Desde el pasado domingo, las estatuas de la Fuente de los Riojanos Ilustres, popularmente conocida como espaldas mojadas, portan un bebé. La idea surgió en Londres donde el grupo The Dad Shift se hizo viral con esta iniciativa: colocar muñecos bebés en estatuas masculinas con el objetivo de mejorar el permiso de paternidad en el país.

La acción ha llegado a Logroño, y desde hace dos días, Marco Fabrio Quinitiliano, Don García, Rey de Nájera, Pedro del Castillo, Navarrete el Mudo, Fausto Delhuyar el Marqués de la Ensenada y Julio Rey Pastor portan un bebé “para visibilizar el rol de los padres en la crianza que históricamente ha sido relegado”, consideran.

En España, el permiso de paternidad, (permiso por nacimiento y cuidado del menor) ha experimentado una importante transformación en la última década. Actualmente, este permiso es de 19 semanas, 17 semanas por nacimiento más dos de permiso parental retribuido. Además, el padre percibe el cien por cien del salario. Se trata de un permiso intransferible de forma que, si el padre no lo disfruta, se pierde porque no puede cederse a la madre.

Los países nórdicos (Noruega, Suecia e Islandia) siguen lirando el rankin de países con permisos más ventajosos para los padres. Y aunque España no está entre los tres primeros puestos sí que se sitúa entre los cinco primeros. Por detrás se sitúan países como Francia, Italia o Alemania cuyos permisos están por debajo de las 19 semanas españolas.

La Mesa del Congreso ha acordado este martes llamar la atención al secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, por haberse desplazado a dar un mitin a Cubillos del Sil (León) el mismo día que había solicitado autorización para poder votar telemáticamente en el Pleno de la Cámara alegando estar disfrutando de su permiso de paternidad.

El órgano de gobierno de la institución ha tratado este asunto a instancias del PSOE, que presentó un escrito en el que acusaba a Figaredo de hacer “un uso fraudulento del voto telemático” e incluso solicitaba que no se le volviera a dar permiso para votar a distancia la próxima vez que alegara su permiso de paternidad.

En su escrito, los socialistas recalcaban que el voto telemático por causa de paternidad tiene como objetivo que los parlamentarios “puedan compatibilizar, en condiciones de igualdad, el cuidado de sus hijos en edad temprana con la actividad parlamentaria”.

En opinión del PSOE, la Mesa le otorgó el voto telemático porque, de “buena fe”, dio por hecho que a Figaredo le resultaba “imposible” atender su actividad parlamentaria el día 12 de febrero para poder ejercer plenamente su paternidad, aunque después se desplazó a la citada localidad leonesa para protagonizar un acto de precampaña.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en el debate que se ha suscitado en la Mesa se ha admitido que algunos diputados abusan de la confianza de la Cámara, como en este caso habría hecho Figaredo. Y, en concreto, se ha recordado que el líder de Vox, Santiago Abascal, viajó a Estados Unidos a participar en una cumbre del Partido Republicano habiendo solicitado también el voto telemático por paternidad.

Por eso los miembros de la Mesa han acordado reconvenir a Figaredo por su comportamiento, aunque han rechazado la propuesta del PSOE de no volver a concederle el derecho de votar a distancia si alega estar de 'baja' por paternidad, de la que aún le quedan cuatro semanas.

Alicia y Enrique tienen dos hijos, la mayor tiene tres años y medio. El pequeño cumplirá un año el próximo 14 de febrero. En ambos casos, este matrimonio de Logroño, ha disfrutado de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. A lo largo de 2025, el gasto en estas prestaciones superó los 3.800 millones, 24,4 millones en La Rioja. Y como dice Alicia, “nadie tiene un hijo por las ayudas, los tenemos porque queremos y nos apetece y aunque estas medidas vienen muy bien, hay que hacerlas con sentido”.

En La Rioja, de enero a diciembre de 2025, se concedieron 3.430 prestaciones: 1.483 fueron a madres y 1.947 a padres. El permiso por nacimiento es un derecho laboral retribuido que permite a cada progenitor disfrutar de 19 semanas de descanso tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo. El pasado mes de julio se mejoró esta protección con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

Así, cada progenitor tiene sus 19 semanas y pueden disfrutarlas simultáneamente o en momentos distintos. Eso sí, tras el nacimiento, cada uno debe disfrutar unas semanas seguidas. La normativa establece que el primer tramo, seis semanas, debe realizarse de forma continuada inmediatamente después del parto o resolución de adopción. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos.

Además, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. Este derecho puede solicitarse retroactivamente para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute. La cuantía de estas prestaciones es equivalente al cien por cien de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital".

Alicia, madre que ha disfrutado del permiso por nacimiento y cuidado de menor

Alicia y Enrique ya han vuelto a normalidad laboral, pero reconocen que el hecho de que los dos hayan podido disfrutar de estos permisos es importante y necesario para toda la familia. “Desde San Mateo y hasta el 12 de diciembre he disfrutado yo solo del permiso”, cuenta Enrique. Alicia lo hizo desde mayo hasta junio. “Este tiempo que hemos podido estar solos con el bebé ha sido un respiro muy bueno para poder atender a nuestro hijo, tiempo durante el que hemos podido crear un vínculo muy especial con él”, reconoce Enrique. Aun así, siente envidia al compararse con otros países europeos. “Los doce primeros meses del bebé son esenciales, aquí todavía no tenemos esa suerte. Vamos bastante retrasados con respecto a Europa en este sentido”.

Afirmación que comparte Alicia. “Es una medida muy positiva, pero corta”. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida, algo que en muchas familias es imposible o bastante complicado. “Es imposible cumplir con una jornada laboral y poder dar pecho a demanda”, asegura Alicia. “Yo no he tenido esa suerte aunque tengas a tu pareja en casa con el niño”. Asimismo celebra que los hombres puedan disfrutar de este derecho porque, además de favorecer el vínculo con los bebés, “es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital”.

Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho"

Enrique, padre que ha disfrutado de un permiso por nacimiento y cuidado del menor

Este matrimonio considera estos permisos como un derecho adquirido. “No son bajas ni vacaciones, dos términos antónimos que se utilizan al hablar de la situación de las personas que están disfrutando de estos permisos -todavía estás de vacaciones, aún estás de baja- y que no se ajustan a la realidad. La terminología dice mucho de cómo se percibe este permiso”, considera Enrique. Y al igual que rechaza estos dos términos, también reacciona ante comentarios de personas que no tuvieron tanta suerte como él. “No os quejéis, yo solo tuve tres días o quince... Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho”, sentencia.

En La Rioja, cerca del 57 por ciento de las prestaciones se han concedido a hombres. Afortunadamente, cuenta Alicia, los tiempos van cambiando y “cada vez son más hombres los que disfrutan de estos derechos y se implican en la crianza de los hijos”. Enrique es uno de ellos. “Me parece lo natural, lo lógico. Me da rabia que sigua siendo lo extraordinario”. Ha asistido a cursos en la Universidad Popular de Logroño, “y en algunos, era el único hombre”. Disfruta de derechos adquiridos y a la vez ha servido de ejemplo a su hija mayor: “papá perfectamente se puede quedar en casa cuidando del bebé mientras mamá trabaja”. Aun así todavía quedan personas con mentalidad machista que piensan que el cuidado de los hijos es cosa de ellas. “Todavía existe esta mentalidad, es triste, pero es así. Una vez me fui de vacaciones solo con mis hijos porque mi mujer se había ido unos días con unas amigas y hubo personas que no lo entendieron del todo. Anteriormente, también me fui yo unos días con mis amigos. En estos casos nunca nos preguntan con quién se han quedado los niños. A la madre casi siempre”.

Sin embargo, las excedencias siguen siendo femeninas. A lo largo de 2025, en La Rioja se registraron 518, cuatro más que en 2024. Y de este total, más del 90 por ciento, 471, fueron solicitadas por mujeres, frente al 9 por ciento (47) que fueron solicitadas por hombres.

El Tribunal Constitucional ha dado su aval a la fórmula elegida por la Seguridad Social para resarcir económicamente a las familias monoparentales que tuvieron que acudir a la vía judicial para aumentar sus permisos por el nacimiento de un hijo. El pleno, con el voto en contra de María Luisa Segoviano, ha rechazado la queja de una mujer contra la decisión de la Administración de darle algo más de 7.000 euros por las 10 semanas que se le reconocieron años después del nacimiento de su hijo, excluyendo en la práctica que además se le deba reconocer esas semanas de permiso años después.

La normativa cambió el pasado mes de julio, cuando el Gobierno anunció un aumento hasta 17 semanas del permiso retribuido al 100% por maternidad y paternidad. Una reforma que también afectó a las familias de un solo progenitor: ese permiso retribuido se extiende a 32 semanas. Hasta la fecha, la Administración solo reconocía la mitad para familias monoparentales y después ya quedaba en sus manos acudir a los tribunales para que, años después, una sentencia les reconociera una ampliación. El Tribunal Supremo, por ejemplo, estableció en 2023 que en estos casos los permisos no se podían duplicar.

El Tribunal Constitucional dictó su primera sentencia en noviembre de 2024 en un escenario complejo: declaró inconstitucionales los preceptos legales que servían para negar estos permisos ampliados a familias monoparentales. Y hasta que el legislador no introduzca cambios para paliar esta desigualdad –algo que sucedió pocos meses después– la solución era reconocer 26 semanas a estas familias. “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, dijo el tribunal de garantías, muy cerca de la unanimidad.

Ese primer caso de una mujer residente en Cataluña marcó el paso a más de un centenar de mujeres que, mes tras mes, han visto cómo el Tribunal Constitucional les ha reconocido ese permiso ampliado. Pero ha sido ese primer caso el que ha abierto la segunda batalla jurídica sobre este asunto: si la Seguridad Social se podía limitar a resarcir económicamente a estas mujeres o si tenía que concederles las semanas de permiso reconocidas por el Constitucional aunque sus hijos ya tuvieran seis y siete años de edad.

En este caso, la Seguridad Social se limitó a pedir a la mujer “un número de cuenta” para, en una futura resolución, reconocer su derecho “al disfrute del permiso de nacimiento y cuidado del menor en las fechas solicitadas” pero también “el percibo de la cuantía que procede por las 10 semanas adicionales”. En total una cantidad superior a 7.600 euros, a razón de 108 euros por día. La reclamante decidió acudir de nuevo al Constitucional, esta vez a través de un incidente de ejecución, reclamando que la Administración reconozca “el derecho a disfrutar de las semanas de permiso correspondientes”. Es decir, las 10 semanas adicionales de permiso que no tuvo en su momento.

El pleno del Constitucional, según ha podido saber elDiario.es, ha rechazado este incidente de ejecución con el que la defensa de la mujer solicitaba que su victoria judicial no se diera por ejecutada hasta que se le reconocieran esas 10 semanas de forma efectiva. La mayoría del organismo entiende que con ese resarcimiento económico la Administración está reconociendo ese derecho y su sentencia se ha ejecutado correctamente.

La decisión ha tenido un voto en contra significativo: el de María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo que fue la ponente de la primera resolución que dio la razón a estas mujeres que crían solas a sus hijos. Los datos oficiales muestran que en España hay casi de dos millones de familias monoparentales, mayoritariamente compuestas por mujeres que crían solas a sus hijos.

La Seguridad Social ha lanzado este miércoles una campaña para informar a los progenitores entre agosto de 2024 y julio de 2025 sobre cómo solicitar las dos semanas adicionales de la prestación de nacimiento y cuidado de menor (también conocidos popularmente como permiso de maternidad y de paternidad), que pueden disfrutarse hasta que los menores cumplen 8 años y que se aprobaron en septiembre en el Congreso, pero que en su caso pueden pedirse a partir del 1 de enero de 2026. Para las familias monoparentales, son cuatro semanas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha lanzado una página web (accesible aquí) con la información sobre estas dos nuevas semanas de permiso para las familias con derecho a ellas de forma retroactiva. Según el Ministerio, hay más de 365.000 progenitores “potencialmente beneficiarios”.

