El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al periodista Francisco Javier Chavanel a quien el juez del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, denunció por vulnerar su derecho al honor. El comunicador dedicó una serie de programas y artículos a acusar al juez y defender a los encausados en este caso de corrupción. La sentencia considera que los artículos y comentarios que realizó durante la instrucción de la causa no están amparados por la libertad de expresión o de información ya que ha incumplido “en numerosas ocasiones” con el requisito de veracidad.

La Sala estima que no existe “prueba alguna” que sustente las acusaciones que realizó sobre Pamparacuatro, de quien dijo que había participado en una confabulación política, supuestamente liderada por el PSOE, para erosionar “a los oponentes políticos de este partido en Canarias y conseguir que Juan Fernando López Aguilar accediese a la presidencia de la comunidad autónoma”.

También subraya la sentencia que Chavanel mintió cuando hizo referencia a que la instrucción del caso Corredor también se encuadraba en una “confabulación política” contra el entonces líder de CC, Fernando Clavijo. Sobre Pamparacuatro también llegó a decir que se entrevistó en varias ocasiones con dirigentes del PSOE y pidió ayuda porque el Consejo General del Poder Judicial le iba a abrir expediente disciplinario por su actuación en el caso Unión.

No solo “no existe prueba de los hechos” sino que Chavanel no aportó las fotografías que afirmó que existían del encuentro entre el juez Pamparacuatro y un dirigente del PSOE de Lanzarote. Además, en el juicio reconoció que ni siquiera había visto esas fotografías que aseguró que existían.

Tampoco existe prueba alguna de que en el caso Unión los imputados hubieran estado detenidos o incomunicados más tiempo del legalmente permitido como aseguró el periodista. Además, insistió en sus comentarios en que a Pamparacuatro se le había abierto expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero el juez presentó una certificación en la que consta que no se le había abierto tal expediente. El Supremo matiza que el periodista no reculó cuando el CGPJ aclaró que no había abierto expediente por el caso Unión al juez Pamparacuatro.

Por otro lado, la sentencia analiza los calificativos y expresiones satíricas utilizadas por el comunicador y si están amparadas o no por la libertad de expresión. “No resultan amparadas aquellas expresiones ofensivas relacionadas con hechos cuya comunicación pública supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor por no cumplir el requisito de veracidad”. Esto ocurre con aquellos “calificativos peyorativos relacionados con informaciones que se han revelado como carentes de cualquier soporte probatorio”, como son las descalificaciones hacia el demandante.

Todo ello “son algunos ejemplos exhaustivos de manifestaciones de Chavanel, realizadas tanto por escrito como verbalmente en su programa de radio, en el que se transmiten informaciones, hechos susceptibles de ser verificados, sin perjuicio de que se acompañaran de opiniones y valoraciones personales del demandante”, recoge la sentencia.

El fallo prosigue señalando que los hechos objeto de estas informaciones eran susceptibles de ser contrastados, pero el comunicador “no los contrastó” y que no solo “no existen pruebas de que sean veraces” sino que algunas de ellas “están desmentidas por las pruebas practicadas”. Además, no existe prueba de que el comunicador empleara una diligencia razonable en la contrastación de tales hechos.

Chavanel “se limitó a difundir simples rumores o invenciones” que desacreditaran los procesos judiciales que se seguían sobre determinados casos de corrupción en los que estaban implicados algunos políticos de Canarias, para lo cual “difamó a quienes participaban en la investigación y la instrucción de tales casos”.

La sentencia recoge que el hecho de que los artículos y las emisiones radiofónicas de Chavanel sean etiquetadas como “de opinión” es “irrelevante”, pues lo relevante es “su contenido” y naturaleza real y “no la etiqueta que se le quiera atribuir”. El hecho de Chavanel añadiera la coletilla “es mi tesis” o “esta es mi hipótesis” no le exime de comprobar la veracidad de la información que comunicó públicamente y que vulneraba el honor de las personas afectadas.

El juez también considera que se trata de hechos que suponen un grave desprestigio profesional e incluso personal para Pamparacuatro, que “cuestionaban su integridad moral y su capacidad profesional, que en muchos casos suponía atribuirle la comisión de delitos y, por tanto, suponían una intromisión en su derecho al honor.

El Supremo, no obstante, sí considera que la indemnización fijada por la Audiencia Provincial era “notoriamente desproporcionada” y rebaja la cuantía en 44.000 euros.

Apenas treinta minutos ha durado la vista de conformidad que ha puesto punto final a la pieza original de una de las principales tramas de corrupción en la historia reciente de Canarias, el denominado caso Unión. La repentina y tardía confesión de su principal acusado, el abogado y empresario Luis Lleó, ha evitado el juicio con jurado y se ha saldado con una condena aceptada -y rebajada- de un año y medio de cárcel y una multa de 150.000 euros por un delito continuado de cohecho.

Lleó, para quien la Fiscalía pedía en principio seis años de cárcel, remitió la pasada semana un escrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que reconocía los hechos objeto de la acusación, esto es, que trató de sobornar a un político, el entonces (año 2009) consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, para desbloquear el proyecto de construcción de mil viviendas en Yaiza. El Ayuntamiento de esta localidad situada en el sur de la isla había concedido licencia para desarrollar la urbanización de Costa Roja, pero el Cabildo lo había impugnado por irregularidades urbanísticas.

Para acometer su plan, Lleó contó con un intermediario, el también empresario Fernando Becerra, que confesó mucho antes y que, por ello, ha sido condenado a una pena menor, de un año de prisión y 100.000 euros de multa. La Fiscalía solicitaba para él en su escrito de calificación un año y medio de cárcel.

Tanto a Lleó como a Becerra se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, por una paralización de la causa por razones no imputables a los acusados que el fiscal Javier Ródenas ha cifrado en tres años y medio desde que diera comienzo la instrucción.

A Lleó se le ha aplicado también la atenuante de confesión tardía (diez años después de cometidos los hechos), sobre la base de una sentencia firmada por el juez Pablo Llarena en noviembre de 2018 que concede este beneficio al procesado siempre que el arrepentimiento sea “útil y eficaz”. En este caso lo es, según el representante del Ministerio Público, porque evita un juicio con jurado que se hubiera prolongado en el tiempo.

El acuerdo de conformidad con los acusados incluye una pena alternativa a la de cárcel. Cada día de privación de libertad se puede sustituir por dos días de multa a razón de diez euros por cada uno de ellos. Además se les devolverá las fianzas y se les cancelarán los embargos.

La magistrada Oscarina Naranjo ha dictado la sentencia in voce y le ha dado firmeza, al anunciar todas las partes que no interpondrán recurso contra ella. La resolución impone un plazo de dos años y medio a Lleó y de un año y medio a Becerra para pagar las multas, que ascienden a 150.000 y 100.000 euros, respectivamente.

“Un hombre de recursos”

El fiscal Javier Ródenas llegó a calificar a Luis Lleó como “un hombre de recursos”. Y es que, antes de su confesión, impugnó decenas de resoluciones judiciales y trató por todos los medios de anular la causa en su contra. Estuvo a punto de conseguirlo. Fue el magistrado -hoy suspendido y condenado- Salvador Alba quien, en abril de 2017, anuló la grabación que destapó el intento de soborno de Becerra, actuando como intermediario de Lleó, a Carlos Espino. Fue este último quien la registró con un dispositivo que le facilitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de que el consejero denunciara los hechos tras una primera conversación con el empresario.

El auto firmado por Alba señalaba que esa grabación fue “preordenada” por la UCO para obtener pruebas de un delito que sabía que se podía cometer y que, por ello, no era válida. Esa resolución fue recurrida por el fiscal, que, en la vista celebrada en noviembre de 2018 en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dirimir la validez de ese audio, acusó al magistrado de haberla dictado pensando en su propia defensa, ya que por entonces se le investigaba por su conspiración contra la también jueza Victoria Rosell, unas diligencias que se abrieron, precisamente, a raíz de otra grabación subrepticia, la que registró el empresario Miguel Ángel Ramírez en el despacho de Alba.

El auto fue finalmente anulado por el TSJC, que avaló la grabación como prueba y dejó a Lleó sin más argumentos de defensa, lo que le condujo, en último término, a la confesión de los hechos a cambio de una sustancial rebaja en las penas.

Con anterioridad, el acusado había tratado de tumbar el procedimiento por la vía de vulneración de los derechos fundamentales. En la vista previa de cuestiones previas presentó un escrito de más de 500 páginas con 120 causas de nulidad. El juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, se convirtió en el centro de los ataques de la defensa del abogado y empresario, que incluso se llegó a querellar contra él.

En medio del procedimiento también irrumpió una asociación de juristas, la Jiménez de Asúa, que se alineó con la tesis de la defensa para desacreditar la instrucción de Pamparacuatro.

El empresario Luis Lleó, principal acusado del caso Unión de corrupción en la isla de Lanzarote, ha decidido confesar los hechos. Después de interponer decenas de recursos desde la apertura de la investigación, en el año 2009, de cuestionar la instrucción y de intentar tumbar la causa a través de la anulación de la grabación que da origen al procedimiento, el promotor inmobiliario ha reconocido que trató de sobornar a un político, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino, a través de un intermediario, Fernando Becerra, para desbloquear el proyecto urbanístico en el sur de la isla cuya licencia, concedida por el Ayuntamiento de Yaiza, había sido impugnada por la corporación insular.

Según informa La Voz de Lanzarote, Lleó registró el pasado martes un escrito ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que solicita la anulación de la vista oral y un acuerdo de conformidad por su arrepentimiento a cambio de una rebaja en la condena. “De forma expresa se reconocen los hechos objeto de acusación, admitiendo los mismos”, escribe el empresario, que desiste de las cuestiones previas planteadas y de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.

Lleó había logrado, a través de un auto firmado por Salvador Alba, anular la grabación original, la que captó ese intento de soborno. El magistrado, condenado recientemente por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, expuso en su resolución que esa grabación había sido “preordenada” por la Guardia Civil para obtener pruebas de un delito “que se sabía se podía cometer”. Fue el propio Espino quien registró la conversación, a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) y con un dispositivo facilitado por el cuerpo armado, después de poner en su conocimiento el contenido de la primera conversación con Becerra en la cafetería Unión de Arrecife.

Ese auto de Alba fue finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avaló la grabación. El fiscal Javier Ródenas señaló que el magistrado lo había emitido pensando en su propia defensa, ya que, por aquel entonces, también estaba siendo investigado a raíz de una grabación subrepticia, la que registró el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.

En la vista de cuestiones previas, Lleó presentó un escrito de 550 folios con 120 peticiones de nulidad. Llegó a impugnar hasta el escudo de los folios en que se imprimieron algunos autos.

Con anterioridad, había presentado incluso una querella -que no fue admitida a trámite- contra el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, al que acusaba de haber manipulado diversas resoluciones en el procedimiento. Entre medias irrumpió en el proceso la asociación de juristas Jiménez de Asúa, que, a pesar de erigirse en acción popular, se alió con la defensa de Lleó para tratar de desacreditar la instrucción y, de hecho, también se querelló contra Pamparacuatro.

Gastada la última bala con la anulación del auto de Alba y después de ver cómo sus reiterados recursos alegando una vulneración de derechos fundamentales han sido sistemáticamente rechazados por los tribunales, el empresario ha decidido dar ahora un giro a su estrategia de defensa y confesar.

Lleó ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que convoque a las partes a una vista, “sin necesidad de continuar con la tramitación del proceso y el señalamiento y la formación del jurado”. El acusado se compromete a pagar la cantidad que se le reclame como parte de la condena.

El también abogado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, una multa de un millón de euros y diez años de inhabilitación por un delito de cohecho continuado. El otro encausado en esta pieza del caso Unión, el también empresario Fernando Becerra, reconoció los hechos en 2014.

El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, suma una nueva condena de cárcel. En concreto, de siete años y cinco meses de prisión por asociación ilícita, malversación, fraude y cohecho. Además, queda inhabilitado durante 22 años y deberá pagar multas por un valor superior a los 225.000 euros.

Así lo ha decretado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la sentencia sobre la trama del caso Unión centrada en las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife. Además del “muñidor” de la red corrupta que exigía comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL, han sido condenados otros nueve procesados.

