraris tècnics de la direcció facultativa de les obres i de tots els tècnics que resulten necessaris atenent la naturalesa i la localització de l’actuació, com ara el seguiment arqueològic de les excavacions, ja que la promoció privada comportaria igualment la necessitat d’aquests mateixos tècnics i d’assumir aquests mateixos honoraris”.

Més enllà d’aquesta qüestió, que fins ara no ha sigut aclarida, la FDM va analitzar el projecte presentat i va concloure en un informe firmat el passat 23 de juliol que compleix els continguts i requisits exigibles, per la qual cosa en va proposar l’aprovació. Al mateix temps, indica que la documentació ha de passar a la Secció de Supervisió de Projectes del Servei d’Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics de l’Ajuntament de València, que han d’emetre el seu propi informe. Una vegada estiguen elaborats, s’aprovarà definitivament el projecte i es traurà a licitació. El termini d’execució de les obres, una vegada es posen en marxa, serà de 18 mesos.

Característiques del recinte

La nova instal·lació esportiva per als veïns i veïnes de Benicalap comptarà amb dos pavellons per a ús esportiu, cadascun amb graderia per a un aforament previst de 120 persones. A més, el poliesportiu disposarà d’un mòdul de piscines climatitzades format per dos vasos, el principal de 25 x 10 metres per a natació en carrer i un altre de menor, de 10 x 6 metres, més enfocat a grups reduïts d’activitats dirigides i matronatació. Així mateix, la instal·lació esportiva tindrà una sala polivalent destinada a la realització de diverses activitats grupals en sec.

Quant a l’operativitat de l’edifici, el nou poliesportiu tindrà al voltant d’una dotzena de vestidors per als diferents tipus d’usuaris, ja siguen equips, grups, àrbitres, usuaris de la piscina o els seus monitors, i també per a la mateixa plantilla del centre. A més, la instal·lació estarà dotada amb dependències de caràcter logístic o operatiu, zones d’espera, magatzems, cambres tècniques destinades a l’ús administratiu de l’edifici i un despatx destinat a farmaciola de primers auxilis.

De la mateixa manera, a la part exterior del recinte s’ubicaran dues zones per a la instal·lació de pistes esportives a l’aire lliure, espais enjardinats i zones d’estada per als usuaris.

El quadre de superfícies identifica una reserva de 1.235,40 m² per a pistes esportives interiors i un total de 7.819,12 m² de superfície urbanitzada. Aquesta última inclou accessos, circulació exterior, àrees al costat de l’estadi, zones enjardinades, passejos i rampes.

Absència d’aparcament

El projecte, però, no preveu cap reserva per a aparcament. La memòria d’accessibilitat és molt clara: “L’edifici no està dotat amb àrees d’aparcament pròpies”. Per tant, no contempla cap plaça d’aparcament per a vehicles dins de la parcel·la.

El document explica que la parcel·la es concep com una espècie de “gran plaça oberta”, vinculada a l’espai públic del futur Nou Mestalla. Dels aproximadament 14.528 m² de parcel·la, el projecte planteja una superfície tancada d’uns 8.465 m² i deixa la resta per a accessos, ampliacions de vorera i espais esportius a l’aire lliure.

La memòria explica la concepció del poliesportiu des d’una perspectiva de mobilitat per als vianants i de connexió amb el futur estadi. El projecte assenyala que l’entorn ha de respondre als grans fluxos de visitants de l’estadi i que existeix una actuació urbanística coordinada entre tots dos equipaments. A més, justifica que ha de contribuir a facilitar l’evacuació d’una part de l’estadi quan siga necessari.

Nuevo paso para la licitación del pabellón deportivo de Benicalap aledaño al nuevo estadio del Valencia CF, uno de los compromisos más importantes del club con el barrio que quedan por hacerse realidad.

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha dado el visto bueno el proyecto básico de ejecución, al que ha tenido acceso elDiario.es, presentado el pasado mes de julio por el despacho de Mark Fenwick y Javier Iribarren con un coste de 11,67 millones de euros. La entidad valencianista abonó al Ayuntamiento en noviembre del pasado año 11,27 millones, por lo que está por ver quién asumirá los 400.000 euros de diferencia.

Un dictamen de la propia FDM de abril de 2025 concluyó en respuesta a una alegación del Valencia CF que el club debe correr con todos los costes con precios actualizados y le instaba a presentar el proyecto definitivo de ejecución (ya presentado el pasado mes de julio) para poder convocar el concurso público para su construcción.

Así, aunque en octubre de 2024 la FDM tasó el proyecto en 11,2 millones de euros, un año después advirtió de que deberían actualizarse: “Se le deben añadir los costes de los honorarios técnicos de la dirección facultativa de las obras y de cuantos técnicos resulten necesarios atendiendo a la naturaleza y la localización de la actuación, tales como el seguimiento arqueológico de las excavaciones, ya que la promoción privada llevaría igualmente a la necesidad de esos mismos técnicos y a asumir esos mismos honorarios”.

Más allá de esta cuestión que hasta el momento no ha sido aclarada, la FDM analizó el proyecto presentado y concluyó en un informe firmado el pasado 23 de julio que cumple los contenidos y requisitos exigibles, por lo que propuso su aprobación. Al mismo tiempo indica que la documentación debe pasar a la Sección de Supervisión de Proyectos del Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento de València, que deben emitir su propio informe. Una vez estén realizados, se aprobará definitivamente el proyecto y se sacará a licitación. El plazo de ejecución de las obras una vez se pongan en marcha será de 18 meses.