“Si vas a solicitar las dos semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado de menor porque has tenido una hija o hijo entre el 02/08/2024 y el 30/07/2025, puedes realizarlo con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute”, recoge la página web en su encabezado.

“Recuerda, además, que estas dos semanas adicionales se pueden disfrutar hasta que tu hija o hijo cumpla 8 años”, añade.

Solicitud en tres pasos a través de internet

La página explica cómo pedir la prestación en “3 pasos”. Primero, informando a la empresa: “Comunica tu intención de solicitar nuevos periodos de tu prestación de nacimiento y cuidado de menor con al menos 15 días de antelación para que la empresa emita y envíe el certificado requerido”.

En segundo lugar, llega el momento de solicita las dos semanas adicionales, para lo que dirige a una página del Portal de Prestaciones. “Este trámite es individual para cada progenitor y puede solicitarse con una antelación máxima de 15 días”, indica la Seguridad Social.

Y, por último, “confirma y guarda: Descarga el justificante de registro. Revisa tu correo y añade el remitente a tu lista de contactos para futuras notificaciones”.

La Seguridad Social Mediante enviará correos electrónicos y de SMS con la campaña informativa, y además instalará “cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud”, informa el Ministerio.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que “con esta campaña, una vez más, la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por brindar una atención a la ciudadanía que facilite al máximo todos los trámites para recibir las prestaciones a las que tiene derecho”.

Qué son estas dos semanas

El Gobierno aprobó en verano la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, cuando hay dos progenitores, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, se incrementó a 32 semanas.

“En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada”, recuerda el Ministerio de Elma Saiz.

Además, se crearon dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, que se pueden coger “de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad”.

“A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026”.

La cuantía de estas prestaciones es “equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso”, indica el Ministerio.

Una nueva sentencia judicial ha vuelto a reconocer el permiso parental retribuido para el cuidado de un hijo menor de 8 años a un empleado público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante ocho semanas.

Es la tercera resolución judicial en este mismo sentido, que se suma a otras dos sentencias logradas en enero y abril de 2025 tras la apelación ante la Justicia por parte del sindicato CSIF Castilla-La Mancha, de forma pionera en el reconocimiento de este derecho. En aquellas ocasiones, el foco estuvo en la denegación del permiso por parte de la Gerencia del Hospital de Cuenca.

Ahora, la novedad de la nueva sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, con fecha 17 de noviembre, es que el permiso de siete semanas que había solicitado un trabajador de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en junio de 2025 sí le fue reconocido por la Junta de Comunidades, pero esta denegó su retribución amparándose en que no existía desarrollo normativo para el pago. Ahora suma el derecho a tener ese permiso de paternidad - de hasta ocho semanas- retribuido al cien por cien del salario durante el periodo solicitado.

El sindicato recuerda que la Directiva Europea 2019/1158 fijaba hasta 8 semanas de permiso parental retribuido, pero el Real Decreto-Ley 5/2023 traspuso de manera parcial esta normativa comunitaria sin expresarse sobre el desarrollo de este derecho con carácter retribuido.

Una sentencia “importante” para sentar precedentes

Ahora la sentencia del juzgado toledano es “especialmente importante”, dice el sindicato porque se produce después del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de 30 de septiembre, que denegaba la retribución de este derecho a trabajadores de Renfe argumentando que en España ya había permisos retribuidos de ocho semanas por nacimiento de hijo o adopción.

A ello se suma que esta sentencia también es posterior al último Real Decreto-ley 9/2025, del pasado 29 de julio, que sí reconoce una retribución de dos semanas, pero sigue siendo muy insuficiente cuando la Directiva Europea extiende este derecho a las ocho semanas.

“La sentencia de Toledo vuelve a poner el foco en los derechos de los trabajadores y supone un avance de gran calado para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, señana CSIF quien opina que garantizar un permiso retribuido a ambos progenitores “contribuye a equilibrar las responsabilidades familiares” y que “evita” que las mujeres sigan soportando la mayor parte del cuidado de los hijos, “algo que con frecuencia las obliga a reducir su jornada o incluso a dejar su empleo”, advierte el sindicato.

Por otro lado, considera que esta medida ayuda a disminuir la brecha salarial, dado que uno de sus principales motores es precisamente la interrupción o limitación de la carrera profesional femenina por motivos familiares.

Si una de mis mejores amigas muriera mañana, me quedaría devastada. Si uno de mis mejores amigos necesitara cuidados paliativos el mes que viene, quizá él quisiera –o necesitara– que yo le acompañara. Lo mismo podría suceder si el sujeto de esas frases fuera un ex o una pareja con la que no tuviera papeles firmados ni convivencia de por medio. Lo mismo sucedería si fuera yo quien necesitara esos cuidados y quisiera que alguien con quien no comparto ni sangre ni contrato pero sí vida permaneciera a mi lado. Sin embargo, no podríamos hacerlo: no tendríamos un tiempo reconocido para ausentarnos del trabajo sin perder el sueldo y poder así hacer un duelo, acompañar, sostener, cuidar o ser acompañadas, sostenidas y cuidadas.

Contamos estos días la ampliación de un derecho: el permiso por fallecimiento aumentará de dos a quince días, y aparecerá uno nuevo, el de cuidados paliativos, de otros quince días. Celebramos mejoras que, sin embargo, llegan tan tarde que quedan ya minúsculas si pensamos, no solo en la sociedad que imaginamos, sino en la que ya tenemos: los hogares unipersonales son ya casi tantos como los hogares en los que viven dos personas, los divorcios y separaciones crecen sin cesar, la formación de parejas ha dejado de pasar mayoritariamente por el matrimonio o el registro civil, tener un solo hijo es la tendencia, cuando se tienen, porque el número de personas sin prole también aumenta.

Mientras, varias generaciones buscamos la manera de poner en práctica la atención y el sostén a una familia que ya no es solo ni de sangre ni de contrato, mientras lidiamos con la precariedad de los servicios públicos de cuidados, la crisis de la vivienda, o la incertidumbre sobre una hipotética jubilación.

¿A quién nos deja el sistema cuidar y a quién le permite que nos cuide?, ¿por qué solo se reconocen los lazos creados a través de instituciones tradicionales? “Bienvenida sea la ampliación de derechos, sin embargo, en este caso es llamativo lo que queda fuera porque traduce un sesgo muy convencional”, resume la economista Carmen Castro. Ese sesgo otorga derechos solo a unidades de convivencia formalizadas a través del matrimonio, la pareja de hecho o consanguinidad. Y eso deja fuera “otras conformaciones familiares o de núcleos de convivencia”. No tiene, por tanto, en cuenta ni otras realidades ni que existen otros duelos relevantes más allá de la oficialidad y la sangre.

La economía feminista y de los cuidados lleva ya unas décadas hablando de cómo cuidamos, a quiénes cuidamos y quiénes cuidan. “Cuando hablamos de derecho al cuidado hablamos de reconocer los vínculos de cuidados realmente existentes, más allá de los que teóricamente funcionan en base a lazos sanguíneos o legalmente constituidos, más allá de los normativamente impuestos”, resume la economista Amaia Pérez Orozco. Se trataría de apostar, prosigue, “por las familias de elección”.

“Núcleos de gestión cotidiana de la vida, convivas o no, esas redes en las cuales resolvemos, al margen de las que nos ha impuesto el modelo heteropatriarcal en clave de cuál es el sujeto de derechos reconocido”, explica Orozco, que subraya que los cuidados no deberían resolverse solo en el núcleo familiar, sea sanguíneo o elegido, sino estar “enredados” entre esos lazos “más libres y diversos” y servicios y prestaciones públicas.

Con los anteriores permisos y con la nueva propuesta, ese sujeto sigue intacto: bien sea por fallecimiento, enfermedad, hospitalización o paliativos, es la familia de sangre o la pareja que se formaliza en una unión concreta quien vehicula el derecho.

Ampliar el libro de familia

En Mercados reproductivos. Crisis, deseo y desigualdad (Editorial Katakrak), la investigadora Sara Lafuente indaga sobre el mercado de la reproducción asistida, pero también lanza ideas para trazar nuevas maneras de relacionarse, por ejemplo, modificar el libro de familia. “No es tanto construir clínicas que nos permitan reproducirnos como habilitar diferentes modelos para el cuidado y la crianza. Ya se están dando pero resulta muy difícil. Podemos pensar en libros de familia que no funcionen desde la institución del matrimonio sino desde el reconocimiento de las redes de cuidados. También los permisos de cuidado que permitan distribuir ese trabajo más allá de la idea de familia nuclear basada en una pareja”, contaba en esta entrevista.

Laura Camps ha escrito No nos da la vida (Bruguera) para hablar sobre cómo el empleo asalariado devora el resto de la vida. ¿Cómo arañarle porciones al trabajo para, entre otras cosas, cuidar? Camps también apuesta por “dejar de lado las consanguinidades” cuando hablamos de cuidados para reconocer así otros lazos y, también, otros duelos, como el de las amistades. Y cree imprescindible que el debate sobre los permisos vaya unido a otros para seguir ampliando “servicios públicos” y que el estado asuma su responsabilidad de hacerse cargo de los cuidados y también de repartirlos.

El sesgo convencional en las prestaciones sociales, continúa Carmen Castro, ya se ha visto en otras ocasiones, por ejemplo, argumenta, en la manera en la que siguen operando los permisos por nacimiento, en los que el sistema da por hecho que los bebés llegan a parejas de dos progenitores y, preferiblemente, heterosexuales. Es una manera de seguir priorizando “estructuras convencionales de agrupamiento familiar” y, por tanto, del reparto (desigual) de los cuidados. La economía feminista busca más bien lo contrario: “Repensar la organización del modelo económico y que los cuidados emerjan como una necesidad colectiva que hay que garantizar vía derechos universales”, explica la economista.

Emancipación ha sido una palabra muy repetida por el movimiento feminista, pero cómo seguir emancipándonos si las únicas relaciones que encuentran amparo son las mismas de siempre. También son los mismos momentos de la vida los que encuentran más protección: el inicio y el final, el nacimiento y la muerte. Como si en medio no hubiera toda una vida en la que, con más o menos intensidad, necesitáramos cuidados. Como si la infancia y adolescencia no requiriera la presencia de un progenitor, como si las enfermedades y las rupturas no existieran, ni la cita médica a la que acompañar a un amigo o el postparto en el que una necesita a su colega. Sí, todo eso sería (todavía) más difícil de negociar con la CEOE, pero al menos que no nos quiten la imaginación ni la ambición.

El Congreso avaló este martes con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de los 33 diputados de Vox, la ampliación del permiso por nacimiento y cuidados que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio y ya estaba en vigor. Estas son las novedades:

¿Cuántas semanas aumenta el tiempo de permiso?

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

¿Cómo puedo distribuirlas?

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

¿Se retribuyen las nuevas semanas?

El decreto modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público y establece que durante estas semanas se produce una suspensión temporal del contrato de trabajo.

El coste del nuevo permiso de dos semanas es asumido íntegramente por la Seguridad Social –no por las empresas– y las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual.

Y si soy la única progenitora, ¿cuántas semanas me corresponden?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes.

¿Siguen en vigor las ocho semanas de permiso de cuidado parental que se podían coger sin remuneración?

Sí, se mantienen a disposición de las personas trabajadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen.

¿Es posible sumar a la ampliación el permiso de lactancia?

Sí. Se mantiene tal y como estaba. Es decir, es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumple los nueve meses.

Como autónomo o autónoma, ¿puedo acogerme a la ampliación del permiso?

Sí. Los permisos son para todos “los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas”.

¿Tengo que estar trabajando?

Sí. Son prestaciones contributivas, es decir, que “al inicio de cada uno de los periodos de descanso la persona trabajadora deberá encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta”.

¿Me puedo repartir las semanas con el otro progenitor?

No. Los permisos son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos). La norma sigue como hasta ahora en los permisos por nacimiento y mantiene el mismo espíritu para las semanas por cuidado. Es decir, una madre no puede tomar las dos semanas que le corresponden al padre, o viceversa. “Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor”, marca el real decreto-ley.