Según adelantan los periódicos Canarias 7 y La Voz de Lanzarote, los únicos absueltos han sido la hija del líder del PIL, Elena Martín, jefa de Contratación, y el conocido empresario Juan Francisco Rosa, al que se le acusaba de falsear un contrato laboral para que el propio Martín lograse el tercer grado penitenciario. La Audiencia considera que ese contrato no fue determinante para la obtención del beneficio y, por lo tanto, no aprecia el delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial ha impuesto ocho años de cárcel al exconcejal del PIL Antonio Machín; cuatro años y dos meses al también exedil Ubaldo Becerra, al que se le aplica un atenuante por haber reconocido los hechos, y 3 años y medio al exinterventor Carlos Saénz. También han sido condenados a penas de prisión los empresarios Antonio Gómez (un año), Manuel Gregorio Reina (dos años y medio), Jesús Manuel Brito (un año y tres meses) y Samuel Lemes (un año y seis meses).

El exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha ha sido multado con 2.190 euros por revelación de información privilegiada, mientras que al consultor Antonio Cárdenas, por aprovecharse de ella, se le sanciona con 4.225 euros.

Las multas impuestas a los acusados superan el medio millón de euros.

Dimas en el jardín del hotel Los Fariones

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas reconocen que “resulta difícil imaginarse a Dimas Martín cuidando el jardín del hotel Fariones”, como pretendieron hacer ver tanto el líder histórico del PIL como el empresario Juan Francisco Rosa para justificar ese contrato que la Fiscalía considera que falsearon para que el primero lograra el beneficio penitenciario del tercer grado.

“Que se quiera simular una donación con un contrato de trabajo poco importa a los efectos del delito por el que se acusa, como tampoco la pretendida finalidad de obtener los favores de Dimas en los negocios hoteleros”, recoge la resolución judicial en relación a los complejos ilegales del empresario en la isla.

La defensa del fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) e investigado por el caso Unión, Dimas Martín, pide la absolución del político al “no existir pruebas de cargo” para mantener las acusaciones que le señalan como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Por su parte, el político se acogió a su derecho a la última palabra y afirmó que ha sido víctima de la “técnica del cazador furtivo”, mediante la que se le ha construido un camino lleno de trampas en el que él ha sido “la presa indefensa”. “Me pueden acusar de lo que quieran, pero no lo pueden demostrar, porque lo que no existe no se puede probar. La verdad siempre sale a relucir”, aseveró Dimas Martín.

Durante la jornada de este miércoles y después de que el pasado martes el Ministerio Fiscal trasladara las peticiones de condena para los doce acusados, se pronunciaron las defensas de los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en esta trama, centrada en el supuesto amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios del municipio conejero de Arrecife para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación a cambio de una comisión ilegal del 10% del dinero ofrecido a los adjudicatarios. Las defensas pidieron la absolución del exconcejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, de la técnica de contratación e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y de los empresarios Juan Francisco Rosa, Samuel Lemes y Manuel Reina. En el caso de Machín la pena solicitada por la Fiscalía había ascendido a 14 años y cinco meses de prisión y a abonar una multa de 300.000 euros.

Por su parte, las defensas de los administradores de Infogelanz, Martín Brito y Antonio Gómez, se mostraron conformes con las conclusiones de la acusación, así los abogados del interventor del Ayuntamiento de la capital conejera, Carlos Sáez, el exjefe de la Oficina Técnica del organismo, Rafael Arrocha, el ingenierio Antonio Cárdenas, y el exconcejal de Parques y Jardines, Ubaldo Becerra. 

Dimas a secas

Durante su intervención en la sesión del martes, el fiscal Javier Ródenas insistió en el rol de “jefe” de Dimas Martín, que presuntamente gestionaba desde el Centro Penitenciario de Tahíche todas las actuaciones delictivas que “asolaron” el municipio de Arrecife entre 2007 y 2009. En el ejercicio del derecho a la última palabra, Dimas Martín suscribió las declaraciones de su letrado y afirmó que él “no era el jefe”, que a él “todo el mundo se dirige como Dimas a secas” y que se limitaba a “aconsejar”. El fundador del PIL insistió en que él ejercía la labor de asesor y que antes de hacerlo consultó si esta función entraba en conflicto con su situación privativa de libertad. “Me dijeron que podía hacerlo”, recordó. 

Respecto a la acusación de que poseía en su celda el pliego del Plan de Barios de Arrecife, Dimas respondió que se trataba de un documento público al que quiso acceder para conocer qué mejoras podían llevarse a cabo en la ciudad. “Mi vocación es la política y me gusta enterarme de lo que atañe a mi Isla”, aseguró. En esta línea, reconoció que había “recomendado” a los exconcejales bloquear el pago a algunos empresarios. Por su parte, su defensa argumentó que las pruebas aportadas para demostrar la culpabilidad de Dimas Martín no son válidas, ya que todas se desencadenan a partir de la grabación de una llamada telefónica por parte del empresario Carlos Espino en la que se revelaba un presunto soborno, una intervención que no contaba con la “autorización judicial exigida”. 

El Ministerio Fiscal también solicita para Dimas Martín una condena por falsedad documental, argumentando que acordó con el empresario Juan Francisco Rosa la creación de un contrato laboral para así acceder al tercer grado. Además, la Fiscalía añadió que la condición de Rosa era que Dimas Martín legalizara la apertura de hoteles dirigidos por el empresario y que no constaba que Martín hubiera acudido a su puesto de trabajo. “El contrato lo aporté después de obtener el tercer grado, yo no le he abierto ningún hotel a Juan Francisco Rosa”, subrayó el acusado. Para concluir, Dimas Martín insistió en que ninguna de las cartas que él intercambiaba con los exconcejales del Ayuntamiento revelaba que hubiera cobrado algún tipo de comisión ilegal. “A mí nunca se me ha pagado con dinero extraño”, señala.

Elena Martín también quiso acogerse a su derecho a la última palabra para definir la operación Unión como el hecho “más demoledor de su vida”, recordando cómo agentes con metralletas la detuvieron ante una gran expectación mediática. “Yo siempre he intentado pasar inadvertida, y lamento que esto haya convertido a Lanzarote en el paradigma de la corrupción”, afirmó. Su defensa quiso recalcar un error cometido por la acusación al afirmar que era la “jefa de contratación”, cuando realmente era técnica y, en consecuencia, “no cobraba como jefa”. Además, la letrada subrayó que en ese momento la adjudicación era competencia del departamento de compra y no de contratación, del que formaba parte la acusada. Así, el juicio sobre la presunta trama de corrupción más importante del Archipiélago ha quedado visto para sentencia. 

“Todas las actuaciones delictivas emprendidas por la banda corrupta del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) para enriquecerse pasaban por la mirada carcelaria de un interno del Centro Penitenciario de la isla. Nada se hacía sin la autorización del jefe: Dimas Martín”. La Fiscalía ha presentado este martes sus conclusiones definitivas y ha trasladado a la Audiencia Provincial de Las Palmas su petición de condena a los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en el caso Unión, una de las causas por corrupción más importantes de Canarias por número de imputados y de piezas y que, según el fiscal Javier Ródenas, no debe ser juzgada como un caso aislado, sino como una historia “negra y corrupta” que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009.

El Ministerio Fiscal pide que se condene a los acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa y fraude. De este modo, mantiene sus peticiones, previamente modificadas para elevar a 14 años y cinco meses de prisión y a una multa de 300.000 euros la condena relativa al exconcejal de Parques y Jardines de la capital conejera, Antonio Machín, y rebajar la solicitada para la entonces jefa de contratación del municipio, Elena Martín. Su pena pasó de una solicitud de dos años de cárcel a la petición de nueve años de inhabilitación, lo que la obligaría a dejar el cargo que ocupa como jefa del departamento de contratación del Ayuntamiento de Arrecife.

El grueso de la presunta actividad corrupta coordinada por el fundador del partido, Dimas Martín, que entonces se encontraba en la prisión de Tahíche cumpliendo condena por malversación, reside en el amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios municipales para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación. A cambio de la adjudicación, los exconcejales exigían a los beneficiarios el abono de una comisión ilegal, el 10% del dinero que iban a recibir por parte del Ayuntamiento.

“Tahíche, a 23 de julio de 2007”

Para que se dé un delito de asociación ilícita se exige un reparto claro de funciones entre los implicados. Para la Fiscalía, los roles estaban claros: Dimas era el jefe y los concejales sus subalternos. Gran parte de la lectura del Ministerio Fiscal versó sobre el papel del fundador del PIL como presunto coordinador de la trama y sobre la “sumisión total” de los exconcejales hacia su figura. Algunas de las pruebas con las que el fiscal justificó esta relación jerárquica fueron las numerosas llamadas telefónicas y también las cartas en las que el líder daba distintas órdenes a los concejales. Entre ellas, bloquear pagos a empresas adjudicatarias hasta que estas pagaran la comisión ilegal que les exigía el partido.

La “costumbre” de Dimas Martín de comenzar las cartas que enviaba a los concejales con la fecha y el lugar en el que se encontraba facilitó, según el Ministerio Fiscal, el rastreo de las llamadas para conectarlas con las epístolas y así conocer las instrucciones que daba a los concejales. “A partir de ahora soy el invisible”, rezaba una de las cartas enviadas por Martín desde prisión al ya fallecido exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez. En ella, ambos inauguraron una vía de comunicación reservada.

A partir de entonces, según la intervención de la Fiscalía, José Miguel Rodríguez subordinó sus decisiones a la voluntad de Dimas Martín. Así, para la puesta en marcha del Plan de Barrios de Arrecife, el exconcejal de Hacienda llamó “con apuro” a Martín pidiéndole que lo desbloqueara. “En lugar de sorprenderse y preguntar cómo iba un recluso de la cárcel de Tahíche a desbloquear un proceso de licitación pública, Dimas Martín respondió que le faltaba solo un documento para poder hacerlo”, recordó el fiscal Javier Ródenas, quien además aseveró que el pliego de las mejoras del mencionado Plan de Barrios había sido localizado en la celda de Dimas Martín.

Las llamadas telefónicas intercambiadas entre ambos también fueron utilizadas por la Fiscalía para probar el uso de dinero público para pagar a simpatizantes del PIL y para sufragar gastos personales. Entre otras peticiones, Martín planteó a José Miguel Rodríguez que “sacara” del Ayuntamiento de Arrecife 7.000 euros para pagar una revista elaborada para ellos por Ismael Montero, un simpatizante del partido.

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife ha respaldado las peticiones del fiscal y ha subrayado la necesidad de condenar a un “gobierno paralelo” que se instaló en la capital entre 2007 y 2009 para saquear a la ciudadanía, que ya se estaba viendo afectada por el comienzo de la crisis económica que sufrió el país en esas fechas.

Ambas acusaciones también señalaron al empresario Juan Francisco Rosa como uno de los pilares que sostuvo esta presunta trama de corrupción por crear un contrato laboral para Dimas Martín y que así este pudiera acceder al tercer grado. “Se ha simulado una relación laboral que no existió y que permitió al político seguir dirigiendo las actividades ilícitas del PIL desde la calle”, añadieron las acusaciones. La supuesta condición que puso el empresario fue que el partido legalizara los hoteles que fueran de su propiedad.

La respuesta de los defensores tendrá lugar en las dos próximas sesiones, que concluirán el jueves. Sin embargo, la defensa de Juan Francisco Rosa ha tenido que adelantarse en la sesión de este martes. Durante su intervención, insistió en que no se han añadido al auto pruebas que muestren que Dimas Martín no asistió al puesto de trabajo que le ofertó el empresario y subrayó que tampoco se le ha preguntado al político en el interrogatorio si acudió a su puesto o qué tipo de empleo desarrollaba. Además, insistió en que el contrato laboral no cumple con las características para ser designado como falso, lo que “impide la sentencia condenatoria”.

Condenas

De este modo, la pena solicitada para Dimas Martín es de más de 17 años de cárcel con el agravante de reincidencia y una multa de 400.000 euros. Por su parte, para el empresario Juan Francisco Rosa se piden dos años y tres meses de prisión. Al empresario Samuel Lemes, cinco años de cárcel, a uno de los administradores de La Palmita e Infogelanz Martín Brito, 15 meses de cárcel, a Antonio Gómez, otro de los administradores, un año de prisión, y al empresario Manuel Reina, más de cuatro años de cárcel.