Características del recinto

La nueva instalación deportiva para los vecinos y vecinas de Benicalap contará con dos pabellones para uso deportivo, cada uno con graderío para un aforo previsto de 120 personas. Además, el polideportivo dispondrá de un módulo de piscinas climatizadas formado por dos vasos, el principal de 25x10 m para natación en calle y otro menor de 10x6m más enfocado a grupos pequeños de actividades dirigidas y matronatación. Asimismo, la instalación deportiva contará con una sala polivalente destinada a la realización de diversas actividades grupales en seco.

En cuanto a la operatividad del edificio, el nuevo polideportivo contará con alrededor de una docena de vestuarios para los diferentes tipos de usuarios, ya sean equipos, grupos, árbitros, usuarios de la piscina o sus monitores y también para la propia plantilla del personal del centro. Además, la instalación estará dotada con estancias con finalidad de tipo logístico u operativo, zonas de espera, almacenes, cuartos técnicos destinados al uso administrativo del edificio y el despacho para botiquín de primeros auxilios.

Del mismo modo, en la parte exterior del recinto, se ubicarán dos zonas para la ubicación de pistas deportivas al aire libre, espacios ajardinados y estanciales para los usuarios.

El cuadro de superficies identifica una reserva de 1.235,40 m² para pistas deportivas interiores y un total de 7.819,12 m² de superficie urbanizada. Esta última incluye accesos, circulación exterior, áreas junto al estadio, zonas ajardinadas, paseos y rampas.

Ausencia de aparcamiento

El proyecto, sin embargo, no prevé reserva alguna para aparcamiento. La memoria de accesibilidad es muy clara: “El edificio no está dotado con áreas de aparcamiento propias”. Por tanto, no contempla ninguna plaza de aparcamiento para vehículos dentro de la parcela.

El documento explica que la parcela se concibe como una especie de “gran plaza abierta”, vinculada al espacio público del futuro Nou Mestalla. De los aproximadamente 14.528 m² de parcela, el proyecto plantea una superficie cerrada de unos 8.465 m² y deja el resto para accesos, ampliaciones de acera y espacios deportivos al aire libre.

La memoria explica la concepción del polideportivo desde una perspectiva de movilidad peatonal y conexión con el futuro estadio. El proyecto señala que el entorno debe responder a los grandes flujos de visitantes del estadio y que existe una actuación urbanística coordinada entre ambos equipamientos. Además, justifica que debe contribuir a facilitar la evacuación de parte del estadio cuando sea necesario.

La modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València podría abrir una ventana legal para la reapertura del hotel Sidi Saler, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera, tal y como ha avanzado este lunes elDiarii.es.

Al respecto, tanto Compromís como el PSPV han cargado contra la alcaldesa de València, María José Catalá, al considerar que estos cambios legales se han hecho por la puerta de atrás, sin dar explicaciones públicas, para facilitar que el recinto hotelero de lujo pueda volver a abrir sus puertas.

En esta línea, la portavoz municipal de los valencianistas, Papi Robles, ha denunciado que “Catalá permitirá la reapertura del Sidi Saler cambiando las reglas del juego por la puerta trasera, a través de una modificación del PGOU a la que nos hemos opuesto por activa y por pasiva” y ha añadido: “Hay dos sentencias que avalan que ese edificio está fuera de ordenación, que tiene seis plantas cuando el planeamiento permite dos y que atenta contra el Parc Natural de l'Albufera. Ante eso, el gobierno de PP y Vox no ha elegido cumplir la justicia, sino reescribir la normativa para que la justicia no le sirva de nada. Catalá será responsable de este atentado ecológico si saca adelante esta barbaridad”.

Robles ha destacado que “en la propuesta que se expuso al público en octubre del año pasado, un edificio con exceso de volumen que atentara contra un espacio natural protegido quedaba fuera de ordenación; en la versión de julio, el exceso de volumen ha desaparecido, justo el concepto que sostiene las sentencias. Y de paso, donde antes solo se podía mantener el edificio, ahora se abre la puerta a hacer obras de consolidación. Es un traje hecho a medida”, ha sentenciado.

Según Robles, “que lo hagan precisamente ahora, cuando una empresa ha comprado un derecho sobre el inmueble para resucitarlo, que cada uno saque sus conclusiones. Y que lo tramiten sin decírselo a nadie, mientras dicen que quieren un 'hotel sostenible', dice mucho de cómo entiende Catalá la transparencia. No hay nada de sostenible en un edificio de seis plantas plantado encima del cordón dunar”.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha denunciado que María José Catalá ha aprobado de forma opaca unas nuevas normas urbanísticas para favorecer que el antiguo Sidi Saler pueda volver a funcionar como hotel de lujo, y ha acusado a la alcaldesa de priorizar los intereses del turismo y la especulación inmobiliaria incluso en pleno parque natural de la Albufera.

Valía ha señalado que la actuación del gobierno de Catalá demuestra cuáles son sus prioridades y ha criticado que la alcaldesa no haya planteado ninguna alternativa para que la recuperación del edificio pueda destinarse a un servicio público que aporte valor a la sociedad valenciana.

Por su parte, la concejala del PSPV, Elisa Valía, ha criticado que “la única ocupación y preocupación de María José Catalá es llenarnos la ciudad de turistas y de especulación inmobiliaria y ni siquiera que la Albufera sea un Parque Natural protegido va a frenarla en su entrega a estos dos sectores de actividad económica que no aportan valor añadido a la ciudad y que están destrozando la convivencia de nuestros barrios y ahora también nuestro tesoro más absoluto que es el parque natural de la Albufera. Desde que llegó no ha trabajado en otra cosa. Está vendiendo la ciudad trozo a trozo y ahora también quiere entregar las llaves de nuestro parque natural al turismo”.