¿Qué hago para pedirlo a mi empleador?

Las personas trabajadoras deben comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 15 días, la petición “en los términos establecidos en los convenios colectivos”. Si ambos progenitores trabajan para la misma compañía, la dirección “podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito”.

¿Desde cuándo se aplica la retroactividad del decreto?

El decreto contempla la retroactividad en esta prestación desde agosto de 2024. Esto implica que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir del 2 de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral, pese a las críticas de buena parte del arco parlamentario que consideran que dejan fuera a muchos niños menores de ocho años, porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

En el caso de que alguien haya disfrutado de estas dos semanas sin retribuir en el último año, se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente, según indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El Congreso ha convalidado una de las medidas más relevantes de la agenda social que el Gobierno tenía pendiente sacar adelante después del verano: la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos.

El Ejecutivo aprobó en julio, presionado por una multa de Bruselas y tras un intenso tira y afloja entre los socios, el real decreto ley que extiende hasta las 19 semanas –dos de ellas disponibles durante los ocho primeros años de vida del niño o niña– estos periodos remunerados. Un tiempo que llega hasta las 32 semanas en el caso de las familias monoparentales. Este martes ha conseguido el apoyo mayoritario de la Cámara Baja con 313 votos a favor, 33 abstenciones –correspondientes a Vox– y ninguno en contra. Además, el texto se tramitará como proyecto de ley por acuerdo de todos los grupos, lo que permitirá que se introduzcan cambios en las próximas semanas.

“Esta medida beneficiará a casi un millón de personas este año que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobio en sus vidas”, ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su turno de palabra. En su discurso, quien ha liderado las negociaciones a favor de esta ampliación ha asegurado que se trata de una “cuestión de Estado que trasciede la polémica partidista”. “No hablamos solo de semanas ni de preceptos, sino de la vida real de la gente”, ha zanjado.

Al contrario que con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno afrontaba la votación de este real decreto con cierta seguridad de que saldría adelante. Y aunque finalmente han dado los números, la mayoría de los socios de la investidura que han apoyado la convalidación –Bildu, Junts, ERC y PNV– lo han hecho con algunas críticas que rebajaron la intervención de Díaz: a las semanas remuneradas, que son menos de las que el Ejecutivo de coalición había prometido y a la retroactividad fijada en la norma, que limita el permiso retribuido a los niños y niñas nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Los socialistas han encajado el reproche, aunque “no se puede renunciar a dar un paso más para subir esta montaña”, ha señalado la diputada Elisa Garrido.

“Han hecho un ejercicio de trilerismo, han mezclado los permisos, las semanas y los meses”, ha lamentado en último lugar el grupo popular en términos similares a los que ha usado Podemos. Ambos, sin embargo, han terminado apoyando las medidas. “La directiva europea no se está cumpliendo, esperábamos 8 semanas y tenemos tres, si aceptamos pulpo como animal de compañía”. Los morados coquetearon, no obstante, unas horas antes de la votación con abstenerse por ser “insuficiente” y lanzaron un discurso duro contra el Gobierno.

Las medidas que contiene el real decreto entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado hace un mes y medio, sin esperar a que el texto fuera refrendado en el Congreso. El Gobierno optó por este procedimiento para evitar seguir pagando una multa que impuso Bruselas por el incumplimiento de una directiva europea precisamente sobre parte de estos permisos que ya debía estar adaptada al ordenamiento español. Con todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a principios de agosto a España a pagar seis millones de euros. El procedimiento se había iniciado en 2022.

Aunque Díaz ha asegurado que el real decreto reconoce “cinco semanas por encima de lo exigido por la UE en el caso de las madres y 17 en el supuesto de los padres”, la extensión es de momento menos ambiciosa de lo que recoge el acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones: 20 semanas de permiso de nacimiento y cuatro remuneradas para cuidar hasta los ocho años. Es decir, 24 en total. El acuerdo entre Sumar y PSOE llegó tras meses de negociaciones y una intensificación de la presión de los de Yolanda Díaz al final del curso político. Poner el real decreto en marcha costará 1.500 millones de euros este año. “Es un primer paso para coger impulso”, ha apuntado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en en declaraciones en los pasillos del Congreso.

¿Cómo funcionan los permisos? Qué cambia y qué no

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total para los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las asume como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

Todas las semanas son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos) y el coste es asumido íntegramente por la Seguridad Social, no por las empresas. Las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual aunque la directiva marca que el 60% sería suficiente, ha subrayado Díaz.

La parte más confusa de la ampliación fue la retroactividad. El real decreto la reconoce desde agosto de 2024, lo que implica que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto. Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

Las ocho semanas sin remuneración que ya existen seguirán a disposición de las personas trabjadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen. También se suma a las nuevas semanas las ya reconocidas por lactancia a ambos progenitores. Es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumpla los nueve meses.

Desde abril de 2019, la prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituyó y unificó las antiguas ayudas por maternidad y paternidad. Su objetivo es proteger los periodos de descanso derivados del nacimiento de un hijo o de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. El trámite, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha experimentado en los últimos años varias modificaciones que amplían su duración y refuerzan los derechos de las familias.

Cómo solicitarla

La solicitud puede realizarse de varias formas: de manera telemática, a través del portal Tu Seguridad Social con certificado digital o sistema Cl@ve, por correo ordinario, o de manera presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), siempre con cita previa. Además, quienes no dispongan de identificación electrónica pueden utilizar la plataforma específica del INSS para trámites sin certificado. La Seguridad Social cuenta también con un asistente virtual, ISSA, que guía al usuario paso a paso en la web y la sede electrónica.

Entre los documentos que deben acompañar la solicitud se encuentran la acreditación de identidad (DNI, pasaporte o NIE), el certificado de empresa con la fecha de inicio del descanso laboral, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, el informe de maternidad expedido por el sistema público de salud y el Libro de Familia o certificado del Registro Civil. En situaciones de adopción o acogimiento, se exige además la resolución judicial o administrativa correspondiente, mientras que en casos de gestación por sustitución será necesaria la inscripción de la filiación en el Registro Civil y, en su caso, la resolución judicial que la reconozca.

Novedades

Una de las principales novedades es la ampliación de la duración del permiso. A finales de julio de 2025 el Gobierno aprobó su extensión a 19 semanas, frente a las 16 que se reconocían hasta entonces. En el caso de familias monoparentales, la duración se incrementa hasta las 32 semanas. La normativa establece que las seis primeras semanas deben disfrutarse de manera obligatoria, ininterrumpida y a jornada completa inmediatamente después del nacimiento, adopción o acogimiento. Estos cambios ya están en vigor para los nacidos a partir del 31 de julio de 2025, mientras que para los hijos llegados entre agosto de 2024 y esa fecha, las dos semanas adicionales podrán solicitarse de manera retroactiva a partir de enero de 2026.

España se sitúa así entre los países europeos más avanzados en materia de permisos parentales. Desde enero de 2021, ambos progenitores cuentan con el mismo derecho a semanas intransferibles, un modelo similar al que existe en países como Suecia, Islandia o Dinamarca. Con la nueva ampliación, el Gobierno ha completado la transposición de la Directiva europea de conciliación adoptada en 2019. Además, se han añadido semanas adicionales de uso flexible: dos en familias biparentales y cuatro en monoparentales, que podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años.

Otros trámites a realizar

Junto a la prestación, otro de los trámites vinculados al nacimiento es dar de alta al bebé como beneficiario de la Seguridad Social para acceder a la asistencia sanitaria. Este procedimiento puede realizarse de forma telemática, presencial con cita previa o por correo ordinario. Se requiere presentar la solicitud correspondiente, copia del documento de identidad del asegurado y el Libro de Familia con el niño inscrito. Una vez inscrito, corresponde a cada comunidad autónoma emitir la tarjeta sanitaria del menor y asignar su pediatra.

El portal Tu Seguridad Social ofrece también la posibilidad de realizar simulaciones que permiten conocer de antemano la duración del permiso y el importe aproximado de la prestación según la fecha prevista del nacimiento o adopción. Esta herramienta resulta especialmente útil para planificar la organización laboral y familiar. En el caso de los trabajadores autónomos, el trámite se efectúa igualmente ante el INSS, aportando la documentación requerida y acreditando la suspensión de la actividad.

En definitiva, la prestación por nacimiento y cuidado de menor constituye una pieza clave de las políticas públicas de conciliación y protección social en España. El refuerzo de su duración, la equiparación de derechos entre progenitores y la simplificación de los trámites buscan no solo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también acompañar a las familias en los primeros meses de crianza, una etapa decisiva tanto a nivel personal como social.

“El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975), trata de poner en valor la nueva norma de ampliación por permisos por nacimiento y cuidado de hijos de 19 semanas que está por debajo del acuerdo de Gobierno del PSOE con Sumar, que tenía como objetivo las 20 semanas. Esta entrevista tuvo lugar un día antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenase a España a una millonaria multa por el retraso en la adopción de la directiva europea sobre conciliación familiar que tendría que estar en la legislación española desde 2019.

La ministra aborda algunos de los retos que tiene pendiente su Ministerio. Por un lado, asegura que se va “a dejar la piel para que en el último trimestre del año la medida de las altas progresivas pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Además, señala “su compromiso para ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres” y de acabar con “la discriminación que los trabajadores autónomos” estaban teniendo con las pensiones por lo que “cotizar por ingresos reales avanza en justicia social”.

Respecto a los menores migrantes, de los que, tras la sentencia del Supremo, el Gobierno central tendrá que hacerse cargo, Saiz admite que los centros donde serán acogidos “son de adultos”, pero que se va “a dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una posición de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa”.

El Gobierno ha aprobado in extremis en este último Consejo de Ministros de la temporada la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de hijos. ¿Por qué ha costado tanto sacar estas medidas? España ha estado pagando una cuantiosa multa a Europa por este motivo.

El acuerdo alcanzado es histórico. Lo importante es que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y el avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas. En aquellos momentos los padres, y sé bien de lo que hablo, soy madre de hijos que tienen 18 años, disfrutaban de 15 días naturales. Fue el primer gobierno de Pedro Sánchez en el año 2019 el que amplió las semanas. Se dio un paso también firme y ha sido este Gobierno de coalición el que ha alcanzado un acuerdo histórico llegando a las 19 semanas. Esto coloca a España en la vanguardia mundial en materia de conciliación. Es ineludible la hoja de servicios del Partido Socialista en el compromiso con la conciliación y en avanzar en igualdad.

Decía justamente que el PSOE ha empujado históricamente para que se ampliaran estos permisos por nacimiento. Sin embargo, en estos últimos meses Sumar se ha quejado de que había una cierta resistencia por la parte socialista del Gobierno a aprobar los permisos antes de verano. Incluso, desde Moncloa trasladaban pocas horas antes de cerrar la negociación que debía esperarse a septiembre. ¿A qué se ha debido esta resistencia?

Las negociaciones que se llevan a cabo en un gobierno de coalición son negociaciones que se toman con total normalidad cuando se alcanzan acuerdos tan importantes como del que estamos hablando. Este acuerdo es la mejor garantía para la ciudadanía porque permite ver y constatar que esta es la hoja de ruta que marca el acuerdo de coalición, el acuerdo de Gobierno que suscribieron el Partido Socialista y Sumar al inicio de esta legislatura, donde había un compromiso firme en avanzar en las semanas del permiso de nacimiento y cuidado. Estamos cumpliendo con este compromiso que tenemos con la ciudadanía.

Pero el acuerdo entre PSOE y Sumar eran 20 semanas de permiso por nacimiento y otras cuatro remuneradas de cuidado parental de ocho. ¿Van a cumplir el acuerdo de Gobierno en lo que queda de legislatura hasta llegar a las semanas comprometidas?

No hemos llegado al ecuador todavía de la legislatura y se ha producido un importantísimo avance. Vamos a contraponer esto con la postura del Partido Popular, que otra vez se vuelve a poner en contra de las familias españolas. Ya ha anunciado su voto en contra, igual que hizo la primera vez que se habló de estos permisos y que se ampliaron las semanas, que llegó incluso a recurrir al Constitucional.