En el escrito de calificación definitivo de la 'pieza 12' del caso Unión, el fiscal imputa al exconcejal de Parques y Jardines, Limpieza y Barrios de Arrecife, Antonio Machín (PIL) el abono y contratación de forma irregular de 47 obras a la empresa Infogelan.

De entre los cargos públicos o funcionarios juzgados en Unión, solo Elena Martín y Machín se mantienen sin reconocer los hechos. La Fiscalía ha elevado su petición de pena para el exconcejal y solicita para Machín una pena de 14 años y cinco meses, casi dos años más de cárcel que al principio del juicio, y una multa de 300.000 euros.

La citada empresa llegó a cobrar del Ayuntamiento más de un millón de euros sin ganar ni un solo concurso público con 64 obras. Su administrador, Jesús Martín Brito confesó que había abonado al concejal José Miguel Rodríguez, ya fallecido, cinco pagos de 20.000 euros cada uno.

La Fiscalía hace responsables de la contratación y pago de las facturas a Rodríguez, Machín y al interventor Carlos Sáenz. Rodríguez reconoció en su declaraciones y en un careo con Machín que se vio durante la vista, que recibía el dinero en metálico y lo compartía con Ubaldo Becerra y Antonio Machín.

Según el escrito de acusación, Machín “no sólo firmó las facturas” sino también las propuestas de gastos de algunos expedientes y utilizó tanto en la firma de las facturas como en las propuestas de gastos a los auxiliares administrativos de su concejalía, “a los que ordenó que firmaran tales documentos como si fueran técnicos municipales”.

De esta forma se simulaba “una válida recepción de la obra y verificación del trabajo realizado, extremos jamás verificados”, a cambio de repartirse la comisión entregada por el empresario.

En el escrito el fiscal distingue una doble modalidad de incumplimiento. La primera sería en aquellas obras en que no está la aprobación del gasto ni el recibí del responsable de la Corporación dando la conformidad al servicio ni el presupuesto de la obra a contratar por la Administración.

La segunda serían los contratos en los que se hace una adjudicación directa por cuantías muy superiores a las establecidas en el procedimiento de contratación pública, ya que el importe máximo para el contrato menor de obras era de 50.000 euros.

Machín, según la Fiscalía, “era el concejal que al frente de la Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza viaria y Barrios adjudicó las obras a la empresa Infogelan y procedió a fraccionar los importes de los contratos para eludir la normativa del sector público y evitar sacar a concurso público y tramitarlo como procedimiento ordinario las obras fraudulentamente adjudicadas”.

Plan General

También añade la Fiscalía a Machín en otro hecho delictivo, como es la entrega de información privilegiada a Dimas Martín para fines lucrativos para lograr el fraude en la contratación directa del Plan General de la capital.

En este apartado, la Fiscalía considera que “no ha quedado acreditado el concierto respecto de la adjudicación del PGOU de Arrecife en la persona del jefe de la Oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife (Rafael Arrocha) ni de la jefa del departamento de contratación, Elena Martín, con el resto de los acusados, limitándose a facilitarle el pliego de las prescripciones técnicas al acusado Dimas Martín pero sin conocer (Arrocha) el plan de adjudicar directamente su avance al ingeniero Pedro Luna y al grupo de arquitectos designados por Dimas Martín sin observar las formalidades legales”.

Discreto e hierático, Luis Enrique Hellín aguardaba este jueves a las puertas de la sala 25 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, carpeta en mano, su turno para declarar en calidad de perito en la principal pieza del denominado caso Unión, la que juzga la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) y la posible financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Hellín fue contratado por uno de los acusados, Antonio Machín, ex concejal de, entre otras áreas, Limpieza, Barrios, Parques y Jardines, para cuestionar un informe policial que desmontaba la teoría de la conspiración blandida por varios de los procesados, según la cual algunos autos dictados durante la instrucción fueron manipulados.

Según desveló el diario El País en un reportaje de investigación publicado en 2013, Luis Enrique Hellín (o Helling) es, en realidad, Emilio Hellín Moro, un histórico militante del partido de ultraderecha Fuerza Nueva (liderado por Blas Piñar) que fue condenado a 43 años de cárcel tras secuestrar, torturar y asesinar en 1980 a Yolanda González, una joven de 19 años que pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores y a la que el denominado Batallón Vasco Español vinculó a la organización terrorista ETA. Hellín salió de la cárcel en 1996, siete años después de ser detenido por la Interpol en Paraguay, país al que se había fugado tras un permiso penitenciario y en el que había actuado como experto informático bajo el paraguas de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Tras cumplir condena por el crimen de Yolanda González, uno de los más brutales de la transición española (le descerrajó dos disparos en la cabeza), Hellín ha trabajado para el Ministerio del Interior, como asesor judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su condición de ingeniero informático. Entre otros asuntos, el ultra participó en la investigación del móvil de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos. Hace un año fue expulsado como perito de la instrucción de la operación Taula, que investiga la financiación ilegal del PP en Valencia, donde había sido contratado por el cuñado de la fallecida Rita Barberá para tratar de anular unas grabaciones.

En la sesión de este jueves del juicio del caso Unión, la cuarta que se celebra en la capital grancanaria, Hellín ha explicado las conclusiones del informe que elaboró en marzo de 2017 a petición de la abogada de Machín, Juana María Fernández de las Heras, hija de otro acusado en otra de las piezas del caso Unión, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero.

La tesis de esa pericial es que la realizada por la sección de informática forense de la Policía Científica a petición del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, la que confirma la integridad y autenticidad de más de una decena de resoluciones judiciales obrantes en la causa, adolece de ciertos defectos. El informe elaborado por Hellín alienta la teoría de la conspiración esgrimida por varios de los procesados durante la instrucción, esa que defiende que varios autos (entre ellos el de la detención del propio Machín) fueron redactados después de la fecha de las actuaciones.

El perito ha explicado que elaboró el informe sin tener acceso al disco duro del ordenador de la sala polivalente del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, donde se almacenaban los autos, y a partir de los metadatos de esas resoluciones judiciales (información sobre el contenido del archivo, el autor, la fecha de creación, de modificación...) Como conclusión, Hellín manifestó que el informe policial “ni analiza, ni se pronuncia” sobre determinados aspectos que, a su juicio, podrían incidir en la integridad de las resoluciones judiciales de la causa. Según su testimonio, los autos judiciales habían sido confeccionados en tres ordenadores distintos y los que figuraban en esa terminal de la sala polivalente no eran más que copias. Ha asegurado además que hay versiones diferentes de una misma resolución y que la Policía no investigó este extremo. “No sabemos qué cambia, pero son distintos. La firma electrónica no cambia. No podemos saber cuál es el auténtico”, manifestó.

En los antecedentes de esa pericial de parte, Hellín pone de manifiesto que algunos autos no aparecen firmados por el juez instructor. César Romero Pamparacuatro se había negado a firmar determinadas resoluciones al sospechar que no eran las originales, pero también rubricó otras que no lo estaban. De hecho, en marzo de 2014, su sustituta, Silvia Muñoz, dio por subsanados los errores materiales y por válidos los autos firmados por el magistrado que le antecedió en la investigación.

A pesar de ello, algunos imputados utilizaron la causa paralela a raíz de la denuncia por la sustracción de los autos para, con el empujón del magistrado Rafael Lis, que permitió que se personaran en la causa como perjudicados, cuestionar la instrucción de Pamparacuatro y la validez y las fechas de los autos. A preguntas del fiscal Javier Ródenas, Hellín ha reconocido en su declaración de este jueves que no tenía conocimiento de que esos autos estuvieran firmados desde hace años, a pesar de que la pericial tiene fecha de marzo de 2017 y, según sus propias palabras, un trabajo de este tipo no tarda “más de cinco o seis meses” en elaborarlos“. El perito justificó este significativo olvido en el hecho de que su trabajo fue realizado a partir de la documentación que le proporcionó quien le contrató, es decir, la abogada de Antonio Machín.

El fiscal también le ha recordado, para tratar de tumbar su teoría, que, según consta en el informe policial, todas las fechas de última modificación de los documentos son anteriores o iguales a las que figuran en el texto de la propia resolución, lo que descarta la manipulación insinuada.

También ha declarado este jueves Enrique Salvador Villar, jefe técnico del área de ayuntamientos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el órgano fiscalizador de la actividad económica de las administraciones públicas del Archipiélago. Villar ha relatado todas las irregularidades detectadas en los contratos menores del Consistorio, desde el fraccionamiento de contratos para sortear los concursos o los procedimientos negociados hasta la falta de constancia de que los servicios contratados por el grupo de gobierno a los empresarios de la trama fueran efectivamente ejecutados.

La sesión ha concluido con la escucha de varias conversaciones telefónicas intervenidas y con la reproducción del careo que mantuvieron durante la fase de instrucción el ya fallecido José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife y uno de los principales arrepentidos de la causa, y Antonio Machín, entonces edil de Limpieza y Barrios. Estas pruebas versan sobre la adjudicación de obras a la empresa Infogelan Construcciones, propiedad del empresario Jesús Manuel Martín Brito, al que los interlocutores se refieren en todo momento como “el de las cabras enanas”. En ese careo, Rodríguez admite que se lucró con el cobro de comisiones ilegales por parte, entre otros, de Brito, y, aunque matiza que nunca quiso hacer pasar “un mal trago” a quien fue su compañero y su amigo, la recuerda que también él participó de esas actividades y recibió sobres del empresario.

No solamente era el jefe de la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, el “líder de una asociación ilícita” con roles perfectamente definidos. También ejercía una evidente capacidad de influencia en las más altas esferas de la isla de Lanzarote y mantenía conexiones fluidas, entre otros, con el entonces jefe de la Guardia Civil en la isla o con el director de la prisión de Tahíche, en donde se encontraba encarcelado por otra causa. El primero le llegó a pedir que intercediera ante el Ayuntamiento de Teguise para que le otorgase obra pública a un amigo suyo. Al segundo trató de solucionarle su futuro laboral en administraciones gobernadas por la formación política que dirigía, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ante su inminente marcha de la institución penitenciaria en la que el jefe había obtenido el beneficio del tercer grado.

Estas y otras cuestiones que figuran en el sumario del caso Unión en relación con la figura del histórico dirigente del PIL Dimas Martín, uno de los principales acusados de una de las mayores causas por corrupción en Canarias por número de piezas e imputados, han sido ratificadas por los dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercieron hace más de una década como instructor y secretario en la investigación y que han declarado como testigos este miércoles en el juicio, durante la tercera sesión que celebra en Las Palmas de Gran Canaria la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

“Dimas impartía órdenes que no eran cuestionadas. Decía: a este se le paga, a este no. No eran consejos, eran órdenes (…) Había una sumisión de todos los miembros de la organización. Dimas había hecho muchos favores y entendían que le debían su medio de vida”. Así lo ha resumido el primer instructor policial de la investigación, hoy comandante, que no ha dudado en calificar a Martín como “líder” de lo que, con el actual código penal en la mano, se denominaría “organización criminal” con un “reparto claro de roles”. El veterano político “nunca se exponía”. En su lugar, lo hacían intermediarios. Y entre ambas escalas se situaban cargos públicos, concejales del PIL.

El investigador ha recordado que las pesquisas se iniciaron desde una unidad central de la Guardia Civil, la UCO, radicada en Madrid, precisamente por los recelos de los denunciantes ante el conocimiento de los vínculos de Dimas Martín con altos cargos de diferentes instituciones en Lanzarote. Tanto Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, como el empresario José Antonio Castellano y su hijo, el otrora diputado del PIL en el Parlamento de Canarias y actual consejero de Turismo del Gobierno regional, Isaac Castellano, decidieron no denunciar ante la delegación de la Guardia Civil en Lanzarote por esas sospechas de connivencia. Así lo reconoció también Castellano padre durante su declaración del martes.