La concejala socialista ha criticado que la alcaldesa haya centrado sus esfuerzos en conseguir que el Sidi Saler vuelva a ser un hotel. “Su única obsesión es cambiar las normas urbanísticas para que el hotel Sidi Saler pueda volver a ser un hotel. Ni siquiera se ha planteado que la recuperación de este edificio pudiera ser para un servicio público que aporte algo a la sociedad valenciana”, ha señalado.

Valía ha cuestionado que el gobierno municipal apueste única y exclusivamente por recuperar el uso hotelero del edificio en lugar de plantear otras alternativas. “Única y exclusivamente se ha dedicado a trabajar para que el hotel Sidi Saler vuelva a ser un hotel de lujo y le dan igual las sentencias que haya en contra y le da igual la importancia medioambiental que tiene el parque natural y le da igual el potencial de la Albufera para protegernos del cambio climático”, ha denunciado.

El Ayuntamiento de València pagará más de 400.000 euros al Roig Arena por el acto de elección de las Falleras Mayores y la Corte de Honor de este 2027. El coste del acto, celebrado este sábado en el nuevo recinto emblemático de la ciudad, ha generado suspicacias en Compromís, dado que triplica el importe de años anteriores.

Los valencianistas ya denunciaron el viernes el montante de una gala de 3 horas, que consideran totalmente desproporcionado, e insisten en que hay otros recintos en la ciudad de titularidad municipal que pueden albergar esta gala de forma más austera. Y no son los únicos que cuestionan la elección y el coste. Este domingo, Compromís ha señalado que un informe de la Intervención municipal reclama al consistorio más explicaciones sobre el contrato, aunque el órgano de control ha dado su conformidad a la fiscalización. El documento es del 22 de septiembre, cinco días antes de la gala.

Según el documento, consultado por elDiario.es, la Intervención añade observaciones al proceso y reclama la “justificación de la especial idoneidad del Roig Arena para la realización de la actividad”, mediante un informe o estudio de mercado que “permita acreditar y documentar, de forma suficiente, las alternativas razonablemente disponibles, la adecuación de las instalaciones a las necesidades de la actividad, la disponibilidad de fechas y las condiciones económicas aplicables, así como las circunstancias que, en su caso, determinen la elección de dicho recinto frente a otras alternativas”.

Asimismo, la Intervención apunta que en el contrato, que se suscribe como un alquiler del espacio, hay servicios que superan la mitad del valor del contrato, una “circunstancia [que] deberá tenerse en cuenta en futuras contrataciones de naturaleza análoga, a efectos de valorar globalmente las prestaciones vinculadas a la celebración del evento”. Según los valencianistas, esto implicaría que debería gestionarse como un contrato de servicios y salir a concurso público, en lugar de adjudicarse directamente,

La coalición Compromís exigirá al gobierno de María José Catalá que justifique el importe global. Los valencianistas recuerdan que el acto se ha celebrado tradicionalmente en el pabellón municipal de La Fonteta sin coste adicional, una opción que además permite licitar la parte técnica. “Intervención nos dice, con todas las letras, que ni siquiera sabemos si esto se va a quedar en 413.000 euros o si va a haber más gasto oculto, como ya pasó el año pasado”, advierte el concejal Pere Fuset.

Desde Compromís apuntan que exigirán también explicaciones al responsable de Fallas, Santiago Ballester, sobre el resto de contratos de la gala, como el artístico, que aun superando los 82.000€ euros, también se adjudicó a dedo pocos días antes de la gala. El presupuesto total del acto acabó triplicando el coste habitual y supone un 11,04% del presupuesto global aprobado por el Ayuntamiento para la Junta Central Fallera, señalan.

El drama vivido por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda de Madrid a la que el fondo Urbagestión tras hacerse con la propiedad del inmueble, le exigió una subida de los 500 euros que pagaba por su contrato de renta antigua a 2.650 euros, ha abierto un debate sobre la situación del mercado de la vivienda y la política que se aplica en las diferentes autonomías.

En el caso de la Comunitat Valenciana, los desahucios por impago de los alquileres se han multiplicado y suponen el grueso de los que se ejecutan. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2025, los lanzamientos en territorio valenciano vinculados al alquiler alcanzaron los 2.158 casos, mientras que los hipotecarios sumaron 637.

Y es que, el incremento desmesurado y exponencial que han registrado los precios de los alquileres es uno de los principales causantes de estas situaciones, unos incrementos que cuanto menos se podían haber frenado de aplicarse la Ley Estatal de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que permite a los municipios, con el visto bueno del gobierno autonómico, declararse como zonas tensionadas. Esto implica que las renovaciones de los alquileres ya en vigor tan solo se pueden subir con el IPC, mientras que los nuevos contratos de viviendas con más de dos años sin salir al mercado del alquiler o para las que son propiedad de empresas o de fondos de inversión, deben fijar los precios de referencia marcados por el Gobierno.