Esa es la posición del Partido Popular en lo que tiene que ver con avanzar en derechos e invito a la ciudadanía a que lean cuál es la propuesta legislativa del principal partido de la oposición en esta materia. Si de ellos dependiera, las mujeres seguiríamos en casa haciéndonos cargo de los cuidados y, evidentemente, ahondando en las brechas salariales y las brechas de pensiones que siguen existiendo en este país. Esa es la oposición de nulo nivel y de nula contribución a la ciudadanía que hace el Partido Popular. Otra vez, intentando erosionar al Gobierno lo que hace es dañar directamente a las familias españolas.

¿Pero los ciudadanos se pueden sentir seguros de que cuando acabe la legislatura vamos a tener 20 semanas de permiso por nacimiento?

España se convierte con esta medida en el principal país europeo donde los padres y las madres tienen estas semanas de manera equiparada para hacerse cargo de sus hijos y para algo importante como es avanzar con corresponsabilidad. La sociedad con la que aspiramos es aquella en la que haya un reparto equitativo de las tareas y que indudablemente no nos relegue a los domicilios.

Quiero recordar que hace 18 años los hombres disfrutaban de 15 días naturales y hoy hablamos de 19 semanas. Eso nos coloca en la vanguardia internacional y la vanguardia europea en este compromiso con la corresponsabilidad.

Hay dos sentencias, una en Barcelona y otra en Cuenca, que reconoce la remuneración de cuatro semanas del permiso cuando el nuevo Real Decreto-Ley únicamente incluye la retribución de dos. ¿Cómo casarían estas sentencias con la norma del Gobierno? ¿Teme que se judicialicen más casos parecidos?

Nos encontramos con 19 semanas retribuidas al 100% de la base de cotización a cargo de la Seguridad Social. No podemos olvidar lo que ya existe, que son las tres semanas adicionales de lactancia. Por supuesto, estos permisos en caso de partos múltiples se incrementan. Es importante, además, resaltar las 32 semanas de los hogares monoparentales, fundamentalmente liderados por mujeres. Además, el Estatuto de los Trabajadores sigue regulando esas ocho semanas de permiso para padres y madres.

Pasando a otro tipo de preguntas relacionadas con su Ministerio. Ahora tiene que negociar con las asociaciones de autónomos el calendario del nuevo sistema de cotización de ingresos reales. Quería preguntarle cómo espera que se desarrollen esas negociaciones y cuál va a ser la posición del Ministerio.

El punto de partida para seguir negociando con las asociaciones representativas de trabajadores autónomos es el éxito que ha supuesto poner en marcha otra reivindicación histórica de las asociaciones: la cotización por ingresos reales. Nos enfrentábamos a un importante desafío y desde luego no habría sido posible sin la escucha permanente, que es como trabajamos en el Ministerio, y trabajando de la mano en este caso de la representación sindical. Por supuesto, también la patronal y, específicamente en este tema, de las asociaciones de autónomos. Así que vamos a seguir en esa línea, compartiendo con las asociaciones los resultados de esa primera regularización y transitando hacia un camino sin retorno.

Somos muy conscientes que los trabajadores autónomos estaban teniendo unas discriminaciones en lo que tiene que ver con sus prestaciones, precisamente por esa distorsión y cotizar por ingresos reales avanza en justicia social para un colectivo al que el Gobierno le presta una atención muy especial.

Este avance no ha estado exento de polémica, elDiario.es desveló que la regularización de cuotas de la Seguridad Social penalizaba a autónomos de baja por paternidad o maternidad al dividirse los ingresos de todo el año en solo tres meses debido al permiso de nacimiento. ¿Ha encontrado desde el Ministerio ya alguna solución para este problema?

Todos los avances que se están produciendo en prestaciones y en derechos son aplicables al colectivo de trabajadores autónomos y eso también es una buena noticia para este colectivo. Pero también es importante que seamos conscientes de que estamos avanzando a una velocidad distinta, porque partíamos de una protección social de los trabajadores autónomos diferente a los trabajadores por cuenta ajena. La idea es equiparar, confluir y avanzar, y con la relación fluida con las asociaciones vamos a trabajar para corregir cualquier cuestión que se pueda producir.

En junio se conoció una sentencia europea que consideraba que el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones discriminaba a los hombres. Hay cierto temor en algunos sindicatos, como Comisiones Obreras o UGT, a que cuando los padres reclamen este plus haya la posibilidad de que suponga la retirada para las madres. ¿Qué puede hacer el Ministerio para que esto no ocurra?

Estamos analizando la sentencia, pero el compromiso es ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres. Mejores salarios son mejores pensiones en el futuro. Cuando se incrementa el sueldo mínimo interprofesional, cuando estamos celebrando las importantísimas cifras del mercado laboral, donde hay récord histórico de mujeres trabajando, donde las bases de cotización de las mujeres suben por encima de las bases de cotización de los hombres… todo son noticias que hacen ver que vamos en la buena dirección para reducir brechas de género en pensiones y salariales que todavía indudablemente siguen. Tenemos que trabajar para eliminarlas.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la ayuda tiene una cobertura más o menos del 42%. La ayuda por hijo llega al 23%, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo se está planteando conseguir que se llegue a más gente?

Hemos reducido el non take up, la brecha de cobertura, en torno al 20%. Así que estamos trabajando en esa dirección a través de diferentes herramientas. Quiero poner en valor el teléfono corto que pusimos en marcha y una importante campaña publicitaria para llegar a la ciudadanía. No hacemos nada si avanzamos en derechos pero nos olvidamos de que la Administración tiene que estar pegada completamente a la ciudadanía para que conozcan todas las políticas que vamos desplegando.

Es importante también poner en contexto. El ingreso mínimo vital se puso en marcha en el año 2020, en un contexto muy complicado, para dar una cobertura a todo el Estado, pero sin olvidar que las comunidades autónomas ya tenían un papel y, lo siguen teniendo, para luchar contra la pobreza. Esto es un esfuerzo compartido. Las comunidades autónomas no pueden hacer una dejación de funciones y pretenden cargar o responsabilizar únicamente a la política estatal de trabajar por la inclusión y de reducir la pobreza.

Lo que estoy constatando es que las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, están reduciendo las partidas destinadas a sus rentas mínimas en torno a 400 millones de euros y no las están redireccionando a los mismos objetivos, sino que en algunos casos prefieren bajar los impuestos a quienes más tienen, como la Comunidad de Madrid.

La AIReF también ha señalado que el incentivo al empleo del ingreso mínimo vital “no está funcionando”. ¿Cómo hacer para que este incentivo funcione mejor?

Es importante dejar que pase un poco más de tiempo para poder analizar el comportamiento del incentivo al empleo. Recordemos que este incentivo se puso en marcha en 2022 y este informe es de 2023. La pregunta que yo lanzaría es qué empleo aspiramos a que tengan a su alcance los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Entiendo que tiene que ser un empleo, desde luego no precario, sino uno a tiempo completo, de calidad y que no suponga que tengas que elegir entre percibir la prestación y tener un empleo precario que no hace más que ahondar todavía más en esa situación de exclusión que se puede encontrar el beneficiario. No hay que olvidar que el IMV tiene rostro de mujer y de mujer con hijos a cargo y, cuando se incorporen, deben hacerlo en unas condiciones absolutamente óptimas que puedan dar respuesta a la atención y cuidado de su familia. El ingreso mínimo vital es una prestación de la que es un éxito salir porque eso quiere decir que has accedido a un empleo. Por eso tenemos que trabajar en esa línea.

También respecto al ingreso mínimo vital, la Seguridad Social ha reclamado deudas por valor de 500 millones de euros desde que se puso en marcha esta ayuda y el Ministerio ha anunciado que ha adelantado este año las revisiones anuales de la prestación varios meses, a abril en lugar de octubre. ¿No hay otra manera menos lesiva para los ciudadanos que la devolución de varios meses? No sé si se han planteado alguna otra alternativa teniendo en cuenta, además, que hay una denuncia de una ONG al Consejo de Europa por este asunto.

Soy consciente de ello. El ingreso mínimo vital es una prestación que no es sencilla. Para poder percibirla hay que poner en conjunción diferentes administraciones y además la foto fija que se toma de referencia para ver si una persona es beneficiario o no beneficiario hace referencia al ejercicio anterior. Somos conscientes de esa distorsión porque en un año pueden cambiar muchas cosas. Desde el mes de mayo hemos establecido dos momentos de hacer la foto de la situación del potencial beneficiario o beneficiaria para que se produzcan las menores distorsiones posibles. Pero con ese mensaje claro de que el hecho de percibir una cantidad menor de ingreso mínimo vital puede ser porque efectivamente se están percibiendo ingresos, porque se ha conseguido un empleo indefinido, por ejemplo, que es un objetivo absolutamente positivo. O que incluso la persona pueda salir del ingreso mínimo vital, porque ese es el objetivo, no que permanezca en lo que llamamos la brecha de la pobreza.

Tienen una respuesta de los agentes sociales a las “altas progresivas”: vuelta gradual que pueda extenderse hasta un mes, en el que la persona trabajaría la mitad de su jornada y cobraría esa proporción de salario y también el 50% de la prestación por baja médica.

Hay que aclarar que donde se tiene que discutir es en la mesa del diálogo social. La salud de los trabajadores está en el centro de cualquier medida que saquemos adelante en el Ministerio, pero, en este caso nos gusta caminar de la mano de la ministra de Sanidad, Mónica García. Tengo un compromiso personal: me voy a dejar la piel para que en el último trimestre del año esta medida pueda ver la luz. Es un avance en derechos y pone en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer la pedagogía necesaria porque es una modificación legislativa que tiene que ser aprobada en el Congreso, pero partiendo de un trabajo de escucha de la sociedad civil y de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Se ha probado que una reincorporación después del alta médica pueda contribuir a mejorar la salud del trabajador en procesos oncológicos. Para mí es una tranquilidad.

El Sindicato de Inquilinas reclama al Estado una negociación colectiva para 28 familias, que lograron un alquiler asequible de la antigua Sociedad Pública de Alquiler en viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué ahora que parece que el Gobierno apuesta por el alquiler asequible se quieren rescindir esos contratos? ¿A qué se quieren destinar esas viviendas?

Cuando se gestiona dinero público tenemos que ser absolutamente escrupulosos. Desde la Seguridad Social se escucha activamente a los ciudadanos, pero también a otras instituciones. La supervisión de estas viviendas se produce por parte del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de un patrimonio de la Seguridad Social con una regulación específica. El Tribunal de Cuentas nos ordena enajenar estas viviendas porque la Seguridad Social no tiene capacidad de ser un agente inmobiliario. Vamos a dar el margen suficiente a las personas que están residiendo para que puedan ejercitar la posibilidad de adquirir esas viviendas por el valor de mercado, con una tasación oficial y con todo el rigor jurídico para que no haya ningún tipo de desprotección.

Las cacerías racistas de Torre Pacheco evidenciaron hasta dónde pueden llegar los discursos del odio. ¿Temen que se pueda generar un problema de convivencia mayor ante el incremento de estos mensajes?

El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Desde el Ministerio monitorizamos los discursos de odio, racistas y xenófobos en las redes sociales. Hicimos un encargo específico para monitorizar lo que estaba pasando en Torre Pacheco. En 17 días hubo 138.000 mensajes en redes sociales, algunos de ellos podían ser susceptibles de delito y siguen el cauce de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. El porcentaje de retirada de mensajes sobre Torre Pacheco fue del 23%. Me comprometí a tener una reunión específica con las plataformas porque es importante la prevención y conseguir que la retirada de esos mensajes se produzca de manera mucho más rápida que la que se viene realizando. Hemos creado un grupo de trabajo permanente para buscar una interacción mucho más profunda. Hay que tener un compromiso mucho más férreo, retirar antes esos mensajes, porque el odio se propaga de una manera muy rápida. Hay personas interesadas en propagar ese odio que deshumaniza a la población inmigrante.