Buena parte de la sesión de este miércoles ha vuelto a girar sobre las grabaciones de las conversaciones que incriminan a los acusados. Sus abogados sustentan las defensas en las supuestas deficiencias durante la instrucción de la causa. Por ello han incidido en errores de fechas y han tratado de asimilar este procedimiento al denominado caso Guateque, en el que resultaron absueltos los 30 procesados después de que la Audiencia de Madrid anulase las pruebas, unas grabaciones que, según el tribunal provincial, habían sido preconstituidas por una unidad territorial de la Guardia Civil (sin contar con autorización judicial) para inculparlos.

La grabación que da origen al caso Unión, la que registró la conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando de intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, ofrece una dádiva al consejero Carlos Espino a cambio de desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla, ya fue avalada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal canario, con el voto discrepante de su presidente, Antonio Doreste, tumbó el auto que la había anulado, firmado por el polémico magistrado Salvador Alba, hoy suspendido y pendiente de juicio. En el transcurso de esa vista, el fiscal Javier Ródenas deslizó que Alba había dictado esa resolución pensando en su propia defensa. Finalmente se ratificó la prueba al estimarse que había sido obtenida de forma correcta y como refuerzo de la denuncia del consejero.

Los capitanes de la Guardia Civil explicaron en la sesión de este miércoles los primeros pasos de la investigación. Se desplazaron a Lanzarote el 4 de junio de 2008, cumpliendo órdenes de sus superiores, para verificar la denuncia de Espino sobre el primer intento de soborno el día 22 de mayo en su propio despacho. El secretario hizo acopio de materiales necesarios y solicitó una grabadora al equipo técnico. El instructor relató que tomó declaración a Espino en ese mismo lugar siguiendo el modo de operar habitual en pesquisas vinculadas a casos de corrupción, alejado de las dependencias territoriales de la Guardia Civil. “No se trata de una sospecha generalizada hacia los compañeros, es una cuestión de precaución. No conocemos los vínculos locales”, ha justificado el inspector, que ha añadido que fue el propio Espino quien les pidió un dispositivo para poder grabar el segundo encuentro que él mismo había concertado, sin la mediación de los agentes, con Becerra, para poder asimilar todos los datos, ya que en el primero había acabado algo confuso ante la avalancha de información.

A partir de ese momento, se activó el operativo y el inspector encargó una labor de vigilancia “discreta”, con evidencias fotográficas incluidas, para ratificar que esa reunión con el intermediario, Becerra, se producía, y cuánto duraba. A última hora de ese 5 de junio Espino finalizaba su segunda denuncia, que ya incluía la grabación que los investigadores aún no habían escuchado. Con esas diligencias comenzó la instrucción del caso y las intervenciones telefónicas, en un principio solo a Becerra, pero después ampliada a Luis Lleó (a quien el intermediario fue a ver a la cafetería Unión después de su reunión con Espino) y al resto de investigados.

La grabación de Castellano

Los esfuerzos de los abogados de los procesados se centran ahora en otro audio, el que presentó Isaac Castellano nueve meses después de que lo hiciera Espino, en marzo de 2009. El actual consejero de Turismo grabó por sus propios medios (una grabadora Panasonic de su propiedad) la conversación que mantuvo con Ubaldo Becerra, entonces concejal del Ayuntamiento de Arrecife, en la que este le exigía el pago de una comisión del 8% para desbloquear una deuda pendiente del Consistorio con la empresa de su padre que ascendía ya a 1,4 millones de euros.

En su declaración de este miércoles, los investigadores de la Guardia Civil han remarcado que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Guateque, esa grabación de Castellano no contó con autorización judicial porque se produjo a iniciativa propia del denunciante y con sus propios medios. Tanto el instructor como el secretario de las diligencias policiales han remarcado además que en ese momento el caso ya se encontraba judicializado, pues Castellano padre había denunciado esos ofrecimientos para cobrar la deuda a cambio de una mordida que, en principio, era del 20 y, después, del 10%. Lo hizo a través de un agente del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Las Palmas al que conocía para sortear de esta manera a la delegación del cuerpo de la Guardia Civil en Teguise, con cuyo jefe Dimas Martín mantenía una estrecha relación, según el sumario.

Los investigadores del caso Unión han asegurado que la línea de investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por los Castellano no guarda relación con la incoada a partir del relato de Espino. Según han manifestado ambos en la sesión de este miércoles, con posterioridad a la denuncia del padre y al audio aportado por el hijo, se registraron otros tres encuentros en los que se grabó esos intentos de soborno. A todos ellos acudió el empresario provisto de un medio de grabación encubierto proporcionado por la Guardia Civil, con autorización judicial, y de la grabadora propia, la que había utilizado su hijo. El instructor llegó incluso a admitir cierta “vergüenza” al explicar que fue esta grabadora de uso comercial la que mejor registró los diálogos, ya que la aportada por el cuerpo no se activó en dos ocasiones, la primera de ella debido a los nervios del empresario.

El ahora comandante de la Guardia Civil reiteró que en ningún caso dio indicaciones a Castellano sobre la forma de proceder en esas reuniones, más allá de advertirle de que no podía ser él quien ofreciera las dádivas, ya que incurriría en un delito, y subrayó que esos encuentros siempre fueron concertados por el empresario y que en ningún momento trataron de forzarlos. “Eramos simples observadores”, dijo. También negó haber inducido a los investigados a reconocer los hechos en las declaraciones prestadas después de las detenciones, como ha sugerido la defensa, y recordó que esos testimonios se prestaron en presencia de sus abogados, que no elevaron ninguna queja ni protesta.

La contratación de Dimas Martín

En la sesión de este miércoles también hubo espacio reservado para una rama ajena a la de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, la que juzga si el empresario Juan Francisco Rosa cometió un delito de falsificación documental por simular la contratación laboral de Dimas Martín como capataz agrícola en sus viñas en La Geria y en los jardines del hotel Los Fariones. Una acción que habría permitido al dirigente del PIL la recuperación del tercer grado penitenciario. El propio Rosa reconoció este extremo en sus dos primeras declaraciones en la fase de instrucción, aunque se desdijo en la tercera y en su último testimonio, en el juicio, ya como procesado. Según el sumario, el empresario obtendría a cambio de este favor una serie de ventajas para legalizar dos de sus hoteles, el Princesa Yaiza y el Son Bou.

El instructor policial del caso Unión explicó ante la Sala que las pesquisas no lograron detectar ningún vínculo laboral efectivo entre Martín y Rosa, a pesar de que este segundo había firmado un contrato con una de las empresas de su propiedad, Galerías Rosa, por 40 horas semanales. El abogado del empresario ha sugerido con las preguntas formuladas este miércoles que Martín pudo trabajar esas horas durante los fines de semana, ya que las conversaciones telefónicas interceptadas descartaban cualquier posibilidad de que lo pudiera haberlo hecho entre semana.

El juicio del caso Unión continúa este jueves con la declaración de peritos.

A vueltas con quién es el jefe. Y de dónde salió esa grabadora que inculpa a algunos acusados en el caso Unión, la presunta trama de corrupción que reventó en la isla de Lanzarote hace una década. La segunda de las sesiones que se desarrollan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a centrarse en el meollo de la cuestión: si el que fuera omnipotente líder político lanzaroteño, Dimas Martín, presidente del PIL, del Cabildo, senador y alcalde, era “el jefe” de todo.

Y que Dimas Martín era “el jefe”, hasta un “pibe” de poco más de 26 años entonces, Isaac Castellano, lo sabía. El actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias antes de eso fue diputado regional del PIL, el partido liderado por Dimas Martín en el que también militaba su padre, José Antonio. La empresa del padre se dedicaba a limpieza y mantenimiento de centros municipales de Arrecife, y después de haber roto con el PIL en las elecciones generales de 2008, se le dejó de pagar. Casi todos apuntan a que fue por órdenes expresas de Dimas Martín. 

Este martes, Isaac Castellano ha vuelto a contar cómo, después de que su padre se negara por activa y por pasiva a pagar una ‘mordida’ para cobrar su deuda de 1,4 millones de euros, recibió una llamada del concejal arrepentido Ubaldo Becerra para reunirse, y advertido por su padre, que ya había denunciado la exigencia de comisiones a la Guardia Civil, Castellano fue provisto de una grabadora suya a Playa Honda a escuchar y registrar lo que venía Ubaldo Becerra a proponerle.

Ratificando en todos sus extremos su denuncia del 9 de marzo de 2009, Castellano explicó que para que su padre cobrara Ubaldo le pedía una comisión de un 8% de la deuda. Fue esa la última de las cifras y esta vez trasladada al hijo, porque en un principio, el concejal José María Rodríguez y la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo –ambos ya fallecidos- le habían pedido al padre un 20%, luego un 15% y luego un 12% y así bajando sucesivamente hasta llegar al hijo.

“Y en esa conversación con Ubaldo, ¿le dijo de quién venía la orden de cobrar?”, preguntó este martes el fiscal, Javier Ródenas, al testigo. En un primer momento el consejero de Turismo dijo que lo desconocía, pero al recordar el fiscal una de sus declaraciones: “Esto venía de arriba. Por encima de Dimas no había nadie más. En el partido se hacía lo que decía Dimas en cada momento”, lo admitió. “Cierto. Es más, cuando hacíamos alusiones al ”jefe“, Ubaldo y yo sabíamos que nos referíamos a Dimas”.

También su padre dejó claro que todos apuntaban a Dimas. “La orden de no pagarme venía de Dimas, eso decían” los concejales que le pedían porcentajes de su deuda para poder cobrarla. En su caso, primero fue el también fallecido José María Rodríguez, a quien poco antes de denunciar en febrero se lo tropezó en el ayuntamiento: “Le puse bonito. Le dije que era un sinvergüenza y un golfo”. Y después siguió tratando con la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo, al que ya en colaboración con la Guardia Civil ayudó a detener aceptando pagarle un soborno. “Que quede claro que nunca hablé con Dimas” desde su baja del PIL, dijo.

Ha sido esta la cuestión recurrente de esta parte del juicio de Unión. Tanto, que el abogado de Dimas Martín, Ruiz Pasquau, encontraba otro posible candidato a ser “el jefe”. En lugar del alcalde de entonces por ser alcalde, Pérez Parrilla (PSOE) como pretendió en la sesión del viernes, este martes le tocó al que fuera teniente de alcalde Antón Hernández (PIL) en aquellos tiempos de pactos PSOE-PIL.

“¿No le dijo Ubaldo que Antón les exigía cobrar comisión? ¿Por qué piensa que cuando Ubaldo le dice ”esto viene de arriba“ se refiere a Dimas y no a Antón?”, preguntó el letrado al testigo. “Porque tenemos claro que cuando hablamos del ”jefe“ hacemos referencia a Dimas”, replicó Castellano. “Y Antonio Hernández era presidente del PIL, sí, pero en el momento de los hechos ya había dimitido”, aclaró.

El otro elemento recurrente del día ha sido la grabadora. ¿De quién era y quién facilitó las que utilizaron tanto el padre como el hijo para grabar a los implicados en esta trama de comisiones en Arrecife? Especialmente la abogada de otro de los concejales acusados, Antonio Machín, se esforzó en saber quién y cuándo había facilitado las grabadoras a los Castellano. La letrada Juana Fernández de las Heras, hija de otro acusado en otra ramificación del caso, el que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, incluso fue la única en interrogar a los guardias civiles que se ratificaron en sus diligencias este martes, precisamente preguntando si habían facilitado las grabadoras.

En el caso de Isaac Castellano, el consejero regional aclaró que la grabadora era suya, que nunca antes de su denuncia formal el 9 de marzo, a la que aportó el CD de la grabación y el propio aparato, se había puesto en contacto con la Guardia Civil. Cosa que sí había hecho ya su padre, José Antonio Castellano, que denunció los intentos de soborno el 11 de febrero de 2009. Y advirtió a su hijo de que las intenciones de Ubaldo Becerra queriendo verse con él irían en ese sentido. “Por eso creí prudente grabar la conversación”, explicó Isaac Castellano al tribunal.

La cuestión de la grabadora no es baladí. Tanto, que el juez Carlos Vielba, en el caso de José Antonio Castellano, le preguntó si la Guardia Civil le había entregado alguna grabadora desde que contactó informalmente por primera vez con agentes conocidos del cuerpo para denunciar hasta que realizó formalmente la denuncia.