Aplicado a la ciudad de València, una de las ciudades de España en la que más han subido los alquileres con un 82% desde el año 2020, se podría haber evitado un incremento de los precios desde mayo de 2023 hasta el pasado mes de agosto de hasta un 43%, según los datos de diferentes portales inmobiliario. En concreto, en ese periodo, la plataforma Idealista marca un incremento de 420 euros (un piso de 100 metros ha pasado de 1.210 a 1.630 euros), Engel & Völkers de 270 euros (de 970 a 1.240 euros) y Fotocasa de 571 euros por metro cuadrado (de 1.323 a 1.894 euros). El primer portal marcó el precio del metro cuadrado el pasado mes de agosto en 16,3 euros, el segundo en 12,4 euros y el tercero en 18,94 euros.

La petición de declaración de València como zona tensionada estaba prevista tanto por el anterior ejecutivo municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó como por el del Botánico, presidido por Ximo Puig. No se llegó a aplicar porque la entrada en vigor de la normativa prácticamente coincidió con las elecciones, que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023.

Preguntada la nueva alcaldesa, María José Catalá, a las pocas semanas de ganar los comicios sobre si pediría a la Generalitat la declaración de València como zona tensionada para poder limitar los alquileres, tal y como tenía previsto el anterior ejecutivo progresista, la respuesta fue negativa. Y apostó por incrementar la oferta incentivando la construcción, una medida que puede tener efecto a medio o largo plazo. Por contra, anunció la oficina antiokupación, ya creada, que apenas tiene actividad.

Tampoco desde la Generalitat Valenciana son partidarios de aplicar este mecanismo, pese a que hasta julio eran 13 los municipios que lo habían pedido, tres de ellos gobernados por el PP. Se trata de Bunyol, Alginet y Almàssera. El resto de los que han solicitado son Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandía, Burjassot, Aldaia, Bonrepós i Mirambell, Petrer y Bunyol. En todos ellos gobiernan partidos de izquierdas.

Descensos en Barcelona, Euskadi y Navarra

Actualmente, 310 municipios de cuatro comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Navarra y Catalunya) han sido declarados como zonas tensionadas. Destaca el caso de Galicia, gobernada por el PP. En esas localidades no se pueden firmar contratos por encima del precio que marque el Índice de Referencia, ni actualizar precios de forma arbitraria.

Catalunya fue la primera en acogerse al mecanismo en 2024 tras experimentar 33 meses seguidos de incrementos de precios del alquiler. Es, por lo tanto, la autonomía que ofrece datos más fiables. Según los datos oficiales de las autoridades catalanas, los precios han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en todas las zonas de mercado tensionado declaradas. Asimismo, en este mismo período, el precio se ha incrementado un 9,5% en las zonas no declaradas mercado tensionado.

En Euskadi se ha conocido recientemente que en los 14 municipios declarados como zonas tensionadas en la provincia de Gipuzkoa la evidencia es inapelable: los nuevos alquileres bajaron un 3,5% en la provincia, mientras el número de contratos activos aumentó un 3,2%.

En Navarra, durante el primer año de aplicación de zonas tensionadas (del segundo trimestre de 2025 al segundo de 2026) el precio del alquiler ha descendido un 5,3%, al tiempo que se mantiene el ritmo de contratos firmados por trimestre, a pesar de un descenso considerable en el crecimiento del saldo por la reducción de la rotación y la comparación con el último trimestre en el que no estaban en vigor las zonas tensionadas.

A diferencia de otras autonomías, Galicia solo publica los datos de las fianzas que se depositan, sin capacidad para realizar un análisis o seguimiento que permita observar la evolución real del precio o del número de contratos en vigor. En A Coruña, en mayo 2026, se depositaron 1.696 fianzas de alquiler, un 14,4 % menos que hace un año. En el conjunto de Galicia se depositaron 2.586 fianzas, un 3,6 % más que hace un año.

El drama viscut per Maricarmen, l'anciana de 87 anys desnonada del seu habitatge de Madrid a qui el fons Urbagestión, després d'aconseguir la propietat de l'immoble, va exigir una pujada dels 500 euros que pagava pel seu contracte de renda antiga a 2.650 euros, ha obert un debat sobre la situació del mercat de l'habitatge i la política que s'aplica en les diferents autonomies.

En el cas de la Comunitat Valenciana, els desnonaments per impagament dels lloguers s'han multiplicat i representen el gruix dels que s'executen. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) corresponents a 2025, els llançaments en territori valencià vinculats al lloguer van arribar als 2.158 casos, mentre que els hipotecaris en van sumar 637.

La raó és que l'increment desmesurat i exponencial que han registrat els preus dels lloguers és una de les principals causes d'aquestes situacions, uns augments que, si més no, es podrien haver frenat si s'haguera aplicat la Llei estatal d'Habitatge, que va entrar en vigor el maig de 2023 i que permet als municipis, amb el vistiplau del govern autonòmic, declarar-se zones tensionades. Això implica que les renovacions dels lloguers ja en vigor només es poden apujar d'acord amb l'IPC, mentre que els nous contractes d'habitatges que fa més de dos anys que no ixen al mercat del lloguer o que són propietat d'empreses o fons d'inversió han de fixar els preus de referència marcats pel Govern.

Aplicat a la ciutat de València, una de les ciutats d'Espanya on més han pujat els lloguers, amb un 82% des de l'any 2020, es podria haver evitat un increment dels preus des de maig de 2023 fins al passat mes d'agost de fins a un 43%, segons les dades de diferents portals immobiliaris. En concret, en aquest període, la plataforma Idealista marca un increment de 420 euros, Engel & Völkers de 270 euros i Fotocasa de 571 euros per metre quadrat. El primer portal va situar el preu del metre quadrat el passat mes d'agost en 16,3 euros, el segon en 12,4 euros i el tercer en 18,94 euros.