¿Cuál es la fórmula para combatir estos discursos desde las instituciones?

Con una mayor corresponsabilidad no solamente de las plataformas, sino del conjunto de la ciudadanía. Cuando puedo hacerlo, voy al fútbol con mi hijo y si escucho un mensaje racista, actúo frente a ese mensaje. Lo mismo tiene que pasar en las redes sociales. Con la colaboración que hemos iniciado con las plataformas, hay batallas que se puedan ganar en lo digital, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que las calles de nuestro país no son de cacería de inmigrantes. Tenemos que estar alertas y no podemos dar ni un paso atrás: ser mucho más contundentes para frenar esta ola reaccionaria.

¿Están trabajando en un plan de integración desde hace meses, qué busca el plan y qué medidas concretas incluirá?

El plan lo que hace es analizar un conjunto de derechos y deberes. No es un plan dirigido a la población inmigrante, es un plan para el conjunto de la sociedad. Es importante escuchar a los destinatarios cuando se hacen políticas. No podemos hacer un plan en un despacho que sea una serie de folios con medidas que no vayan a ningún lado. Es un plan que pretende seguir avanzando en una sociedad inclusiva y justa. Por supuesto, siendo muy conscientes de las diferentes competencias que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. Desde lo local hasta lo global es responsabilidad de todos seguir trabajando y pensando en una sociedad que reconoce la diversidad y tiene los brazos abiertos.

Esta semana tuvo lugar otra de las reuniones del Gobierno central con el canario para cumplir con la sentencia del Supremo que obliga al Ejecutivo central a hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo que están actualmente en Canarias. Según se anunció ayer, los primeros traslados se producirán la semana que viene. ¿Además del centro de Pozuelo dónde van a ser acogidos estos niños? ¿Van a convivir adultos con menores de edad?

Nuestros centros son de adultos. Estamos trabajando con absoluta minuciosidad para cumplir el auto del Supremo y dar respuesta a la situación de estos niños, que están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Somos muy conscientes a la hora de habilitar espacios específicos de que estamos hablando de que cada niño o niña es un caso individual donde hay que trabajar de manera cuidadosa. Estamos teniendo reuniones permanentemente con el Gobierno canario en aras de una colaboración y una lealtad institucional para dar respuesta a este acto del Supremo.

Queremos insistir en este tema porque de lo que estamos hablando es de que se cumpla el interés superior del menor por encima de otras cuestiones.

Absolutamente. No lo hemos perdido de vista en ningún momento. Estamos habilitando las instalaciones escuchando al menor y estudiando caso a caso.

El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar los presupuestos para el año que viene. ¿Ese compromiso implica llevarlos al Congreso o simplemente aprobarlos en Consejo de Ministros?

El presidente del Gobierno fue claro y el compromiso de este Gobierno es seguir una hoja de ruta para seguir dando respuesta y haciendo políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Es claro y rotundo. Este gobierno se va a dejar la piel para encontrar los acuerdos necesarios. Apelo al resto de fuerzas políticas para no volver a vivir el bochorno nacional que se vivió la pasada semana con el decreto antiapagones por el posicionamiento de algunos grupos políticos. Fue un bochorno nacional porque se puso en riesgo el sistema eléctrico solo por intentar erosionar al gobierno, otra vez en esa oposición de tierra quemada.

Por su respuesta se entiende que el Gobierno está dispuesto a llevarlo hasta el final en el Congreso de los Diputados.

Insisto en que el presidente fue claro.

Si se llevara al Congreso esta Ley de Presupuestos y no se contaran con los apoyos. ¿Cree que el presidente debería convocar elecciones? ¿Es viable continuar si se ha perdido una votación de presupuestos?

Es importante ver cómo vamos afrontando los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos. Tenemos un compromiso con las empresas españolas tras el acuerdo arancelario con Estados Unidos. Estamos acompañando en todo lo que tiene que ver con los choques inflacionistas. Estamos actuando cuando hemos afrontado desastres naturales, como lo que pasó en Valencia. Estamos ampliando derechos con la equiparación de permisos y extensión a 19 semanas. Estamos sacando adelante leyes con un altísimo grado, creo que es un 85%, de éxito en las votaciones en el Congreso. Es una Legislatura que está siendo de importante producción normativa para dar respuesta a lo que la gente espera de la política. Hay personas que están interesadas en la desafección porque cuando campa a sus anchas lleva a un retroceso en derechos y libertades.

Hay grupos que han puesto condiciones para esas cuentas. Podemos quiere bajar un 40% el precio de los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y salir de la OTAN. ¿Cree que esas exigencias son asumibles para el Gobierno?

La política de vivienda de este Gobierno está comprometida para dar respuesta al principal problema de este país. En este caso tienen mucho que decir las comunidades autónomas, pero cada vez que hemos tenido ocasión de llevar leyes al Congreso, nos encontramos torpedeados por parte del principal partido de la oposición. Se están tomando medidas para ampliar las zonas tensionadas, para luchar contra el alquiler vacacional que lo que hace es incurrir en desigualdades.

Respecto a Palestina, ahora estamos viendo cómo diferentes países se están sumando al posicionamiento que tuvo nuestro país. El presidente del Gobierno ha sido muy claro exigiendo la solución de dos estados y absolutamente comprometido con el reconocimiento de Palestina. Invito a todas las fuerzas políticas a hablar de estas cuestiones y no distraer con otras que nada tienen que ver con el interés general.

¿Le preocupa que puedan salir nuevas informaciones judiciales sobre corrupción que afecten a más ministerios o a incluso al partido? ¿Lo ve un escenario posible? ¿Qué debería hacer el Gobierno en ese caso?

La corrupción alimenta la desafección y daña a las propias instituciones. Lo que está haciendo el gobierno es dar una respuesta clara, contundente, rápida, de colaboración con la justicia y dando la cara. El presidente del Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan que no es papel mojado, son medidas concretas que van desde proteger a quien denuncia a que tenga consecuencias también para los corruptores en caso de que así se produzca. Es un plan hecho de la mano de la Comisión Europea y la OCDE. Apelo a que se sumen todas las fuerzas políticas, fundamentalmente al Partido Popular, a respaldar este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para que nunca más vuelva a ocurrir.

Cuando la corrupción se refiere a la espina dorsal del Estado de Bienestar que es la Hacienda pública, conocer que se manosean leyes y el Boletín Oficial del Estado para beneficiar solamente a unos pocos amigos mientras que con la otra mano se anunciaban recortes, congelaciones en pensiones y pedir a la ciudadanía que se apretase el cinturón... Como ex responsable de una hacienda desde luego eso es atentar contra el Estado puro. Y como Hacienda somos todos, nos hace daño todavía en mayor medida a toda la sociedad.

Entrevista completa en vídeo:

El 9 de julio, en la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Yolanda Díaz subió a la tribuna y agitó unos folios mirando al presidente. “Vamos a ampliar el permiso de paternidad a 20 semanas y vamos a cumplir con la directiva para retribuir al menos cuatro. La semana que viene presentaremos este decreto en el Consejo de Ministros y esperamos el compromiso y los votos del PSOE para sacarlos adelante”, le dijo. Menos de un mes después, la medida es una realidad aunque para ello Sumar ha tenido que rebajar sus expectativas.

Sánchez respondió al guante de Díaz y anunció en una comparecencia para hacer balance del curso político que el Gobierno llevaría el martes al Consejo de Ministros una “ampliación histórica” de los permisos de nacimiento y cuidados. Sumar había ejercido una fuerte presión en las últimas semanas para aprobar la medida este mismo julio, antes de las vacaciones, para darle, en palabras de la vicepresidenta, “buenas noticias” a la ciudadanía.

La ampliación de los permisos supone un espaldarazo para la coalición plurinacional, que desde que arrancó la legislatura apenas ha disfrutado de buenas noticias. La mayoría parlamentaria salida de las urnas ha puesto en estos dos años las cosas difíciles al Gobierno, que ha sufrido para sacar adelante su agenda legislativa. Y esos problemas los ha experimentado quizás en mayor medida Sumar, como socio minoritario del Ejecutivo.

Después de fijar los permisos como prioridad política en este cierre del curso, Sumar fue incrementando la presión a los socialistas, primero para establecer una mesa negociadora y después para incorporar el decreto en las reuniones previas para que un asunto llegue al Consejo de Ministros. Como ocurre en este tipo de negociaciones en el seno de la coalición, la decisión de Pedro Sánchez terminó de desbloquear las cosas.

Durante los últimos días, los equipos negociadores multiplicaron los contactos. El fin de semana previo a la comparecencia de Sánchez, fuentes de Sumar aseguraban que el PSOE estaba bloqueando la aprobación del decreto. Ese mismo lunes, las mismas fuentes anunciaban un acuerdo sobre el texto pero reclamaban aprobarlo esta semana. Algo a lo que se resistían en Moncloa por razones técnicas y políticas. Pocas horas después Sánchez anunciaba el resultado del acuerdo.

El nuevo decreto contiene 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal. Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

La medida tiene un importante alcance y un gran potencial político, lo que explica la euforia que mostraba este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda al explicar la medida. “Hoy le hablamos a esa España conformada por familias plurales. Hoy España da un paso más. Este es un gobierno que se compromete con las familias españolas, con las mujeres y con las jóvenes”, dijo. “Negociar es difícil pero merece la pena cuando es por una buena causa. España es mejor”, reconoció.

Para Sumar era importante conseguir esta medida antes de que terminase el verano y dar un mensaje a las familias antes del inicio del curso. El Gobierno se enfrentaba además a un incremento de la multa que le ha propuesto Europa en un expediente sancionador abierto por incumplir la directiva que reclama la remuneración de esos permisos por conciliación. Este fue uno de los elementos que Díaz llevó a la mesa de negociación para acelerar la aprobación del decreto.

Pero de fondo hay un argumento político para la coalición. Después del estallido del escándalo de Santos Cerdán, la vicepresidenta segunda reclamó un reseteo de la legislatura. Entendía que la confianza con la ciudadanía estaba rota y solo había una manera de recuperarla: la activación de las medidas sociales. Y estos permisos son un primer paso en esa dirección.

Para poder sacarla adelante este julio, los negociadores de Trabajo han tenido que rebajar las expectativas que se marcaron en el acuerdo de investidura, en el que hablaban de extender el permiso de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas y remunerar al menos cuatro de las ocho destinadas a cuidados como establece la directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo.

Ese el espíritu que incluía la Ley de Familias que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy a principios de 2024, que establecía por un lado la ampliación a 20 semanas y por otro la remuneración de los dos primeros meses del permiso parental de cuidados. Esa ley sin embargo lleva en vía muerta en el Congreso, con más de 50 ampliaciones del plazo de enmiendas.

El acuerdo que salió del Consejo de Ministros extiende a 17 semanas y no a 20 el permiso de paternidad y maternidad. Y solo remunera dos semanas y no cuatro como indicaba el acuerdo de investidura, que, eso sí, hablaba del “objetivo de llegar a las cuatro”. No lo establecía como un compromiso definido.

En Trabajo en cualquier caso están muy satisfechos con el acuerdo y creen, a pesar de las críticas de sindicatos como CSIF, que cumple “con creces” la directiva europea de conciliación, como indicó Díaz en la rueda de prensa. La vicepresidenta argumentó que España, con la ampliación del nuevo decreto, cuenta en total con 19 semanas de permisos retribuidos y tres de lactancia que se traspusieron en la legislatura anterior. “Esto hace un total de 22 semanas, España no solo cumple la directiva sino que lo hace con creces”. Díaz indicó además que estas semanas están retribuidas al 100% y no al 65% mínimo que exige la directiva.

El SMI, siguiente objetivo

Sumar consigue así una victoria política en mitad de un escenario muy complejo para el Gobierno. Aunque las cosas han mejorado ligeramente después de que se levantara el secreto de sumario de una causa que investiga al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro y tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por falsear los datos de su currículum en el Congreso. Sánchez aseguró este lunes que está dispuesto a agotar la legislatura e incluso anunció que presentará un proyecto de presupuestos.