“No, fue después”, aclaró quien facilitara a la Guardia Civil la detención de la mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, accediendo a pagar una ‘mordida’ de 95.000 euros dentro de un operativo policial en el que trincaron al asesor del “jefe” con las manos en la masa. “Llegó un momento en que yo estaba dispuesto a renunciar a cobrar con tal de que esto saliera adelante”, dijo en sala el padre. Y salió adelante con las detenciones ‘in fraganti’ con el maletín de 95.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rectificado la decisión del polémico magistrado Salvador Alba y ha validado la grabación que da origen al caso Unión, una de las mayores tramas de corrupción de la isla de Lanzarote. En concreto, la que realizó Carlos Espino, que era entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, en su despacho al empresario Fernando Becerra, quien confesó que ejercía de intermediario del promotor Luis Lleó para desbloquear en la corporación insular la urbanización Costa Roja, un proyecto de más de mil viviendas, presuntamente a cambio de un soborno.

El magistrado Salvador Alba, apartado en la actualidad de la carrera judicial y acusado de la comisión de seis delitos en la operación maquinada para perjudicar a su compañera Victoria Rosell, aceptó el recurso de la defensa de Lleó y excluyó del sumario las grabaciones iniciales de Espino a Becerra. Sin embargo, en un auto hecho público este jueves, el TSJC rectifica a Alba y da por válidas esas grabaciones, como pedía el fiscal Javier Ródenas, que acusó al magistrado de dictar el auto de la controversia, en abril de 2017, pensando en su propia defensa. 

El fiscal denunció que la decisión de Alba había causado “indefensión”, que había quebrado la “garantía procesal a utilizar los medios de prueba” y que había lesionado el derecho “a un proceso con todas las garantías”. Las grabaciones que el TSJC considera válidas fueron efectuadas el 5 de junio de 2008, el 24 de julio, el 12 de noviembre y el 3 de diciembre del mismo año.

El juez Alba, que grabó a sus compañeros en la Audiencia Provincial, consideró que las grabaciones de las reuniones mantenidas entre Espino y Becerra en el despacho del entonces consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo no eran “admisibles como prueba”, por no haber sido autorizadas por resolución judicial o por buscar “pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer”. Alba llegó incluso a señalar en su resolución que Becerra, cuando trataba de sobornar a Espino, tenía una “expectativa de privacidad”.

En cambio, el TSJC recalca que la grabación inicial entre Espino y Becerra “no vulnera el derecho fundamental a la intimidad”, al no referirse a cuestiones personales “o de la familia”. El tribunal subraya que la grabación tampoco vulnera “el derecho al secreto de las comunicaciones, pues se trata de una conversación que mantiene un persona con otra y quien la graba es uno de los intervinientes”.

En ese sentido, el tribunal recuerda que según la jurisprudencia, una de las personas que interviene en la conversación puede grabarla “sin vulnerar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, aunque la otra parte desconozca que se le está grabando, es decir, de forma subrepticia y sin que el que graba le informe acerca de la verdadera finalidad de la grabación”.

Igualmente, el tribunal recuerda que cuando se produce la grabación de Espino a Becerra, el consejero socialista “ya había presentado denuncia ante las Fuerzas de Seguridad por supuesto delito de cohecho” contra Becerra, “y la grabación fue una forma de demostrar la veracidad de sus afirmaciones”. Tras la reunión, Espino entregó la grabación en la Guardia Civil y fue aportada como “segunda denuncia”.

En cuanto a la posible vulneración de la “intimidad domiciliaria”, que argumentó el magistrado Salvador Alba para anular las grabaciones, considerando que el despacho de Espino “es un domicilio particular que precisa de la protección que el derecho fundamental le brinda”, el TSJC “discrepa” de forma rotunda.

Así, el tribunal señala que “Becerra acude a un organismo oficial, como es el despacho de un funcionario público, el consejero del Cabildo Insular de Lanzarote”. “No es un domicilio particular ni un despacho donde se realice una actividad profesional particular sujeta al secreto o a la intimidad, es, por el contrario, el despacho oficial de un servidor público”, añade el TSJC.

El tribunal recuerda además que es Becerra el que acudió al despacho de Espino y le propuso “al parecer, recibir una importante cantidad de dinero a cambio de favores”. “No hubo previa preparación para cogerle u obligarle a que reconociera unos hechos” sino que “se trató de una conversación” en la cual Becerra le propone “un negocio” a Espino dada la condición de éste de consejero del Cabildo de Lanzarote.

Más claves

Juicio. Tras la resolución del TSJC, queda pendiente que la Audiencia Provincial dicte el auto de hechos justiciables, en el que se especifican los hechos que serán analizados en el juicio, que se llevará a cabo con el sistema de jurado. También estaba pendiente una prueba pericial sobre el sistema de grabación de llamadas telefónicas empleado por la UCO de la Guardia Civil.

Voto particular. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha validado las grabaciones iniciales del caso Unión siguiendo el criterio de las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini. En cambio, el presidente del TSJC y de la Sala de lo Penal, Antonio Doreste, al igual que hiciera con la sentencia condenatoria del caso 

El nombre del magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, suspendido de funciones tras la apertura de juicio oral en su contra por la presunta comisión de cinco delitos, ha estado muy presente en la vista celebrada este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dirimir el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto con el que anuló la grabación inicial del caso Unión.

Javier Ródenas, representante del Ministerio Público, sostiene que la decisión adoptada por el polémico juez, que había sido designado presidente del tribunal de jurado de la principal pieza de esta trama de corrupción en la isla de Lanzarote, tenía como finalidad “blindarse ante las acometidas procesales” en la causa en su contra, la que se instruyó en el TSJC por sus maniobras para perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell.

Y es que, al igual que el procedimiento contra Alba, la pieza que da origen al caso Unión tiene como prueba de cargo fundamental una grabación subrepticia realizada en un despacho. En este caso, en el del político socialista Carlos Espino, el denunciante. El entonces consejero de Político Territorial del Cabildo de Lanzarote registró una conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando como intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, trataba de sobornarle para desbloquear un proyecto urbanístico, la urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de la isla.

Alba, actuando como órgano unipersonal, anuló esa prueba al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales del principal procesado en la causa, Luis Lleó, ya que la grabación se había realizado bajo la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero sin autorización judicial. El auto remarcaba además que ese audio contenía cortes, la misma razón que ha esgrimido el juez en la causa en su contra para tratar de anular la grabación de su reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez.

La vista de este jueves tenía como objeto revisar la validez de la grabación inicial del caso Unión, anulada en el auto dictado por Alba. El fiscal Javier Ródenas considera que la resolución del magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas introdujo valoraciones sobre las pruebas que solo se pueden hacer tras el juicio, lo que afectó a “la garantía de imparcialidad”. En opinión del representante del Ministerio Público, ese auto, de 72 páginas, está “plagado de prejuicios”, hasta el punto de llegar a afirmar que el procedimiento “no tenía razón de ser”.

Según Ródenas, “la óptica” de Alba se vio comprometida “por su situación personal, precisamente por una grabación subrepticia”. “La brújula que guió el norte de su actuación se vio alterada por sus propias coordenadas”, expuso el fiscal, que cree que el juez “se vio reflejado” en el principal encausado del caso Unión, Luis Lleó. Prueba de ello es “la importancia” que Alba da al lugar donde se produjo la grabación, un despacho al que atribuye una “expectativa razonable de privacidad”.

En su intervención ante la Sala de lo Penal del TSJC, conformada por su presidente, Antonio Doreste, y por las magistradas Margarita Varona y Carla Bellini, el fiscal explicó que Alba confundió la licitud de una prueba con su fiabilidad y la desechó por el mero hecho de que tenía cortes. “Es de primero de carrera. Las pruebas pueden ser más o menos fiables, pero no por eso son nulas. (El juez) hace una indescifrable mezcolanza procesal”, ha manifestado Ródenas, que ha puesto de manifiesto, además, el cambio de criterio de Alba cuando actuaba como órgano colegiado, en el auto del 8 de enero de 2015, a cuando lo hizo en calidad de órgano unipersonal, en 2017.

“Ha perdido la capacidad y rectitud de justicia, la garantía de imparcialidad. Pretende erigirse en enjuiciador perpetuo de todas las piezas del caso Unión”, ha agregado el fiscal. El entorno del empresario Luis Lleó sostiene que la nulidad de esa grabación inicial puede tumbar el resto del procedimento, como ocurrió en la Audiencia de Madrid con el denominado caso Guateque, una trama de sobornos para agilizar licencias en el Ayuntamiento de la capital, una causa que, por su desenlace, la defensa del empresario trata de asimilar al caso Unión.

Una equivocación “grosera”

Con respecto a la grabación del encuentro entre Fernando Becerra y Carlos Espino en el despacho del entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el fiscal niega la vulneración de derechos fundamentales a la que alude el auto de juez Alba. Sobre la que afecta a la intimidad de Lleó, Ródenas ha calificado el argumento del juez ahora suspendido de “cuando menos extraño”. “Lleó no está en la grabación. Es una conversación privada entre Becerra y Espino en el despacho de este. No se habla de aspectos personales o íntimos” del empresario, incide el fiscal, que considera “demasiado grande” el salto que da en su resolución Salvador Alba para justificar esa vulneración.

En relación al lugar donde se produce la grabación, al que Alba concede especial relevancia, el fiscal coincide en que hay una “expectativa razonable de privacidad” en un despacho, pero matiza que ello no implica que uno de los interlocutores tenga la obligación de guardar el secreto y redunda en que, “en su propio planteamiento defensivo”, el magistrado alude en su resolución a una sentencia del Tribunal Constitucional “que no tiene nada que ver” con esta causa, sobre un periodista que graba en la consulta de un médico con cámara oculta.

Sobre la revelación de secretos, ha recordado que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar cuando se tenga conocimiento de un delito. “Se trata de un intermediario que está intentando sobornar un político. ¿Tenia que guardar secreto? ¿Hasta ese punto llega el Derecho? Choca con el sentido común”. Cabe recordar que Fernando Becerra ha confesado los hechos por los que se le enjuiciará junto a Lleó.

El último argumento de Alba versa sobre la ausencia de cadena de custodia. El juez alude a que hay cortes en la grabación. “De nuevo se confunden los planos de la licitud de la prueba y su fiabilidad. Es una equivocación grosera y el tribunal no está para perpetuar errores”, ha zanjado el fiscal, que ha recordado que no existe “ninguna motivación” para excluir otras grabaciones que cuentan con el respaldo de un oficio de la UCO y un auto del juez instructor.

Caso Guateque

La defensa de Luis Lleó, ejercida por el abogado Manuel Matamoros, se ha basado, como anticipó el propio fiscal, en la sentencia del caso Guateque y sus similitudes con Unión. Sostiene el letrado del empresario que la causa se inició con una prueba “preordenada” por la UCO, que proporcionó un dispositivo de grabación a Espino para que pudiera registrar su encuentro con Fernando Becerra. Según Matamoros, esta actuación, que no contaba con la autorización de un juez, tenía como objetivo “justificar las intervenciones telefónicas”.

“La sentencia del caso Guateque dice que el Supremo no está dispuesto a tolerar el menoscabo de derechos fundamentales, que su protección es mucho más importante que un soborno”, ha manifestado el abogado de Lleó, que considera que ambos casos se parecen “como dos gotas de agua”. Una opinión opuesta a la del Ministerio Fiscal, que ha precisado que, al contrario que en el caso Guateque, en Unión esa grabación se produjo como consecuencia de una denuncia previa de Carlos Espino, “sin engaño al juez instructor”, con “ausencia de clandestinidad y buena fe”, como demuestra el hecho de que la UCO dejó constancia en un acta de la cesión de la grabadora al dirigente socialista. En la trama de corrupción empresarial y funcionarial en el Ayuntamiento de Madrid, en cambio, “se hizo pasar por espontánea una grabación que había preparado la Guardia Civil”.

Al igual que ocurriera en la vista de cuestiones previas celebrada en febrero de 2017, el abogado de Lleó ha aludido además a las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la instrucción, entre ellas la prórroga de las escuchas, que entiende que no pudieron ser firmadas por el primer instructor, César Romero Pamparacuatro, puesto que en aquel momento tenía un permiso de vacaciones, o la “evaporación” de la grabación de “la única reunión” en la que aparece el promotor de la urbanización Costa Roja.