La petició perquè València fora declarada zona tensionada estava prevista tant per l'anterior executiu municipal d'esquerres liderat per Joan Ribó com pel del Botànic, presidit per Ximo Puig. No es va arribar a aplicar perquè l'entrada en vigor de la normativa pràcticament va coincidir amb les eleccions, que van tindre lloc el 28 de maig de 2023.

Preguntada la nova alcaldessa, María José Catalá, poques setmanes després de guanyar els comicis sobre si demanaria a la Generalitat la declaració de València com a zona tensionada per a poder limitar els lloguers, tal com tenia previst l'anterior executiu progressista, la resposta va ser negativa i va apostar per incrementar l'oferta incentivant la construcció, una mesura que pot tindre efecte a mitjà o llarg termini. Per contra, va anunciar l'oficina antiocupació, ja creada, que a penes té activitat.

Tampoc des de la Generalitat Valenciana són partidaris d'aplicar aquest mecanisme, malgrat que fins al juliol eren 13 els municipis que l'havien demanat, tres d'ells governats pel PP. Es tracta de Bunyol, Alginet i Almàssera. La resta dels que ho han sol·licitat són Dénia, Mislata, Sedaví, la Pobla de Farnals, Alginet, Sagunt, Almàssera, Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer i Bunyol. En tots ells governen partits d'esquerres.

Descensos a Barcelona, Euskadi i Navarra

Actualment, 310 municipis de quatre comunitats autònomes —Galícia, Euskadi, Navarra i Catalunya— han sigut declarats zones tensionades. Destaca el cas de Galícia, governada pel PP. En aquestes localitats no es poden firmar contractes per damunt del preu que marque l'Índex de Referència ni actualitzar preus de manera arbitrària.

Catalunya va ser la primera a acollir-se al mecanisme el 2024 després de registrar 33 mesos seguits d'increments dels preus del lloguer. És, per tant, l'autonomia que ofereix dades més fiables. Segons les dades oficials de les autoritats catalanes, els preus han caigut un 4,7% a la ciutat de Barcelona i un 1,3% en totes les zones de mercat tensionat declarades. Així mateix, en aquest mateix període, el preu s'ha incrementat un 9,5% en les zones no declarades mercat tensionat.

A Euskadi s'ha conegut recentment que, en els 14 municipis declarats zones tensionades a la província de Guipúscoa, l'evidència és inapel·lable: els nous lloguers van baixar un 3,5% a la província, mentre que el nombre de contractes actius va augmentar un 3,2%.

A Navarra, durant el primer any d'aplicació de les zones tensionades —del segon trimestre de 2025 al segon de 2026—, el preu del lloguer ha descendit un 5,3%, alhora que es manté el ritme de contractes firmats per trimestre, malgrat un descens considerable en el creixement del saldo per la reducció de la rotació i la comparació amb l'últim trimestre en què encara no estaven en vigor les zones tensionades.

A diferència d'altres autonomies, Galícia només publica les dades de les fiances que es depositen, sense capacitat per a dur a terme una anàlisi o un seguiment que permeta observar l'evolució real del preu o del nombre de contractes en vigor. A Coruña, el maig de 2026, es van depositar 1.696 fiances de lloguer, un 14,4% menys que un any abans. En el conjunt de Galícia se'n van depositar 2.586, un 3,6% més que un any abans.

Terremoto político en el Ayuntamiento de València a cuenta de la imputación del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por acceder sin permiso a la sede del Sindicat d'Estudiants, unos hechos que denunció la propia organización el pasado mes de julio.

Tal y como ha avanzado en exclusiva elDiario.es, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) a Badenas y a los dos asesores que accedieron con él al local el próximo 14 de enero a las 10.00 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado a testificar en calidad de perjudicados el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de “decencia” del Gobierno de la alcaldesa María José Catalá.

“Esto se veía venir”, ha considerado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha calificado la entrada de Badenas en el local del sindicato como “toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción”.

Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar “ni un minuto más” en ninguna responsabilidad pública. “Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces”, ha añadido Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: “Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.”

La portavoz de la coalición valencianista ha recordado que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. “En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias”, denuncia Robles.

“Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a la también concejala de Vox Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio”, señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.

Robles ha ampliado el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del Gobierno de Catalá en una posición “insostenible”. “El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao”.

El PSPV señala a Catalá

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, también ha exigido a Catalá el cese inmediato de Badenas y ha señalado que si continúa formando parte del gobierno municipal es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones.

Sanjuan ha recordado que Badenas ejerce sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa y ha advertido de que Catalá no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo. “Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos. Cada vez María José Catalá está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València”, ha señalado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), preguntado por las peticiones de cese de la oposición, ha comentado que se han enterado de la imputación de Badenas “por los medios” y ha afirmado que creen “en la presunción de inocencia y en los tiempos de la Justicia”.

“No es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”. Con este curioso argumento despacharon este miércoles 23 de septiembre el PP y Vox una propuesta de Compromís que pretendía dar herramientas al Ayuntamiento de València para fiscalizar las actividades privadas de los concejales y concejalas autorizadas por el pleno.

Como informó elDiario.es, Compromís llevó una moción a la comisión de Hacienda por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el consistorio cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las compatibilidades que se les otorgan para que puedan desempeñar una segunda actividad privada, siempre que sea marginal y que no afecte a su labor pública.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por este diario, tanto el PP como Vox, con mayoría en las comisiones, rechazaron la propuesta con el argumento de que el actual modelo se aprobó por el anterior ejecutivo de izquierdas dirigido por Joan Ribó y que “no es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la idoneidad de la medida.