En la coalición de Yolanda Díaz han recibido con agrado esa noticia, que va en la línea del giro social que han pedido a los socialistas y que intentarán concretar en el próximo periodo de sesiones. Díaz ya ha avanzado que en septiembre convocará a la comisión de expertos para analizar una nueva subida del salario mínimo. Hasta ahora, todos los intentos que ha encabezado la vicepresidenta para subir este indicador han provocado roces con la parte socialista del Gobierno y es probable que esta sea una de las próximas batallas de Trabajo con Economía y Hacienda.

Díaz también tiene pendiente la negociación parlamentaria de la ley para la reducción de la jornada laboral, que tuvo que posponer al menos a septiembre por el bloqueo de Junts. Una tarea pendiente para después de unas vacaciones en las que la vicepresidenta, todavía muy tocada emocionalmente por la reciente muerte de su padre, ya ha trasladado a los suyos que pretende desconectar del todo.

Aunque el Gobierno aprobó en el último consejo de ministros del pasado martes la ampliación de los permisos parentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de seis millones de euros y una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimiento persista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.

El TJUE argumenta que el Gobierno de España ha incumplido porque no ha adoptado las disposiciones legislativas sobre equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los progenitores y cuidadores de una directiva europea que se aprobó en 2019.

La Comisión inició el procedimiento precontencioso el 21 de septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En su respuesta del 18 de noviembre de 2022, España comunicó su intención de transponer la Directiva mediante una ley y un decreto real, comprometiéndose a remitir con la mayor brevedad posible las disposiciones pertinentes y precisas, una actuación que nunca ocurrió.

Ante la falta de respuesta, en 2023 la Comisión le dio a España un plazo de dos meses para adoptar la directiva, pero la respuesta del Gobierno español fue un cuadro de correspondencia entre la normativa europea y la españoal además de un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se informaba de que el proyecto de ley sobre las familias —que debía servir de instrumento de transposición— había quedado sin efecto tras la disolución del Parlamento.

La Comisión, al constatar que aún no se habían adoptado todas las disposiciones necesarias de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, decidió en noviembre de 2023, presentar el recurso ante el TJUE.

Ante este movimiento de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo sacó adelante un real decreto en el que se recogían parte de las reclamaciones de Bruselas y que suponía el aumento en tres semanas de permiso de nacimiento para cada progenitor, pero en el Congreso Podemos unió sus votos a la derecha para tumbar el decreto ya que incluía la reforma del subsidio de desempleo y cambiaba las condiciones para los parados de 52 años.

Ante esta situación, el Gobierno avisó a la Comisión de que incluiría la trasposición de la directiva en los nuevos Presupuestos Generales del Estado que se tenían que aprobar en 2024, pero ante la falta de apoyo parlamentario no fueron presentados. La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por no haber adoptado ni notificado dentro del plazo establecido todas las medidas necesarias para la transposición de la Directiva.

La Comisión alegó que España no había transpuesto plenamente la Directiva, especialmente en lo relativo a las trabajadoras regidas por el Derecho laboral y a los empleados públicos regulados por el Derecho administrativo. Asimismo, señaló que España no había notificado como parte de la transposición el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), entre otras medidas.

En mayo de 2025, el Ministerio de Trabajo ya advirtió de que España se enfrentaba a una multa de “casi diez millones de euros” por no retribuir el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos. Y subiendo, “a razón de 9.760 euros” por día, sostienen en el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo, exige a la parte socialista del Gobierno aprobar ya la retribución de este permiso laboral, que advierten que puede suponer esta sanción millonaria a las arcas públicas fruto del procedimiento iniciado por Bruselas contra España.

La coalición progresista entre PSOE y Sumar se comprometió en el acuerdo de gobierno a “remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”. Sin embargo, y aunque el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, competente en esta materia, anunció la retribución en el año 2024 –junto a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a las 20 semanas–.

Los socios de Gobierno llegaron, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar.Lo que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros de la temporada es que los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses.

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

Hace unos días, en una escena digna de una comedia política, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz salieron con tanta prisa a contar el acuerdo al que habían llegado sobre los permisos por nacimiento que terminaron por tropezar con su propio anuncio. El resultado fue un mensaje confuso, mal explicado y peor leído. Tanto que por momentos ha dado la sensación de que lo que anunciaban era un paso atrás o una renuncia a sus compromisos.

Es una pena, porque el anuncio era una medida importante. El Gobierno ha ampliado en seis semanas el permiso del que se beneficia cada niño y cada niña al nacer.

¿En seis semanas? Sí. Como ha reconocido ya hasta el Tribunal Supremo, los permisos de cuidados no son una prestación de los padres, sino de los niños. Con esta medida, cada criatura tendrá seis semanas más de cuidado, tanto si tiene dos progenitores (tres cada uno) como si es parte de una familia monomarental.

Con este avance, en los últimos siete años, las sucesivas versiones de este Gobierno han duplicado los permisos por nacimiento y cuidados: las familias biparentales han pasado de 21 semanas a 38 y las monoparentales de 16 a 32. A esto hay que sumar que muchas familias acumulan el permiso de lactancia que representa otras seis semanas más, aproximadamente. En total, entre 38 y 44 semanas de permiso retribuido por cada nacimiento o adopción.

¿Son pocas? Tener expectativas no cuesta nada pero, por comparar: lo que la legislación europea exige es un mínimo de 14 semanas retribuidas para la madre, más 10 días para el otro progenitor y 16 semanas de permiso compartido. En total, 32 semanas por criatura.

¿Son muchas? Tampoco. La crianza es la última frontera —y la más desatendida— del Estado del Bienestar. Las familias asumen una cantidad de costes que sería escandalosa si no estuviéramos hablando de niños. Si se tratara de personas mayores o con discapacidad, la falta de apoyo público provocaría un clamor. Pero cuando se trata de la infancia, seguimos dando por hecho que deben ser las familias quienes se hagan cargo. O, peor aún, aceptamos que sean los propios niños quienes carguen con la suerte —o la desgracia— del hogar en el que les ha tocado nacer.

Por esa razón, la foto de la pobreza en el mundo ha cambiado completamente en los últimos 75 años. Si la vejez era el indicador más fiable para predecir si alguien sería pobre en 1975, hoy lo es tener hijos. Uno de cada seis niños en todo el mundo vive bajo el umbral de la pobreza extrema, el doble que los adultos. Las familias con criaturas pequeñas tienen las tasas de pobreza más altas de todos los hogares y la mitad de los hogares monoparentales en España está en riesgo de exclusión.

Estos indicadores no responden a un fenómeno meteorológico, sino a la voluntad política. El sistema de pensiones se inventó para evitar que las personas, al final de su vida, tuvieran que pasar penalidades. Y ahora tenemos que arreglar el otro extremo de la balanza: son los niños los que están en apuros.

Con una amenaza adicional. Y es que la pobreza en la infancia tiene un efecto acumulativo: la falta de oportunidades a esta edad, en los años en los que deberíamos invertir en que desarrollen todo su potencial, nos aboca a un futuro de precariedad a todos.

Por eso la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado es un avance positivo, como lo hubiera sido la ley de familias que se quedó en un cajón con la convocatoria de las elecciones anticipadas de 2023. Ojalá se retome.

Si hay algo que se le puede criticar a esta medida, es que su alcance sigue estando limitado, una vez más, por la lotería de los padres que te hayan tocado. Los permisos de nacimiento y cuidados no son universales: solo los pueden disfrutar quienes están trabajando. Por esa razón tienden a beneficiar a las clases medias, mientras dejan atrás a los estratos más vulnerables.

Tendría sentido rescatar otras propuestas que las expertas llevan años reclamando. Por ejemplo, la prestación universal por hijo, una transferencia directa mensual que ya existe en la mayoría de países europeos y en la que España empieza a quedarse como farolillo rojo; o la gratuidad de los comedores escolares, una medida que ha demostrado tener un impacto extraordinario en el rendimiento académico, la reducción del abandono escolar, la salud e incluso la altura de los niños al final de su infancia.

Estas semanas, a la hora de planificar las vacaciones, centenares de miles de mujeres –y muchos hombres, también, pero sobre todo mujeres– han tenido que conseguir la cuadratura del círculo. A las visitas a la casa natal y los compromisos típicos del verano tienen que sumar que en septiembre necesitarán una o dos semanas libres para hacer la adaptación de sus criaturas al cole. Se pasarán el verano haciendo equilibrismos, contratando cuidadores, campamentos, teletrabajando desde el parque infantil, rascando días de los abuelos y renunciando a su propio tiempo para llegar a todo.

Pero que el costumbrismo de la escena no nos despiste de lo central. Detrás de todas estas pequeñas entregas se esconde mucho amor, pero también la principal fuente de pobreza y de desigualdad en el mundo. Corregir esta injusticia sólo puede ser una buena idea.

Por primera vez se equiparán los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar para todas las niñas y niños, independientemente del modelo familiar en el que crezcan. Una vez se publique en el BOE el Real Decreto-ley 29/2025, el tiempo de disfrute para su cuidado, por parte de sus progenitores, será de 28 semanas en este tipo de permisos, sin distinción entre si hay uno o dos progenitores. Este anuncio representa un enorme avance al incorporar la doctrina del Tribunal Constitucional –especialmente la STC 140/2024–, que fijó el precedente que impacta de forma directa en el modelo normativo y que debe tener en cuenta los derechos de la infancia a la hora de legislar estos permisos.

Sin embargo, aunque este Real Decreto-ley apunta tímidamente hacia ese nuevo paradigma, no termina de asumir ni consolidar plenamente las implicaciones del mandato constitucional en términos de igualdad sustantiva entre modelos familiares. La STC 140/2024 dejó claro que el número de progenitores no puede ser un criterio válido para limitar el permiso por nacimiento, porque el derecho que se protege no es el de las personas adultas, sino el de la criatura. De esta forma, reconocía que las familias monoparentales podrían disfrutar de 26 semanas de permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar. Además, el TC subrayó que este permiso no puede analizarse solo desde la lógica laboral o de cotización, sino que exige incorporar la perspectiva del interés superior de la infancia.

Esta línea jurisprudencial ha sido reafirmada por sucesivas sentencias del TC que, la omisión del legislador generaba una situación discriminatoria para las familias monoparentales, y más en concreto, para sus hijas e hijos. Estas resoluciones no solo interpelaban al Gobierno a actuar, sino que lo obligaban. Desde ahí debe entenderse este anuncio de ampliación de los permisos en familias monoparentales. Sin embargo, la forma en que se ha comunicado esta ampliación más que aclarar está dando lugar a cierta confusión, pudiendo parecer que las familias monoparentales salen beneficiadas con más semanas de permiso que las biparentales, cuando no es así.

Además, a la semana de ampliación del permiso de nacimiento (de 16 a 17 semanas), se ha intentado presentar como parte de la ampliación del permiso de nacimiento lo que, en realidad, no lo es. Las semanas adicionales que ahora se retribuyen pertenecen a otro permiso: el permiso parental por cuidado, que puede disfrutarse hasta que la criatura cumpla ocho años. Algo que forma parte del paquete de ocho semanas del permiso retribuido recogido en la Directiva (UE) 2019/1158, y cuya reclamación de disfrutar íntegramente formulan los sindicatos a pesar del real Decreto-ley. En todo caso, el que estamos ante dos permisos distintos –el de nacimiento y el parental por cuidado– se evidencia en que cada uno tienen fechas diferentes de entrada en vigor: el primero se aplicará desde la publicación en el BOE, mientras que el segundo tiene efectos retroactivos desde el 2 de agosto de 2024.