“Hay que sanear los medios de pruebas antes de ir al tribunal de jurado, que son legos en Derecho”, ha concluido Matamoros, que ha vaticinado que el juicio se va a anular por vulneración de derechos fundamentales.

En su segundo turno, el fiscal ha recordado que la mayoría de las cuestiones planteadas por la defensa de Lleó ya se han resuelto, que el juez instructor “nunca pierde su jurisdicción”, por lo que Pamparacuatro era “el único competente” para autorizar las prórrogas de las escuchas y subsanar defectos formales, que pudo hacerlo estando de vacaciones y que, cuando ordena las intervenciones telefónicas, lo hace a partir de la denuncia de Carlos Espino y no de la grabación de encuentro con Fernando Becerra en su despacho.

Ródenas ha insistido en que, aun en el caso de que el TSJC dictaminase que esa grabación inicial es ilícita, no existe ningún nexo con las intervenciones telefónicas ordenadas con posterioridad, por lo que entiende que no afectaría en modo alguno al resto de la causa. “Es una falacia decir que el origen del caso Unión es esa grabación, es una mentira bien contada. El origen es la denuncia de Espino del 4 de junio de 2008 sobre un intento de soborno. No he encontrado ninguna resolución donde las nulidades tengan carácter retroactivo”, ha concluido el fiscal, que ha pedido a la Sala “un análisis de buen cirujano”.

El magistrado Rafael Lis Estévez sigue actuando al frente de Instrucción 3 de Arrecife a pesar de haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de haberle sido tumbadas este en marzo por el Tribunal Supremo todas sus pretensiones contra esa resolución disciplinaria. El pasado miércoles impuso más de 3 millones de euros de fianza a varios de los investigados en una causa que instruye desde mayo de 2010 en su juzgado, concretamente la del llamado caso de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, promovida por la presidenta del Partido Popular en la isla, Astrid Pérez, contra uno de sus contrincantes políticos, el socialista Carlos Espino.

Una de las partes personadas, concretamente la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa, solicitó al juez Lis en diciembre de 2016 que se abriera una pieza de responsabilidad civil. Y tal petición ha sido sobradamente atendida por su señoría dieciséis meses después, en el límite mismo de tener que cumplir su sanción de seis meses de empleo y sueldo: ha resuelto imponer una fianza millonaria al denunciante del caso Unión, el exconsejero del Cabildo Carlos Espino (PSOE), al que reclama que deposite en la cuenta del juzgado la cantidad de 1.523.426,61 euros en concepto de fianza por las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una causa que lleva meses paralizada y que tiene como principal imputación el desembolso de unos sobrecostes en la reforma de las cocinas del restaurante de Los Jameos del Agua, perteneciente a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

En realidad Carlos Espino está en la génesis de todos los males disciplinarios que afectan al magistrado Rafael Lis. Fue Espino el que denunció la trama corrupta de compra de voluntades para negocios urbanísticos conocida como el caso Unión. La denuncia fue tramitada por la Guardia Civil ante el juzgado de Arrecife del que se ocupaba el magistrado César Romero Pamparacuatro, que desde los inicios presenció extraños fenómenos en su oficina judicial, como la desaparición de tomos del sumario, la sustracción de medios de prueba y la anulación de diligencias que eran cruciales para la investigación. El juez denunció esas desapariciones y la denuncia cayó en el juzgado de Rafael Lis, que regresaba de una larga excedencia que dedicó a su próspero despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria. No se lució precisamente el magistrado en la gestión de esa denuncia de su compañero, y hasta tuvo la ocurrencia de permitir que en ella se personaran algunos de los investigados en el caso Unión, uno de los cuales tenía como abogada a su propia esposa, Margarita Alejo, socia del despacho que él acababa de abandonar para reincorporarse a la carrera judicial los últimos años previos a la jubilación. Lis desoyó todas las recusaciones apoyadas por la Fiscalía y continuó dictando resoluciones como si aquella historia no fuera con él.

La querella de Pamparacuatro ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no prosperó, pero sí la denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, cuyo máximo órgano decidió en octubre de 2016 sancionar a Rafael Lis con una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de seis meses. Lis recurrió esa sanción hasta el Tribunal Supremo, ante el que alegó incluso “el daño moral” que le iba a producir una sanción así. Pero el Supremo tumbó sus pretensiones el pasado 8 de marzo. Desde que fue suspendido hasta que el Supremo ha declarado firme la sanción solo ha habido una resolución del CGPJ relativa a Rafael Lis: la adoptada en marzo de 2017 autorizándole a permanecer en el servicio activo como juez hasta los 72 años.

En un auto fechado el pasado miércoles, un mes después de que el Supremo rechazara su recurso y sin que el Consejo General del Poder Judicial haya ejecutado sus propias resoluciones, Rafael Lis atiende la petición de la Asociación Jiménez de Asúa, estrechamente vinculada con los acusados del caso Unión, e impone más de tres millones de euros de fianza a los investigados en esta otra trama de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Y lo hace a pesar de reconocer en el mismo auto que la causa tardará aún mucho más tiempo en tramitarse (lleva ocho años de instrucción) y tras unos seis meses sin promover ninguna otra diligencia.

Además del millón y medio de fianza que impone a Carlos Espino, el magistrado suspendido pero en activo requiere 1.362.000 al empresario Antonio González Medina; 95.000 al periodista Mario Alberto Perdomo; 49.000 a la empresaria Gloria Valenciano, y 65.000 al también empresario Enrique Gutiérrez.

La resolución es recurrible ante el propio juez instructor – si los recursos llegan antes de ser suspendido- y en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, la que ordenó la recusación de Rafael Lis.

El juicio por el cobro de comisiones por parte de miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife, una de las principales piezas del caso Unión, se celebrará entre el 2 de mayo y el 21 de junio de este año.

La sección sexta de la Audiencia provincial ha señalado 16 sesiones, de las que doce se celebrarán en Arrecife y las otras cuatro en Las Palmas de Gran Canaria.

El juicio arrancará el 2 de mayo en Arrecife y se han reservado los días 3, 4, 11, 15, 16, 17 y 18, así como el 18, 19, 20 y 21 junio. En Las Palmas se celebrarán las sesiones el 7, 8, 14 y 15 de junio.

Es una de las principales piezas de Unión, y se sentarán en el banquillo trece acusados: el exlíder del PIL Dimas Martín y el que fuera su mano derecha, Matías Curbelo, así como los exconcejales Ubaldo Becerra y Antonio Machín.

También se juzgará a los técnicos de Arrecife, Elena Martín, hija de Dimas Martín, Rafael Arrocha y Carlos Sáenz, estos dos últimos en prisión por otra causa del mismo caso. Seis de los acusados han reconocido los hechos.

El escrito de acusación de la Fiscalía es de junio de 2015. En él se piden penas de hasta 17 años para Dimas Martín por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, por considerar que era el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.

Al ex concejal de Urbanismo Ubaldo Becerra le piden la misma pena, aunque reconoció los hechos y devolvió parte del dinero defraudado. Hay otros once acusados y seis de ellos también han reconocido los hechos de los que se les acusa.

El funcionario del Cabildo Antonio Cárdenas se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, el ex edil Antonio Machín a 14 y el ex asesor del PIL Matías Curbelo, a poco más de un año.

A Juan Francisco Rosa le piden dos años y tres meses de cárcel por presunta falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

La Fiscalía provincial de Las Palmas ha confirmado este jueves que ha interpuesto un recurso contra el auto del juez Salvador Alba que anula la grabación inicial y otras tres del caso Unión, y que ha solicitado que se celebre una nueva vista con otro magistrado al “entender vulneradas las garantías procesales” por parte de Alba.

El juez Alba estimó en parte la solicitud de la defensa del empresario Luis Lleó, acusado del intento de soborno al exconsejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para que desbloquease los permisos para una urbanización de más de 1.000 viviendas en la localidad de Playa Blanca (Yaiza).

En el recurso de la Fiscalía contra el auto de Alba, que decidió sobre las pruebas admitidas para el juicio, que se llevará a cabo mediante el sistema de jurado, se sostiene que la resolución del juez “no es ajustada a Derecho”. “En este momento procesal sólo se pueden anular las fuentes de prueba que sean nulas o ilícitas, lo que no es el caso”, recalca el Ministerio Fiscal.

Así, la Fiscalía subraya que “las grabaciones anuladas”, efectuadas por Espino al otro acusado, Fernando Becerra, que reconoció haber intervenido como intermediario de Lleó en el intento de soborno, “no vulneran derecho fundamental alguno, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal resalta que “no se ha producido una intromisión en una conversación ajena”, puesto que Espino participaba en las mismas, así como que por parte del exconsejero “no se provoca delito alguno” de los acusados y “no se utiliza engaño para conseguir una confesión sobre hechos ocurridos con anterioridad”.

Además, “no se hace referencia a datos íntimos o de la vida privada, y mucho menos de una persona que no participa en unas conversaciones que, por otra parte, han sido admitidas y ratificadas por sus interlocutores”.

“Quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado”

Para la Fiscalía, “en el auto recurrido se hacen afirmaciones que denotan un pre-juicio, lo que implica un quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado” Salvador Alba, que además es el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial designado para celebrar el juicio.

En el recurso de apelación de la Fiscalía también se recalca que por parte de Alba “se descalifica la instrucción” al contener su auto afirmaciones como que “este procedimiento no tiene razón de ser” o que “los documentos no pueden ser más irregulares”.

Del mismo modo, añade el Ministerio Fiscal, “se anticipan preguntas concretas del objeto del veredicto cuando todavía no se ha celebrado el juicio oral”, entre otras irregularidades.

“En el auto recurrido se confunde la nulidad de la prueba con su fiabilidad, se anulan fuentes de prueba que contaban con autorización judicial motivada, y se valoran dictámenes periciales caligráficos propuestos por la parte, pero que habían sido previamente desestimados por la propia Sección Sexta, en una resolución de la que fue ponente” el propio Alba y que, por lo tanto, “no estaban admitidos ni válidamente introducidos en el proceso”.

Esta noticia ha sido publicada en Diario de Fuerteventura

El juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad, coacciones, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ha entrado a saco en uno de los mayores casos de corrupción de Canarias anulando su prueba matriz: la grabación realizada de un encuentro entre un empresario y un político en la que se captó un intento de soborno a cambio de favores urbanísticos. La grabación se realizó a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras un primer encuentro en la cafetería Unión, de Arrecife de Lanzarote, dando lugar al conocido como caso Unión.

En un auto conocido este lunes, el magistrado ha excluido del juicio del caso Unión contra uno de los principales acusados, el empresario Luis Lleó, las grabaciones realizadas entre el denunciante, el exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), al otro acusado, el también empresario Fernando Becerra, quien confesó tras su detención el intento de soborno a Espino para desbloquear la urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de Lanzarote, promovida por Lleó. Todas las grabaciones se realizaron en el despacho del político socialista bajo la supervisión de la Guardia Civil y con autorización judicial.

La vista previa de esta pieza del caso Unión, para decidir sobre las pruebas que se tendrían en cuenta para el juicio, se celebró el 2 de febrero. El 23 de septiembre del año pasado, el juez Salvador Alba grabó a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras discutían, entre otras cuestiones, sobre el caso Unión. Cuando un magistrado advierte que el principal acusado del caso Unión “está pillado por todos lados”, el juez Alba la replica: “Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”.

En la conversación, grabada a sus compañeros que aportó el propio Alba a un juzgado en su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado maquinando contra la jueza Victoria Rosell, el juez dice que “el problema de Lleó” es que va a ser juzgado por un jurado y que “un jurado lo va a condenar seguro”. También dice que Luis Lleó “por lo visto ha cumplido seis meses” en prisión “preventiva” y sugiere que ha habido una oferta para que el acusado pague una “multa” y que no entre en la cárcel. La Fiscalía pide, en su escrito de acusación provisional, seis años de prisión para Lleó y una multa de un millón de euros.