La propuesta venía a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentado que “nuevamente el Gobierno de alcaldesa María José Català ha tapado las vergüenzas de Gosàlbez y ha votado contra la moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento siguiera la recomendación hecha por la Sindicatura de Agravios para que la oposición pueda conocer el contrato de asesoramiento jurídico que tiene firmado el regidor de Vox y que compatibiliza con su dedicación exclusiva a cargo del erario público”.

Según Puchades, “esta es una nueva muestra de la nueva etapa de oscuridad y obstaculización al trabajo de control que tiene encargada la oposición y que pone de manifiesto cómo Català y sus socios, prefieren anular cualquier acción de transparencia antes de mostrar a la ciudadanía cuánto cobran y por qué actividades privadas cuando tendrían que hacerlo en exclusiva al servicio público”.

Para el edil de Compromís, “el cinismo de la derecha ha llegado a su extremo cuando aducen como único argumento para negarse a admitir la moción que quedaba muy poco de tiempo para acabar el mandato cuando, desde diciembre de 2023, durante el pleno en que se aprobó la compatibilidad de Gosàlbez, desde Compromís ya exigimos cambiar la normativa para garantizar la transparencia de las retribuciones y dedicación de las actividades privadas”.

“No és moment de fer canvis precipitats al final del mandat”. Amb aquest curiós argument van despatxar dimecres 23 de setembre el PP i Vox una proposta de Compromís que pretenia donar instruments a l'Ajuntament de València per fiscalitzar les activitats privades dels regidors i regidores autoritzades pel ple.

Com va informar eldiario.es, Compromís va portar una moció a la comissió d'Hisenda per tal de proposar una sèrie de canvis normatius a fi que el consistori compte amb mecanismes legals que permeten contrastar que els edils compleixen les condicions establides en les compatibilitats que se'ls atorguen per a que puguen exercir una segona activitat privada, sempre que aquesta siga marginal i que no afecte la seua labor pública.

No obstant això, segons diverses fonts consultades per aquest diari, tant el PP com Vox, amb majoria en les comissions, van rebutjar la proposta amb l'argument que l'actual model va ser aprovat per l'anterior executiu d'esquerres dirigit per Joan Ribó, i que no és moment de fer canvis precipitats al final del mandat, sense entrar en el fons de la qüestió sobre la idoneïtat de la mesura.

La proposta està relacionada amb una resolució del Síndic de Greuges que conclou que l'Ajuntament ha de comprovar que “les condicions imposades en la declaració de compatibilitat”, per la qual es va autoritzar el portaveu municipal de Vox, José Gosálbez a realitzar una activitat privada marginal, es compleixen “en tot moment”.

Gosálbez, a través del seu despatx d'advocat, va firmar poc després d'obtindre la compatibilitat sobre un contracte d'assistència jurídica en matèria urbanística amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de València (COGITI), del qual no va informar, assumpte que va ser destapat per eldiario.es Es dona la circumstància que el regidor és el representant del partit ultra en laComissió d'Urbanisme. El regidor s'ha negat a fer públic el contracte, així com les condicions quant a horaris i remuneració, que l'oposició ha reclamat repetidament per tal de comprovar si compleix les condicions de la compatibilitat aprovada.

Al respecte, el regidor de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentat novament el Govern d'alcaldessa María José Català ha tapat les vergonyes de Gosálbez i ha votat contra la moció presentada per Compromís per tal que l'Ajuntament seguira la recomanació feta per la Sindicatura de Greuges i que l'oposició puga conéixer el contracte d'assessorament jurídic firmat pel regidor de Vox i que compatibilitza amb la seua dedicació exclusiva a càrrec de l'erari públic.

Segons Puchades, “aquesta és una nova mostra de la nova etapa de foscor i obstaculització al treball de control que correspon a l'oposició, i que posa de manifest com Català i els seus socis prefereixen anul·lar qualsevol acció de transparència abans de mostrar a la ciutadania quant cobren i per quines activitats privades, quan haurien de fer-ho en exclusiva al servici públic”.

Per al regidor de Compromís, “el cinisme de la dreta ha arribat a l’extrem quan addueixen com a únic argument per a negar-se a admetre la moció que quedava molt poc de temps per a acabar el mandat, quan des de desembre de 2023, durant el ple en què es va aprovar la compatibilitat de Gosálbez, Compromís ja va exigir canviar la normativa per a garantir la transparència de les retribucions i dedicació de les activitats privades”.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha presentado a la Comisión de Patrimonio una iniciativa para controlar y limitar los precios del alquiler de los bajos comerciales, y proteger así al comercio de proximidad de la escalada de precios de los alquileres que en zonas céntricas y barrios en proceso de gentrificación ha llegado a incrementarse hasta un 35%.

“El cierre de negocios históricos y de barrio es una realidad constante ante la imposibilidad de asumir unos costes de alquiler prohibitivos. Los propietarios de los locales están disparando los precios porque saben que hay inversores turísticos dispuestos a pagar lo que sea, y el gobierno municipal tiene la obligación de proteger la economía local porque cada tienda que cierra es un trozo de barrio que desaparece”, ha alertado Puchades.

Para el concejal de Compromís, “Catalá tiene que dejar de anteponer los intereses de las multinacionales y los fondos especulativos, y tiene que rectificar su inútil política comercial, que está provocando la desaparición del comercio local tradicional a los barrios, rompiendo la cohesión económica y social del vecindario de València”.