Ahora bien, volviendo a la ampliación del permiso para las familias monoparentales y para evitar equívocos –como antídoto frente a la desinformación de quienes ya insinúan que las monoparentales tienen más derechos–, conviene hacer bien las cuentas. En la práctica, tanto las familias monoparentales como las biparentales contarán con 32 semanas de cuidado retribuido. Las primeras lo asumirán íntegramente desde una sola persona: 28 semanas por nacimiento más cuatro de permiso parental retribuido. En las segundas, el reparto será entre dos: 17 semanas por nacimiento por cada progenitor (con seis de disfrute simultáneo obligatorio), más dos semanas adicionales retribuidas del permiso parental por cada uno. El resultado es el mismo en términos numéricos, pero no en carga ni en esfuerzo. Y ninguna medida anunciada hasta ahora aborda esa desigualdad real.

Por eso, aunque la igualdad formal avanza, la realidad sigue exigiendo políticas claras y conscientes que reconozcan la desigualdad estructural que enfrentan las familias monoparentales más allá de eslóganes. Reconocer su sobrecarga, incorporar medidas específicas de apoyo y garantizar su acceso real a los derechos laborales reconocidos en la ley –como la adaptación de jornada o el disfrute efectivo de los permisos como el de lactancia en igualdad de condiciones a las familias biparentales– es una obligación democrática. La igualdad no se resume en un número de semanas, se construye desde el reconocimiento de las diferencias y la voluntad política de corregirlas. En interlocución directa con quienes la viven cada día y en primera persona, con las mujeres que encabezan las familias monomarentales.

El Gobierno ha dado luz verde este martes a los cambios en los permisos por nacimiento y cuidado de hijos a través de un real decreto-ley que modifica varias leyes y permite acelerar la entrada en vigor de estos nuevos derechos.

El Ejecutivo ha optado por este procedimiento más rápido, in extremis en el último Consejo de Ministros de la temporada, para evitar seguir pagando la multa que ha impuesto Bruselas por el incumplimiento de una directiva europea precisamente sobre parte de estos permisos que ya debía estar adaptada al ordenamiento español. Las modificaciones entran en vigor de inmediato, aunque deberán ser refrendadas por una mayoría en el Congreso, y suponen una inversión de 1.500 millones de euros.

“Hoy le damos una buena noticia a las familias españolas para que puedan decir que merece la pena y tengan a su disposición tres semanas más de permisos retribuidos. Negociar es difícil, pero merece la pena cuando es por una buena causa en el país. España es mejor, somos el gobierno de las familias, de las mujeres y de los jóvenes”, ha defendido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al presentar las medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Estas son las novedades que se desgranan en la letra pequeña del real decreto, firmado por cinco ministerios, que aprueba hoy el Consejo de Ministros tras meses de negociaciones entre PSOE y Sumar:

¿Quién puede disfrutar de estos permisos?

“Los empleados públicos, todos los asalariados y las personas autónomas”. Se trata, en todos los casos, de prestaciones contributivas, es decir, que “al inicio de cada uno de los periodos de descanso la persona trabajadora deberá encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta”, según el decreto.

¿Cómo puedo distribuir las nuevas semanas de permiso?

El nuevo decreto contempla 19 semanas de permiso en total. En ellas se incluye las de nacimiento, que se amplían en una semana hasta las 17, y las dos retribuidas para el cuidado de los hijos hasta los ocho años. La ley las contempla como un todo que se puede tomar seguido o por partes, pero siempre sujeto a una serie de normas marcadas en el texto legal.

Como hasta ahora, las seis primeras semanas tras el nacimiento, la adopción o el acogimiento son obligatorias y deben disfrutarse a jornada completa. A partir de ahí, cada uno de los progenitores puede distribuir otras 11 semanas a voluntad, de forma acumulada o interrumpida pero siempre dentro de los 12 primeros meses. Tampoco esto cambia.

La novedad son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Estas podrán tomarse inmediatamente después del permiso por nacimiento si se desea o durante los ocho primeros años de vida del niño o niña, en régimen de jornada completa o parcial. Su disfrute es mucho más flexible.

¿Cómo me las pagan?

El decreto, que modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público, establece que durante estas semanas se produce una suspensión temporal del contrato de trabajo.

El coste del nuevo permiso de dos semanas es asumido íntegramente por la Seguridad Social –no por las empresas– y las personas trabajadoras percibirán el 100% de la base reguladora, es decir, una prestación equivalente al 100% de su salario habitual. “No son los empleadores los que asumen esta inversión social”, ha aclarado Díaz, que también ha subrayado que España ha ido más allá de lo que marca la directiva europea en la base reguladora.

¿Pueden transferirse las semanas entre progenitores?

No. Los permisos son iguales e intransferibles para ambos progenitores (en el caso de que haya dos). La norma sigue como hasta ahora en los permisos por nacimiento y mantiene el mismo espíritu para las semanas por cuidado. Es decir, una madre no puede tomar las dos semanas que le corresponden al padre, o viceversa. “Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor”, marca el real decreto-ley.

“Nuestros permisos van de la mano de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, a diferencia de otros estados miembros y pese a que la directiva europea no obliga a esto”, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Cómo se lo pido a mi empresa?

Las personas trabajadoras deben comunicar a la empresa, con una antelación mínima de 15 días, la petición “en los términos establecidos en los convenios colectivos”. Si ambos progenitores trabajan para la misma compañía, la dirección “podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito”.

¿Qué significa que el nuevo permiso de dos semanas retribuidas por cuidado se aplica de manera retroactiva?

El decreto contempla la retroactividad en esta prestación desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto. Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos.

En el caso de que alguien haya disfrutado de estas dos semanas sin retribuir en el último año, se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente, según indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

Si soy la única progenitora, ¿cuánto tiempo me corresponde de permisos a partir de ahora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿El permiso de lactancia sigue en vigor?

Sí, y se suma a las nuevas semanas reconocidas para ambos progenitores. Es acumulable por tres semanas en jornadas completas desde mayo de 2024 y disfrutable hasta que el bebé cumple los nueve meses.

¿Qué pasa con las ocho semanas que ya se podían tomar sin remuneración?

Se mantienen a disposición de las personas trabajadoras que quieran acogerse a ellas, pero no se retribuyen.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado por decreto estas reformas?

La exposición de motivos es clara en este sentido: “La aprobación por medio de un real decreto-ley de la presente norma se justifica en el avanzado estado de tramitación en el que se encuentra el procedimiento de infracción contra España por falta de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 en lo referente al permiso parental retribuido regulado en su artículo 5”.

España ha tenido pagar casi diez millones de euros por el retraso en la retribución. A razón de 9.760 euros al día, advirtió en mayo el Ministerio de Trabajo.

Con estos cambios, ¿España cumple por fin con Bruselas?

El plazo para trasponer la directiva europea aprobada en 2019 concluyó el 2 de agosto de 2024. Por eso, las dos semanas de permiso remunerado, que pueden unirse al nacimiento o tomarse en los siguientes ocho años, se aplican retroactivamente desde esa fecha. “La urgencia de la transposición de la retribución de esas dos semanas queda completamente acreditada”, dice el texto del decreto.

La directiva obligaba a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, entre nacimiento y cuidados. O sea que técnicamente faltaban por retribuir tres para cumplir con Europa. Con este cambio, se llega a este número: 19 entre nacimiento y cuidados, además de tres acumuladas por el permiso de lactancia, que siguen en vigor para ambos progenitores, ha señalado Díaz para confirmar que con esta modificación “se cumple con creces”.

Lo que importa es el cómputo final porque “se contemplan todo tipo de permisos que despliegan los estados miembros”, ha abundado la vicepresidenta segunda. Por ejemplo, España está muy delante de lo que exige a directiva en permisos por nacimiento para los hombres, apenas 10 días.

¿Por qué razón se han tardado tanto en dar luz verde a estas modificaciones?

La falta de acuerdo entre los dos socios de Gobierno ha desembocado en un retraso en la aprobación que además ha costado dinero a las arcas públicas. Sumar ha intensificado la presión sobre el PSOE, formación de la que depende el Ministerio de Hacienda, en diferentes momentos del último año mientras el Gobierno continúa sin Presupuestos Generales del Estado. Este hecho dificulta hacer importantes desembolsos.

Al final, el fruto de la negociación es menos ambicioso de lo que recoge el acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones: 20 semanas de permiso de nacimiento y cuatro remuneradas para cuidar hasta los ocho años. Es decir, 24 en total.

Los socios de Gobierno han llegado, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos a las personas con hijos e hijas. Los nuevos derechos, menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar, se aprobarán este martes en el último Consejo de Ministros de la temporada, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de esta ampliación de permisos, cuya letra pequeña se concretará mañana, martes.

Permisos de maternidad y paternidad

¿Cuántas semanas puedo tomar por nacimiento?

Los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses. El pacto, tras la negociación con el PSOE, se queda a medio camino de lo que está en el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones: una ampliación de este derecho hasta las 20 semanas.

“A estas medidas se suma el compromiso político de aumentar una semana de nacimiento hasta completar el total de 20, entre parentales y nacimiento clásicas”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo. Esta suma, igualmente, sería inferior a lo acordado para la legislatura. En principio se mantiene la obligatoriedad de que ambos progenitores tomen las seis primeras semanas seguidas tras el nacimiento, la adopción o la acogida.

¿Desde ahora? ¿Cuándo entra en vigor el nuevo permiso?

La entrada en vigor es inmediata, de manera que quienes tengan hijos e hijas a partir de ahora podrán disfrutarlos una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque el contenido debe ser refrendado por la mayoría del Congreso.

¿Qué pasa si ya estoy disfrutando de mi permiso de nacimiento? ¿Puedo tomar 17 semanas?

Los progenitores que se encuentran en medio de su permiso de paternidad o maternidad no pueden, sin embargo, acogerse a esta ampliación de una semana, aclaran desde el Ministerio de Trabajo, pero sí a las dos extras flexibles para el cuidado parental que ahora se remuneran.

Permisos por cuidado parental hasta los ocho años

¿Cuántas semanas estarán retribuidas?

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto que aprobará el Gobierno este martes comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.

Los de Yolanda Díaz pedían que fueran cuatro las semanas remuneradas y así constaba en el pacto de Gobierno firmado por las dos formaciones.

¿Qué significa que el permiso se aplica de manera retroactiva?

El presidente del Gobierno ha explicado que la retribución de dos semanas será retroactiva desde agosto de 2024. Esto implica, según señalan a elDiario.es fuentes de Trabajo, que las personas cuyos hijos e hijas nacieron a partir de agosto de 2024 podrán recibir esta remuneración hasta que cumplan los ocho años. No solo los niños y niñas nacidos desde la entrada en vigor del nuevo decreto.

Se ha marcado este umbral porque coincide con el momento en que España debía haber traspuesto la directiva que incluía estos nuevos derechos. Por este retraso, el Estado ya ha sido multado con casi diez millones de euros.

¿Y si mi hijo o hija tiene menos de un año y ya he decidido coger el permiso cuando aún no se retribuía?

En este caso se podría reclamar a la administración, siempre que el nacimiento sea posterior al 2 de agosto de 2024, la cuantía equivalente a dos semanas de permiso, según el Ministerio de Trabajo.

¿Qué pasa con las otras ocho semanas que estaban reconocidas?

Las dos semanas retribuidas se suman a las ocho que ya existían y podrán seguir tomándose, como hasta ahora. Es decir, como una suspensión temporal sin remuneración.

32 semanas para familias monoparentales

¿Cuánto tiempo de permiso por nacimiento me corresponde si soy un único progenitor o progenitora?

Serán 28 semanas por paternidad y maternidad en el caso de las familias monoparentales, frente a las 26 semanas reconocidas en una sentencia de noviembre del Tribunal Constitucional. La medida da respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres que tienen hijos en solitario.

¿Y de cuánto puedo disfrutar adicionalmente por cuidado parental con retribución?

Estas madres –son la mayoría en las familias monoparentales– y padres tendrán derecho a cuatro semanas más retribuidas –el doble que el resto– hasta que sus hijos o hijas cumplan los ocho años. Estas semanas pueden tomarse junto al permiso de nacimiento o extenderse durante los ocho años siguientes, por eso el Gobierno ha anunciado un total de 32 semanas.

¿Quién paga estas ampliaciones de permisos?

