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El juez Alba anula las grabaciones que incriminan al empresario de Lanzarote que sobornaba políticos

En un auto conocido este lunes, el magistrado investigado por seis delitos al tratar de conspirar contra la jueza Victoria Rosell, anula la grabación que dio lugar al caso Unión, realizada por la Guardia Civil

La Fiscalía calificó los hechos recogidos en la grabación como "un cohecho como un piano", pero Alba considera que se vulneran derechos del empresario que lo formula

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Salvador Alba, durante un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Salvador Alba, durante el juicio por el caso Patronato. ALEJANDRO RAMOS

El juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad, coacciones, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ha entrado a saco en uno de los mayores casos de corrupción de Canarias anulando su prueba matriz: la grabación realizada de un encuentro entre un empresario y un político en la que se captó un intento de soborno a cambio de favores urbanísticos. La grabación se realizó a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras un primer encuentro en la cafetería Unión, de Arrecife de Lanzarote, dando lugar al conocido como caso Unión.

En un auto conocido este lunes, el magistrado ha excluido del juicio del caso Unión contra uno de los principales acusados, el empresario Luis Lleó, las grabaciones realizadas entre el denunciante, el exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), al otro acusado, el también empresario Fernando Becerra, quien confesó tras su detención el intento de soborno a Espino para desbloquear la urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de Lanzarote, promovida por Lleó. Todas las grabaciones se realizaron en el despacho del político socialista bajo la supervisión de la Guardia Civil y con autorización judicial.

La vista previa de esta pieza del caso Unión, para decidir sobre las pruebas que se tendrían en cuenta para el juicio, se celebró el 2 de febrero. El 23 de septiembre del año pasado, el juez Salvador Alba grabó a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras discutían, entre otras cuestiones, sobre el caso Unión. Cuando un magistrado advierte que el principal acusado del caso Unión “está pillado por todos lados”, el juez Alba la replica: “Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”.

En la conversación, grabada a sus compañeros que aportó el propio Alba a un juzgado en su denuncia contra Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado maquinando contra la jueza Victoria Rosell, el juez dice que “el problema de Lleó” es que va a ser juzgado por un jurado y que “un jurado lo va a condenar seguro”. También dice que Luis Lleó “por lo visto ha cumplido seis meses” en prisión “preventiva” y sugiere que ha habido una oferta para que el acusado pague una “multa” y que no entre en la cárcel. La Fiscalía pide, en su escrito de acusación provisional, seis años de prisión para Lleó y una multa de un millón de euros.

En una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Salvador Alba ha decidido excluir del juicio la grabación de la conversación, que se produjo el 5 de junio de 2008 entre Carlos Espino y Fernando Becerra, quien ha reconocido que intervino como intermediario de Lleó para intentar sobornar al político socialista con la intención de que desbloquease una urbanización de mil viviendas en Playa Blanca (Yaiza), cuya licencia había recurrido el Cabildo por tratarse de unos terrenos en los que no se podía construir. También ha decidido excluir otras tres grabaciones de conversaciones posteriores entre Espino y Becerra.

Según adelanta Canarias7, el juez Alba sostiene que “las grabaciones de las reuniones mantenidas” entre Espino y Becerra “no son admisibles como prueba”. En su resolución, destaca que la primera grabación, la del 5 de junio de 2008, “no fuera autorizada por resolución judicial”. En su opinión, se llevó a cabo “de forma preordenada” para “la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer”. El juez decide su “anulación” por efectuarse “de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea”, y añade que la grabación tiene “cortes”. Para decidir la anulación de las grabaciones posteriores, el juez Alba argumenta que “sin duda se había generado una expectativa de privacidad en la persona grabada”, en referencia al acusado Fernando Becerra.

Para la Fiscalía, “un cohecho como un piano”

El fiscal Javier Ródenas destacó en la vista previa celebrada en la Audiencia Provincial en febrero que la investigación del caso Unión ha revelado la comisión de “un cohecho como un piano”. El fiscal insistió en que el origen del caso no es la grabación que ahora ha anulado el juez Alba, sino una denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba”, dijo Ródenas en referencia a la grabación, “el procedimiento probatorio no queda viciado”.

El fiscal también destacó que no existe un nexo entre las grabaciones anuladas por el juez Alba y las intervenciones telefónicas autorizadas por el primer instructor del caso Unión, el juez César Romero Pamparacuatro. Además, el fiscal Ródenas ha recordado que el otro acusado, el empresario Fernando Becerra, reconoció la veracidad de la grabación y no alegó ninguna vulneración de su intimidad. También subrayó que aquel audio es solo uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.

Lleó, “un hombre de recursos”

El fiscal destacó del empresario Luis Lleó que era “un hombre de recursos”, en referencia a las numerosas impugnaciones efectuadas en el curso del procedimiento judicial. Hasta el momento, sólo había conseguido que prosperase uno de ellos, también en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó porque la fundamentación jurídica del auto pertenecía a otro procedimiento. Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban a CajaCanarias, ahora integrada en Caixabank, por irregularidades en la concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a Iñaki Urdangarín.

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