En este sentido, Puchades ha puesto como ejemplo de desprecio la gestión de la Concejalía de Comercio, que ha tardado cerca de once meses en resolver convocatorias clave de ayudas y ha dejado sin adjudicar más de la mitad del presupuesto previsto para el sector, unos 1,3 millones de euros. De esos fondos, cerca de 700.000 euros se han desviado hacia otras partidas como Fallas y deportes. “Es inadmisible que se dejen dinero sin gastar mientras las tiendas cierren las persianas por no poder pagar el alquiler. Ese dinero era para salvar comercios, no para tapar agujeros en otras concejalías”.

Por este motivo, el concejal valencianista ha exigido al Gobierno municipal poner fin al desvío de créditos presupuestarios de la Concejalía de Comercio, proponiendo que cualquier remanente o fondo no adjudicado de las ayudas al sector se destine, de forma íntegra y exclusiva, a la modernización de los establecimientos, a programas de digitalización y a la ampliación presupuestaria de iniciativas de éxito probado como la campaña de Bo Comerç.

Por último, el concejal de Compromís ha propuesto también la creación de una bolsa de locales comerciales e incentivos fiscales para facilitar el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores, con el objetivo de evitar que la actividad económica de los barrios quede reducida al monocultivo turístico. “El comercio de proximidad no es un decorado para la foto, es el que da vida a nuestras calles y el que hace que un barrio sea un barrio y no un parque temático. O se ponen a trabajar de verdad para protegerlo, o serán responsables de su desaparición”.

L’Ajuntament de València ha concedit al València CF una pròrroga d’un mes i mig perquè presente el projecte d’urbanització del centenari Mestalla, en la parcel·la del qual s’alçaran sis torres d’habitatges, una de fins a 29 altures, una vegada siga enderrocat el mític estadi.

Així consta en la resolució firmada aquest 18 de setembre pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, a la qual ha tingut accés elDiario.es, en la qual s’estableix que el nou termini perquè el club presente l’alternativa tècnica i la proposició juridicoeconòmica del Pla d’Actuació Integrada (PAI) finalitzarà el 27 d’octubre de 2026.

Com va avançar aquest diari, el consistori va acceptar el passat mes de juny atorgar al Valencia CF la gestió del PAI, cosa que li permetrà convertir-se en agent urbanitzador i, entre altres coses, vendre, si ho desitja, per separat les parcel·les de cada torre d’habitatges.

D’aquesta manera, una vegada acceptada l’admissió a tràmit del club com a gestor del PAI, l’Ajuntament li va atorgar un termini de tres mesos per a la presentació de l’esmentada alternativa tècnica i de la proposició juridicoeconòmica, és a dir, un projecte d’urbanització amb terminis, pressupost i solucions tècniques —voreres, enllumenat, zones verdes— que ha d’incloure l’enderrocament de Mestalla.

Aquests tres mesos de termini expiraven el passat 12 de setembre, però, en sorgir inconvenients que feien impossible el seu compliment, l’entitat esportiva va sol·licitar a l’Ajuntament una pròrroga el passat 25 d’agost. El club justifica la seua petició en el fet que, per a la redacció del Projecte d’Urbanització, és necessari concretar la planta viària dels vials de circulació inclosos en l’àmbit de la urbanització del citat PAI, sol·licitada a l’Ajuntament el 24 de juliol de 2026.

Segons la resolució municipal, “sense perjudici que l’aspirant a urbanitzador haguera d’haver sol·licitat amb antelació la planta viària, considerant que no ha sigut facilitada i que gran part del termini transcorre durant el mes d’agost, s’estima procedent concedir una pròrroga del termini inicial per a la presentació de la documentació necessària per a prosseguir amb la tramitació del citat PAI, per un període màxim d’un mes i mig”.

Fase final de la venda de la parcel·la

Els terrenys estan en la fase final de la subhasta en la qual ja s’ha seleccionat els fons o entitats que han passat l’últim tall, el que es denomina short list, entre els quals eixirà el que finalment es faça amb la parcel·la. Encara que no ha transcendit el nom de cap dels candidats, diverses fonts especialitzades en aquest tipus de processos asseguren que solen ser tres les mercantils finalistes.

A partir d’aquell moment, es produeix un intercanvi d’informació més exhaustiu sobre els detalls i paràmetres del sòl i de l’operació fins que les candidates presenten una oferta final vinculant. El club espera obtindre de l’ordre de 150 milions d’euros i s’espera que la venda es faça efectiva a final d’enguany o, com a màxim, a principis de 2027 a tot estirar.

El Ayuntamiento de València ha concedido al Valencia CF una prórroga de un mes y medio para que presente el proyecto de urbanización del centenario Mestalla, en cuya parcela se levantarán seis torres de viviendas, una de hasta 29 alturas, una vez derribado el mítico estadio.

Así consta en la resolución firmada este 18 de septiembre por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que se establece que el nuevo plazo para que el club presente la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica del Plan de Actuación Integrado (PAI) finalizará el 27 de octubre de 2026.

Como avanzó este periódico, el consistorio aceptó el pasado mes de junio otorgar al Valencia CF la gestión del PAI, lo que le permitirá convertirse en agente urbanizador y, entre otras cosas, vender si lo desea por separado las parcelas de cada torre de viviendas.

De esta forma, una vez aceptada la admisión a trámite del club como gestor del PAI, el Ayuntamiento le otorgó un plazo de tres meses desde para la presentación de la mencionada alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica, esto es, un proyecto de urbanización con plazos, presupuesto y soluciones técnicas (aceras, alumbrado, zonas verdes) que debe incluir el derribo de Mestalla.