La Seguridad Social las asume íntegramente, ha subrayado la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en un vídeo compartido en redes sociales, y cubren el 100% de la base reguladora.

Corrección: en una primera versión de este artículo se afirmaba que las dos nuevas semanas de permiso retribuido por cuidado parental se sumaban a otras seis sin remunerar, pero las ocho ya existentes se mantienen. Es decir, son diez en total, de las cuales se pagan dos.

Sumar insiste en la idea de tener el decreto con los permisos parentales aprobado antes de que termine el parón veraniego, mientras los plazos para lograrlo se van agotando. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, exigió este martes al Partido Socialista incluir el tema en el orden del día de la reunión sobre asuntos económicos previa al Consejo de Ministros. Pero de momento, el Ministerio de Economía desoye esa petición y traslada que no abordará el asunto en el encuentro del próximo lunes.

Las dos personas que impulsan este asunto en el Gobierno en nombre de Sumar son la ministra de Trabajo y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que esta semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros defendieron su voluntad de que la medida esté aprobada este mismo julio mediante un decreto para que el curso escolar arranque con buenas noticias para las madres y los padres.

“Tenemos listo el real decreto”, dijo Díaz, sentada ante dos ministros del PSOE. “Hemos instado a la incorporación de este asunto a la CDGAE del lunes que viene”, avanzó la vicepresidenta, que este miércoles, en una entrevista en TVE, aseguró que el bloqueo de esta medida es una cuestión del PSOE. “No es la patronal la que impide esto”, dijo. Y añadió: “No puede ser que el PSOE siga diciendo a día de hoy que no”.

La CDGAE es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el filtro del Gobierno previo al Consejo de Ministros para las cuestiones que tienen cierta trascendencia económica, presupuestaria o financiera. El Ministerio de Trabajo, después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó formalmente la inclusión del decreto de permisos en el orden del día de la reunión prevista para el 21 de julio, el próximo lunes.

Pero fuentes del Ministerio de Economía trasladan que el decreto no irá a la comisión de la próxima semana. Si finalmente el asunto no entra, se reduce el margen ya para que el asunto entre en alguno de los dos Consejos de Ministros que quedan en julio, el del próximo martes y el del 29 de julio. Si el ministro Carlos Cuerpo no convoca una nueva reunión antes de ese último consejo, Sumar debería retomar la negociación sobre este asunto con el nuevo curso político, en septiembre.

En la coalición de Yolanda Díaz restan importancia, sin embargo, a la decisión de Economía y sostienen que hasta el lunes hay tiempo para incluir el asunto en el orden del día. La idea de Trabajo es seguir presionando a la parte socialista del Gobierno hasta el último minuto para forzar la aprobación de estos permisos en julio.

“Gobernar no es resistir, es transformar. Hay que pegar un giro, el presidente utiliza una metáfora marítima, el giro es recuperar la confianza ciudadana. Tenemos que arreglar los problemas de la ciudadanía”, dijo este miércoles Díaz, además de pedir al PSOE que deje de bloquear la medida para dar buenas noticias a la gente antes del inicio de curso. “No es la patronal la que impide esto. Vamos a ver lo que hacen [el PSOE]. Hay siete millones de familias esperando”, insistió.

La postura de Hacienda

En Hacienda, mientras tanto, rechazan estar bloqueando la medida y se muestran dispuestos a hablar con Sumar, si bien reconocen que las conversaciones están todavía en un estadio “muy incipiente”. En la coalición de Yolanda Díaz siempre han señalado al departamento de María Jesús Montero para explicar por qué todavía no se ha aprobado una de las medidas más relevantes del acuerdo con el que ambas fuerzas revalidaron la coalición progresista.

La medida es relevante tanto a nivel político como presupuestario. El decreto de permisos está dividido en varias partes. Por un lado, está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. También extiende estos permisos a 34 semanas para las familias monomarentales. Pero una de las cuestiones más relevantes es la de la remuneración de los permisos por cuidado para los hijos hasta que cumplan ocho años.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica. Esa multa, según ha explicado Díaz este lunes, podría ascender a más de 40.000 euros diarios el próximo agosto si el Gobierno no hace algo antes.

Esta cuestión ya supuso un importante obstáculo en las negociaciones para el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, debido al importante impacto presupuestario que supone para las arcas públicas. Aunque en la coalición de Yolanda Díaz creen que el argumento del dinero pierde más fuerza a medida que se eleva la multa que impone Europa al Gobierno por incumplir la directiva.

“No puede ser que estemos pagando 9.000 euros al día de multa por incumplimiento de la directiva europea. 9.000 euros que se van a ir convirtiendo en 43.000 a partir de agosto. Lo paraliza el PSOE y a mí me gustaría que le den una buena noticia al país. No nos frena la patronal”, insistió Díaz.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue lanzando avisos al PSOE para activar cuanto antes una de las principales medidas del acuerdo que Sumar y los socialistas firmaron para revalidar la coalición progresista, la remuneración de los permisos de ocho semanas por cuidado. El decreto está listo y tanto la ministra de Trabajo como el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han pedido formalmente que se incluya el próximo lunes en el órgano previo al Consejo de Ministros, siempre con el objetivo de que quede aprobado antes del verano.

“Tenemos el real decreto listo desde la legislatura pasada y hemos pedido la incorporación a la CDGAE [la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos]. No es la patronal la que impide esto”, ha defendido Díaz este miércoles en una entrevista en Televisión Española. Ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta recordó que esta medida beneficia a siete millones de progenitores.

“Gobernar no es resistir, es transformar. Hay que pegar un giro, el presdiente utiliza una metáfora marítima, el giro es recuperar la confianza ciudadana. Tenemos que arreglar los problemas de la ciudadanía”, ha dicho en esa entrevista en la que ha pedido al Partido Socialista que deje de bloquear la medida para dar una buena noticia a la gente. “No es la patronal la que impide esto. Vamos a ver lo que hacen [el PSOE]. Hay siete millones de familias esperando”, ha insistido la ministra de Trabajo en la entrevista.

La ministra también ha incluido entre los asuntos que quiere llevar a la CDGAE del próximo lunes el llamado Estatuto del Becario. Díaz ya avisó en mayo que esa medida estaba “en el carril de entrada” del Consejo de Ministros pero que había diferencias con el PSOE que habían impedido hasta ese momento su aprobación.

El decreto de permisos está dividido en varias partes. Por un lado está la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo. En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar incluyeron esta medida y por otro lado la remuneración de al menos una parte de los permisos parentales de cuidado de ocho semanas, que los padres y madres pueden tomarse durante los primeros ocho años desde el nacimiento de su hijo. El decreto también incluye extender a 34 semanas el permiso monomarental.

El Gobierno aprobó vía decreto la legislatura pasada la creación de esos permisos de ocho semanas por cuidados, pero no su remuneración. Por eso el compromiso del acuerdo de investidura contemplaba la remuneración de las primeras cuatro semanas, algo que el Ejecutivo debe cumplir por obligación de la directiva europea sobre conciliación aprobada en 2019.

España de hecho se enfrenta a una multa de casi 10 millones de euros por no haber retribuido hasta ahora ese permiso, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. 9.760 euros por día, argumentan de forma más gráfica. Esa multa, según ha explicado Díaz este lunes, podría ascender a más de 40.000 euros diarios el próximo agosto si el Gobierno no hace algo antes.

Hasta ahora, la parte socialista del Gobierno había ido atando la negociación de esta medida a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, sin embargo, ha ido prorrogando ante la falta de apoyos parlamentarios. La inclusión de la retribución de los permisos ya fue una de las cuestiones más espinosas durante la negociación del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar en noviembre de 2023.

Para cumplir los tiempos previstos por Sumar, la medida debería aprobarse en un Consejo de Ministros antes de agosto y solo quedan dos. Para el de la semana que viene ya no puede llegar, puesto que antes tiene que pasar por la CDGAE y está convocada para el lunes. De ese modo, el decreto tendría que ir en el orden del día de la última reunión del Gobierno en julio, el martes 29.

El Consejo de Europa investigará una nueva denuncia contra España. Tras el reciente caso abierto por el ingreso mínimo vital, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha comunicado la admisión a trámite de la reclamación presentada por el sindicato vasco ELA contra España por discriminar a las familias monoparentales (en su mayoría de madres) con el permiso por nacimiento. En la actualidad alcanza las 26 semanas tras una sentencia del Constitucional y el sindicato reclama que alcance las 32 semanas, fruto de la suma de las 16 semanas que le corresponden a cada progenitor. Esta semana, una asociación de familias monoparentales anunció una denuncia por este mismo motivo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La reclamación contra España fue presentada por ELA el pasado marzo y el Comité del Consejo de Europa lo ha admitido a trámite el pasado 2 de julio. El sindicato vasco alega que “la falta de reconocimiento del derecho de las familias monoparentales a acumular 16 semanas de permiso retribuido por parto (”permiso por nacimiento“) y 16 semanas de permiso adicional para cuidar de un hijo recién nacido no se ajusta” a la Carta Social Europea por varios motivos y que “constituye una discriminación contra los niños nacidos en familias monoparentales y sus madres”, explica el órgano europeo.

El permiso por nacimiento para estas familias monoparentales era de 16 semanas, pero el Tribunal Constitucional obligó a la Seguridad Social a elevarlo a las 26 semanas porque consideró que se discriminaba a los niños nacidos en familias monoparentales (con menos cobertura del permiso por nacimiento). “Adicionarse al permiso para la madre biológica de 16 semanas, el previsto para progenitor distinto de 10 semanas, al excluirse las 6 primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto”, concluyeron los jueces.

Además, la Seguridad Social reconoció recientemente a través de un criterio que “debe abonarse la prestación de nacimiento y cuidado del menor de las familias monoparentales aunque no se hubiese realizado el permiso durante los 12 primeros meses de vida del menor”, explica el abogado Miguel Arenas en su blog.

Sin embargo, hay colectivos, como el sindicato ELA y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), entre otros, que reclaman ampliar el permiso a las 32 semanas, ya que consideran que las 26 semanas siguen discriminando a las familias monoparentales respecto a las formadas por dos progenitores.

La Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) ha reclamado que el Gobierno de coalición incluya esta reforma del permiso por nacimiento de las familias monoparentales en el decreto que Sumar está intentando sacar adelante en el Consejo de Ministros para ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas y para retribuir cuatro semanas del nuevo permiso parental de ocho semanas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que su intención es que este decreto pueda aprobarse antes del parón veraniego, algo que no ha confirmado la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría.

Qué investigará el Consejo de Europa

De los artículos de la Carta Social Europea denunciados por ELA, el Comité Europeo de Derechos Sociales investigará si el permiso por nacimiento en España respeta el 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), el 17.1a (derecho de los niños y los jóvenes a la protección social, jurídica y económica), el 27.1 y 2 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), así como el artículo E (no discrminación).

El Comité considera que estas cuestiones “entran en el ámbito material de estas disposiciones invocadas y que la reclamación se refiere con suficiente precisión a disposiciones jurídicas nacionales específicas”, no así con otros artículos denunciados, para los que considera que ELA no había dejado “suficientemente claro” de qué manera España incumplía la Carta Social.

El organismo europeo tumba los argumentos del Gobierno, que había intentado impugnar la reclamación de ELA por falta de representatividad del sindicato a nivel nacional. El Comité considera que ELA “es un sindicato representativo” en lo que exige el Protocolo de la Carta Social Europea, que recuerda que no tiene por qué coincidir con las normas nacionales de mayor representatividad.

Además, en cuanto a la objeción del Gobierno de que la cuestión planteada por ELA se refiere a la legislación nacional aplicable en todo el Estado, mientras que ELA opera en una zona geográfica específica (País Vasco y Navarra), el Comité considera que esto no significa que ELA no tenga derecho a denunciar la supuesta falta de conformidad de la legislación nacional con la Carta Social Europea.

La institución europea da de plazo al Gobierno hasta el 15 de septiembre para presentar sus observaciones, así como a otras organizaciones sindicales y patronales que quieran presentar alegaciones en este procedimiento.