En una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Salvador Alba ha decidido excluir del juicio la grabación de la conversación, que se produjo el 5 de junio de 2008 entre Carlos Espino y Fernando Becerra, quien ha reconocido que intervino como intermediario de Lleó para intentar sobornar al político socialista con la intención de que desbloquease una urbanización de mil viviendas en Playa Blanca (Yaiza), cuya licencia había recurrido el Cabildo por tratarse de unos terrenos en los que no se podía construir. También ha decidido excluir otras tres grabaciones de conversaciones posteriores entre Espino y Becerra.

Según adelanta Canarias7, el juez Alba sostiene que “las grabaciones de las reuniones mantenidas” entre Espino y Becerra “no son admisibles como prueba”. En su resolución, destaca que la primera grabación, la del 5 de junio de 2008, “no fuera autorizada por resolución judicial”. En su opinión, se llevó a cabo “de forma preordenada” para “la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer”. El juez decide su “anulación” por efectuarse “de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea”, y añade que la grabación tiene “cortes”. Para decidir la anulación de las grabaciones posteriores, el juez Alba argumenta que “sin duda se había generado una expectativa de privacidad en la persona grabada”, en referencia al acusado Fernando Becerra.

Para la Fiscalía, “un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas destacó en la vista previa celebrada en la Audiencia Provincial en febrero que la investigación del caso Unión ha revelado la comisión de “un cohecho como un piano”. El fiscal insistió en que el origen del caso no es la grabación que ahora ha anulado el juez Alba, sino una denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba”, dijo Ródenas en referencia a la grabación, “el procedimiento probatorio no queda viciado”.

El fiscal también destacó que no existe un nexo entre las grabaciones anuladas por el juez Alba y las intervenciones telefónicas autorizadas por el primer instructor del caso Unión, el juez César Romero Pamparacuatro. Además, el fiscal Ródenas ha recordado que el otro acusado, el empresario Fernando Becerra, reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad. También subrayó que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Lleó, “un hombre de recursos”

El fiscal destacó del empresario Luis Lleó que era “un hombre de recursos”, en referencia a las numerosas impugnaciones efectuadas en el curso del procedimiento judicial. Hasta el momento, sólo había conseguido que prosperase uno de ellos, también en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó porque la fundamentación jurídica del auto pertenecía a otro procedimiento. Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban a CajaCanarias, ahora integrada en Caixabank, por irregularidades en la concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín.

Las grabaciones que Salvador Alba hizo a sus compañeros de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas en septiembre pasado jamás tuvieron valor probatorio para lo que, teóricamente, pretendía el magistrado: comprometer a más personas en la espiral de delitos por los que está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Él lo sabía, pero le interesaba que se conociera su contenido.

Las aportó al juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde por aquel entonces se resolvía una denuncia suya contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado conspirando contra la también magistrada Victoria Rosell. Pero aquella causa decayó por decisión expresa del propio Alba, que retiró la acusación sin que mediara para tal vacilón razón fundada de ningún tipo.

Pero para entonces ya había conseguido uno de sus propósitos: extender la mierda propia entre todos los componentes de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con el fin -es de suponer- de que lo acompañaran en el calvario judicial al que todavía se enfrenta.

Para los anales quedarán los comentarios machistas y xenófobos de algunas de sus señorías sobre rumanas, rusos o italianos, o sobre cómo cobra en especias aquel abogado de postín. Lo sustantivo fue que un magistrado grabó deliberaciones informales de sus compañeros y las aportó a una causa penal para que se hicieran públicas.

Independientemente de las consideraciones que tal comportamiento pueda merecer para el Consejo General del Poder Judicial (si es que le interesa este asunto, dicho sea muy respetuosamente) quedó claro que Salvador Alba mesa es un reputado experto en grabaciones clandestinas, tanto en el papel de víctima como en el de ingeniero de sonido.

Quizás sea esa experiencia la que ha animado a la autoridad judicial competente a mantenerlo al frente del juicio con jurado de la pieza nuclear del caso Unión, ya saben, la que aborda el supuesto intento de soborno del empresario Luis Lleó al consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, a la sazón Carlos Espino, utilizando a un intermediario, Fernando Becerra. Las conversaciones existieron, los ofrecimientos existieron, y así lo atestigua Becerra, convertido en testigo de la acusación al traspasar voluntariamente el umbral que separa el lado oscuro de la justicia formal para intentar ver rebajada una posible condena.

En ese lado oscuro se ha mantenido durante todo este tiempo el empresario Luis Lleó, que no ha dudado un solo momento en emprender todas las acciones previstas o no previstas en el manual del imputado para zafarse de las graves acusaciones que pesan sobre él y que se traducen en una petición de más de seis años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal.

Lleó es un personaje curioso. Empresario y licenciado en Derecho, puede presumir de un abigarrado abanico de relaciones profesionales y personales en las que continúa confiando para salir airoso de este complicado trance. No ha escatimado en gastos, seguro como está de que la maraña que ha tejido alrededor y dentro del procedimiento judicial pueda acabar en su nulidad o, como mal menor, en una condena de esas que no se cumplen.

Desde que descubrió que era vulnerable no ha hecho otra cosa que fortalecer sus vínculos de defensa y elegir cuidadosamente qué nuevos compadres incorporar a su causa. Como si se le fuera la vida en esto.

A él se le atribuye la paternidad y la financiación de la asociación Jiménez de Asúa, un colectivo de afanosos letrados que tras un almuerzo con chupitos decidieron que debían constituirse en defensores de la legalidad y de las buenas costumbres. Su trayectoria sólo ha venido a demostrar que están en ese ajo para reforzar la estrategia de defensa del empresario, cuando no la de todo aquel que pudiera serle de utilidad en cualquiera de los momentos procesales que se le avecinan.

Una de esas personas de utilidad para Lleó es el magistrado Salvador Alba. Desde que se descubrieron sus trapisondas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el empresario afincado en Lanzarote se fijó en él, pidió su historial y trató de situarse en su órbita a través de su asociación de juristas Jiménez de Asúa. A algunos de sus más necesitados abogados los hemos visto revoloteando en el TSJC en los casos en los que por activa o por pasiva está implicado el polémico magistrado. Y la tal asociación sigue a día de hoy personada en la causa del jefe, la pieza inicial del caso Unión que este jueves comenzó su andadura en la Audiencia Provincial de Las Palmas para la celebración del correspondiente juicio con jurado.

Las estimaciones para la celebración de ese juicio hablan de otros cuatro o cinco años más a partir de este momento, lo que situaría la vista oral catorce o quince años después de que sucedieran los hechos. La rebaja de la pena por dilaciones indebidas está más que cantada, y eso que el principal acusado es el primer responsable del retraso dadas las múltiples maniobras que él y sus abogados han desplegado a lo largo del proceso.

Pero no es el juicio lo más importante para Lleó. Su lucha a brazo partido se centra en la vista para las cuestiones previas, celebrada este jueves bajo la presidencia de Salvador Alba: si el acusado logra anular la mayor parte de las 120 pruebas que pide que corran esa suerte, la causa podrá llegar prácticamente desarticulada al juicio. Son pruebas importantes, como la grabación hecha por la Guardia Civil del encuentro en el que el emisario de Lleó trató de sobornar al político Carlos Espino, o algunos autos de entrada y registro del juez instructor de la causa, César Romero Pamparacuatro.

Sabe que lo puede conseguir: al fin y al cabo ya consiguió que la Audiencia Provincial tumbara algunas pruebas muy comprometedoras para personalidades de la judicatura nacional. Y si lo consiguió para otros, otros estarán encantados de que lo consiga para sí.

Luis LLeó sabe que es más que probable que el juicio con jurado por el caso Unión no lo pueda presidir Salvador Alba. Qué más da. Lo decisivo es lo que haga ahora.

El abogado y empresario Luis Lleó, principal acusado en la mayor trama de corrupción política y empresarial de Canarias por número de delitos y piezas, el caso Unión, ha gastado una de sus últimas balas para intentar anular las pruebas que lo incriminan en el intento de soborno a Carlos Espino, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote en el momento de los hechos, para desbloquear un proyecto de urbanización que el ahora encartado promovía en el sur de la Isla.

Este jueves se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria la vista sobre las cuestiones previas, la antesala del juicio oral. El acto ha estado presidido por el polémico magistrado Salvador Alba, que juzgará a Lleó y a Fernando Becerra (el otro procesado) por el procedimiento de tribunal de jurado, salvo que sea apartado si antes prospera alguna de las acciones penales o disciplinarias que en su contra se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por maquinar una declaración junto a un empresario investigado para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell.

La decisión que adopte Alba sobre las cuestiones previas planteadas este jueves por las partes y, en especial, sobre la solicitud de la defensa del principal acusado para anular determinadas pruebas, será clave para el devenir del juicio de esta pieza, la que dio origen al caso Unión. Ya lo advirtió el propio juez en la conversación que mantuvo el pasado 23 de septiembre con sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en el office del tribunal, una charla que grabó y que presentó a un procedimiento judicial. “Espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”, advertía Alba a otro magistrado que veía a Lleó “pillado por todos lados”. “El problema de Lleó es que es un jurado. Y un jurado lo va a condenar seguro”, aventuraba Alba en esa grabación.

Más de 500 folios y documentos anexos

El extensísimo escrito de cuestiones previas redactado y presentado por Lleó superaba los 550 folios y los 500 documentos anexos. El letrado que ejerce su defensa, Manuel Matamoros, ha centrado su intervención de este jueves en abordar aquellos puntos del escrito que, en su opinión, tienen “fundamento” y ha descartado aludir a buena parte de los argumentos esgrimidos por su cliente. Aún así, su exposición se ha extendido durante un periodo de casi dos horas. Alba le ha interrumpido en dos ocasiones para pedirle que finalizara su alegato.

“Podríamos dar una impresión paranoica, pero hemos procurado defendernos con lealtad al proceso”, ha reconocido Matamoros en relación a la extensión de las cuestiones previas y a la gran cantidad de recursos que ha presentado su cliente desde que diera comienzo el procedimiento. La defensa de Lleó ha continuado con su estrategia de intentar desacreditar la instrucción del juez César Romero Pamparacuatro, la actuación del Ministerio Fiscal y la “ineficiente” investigación de la Policía Judical y ha llegado a hablar de “filibusterismo procesal”.

Para Manuel Matamoros, durante el procedimiento se han cometido irregularidades graves que han vulnerado derechos fundamentales de su representado. La primera alegación hace referencia a la grabación realizada el 5 de junio de 2008 de una reunión entre Carlos Espino y Fernando Becerra, el empresario que ejerció de intermediario en el intento de compra al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y denunciante del caso. La defensa de Lleó considera que esta prueba no es válida porque se realizó sin autorización judicial, a instancias de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que habían recibido la denuncia de Espino unos días antes. “Se ideó un plan para intentar reproducir hechos que habían tenido lugar hace dos semanas (el primer encuentro entre Espino y Becerra) No se adivina la razón de urgencia para realizarlo”, aseveró Matamoros.

Becerra ha reconocido durante la instrucción (también hoy su defensa, ejercida por Ubaldo González) que se reunió con Espino a instancias de Luis Lleó para ofrecerle dádivas a cambio de que retirara las acciones judiciales que había interpuesto contra las licencias concedidas de forma ilegal por el Ayuntamiento de Yaiza al promotor inmobiliario y desbloqueara así el proyecto para la construcción de unas mil viviendas en Costa Roja. Para la defensa del principal acusado, la grabación realizada por Espino vulneró el derecho a la intimidad y a no declarar contra sí mismo del empresario que ejerció de intermediario.

Lleó considera que fue esa primera grabación la que motivo la intromisión en las comunicaciones de los imputados, por lo que también reclama la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas a posteriori. “No se pretende reponer los derechos del señor Becerra, sino que mi representado se defienda de una prueba obtenida indebidamente”, ha manifestado su abogado.

También pretende eliminar las escuchas realizadas a raíz de la primera prórroga decretada por César Romero Pamparacuatro, puesto que ese auto está firmado en una fecha en la que el magistrado se encontraba de permiso por vacaciones, según una certificación que obra en el sumario. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) ya se pronunció a este respecto al no admitir una querella presentada contra el juez por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, curiosamente personada como acción popular en esta pieza.