Esos tres meses de plazo expiraban el pasado 12 de septiembre, pero al surgir inconvenientes que hacían imposible su cumplimiento, la entidad deportiva solicitó al Ayuntamiento una prórroga el pasado 25 de agosto. El club justifica su petición en que para la redacción del Proyecto de Urbanización es necesario concretar la planta viaria de los viales de circulación incluidos en el ámbito de la urbanización del citado PAI solicitada al Ayuntamiento el 24 de julio de 2026.

Según la resolución municipal, “sin perjuicio de que el aspirante a urbanizador debió solicitar con antelación la planta viaria, considerando que no ha sido facilitada y que gran parte del plazo discurre durante el mes de agosto, se estima procedente conceder una prórroga del plazo inicial para la presentación de la documentación necesaria para proseguir con la tramitación del citado PAI, por un periodo máximo de mes y medio”.

Fase final de la venta de la parcela

Los terrenos están en la fase final de la subasta en la que ya se ha seleccionado a los fondos o entidades que han pasado el último corte, lo que se denomina 'short list', entres los que saldrá el que finalmente se haga con la parcela. Aunque no ha trascendido el nombre de ninguno de los candidatos, diversas fuentes especializadas en este tipo de procesos aseguran que suelen ser tres las mercantiles finalistas.

A partir de ese momento, se produce un intercambio de información más exhaustivo sobre los detalles y parámetros del suelo y de la operación hasta que las candidatas presentan una oferta final vinculante. El club espera obtener del orden de 150 millones de euros y se espera que la venta se haga efectiva a final del presente año o principios de 2027 a más tardar.

Los millonarios contratos públicos de gestión del agua de las ciudades, residuos o alcantarillado suelen estar muy competidos porque España tiene compañías muy potentes y con mucha experiencia en estos servicios. Alguna, incluso, con más de cien años de historia. Las administraciones ofrecen importantes presupuestos y adjudicaciones superiores a quince años, lo que las convierte en proyectos más que apetecibles y por los que las empresas se emplean a fondo para conseguirlos. Incluso haciendo bajadas desorbitadas sobre los precios de licitación que la Ley de Contratos del Sector Público cuestiona.

Pero ¿cuándo se considera una baja temeraria? ¿Cuándo es legítima? ¿Qué porcentaje debe superar para descabalgar a una compañía que asegura ofrecer un servicio de forma más eficiente? ¿Esas bajadas perjudican a los trabajadores y trabajadoras de la contrata? La Ley de Contratos del Sector Público prioriza la oferta económica, pero deja en manos de la mesa de contratación el estudio y la exclusión de rebajas “anormalmente bajas” cuando no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

El artículo 149 de esa norma define qué debe acreditar la empresa que ha incurrido en estas bajadas. A saber: el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción; las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; y el respeto de las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, “no siendo justificables precios por debajo de mercado”.

Y son esas subjetividades que deben ser atendidas por la mesa de contratación las que tienen soliviantadas a las empresas del sector, que compiten a cara de perro por estos contratos millonarios. Porque convencer o no a los técnicos puede suponer quedarse fuera del concurso o conseguir el argumento definitivo para ganarlo. Y es que, en algunos casos, se tumban los argumentos de bajadas del 25% o del 30%, pero se aprueban otras del 50% o hasta del 60%. Y cuando no existe transparencia, a favor o en contra, es cuando las suspicacias empiezan a rodear las adjudicaciones que, incluso, pueden acabar en los juzgados.

Eso es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de València este año, en el supercontrato del alcantarillado. El órgano de contratación municipal dejó fuera a la UTE formada por Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG al considerar “anormal” su oferta económica, un 30% por debajo de la media de las propuestas. Esta oferta había obtenido la mejor calificación técnica, pero quedó descartada al considerar que la UTE no acreditó suficientemente la viabilidad de su oferta al precio propuesto, que suponía el 47% de la valoración del contrato. Finalmente, fue la UTE liderada por Acciona Agua, junto a Becsa y Ciclagua, la que se hizo con el contrato, valorado en 293 millones de euros para un periodo de 15 años.

Pero otras veces las mesas de contratación pueden aceptar los argumentos de las contratas, como ha pasado esta semana en el Área Metropolitana de Barcelona. La comisión informativa sí ha aceptado los argumentos de Veolia, que presentó una bajada del 60% en el precio de las inversiones que la había colocado en una “presunción de temeridad”. En este caso, el órgano de contratación sí consideró “razonada” y “suficiente” la explicación de la compañía con sede en Barcelona y, con toda seguridad, le será adjudicado el contrato el próximo 29 de septiembre.

Un aviso a navegantes. Justo en estos momentos, la Generalitat Valenciana tiene encima de la mesa el contrato del año para la limpieza de sus edificios públicos: 211 millones de euros en distintos lotes. De las 30 empresas que se han presentado, 11 están siendo requeridas por bajas temerarias. Y están todas las más fuertes del sector, que aspiran a todos los lotes y tendrán que explicar sus bajadas: Actúa, Clanser, Iman Cleaning, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Gredos, OHL Servicios-Ingesan, Orthem Servicios, Serveo Servicios y Fusaval-Minusval. Las firmas Servicios Auxiliares de Mantenimiento e Ilunion Limpieza, que no están en todas las adjudicaciones, también están en proceso de revisión. Los competidores ya afilan sus cuchillos.

Urge a las administraciones explicar, y muy bien, los argumentos para aceptar o rechazar una baja temeraria.