El abogado de Lleó, Manuel Matamoros, ha aprovechado la vista de este jueves para arremeter contra esa decisión “sin precedentes” del alto tribunal canario y contra el auto dictado “por vía telepática” por Pamparacuatro. Para ello se ha apoyado en una resolución firmada por el juez Salvador Alba en enero de 2013, previa a la del TSJC. Ese escrito señalaba que el juez mantiene la jurisdicción y las competencias durante el periodo de vacaciones, salvo que otro magistrado le sustituya, en cuyo caso “podría tener incidencia en la validez de las resoluciones dictadas”.El abogado y empresario acusado de cohecho se agarra a esa coletilla para intentar tumbar la acusación de la Fiscalía, que solicita para él una pena de seis años de cárcel por un delito de cohecho.

Matamoros ha impugnado además como pruebas los soportes que contienen las grabaciones realizadas por los agentes de la policía judicial de las conversaciones entre los procesados. Alega falta de autenticidad e integridad.  Defiende que algunos audios han sido manipulados, que no se ha respetado la cadena de custodia y que durante el primer año de instrucción no fueron amparados por la fe pública del anteriormente llamado secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia. También exige la retirada de tres escrituras públicas ante la sospecha de que pudieran haber sido obtenidas tras el registro a las oficinas y al domicilio de Lleó, una orden que fue anulada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que forma parte Alba. Con esta anulación, dejó de tener validez un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a dos jueces que asesoraron al empresario para evitar el pago de impuestos.

En cambio, Matamoros ha pedido la incorporación como prueba en el juicio oral de un CD con la grabación de un encuentro entre Lleó, Espino y Becerra (la transcripción de la conversación sí consta en autos) que, a juicio del abogado del principal encartado, ofrece un relato sobre los intereses urbanísticos del promotor que “nada tiene que ver” con los que expone la acusación.

“Un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas ha agradecido al abogado Manuel Matamoros la “moderación” mostrada en su exposición de este jueves en contraposición con el documento de cuestiones previas firmado por Luis Lleó, para quien “todo es delictivo, salvo que se demuestre lo contrario, menos lo suyo”.

El representante del Ministerio Público ha afirmado no compartir la “visión apocalíptica” sobre la instrucción dibujada por el letrado de la defensa y ha precisado que en su intervención omitió un dato clave, que el origen de las diligencias previas no es la grabación del encuentro entre Becerra y Espino, sino la denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba, el procedimiento probatorio no queda viciado”, ha afirmado Ródenas, que no encuentra nexo causal entre la solicitud de anulación de esa grabación y la de las intervenciones telefónicas aprobadas con posterioridad. En este punto, el fiscal ha recordado que el coacusado (Becerra) reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad y que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Por otra parte, remarca que la grabación de esa reunión del 5 de junio de 2008 es la confirmación de un delito y no la confesión de unos hechos ilícitos cometidos con anterioridad y precisa que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de Becerra porque se habló “de algo punible, no de algo íntimo”. “Es un cohecho como un piano”, ha sentenciado.

Con respecto a la supuesta falta de jurisdicción de César Romero Pamparacuatro a la hora de dictar el auto que autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la prórroga de las escuchas, Javier Ródenas ha aludido a la resolución del TSJC que no aprecia “ningún atisbo de delito” en la actuación del juez y a otros dos autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que concluyen que el juez instructor nunca pierde la jurisdicción y competencias.

Sobre la falta de respeto a la cadena de custodia, ha recordado que todos los motivos de impugnación presentados durante la instrucción a este respecto fueron desestimados y que los “latidos procesales” que dieron origen a las diligencias han sido avalados por el Supremo. “Ni se fabricaron resoluciones judiciales ni hubo falta de control, todo ha sido validado por el Supremo”.

Por otra parte, Ródenas ha recordado que ni en los juzgados ni en las dependencias de la Guardia Civil se ha encontrado el CD de la reunión entre Lleó, Espino y Becerra reclamado como prueba por la defensa del promotor inmobiliario, aunque sí la transcripción de esa conversación. “No es un capricho, no se puede incorporar lo que no existe”, ha aseverado el fiscal. Aunque ha lamentado que se haya extraviado el soporte de grabación, no entiende que se quiera hacer ver ese audio como el “talismán que probaría la inocencia” del principal procesado.

“La careta” de la Jiménez de Asúa

Durante su intervención en la vista de este jueves, el representante del Ministerio Público ha instado a la Asociación Jiménez de Asúa, autora de la querella inadmitida por el alto tribunal canario y acción popular en la causa, a “quitarse la careta” y explicar las verdaderas razones de su personación. José Antonio Zambrano, abogado de ese colectivo de juristas en esta pieza del caso Unión, ha asegurado que no tiene “nada que ver” ni con Lleó ni con Becerra y que su único interés es “la defensa de la legalidad y de las garantías del proceso”.

El letrado ha admitido que el hecho de haber formulado una querella contra el juez César Romero Pamparacuatro obedece al auto dictado por el juez Alba el 8 de enero de 2015, el mismo al que se agarra Lleó. “No somos caballos de Troya, no tenemos intereses espurios”, ha insistido el representante de la Jiménez de Asúa, que se ha sumado a la petición de nulidad de la defensa en relación a ese auto de Pamparacuatro y se ha adherido al escrito de acusación del fiscal en el resto.

Además ha anunciado que si el auto de inadmisión de la querella se convierte en firme, se apartarán de la causa.

“Creo que es incompatible que la asociación que ha interpuesto una querella contra el juez instructor se adhiera al escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Es inconciliable”, ha concluido Javier Ródenas, que ha calificado de “malabarismos” los “esfuerzos dialécticos” de la Jiménez de Asúa para justificar su posición en esta causa.

La sentencia del Supremo sobre la pieza Proselan del caso Unión, cuyo ponente es José Manuel Maza Martín, desestima 28 de los 29 motivos de recurso presentados por tres de los condenados (el interventor Carlos Sáenz; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández), ya que el ex concejal José Miguel Rodríguez, recientemente fallecido, no recurrió el fallo de la Audiencia Provincial. Los tres condenados deberán ingresar en prisión y dos de ellos, Sáenz y Arrocha, no podrían ejercer ningún empleo público durante ocho años.

El argumento que se estima por el Tribunal Supremo es de la defensa de Carlos Sáenz, que impugnó la individualización de la pena llevada a cabo por la Audiencia. Sáenz consideraba que se le debía aplicar una pena de un año y medio, pero el Supremo admite una rebaja, y fija la pena en cuatro años y medio.

La decisión del Supremo se basa en la aplicación del nuevo Código penal, en su apartado tres del artículo 77, que establece que cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro “se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito”.

Lo que no se estima para rebajar la condena es la aplicación de las dilaciones indebidas en el procedimiento. El Tribunal Supremo considera que “no concurren los elementos fácticos para considerar la referida atenuante de dilaciones indebidas” ya que es una pieza separada del caso Unión “cuya complejidad derivó precisamente en la formación de la misma y de otras piezas separadas”.

“Concretamente la que da lugar a estos autos se desgaja de la causa principal, tal y como relata el Tribunal a quo, en agosto del año 2012, dirigiéndose el procedimiento contra el recurrente el 25 de marzo de 2013, tomándosele declaración el 29 de mayo del mismo año. A partir de ese momento, tal y como señala la resolución recurrida, no se advierten dilaciones en la tramitación de la causa, compleja sin duda y que exigió la práctica de múltiples diligencias”, dice la sentencia.

El Supremo añade que “es la complejidad de la causa, que derivó en la formación de diversas piezas separadas, la que justifica la ralentización de ciertos trámites procesales, pero más allá de dicha ralentización, no se observan, en la tramitación, dilaciones que merezcan los calificativos de extraordinarias e indebidas”.

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La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 13 años de cárcel para el expresidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín y para la exalcaldesa de Arrecife y compañera de partido Isabel Déniz en la pieza central del denominado caso Unión, en la que figuran otros 15 acusados.

Según el escrito de acusación en el que se pide la apertura de juicio oral, que ha sido hecho público este viernes, la Fiscalía atribuye a Martín y a Déniz delitos de asociación ilícita, así como de prevaricación y cohecho de manera continuada, si bien en el caso del líder del PIL, concurre el agravante de reincidencia.

El fiscal Luis del Río considera que ambos acusados a finales de 2001 o principios de 2002 acordaron obtener de forma ilícita fondos de diversas empresas privadas a través de la corporación local, mediante la adjudicación de forma irregular de contratos de obras o servicios a cambio del pago de comisiones, viajes y regalos.

Para ello, según el fiscal, necesitaron de la colaboración de los también acusados Juan Rafael Arrocha, entonces jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, para elaborar los informes pertinentes, y del exsecretario de la corporación Felipe Fernández Camero, para los que pide penas de 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente.

A Arrocha, el fiscal le atribuye la comisión de nueve delitos por asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios, mientras que a Fernández Camero otros por asociación ilícita, cohecho, violación de secretos y falsedad de documento público.

Dimas Martín e Isabel Déniz, junto a Rafael Arrocha y al exsecretario municipal Fernández Camero recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos de las empresa Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y 46.674 euros de FCC, que fueron adjudicatarias de servicios y obras de manera irregular, según Anticorrupción.

Así, en 2002 se adjudicó a Tecmed, mediante la alteración del concurso, la adjudicación “fraudulenta” del contrato de recogida de basuras y residuos durante 10 años por un importe de 2,1 millones de euros.

A esta empresa se le adjudicaron también dos obras para la construcción de dos naves para esos servicios de recogida de basura por un importe de más de 6,9 millones de euros, a pagar en 25 años con un canon de 248.836 euros y 168.836 euros, lo que suponía detraer de las arcas municipales un total de 32,3 millones euros, según el Ministerio Público.

El fiscal además señala que, posteriormente, el Ayuntamiento acordó de forma irregular con Urbaser continuas revisiones al alza del contrato de recogida de residuos como del que tenía de limpieza viaria a cambio de nuevas comisiones.

Para ello, en 2001 Dimas Martín y Déniz supuestamente llegaron a un acuerdo con los acusados Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso Herreros, directivos y apoderados de Tecmed, en el que también colaboró el delegado de Tecmed en Lanzarote Jacinto Álvarez de la Fuente, para quienes el fiscal solicita penas de 10 años y 2 meses para los dos primeros, y 1 año y 9 meses de cárcel para el tercero.

En el caso de FCC, a esta empresa se le adjudicó de forma irregular la construcción del pabellón municipal de deportes de Argana Alta, después de que el líder del PIL y la exalcaldesa lo concertaran con los acusados Enrique Astorga González y Enrique José Hernández, directivos de la citada mercantil, que se exponen a penas de 4 años de prisión cada uno de ellos por un presunto delito de cohecho.

La adjudicación de esta obra fue por 8,7 millones de euros, cuando se había sacado a licitación por 9 millones, ya que supuestamente se acordó una rebaja que después se compensó con una modificación al alza por 637.344 euros y con una propuesta de obras complementarias por 1,3 millones de euros, todo ello de manera irregular, según el fiscal.

El acusado Juan Rafael Arrocha además obtenía parte del beneficio económico a través de una trama de sociedades a partir de la mercantil Proyecto Gamma, que creó con los acusados Julio Pedro Romero y el ingeniero industrial Manuel Jesús Spínola en 2002.

Estas empresa, según la acusación pública, después en 2004 pasó a formar parte de Gamma Install, junto con los acusados Jacinto Álvarez de la Fuente, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo, y tenía como administrador único al imputado Julio Pedro Romero.

Además, Del Río señala que había también una tercera sociedad, Infraestructuras Cascosas, participada por Romero y Spínola Perdomo, y todas ellas compartían la misma sede social.

Según la Fiscalía, estas sociedades, que se encargaban de la redacción de proyectos técnicos, conseguían numerosos clientes convencidos de que iban a obtener informe favorable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y del departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo, ya que sus jefes eran lo acusados Arrocha y Spínola Perdomo, que, en ocasiones, encargaban la firma de los proyectos a otros ingenieros que no tenían incompatibilidad.

Así mismo, estas sociedades se hicieron cargo de los proyectos de las dos naves que le fueron adjudicadas a Tecmed, por las que facturó 169.300 euros en los años 2003 y 2004, y de la elaboración de los proyectos del pabellón de deportes, por un importe de 136.999 euros.